La lección de Venezuela es una advertencia sobre el riesgo sísmico y la resiliencia en Costa Rica

Publicación en el Semanario Universidad (1/07/2026): https://semanariouniversidad.com/opinion/la-leccion-de-venezuela-es-una-advertencia-sobre-el-riesgo-sismico-y-la-resiliencia-en-costa-rica/

Venezuela: una advertencia que Costa Rica no debería ignorar

Los desastres no comienzan el día del terremoto. Comienzan muchos años antes, cuando una sociedad deja de incorporar el conocimiento científico en las decisiones sobre el territorio.

Aunque Costa Rica posee un contexto tectónico diferente al de Venezuela, ambos países comparten una realidad fundamental: la vulnerabilidad depende tanto de la amenaza geológica como de las decisiones que se toman sobre el uso del territorio antes de que ocurra un terremoto.

Las imágenes que han dado la vuelta al mundo tras los recientes terremotos ocurridos en Venezuela han vuelto a recordarnos una realidad que, con demasiada frecuencia, solo ocupa nuestra atención cuando ocurre una tragedia: vivimos sobre un planeta dinámico, cuya corteza continúa deformándose y liberando enormes cantidades de energía.

Los dos terremotos principales registrados en Venezuela constituyen un evento particularmente relevante desde el punto de vista sismológico. No solamente por su elevada magnitud, superior a 7, sino porque ocurrieron con muy pocos segundos de diferencia, conformando lo que en sismología se conoce como un doblete sísmico. Ambos eventos fueron superficiales y estuvieron asociados a un sistema de fallas corticales activas de desplazamiento lateral, capaces de producir intensas aceleraciones del terreno y severos daños cuando afectan regiones densamente pobladas.

Aunque las investigaciones continúan y los análisis detallados seguirán desarrollándose durante los próximos meses, una de las primeras conclusiones resulta evidente: la magnitud del terremoto, por sí sola, no explica el nivel de destrucción observado, sobre todo si se compara con situaciones de otros países como California (USA), Chile y Japón. La geología del terreno sobre el cual se encuentran construidas las ciudades desempeñó un papel determinante.

Diversos sectores que experimentaron los mayores daños corresponden a depósitos aluviales relativamente recientes, constituidos por sedimentos poco consolidados. Este tipo de materiales posee un comportamiento muy diferente al de la roca firme cuando es atravesado por las ondas sísmicas. Estos materiales también pueden presentar licuación, incrementando significativamente los daños.

Mientras las rocas competentes (duras) transmiten la energía con menor deformación, los sedimentos blandos pueden aumentar significativamente la amplitud del movimiento del suelo, prolongando su duración e incrementando las aceleraciones que experimentan las edificaciones. Este fenómeno, ampliamente documentado en la literatura científica, se conoce como amplificación sísmica o efecto de sitio.

Cuando las características del suelo coinciden con la frecuencia natural de las edificaciones puede presentarse, además, un fenómeno de resonancia sísmica, mediante el cual las vibraciones se intensifican y aumentan considerablemente las probabilidades de daño estructural.

La experiencia internacional demuestra que numerosos desastres sísmicos han estado estrechamente relacionados con estos efectos locales del terreno. En muchos casos, ciudades separadas por apenas algunos cientos de metros presentan niveles de daño completamente distintos, únicamente porque se encuentran cimentadas sobre materiales geológicos diferentes.

Venezuela posee un contexto tectónico distinto al de Costa Rica. Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión del riesgo existe una enseñanza que trasciende las diferencias tectónicas: los terremotos se convierten en desastres cuando la amenaza geológica coincide con condiciones de alta exposición y vulnerabilidad.

La comparación no pretende afirmar que Costa Rica experimentará un terremoto idéntico al de Venezuela, sino destacar que las lecciones sobre vulnerabilidad, planificación territorial y resiliencia son plenamente aplicables.

En síntesis, la destrucción de un terremoto no depende únicamente de la energía liberada por el terremoto. También depende del tipo de suelo sobre el que se construye, de la calidad de las edificaciones, de la planificación territorial, de la ubicación de la infraestructura estratégica y del grado de preparación de la sociedad para enfrentar este tipo de eventos.

Esta reflexión resulta particularmente pertinente para Costa Rica. Nuestro país también posee fallas corticales activas, una intensa actividad tectónica y una Gran Área Metropolitana donde se concentra aproximadamente el 60 % de la población nacional, es decir, 3,1 millones de habitantes concentrados en el 3,4 % del territorio continental del país.

Aunque los escenarios geológicos no son idénticos, las preguntas que plantea la experiencia venezolana merecen ser analizadas con seriedad.

El propósito de este artículo no consiste en generar alarma ni en establecer comparaciones simplistas entre ambos países. Tampoco pretende sugerir que un evento similar vaya a ocurrir en un plazo determinado, pues la ciencia geológica no permite realizar ese tipo de predicciones. Su objetivo es utilizar una experiencia internacional reciente para reflexionar sobre cuánto hemos avanzado en Costa Rica en materia de prevención, resiliencia sísmica, planificación territorial y gestión prospectiva del riesgo. Y además, actualizar a los ciudadanos con lo que está pasando respecto al papel del Estado en materia de protección de la vida de su población.

Los terremotos no pueden evitarse. Lo que sí puede evitarse es que un fenómeno natural termine convirtiéndose en una catástrofe de grandes proporciones. Esa es, probablemente, la principal lección que hoy nos ofrece Venezuela.



  1. La Gran Área Metropolitana: una amenaza conocida, una vulnerabilidad creciente

La experiencia reciente de Venezuela no constituye una predicción del futuro de Costa Rica ni permite establecer comparaciones simplistas entre ambos países. Cada uno posee un contexto tectónico distinto y una historia geológica propia. Sin embargo, los grandes terremotos ocurridos alrededor del mundo suelen dejar enseñanzas que trascienden las particularidades de cada región. La más importante de ellas es que el impacto final de un terremoto depende tanto de la energía liberada por la naturaleza como de las decisiones que previamente ha tomado la sociedad sobre el uso del territorio.

Desde esta perspectiva, Costa Rica posee razones suficientes para analizar cuidadosamente su propia realidad geológica.

La Gran Área Metropolitana concentra la mayor parte de la infraestructura gubernamental, hospitalaria, educativa, industrial, comercial y financiera del país. En ella se localizan los principales centros de decisión del Estado, los hospitales nacionales, las universidades públicas, las redes estratégicas de transporte, energía y telecomunicaciones, así como una parte muy importante de la actividad económica nacional.

Esta concentración convierte a la Gran Área Metropolitana en el territorio donde un terremoto de gran intensidad tendría las mayores consecuencias sociales, económicas e institucionales para Costa Rica. Precisamente por ello, comprender su comportamiento geológico constituye una responsabilidad nacional y no únicamente un tema de interés académico.

Desde el punto de vista geológico, la Gran Área Metropolitana (GAM) presenta una complejidad considerable. Aunque para muchas personas el Valle Central aparenta ser una superficie relativamente uniforme, en realidad constituye una cuenca de origen tectónico cuya evolución ha estado controlada durante millones de años por la interacción entre el vulcanismo, la tectónica activa, los procesos erosivos y la sedimentación.

Como resultado de esa evolución, buena parte de la Meseta Central se encuentra cubierta por un espeso paquete de materiales volcanosedimentarios relativamente jóvenes, conformados por cenizas volcánicas, depósitos de caída, lahares, coladas volcánicas alteradas, depósitos fluviales y otros materiales que, desde el punto de vista geotécnico, presentan propiedades muy distintas a las de un basamento rocoso competente. En esto tenemos algo en común con lo de Venezuela: relleno sedimentarios espesos, blandos y poco competentes.

Dentro de la Gran Área Metropolitana existen diferencias geológicas importantes. Mientras gran parte de la Meseta Central está constituida por depósitos volcanosedimentarios, hacia el sector sur aparecen extensos abanicos aluviales desarrollados principalmente en Desamparados, Aserrí, Alajuelita, Escazú, Santa Ana y Ciudad Colón, de manera que todas estas ciudades se asientan sobre este tipo de rocas.

Aunque muchos de estos depósitos presentan buenas condiciones para el desarrollo urbano cuando son adecuadamente estudiados y diseñados, también pueden mostrar una respuesta sísmica diferente dependiendo de su espesor, granulometría, grado de consolidación y contenido de agua subterránea.

Sin embargo, la geología superficial constituye solamente una parte del problema. Bajo esos depósitos continúa actuando un complejo sistema de fallas geológicas activas. Entre ellas destaca el sistema asociado a la Falla de Agua Caliente, ampliamente estudiado por diversos investigadores debido a su importancia tectónica y por su relación con el terremoto de Cartago de 1910.

