Piña vs agua: El costo del sacrificio ambiental

Ante un reciente reportaje del Programa “7Días” sobre pros y contras del cultivo de piña intensiva en Costa Rica, y dadas las imprecisiones allí manifestadas, se hace necesario hacer algunas aclaraciones.

Efectivamente, los cultivos intensivos de piña producen una serie de impactos ambientales. Entre ellos se cita la afectación de áreas de protección cauces, la corta de árboles, el incremento exponencial del factor erosión de los suelos, el aporte de sedimentos a los ríos y un serio impacto en el paisaje.

Pero esos impactos no son los principales, el más importante y de verdadero efecto negativo se refiere a la afectación de las aguas subterráneas o los acuíferos. En efecto, la Piña “Sweet Gold” o MD2 requiere de una gran cantidad de sustancias químicas que se infiltran en el suelo (Nota 1).

Para comprender bien esto hay que saber que en nuestro país hay muchos acuíferos. Posiblemente se trata de uno de los recursos naturales más importantes que tenemos. Pero, además, es un recurso estratégico, porque las aguas subterráneas aportan un porcentaje muy alto del agua para el consumo humano (cerca del 70 %).

Lo otro que hay que comprender es que los acuíferos son vulnerables a la contaminación. Contaminación que proviene de las actividades que se dan en la superficie. Una de ellas es la agricultura y en particular la agroindustria como el cultivo intensivo de la piña.

El problema que existe con la piña agroindustrial o su cultivo intensivo no es que se siembre o no, sino el “paquete tecnológico” que utiliza para la producción. Revisando ese paquete tecnológico propuesto por la misma empresa Pindeco en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la controvertida piñera en Osa, muestra que el 80% de los agroquímicos que utiliza son tóxicos y contaminantes al suelo y las aguas (superficiales y subterráneas).

El problema es que esos agroquímicos se aplican durante toda la “vida útil” de la piñera, que puede ser muchas décadas. Este hecho produce un efecto ambiental acumulativo que se traduce en contaminación y daño ambiental a los acuíferos.

En el caso de la piñera en Osa, el mismo estudio hidrogeológico presentado como parte del EIA a la SETENA señala que sí se va dar contaminación al acuífero. Y, además, señala que se producirá una pluma de contaminación de 4.000 metros de ancho y 1.500 metros de longitud, moviéndose hacia el Humedal Térraba Sierpe, con el cual el Acuífero tiene conexión hidráulica, es decir, que tarde temprano la contaminación podría llegar al Humedal.

A los empresarios de la piña, a las cámaras y a la misma gente del MAG, para defender la actividad, les gusta a menudo usar números. Dicen que produce empleo (se estima que dos trabajadores por hectárea) e importantes ingresos por exportaciones, así como el pago de impuestos. Así, suena como un muy “buen negocio”. No obstante, cuando se les cuestiona sobre el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDH) en los cantones piñeros, ahí, los señores empresarios se muestran más evasivos: son los cantones con el menor IDH comparados con cantones sin piña.

Pero también, desde el punto de vista ambiental, se pueden hacer números. La pregunta sería cuál es el costo aproximado del potencial daño ambiental a un acuífero. A modo de ejemplo, en el caso de la piñera en Osa, considerando el mismo estudio hidrogeológico aportado por la empresa, y usando un espesor de 30 metros para el acuífero y un 25 % de porosidad, nos damos cuenta que el volumen de agua que se contaminaría sería de 45 millones de metros cúbicos. Si estimamos el costo de depuración de esa agua subterránea contaminada (aproximadamente $500 / m3), sería de algo más de $20.000 millones.

Como se puede ver el costo beneficio socioeconómico no está bien hecho (aunque lo haga una entidad muy cercana al gremio empresarial como el INCAE), si no considera el tema del costo ambiental. No estamos muy seguros que el INCAE incorpore en sus programas a especialistas en gestión y evaluación ambiental, por lo que su estudio sobre la piña puede adolecer de algunos importantes vacíos. 

Visto desde un enfoque mucho más integral, el negocio no parece ser tan bueno para el país, pues los beneficios socioeconómicos que se obtienen se hacen a costa de un grave sacrificio ambiental. Uno más, que se suma a otros muchos sacrificios ambientales que se originan cuando las decisiones políticas se imponen a las decisiones técnicas y científicas. Por lo visto, muchos de nuestros políticos ignoran, cuando toman decisiones, lo que dice el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, que señala que se debe cumplir con principios de lógica, ciencia y técnica.

