Balance ambiental de la administración Alvarado

No es sencillo establecer un balance equilibrado para una administración de gobierno que se enfrentó a la tarea de imponer un paquete de impuestos a la sociedad y, además, tuvo que enfrentar la Pandemia mundial por el SARS-COV 2. Afirmamos esto, en primer lugar, porque muchos opinarán que no es justo que se diga que el balance ambiental es negativo dadas esas circunstancias.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que ninguna de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental del Estado cerró, ni perdió funcionarios, ni tampoco los salarios de los funcionarios públicos dejaron de pagarse. De allí que, a pesar de esos escollos es necesario hacer un análisis lo más objetivo posible, en el sentido del ambiente.

Por sus frutos los conoceréis y no por sus intenciones y, agregaríamos, además, tampoco por los premios internacionales recibidos ni por la cantidad de puestos, también internacionales, a los que se van algunos altos funcionarios de esta administración. La gestión ambiental de un Estado como Costa Rica no puede ser medida de esa manera.

Son muchos los temas que pudiéramos tratar a la hora de hacer un balance. Más, para no extendernos mucho, consideraremos los más relevantes sin que su orden implique ninguna categorización.

Ordenamiento y Planificación territorial: es claro que en este proceso se dio un fuerte retroceso. El MINAE cedió la rectoría al MIVAH y de allí se derivó la propuesta para sustituir el reglamento para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores. Se sustituye un instrumento más objetivo en materia de protección ambiental, por otro que está hecho para favorecer un “desarrollo” urbano que cumple reglas de mercado inmobiliario y no de protección del ambiente. En esto, la administración Alvarado será recordada por un gran daño producido al país: retrocedemos hacia una planificación urbana realizada al gusto del cliente.

Planificación estratégica: al igual que en otras administraciones anteriores no se dio ningún avance. Esto, a pesar de que se tuvo la posibilidad de avanzar con el desarrollo de un reglamento sobre evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas que la Contraloría General de la Repúblico ordenó que se elaborara desde el año 2017. La planificación estratégica, supra y sectorial es vital para el desarrollo sustentable de un país. Y también lo es para lucha contra el cambio climático y otras tareas ambientales y sociales como el alcanzar los objetivos 2030 del desarrollo sostenible de la ONU. Se perdieron cuatro años más y el país y su modelo de desarrollo estratégico sigue a la deriva movido por ocurrencias.

Lucha contra el Cambio Climático: al igual que en casi todo el resto del mundo se considera que esta tarea comprende: viajes que producen muchas emisiones de CO2, hospedajes en hoteles de lujo, reuniones de preparación, discusiones, discursos muy llamativos en un inglés muy ensayado, muchas e intensas negociaciones que no llegan a nada y muchas, muchas fotos y videos. Ah, y, además, hacer publicidad y, se si puede, recibir premios por cosas que han hecho otros en el pasado y cuya intención no era la lucha contra el cambio climático. Y, la cereza en el pastel es que el jerarca del MINAE sea premiado con un alto puesto en una organización internacional. Algunos dirán “misión cumplida”, “que gran esfuerzo”.

La verdad, ningún avance real: las emisiones crecen, la temperatura de la atmósfera aumenta, el deterioro planetario se incrementa y la vos de Costa Rica sigue metida en la burocracia de las COP que no representan un efectivo camino en la lucha contra el Cambio Climático.

El consumo de hidrocarburos de nuestro país se incrementa y como ya hemos notado, nuestros bosques y nuestra biodiversidad están siendo masacrados ante la inoperancia de las autoridades ambientales. El Tren Rápido de Pasajeros quedó pendiente para no sabemos cuándo ni cómo. Definitivamente, no se hizo nada, por el contrario, se retrocedió más.
Control ambiental eficiente: este tema es un absoluto desastre. Mientras las autoridades del SINAC dicen que están haciendo un gran esfuerzo por estar confiscando orquídeas de los carros que vienen del campo, cientos o miles de hectáreas de bosques han sido arrasadas para dar paso a zonas de cultivos intensivos o se han quemado, incluso en áreas silvestres protegidas debido a la legislación alcahuete que permite las quemas controladas que de control no tienen nada.

En las zonas urbanas la falta de control ambiental eficiente y efectivo hace que casi todas las actividades productivas (industria, comercio y servicios) no dispongan de buenos de sistemas de gestión ambiental e incumplen la legislación ambiental generando contaminación de aguas, suelos y del aire. Las ciudades son ruidosas, desordenadas y sucias.
Y si de expedientes ambientales en el Tribunal Ambiental Administrativo hablamos, el asunto es mucho más decepcionante.