Estudios recientes de modelación determinista estiman que la Falla Aguacaliente podría generar un Terremoto con una magnitud máxima creíble cercana a Mw 6,5, obtenida mediante relaciones modernas de escalamiento basadas en la longitud de la falla y no únicamente en el registro histórico. Esto confirma que se trata de una de las fuentes sísmicas de mayor interés para la Gran Área Metropolitana, debido a que altamente probable que el sea un sismo poco profundo, como los terremotos de Venezuela.

La ausencia de un terremoto reciente de gran magnitud en una falla determinada no significa que su potencial geológico haya desaparecido. La evaluación moderna integra la historia sísmica, la neotectónica, la paleosismología, la geometría de las fallas y los modelos de escalamiento para estimar escenarios físicamente plausibles

Los estudios paleosísmicos indican que este sistema de fallas ha generado terremotos importantes de manera recurrente. Aunque la ciencia no permite determinar cuándo ocurrirá el próximo gran evento, sí permite reconocer que la amenaza permanece vigente y que la deformación tectónica continúa acumulándose lentamente.

La geología no puede predecir la fecha de un terremoto. Lo que sí puede hacer es identificar dónde existen fallas activas, estimar su comportamiento histórico, evaluar sus efectos potenciales y proporcionar la información científica necesaria para reducir la vulnerabilidad antes de que ocurra un nuevo evento.

Precisamente ahí reside el verdadero valor del conocimiento geológico: no en anunciar catástrofes, sino en permitir que la sociedad tome mejores decisiones antes de que la naturaleza vuelva a recordarnos que vivimos sobre un territorio extraordinariamente dinámico.

  1. El riesgo sí ha aumentado: una ciudad que creció más rápido que la planificación del territorio

Si la amenaza sísmica de Costa Rica ha permanecido presente durante miles de años, ¿por qué hoy existe una preocupación creciente sobre las consecuencias de un futuro terremoto en la Gran Área Metropolitana?

La respuesta es sencilla desde el punto de vista de la gestión del riesgo: la amenaza geológica no necesariamente ha aumentado, pero la exposición y la vulnerabilidad sí lo han hecho de manera muy significativa. Esta diferencia resulta fundamental para comprender el desafío que enfrenta actualmente el país.

Durante las últimas tres décadas la Gran Área Metropolitana ha experimentado una transformación territorial sin precedentes. La población ha aumentado considerablemente, la infraestructura estratégica se ha concentrado aún más en el Valle Central y la expansión urbana ha ocupado sectores que anteriormente permanecían destinados a actividades agropecuarias, bosques secundarios o áreas con escasa intervención humana.

Hoy existen cientos de edificios de mediana y gran altura, hospitales, universidades, centros comerciales, parques industriales, carreteras y puentes de muy alto tránsito, sistemas de abastecimiento de agua, redes eléctricas y telecomunicaciones cuya seguridad depende directamente de las condiciones geológicas del territorio donde fueron construidos.

Esta realidad modifica completamente el análisis del riesgo. Un terremoto de magnitud similar al ocurrido hace más cien años (como el de Cartago del 1910 que, también fue un doblete sísmico) no produciría hoy las mismas consecuencias, no porque la naturaleza haya cambiado, sino porque la sociedad costarricense ha incrementado notablemente la exposición de personas, infraestructura e inversiones.

En términos de gestión del riesgo, cuando aumenta la exposición de personas, viviendas e infraestructura crítica (hospitales, escuelas, centros de emergencia, puentes, plantas de tratamiento, acueductos y redes estratégicas requieren criterios de localización más rigurosos que el resto de las construcciones), aumenta también el riesgo, aun cuando la amenaza geológica permanezca relativamente constante.

Uno de los cambios territoriales más importantes observados en la Gran Área Metropolitana durante los últimos años ha sido la expansión urbana, incluso de construcción vertical, hacia las montañas localizadas al norte y al sur del Valle Central.

Estas zonas presentan una geología considerablemente más compleja. Predominan rocas volcánicas intensamente fracturadas, materiales alterados por meteorización, depósitos antiguos de deslizamientos, niveles arcillosos y acuíferos colgados que modifican las condiciones de estabilidad del subsuelo.

La apertura de caminos, los cortes (terraceo) para urbanizaciones, las excavaciones profundas, la modificación del drenaje superficial, la infiltración de agua y las nuevas cargas sobre las laderas pueden alterar el equilibrio natural del terreno. Cuando a estas condiciones se suma un terremoto importante, pueden activarse procesos de deslizamiento de gran magnitud.

La experiencia del Terremoto de Cinchona del 2009 es un indicador preocupante en este sentido, pues detonó más de 500 deslizamientos en un área de 15 – 20 km alrededor del epicentro, en terrenos con formaciones volcánicas y volcano sedimentarias como las de la GAM.

Por ello, la amenaza sísmica y la estabilidad de laderas deben analizarse de forma integrada mediante estudios geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, geotécnicos e ingenieriles.

Costa Rica posee lecciones que no deberían repetirse nunca. El  desastre de Quebrada Lajas de Escazú  del 2010 es una de las más conspicuas. Desde el 2005 y luego en el 2008 habíamos advertido a la Municipalidad de Escazú el peligro y las medidas de gestión preventiva del riesgo que debían adoptarse. Ignorar eso provocó la lamentable muerte de 24 personas.

Cuando se planifica infraestructura estratégica, como hospitales, estaciones de bomberos, centros de atención de emergencias o instalaciones esenciales para el funcionamiento del Estado, el análisis geológico adquiere una importancia todavía mayor.

En ese contexto se inscribe la discusión técnica sobre la ubicación propuesta para el nuevo Hospital de Cartago en el entorno del sistema de la Falla de Agua Caliente. Las observaciones realizadas por distintos profesionales respondieron al principio de que la infraestructura crítica debe localizarse, siempre que sea posible, en los sitios que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad para las próximas generaciones. Como hemos señalado en reiteradas ocasiones ese Hospital no debería ser construido en ese sitio.

Porque la verdadera planificación territorial no consiste únicamente en preguntarse dónde es posible construir. Consiste, sobre todo, en identificar dónde resulta más seguro construir.

  1. La resiliencia se construye antes del desastre: el conocimiento científico como política pública

Hasta este punto hemos analizado dos realidades que resultan difíciles de ignorar. Por una parte, Costa Rica continúa siendo un país sometido a una intensa dinámica tectónica, donde la ocurrencia de terremotos constituye una condición natural del territorio. Por otra, la Gran Área Metropolitana ha incrementado significativamente su exposición y vulnerabilidad como consecuencia del crecimiento urbano, la concentración de población e infraestructura y la ocupación progresiva de terrenos con condiciones geológicas cada vez más complejas.

Frente a este escenario surge una pregunta inevitable: ¿qué debemos hacer?

La respuesta no consiste en generar temor, paralizar el desarrollo ni transmitir la idea de que vivimos ante una catástrofe inminente. Todo lo contrario. La respuesta consiste en fortalecer la resiliencia.

Durante muchos años la gestión del riesgo ha estado orientada principalmente hacia la respuesta a las emergencias. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que las sociedades más seguras son aquellas que invierten permanentemente en comprender su territorio, reducir su vulnerabilidad y prepararse antes de que ocurra el evento.

La resiliencia representa la capacidad de una sociedad para anticipar, resistir, adaptarse y recuperarse frente a fenómenos naturales potencialmente destructivos. No elimina la amenaza, pero disminuye significativamente sus consecuencias.

Los terremotos no pueden evitarse. Lo que sí puede reducirse de manera sustancial es la cantidad de víctimas, los daños a la infraestructura, las pérdidas económicas y el tiempo necesario para recuperar el funcionamiento normal de una comunidad.

Con frecuencia se asocia la prevención únicamente con la existencia de planes de emergencia o simulacros. Ambos son indispensables, pero representan solamente una parte del proceso.

La verdadera prevención comienza cuando una ciudad como la GAM decide crecer considerando las capacidades y limitaciones naturales del territorio; cuando dispone de cartografía geológica detallada, estudios hidrogeológicos, mapas de fallas activas, microzonificación sísmica, análisis de susceptibilidad a deslizamientos y estudios de efectos de sitio que orienten las decisiones sobre el uso del suelo.

El ordenamiento territorial basado en evidencia científica no busca impedir el desarrollo. Busca hacerlo más seguro, más eficiente y más sostenible, reconociendo que no todos los terrenos presentan las mismas condiciones geológicas ni la misma capacidad para soportar determinados usos.