Vías de solución: nuevamente, no se trata de que no se haga nada, sino que las actividades productivas se realicen cumpliendo el Principio de Sustentabilidad Ambiental (ver: www.allan-astorga.com). En el caso de la piña, hay dos alternativas: la primera que la producción de la fruta modifique el paquete tecnológico para producir una piña más ecológica que realmente represente la “marca país”. La otra solución es que, con criterios de ordenamiento ambiental territorial (ver Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE), se localicen terrenos realmente aptos para el cultivo de piña intensiva, y se descarten otros donde el impacto sería mayor. A la fecha no se cuenta con alguna clasificación ambiental de suelos, por lo que la piña se extiende por doquier de manera totalmente irresponsable, sin dar un cumplimiento efectivo a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos.

Esto último es posible, pero debe cambiarse el paradigma de comprar primero las fincas, para luego hacer los estudios técnicos y solicitar la Viabilidad Ambiental, algo que nos afecta a todos: empresarios, instituciones, ciudadanos y, en particular, a nuestra Naturaleza, el ambiente y sus cada vez más limitados recursos naturales, como el agua.

Además, dado que el tema de la vulnerabilidad acuífera del terreno es el factor clave, y dado que tanto la Sala Constitucional, como el mismo Tribunal Contencioso Administrativo han recalcado la importancia de aplicar la Matriz del SENARA, como criterio para decidir el uso del suelo y la intensidad de ese uso, se hace indispensable que tanto las nuevas plantaciones que se planteen, como las ya existentes, deban revisar la condición de vulnerabilidad de los fincas donde se ubiquen a fin de que establezcan medidas correctivas, preventivas y dado el caso, compensatorias.

En el 2011 tuvimos la oportunidad de plantear al siempre Director de Aguas del MINAE las siguientes preguntas, sin respuestas a la fecha:

“¿Podría tal vez don José Miguel explicarnos, por ejemplo, qué ha hecho su Ministerio, para, en coordinación con el MAG y el Senara, evitar que se repita el desastre ocurrido con los acuíferos en el Cairo y Milano de Siquirres debido a la contaminación de plaguicidas por las plantaciones de piña alertada desde el 2005 por la UNA y confirmada en julio del 2007 por el Ministerio de Salud? ¿Dónde consta algún protocolo MAG/Minae/AyA/Senara al respecto para evitar, a modo preventivo, que se repita esta tragedia en otras partes del país? ” (Nota 2). 

Este tema debería ser tomado en cuenta por los mismos importadores, pues es clave para certificar cuál es el costo ambiental de la piña que están comprando. En Costa Rica es posible producir piña ambiental y socialmente sustentable, solo se ocupa anteponer la ciencia y la técnica, por encima de las arbitrarias decisiones políticas que se olvidan que nuestra naturaleza y nuestro ambiente no son infinitos, sino muy limitados.

Nota 1: En el anexo XII, p. 57 de este documento publicado por la Unión Europea se da la lista de todas sustancias químicas requeridas. El texto está disponible en: http://pip.coleacp.org/files/documents/IT-AnanasMD2%2012-2011-02-1-UK.pdf

Nota 2: Véase nuestro artículo ASTORGA A, “Manejo o control integrado de las aguas”, Mayo del 2011, La Nación. Texto disponible en: http://www.allan-astorga.com/allan-astorga/2011/05/manejo-o-control-integrado-de-las-aguas

Conviviendo con el riesgo

Cada año la historia de las pérdidas de vidas y de bienes materiales así como obras de infraestructura vial se repite. Los eventos casi siempre son los mismos: se dan lluvias intensas y, como consecuencia de ello, se dan inundaciones y deslizamientos que provocan muchos daños, no solo en la GAM, sino también a lo largo de todo el país.

La causa original de esa situación encuentra la explicación en el hecho de que nuestro país es un territorio geológicamente muy activo, es decir, se presenta mucho relieve y formaciones geológicas inestables que, combinados con el hecho de que nos encontramos en una zona tropical, sujeta a muchos eventos hidrometeorológicos, da como resultado los desastres que cada año se repiten en todo el país.

Está demostrado, científicamente, que la mayoría de esos eventos naturales, aunque no se pueden evitar, en su gran mayoría si se pueden indicar como zonas de alta y muy alta amenaza en mapas de escala detallada. De forma tal que es posible evitar que las construcciones se desarrollen en esas zonas ya identificadas. Esto es una tarea de la Gestión Preventiva del Riesgo, tal y como lo establece nuestra Legislación.

En Costa Rica, desde el 2006, se cuenta con una metodología de zonificación ambiental (Decreto 32967 – MINAE) que, entre otras cosas, permite identificar las zonas de alta y muy alta amenaza. Esta metodología (los IFA) se ha aplicado en una importante cantidad de cantones del país, entre ellos los 31 cantones de la GAM.

En el caso de la GAM se generó cartografía a escala 1:10.000, una escala apropiada para la elaboración de planes reguladores de los 31 cantones de la GAM.  La misma puede ser consultada en la página electrónica: www.mivah.go.cr como los “productos del PRUGAM”.