Miles de expedientes trabados con años de espera a una justicia ambiental que, cuando se aplica, resulta insuficiente o hasta injusta debido a la contradictoria y hasta ilógica normativa que se aplica. En resumen, el control ambiental está muy mal.
Gestión de los recursos hídricos: “fatal” es la mejor palabra que describe lo que se ha hecho en estos últimos cuatro años. Por desidia o inoperancia del ejecutivo se dejó vencer el plazo para pasar una Ley de Aguas moderna y realmente efectiva. No, un obsoleto texto que se tenía de propuesta. La maraña de normativa que regula las aguas es un caos. No son reglamentos, se trata de ocurrencias, lineamientos y caprichosas órdenes emitidas en medio de un conflicto entre instituciones que, lejos de coordinar, compiten por ver cuál obstaculiza más que la otra. Sin contar que, con ello, se hace daño a una gran cantidad de gente y de proyectos, sin que por ello, se esté haciendo algo útil por el ambiente.

En tema de fuentes de agua para desarrollo urbano el asunto va de mal a peor, casi llegando a desastre. El AyA se ha burocratizado tanto que ahora disponer de agua para un proyecto es casi como si se obtuviera un premio nacional como el Magón o algo así. Los proyectos estratégicos para nuevas fuentes de agua, literalmente, se han ahogado en bur(r)ocracia y se han atrasado desesperadamente. La paradoja: se niega la disponibilidad de agua a un proyecto de inversión de decenas o cientos de millones de dólares, a pesar de que el terreno tiene en el subsuelo un acuífero de alta calidad que lo puede abastecer con el agua suficiente con solo hacer un pozo y sin que tuviera que cumplir una tramitomanía jubilativa (para los gestionantes y los funcionarios, por la cantidad de tiempo que se requiere).

Minería: el tema Crucitas quedó sin resolver. Más bien, la minería ilegal y artesanal se incrementó hacia otras áreas del país. La misma tramitología compleja y las leyes mal redactadas siguen sin permitir encontrar una solución técnica y ambiental para los pequeños mineros artesanales, algo que urge resolver de forma integral. Todavía se está al pendiente de una modernización integral del reglamento de minería. Quedan al pendiente proyectos de ley que pretenden volver a activar la minería metálica en el país. Se ha perdido tiempo en lograr hacer una verdadera acción con las comunidades para hacer conciencia sobre la inviabilidad ambiental de la explotación minera metálica en Costa Rica. En resumen, no se avanzó nada.

Matriz energética: en energía estamos atrapados en una red de energía marca ICE que no permite que se den otras iniciativas energéticas porque se corre el riesgo de que se desequilibren las balanzas de esa institución. Funciona como un gigantesco monopolio que se recicla a sí mismo y que no asume consecuencias, como lo fue el cierre tardío del P.H. Diquís a un costo de muchos millones de dólares y grandes daños ambientales en la cuenca del Térraba. Costa Rica tiene un enorme potencial de energías sustentables aparte de la hidroeléctrica, como por ejemplo la Geotermia de baja y media entalpía, algo que se puede abrir al desarrollo privado al menos para autogeneración y otros muchos usos. Pero en esta, como en otras muchas, se impone la posición de que no debe abrirse a la iniciativa privada para que el mercado de energía siga atrapado para el beneficio de algunos pocos y no necesariamente del país.

Mares: aunque se han gastado muchos recursos en publicitar que se ha trabajado duro en incrementar a un 30 % de áreas marinas protegidas, en la realidad no se ha realizado una tarea verdaderamente efectiva. Si en las mismas áreas protegidas marinas se da pesca ilegal y hasta aleteo del tiburón, por falta de control y recursos de las autoridades, es fácil concluir qué estará pasando en el resto de los mares patrimoniales que no están protegidos. Un simple festín de sobreexplotación pesquera (principalmente el atún aleta amarilla y el tiburón, entre otras especies) por parte de flotas extranjeras. La vida silvestre marina también es vida que requiere ser protegida y no abandonada a la suerte de instituciones como INCOPESCA que simplemente la ven como si fueran billetes de dólar de baja denominación flotando en el mar. El MINAE tiene que asumir una verdadera y efectiva tarea en proteger la biodiversidad marina y administrar esos recursos con un verdadero criterio de sustentabilidad. En resumen, muy poco avance a pesar de premios, distinciones y mucho autolaurel por una tarea muy mal hecha.

SETENA y evaluación de impacto ambiental (EIA): la administración Solís dejó firmado para publicar un reglamento integral de EIA auspiciado por la Cámara de Construcción y los inmobiliarios. La administración Alvarado, no lo publicó y se puso a hacer un diagnóstico que duró años y, no dudamos, costó muchos recursos. Al final, se elaboró una propuesta de nuevo reglamento, mucho más regresivo y desprotector del ambiente que el anterior. Su publicación tiene un gran significado pues demuestra con hechos concretos la falta de responsabilidad y verdadera conciencia ambiental de la administración de gobierno que se va. En la práctica la EIA queda solo de nombre y la protección ambiental preventiva queda atrás. Algo sumamente grave si se toma en cuenta que la verdadera tarea es buscar la sustentabilidad ambiental del desarrollo y no convertir la viabilidad ambiental en un simple trámite sin valor.