Existen zonas apropiadas para el desarrollo urbano intensivo, otras donde son necesarias medidas especiales de mitigación y otras donde las limitaciones naturales aconsejan restringir determinados tipos de ocupación. Reconocer esas diferencias protege vidas y fortalece el desarrollo sustentable.

Si la evidencia científica demuestra la necesidad de profundizar el conocimiento sobre el territorio, resulta razonable fortalecer los instrumentos técnicos y no debilitarlos. La acción de inconstitucionalidad presentada por el autor y el abogado Álvaro Sagot contra el Decreto Ejecutivo 44710-MINAE responde precisamente a esa preocupación (expediente 25-035276-0007-CO).

Cabe recordar que ese decreto establece la metodología para introducir la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial y, como parte de la “modernización” realizada  se eliminó la elaboración del mapa geológico local del territorio en análisis y, además, como si las fallas geológicas no existieran, se eliminó el Protocolo para el estudio de las fallas geológicas activas. Como vemos, algunos creen que tapando o ignorando la realidad, la vida y el negocio inmobiliario y constructivo es mejor.

En este contexto adquiere especial importancia nuestra propuesta de Ley de Resiliencia contra Desastres, actualmente en trámite legislativo (expediente 25.289), orientada a fortalecer la prevención, la resiliencia de la infraestructura crítica, la preparación institucional y comunitaria y el desarrollo de mecanismos modernos de aseguramiento y reaseguro frente a desastres.

Los acontecimientos recientes de Venezuela recuerdan que esta discusión no puede seguir postergándose. No porque debamos vivir con miedo, sino porque todavía estamos a tiempo de prepararnos mejor.

La naturaleza continuará manifestándose como lo ha hecho durante millones de años. La diferencia estará determinada por las decisiones que adoptemos hoy. La resiliencia comienza mucho antes del terremoto, cuando una sociedad decide convertir el conocimiento científico en una política pública permanente al servicio de la protección de sus ciudadanos.

  1. La verdadera lección: transformar el conocimiento en resiliencia

Los terremotos forman parte de la historia geológica de la Tierra desde mucho antes de la aparición del ser humano. Continuarán ocurriendo mientras nuestro planeta permanezca geológicamente activo. Esa realidad no puede modificarse. Lo que sí podemos modificar es la forma en que convivimos con ella.

Cada gran terremoto ocurrido en cualquier parte del mundo constituye una oportunidad para aprender. Los países que hoy exhiben los mayores niveles de resiliencia alcanzaron esa condición porque transformaron las lecciones de desastres anteriores en mejores normas de construcción, mejores sistemas de monitoreo, mejores instrumentos de planificación territorial, mayor educación ciudadana y una cultura permanente de prevención.

Costa Rica ha recorrido una parte importante de ese camino. Cuenta con un Código Sísmico reconocido, universidades, instituciones técnicas y profesionales altamente capacitados en geología, ingeniería, hidrogeología, geomorfología, gestión ambiental y gestión del riesgo. Esa fortaleza debe preservarse y fortalecerse.

El Código Sísmico constituye una herramienta indispensable para reducir el riesgo estructural. Sin embargo, por sí solo no garantiza la seguridad territorial. La selección adecuada del sitio, la identificación de fallas activas, la estabilidad de laderas, los efectos de sitio y la planificación territorial continúan siendo componentes esenciales de la resiliencia.

Incluso investigaciones recientes señalan que, en sectores muy próximos a fallas activas, las aceleraciones esperadas pueden superar las consideradas por el diseño general, razón por la cual los estudios específicos de sitio y la identificación de fallas activas resultan indispensables.

Por eso, el desafío continúa siendo enorme. Persisten edificaciones construidas antes de las normas sísmicas modernas, desarrollos urbanos en sectores geológicamente complejos y comunidades expuestas a deslizamientos, inundaciones y otros fenómenos cuya vulnerabilidad puede reducirse mediante una mejor planificación.

La resiliencia no depende únicamente de la calidad estructural de un edificio. También depende de haber seleccionado correctamente el terreno donde fue construido.

Las decisiones que hoy adoptemos sobre el territorio producirán efectos durante muchas décadas. Una urbanización, un hospital, una escuela o una carretera continuarán prestando servicio a las futuras generaciones. Por ello, la planificación territorial debe entenderse como una política pública de largo plazo y no únicamente como un procedimiento administrativo que debe agilizarse para impulsar el desarrollo urbano. Eso es un gravísimo error.

Por otro lado, Costa Rica cuenta con un Código geotécnico de Taludes y Laderas desde 2015, el cual requiere ser profundamente mejorado, mediante una mayor integración de la interpretación geológica, geomorfológica e hidrogeológica, especialmente en proyectos ubicados en laderas de alta complejidad. Algo que requiere ser atendido lo antes posible.

Los estudios científicos recientes sobre escenarios sísmicos para la GAM coinciden en que las fallas corticales cercanas representan una amenaza relevante y que la prevención debe apoyarse en información científica actualizada, planificación y gestión integral del riesgo.

La resiliencia comienza en el conocimiento. Comienza cuando las comunidades comprenden las características del territorio donde viven; cuando las municipalidades incorporan evidencia científica en sus planes reguladores o la solicitan de previo a otorgar un uso del suelo; cuando las instituciones toman decisiones basadas en estudios técnicos rigurosos; y cuando la educación incorpora la prevención como parte de la formación ciudadana.

El reciente terremoto de Venezuela debe interpretarse como un recordatorio de que la naturaleza continúa actuando y de que todavía tenemos la oportunidad de prepararnos mejor. No se trata de generar miedo ni alarmismo, sino de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta.

Los resultados expuestos respaldan la conveniencia de fortalecer el marco nacional de prevención mediante la discusión de la Ley de Resiliencia contra Desastres, orientada a consolidar una política pública permanente de reducción del riesgo, protección de infraestructura crítica y preparación institucional y comunitaria.

Las futuras generaciones recordarán si fuimos capaces de dejarles ciudades más seguras, infraestructura más resiliente y un territorio planificado con responsabilidad. Ese es el verdadero propósito de la geología aplicada al ordenamiento territorial y a la gestión ambiental: transformar el conocimiento científico en bienestar, seguridad y desarrollo sustentable.

Los terremotos seguirán ocurriendo. La diferencia entre una emergencia y una tragedia dependerá, en buena medida, de las decisiones que adoptemos antes del próximo gran evento. La experiencia de Venezuela nos brinda una valiosa oportunidad para reflexionar. Costa Rica todavía está a tiempo de convertir esa reflexión en acción.

La resiliencia no se construye después del desastre. Se construye antes. Y Costa Rica todavía está a tiempo de hacerlo.

Referencias relevantes

Astorga, A. (2025). Resumen Ejecutivo de la Actualización de la Variable Ambiental para el Plan GAM. Documento técnico para el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 15 p.

Arroyo-Solorzano, M. (2023). Riesgo sísmico ante terremotos potencialmente perjudiciales en la Gran Area Metropolitana de Costa Rica (GAM). Revista Geológica de América Central, 69: 1 – 33.

Benito, B., Lindholm, C., Camacho, E., Climent, Á., Marroquín, G., Molina, E., Rojas, W., Segovia, M., Redondo, A., et al. (2012). A new evaluation of seismic hazard for the Central America region. Natural Hazards, 60, 1035–1056. (Verificar si corresponde al artículo citado).

Benito, B.; Arroyo-Solorzano, M, Climent, A.,  Montero, W.; Alvarado, G., López, A., García-Lachares, C., Marchamalo, M., Ornelas, A., Hernández-Rubio O. & Quirós, L. (2025): Seismic Hazard scenarios for the city San José, Costa Rica: Evaluation of crítical rutures on nearby faults. EERI: Esarthquake Spectra 1 – 36.

Kramer, S. L. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice Hall. También pueden citarse trabajos clásicos de Seed & Idriss sobre amplificación sísmica.

Montero, W. & Kruse, S., 2006: Neotectónica y geofísica de la falla Aguacaliente en los valles de Coris y del Guarco.- Rev. Geol. Amér. Central, 34-35: 43-58.

Montero, W., Barahona, M., Rojas, W. & Taylor, M., 2005: Los sistemas de falla Aguacaliente y Río Azul y relevos compresivos asociados, valle Central de Costa Rica.- Rev. Geol. Amér. Central, 33: 7-27.

Seed, H. B., & Idriss, I. M. (1970). Soil Moduli and Damping Factors for Dynamic Response Analyses. University of California, Berkeley.