Pero la información de los IFA de la GAM y de otras regiones del país, no solo permiten reconocer esas zonas de alta y muy alta amenaza (a inundaciones, deslizamientos, fallas geológicas, etc.), sino también han permitido identificar donde se presentan construcciones dentro de esas zonas, es decir, construcciones en condición de Alto y Muy Alto Riesgo.

Un ejemplo concreto de esto lo representa la cartografía de IFA Amenazas Naturales que se realizó para el cantón de Escazú. Es fácilmente comprobable el hecho de que el área afectada por una avalancha en Quebrada Lajas de Escazú, donde murieron 23 personas en noviembre del 2010, ya se había identificado e informado a la Municipalidad desde el año 2006. Desde ese año se le había indicado a la Municipalidad la importancia de que los pobladores de esa zona de muy alto riesgo fueran informados de su situación y que contaran con un plan de emergencia en caso de un evento. Desafortunadamente, nunca se hizo nada.

Los datos de los estudios del PRUGAM, realizados en el 2008, indicaban que ya para ese año cerca del 20% de la población de la GAM (aproximadamente 500.000 personas o 100.000 familias) vivían en construcciones localizadas en sitios de alto y muy alto riesgo. Casi 10 años después, y sin que se haya hecho mucho al respecto, es muy probable que esa porcentaje se haya elevado, con nuevas construcciones en esa condición.

Como se puede ver, es un tema muy delicado, en particular si se toma en cuenta que, además de las inundaciones y deslizamientos producidos durante periodos lluviosos, se puede sumar la posibilidad de la existencia de un terremoto que afecte el Valle Central. Algo que podría resultar muy dañino, para todas esas construcciones que se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.

Líneas de acción. La solución para esta seria situación en que se encuentra el país parte de dos líneas básicas.

La primera sería que las municipalidades de la GAM (y de otros cantones que tengan información de IFA Amenazas Naturales a escala apropiada: menor de 1:25.000) utilicen dichos datos para evitar que se desarrollen nuevas construcciones en sitios de alta y muy alta amenaza o que, en su defecto, las construcciones en cuestión contemplen diseños apropiados para disminuir su condición de riesgo, siempre que sea posible.

Es importante recalcar que esta tarea es indispensable, dado que, como ya se dijo, la cantidad de construcciones de alto y muy alto riesgo se sigue incrementando año con año, así como los daños que se producen. Al respecto, las municipalidades deben tomar una clara conciencia de actuar, no postergando el asunto a que se deben tomar acciones hasta que se cuente con planes reguladores aprobados. Lo más importante es considerar la información de zonificación ambiental existente y utilizarla como base para establecer Ordenanzas Municipales de Gestión del Riesgo, tal y como lo establece la Ley Planificación Urbana.

La segunda acción concreta tiene que ver con las construcciones que ya se encuentran en condiciones de alto y muy alto riesgo. Aquí también las municipalidades y las comisiones locales de emergencia juegan un papel importante en la tarea de establecer planes de prevención, de alerta temprana y de emergencia.  Pero esto no es suficiente. Dichas acciones deben acompañarse con un seguro de bajo costo, para desastres naturales.  De esta forma, los habitantes de estas zonas de alto y muy alto riesgo, en caso de ser afectados por un evento natural que les provoque daños a sus propiedades, podrían disponer de recursos para poder recuperarse, al menos en parte de su pérdida.

Considerando la cantidad de personas de solo la GAM, que se encuentran en condición de Alto y Muy Alto Riesgo a las amenazas naturales, existiría factibilidad para la creación de un seguro de este tipo, de manera que las personas afectadas puedan tener una base de inicio más sustentable que la que actualmente existe.

Finalmente, se impone una moratoria para nuevas construcciones en las partes altas de varias cuencas de ríos del Valle Central: la gran cantidad de agua que causa destrozos actualmente se debe a la impermeabilización de los suelos cuenca arriba de años atrás. 

Como se puede ver, aunque no podamos cambiar la condición de susceptibilidad que tiene nuestro país a las amenazas naturales, si podemos actuar con acciones muy concretas de Prevención del Riesgo, que permitan salvar vidas y mitigar los daños que cada año se siguen dando con una tendencia creciente. Ello sin hablar del costo económico que suponen estos daños recurrentes y la atención a los más vulnerables, cada vez más numerosos, por parte de un Estado con recursos cada vez más limitados.

“Interestelar” y la cruda realidad

Hace algunos pocos años se proyectó una película denominada “Interestelar”, puede que algunos o muchos la hayan visto. Es una película futurista y transmite un importante mensaje a la humanidad, sobre el valor de nuestro planeta Tierra y, particularmente, del equilibrio ambiental del mismo, como una forma de sustentar la vida de todo tipo.

En la película se parte del hecho de que en algún momento del siglo XXI la humanidad, por diversas causas, incluyendo las guerras, había terminado de afectar muy seriamente el clima del planeta, haciendo que este estuviera “enfermo” y que, en condición de desequilibrio, ya no tuviera capacidad para sostener la vida, incluyendo la de los seres humanos.