Areas silvestres protegidas: la administración de estas áreas, incluyendo los parques nacionales está en vías de un fracaso rotundo. Hay muy pocos guardaparques si se compara con la enorme burocracia que tiene el SINAC. La minería ilegal, la cacería, la extracción de especies, los incendios forestales, el narcotráfico y hasta la deforestación están deteriorando muy rápidamente uno de los mayores tesoros que tiene el país. Las comunidades cercanas están desconectadas de estas áreas porque las ven como si fueran “territorio enemigo”. Conforme pasa el tiempo el deterioro se incrementa y en esta administración se aceleró rápidamente. Por eso, hasta vergüenza da que al país se le premie, pues la verdad es que eso, lejos de ayudar empeora la situación ya que se invisibiliza la realidad. Se requiere un cambio radical de estrategia para proteger las áreas silvestres protegidas. Una estrategia que debe involucrar a las comunidades y los gobiernos locales y no a oficinas desde San José que no hacen casi nada. Y ni qué decir de los humedales que están abandonados a su suerte.

Tramitomanía ambiental: el sector ambiental, como otros sectores, se ha ido llenando de una compleja, densa y cada vez más grande maraña de trámites. Y no se trata solo de decretos ejecutivos, sino también de resoluciones, lineamientos, directrices, memorándums y otros instrumentos que, cuando se observan en conjunto, dejan ver una muy confusa serie de requisitos y trámites que no tienen sentido práctico alguno, salvo, eso sí, el de justificar el larguísimo tiempo que tardan los funcionarios en realizar una gestión administrativa. En este tema, durante la administración Alvarado, a pesar de que se diga que se trabajó en “desregular” la tramitomanía ambiental, más bien se incrementó notablemente. Algo que resulta muy grave en la medida de que debilita de forma muy profunda los objetivos de la verdadera gestión ambiental eficiente. Así, aunque se diga que se ha trabajado mucho en materia de administración ambiental, en la realidad se ha gastado tiempo y recursos y lejos de resolver problemas, se han empeorado. Quedamos al pendiente de que se investigue en que se gastaron los recursos de “Costa Rica fluye” y que resultados reales dejó.

Sistema digital: la moda en la Administración Alvarado fue el desarrollo de plataformas digitales y de sistemas de información digitales. Algo que se catalizó con lo de la Pandemia. No conocemos la cantidad de recursos invertidos para desarrollar esos sistemas digitales, pero no dudamos que han sido muchos cientos de millones o quizás miles de millones de colones. Sin embargo, no han resultado en una mejora cuantitativa de la gestión ambiental. Cada plataforma digital funciona como una isla con sus propias reglas. No hay interconexión y los criterios de calidad y de certidumbre de la información ambiental digital no existen. Así, conforme más información se sube, más complejidades les crean a los usuarios. De esta manera, lejos de alcanzarse el objetivo de incrementar y mejorar los servicios, se incrementa la tramitomanía y la ineficiencia de la gestión. En este tema, de verdad que se ha dado una gran pérdida de tiempo y recursos.

Balance final: aunque existen otros temas que se pueden desarrollar, como, por ejemplo, el enorme consumo per cápita de agroquímicos que tiene el país, el que los ríos urbanos sigan igual o más contaminados y el que no se haya dado un verdadero impulso al desarrollo de la agricultura y ganadería regenerativa, algo estratégico para Costa Rica; con lo que hemos visto, podemos llegar a la triste conclusión de que la gestión ambiental realizada fue sumamente ineficiente. Algo que es muy grave por el “estado de salud” en que se encuentra nuestro planeta y por el hecho de que nuestro país tiene una gran responsabilidad internacional por su reputación en el tema ambiental y, también, por el hecho de que su principal fuente de ingresos (el turismo) se desarrolla como consecuencia de esa “fama ambiental” que tiene Costa Rica.

Aclaramos que con este balance no está dirigido a las personas, sino a los cargos que asumieron y con ello, la responsabilidad que eso implica. No es de recibo, como hemos dicho, que después se argumente que “no se sabía que el asunto era tan complejo” o que “no se tenía el conocimiento suficiente”. No se vale. La responsabilidad del cargo lleva implícito el que se tenga claro cuál es el problema para resolver y como atenderlo. Para ello, es vital que el jerarca esté abierto a escuchar opiniones de todos las partes y buscar soluciones equilibradas.

En la coyuntura actual en que se encuentra nuestro mundo, perder cuatro años y grandes recursos sin que se diera un avance real en la protección del ambiente y, más grave aún, se diera un retroceso, no es perdonable. Sabemos bien que no ha sido la única administración que ha hecho esto, pero conforme más pasa el tiempo, más pesados y graves son los yerros. La administración Alvarado nos deja una deuda muy grande por su enorme falta de visión y claridad en la forma en que tenía que atender al país en materia ambiental. Esperamos que eso no se repita nunca más.

