Desproteger el ambiente y la vida no es la correcta alternativa para agilizar el desarrollo del país

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un instrumento de gestión ambiental preventivo. Su objetivo fundamental es integrar la dimensión del medio ambiente en el diseño de un proyecto a fin de que este alcance una condición de equilibrio generando el mínimo impacto.

En Costa Rica, diversas entidades como la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República han señalado que la EIA es el principal instrumento que permite tutelar el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Breve historia: la EIA se originó en los Estados Unidos de América desde finales de la década de los 60. Su función principal es la de servir como instrumento económico, pues la realización de una efectiva EIA evita que se den sobrecostos en los proyectos cuando surgen problemas técnicos (ambientales) no previstos en las fases de pre y factibilidad. No en vano se señala que es ocho veces más caro corregir que prevenir. De allí la gran utilidad y funcionalidad de la EIA.

Como producto de los Acuerdos de Río de 1992, la EIA fue adoptada por la mayoría de los países del mundo como una forma proactiva para que los proyectos de desarrollo se ejecutaran de forma armoniosa con el ambiente. En Costa Rica, aunque ya algunos proyectos realizaban EIA, como la minería, desde 1982, con la aprobación de la Ley Orgánica del Ambiente en 1995 la EIA se generalizó para todos los proyectos, obras o actividades.

Desde que salió el primer reglamento de EIA en enero de 1997 se empezaron a dar problemas con ciertos sectores productivos (principalmente el sector construcción e inmobiliario), pues se consideró que era un trámite (y gasto) nuevo para la inversión.

Esto, a pesar de que solo los proyectos de más de 10 mil metros cuadrados tenían que hacer trámite de EIA ante la SETENA.
En febrero 2002 la Sala Constitucional suspendió la aplicación de ese reglamento, pues interpretó que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente no permitía el establecimiento de umbrales o límites que establecieran cuales proyectos debían hacer EIA y cuáles no.

Comisión Mixta: entre el 2002 y el 2007 se conformó una Comisión Mixta de amplia participación (instituciones, academia, cámaras del sector productivo, consultores, colegios profesionales, organizaciones ambientales, principalmente) que estableció el Reglamento General de EIA que rige en Costa Rica, así como el conjunto de instrumentos y procedimientos técnicos que norman el tema. En dicho reglamento se oficializó dicha Comisión Mixta como un ente asesor de la SETENA en la modernización y mejora de esos instrumentos técnicos de EIA.

Después del 2007 se dejó de convocar a la Comisión Mixta y el conflicto contra la EIA se reestableció. Ya para el 2010 los sectores productivos habían elaborado su propuesta de nuevo (sustituto) reglamento de EIA en la que se volvían a establecer umbrales. El planteamiento siempre ha sido que la mayoría de los proyectos, particularmente del sector de construcción e inmobiliario, no tengan que cumplir con el trámite de EIA. La principal justificación es el tiempo que tarda el proceso, pero la solución que se plantea es que los proyectos sean eximidos del trámite de EIA y, prácticamente se puedan localizar en cualquier lugar independientemente de la condición de fragilidad ambiental del terreno.

RECSA: Durante casi 10 años, la versión de reglamento sustituto de EIA, del sector productivo, llamado RECSA, se mantuvo como propuesta dizque, para modernizar y agilizar el trámite de EIA ante la SETENA.

En el 2018 la administración Solís lo dejó firmado y listo para ser publicado. Empero, cuando se revisó la propuesta de forma pública surgieron muchas dudas y observaciones. La actual administración le pidió, entonces, al mismo sector productivo que le “mejorara”. Así surgen el RECSA y el MECSA.

A finales del 2020 la Comisión Mixta revisó la propuesta final del RECSA y su manual (MECSA) y concluyó que ambos instrumentos no eran viables como herramienta para sustituir el Reglamento general de EIA del 2004 y los instrumentos de su manual técnico de EIA aún vigentes. Algunos consideraron que con eso había finalizado el conflicto, en particular por el hecho de que el trámite de proyectos ante la SETENA se había puesto al día en el cumplimiento de plazos.

Incomprensible nueva propuesta: no obstante, la historia no había terminado, durante el año 2021 y sin la participación de la Comisión Mixta ni de la Comisión Plenaria de la SETENA, un “anónimo y pequeño” equipo técnico de esa Secretaría elaboró una nueva propuesta de Reglamento general de EIA para sustituir el del 2004.