Como buena película de Hollywood, en ese caso, se encuentra una salida casi “milagrosa”. Seres extraterrestres del futuro colocan un “agujero negro” que sirve de puerta hacia otra galaxia, donde se puedan encontrar algunos planetas que puedan tener algunas condiciones para ser habitados por humanos, y así, poder continuar con la especie. 

Aparte de que permiten encontrar una solución para que los seres humanos puedan abandonar la Tierra para irse a vivir en instalaciones espaciales habitables.

En la vida real la posibilidad de la “ayuda extraterrestre” para resolver los problemas que nosotros mismos le hemos creado al planeta es absolutamente nula para no decir fantasiosa. La explicación para ello es sencilla: nuestro planeta, particularmente la que llamaremos la Ecosfera, que junta a la Atmósfera, la Hidrósfera (incluyendo los océanos) y la Biosfera, ha sido afectada, en tiempos geológicos, de forma cíclica. Se ha pasado por muchas crisis, algunas muy graves, con grandes extinciones masivas de especies y, sin embargo, a pesar de todo, la vida en general, con nuevas especies, ha sobrevivido.

El problema es que esa sobrevivencia o recuperación se da en “tiempos geológicos” que se mide en miles o decenas de miles de años, en el mejor de los casos o en millones de años, cuando la crisis ha sido muy grave. Ninguna de ellas se ha resuelto, por lo que se sabe, con la “ayuda extraterrestre”, y la crisis que se aproxima tampoco va a ser la excepción.

La cosa en común que tenemos con el tema de fondo de la película citada es que, efectivamente, en los tiempos actuales del siglo XXI nos encontramos ingresando en una fase de crisis de la Ecosfera. Crisis que ha sido catalizada por la misma humanidad, no solo en lo referente al incremento muy significativo relacionado con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (como CO2 que ya alcanza las 400 ppm en la atmósfera), sino por otros factores igual de graves, como la afectación de los biomas continentales y marinos, al punto de llevar a algunos hasta una condición de “límite crítico”.

En pocas palabras, como hemos señalado en un reciente artículo “La Tierra se nos agota” (ver: www.allan-astorga.com) y seguimos sin tener conciencia de ello, dado que, por un lado, la prensa nos informa y reinforma sobre lo que llamaríamos la “problemática humana” que ocupa muy diversos temas, desde sucesos hasta futbol, pasando por guerras, farándula y otras muchas cosas que llenan nuestra vida, sin que nos logremos ubicar en la real perspectiva en que nos encontramos.

A lo largo de lo que sigue del siglo XXI, los problemas ambientales de todo tipo se van a seguir incrementando y tarde o temprano van a llegar a afectar la calidad de vida de todos. De allí la enorme importancia de tomar medidas desde ahora.

Hemos sido insistentes en señalar este punto, dado que todavía es posible tomar acciones para mitigar los efectos de esta crisis de la ecosfera que se nos aproxima o que ya se ha iniciado. El grado de intensidad con que esa crisis ecosférica afectará cada país o territorio en el mundo va a ser diferente e inversamente proporcional al grado de preparación que tenga cada sociedad para enfrentar las diversas manifestaciones que se irán presentando.

Como hemos recalcado mucho, no es suficiente que nos comprometamos “voluntariamente” a reducir las emisiones a lo largo del siglo, para que la temperatura de la atmósfera no suba más de 2º Celsius. Se hace necesario atacar el problema de manera integral y en varios frentes.

Aunque es un problema global, y lo ideal sería que las soluciones también lo fueran, en la práctica, cada país debe realizar los mayores esfuerzos por trabajar en el tema para estar lo más preparado posible. 

Esto, junto con la tarea de trabajar también en la mejoría de las condiciones de calidad de vida de su población y de su crecimiento económico. Por eso insistimos que se trata de nuestro principal reto, un reto que debe convertirse en el norte objetivo de nuestro modelo de desarrollo.

Modelo de desarrollo que, definitivamente, no puede estar basado solamente en “crecimiento económico” y “disminución de la pobreza”. Eso no es suficiente, aparte de que son los mismos argumentos que cada cuatro años, desde hace cerca de cuatro décadas, se levantan como principal consigna durante la época electoral.

Sobre esa “bandera de lucha” cada administración de gobierno, unas más que otras, lo que ha procedido a recetarnos es un sacrificio ambiental, aumentado el deterioro de nuestra Ecosfera y, lo peor de todo, sin cumplir los objetivos planteados. ¿Cómo es posible que la degradación de la calidad de vida de quienes vivimos en la GAM no sea objeto de discusión en una campaña electoral? 