Injusticia ambiental bur(r)ocrática

En escritos previos (ver www.allan-astorga.com) hemos hablado sobre el problema de la tramitología anquilosante que, no solo agobia el desarrollo de nuestro país, si no que lo tiene totalmente frenado, haciendo que casi todos los inversionistas de nuevos proyectos prefieran irse a otro país a progresar sin tanto sacrificio de tiempo y dinero.

Hemos señalado que, durante los últimos 25 años, casi todos los candidatos y posteriormente presidentes, han prometido desregular el sistema para favorecer la inversión y el desarrollo de proyectos y, con ello, el crecimiento económico del país. Sin embargo, se ha fracasado rotundamente. Para muestra un botón: cuando Intel ingresó al país en 1997, el número de trámites a cumplir era de 180, hoy es de 320.

Como lo hemos indicado ya, el mayor error es preguntarle a un funcionario público que es responsable de un trámite, qué se puede hacer para quitarlo o simplificarlo. El resultado casi siempre es el mismo, el trámite se “quita”, pero lo sustituyen dos requisitos nuevos adicionales que se manejan a nivel de mandos medios y bajos. Al final, pese a todo el esfuerzo, el sistema sigue entrabado y, lo peor, sirviendo como un caldo de cultivo para la corrupción.

En nuestro artículo de opinión publicado el 27.12.2021 en CRHoy: “Corrupción e Inteligencia Artificial”, explicamos que existe una solución técnica, científica y rápida para este problema. Se puede implementar, para empezar en casi el 30 % del territorio del país y en menos de un año, para todo el país. Esperamos que las nuevas autoridades de gobierno que asumen el próximo 8 de mayo tomen en cuenta este importante tema.

En este artículo de hoy, vamos a entrar en el detalle de las consecuencias que tiene este problema de la excesiva y absolutamente confusa tramitología en un tema muy importante: la gestión de los recursos hídricos.

“Realidad ambiental”: consideremos que cualquiera de los lectores es propietario de un pequeño terreno (por ejemplo, de poco más de media hectárea: 7.000 m2) en una zona rural del mismo Valle Central, como Zarcero, Sarchí, Naranjo, etc., y que, tiene una casa de habitación y el resto lo dedica a la actividad agrícola. Un día, decide ir a la Municipalidad a solicitar que le den el permiso para hacer una pequeña casa más, en la propiedad, para que viva uno de sus hijos que se va a casar.

Resulta que en la Municipalidad realiza una rápida consulta a la base de datos (maravillosa tecnología, dirán algunos) que tiene la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente y Energía y le generan una impresión del resultado final. La totalidad de la finca queda envuelta en círculos de color rojo que se sobreponen, algunos de 100 metros de radio y otros de 200 metros de radio de protección.

Con esta información la Municipalidad le informa al propietario que no le puede gestionar ningún uso de suelo para la construcción de otra casa en el terreno. Definitivamente, le dicen, no se puede hacer nada.

Pero no solo eso, resulta que, en la misma Municipalidad, orientados por el número de plano de catastro de la finca, se dan cuenta que existe, desde hace algún tiempo, una resolución del Tribunal Ambiental Administrativo señalando que en la finca en cuestión se ha generado un daño ambiental por la construcción de una casa (la del propietario) y que existe una orden de demolición de la casa y la solicitud del pago de un considerable monto económico (varios millones de colones) como compensación por el daño ambiental producido.

Ante esta “realidad ambiental” algunos opinarán que fue una muy mala suerte del propietario y bueno, que “pobrecito”, pero no se puede hacer nada. Algo sencillo de decir cuando no se vive en carne propia y cuando los sueños y esfuerzos de toda una vida (de la familia) parecen desaparecer de un plumazo.

Otros podrán opinar que esto es una ficción imposible que suceda. Nos gustaría coincidir y decir que solo es un “mal sueño”, pero desafortunadamente es una realidad que ha ocurrido o está ocurriendo a muchos miles de personas y familias.

Y así, como este ejemplo, existen muchos otros casos, como aquel de la urbanización que tiene una planta de tratamiento de aguas residuales y una autorización de la Dirección de Agua del MINAE para que desfogue las aguas tratadas en una quebrada cercana y que, como producto de una inspección realizada por un funcionario del MINAE durante el verano, se anula esa autorización de desfogue porque en MINAE en el 2017 emitió un decreto que dice que ya las aguas tratadas no se pueden descargar en una quebrada intermitente (aunque lo sea solo unos días al año). Esta realidad, que no contempla los efectos del Cambio Climático, existe y se convierte en una horrible pesadilla para los desarrolladores o propietarios del proyecto.

Así podríamos seguir dando muchos ejemplos de casos similares.