La revisión por parte del autor de esa propuesta lleva a la conclusión de que se trata de una herramienta aún más incompleta e inconsistente que el mismo RECSA. No por casualidad, los sectores productivos lo apoyan tan entusiastamente.

El autor realizó en el mes de octubre del 2021 un documento de 10 páginas con observaciones sobre la propuesta de ese reglamento en revisión. Ahora, nuevamente hay una versión de propuesta de reglamento de EIA en revisión. Se aclara que la propuesta no cambió mucho respecto a la versión del mes de octubre y, por tanto, las observaciones previamente realizadas siguen válidas.
Son muchas las inconsistencias que se detectan, empero hay algunas que resultan esenciales para comprender la gravedad que puede representar la oficialización de esa propuesta de reglamento de EIA.

Grave planteamiento: en contraposición a lo establecido por la Sala Constitucional desde el 2002 se establecen nuevamente los umbrales, dejando una muy larga lista de proyectos, obras o actividades eximidos del trámite de EIA. Esto se realiza sin ninguna justificación técnica sólida.

Por otro lado, para la gran mayoría de proyectos, se establece un formulario de clasificación (SIA) que tiene dos grandes errores de fondo.

Uno de ellos es que trata de valorar la condición de significancia del impacto del proyecto, sin considerar las características de ambientales del terreno donde se va a localizar. Debido a que el país no cuenta con ordenamiento y planificación ambiental del territorio (salvo algunas excepciones), esa información debe ser obtenida para cada proyecto. Se trata de las características geológicas, hidrogeológicas, de susceptibilidad a las amenazas naturales, aspectos arqueológicos, geotécnicos, hidrológicos, de riesgo antrópico y biológicos (cuando apliquen). Esta información es vital para mejorar el diseño del proyecto, de lo contrario el mismo puede resultar inconsistente y podría producir daños al ambiente y a la vida.

Dichos estudios son realizados en la actualidad por empresas consultoras ambientales o profesionales independientes. Con el nuevo reglamento, como se explica a continuación, la casi totalidad de los proyectos ya no requerirá de este tipo de estudios técnicos. Prácticamente ya no se ocuparán consultores ambientales en EIA, salvo para llenar el formulario de SIA.

El otro error de fondo es que el puntaje establecido como límite para no pedir instrumentos de EIA más detallados, tiene un valor subjetivo que haría que el casi 100 % de los proyectos obtengan un SIA bajo y, por tanto, queden eximidos de presentar otros estudios técnicos de EIA. Los únicos que tendrían que hacerlo, son aquellos que son exigidos por leyes específicas y que son los menos, como el caso de la minería.

Si el RECSA propuesto por al sector productivo se consideró que desprotegía el ambiente y era regresivo respecto a la normativa ambiental vigente en materia de EIA, la nueva propuesta de reglamento de EIA elaborada por la SETENA, lo es aún más.

La mayor justificación que se esgrime para impulsar esa propuesta de nuevo reglamento de EIA es que hay que agilizar el proceso de trámite ante la SETENA. No obstante, eso no se puede hacer sacrificando el ambiente y, sobretodo, poniendo en riesgo la vida de las personas, debido que el factor de la susceptibilidad del terreno a las amenazas naturales prácticamente dejaría de ser analizado como parte de la EIA.

Inconsistencia del MINAE: hemos señalado que la EIA es necesaria para tutelar el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Estamos de acuerdo de que se debe realizar en un plazo razonable y corto, pero no sacrificar como instrumento de gestión ambiental preventiva como se pretende hacer con la nueva propuesta de reglamento de EIA.

Se trata de un tema muy grave de desprotección del ambiente que lejos de ayudar a resolver los problemas ambientales que ya tiene el país, lo va a agravar aún más. Algo que resulta incoherente respecto al desempeño de la jerarca del MINAE que ahora nos anuncian que dejará ese cargo para asumir un puesto en la ONU en un tema vinculado a la protección del ambiente. Algo que nos recuerda el viejo adagio popular de: “candil en la calle y oscuridad en la casa”.

Existen verdaderas y mucho más eficientes alternativas para agilizar la EIA e impulsar el desarrollo sustentable del país. Como hemos dicho, es posible reducir los plazos de trámite de EIA y otros trámites de años a semanas, pero con criterio científico y garantizando el cumplimiento de la legislación vigente y del artículo 50 constitucional (ver: www.allan-astorga.com).