Urgente. Cada año, desde hace más de 20, nos lo recuerdan los informes del Estado de la Nación y de la Región (centroamericana). Tampoco la situación se resuelve promoviendo una nueva Constitución. El reto que se enfrenta es un tema más serio que eso, y de allí que las soluciones se deben implementar en el menor plazo posible. Y siempre con visión de país y no de sectores particulares interesados. En el caso de Costa Rica, como hemos señalado, algunas de las soluciones prácticas y urgentes son las siguientes:

a.     Control ambiental eficiente y efectivo, de todas las actividades productivas, a fin de cumplir el Principio de Sustentabilidad Ambiental y de disminuir o eliminar la contaminación que todavía se produce en grandes cantidades.

b.     Ordenamiento y Planificación Territorial, a fin de gestionar temas clave como la protección y uso sustentable de los recursos hídricos, de las áreas silvestres protegidas, de las tierras para producción agrícola, del desarrollo costero y del desarrollo urbano ambiental y socialmente sustentable; así como la correcta gestión del riesgo y de la protección de la biodiversidad.

c.      Planificación Estratégica del desarrollo del país, con la dimensión ambiental integrada, según criterios de Evaluación Ambiental Estratégica. Algo que resulta urgente en temas de: energía, infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, así como en desarrollo turístico y de educación integral.

d.     Fortalecimiento del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y de la SETENA misma, para que, de forma efectiva, tutelen de forma eficiente el artículo 50 constitucional, bajo la aplicación del Principio de Sustentabilidad Ambiental, y

e.      Eficiente gestión de los recursos marinos de nuestro país, en su Zona Económica Exclusiva, cuya área es 10 veces mayor que el territorio continental y que se localiza en una de las zonas tropicales más biodiversas y ricas del mundo.

Con estos ejes estratégicos el país debe alinear su Modelo de Desarrollo, y de esta forma, garantizar la sustentabilidad ambiental de su crecimiento, cumpliendo los dos objetivos siempre planteados, pero poco cumplidos: crecimiento económico y combate de a la pobreza y el desempleo.

Ante la propuesta de un “Acuerdo Nacional” multipartidario para el “progreso del país” y al cual, por una razón que no entendemos, quedó fuera el tema ambiental, creemos que integrar lo aquí señalado resulta fundamental. Ello en aras de poder establecer un norte correcto para nuestro país que, como hemos dicho, tiene la oportunidad de avanzar y servir de ejemplo al mundo, en lo referente a cómo se debe afrontar el gran reto ecosférico del siglo XXI.

Ya es tiempo que el tema ambiental sea tema de campaña en Costa Rica. Ya es hora que dejemos de creer en las mismas frases vacías, y que tienen a nuestro país en la crítica situación que enfrenta desde la perspectiva ambiental.

La Tierra que se nos agota

En diversos escritos previos (ver www.allan-astorga.com) hemos insistido en un tema que consideramos fundamental para la humanidad: desde el 2015, se alcanzó, a nivel planetario, un límite crítico (o seguridad) de afectación de los ecosistemas terrestres, lo que hace que, desde hace dos años, estemos “empeñando” nuestro futuro, en particular el de nuestros niños y de las generaciones que todavía no han nacido.

Hemos sido insistentes en recalcar que este debería ser el problema más importante que deberíamos enfrentar como Humanidad. Es tan grave, como los mismos efectos del Cambio Climático.

Estudio global: el estudio realizado que llegó a esa grave conclusión fue realizado a nivel planetario (“http://Science.sciencemag.org/content/353/6996/288”), y se detectó que 9 o de los 11 Biomas existentes en nuestro planeta han sido significativamente dañados por la actividad humana (agricultura, agroindustria y desarrollo urbano de todo tipo). 

Los Biomas tropicales, los más biodiversos, son de los más afectados. El límite crítico se estableció en un valor cercano al 60 % de “daño” o “sacrificio” ambiental producido.

Se considera como un “limite crítico” en la medida  en que el daño producido  es tal que la capacidad de recuperación (resiliencia) del Bioma o de los ecosistemas no logrará darse en tiempos humanos(sino geológicos). Dicho en otras palabras se está entrando, por así decirlo, en una fase de “no retorno”.

El estudio científico en cuestión, tiene sus limitantes e incertidumbres y señala la gran importancia de seguir completando información en todo el planeta, a fin de completarlo y mejorarlo. No obstante,  constituye una llamada de atención, que esperamos aún estamos a tiempo de tomar en cuenta. En particular a la hora de tomar decisiones “estratégicas” respecto al tipo de “Modelo de Desarrollo” que planteamos, de forma individual, para nuestros territorios: el país completo, o los cantones o partes de estos; como en el caso de Costa Rica. Donde también debemos tener en cuenta el tema de la Gestión del Riesgo, como complemento.

Situación de Costa Rica: en el caso de nuestro país, medir el grado de afectación que los seres humanos hemos hecho a los ecosistemas no es tan sencillo, en particular, porque se pone enfrente el argumento de que el país en las últimas décadas ha recuperado los bosques y que ahora tiene un 52 % de cobertura boscosa. Además, complementan esto, con señalar que aproximadamente una cuarta parte de nuestro territorio continental se encuentra en algún régimen de área silvestre protegida.