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https://www.allan-astorga.com/allan-astorga/2023/1/12/el-riesgo-de-construir-en-el-pie-de-monte-del-valle-central-de-costa-rica?rq=Abanicos%

Crucitas: análisis profundo sobre la explotación minera de la roca dura y el futuro de la zona norte norte de Costa Rica

Publicación en el Semanario Universidad (24/06/2026): https://semanariouniversidad.com/opinion/crucitas-analisis-profundo-sobre-la-explotacion-minera-de-la-roca-dura-y-el-futuro-de-la-zona-norte-norte-de-costa-rica/

1. EL PROBLEMA REAL: MÁS ALLÁ DE LA MINERÍA ILEGAL

1.1. Crucitas no es un debate entre minería sí o minería no

La discusión sobre Crucitas ha regresado con fuerza al debate nacional. Sin embargo, gran parte de la conversación pública se ha planteado de manera simplificada, como si Costa Rica tuviera que escoger únicamente entre dos opciones: permitir la minería metálica o mantener la situación actual. Esa forma de presentar el problema resulta insuficiente para tomar una decisión de interés nacional.

Nadie puede negar que la minería ilegal constituye un problema real. Durante varios años se han desarrollado actividades extractivas ilegales en la zona de Crucitas, generando remoción de cobertura vegetal, alteración de suelos, afectación de cauces superficiales, contaminación, conflictos sociales y una presión constante sobre las instituciones encargadas de la vigilancia y el control del territorio.

Tampoco puede ignorarse que el Estado costarricense ha enfrentado dificultades para ejercer un control efectivo y permanente sobre una zona extensa, ubicada en una región fronteriza de entre 20 a 30 Km2 que presenta desafíos logísticos y operativos importantes.

La existencia de ese problema ha llevado a diversos sectores a proponer la apertura de la minería industrial como una forma de sustituir la actividad ilegal por una explotación regulada, sometida a controles técnicos, ambientales y fiscales. Sin embargo, hay que reconocer que la minería ilegal representa un problema no implica aceptar automáticamente que la explotación minera industrial constituye la mejor solución para el país.

La verdadera discusión no debería plantearse en términos de minería sí o minería no. La pregunta estratégica es mucho más amplia: ¿Cuál alternativa genera mayores beneficios económicos, sociales, ambientales y territoriales para Costa Rica y para la región norte-norte entre hoy y el año 2050?

Formulada de esta manera, la discusión cambia completamente de escala. Ya no se trata únicamente de analizar un proyecto minero. Se trata de definir el futuro de una región completa del territorio nacional, cuya densidad de población es muy baja, del orden de 19,5 habitantes/Km2.

La decisión que hoy adopte Costa Rica tendrá efectos que podrían extenderse durante varias décadas y que influirán sobre el desarrollo económico regional, la conservación de recursos naturales estratégicos, la seguridad fronteriza, la disponibilidad futura de agua, la inversión pública y privada, y las oportunidades de las generaciones futuras.

Precisamente por ello, el debate requiere una visión más amplia que la simple comparación entre minería legal y minería ilegal. Lo que corresponde es analizar de manera objetiva todas las alternativas disponibles y determinar cuál ofrece el mayor beneficio neto para el país en el largo plazo.

1.2. El Proyecto de Ley 24.717 y el riesgo de abrir un distrito minero en Cutris

Uno de los aspectos menos discutidos dentro del debate actual es que la decisión sobre Crucitas podría tener implicaciones mucho más amplias que la explotación de un único yacimiento. El Proyecto de Ley 24.717 ha sido presentado como una herramienta para enfrentar la minería ilegal y permitir que el Estado capture una parte de la riqueza actualmente extraída de manera clandestina. Ese objetivo puede parecer razonable y merece ser analizado con seriedad.

No obstante, la discusión no puede limitarse únicamente a los yacimientos actualmente conocidos en Crucitas. Diversas investigaciones geológicas desarrolladas durante las últimas décadas han evidenciado que la región de Cutris posee potencial mineral adicional que podría despertar interés para futuras exploraciones y explotaciones.

Por esta razón, la pregunta que debe formularse la Asamblea Legislativa no es únicamente si resulta conveniente explotar el yacimiento actualmente identificado en Crucitas (cerros Botija y Fortuna en la finca Vivoyet).

La pregunta más importante es otra: ¿La legislación propuesta abrirá la puerta a la explotación puntual de un recurso específico o terminará facilitando el desarrollo progresivo de un distrito minero mucho más amplio en la región norte del país? 

Cutris tiene una extensión de 848 Km2 y sus mineralizaciones auríferas presentan características geológicas similares a las del sur de Nicaragua. Diversos informes recientes señalan que empresas chinas han recibido concesiones mineras que abarcan aproximadamente el  8,5 % del territorio nicaragüense (más de un millón de hectáreas). En ese contexto, no puede descartarse que eventuales desarrollos mineros en la región norte de Costa Rica despierten interés por parte de inversionistas que ya participan activamente en el corredor mineral centroamericano.

Una explotación limitada posee una escala de impactos, beneficios y riesgos determinada. Un distrito minero regional posee una escala completamente diferente.
Los efectos acumulativos sobre infraestructura, recursos hídricos, ecosistemas, uso del suelo, crecimiento poblacional, demanda de servicios públicos y transformación del territorio pueden multiplicarse significativamente cuando varias explotaciones comienzan a desarrollarse dentro de una misma región.

Este aspecto adquiere especial importancia porque Costa Rica no está tomando una decisión únicamente para los próximos cinco o diez años. Está definiendo el modelo de desarrollo que podría consolidarse en Cutris y la zona norte-norte durante varias décadas.

Por ello, cualquier decisión legislativa debería dejar absolutamente claro cuáles áreas estarían sujetas a explotación, cuáles limitaciones existirían para futuras expansiones y qué mecanismos de control permitirían evitar que una autorización puntual se convierta progresivamente en una apertura generalizada de la actividad minera en toda la región.

La experiencia internacional demuestra que muchas decisiones estratégicas comienzan como proyectos específicos y posteriormente evolucionan hacia procesos territoriales mucho más amplios de lo inicialmente previsto. Precisamente por esa razón, la discusión sobre Crucitas no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de una mina.

Debe analizarse desde la perspectiva del futuro completo del distrito de Cutris y del norte-norte de Costa Rica. Esa es la verdadera dimensión de la decisión que actualmente enfrenta el país. Y al respecto, resulta particularmente llamativo que, pese a que se ha señalado que el tema fue ampliamente discutido durante varios años, la versión más reciente del proyecto (sustitutivo) introdujera cambios sustanciales que amplían significativamente el alcance territorial de la propuesta.

La principal preocupación radica en que la discusión ya no parece limitarse únicamente al yacimiento conocido de Crucitas. Los  indicios geológicos sugieren la existencia de otros sectores con potencial mineral en el distrito de Cutris. En consecuencia, la aprobación de la iniciativa podría representar no solamente la autorización de una explotación específica, sino la apertura progresiva de un distrito minero de gran escala. Esta posibilidad no parece haber sido analizada ni valorada con la profundidad que una decisión de esta magnitud requiere. En particular, porque se deriva de un proyecto sustitutivo de último momento y del proyecto original.

2. LA REALIDAD ECONÓMICA: ¿CUÁNTO DINERO QUEDA REALMENTE EN COSTA RICA?

2.1. Los US$10.000 millones en oro no son para Costa Rica

Uno de los argumentos más utilizados para justificar la explotación minera en Crucitas consiste en afirmar que el yacimiento podría contener oro con un valor bruto cercano a los US$10.000 millones. La cifra impresiona y, presentada de forma aislada, puede transmitir la idea de que Costa Rica estaría desaprovechando una riqueza extraordinaria.

Sin embargo, desde el punto de vista económico, esa interpretación resulta incorrecta.

El valor bruto del oro contenido en un yacimiento no equivale al beneficio que finalmente recibe un país. Son conceptos completamente diferentes.

Cuando una empresa minera produce oro, una parte importante de los ingresos debe destinarse a cubrir costos de exploración, construcción de infraestructura, maquinaria, energía, transporte, procesamiento, mantenimiento, administración, monitoreo ambiental y recuperación de las inversiones realizadas.

Por esta razón, el valor bruto de producción constituye únicamente el punto de partida del análisis económico.

Para ilustrar la diferencia, supongamos un escenario de referencia en el cual la explotación minera genera una producción bruta acumulada de US$10.000 millones durante aproximadamente diez años.

De esa cifra, una parte importante se destinaría a costos operativos y recuperación de inversiones. Diversos análisis internacionales indican que estos componentes pueden representar aproximadamente el 50% del valor bruto producido.

Esto significa que, antes de distribuir beneficios, aproximadamente US$5.000 millones ya habrían sido absorbidos por los costos asociados a la operación.