Finalmente, no es comprensible el porqué la actual administración de gobierno desea dejar esta incoherente y absolutamente regresiva propuesta de reglamento de EIA, junto con el reglamento sustitutivo para introducir la variable ambiental en los planes reguladores (propulsado por el MIVAH), como una fatídica herencia al nuevo gobierno, sobretodo, si no se va a tratar de otro gobierno del PAC. Lo coherente sería que sea la nueva administración de gobierno la que tome decisiones en ese tema y así se evite generar confusión y problemas de judicialización de temas ambientales tan sensibles y estratégicos para nuestro país.

Insumos útiles para nuestra decisión electoral

Un buen e importante número de compatriotas estamos preocupados por quién debería ser el líder de la nueva administración de gobierno 2022 – 2026. Para muchos de nosotros hay algo claro: no podemos darnos el lujo de votar por un “nuevo experimento” para ver qué pasa. Sería muy difícil que nuestro país pudiera soportar más letargo e indecisión en la toma de decisiones estratégicas con una verdadera visión de desarrollo sustentable y progreso humano.

Es claro que no soy politólogo o político, todo lo contrario, soy un ciudadano y científico muy preocupado por la grave crisis de la Ecosfera terrestre planetaria y que, como muchos, hace lo mejor que puede por defender y proteger la naturaleza y el ambiente, sin perder la perspectiva de que se debe realizar dentro de un marco equilibrado de sustentabilidad con el progreso humano.
Dentro de este contexto, y como parte de mis razonamientos en la búsqueda de cuál sería nuestra mejor alternativa a elegir como presidente, se me ha ocurrido recordar y contar mi experiencia como secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de hace 25 años.

Asumí como secretario general de la SETENA, no por un favor o elección político-administrativa, simplemente fue por ser un técnico que, para ese entonces, tenía 4 años de experiencia en evaluación de impacto ambiental (EIA) y que había sido el presidente de la Comisión de EIA anterior a la SETENA. Tomé el cargo, en enero de 1997, siendo muy joven para la responsabilidad que implicaba y, además, prácticamente el mismo día que se publicaba el primer reglamento de EIA que se promulgaba en el marco de la ley orgánica del ambiente del año 1995.

Durante el año 1997 se dieron una serie de circunstancias importantes cuyo contexto, en el momento, no comprendí bien, pero que tendrían transcendencia para el futuro del país y su modelo de desarrollo.

Tramitomanía y planificación territorial: la primera de esas circunstancias tenía que ver con un tema del que hemos escrito previamente y que tiene con ver con la tramitomanía y el exceso de trámites. La salida del reglamento de EIA en enero del 1997 inició una discusión que aún no termina. Como hemos señalado, ya para ese momento, el inventario de requisitos a cumplir para el desarrollo de una empresa grande, era de aproximadamente 180. Algo que, hoy 25 años después, es de más de 300 y que lleva una cantidad de tiempo al menos tres veces mayor que lo que se necesitaba en el año 1997. Durante ese mismo periodo la cantidad de instituciones públicas prácticamente se duplicó, lo cual explica, el crecimiento de requisitos y el importante crecimiento en la cantidad de funcionarios públicos. Cuando asumí la SETENA la cantidad de funcionarios no llegaba a 15, hoy tiene cerca de 100. Esto, pese a que la cantidad de trámites de EIA por año no ha cambiado mucho.

Es claro que el exceso de trámites es sumamente grave y es un mal que carcome las entrañas del país, que auspicia el cáncer de la corrupción y que lo tiene totalmente frenado en todo lo que tiene que ver con el impulso al desarrollo e inversión de proyectos sustentables. Por eso, desde el mismo mes de enero de 1997 se empezó a discutir el tema de la “desregulación” o la mejora regulatoria para impulsar la inversión y el desarrollo. Desde la SETENA, durante ese mismo año, pude desarrollar la primera fase de lo que fue el Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) y el ordenamiento del sistema de procedimientos cuyo manual se publicó en la Gaceta en noviembre de 1997. El cambio de gobierno en 1998 no nos dio tiempo de continuar con nuestro planteamiento de integrar el ordenamiento y la planificación territorial como base para agilizar todo el sistema de trámites. Algo que, hasta ahora, no ha sido posible retomarlo, pues la casi totalidad de las administraciones ulteriores o no lo comprendieron o no tuvieron el mínimo interés en trabajar en esa dirección.

Crucitas y la sanción a la actividad minera de exploración: tal vez para pocos es conocido que, en el año 1997, la SETENA procedió a sancionar la actividad de exploración minera metálica que realizaba la empresa minera canadiense en Crucitas. Esto, como consecuencia de que la unidad de control y seguimiento ambiental de dicha Secretaría Técnica había detectado una serie de incumplimientos a los compromisos ambientales adquiridos en el estudio de impacto ambiental de la fase exploratoria.