Injusticia ambiental: resulta que cuando profundizamos en los detalles (no en vano nuestros abuelos decían muy sabiamente que: “el diablo está en los detalles”) nos damos cuenta de que en vez de una “realidad ambiental” estamos siendo testigos de una enorme “injusticia ambiental”.

Resulta que cuando se analiza la ubicación de las nacientes, para el primer caso, se observa que no todas existen y que, además, su localización no es precisa. Por otro lado, también se observa que varias de ellas se localizan “aguas arriba” de la finca y que, aunque la finca se ubique dentro del radio de “protección” en realidad no existe posibilidad real de que la misma pueda ser una fuente de contaminación para dichas nacientes.

Por otro lado, cuando se analiza el área de captura inmediata (o tubo de flujo) de la única naciente más cercana a la finca y que se encuentra a la misma altura de esta, tampoco existe posibilidad de que se dé riesgo de contaminación a dicha naciente.

Esta revisión se hace por medio de un estudio hidrogeológico ambiental por parte de un profesional en geología que tiene que demostrar todos los hechos investigados y que lo llevan a esa conclusión. Ese profesional lo debe hacer como una declaración jurada con la responsabilidad legal y ética que eso implica. Y lo hace después de hacer un trabajo de campo y gabinete detallado.

Algo que, en la gran mayoría de los casos, nunca se ha hecho para las miles o decenas de miles de nacientes o manantiales que existen en el país.

Así las cosas, resulta que todo lo que le indicó la Municipalidad al propietario es una enorme injusticia ambiental y que la orden de demolición y el pago de la compensación por daño ambiental deberían anularse. E incluso, el permiso para la otra casa se podría dar.

Parece el final feliz de una película, pero en realidad no lo es. Resulta que, aunque es la Municipalidad la autoridad constitucionalmente nombrada para resolver el tema del uso del suelo y el permiso de construcción y que, sobre la base del estudio técnico hidrogeológico señalado, podría resolver, por lo general, no lo hace. Prefiere consultar a la Dirección de Agua del MINAE o la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del SENARA. Y allí comienza el calvario. Ambas direcciones, a pesar de ser del mismo Estado, tienen posiciones diferentes y la solución del caso va a depender de muchas cosas, incluso judiciales y llevará mucho tiempo.

Como vemos, a pesar de que se dilucide la injusticia ambiental, la justicia real podría llevar mucho tiempo en concretarse. Así, los sueños y las vidas de las personas quedan truncadas, como suspendidas en el tiempo, por culpa de una engorrosa, ilógica y absolutamente bur(r)ocrática tramitología que, la verdad, es enemiga de la gente y del ambiente. Es decir, que prácticamente no sirve para nada positivo.

Estado confiscatorio y ladrón: existen muchos ejemplos como los señalados, no solo en tema de aguas, sino, también en muchos otros temas, como, por ejemplo, con bosques y el patrimonio natural del estado, en la definición de humedales, en la delimitación de zonas de protección no oficializadas o sin fundamento técnico para ello.

Son muchos los casos en que los propietarios prácticamente pierden sus terrenos en la realidad, pues, aunque el mismo siga a su nombre, en ellos no va a poder hacer nada y o si lo hacen será de forma ilegal. Esa es la realidad de un sistema y un estado que sobre la base de espesas marañas tramitológicas y normativa sancionatoria, “confisca” la propiedad privada y prácticamente la “roba”, pues no permite a su propietario hacer uso de esta según las condiciones ambientales del terreno.

Y como se podrá notar, el desarrollo de plataformas digitales de información, dizque “muy modernas y ágiles” lejos de beneficiar a los ciudadanos, más bien los afecta. La razón de esto es muy simple, el sistema computarizado no es el problema, el problema está en la información con que el Estado y sus instituciones lo alimenta. Se trata de información poco precisa, a diferentes escalas, sin corroboración de campo y carente de certeza en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, eso no se les informa a las municipalidades ni a las otras instituciones que consideran la información como válida y oficial y toman decisiones a partir de ella. Algo que debe ser solucionado lo antes posible.

Desconocemos con precisión la cantidad de casos, como los ejemplos mencionados que se han presentado y están vigentes como expedientes en sede judicial. No obstante, por los datos del Tribunal Ambiental Administrativo, de la Dirección de Agua, del SENARA y en consideración de la base de información ambiental existente, se estima que se trata de miles o decenas de miles de casos que van a sobrecargar aún más al Poder Judicial. Algo que puede ser resuelto por otras vías completamente diferentes y sin que se gasten tantos recursos económicos y humanos, así como tantos años de incertidumbre y paralización.

Hacia una solución integral: como hemos señalado, existe una solución concreta e integral que realmente permita utilizar los sistemas computarizados y las bases de información detallados para solventar este enorme problema de la “injusticia ambiental bur(r)ocrática”. Y no se trata necesariamente de cambiar las leyes existentes, sino, más bien, de eliminar, depurar, simplificar y hasta sustituir toda la normativa regulatoria (decretos ejecutivos, oficios, resoluciones, memorándums, lineamientos y otros) para cada uno de los sectores y subsectores.