A partir de ese momento comienza la verdadera discusión: ¿cómo se distribuye el valor restante entre el Estado costarricense, las comunidades locales y las empresas que participan en el proyecto?

La respuesta a esa pregunta es mucho más importante que el valor bruto del oro.

Porque lo que realmente interesa a Costa Rica no es cuánto oro se extrae, sino cuánto beneficio permanece efectivamente en el país una vez descontados todos los costos.

Por ello, cualquier análisis serio debe abandonar la discusión sobre los US$10.000 millones de producción bruta y concentrarse en la renta minera neta que finalmente recibe la sociedad costarricense.

2.2. ¿Cuánto recibiría realmente Costa Rica?

Una vez comprendida la diferencia entre valor bruto y beneficio neto, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cuánto dinero llegaría realmente al Estado costarricense?

Utilizando como referencia una producción bruta acumulada de US$10.000 millones durante diez años, es posible realizar una estimación simplificada que permita visualizar los órdenes de magnitud involucrados.

El cálculo no pretende sustituir estudios económicos detallados. Su objetivo es únicamente facilitar la comprensión del debate.

Escenario A: pago del canon minero y del impuesto sobre la renta.

Producción bruta acumulada: US$10.000 millones.
Canon minero (6%): US$600 millones.
Impuesto sobre la renta estimado: US$1.300 a 1.500 millones.
Ingreso total aproximado para el Estado: US$1.900 a 2.100 millones.
Promedio anual durante diez años: US$190 a 210 millones por año.

En este escenario, el Estado podría captar aproximadamente entre un 19% y un 21% del valor bruto producido.

Se trata de una cifra importante, pero considerablemente menor a los US$10.000 millones que suelen mencionarse en el debate público.

Escenario B: pago únicamente del canon minero.

Producción bruta acumulada: US$10.000 millones.
Canon minero (6%): US$600 millones.
Impuesto sobre la renta: US$0.
Ingreso total para el Estado: US$600 millones.
Promedio anual durante diez años: US$60 millones por año.

En este escenario, la participación estatal se reduce drásticamente.

La diferencia entre ambos casos supera los US$1.300 millones durante la vida útil del proyecto.

Por esta razón, uno de los elementos más importantes de cualquier discusión legislativa consiste en definir claramente el régimen tributario aplicable y garantizar que una proporción justa de la riqueza generada permanezca en Costa Rica.

Como se puede ver, la pregunta central no es cuánto oro existe en Crucitas.

La pregunta central es cuánto de la riqueza generada beneficiará efectivamente al país, a la Municipalidad de San Carlos, a las comunidades de Cutris y a las futuras generaciones de costarricenses.

Esa es la variable económica que debe orientar la toma de decisiones.

Tomando como referencia los porcentajes de distribución actualmente conocidos, la Municipalidad de San Carlos podría recibir recursos acumulados del orden de US$30 a US$50 millones durante la vida útil del proyecto, dependiendo del esquema definitivo de distribución que se establezca.

Por su parte, los programas de inversión comunitaria, infraestructura local, capacitación y desarrollo social podrían representar montos adicionales que podrían ubicarse entre US$80 y US$120 millones distribuidos a lo largo de aproximadamente diez años.

Aunque estas cifras representan beneficios importantes para la región, también deben analizarse en perspectiva. Distribuidos durante una década y entre múltiples comunidades, los montos anuales son significativamente menores que las cifras globales de producción de oro que suelen mencionarse en el debate público. Y debe quedar claro que son efímeros, pues una vez que todo el oro es extraído ya no habrá más beneficios.

Por ello, resulta fundamental determinar si estos beneficios constituyen la mejor utilización posible del potencial económico de la región o si existen alternativas capaces de generar beneficios equivalentes o superiores de manera permanente.

2.3. ¿Cuánto empleo permanente genera realmente una mina?

Uno de los principales argumentos utilizados para justificar la explotación minera en Crucitas es la generación de empleo. Sin embargo, para evaluar adecuadamente este beneficio resulta necesario diferenciar entre el empleo temporal asociado a la construcción de la infraestructura minera y el empleo permanente que se mantiene durante la fase operativa del proyecto.

La experiencia internacional demuestra que una parte importante de los puestos de trabajo se concentra durante los primeros años de construcción, cuando se desarrollan caminos, instalaciones industriales, sistemas eléctricos, campamentos y demás infraestructura requerida para la operación. Una vez concluida esta etapa, la cantidad de trabajadores suele reducirse significativamente y estabilizarse durante el período productivo.

Por esta razón, cualquier análisis económico serio debe considerar no solamente cuántos empleos se crearán, sino también cuánto tiempo permanecerán activos y qué ocurrirá cuando finalice la vida útil de la mina. La evaluación correcta no consiste únicamente en contabilizar puestos de trabajo, sino en determinar su duración, estabilidad y capacidad de generar bienestar sostenido para las comunidades locales.

Esta reflexión adquiere especial importancia cuando se compara la minería con otras alternativas de desarrollo regional, como el turismo, los servicios, la investigación científica, la restauración ecológica o la infraestructura estratégica, actividades que poseen el potencial de generar empleo durante períodos considerablemente más prolongados y con una mayor diversificación económica.

3. LOS COSTOS QUE CASI NUNCA SE CONTABILIZAN: PASIVOS AMBIENTALES Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA

3.1. Una mina no termina cuando sale el último gramo de oro

En la mayoría de las discusiones públicas sobre minería, la atención suele concentrarse en la etapa de explotación. Se habla de inversión, empleo, producción, exportaciones e ingresos fiscales. Sin embargo, existe un aspecto igualmente importante que con frecuencia recibe mucha menos atención: lo que ocurre después de que la mina deja de operar.

Desde una perspectiva técnica, la extracción del último gramo de oro no marca el final del proyecto. En realidad, marca el inicio de una nueva etapa caracterizada por obligaciones ambientales, monitoreo permanente y responsabilidades financieras que pueden extenderse durante décadas, particularmente en países tropicales y con geología muy activa como Costa Rica.

Este aspecto es particularmente importante porque la rentabilidad económica de una mina se concentra durante un período relativamente corto, mientras que algunos de sus riesgos y obligaciones pueden mantenerse mucho después de que los beneficios económicos hayan desaparecido.

Las explotaciones modernas incorporan programas de cierre y restauración ambiental que buscan reducir los impactos residuales. Sin embargo, incluso aplicando las mejores prácticas internacionales, permanecen elementos que requieren seguimiento a largo plazo.

Entre ellos destacan los tajos mineros, las estructuras de almacenamiento de relaves, los sistemas de drenaje, los programas de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, así como las labores de restauración ecológica de las áreas intervenidas.

Uno de los ejemplos más visibles es el tajo residual que queda después de la extracción. Dependiendo de las características del proyecto, estas excavaciones pueden transformarse en lagos artificiales cuya evolución debe ser monitoreada durante muchos años para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad física y calidad del agua.

Igualmente importante resulta la gestión de los relaves. Aunque las tecnologías modernas han mejorado significativamente los estándares de seguridad, estas estructuras continúan requiriendo vigilancia permanente para verificar su estabilidad geotécnica, comportamiento hidráulico y resistencia frente a eventos extremos.

La protección de las aguas subterráneas constituye otro componente esencial. Las modificaciones que una explotación minera introduce en el terreno pueden alterar temporalmente los flujos naturales de agua, razón por la cual resulta necesario mantener programas de monitoreo hidrogeológico durante largos períodos posteriores al cierre.

A ello se suma la restauración ecológica de las áreas intervenidas. La recuperación de la cobertura vegetal, la estabilización de suelos y la reconstrucción de funciones ecológicas pueden requerir décadas para alcanzar niveles satisfactorios.

Por esta razón, cuando se analiza la conveniencia económica de una explotación minera, no basta con contabilizar únicamente los ingresos generados durante la etapa de producción. También deben incorporarse los costos asociados a la gestión ambiental posterior al cierre.

La verdadera comparación económica no debe realizarse únicamente entre ingresos y costos operativos. Debe realizarse entre los beneficios obtenidos y las obligaciones que permanecerán cuando la actividad extractiva haya concluido.

3.2. ¿Quién paga los costos futuros?

Una vez reconocido que toda explotación minera genera obligaciones ambientales de largo plazo, surge una pregunta fundamental: ¿Quién asumirá los costos cuando la mina haya dejado de producir?

Esta pregunta adquiere especial relevancia porque la experiencia internacional demuestra que, en ausencia de mecanismos financieros adecuados, parte de los costos ambientales puede terminar siendo asumida por los Estados y, en última instancia, por los contribuyentes.