La ley orgánica del ambiente establece que la SETENA en una entidad de desconcentración máxima, es decir, que tiene autonomía técnica en la toma de decisiones. Y eso fue lo que se hizo con este caso de Crucitas. Puedo dar fe de que la decisión que se tomó fue propia de la SETENA, sin consultas ni solicitud de autorizaciones ante otras autoridades del Poder Ejecutivo. Todo lo contrario, una vez que se tomó la decisión, se contó con todo el apoyo de las autoridades del gobierno.

Algunos podrían decir que es lo normal, no obstante, visto en perspectiva y conociendo la ulterior historia de la SETENA, es un punto importante de señalar y de recalcar. Se debe recordar que ya, para ese entonces, se conocía que Crucitas estaba visualizado como el proyecto de explotación minera a cielo abierto más grande de Centroamérica. Lo especial en este caso era que la administración de gobierno mostró un gran respeto por la posición técnica y ambiental de la SETENA y nunca interfirió a favor de la actividad minera metálica. Algo que vale la pena anotar.

Intel y la propuesta de modelo de desarrollo para el país: de forma contemporánea y circunstancial, mientras la SETENA gestionaba una sanción a la minería metálica de Crucitas, también tramitaba la evaluación de impacto ambiental de Intel en Costa Rica. Cabe señalar que ese trámite ambiental de Intel no fue sencillo ni simple. Se presentaron muchas oposiciones y dudas, en particular en el cantón de Belén, donde finalmente se instaló la planta.

Debido al desconocimiento técnico de lo que se iba a hacer, se interpretaba que se trataba de una industria peligrosa y contaminante que iba a dañar las nacientes de agua cercanas. Se decía que en la producción de los componentes electrónicos se manejaban muchas sustancias peligrosas y que se iban a producir emisiones, vertidos y residuos muy tóxicos. Fue un proceso de EIA con participación social que desembocó en la creación de una Comisión Mixta de control y seguimiento de la actividad industrial de Intel en Costa Rica. La primera que funcionó con total éxito y que permitió a la comunidad reconocer qué era lo que hacía Intel.

En este punto, también vale la pena anotar que siempre hubo un gran respeto de parte de las autoridades del poder ejecutivo respecto a la autonomía técnica de la SETENA. Nunca se dio presión de ningún tipo y siempre se respetaron los procedimientos que se establecieron.

El proceso no fue fácil, pero al final, la SETENA otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto de Intel en Costa Rica. Algo que simbolizó un hito para el país, no solo por el proyecto que implicaba una inversión aproximada de $ 500 millones y la apertura de poco más de dos mil empleos directos, sino porque significaba introducir al país en el camino de la industria de la alta tecnología. Algo que, con los años, significó un muy importante avance y crecimiento para Costa Rica.

Estos dos temas, el de Crucitas e Intel, tienen un significado histórico especial, pues sin saberlo, marcaban un derrotero muy significativo para nuestro país. Formamos parte de esa historia sin tener claro ese significado. E insisto en anotar algo que para mi fue muy importante, el hecho de que la administración de gobierno de ese entonces siempre respetó la posición técnica de la SETENA y, además, tuvo una gran visión al impulsar el camino del país hacia la alta tecnología y no hacia la actividad minera metálica. De alguna forma, desde 1997 el país tomó un rumbo hacia el desarrollo sustentable y fijó un derrotero que todavía perdura y que, ahora más que nunca, urge retomar.

Visión ambiental actual: otro elemento que resulta de gran relevancia para el autor es el hecho de que quien llegue a Casa Presidencial este año, tiene que cumplir un requisito indispensable en materia ambiental: tener clara, muy clara, la situación ambiental global y no solo la de Costa Rica. Hemos escrito mucho al respecto (ver:www.allan-astorga.com) en especial sobre la crisis de la Ecosfera Terrestre y sobre la grave coyuntura en que nos encontramos a escala planetaria.

Es vital que el nuevo presidente de Costa Rica, de un país líder en el mundo en materia de protección del ambiente y de la búsqueda de la sustentabilidad, no solo conozca de la situación, sino que juegue un papel mucho más importante en la propuesta de soluciones concretas a la crisis ambiental global. Soluciones que, por añadidura, acarrearán al país grandes beneficios, no solo en materia de turismo sino, también, en otros ámbitos económicos y de progreso humano. Nuestro país tiene mucho que aportar en este tema, empero se hace necesario contar con un líder de verdadera visión global y no un administrador que solo quiera apagar incendios.