Sobre este esquema se nos vende la idea de que la “Costa Rica Esencial” es verde y que se encuentra muy bien con el “medio ambiente”, en particular, porque la mayoría de la electricidad que consumimos proviene de fuentes renovables.

No obstante, esos datos tienen que ser mejor respaldados y detallados para poder conocer si, en nuestro país, estamos en una tendencia de mejoraría desde el punto de vista ambiental, o si, como el resto del mundo, nos encontramos en un proceso de deterioro.

Para revisar esos datos, hemos utilizado alguna información ambiental existente, vinculada al tema de la zonificación de fragilidad ambiental, y a uno de los instrumentos que permiten detectar el grado de “sobreuso ambiental” que estamos dando a nuestro territorio. Los datos indican que en el caso de la Gran Área Metropolitana (GAM) ese sobreuso alcanza en promedio un 41 %, con datos particulares para algunos cantones, que tienen datos de sobreuso de hasta un 70%.

Son cantones que, a la postre, se hundirán ellos mismos en una acelerada desmejoría de la calidad de vida de sus habitantes, y dejarán de tener atractivo alguno.

En el caso de un Litoral Pacífico, donde también fue posible realizar un estudio regional de zonificación ambiental, se encuentra que ese sobreuso ambiental actual alcanza un valor de 25 %, en promedio. En el caso de Limón, un cantón verde, el sobreuso alcanza el 17 %.

Aclaro que esos estudios tienen varios años de haber sido realizados, de manera que cualquiera de las dos circunstancias podrían estar sucediendo, que el sobreuso haya aumentado (algo muy probable), o que haya bajado. Nuevos estudios serían necesarios para determinar esta situación.

Lo que sí parece confirmarse es que sí existe una significativa afectación de los ecosistemas terrestres y que, muy probablemente, esa afectación se encuentre con una tendencia creciente, es decir, de deterioro.

La información sobre el hecho de que, por ejemplo, la expansión piñera en el país ha generado la pérdida de casi 5 mil hectáreas de bosque en una década es un “botón” de muestra de esta tendencia. A ese respecto el dato de 37.200 hectáreas de piña que proyecta el último censo agropecuario del MAG (2016) debe ser contrapuesto a las 38.000 hectáreas registradas en el 2008, cuando la piña generaba tan solo $487 millones. Algo extraño que ninguna regla de tres soportaría y que llama poderosamente la atención. 

Falta de conocimiento: se suma el hecho de que nuestras autoridades anuncian proyectos de ley para generar más “sacrificio ambiental” de nuestros ya debilitados ecosistemas. Proyectos que pretenden construir carreteras en zonas de humedales, o infraestructura vial nueva en áreas silvestres protegidas de cualquier categoría, o para meter tractores en parques nacionales para producir energía geotérmica, extraer recursos hídricos o construir un megapuerto como el del Canal Seco.

No tomar en cuenta el dato global y nacional de que los ecosistemas de nuestro planeta se están agotando, y que se está cerca de llegar a un punto crítico, es sumamente grave, pues para muchos, incluyendo importantes autoridades judiciales, legislativas y del Poder Ejecutivo, se sigue con la idea de que tenemos “una gran Naturaleza” y que sus recursos son “prácticamente inagotables”. Cuesta creer, por ejemplo, que nuestras autoridades no sepan del valor ecológico de los manglares  de nuestros litorales, que cumplen una importantísima función ecosistémica.

Como podemos ver, la realidad nos dice que eso no es así y que, en pocos años, o a lo sumo décadas, de seguir por esta grave tendencia, llegaremos a un punto de no retorno, que tendrá muy serias consecuencias para todos: pérdida de biodiversidad, crisis en la producción de alimentos (cantidad y calidad) provenientes del agro, alteración del paisaje y contaminación de recursos clave, como las aguas subterráneas, entre otros factores.

Como hemos señalado, dañar la Naturaleza es, por definición, una forma de dañarnos a nosotros mismos. De allí que urge tomar acciones concretas para detener el deterioro y, más bien, tratar de revertir la situación. Se lo debemos a nuestros niños y a las generaciones futuras.

Hay soluciones: como también hemos dicho, Costa Rica, como potencia mundial en biodiversidad, puede mostrar al mundo el camino a seguir para revertir esta grave situación de orden global.  Las acciones a tomar no son caras ni complejas: Ordenamiento y Planificación Territorial y Estratégica de nuestro desarrollo, Control Ambiental de las actividades ya existentes, dar un uso más eficiente de la Evaluación de Impacto Ambiental como verdadera herramienta de implementación del Principio de Sustentabilidad Ambiental y promover la Evaluación Ambiental Estratégica, para la toma de decisiones estratégicas de desarrollo socioeconómico del país. Sobre este último punto hay un dato interesante: pese a existir un Decreto Ejecutivo para normar la Evaluación Ambiental Estratégica desde el 2004, todavía hoy no se ha normado, a pesar de existir un propuesta desde el año 2009.