Es indispensable adaptarse a los tiempos actuales y depurar todo el sistema para que opere de una forma más eficiente. Todo eso es posible hacerlo y empezar a ejecutarlo en al menos el 30 % del país en un plazo de meses. Como hemos dicho, sobre esa base y un sistema de Permiso Ambiental Integral automatizado fundamentado en inteligencia artificial es posible y realista pasar los trámites de permisos para proyectos de inversión y desarrollo, de cuatro años promedio a solo cuatro semanas.

Se trata de un asunto de trascendental importancia para nuestro país, pues sin ese cambio, sin esa transformación, no es posible promover inversión y desarrollo y, sin esto, tampoco se puede activar y hacer crecer la economía de Costa Rica. Se trata de un asunto prioritario para el bien efectivo de la gente y el ambiente. En consideración de esto, nos ponemos a las órdenes de las nuevas autoridades de gobierno, pues sabemos que la tarea es mucha y el tiempo corto.

¿Hacia dónde “fluye” Costa Rica?

A poco más de un año de que se haya iniciado el proyecto denominado “Costa Rica Fluye” y analizando con detenimiento los resultados mostrados se hace importante hacer algunas observaciones sobre el tema y cuestionarnos hacia dónde fluye nuestro país. Esto, dentro del contexto de lo señalado previamente por el autor  y en particular considerando la grave situación económica que está pasando nuestro país y con ella una gran parte de la población.

Visión de la crisis: como hemos mencionado previamente  la situación de la crisis en que se encuentra nuestro país, antes de la Pandemia y durante la misma es vista de forma muy diferente por la población. Es como si existieran dos Costa Rica.

Para una parte de la población la crisis no parece ser tan significativa. Ello, en razón de que sus ingresos (por salario, pensión o ingresos por negocios no afectados por la Pandemia) no han sido afectados. Por eso, para esa población, la situación no es tan grave y la coyuntura actual es interpretada como “temporal”.

Para otra parte de la población, que no tiene ingreso fijo ni estable (porque está desempleado, trabaja en la informalidad o porque sus negocios son altamente vulnerables a la situación económica), la situación es muy seria y grave, con el agravante de que ya es mucho tiempo acumulado y de que, todavía, no se ve la “luz al final del túnel”.

Siendo así que existe una gran mayoría de la población (al menos la mitad) que está pasando por una situación muy seria y que el mismo Estado tiene, también un problema fiscal muy serio, es claro concluir que el país se encuentra en una situación socioeconómica muy seria y que requiere una solución profunda e integral.
Por tanto, la búsqueda de soluciones para reactivar la economía del país tiene que tener muy claro esa visión de la crisis y plantearse de forma muy seria, crear soluciones realmente proporcionales a la misma.

Es muy importante no crear falsas expectativas. Como, por ejemplo, decir que podemos resolver todos nuestros problemas con la explotación de hidrocarburos o de minería metálica de yacimientos no probados e inexistentes. Hacer eso es altamente contraproducente y puede afectar aún más la gobernabilidad de nuestro país.
Costa Rica fluye: este proyecto tiene como objetivo contribuir con esa reactivación económica del país por medio de un proceso de agilización del trámite de permisos o autorizaciones que se requieren para emprender o desarrollar actividades productivas. Esta financiado, en gran parte, por la Fundación CRUSA y cuenta con un decreto ejecutivo que lo declara de interés público.

El objetivo planteado para el proyecto es clave en la medida de que, como hemos señalado, es de enorme importancia impulsar un acelerado y potente desarrollo socio ambientalmente sustentable para el país.

Costa Rica tiene recursos y potencial para ello. No obstante, el mayor problema que tiene es la tramitomanía (o tramitología) que es tan complicada y llena de requisitos que, es casi imposible, predecir cuanto puede tardar y costar empezar a ejecutar un determinado proyecto de inversión y desarrollo. Lo que se sabe es que no es fácil y que el tiempo se mide en años. Bajo esas condiciones es, prácticamente, imposible impulsar una rápida reactivación productiva del país. De allí la importancia de hacer fluir a Costa Rica.

No obstante, cuando se revisa el detalle del alcance planteado al proyecto referido, no podemos más que decepcionarnos. Resulta que los mismos gestores del proyecto reconocen que en el país hay cerca de 300 procesos de tramites que requieren ser mejorados, pero el proyecto solo va a atender, en dos años, 25 de esos procesos, es decir, un 8 % del total. Una cantidad poco significativa.