Decisión estratégica: en los próximos días los costarricenses debemos tomar una decisión muy importante. Debemos escoger entre un abultado número de candidatos al nuevo presidente del país en medio de, posiblemente, la peor coyuntura ambiental y socioeconómica que ha pasado, no solo el país, sino el mundo entero.

Como hemos dicho, no podemos ni debemos experimentar. Requerimos de un líder con experiencia, conocimiento, visión y con la humildad suficiente para reconocer sus limitaciones y apoyarse en un equipo sólido que permita que podamos salir del enorme atolladero en que nos encontramos y que podamos progresar hacia un desarrollo verdaderamente sustentable.

Cada uno de nosotros debe meditar muy bien su voto. En mi caso, he decidido aportar el presente insumo como un elemento a tomar en cuenta y considerarlo como parte de ese proceso reflexivo. Nuestro país merece un futuro de real progreso humano y ambiental

Adaptación evolutiva vs tramitomanía anquilosante

¿Cuál de esas dos situaciones es la que le conviene al país para salir adelante? Sobretodo en estos aciagos y extensos tiempos de Pandemia y sus consecuencias socioeconómicas. Ese es nuestro principal reto para coadyuvar con la reactivación de nuestro país.

La adaptación evolutiva es un rasgo que caracteriza a todos los seres vivos. En términos sencillos significa la capacidad de realizar cambios fisiológicos, de comportamiento y hasta de rutinas operativas que permitan al organismo y a su especie ajustarse a su medio ambiente y los cambios que puedan afectarlo. Es un mecanismo importantísimo para sobrevivir y permanecer como especie. Las especies que no logran adaptarse desaparecen de forma natural. Así sí funciona la naturaleza.

Tramitomanía anquilosante: existe un consenso general de que nuestro país se caracteriza, desde hace mucho, por tener un exceso de trámites administrativos que, conforme pasa el tiempo, lejos de simplificarse, cada día crecen en número y en requisitos. Los sectores productivos privados y, también, los públicos, saben esto muy bien. Se trata de un tema que se discute desde hace más de 20 años, sin que se solucione de forma integral.
El tema ambiental y sus diferentes matices han venido a incrementar aritméticamente, durante las últimas dos décadas, la cantidad de trámites y la han convertido en una lista casi interminable de requisitos.

El paso a las plataformas digitales que se ha realizado en los últimos años, aunque representan un importante esfuerzo, no ayudan a resolver el problema de raíz y más bien lo trasladan a otra parte del proceso, pero al final, el exceso de requisitos se mantiene y en el peor de los casos, se incrementa, solo que en formato digital.

Antes de que empezara la Pandemia, publicamos (ver: www.allan-astorga.com) la importancia de hacer evolucionar y avanzar nuestra normativa técnica y, de ser posible, nuestra propia legislación (ambiental, aunque la adaptación aplica para una gama mucho más amplia), a fin de ponerla al día, con la necesidad de los tiempos actuales. Con la Pandemia y sus secuelas la situación es todavía más apremiante. Si antes ya era una urgencia, ahora se ha convertido en una super urgente prioridad estratégica para el país, pues es una de las acciones más relevantes que se requieren para sacar al país adelante.

Lejos de eso, por diversas causas, la situación no ha avanzado. Todo lo contrario, a un año de Pandemia, no se observa que se estén realizando las acciones necesarias para generar un cambio efectivo y real. Con la disminución significativa que ha implicado la Pandemia para el trámite de nuevos proyectos de inversión ante las instituciones del Estado, podría pensarse que ese tiempo transcurrido y la posibilidad de desarrollar coordinación interinstitucional a distancia, hubiese servido para realizar efectivas y eficientes acciones concretas para la agilización de trámites, pero, desafortunadamente, no ha sido así.

La situación sigue igual, como si la Pandemia no hubiera y estuviera cambiando el mundo y haciendo que nuestro país completo se sumerja rápidamente en una profunda crisis de subdesarrollo. Así, hemos pasado de una simple tramitomanía excesiva y pesada, a una tramitomanía anquilosante que prácticamente está paralizando el motor del desarrollo que tiene el país y que es la principal esperanza para avanzar.

Algunos indicadores de anquilosidad: hay muchos ejemplos de la grave situación de exceso de normativa contradictoria que provoca una enorme inseguridad jurídica para quienes deseen hacer una inversión en nuevos proyectos de desarrollo (pequeños hasta muy grandes).