El tiempo que queda para accionar en esa dirección y tratar de revertir este gravísimo problema es relativamente poco, algunos años a lo sumo. Por eso, la gran importancia de cobrar conciencia de la situación y de empezar lo antes posible. No se trata de generar alarmas, se trata de hacer conciencia y de actuar.

Acciones que, como es de esperar, también son de gran relevancia de realizar en nuestros océanos, donde también se ha registrado un gradual deterioro de los ecosistemas marinos como producto de la sobreexplotación pesquera, aleteo del tiburón, la pesca de arrastre y de la contaminación ambiental.

Es importante tener claro que, aunque se han dado esfuerzos por parte de las autoridades, no solo nacionales, sino alrededor del mundo, para tratar de mitigar esta situación, dichos esfuerzos son laxos y lentos, es decir, que no son suficientes. Esto, por cuanto, el modelo de desarrollo que se impulsa, sigue sobre la premisa equivocada, y antes señalada, de que “nuestra naturaleza y sus recursos son casi inagotables”. Algo que, ya durante el resto de este siglo,  iremos descubriendo dolorosamente que no es así.

A propósito de las elecciones que se avecinan para el año 2018, este tema debería ser el eje fundamental, para hacer propuestas concretas para la mejora del futuro del país en todos los sectores de desarrollo: desde educación hasta la lucha contra la pobreza y el desempleo. Nuestro modelo de desarrollo debe ajustarse a esta cruda realidad para que sea verdaderamente sustentable ambiental y socialmente.

SETENA y EIA eficientes: la solución está en nuestras manos

Conforme pasan los años, las quejas contra la Setena se incrementan. Tienen que ver con su "eficiencia" y, vienen desde muchos lados que, para abreviar, diríamos que vienen de los dos extremos: los empresarios y los ambientalistas.

Casi a todos les falla: en proyectos o grupos de proyectos, por cómo se tramita (algunos proyectos que pasan de forma "express") y a otros que los mete en viacrucis de trámites que prácticamente los estrangula hasta casi extinguirlos por desidia.  

Pero, es común que confundamos lo que hace la Setena como tal y lo que es el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Son dos cosas, muy, pero, muy diferentes.

Setena: es una institución del Estado que, tiene "desconcentración máxima" (o independencia de criterio), algo que casi todos han olvidado (y aplicado). Su responsabilidad es gestionar, como ente técnico, en teoría, ajeno a presiones políticas, de forma eficiente la EIA. Lo ha hecho de forma tan cuestionable, que no son pocos los que "quieren cerrar".

La SETENA tiene poco más de 100 funcionarios, pero menos de la mitad trabajan en el proceso de EIA, la gran mayoría realiza otras labores de índole burocrática. Tramita entre 3 a 3.5 mil proyectos por año. Casi toda la inversión que represente una construcción mayor de 300 m2, tiene que pasar por la SETENA.

Y esto último, no es antojadizo, parte de la forma en que está redactado el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y la interpretación que del mismo, ha hecho la Sala Constitucional. Casi cualquier tipo de actividad humana es susceptible de realizar una EIA.

Por eso, el Modelo de EIA que debe aplicar la SETENA y que fue elaborado por una Comisión Mixta desde el 2002 a 2007, parte de la aplicación de los principios de proporcionalidad y de prevención, a partir del cual, se equipó a la SETENA, de un Reglamento General de EIA, y un conjunto de instrumentos y procedimientos técnicos, denominado Manual de EIA, que se divide en 5 partes diferentes. Cabe aclarar que, en este punto, la SETENA es una de las pocas instituciones del Estado, que cumple con la Ley 8820 sobre la publicación de sus procedimientos e instrumentos técnicos.

Evaluación de Impacto Ambiental: a diferencia de la SETENA, la EIA es un instrumento internacional de la Gestión Ambiental que tiene casi 50 años de existir. Aunque, para algunos resulte increíble, se visualiza como una herramienta económica, pues parte del principio de que es ocho veces más barato prevenir que corregir. Por eso la banca internacional, la solicita como un requisito fundamental para la aprobación de un proyecto.

Nuestro país se ha comprometido, desde los Acuerdos de Río de 1992 a aplicar la EIA como parte de la gestión del Estado. Algo que se fue plasmado en la Ley Orgánica del ambiente de 1995 y otras leyes sectoriales.