De todos esos 300 procesos hay al menos una 50, cuya mejora integral y sustancial es vital. La mayoría de ellos se refiere a temas ambientales en un sentido amplio. No obstante, cuando se revisan los procesos que están siendo atendidos por el proyecto, solamente uno de ellos está siendo gestionado. Se trata del todos los procesos de permisos y autorizaciones técnicas que tiene que emitir el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Así, desde la perspectiva del Proyecto Costa Rica “fluye” se requerirían más de 20 años para atender todos los procesos que tienen que ser mejorados y una importante inversión económica (más de 10 mil millones) para lograrlo. Se detecta así un fallo sustancial en el planteamiento que creemos que debería ser profundamente revisado.
Por otro lado, desde el punto de vista ambiental también resulta cuestionable el hecho de que sea una Asociación de Empresarios Privados (Horizonte+) y no de expertos técnicos los que están tratando de arreglar la compleja tramitomanía anquilosante que afecta nuestro país.

Decimos que “desde el punto de vista ambiental”, en la medida de que el proceso de mejora de la tramitomanía debería desarrollarse con atinado criterio ambiental y social, de manera tal que, no provoque dudas en los sectores ambientales y sociales y que los haga pensar que el sector empresarial está jugando un papel de “juez y parte” para regular en su “propio beneficio”.

Por situaciones como estas es que surgen paradójicos conflictos como el de la no ratificación del Acuerdo de Escazú. Precisamente porque surge una profunda desconfianza entre los sectores y los lleva a tomar posiciones polarizadas. Algo que para nada beneficia al país y que se resuelve llevando transparencia donde hoy existe cierto grado de opacidad.

Solución y futuro: la situación coyuntural del país es absolutamente extraordinaria y por eso, se requiere de una solución proporcional. Solo así se puede garantizar un futuro de progreso socioeconómico que, de forma indispensable, tiene que ser ambientalmente sustentable. Es nuestro criterio que, hacia ese derrotero no nos estamos dirigiendo. Necesitamos hacer mucho más.

Nos urge avanzar hacia lo que denominamos un Permiso Ambiental Integral (PAI) que utilice todo el potencial tecnológico disponible y fundamentado en un sistema automatizado basado en inteligencia artificial (IA) y en información ambiental inteligente y absolutamente transparente y objetiva. Debemos que aclarar que, aunque algunos cuestionan el uso de la IA, no podemos negar que es el futuro y que en esa dirección se está moviendo el mundo desarrollado. La incorporación a la OCDE nos empuja y acelera en esa dirección.

Un eficiente y completo sistema de algoritmos bien desarrollado y controlado, puede resultar mucho más eficiente y efectivo para agilizar la tramitomanía que un complicado sistema de permisos que requiere de muchas decisiones humanas y, que, como hemos visto con el caso de “La Cochinilla”, puede corromperse de forma tan profunda que puede poner en peligro la integridad institucional de todo un país.

Necesitamos avanzar en una dirección mejor planificada y con objetivos más claros. No podemos darnos el lujo de postergar más algo que debimos empezar a corregir hace muchos años.

Costa Rica tiene el potencial para lograr un PAI transparente y efectivo que, verdaderamente, active el desarrollo y la inversión socio ambientalmente sustentable. Solo tenemos que hacerlo, pues las herramientas ya existen y están disponibles.

Adaptación evolutiva vs tramitomanía anquilosante

¿Cuál de esas dos situaciones es la que le conviene al país para salir adelante? Sobretodo en estos aciagos y extensos tiempos de Pandemia y sus consecuencias socioeconómicas. Ese es nuestro principal reto para coadyuvar con la reactivación de nuestro país.

La adaptación evolutiva es un rasgo que caracteriza a todos los seres vivos. En términos sencillos significa la capacidad de realizar cambios fisiológicos, de comportamiento y hasta de rutinas operativas que permitan al organismo y a su especie ajustarse a su medio ambiente y los cambios que puedan afectarlo. Es un mecanismo importantísimo para sobrevivir y permanecer como especie. Las especies que no logran adaptarse desaparecen de forma natural. Así sí funciona la naturaleza.

Tramitomanía anquilosante: existe un consenso general de que nuestro país se caracteriza, desde hace mucho, por tener un exceso de trámites administrativos que, conforme pasa el tiempo, lejos de simplificarse, cada día crecen en número y en requisitos. Los sectores productivos privados y, también, los públicos, saben esto muy bien. Se trata de un tema que se discute desde hace más de 20 años, sin que se solucione de forma integral.
El tema ambiental y sus diferentes matices han venido a incrementar aritméticamente, durante las últimas dos décadas, la cantidad de trámites y la han convertido en una lista casi interminable de requisitos.

El paso a las plataformas digitales que se ha realizado en los últimos años, aunque representan un importante esfuerzo, no ayudan a resolver el problema de raíz y más bien lo trasladan a otra parte del proceso, pero al final, el exceso de requisitos se mantiene y en el peor de los casos, se incrementa, solo que en formato digital.