Uno de esos temas tiene que ver con los recursos hídricos, al cual ya nos hemos referido. Existe una normativa altamente contradictoria y abierta a la interpretación discrecional sobre radios de protección de manantiales o nacientes, protección de acuíferos, radios de operación de pozos, vulnerabilidad acuífera, sistemas de tratamiento de aguas residuales y vertidos en cuerpos de agua, entre otros, que puede arreglarse fácilmente desarrollando una sola normativa integradora que facilite la gestión del recurso. Lo increíble es que existe un borrador de propuesta desde el año 2005 y todavía hoy, lejos de haberse resuelto la situación, se sigue a la espera de una Ley de Aguas, cuya última versión, y archivada, no representaba la solución, sino un mayor anquilosamiento en el tema.

En materia de evaluación de impacto ambiental, la situación no está muy lejos. Resulta que el 95 % del total de proyectos que se realizan en Costa Rica, no pasan por la SETENA, debido a que son menores de 500 metros. El porcentaje es mayor si nos referimos a los proyectos que no hacen una EIA completa con el formulario D1. Esto es un claro indicador de que el instrumento no está funcionando, pues no logra cubrir ni el 5 %, y, a esos que cubre les genera un complejo y largo proceso de trámite, a pesar de la plataforma digital que se ha abierto y que, se supone, agiliza el trámite. Ahora lo engorroso es poder cumplir con todos los requisitos de esa plataforma digital.

Este tema de la EIA y su funcionalidad tiene una solución bastante simple y para la cual ya habíamos hecho una propuesta (ver: www.allan.astorga.com). Se basa en el hecho de que los municipios dispongan de planes reguladores con variable ambiental debidamente integrada y que, con la aplicación de un algoritmo de agilización de trámite de EIA, la mayoría de los proyectos que no generen impacto significativo puedan tramitar sus permisos directamente en la Municipalidad y no en la SETENA. Esto, siempre que se ubiquen en áreas cuyos estudios de fragilidad ambiental determinen que tienen condiciones para ello o que se demuestre que se están aplicando las medidas tecnológicas para adaptarse a las condiciones de fragilidad ambiental que fueron determinadas. De esta manera se podría agilizar mucho el sistema sin desproteger el ambiente. El trámite ambiental se puede reducir de 20 meses (promedio) a solo un mes.

Existen otros muchos indicadores, pero por un asunto de espacio no es posible detallarlos todos. Sin embargo, estos que indicamos dan una clara idea de la situación en la que nos encontramos.

Gran reto: para que el país pueda salir a adelante requiere inversión y desarrollo. Para eso, debe mejorar la seguridad jurídica a los proyectos de todo tipo. Ello, sin desproteger el ambiente y garantizando la sustentabilidad del desarrollo.

Aunque para algunos no parezca posible, pues se debaten entre una apertura sin regulación alguna o un proteccionismo ambiental extremo, si existe una solución. Consiste en eliminar, con el debido criterio técnico, la tramitomanía anquilosante que se ha creado a lo largo de los años. Solo se requiere adaptar la normativa a la nueva realidad que tenemos que enfrentar.

Si es posible proteger el ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, sin que entre en contradicción con el impulso al desarrollo y la inversión de proyectos. Es vital lograr este objetivo por el bienestar de todos.

Amplia participación, transparencia e información: las bases de un verdadero dialogo nacional

En medio de esto convulsos y aciagos tiempos “pandémicos” por los que estamos pasando, esos tres requisitos de un proceso de diálogo abierto y amplio, se vuelven indispensables. A ellos podemos sumar, también la prudencia, la flexibilidad y el respeto por todas las partes, algo que también es indispensable para un diálogo.
EAE: los lineamientos señalados no son un invento del autor, están establecidos en el artículo 63 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) vigente desde el año 2004. Se norma así, la evaluación ambiental estratégica para políticas, planes y programas, incluyendo decisiones estratégicas que debe tomar la sociedad.

Sobre este tema he escrito varios artículos durante los últimos 10 años (ver: www.allan-astorga.com) con el ánimo que el Poder Ejecutivo estableciera la reglas para desarrollar la EAE de políticas, planes y programas en el país. Es importante, no confundirlo con la EIA de proyectos, dado que la EAE se concentra en desarrollar las normas que regulan la amplia participación de la sociedad, por medio de representantes, para que discutan los pro y contras de una política (por ejemplo, económica y social) y logren por medio de una metodología estandarizada en muchos países del mundo un producto que represente el criterio más equilibrado de la mayoría.