La EIA en breve, comprende tres pasos: a) la EIA inicial, con la cual se cruza el proyecto respecto a la característica ambiental del terreno y se determina la Significancia del Impacto Ambiental (SIA) a producir. Si la SIA es baja se aprueba. Si es moderada o alta, se pasa a la siguiente etapa: b) la realización de un estudio más detallado, o sea un Plan de Gestión o bien un Estudio de Impacto Ambiental. La fase final: c) es el más importante, pues comprende el Control y Seguimiento Ambiental de todas las actividades, obras o proyectos que obtengan Viabilidad Ambiental.

La EIA bien realizada, tal y como la gestionan la mayor parte de los países desarrollados, debe tener como meta la aplicación del Principio de Sustentabilidad Ambiental (ver: www.allan-astorga.com), y no, como algunos creen en Costa Rica, lograr que todos los proyectos se aprueben, como si fuera un simple sello de autorización. A estos últimos los remitimos a las buenas prácticas empresariales que se someten a la muy completa legislación ambiental elaborada por la Unión Europea.

Defectos de la gestión en Costa Rica por parte de la SETENA: el macroproceso actual de EIA, parte del fundamento de que el proyectista contrata y paga al equipo consultor para que le haga, tramite y justifique la EIA del proyecto ante la SETENA. La SETENA cobra, desde hacer 10 años, un monto por hacer el análisis de los documentos técnicos.

Pero este esquema ha producido dos serios defectos: a) la gran mayoría de los consultores al ser pagados por el mismo ente a cargo de un proyecto, se parcializan hacia este y su proyecto, con lo cual la EIA se debilita. Esto ha sido documentado por el autor en un reciente artículo publicado en la Revista Geológica de América Central (volumen: 55: “Los problemas de efectividad del proceso de EIA deCosta Rica…”:195 - 203) y; b) los proyectos entran a la SETENA en un estado “muy maduro”, es decir, con certificación de uso del suelo de la Municipalidad, diseño final, todos los servicios (agua, luz, pluviales, etc.) autorizados y, además, en la mayoría de los casos, con el financiamiento listo; razón por la cual la SETENA y la EIA, se convierten en un “obstáculo” para la inversión.

Como se ve, en la práctica, el sistema actual resulta perverso, no solo para el ambiente, sino también, para los mismos empresarios, los consultores y la misma SETENA que, al final, no queda bien “ni con Dios, ni con el diablo”, pero hay una sencilla y muy simple solución.

Soluciones: para resolver esta situación que agrava la imagen de la SETENA y debilita el proceso de EIA, la misma legislación ya vigente permite hacer los ajustes correctivos necesarios que serían los siguientes:

a)       Hacer cumplir el artículo 2 del Reglamento General de EIA, vigente desde el 2004, para que el trámite de EIA se realice, de previo al trámite de uso del suelo, de forma tal que los municipios dispongan de la información técnica suficiente para dar el certificado del uso conforme del suelo.

b)       Cumplir el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, referente a que el costo de las EIA, corre a “cuenta del interesado”. Sobre esta base, y en consideración de que el Reglamento General de EIA señala que debe haber un grupo de consultores ambientales acreditados por el Ente Costarricense de la Acreditación, la SETENA puede, basado en tablas estandarizadas, fijar el costo de la EIA a realizar y solicitar al desarrollador que se deposite ese monto a una cuenta del Fondo Nacional Ambiental, de manera que sea la SETENA la que pague a los consultores que realizan la EIA y no el desarrollador. De esta manera se elimina el vínculo “desarrollador – consultor” que tanto problema genera.

Sobre el tema de los servicios, no existe problema, en el marco de que se cumpla la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental de manera que más bien los proyectos se pueden agilizar.

Además de que la EIA se puede hacer con verdadera mejor calidad y eficiencia, la misma SETENA podría hacerse más ágil, en la medida de que otorga plazos concretos a los consultores acreditados para generar la EIA y de una vez, el dictamen que determine si el proyecto es viable o no, y si lo es, bajo que condicionantes ambientales.

Lo único que se ocupa para implementar estas soluciones, es organizarse con la ECA para que acredite consultores o a que asigne un ente que lo haga. Lo otro es emitir el Decreto Ejecutivo que norme sobre el proceso de cobro para la realización de la EIA y emitir, un Código de Etica del Gestor Ambiental que está pendiente de ser realizado desde hace 13 años.

Como se ve, soluciones existen y son fáciles de implementar. Solo se ocupa voluntad política para convocar a la Comisión Mixta Asesora de la SETENA para que discuta y haga las propuestas concretas en un plazo de pocos meses y en un claro marco de transparencia. 

Desde mayo del 2014, el denominado "Gobierno del cambio" no ha hecho nada para rectificar el peligroso rumbo de la SETENA, heredado de las administraciones 2006-2010 y 2010-2014: nunca en la historia vivimos tantos escándalos ambientales, todos originados en la SETENA. Una verdadera lástima para nuestro país y para las futuras generaciones a las cuales habrá que explicarles que el "cambio" fue, en materia ambiental, un simple eslogan de campaña y nada más.