Precisamente para evitar esta situación, las legislaciones más avanzadas exigen que las empresas constituyan garantías financieras antes de iniciar operaciones.

Estas garantías tienen como objetivo asegurar que existan recursos suficientes para financiar el monitoreo ambiental, la restauración ecológica, la protección de acuíferos, la supervisión de relaves y la atención de eventuales contingencias futuras.

En términos simples, representan un mecanismo mediante el cual la empresa debe demostrar que dispone de los recursos necesarios para responder por sus obligaciones incluso después de finalizada la explotación.

Diversos análisis internacionales indican que los costos acumulados de monitoreo, mantenimiento y gestión ambiental posteriores al cierre pueden alcanzar montos significativos.

Para una explotación minera de roca dura de la magnitud planteada para Crucitas, resulta razonable considerar que las obligaciones post-cierre podrían ubicarse en rangos de decenas o incluso cientos de millones de dólares distribuidos durante varias décadas.

No se trata de afirmar que esos costos necesariamente ocurrirán de manera inmediata ni que representen daños inevitables. Se trata simplemente de reconocer que la protección ambiental de largo plazo tiene un costo real que debe ser incorporado dentro de cualquier evaluación económica seria.

Además de las garantías financieras, existe un segundo instrumento igualmente importante: los seguros ambientales.

Estos seguros permiten responder ante situaciones extraordinarias que superen los escenarios normales de operación y cierre. Entre ellas pueden incluirse fallas de infraestructura, eventos hidrometeorológicos extremos, afectaciones accidentales a terceros o situaciones ambientales imprevistas.

El impacto del Huracán Otto en 2016 evidencia la importancia de evaluar el comportamiento de infraestructuras críticas mineras frente a eventos hidrometereológicos extremos.

La existencia simultánea de garantías financieras y seguros ambientales constituye una práctica ampliamente aceptada en numerosos países precisamente porque reduce el riesgo de trasladar responsabilidades futuras al sector público.

Desde la perspectiva del interés nacional, la pregunta relevante no es únicamente cuánto dinero puede generar la minería.

La pregunta igualmente importante es si el país contará con mecanismos suficientes para garantizar que los costos futuros sean asumidos por quienes obtuvieron los beneficios de la explotación y no por las futuras generaciones de costarricenses.

3.3. La dimensión estratégica de la frontera norte

La región de Cutris no constituye únicamente un territorio con potencial mineral. También representa una de las zonas fronterizas más importantes de Costa Rica. Su ubicación geográfica le confiere un valor estratégico que trasciende los aspectos estrictamente económicos y ambientales asociados a la minería.

El fortalecimiento de la infraestructura regional, la generación de oportunidades de empleo, la presencia institucional efectiva, la mejora de la conectividad y el desarrollo de actividades económicas sostenibles constituyen elementos fundamentales para consolidar la estabilidad y seguridad de la región fronteriza. La experiencia internacional demuestra que los territorios fronterizos con mayores niveles de desarrollo tienden a presentar mejores condiciones de gobernabilidad, control territorial y cohesión social.

Por esta razón, cualquier decisión relacionada con el futuro de Crucitas debería analizarse también desde una perspectiva geopolítica y territorial. La pregunta relevante no es únicamente qué actividad económica puede desarrollarse en la zona, sino cuál contribuye de mejor manera al fortalecimiento integral de la región durante las próximas décadas.

4. ¿QUÉ CONVIENE MÁS PARA COSTA RICA HACIA EL AÑO 2050?

4.1. El oro como recurso extractivo o como activo patrimonial estratégico

Después de analizar el problema de la minería ilegal, la distribución real de los beneficios económicos y los pasivos ambientales que podrían permanecer durante décadas surge una pregunta de fondo que rara vez se discute dentro del debate nacional: ¿Cuál es la mejor forma de utilizar el recurso aurífero existente en Crucitas para generar bienestar para Costa Rica?

La discusión tradicional suele asumir que la única forma de aprovechar el valor económico del oro consiste en extraerlo. Bajo esta lógica, el recurso tiene valor únicamente cuando es removido del subsuelo, procesado químicamente y vendido en los mercados internacionales, donde, en muchos casos, paradójicamente, vuelve al subsuelo de una bóveda bancaria.

Sin embargo, desde una perspectiva económica y estratégica, existe una segunda forma de interpretar ese mismo recurso.

El oro puede entenderse no solamente como un recurso extractivo, sino también como un activo patrimonial.

La diferencia entre ambos enfoques es profunda.

Cuando un recurso se explota, se transforma en ingresos relativamente rápidos. El Estado recibe impuestos, cánones y otras contribuciones. Las empresas obtienen utilidades. Se generan empleos y actividad económica durante la vida útil del proyecto.

Sin embargo, una vez extraído el recurso, este desaparece para siempre del territorio.

En cambio, cuando un recurso se considera parte del patrimonio estratégico de una nación, su valor permanece disponible para futuras generaciones.

En términos económicos, un activo es cualquier elemento capaz de generar valor presente o futuro. Una reserva mineral de gran magnitud constituye precisamente eso: un activo patrimonial.

La situación de Crucitas presenta una lógica similar. Costa Rica puede optar por extraer el oro y convertirlo en ingresos durante una o dos décadas. O puede mantener ese recurso como parte de su patrimonio estratégico mientras desarrolla alternativas capaces de generar beneficios permanentes para la región, tal y como propone el proyecto de ley N.° 25426, denominado “Ley para la recuperación ambiental, restauración territorial y desarrollo sustentable de Crucitas” y que se encuentra en la corriente legislativa.

La pregunta correcta es: ¿Cuál utilización del recurso genera el mayor beneficio acumulado para Costa Rica entre hoy y el año 2050?

4.2. El norte-norte de Costa Rica: una oportunidad de desarrollo más allá de la minería

Cuando se observa la región de Cutris desde una perspectiva territorial de largo plazo, resulta evidente que el oro no constituye su único activo estratégico.

La región posee una combinación excepcional de recursos naturales, disponibilidad territorial, recursos hídricos, posición geográfica y potencial de desarrollo que pocas zonas del país conservan actualmente.

La disponibilidad de agua dulce, el potencial geotérmico, la estabilidad política, la biodiversidad, la cercanía a ecosistemas de alto valor ecológico y la baja densidad poblacional son factores que probablemente adquirirán una importancia creciente durante las próximas décadas.

Entre las oportunidades que merecen ser analizadas destacan el desarrollo de infraestructura regional estratégica, el turismo ecológico y científico, el turismo de salud y bienestar, la restauración ecológica, la investigación científica, la adaptación climática y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

La principal diferencia es que la minería genera valor mientras existe mineral disponible. El desarrollo territorial genera valor mientras el territorio conserve sus capacidades.

Por ello, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero puede producir el oro, sino también en cuánto valor puede generar la región durante los próximos cincuenta o cien años.

Si parte del valor patrimonial asociado a las reservas auríferas fuera utilizado como respaldo para estructurar mecanismos financieros de desarrollo, podría plantearse un escenario alternativo basado en la movilización de aproximadamente US$500 millones destinados a infraestructura estratégica, conectividad regional, desarrollo turístico, restauración ambiental, fortalecimiento institucional y promoción de inversiones.

Un programa de esta naturaleza tendría la capacidad de generar empleo directo e indirecto durante varias décadas y de crear una base económica mucho más diversificada que la asociada a una actividad extractiva de duración limitada. A diferencia de la minería, cuyo ciclo económico concluye cuando se agota el recurso, un polo de desarrollo territorial bien diseñado podría continuar generando beneficios económicos, sociales y fiscales mucho después del año 2050.

La comparación económica entre ambas alternativas no debería realizarse únicamente sobre la base de los ingresos inmediatos. Mientras la minería concentra una parte importante de sus beneficios durante una o dos décadas, un modelo de desarrollo territorial sustentable puede generar actividad económica permanente mediante turismo, servicios, innovación, actividades agropecuarias modernas, investigación científica y nuevas inversiones. La pregunta central no es cuál alternativa produce más ingresos en los próximos diez años, sino cuál genera más riqueza acumulada para la región durante los próximos cincuenta años.

4.2.1. El agua como patrimonio estratégico para el siglo XXI

Durante gran parte de la historia moderna, los minerales metálicos han sido considerados recursos estratégicos de alto valor económico. Sin embargo, los desafíos asociados al cambio climático, al crecimiento demográfico y a la creciente presión sobre los recursos naturales sugieren que la disponibilidad de agua dulce podría convertirse en uno de los activos más valiosos del siglo XXI.