Se llama EAE por que surgió de la EIA desde hacer varias décadas, pero básicamente es un instrumento normalizado de diálogo social, amplio, transparente e informado que permite derivar recomendaciones para decisiones estratégicas. Dado que es un procedimiento estandarizado en muchos países del mundo, no hay que “inventar el agua tibia” para normalizarlo.
Larga lucha por su normalización: después de varias acciones planteadas a la Sala Constitucional durante el periodo 2010 – 2015 para que le ordenara al Poder Ejecutivo que se normara, fructificó una denuncia del suscrito ante la Contraloría General de la República. Así, en julio del 2017, dicha entidad emite el Informe DFOE – AE – IF – 00008 – 2017, disponiendo lo siguiente: “Al Ministro de Ambiente y Energía en su calidad de rector del sector ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial, o a quien en su lugar ocupe el cargo: 4.4 Elaborar una propuesta de lineamientos que direccione el enfoque, los fines y el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica en el país…” De acuerdo CGR el instrumento debería ser remitido a esta entidad a más tardar el 22 de enero del 2018.

Como respuesta a esto, la administración Solís – Rivera elaboró la Directriz No. 3 – 2018 – MINAE en la que se señalan ciertos lineamientos para la EAE de PPP, algunos de ellos contradictorios con el Reglamento General de EIA antes citado y en la que, además de mostrar una clara ignorancia sobre el tema de la EAE, le da una “especie de patada a la bola”, cuando señala: “Artículo 5.- Del plazo. Para cumplir con el diseño y elaboración del reglamento de evaluación ambiental estratégica para políticas públicas conforme a los lineamientos acá establecidos, se le solicita a la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) presentar al Ministerio de Ambiente y Energía en los próximos seis meses la propuesta de los reglamentos, instrumentos y metodología requerida. Deberán incluir un transitorio que indique (que) el reglamento entrará en vigencia hasta que se consolide la Oficina de Evaluación Ambiental Estratégica dentro de la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) y se cuente con los recursos materiales y humanos respectivos para su adecuado financiamiento”.

Decimos que hay una gran ignorancia y hasta decidía para normalizar el instrumento, dado que se ignora que ya la SETENA tiene un Departamento de EAE y que, por normativa, le corresponde a esta Secretaría Técnica atender el tema de la EAE de PPP, que dicho sea de paso, consiste simplemente en verificar que la normativa se cumplió. No hace falta crear una oficina y crear más plazas para que atienda algo que la SETENA puede atender. Por lo que se veía, la administración Solís – Rivera no tenía mucho interés en implementar la EAE de PPP, como tampoco parece haber sido el interés de la actual administración, pues hasta ahora no se ha avanzado casi nada sobre la reglamentación.

Importante instrumento de diálogo nacional: el hecho de que esa normativa de EAE no se hubiese formalizado en el país, resulta un grave error por parte del Poder Ejecutivo, particularmente del MINAE y la SETENA. La existencia de ese instrumento de dialogo social para decisiones estratégicas permitiría, en una coyuntura como la actual, establecer un proceso de participación amplio y proporcional que cumpla los objetivos de la EAE aplicado a la Política Fiscal que requiere el país. Esto sin que el “diálogo” se convierta en una “especie de operación embarre” o en un mecanismo de filtro para ciertos sectores como sucedió con el instrumento que propuso el Estado de la Nación.

Una EAE bien desarrollada puede generar producto muy rápido (semanas), sobre todo si se tiene un grupo de apoyo técnico que brinde datos sólidos y concretos que faciliten el proceso de tamizado, selección, análisis de alternativas y valoración comparativa, análisis de consistencia, valoración de consecuencias de corto, mediano y largo plazo, salvaguardas y mecanismos de verificación de cumplimiento por parte de la Sociedad.

Otro elemento importante en la EAE de PPP y decisiones estratégicas es que las autoridades de gobierno son un sector más y no el que controla el proceso. Para ello se busca una entidad facilitadora neutral y objetiva que conozca la aplicación de las fases de la EAE. Esto es vital, para que los productos sean obtenidos por consensos de los diferentes sectores y no como una imposición de algunos de ellos.

Aclaro, generar el reglamento, usando los estándares internacionales sería posible en pocos días, siempre que exista verdadera y transparente voluntad política. Al respecto las autoridades de gobierno pueden contar con nuestro sincero apoyo.