Antes de que empezara la Pandemia, publicamos (ver: www.allan-astorga.com) la importancia de hacer evolucionar y avanzar nuestra normativa técnica y, de ser posible, nuestra propia legislación (ambiental, aunque la adaptación aplica para una gama mucho más amplia), a fin de ponerla al día, con la necesidad de los tiempos actuales. Con la Pandemia y sus secuelas la situación es todavía más apremiante. Si antes ya era una urgencia, ahora se ha convertido en una super urgente prioridad estratégica para el país, pues es una de las acciones más relevantes que se requieren para sacar al país adelante.

Lejos de eso, por diversas causas, la situación no ha avanzado. Todo lo contrario, a un año de Pandemia, no se observa que se estén realizando las acciones necesarias para generar un cambio efectivo y real. Con la disminución significativa que ha implicado la Pandemia para el trámite de nuevos proyectos de inversión ante las instituciones del Estado, podría pensarse que ese tiempo transcurrido y la posibilidad de desarrollar coordinación interinstitucional a distancia, hubiese servido para realizar efectivas y eficientes acciones concretas para la agilización de trámites, pero, desafortunadamente, no ha sido así.

La situación sigue igual, como si la Pandemia no hubiera y estuviera cambiando el mundo y haciendo que nuestro país completo se sumerja rápidamente en una profunda crisis de subdesarrollo. Así, hemos pasado de una simple tramitomanía excesiva y pesada, a una tramitomanía anquilosante que prácticamente está paralizando el motor del desarrollo que tiene el país y que es la principal esperanza para avanzar.

Algunos indicadores de anquilosidad: hay muchos ejemplos de la grave situación de exceso de normativa contradictoria que provoca una enorme inseguridad jurídica para quienes deseen hacer una inversión en nuevos proyectos de desarrollo (pequeños hasta muy grandes).

Uno de esos temas tiene que ver con los recursos hídricos, al cual ya nos hemos referido. Existe una normativa altamente contradictoria y abierta a la interpretación discrecional sobre radios de protección de manantiales o nacientes, protección de acuíferos, radios de operación de pozos, vulnerabilidad acuífera, sistemas de tratamiento de aguas residuales y vertidos en cuerpos de agua, entre otros, que puede arreglarse fácilmente desarrollando una sola normativa integradora que facilite la gestión del recurso. Lo increíble es que existe un borrador de propuesta desde el año 2005 y todavía hoy, lejos de haberse resuelto la situación, se sigue a la espera de una Ley de Aguas, cuya última versión, y archivada, no representaba la solución, sino un mayor anquilosamiento en el tema.

En materia de evaluación de impacto ambiental, la situación no está muy lejos. Resulta que el 95 % del total de proyectos que se realizan en Costa Rica, no pasan por la SETENA, debido a que son menores de 500 metros. El porcentaje es mayor si nos referimos a los proyectos que no hacen una EIA completa con el formulario D1. Esto es un claro indicador de que el instrumento no está funcionando, pues no logra cubrir ni el 5 %, y, a esos que cubre les genera un complejo y largo proceso de trámite, a pesar de la plataforma digital que se ha abierto y que, se supone, agiliza el trámite. Ahora lo engorroso es poder cumplir con todos los requisitos de esa plataforma digital.

Este tema de la EIA y su funcionalidad tiene una solución bastante simple y para la cual ya habíamos hecho una propuesta (ver: www.allan.astorga.com). Se basa en el hecho de que los municipios dispongan de planes reguladores con variable ambiental debidamente integrada y que, con la aplicación de un algoritmo de agilización de trámite de EIA, la mayoría de los proyectos que no generen impacto significativo puedan tramitar sus permisos directamente en la Municipalidad y no en la SETENA. Esto, siempre que se ubiquen en áreas cuyos estudios de fragilidad ambiental determinen que tienen condiciones para ello o que se demuestre que se están aplicando las medidas tecnológicas para adaptarse a las condiciones de fragilidad ambiental que fueron determinadas. De esta manera se podría agilizar mucho el sistema sin desproteger el ambiente. El trámite ambiental se puede reducir de 20 meses (promedio) a solo un mes.

Existen otros muchos indicadores, pero por un asunto de espacio no es posible detallarlos todos. Sin embargo, estos que indicamos dan una clara idea de la situación en la que nos encontramos.

Gran reto: para que el país pueda salir a adelante requiere inversión y desarrollo. Para eso, debe mejorar la seguridad jurídica a los proyectos de todo tipo. Ello, sin desproteger el ambiente y garantizando la sustentabilidad del desarrollo.

Aunque para algunos no parezca posible, pues se debaten entre una apertura sin regulación alguna o un proteccionismo ambiental extremo, si existe una solución. Consiste en eliminar, con el debido criterio técnico, la tramitomanía anquilosante que se ha creado a lo largo de los años. Solo se requiere adaptar la normativa a la nueva realidad que tenemos que enfrentar.

Si es posible proteger el ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, sin que entre en contradicción con el impulso al desarrollo y la inversión de proyectos. Es vital lograr este objetivo por el bienestar de todos.