La región norte de Costa Rica posee importantes recursos hídricos superficiales y subterráneos (incluso profundos) que desempeñan un papel fundamental para la producción agropecuaria, el abastecimiento humano, la conservación de ecosistemas y el desarrollo futuro de la región. La protección de estos recursos no debe entenderse únicamente como una medida ambiental, sino también como una inversión estratégica para las futuras generaciones.

En este contexto, la valoración de los recursos naturales existentes en Cutris debería incorporar no solamente el valor económico del oro presente en el subsuelo, sino también el valor patrimonial asociado a la disponibilidad y protección del agua como recurso estratégico para el desarrollo nacional.

4.2.2. Oportunidades concretas para el desarrollo del norte-norte de Costa Rica

Cuando se analiza la región desde una perspectiva de largo plazo, resulta evidente que el oro no constituye su único activo estratégico. La zona posee condiciones excepcionales para impulsar procesos de desarrollo territorial basados en la diversificación económica y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

Entre las oportunidades que merecen una evaluación detallada destacan el fortalecimiento de la infraestructura regional, la eventual consolidación de un corredor logístico fronterizo, el desarrollo del turismo ecológico y científico, la promoción del turismo de bienestar y salud, la restauración ambiental de grandes áreas del territorio, la investigación científica tropical y el fortalecimiento de programas de adaptación al cambio climático. Incluso, el desarrollo de agricultura y ganadería regenerativa en la zona.

Estas actividades presentan una característica fundamental: pueden generar beneficios económicos durante períodos muy superiores a la vida útil de una explotación minera. Mientras la minería depende de la existencia de un recurso finito que eventualmente se agota, el desarrollo territorial sustentable puede continuar generando riqueza, empleo e inversión mientras el territorio conserve sus capacidades ambientales, sociales y productivas.

4.2.3. Una comparación que merece ser analizada

La verdadera discusión sobre Crucitas no consiste únicamente en determinar cuánto dinero puede producir una mina durante los próximos años. La pregunta estratégica es cuál alternativa puede generar mayores beneficios acumulados para la región y para Costa Rica durante las próximas décadas.

La minería posee la capacidad de generar ingresos importantes en períodos relativamente cortos. Sin embargo, sus beneficios se encuentran asociados a la extracción de un recurso no renovable cuya disponibilidad es limitada. Por el contrario, un modelo de desarrollo territorial basado en infraestructura, turismo, innovación, investigación científica, servicios ambientales y actividades productivas diversificadas puede generar beneficios durante períodos considerablemente más extensos.

Por esta razón, la decisión nacional no debería fundamentarse exclusivamente en la rentabilidad inmediata de una actividad extractiva. También debería considerar cuál modelo genera mayor resiliencia económica, mayor estabilidad social y mejores oportunidades para las generaciones futuras.

4.3. Condiciones mínimas para una decisión responsable

Independientemente de la posición que cada persona tenga respecto a la minería, existen principios básicos que deberían cumplirse antes de autorizar cualquier explotación.

1. Captación justa de la renta minera (señalamiento explícito en la ley que la planta productora de lingotes de oro no se establecerá como zona franca).
2. Garantías financieras obligatorias (Fondo de responsabilidad ambiental post explotación por al menos 20 años).
3. Seguro ambiental integral (durante la construcción y operación de la mina y por lo menos 20 años después de su cierre).
4. Limitación territorial estricta.
5. Inversión obligatoria en desarrollo regional.
6. Fiscalización científica independiente.
7. Auditorías periódicas.

8. Participación efectiva de las comunidades locales.

Estas condiciones no garantizan por sí solas que la minería sea la mejor opción. Pero sí permiten reducir riesgos y asegurar que cualquier decisión responda al interés nacional y no únicamente a objetivos de corto plazo.

5. CONCLUSIÓN GENERAL

La discusión sobre Crucitas no debería resolverse mediante consignas ideológicas ni mediante simplificaciones políticas.

La verdadera decisión consiste en determinar qué modelo de desarrollo generará mayores beneficios para Costa Rica, para San Carlos y para la región norte-norte durante las próximas décadas.

Los análisis económicos muestran que el valor bruto del oro es muy diferente del beneficio real que recibe el país. Los análisis ambientales muestran que la actividad minera genera responsabilidades que pueden extenderse mucho más allá del cierre de la explotación. Y el análisis territorial demuestra que el norte-norte posee oportunidades estratégicas que merecen ser evaluadas con el mismo rigor que cualquier proyecto extractivo.

Costa Rica no enfrenta únicamente una decisión minera. En realidad, enfrenta una decisión sobre el uso estratégico de una parte importante de su patrimonio natural, territorial y económico.

El país tiene pleno derecho a aprovechar sus recursos naturales si así lo decide. Sin embargo, antes de hacerlo debe asegurarse de que esa sea efectivamente la mejor alternativa disponible y no simplemente la más inmediata.

Antes de decidir extraer el oro de Crucitas, Costa Rica debería demostrar que ha evaluado con el mismo rigor las demás alternativas de desarrollo disponibles para la región.

La verdadera riqueza de Crucitas podría no encontrarse únicamente en el oro que eventualmente pueda extraerse durante algunos años, sino también en la capacidad del territorio para generar bienestar, oportunidades y desarrollo durante muchas generaciones. La decisión que adopte Costa Rica deberá valorar cuidadosamente ambas posibilidades y determinar cuál de ellas representa el mejor legado económico, social, ambiental y territorial para la segunda mitad del siglo XXI.

Crucitas: una decisión que trasciende la minería

Publicación en el Semanario Universidad (15/06/2026): https://semanariouniversidad.com/opinion/crucitas-una-decision-que-trasciende-la-mineria/

El debate sobre Crucitas trasciende la minería y plantea una pregunta estratégica: ¿cuál es el mejor futuro para la región norte-norte de Costa Rica

  • La minería ilegal en saprolitas y la eventual explotación industrial de los yacimientos de roca dura constituyen problemas distintos que no necesariamente tienen la misma solución.

  • Antes de decidir sobre un territorio de más de 840 km², el país debería valorar integralmente sus oportunidades ambientales, económicas, turísticas y estratégicas.

  • Costa Rica puede explorar alternativas que integren recuperación ambiental, desarrollo regional, control territorial y aprovechamiento responsable de sus recursos estratégicos

Comprender el territorio antes de tomar una decisión

En las últimas semanas, el debate nacional sobre Crucitas ha vuelto a ocupar un lugar destacado en la agenda pública. La posibilidad de reabrir la discusión sobre la explotación de oro en esta región fronteriza ha generado posiciones encontradas, algunas favorables y otras contrarias, en un contexto marcado por preocupaciones ambientales, expectativas económicas y la persistencia de la minería ilegal.

Sin embargo, antes de asumir una posición sobre la conveniencia o no de explotar los yacimientos auríferos existentes en la zona, resulta indispensable realizar un ejercicio previo de análisis: comprender adecuadamente el territorio sobre el cual se pretende tomar una decisión.

Este aspecto es fundamental porque el debate público suele concentrarse exclusivamente en la presencia de oro y los daños ambientales producidos hasta ahora por la explotación minera ilegal, dejando en un segundo plano una pregunta mucho más amplia y estratégica: ¿cuál debe ser el futuro de la región norte-norte de Costa Rica durante las próximas décadas?

Crucitas se localiza en el distrito de Cutris (843 Km2), cantón de San Carlos, una de las unidades territoriales más extensas del país. Se trata de una región fronteriza caracterizada por una baja densidad poblacional (19 habitantes por kilómetro cuadrado, en promedio), amplios espacios rurales y una ocupación relativamente dispersa del territorio. A diferencia de otras zonas del Valle Central o de los principales corredores urbanos del país, esta región mantiene importantes áreas con escasa intervención humana y con una significativa disponibilidad de espacio para actividades productivas, conservación ambiental y proyectos de desarrollo.

Históricamente, la región norte-norte ha permanecido relativamente alejada de los principales polos de inversión pública y privada del país. Durante gran parte de los siglos XIX y XX, la presencia institucional fue limitada y la infraestructura disponible resultó insuficiente para impulsar procesos sostenidos de desarrollo económico. Aunque durante las últimas décadas se han producido mejoras importantes en materia de conectividad vial, electrificación, telecomunicaciones y acceso a servicios básicos, todavía persisten importantes oportunidades para fortalecer la integración territorial de esta región con el resto del país.

Esta realidad territorial adquiere una relevancia especial cuando se analiza la discusión sobre la minería metálica. Con frecuencia se presenta a Crucitas como un problema exclusivamente asociado a la extracción de oro o a los impactos derivados de la minería ilegal. Sin embargo, una visión estratégica obliga a ampliar la perspectiva.