Participación amplia de todos los sectores: las acciones violentas ya no son una solución, todo lo contrario, exacerban ánimos y generan más violencia en una espiral creciente cuya cúspide es ignota y sumamente peligrosa. Igual de nociva resulta el involucramiento de partidos políticos o de políticos cuyos objetivos no parecen ser muy claros cuando hablan de un diálogo y tratan de vetar sectores.

A nuestro criterio, el mecanismo de participación en una EAE, como la que se debería realizar en esta coyuntura en el país y sobre el tema fiscal, debe partir de una clara visión de lo que está pasando a la sociedad. Por eso, aunque creemos que hay muchos polos de opinión, si vemos el asunto en perspectiva, nos podemos dar cuenta (de forma sorpresiva, para muchos), que en realidad solamente hay dos polos que se anteponen.

Ante la crisis económica, social y de salud (incluso mental) en que ha caído nuestra sociedad, debido a la Pandemia por el Covid – 19, resulta que nuestra sociedad se ha dividido, especialmente, la comunidad laboralmente activa.

Por un lado, están los “trabajadores” que se encuentran sin empleo o que tienen un trabajo muy frágil. Incluyo dentro de este grupo la gran cantidad de personas laboralmente activas, pero que están desempleadas que en nuestro país ya supera los 500 mil. Incluyo dentro de este grupo no solo hay todo tipo de trabajadores “asalariados”, sino también todo tipo de empresarios (micro, medio y grandes). Si, incluso los grandes empresarios que sufren por la situación, pues salvo algunas actividades que han prosperado en condiciones de Pandemia, la gran mayoría de los empresarios viven una condición de incertidumbre y preocupación por el futuro inmediato, pues no hay seguridad de que la situación mejore a futuro.
También forman parte de este grupo todos los agricultores, los pescadores, los empresarios turísticos y personas que, numerosamente, se dedican a actividades informales.

Todos los que no recibimos un ingreso fijo, sufrimos de esa incertidumbre y falta de seguridad respecto a nuestro futuro y de los seres que dependen de nosotros. Algo para lo cual se requiere comprensión y tolerancia.

Por otro lado, están las personas que reciben un ingreso fijo, con o sin Pandemia. Me refiero a los empleados del Estado, instituciones autónomas del Estado y de los gobiernos locales. También forman parte de este grupo los pensionados por los diversos regímenes que tiene el Estado. Aunque todas estas personas también tienen preocupación e incertidumbre por la Pandemia, es claro que tienen una situación más privilegiada y de confort respecto al primer grupo.

Así las cosas, resulta justo que, si nuestra sociedad se encuentra dividida entre esos dos grandes grupos, se hace necesario que ambos grupos participen por igual en la búsqueda de alternativas de solución al serio problema económico por la que estamos pasando como sociedad. No resulta justo ni apropiado que solo sea uno de esos grupos, particularmente aquellos que resultan más privilegiados, el que plantea la soluciones a la situación de crisis que está pasando nuestro país. Ambos grupos tienen derecho de opinar y buscar soluciones consistentes por medio de diálogo efectivo y objetivo.

La selección de los representantes de los diferentes sectores de la sociedad no debe tener un límite bajo. Una EAE puede ser desarrollada con más de 30 representantes como en la que el suscrito tuvo el honor de participar en El Salvador donde se realizó la EAE de la minería metálica y en donde se dio una participación amplia con más de 100 representantes de la sociedad salvadoreña.

Poner limites y hacer cálculos para ver que sector tiene mayoría, no es funcional. Lo que se requiere es que todos los sectores tengan vos y voto, incluso aquellos que no parecen tener a nadie que los defienda como los desempleados y los que trabajan en la informalidad, entre otros.

Urge actuar: el hecho de que los diferentes sectores, presionados por la situación económica que tiene y las preocupaciones que los aquejan, se traten de reunir y discutir alternativas, no es negativo. Todo lo contrario, es un proceso de construcción. No obstante, se requiere que el proceso de diálogo se amplíe y sea más inclusivo, pero es clave que no sea protagonizado por las autoridades de gobierno. Debe ser facilitado por un ente externo no involucrado con ninguno de los sectores y que permita desarrollar todas las fases del proceso de EAE de la decisión estratégica hasta llegar a los puntos de consenso necesarios para emitir una recomendación.

El tiempo apremia y es hora de que nuestro país utilice las herramientas técnicas para avanzar y dejar de estar estancados en la falta de decisiones estratégicas, no solo para tratar de resolver la seria situación fiscal, sino para impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Hay mucho por hacer y no debemos perder el tiempo más.

Publicación Original: Octubre 22, 2020 4:32 am