Lo que está en discusión no es únicamente el aprovechamiento de un recurso mineral. Lo que está en discusión es el futuro de una región completa, su modelo de desarrollo, su integración económica, su papel dentro de la dinámica fronteriza y las oportunidades que podría ofrecer a las generaciones futuras.

Por esa razón, cualquier decisión sobre Crucitas debe analizarse dentro de un marco territorial mucho más amplio. La pregunta central no debería limitarse a determinar cuánto oro existe bajo el suelo o cuál podría ser su valor económico. También debe considerar cuál es el potencial integral de la región, cuáles son las alternativas de desarrollo disponibles y cuál de ellas podría generar los mayores beneficios económicos, sociales, ambientales y territoriales para Costa Rica en el largo plazo.

En otras palabras, antes de discutir qué hacer con el oro, debemos comprender el territorio donde ese oro se encuentra. Solo a partir de esa comprensión será posible construir una decisión verdaderamente informada, estratégica y compatible con el interés nacional.

  1. El error conceptual que domina el debate: dos problemas distintos

Uno de los principales obstáculos para comprender adecuadamente la situación de Crucitas es la tendencia a presentar todos los acontecimientos relacionados con el oro como si formaran parte de un único problema. Sin embargo, desde una perspectiva geológica, ambiental y territorial, la realidad es considerablemente más compleja.

La discusión pública suele mezclar dos fenómenos diferentes que, aunque relacionados por la presencia del mismo recurso mineral, poseen características, escalas territoriales, dinámicas operativas e implicaciones ambientales muy distintas.

El primer fenómeno corresponde a la minería ilegal desarrollada sobre los depósitos superficiales de oro presentes en los suelos de meteorización, comúnmente conocidos como saprolitas. Estos materiales se originan por la alteración química de las rocas mineralizadas y pueden contener partículas de oro dispersas a poca profundidad bajo la superficie del terreno.

Desde hace varios años, grupos de coligalleros han realizado actividades extractivas ilegales sobre estos materiales en diferentes sectores de la región. Se trata de una actividad de carácter artesanal y disperso, que se desarrolla sobre extensiones relativamente amplias del territorio y que históricamente ha estado asociada al uso de mercurio y a otros métodos rudimentarios de recuperación del oro.

Los impactos derivados de esta actividad incluyen remoción de cobertura vegetal, alteración de los suelos, afectación de drenajes superficiales y contaminación localizada por el uso inadecuado de sustancias químicas. Además, debido a su carácter ilegal, esta actividad se desarrolla al margen de controles técnicos, ambientales y de seguridad ocupacional.

Este es un problema real y requiere una respuesta institucional firme, tanto desde la perspectiva ambiental como desde la perspectiva social y de seguridad.

Sin embargo, existe un segundo fenómeno completamente diferente.

Se trata de los yacimientos de oro contenidos en roca dura, particularmente los identificados en los cerros Botija y Fortuna, donde estudios geológicos realizados durante décadas permitieron determinar la existencia de reservas económicamente explotables mediante minería industrial.

En este caso ya no se trata de una actividad artesanal dispersa sobre amplias superficies. Se trata de un proyecto minero industrial altamente tecnificado, concentrado en áreas mucho más reducidas, que requiere inversiones de cientos de millones de dólares, procesos industriales complejos y un marco regulatorio específico.

La diferencia entre ambos fenómenos es fundamental.

Mientras la minería ilegal en saprolitas puede extenderse sobre áreas relativamente amplias del territorio, la explotación industrial de un yacimiento de roca dura se concentra en sectores específicos donde se localizan las reservas económicamente viables. Esta diferencia de escala es fundamental. La eventual explotación industrial de los cerros Botija y Fortuna no necesariamente resolvería por sí sola la totalidad de las presiones asociadas a la minería ilegal dispersa en otros sectores donde existen suelos mineralizados. En otras palabras, el área de interés de una eventual concesión industrial y las áreas impactadas por la extracción ilegal de saprolitas no son necesariamente coincidentes ni responden a la misma lógica territorial.

Esta diferencia tiene importantes implicaciones para la toma de decisiones.

Con frecuencia se plantea que autorizar una explotación industrial permitiría resolver automáticamente el problema de la minería ilegal. Sin embargo, desde una perspectiva territorial, esta relación no necesariamente es directa.

Una empresa minera desarrolla sus actividades dentro del área concesionada y, particularmente, dentro de su área de proyecto, conforme a los objetivos económicos asociados al yacimiento que explota. Su función principal no consiste en actuar como autoridad de control territorial ni como mecanismo permanente de erradicación de actividades ilegales desarrolladas en otros sectores de la región.

Por esa razón, resulta indispensable separar ambos debates.

Una cosa es la necesidad de controlar y erradicar la minería ilegal que actualmente genera daños ambientales y sociales en diversos sectores de la región.

Otra muy distinta es decidir si Costa Rica debe o no permitir la explotación industrial de los yacimientos de oro identificados en roca dura.

Ambas decisiones pueden estar relacionadas, pero no son equivalentes ni necesariamente conducen a los mismos resultados.

Comprender esta diferencia constituye un requisito fundamental para construir una discusión nacional más objetiva, más técnica y mejor orientada hacia la búsqueda de soluciones efectivas.

  1. Beneficios económicos y costos ambientales: una evaluación integral

Es importante reconocer que la minería ilegal desarrollada en Crucitas ha generado daños ambientales que deben ser atendidos con seriedad. No obstante, la evaluación de esos daños también debe realizarse dentro de una perspectiva objetiva y proporcional. La existencia de un problema ambiental real no implica automáticamente que cualquier alternativa propuesta para resolverlo sea necesariamente la más conveniente. Precisamente por ello, el país debe comparar distintas opciones de solución y valorar integralmente sus beneficios, riesgos, costos futuros y consecuencias territoriales.

Toda discusión seria sobre el futuro de Crucitas debe partir de un principio básico: las decisiones públicas de gran trascendencia no pueden evaluarse únicamente desde una perspectiva económica ni exclusivamente desde una perspectiva ambiental. Ambas dimensiones deben analizarse conjuntamente dentro de un marco más amplio de interés nacional.

En el caso de los yacimientos auríferos identificados en Crucitas, resulta innegable que existe un recurso mineral de considerable valor económico. Los estudios realizados durante las últimas décadas han permitido identificar reservas significativas y probadas de oro cuya eventual explotación podría atraer importantes inversiones privadas, generar empleo directo e indirecto y producir ingresos para el Estado a través de cánones, impuestos y otros mecanismos establecidos por la legislación vigente.

Estos beneficios potenciales son reales y deben ser reconocidos objetivamente dentro del debate nacional.

Sin embargo, la valoración económica de un proyecto minero no puede limitarse al valor bruto del recurso contenido en el subsuelo. También debe considerar la distribución efectiva de los beneficios generados, la duración de la actividad extractiva y los costos asociados a la gestión de los impactos ambientales presentes y futuros.

Desde una perspectiva económica, es importante recordar que la explotación minera constituye una actividad de duración limitada. Una vez agotadas las reservas económicamente viables, la operación concluye y la empresa minera traslada sus actividades hacia otros proyectos o regiones donde existan nuevos recursos disponibles.

Por esta razón, una de las preguntas fundamentales que debe plantearse el país es cómo maximizar el beneficio nacional derivado de la utilización de un recurso no renovable cuya extracción ocurre durante un período relativamente corto en comparación con la escala temporal del desarrollo territorial.

Asimismo, la evaluación económica de largo plazo debería considerar no solamente los ingresos directos asociados a una actividad extractiva, sino también las oportunidades que podrían generarse mediante otras actividades compatibles con la vocación territorial de la región. Entre ellas destacan el turismo, el geoturismo, la producción agropecuaria de alto valor agregado, los servicios ambientales, la investigación científica y las inversiones asociadas a infraestructura estratégica. Esta comparación es indispensable para valorar cuál alternativa genera mayor beneficio neto para el país.

Esta reflexión adquiere aún mayor relevancia cuando se consideran los efectos ambientales asociados a la actividad minera.

La minería moderna dispone de herramientas técnicas que permiten prevenir, controlar y reducir una parte importante de los impactos ambientales durante la fase operativa. Los estudios de impacto ambiental, los programas de monitoreo, las medidas de mitigación y los planes de cierre constituyen, en buena teoría, instrumentos fundamentales para minimizar riesgos y garantizar el cumplimiento de estándares ambientales.

No obstante, también es necesario reconocer que algunas transformaciones generadas por la actividad minera pueden permanecer durante períodos mucho más prolongados que la propia vida útil de la explotación.

Las modificaciones del relieve y el paisaje, los cambios en los suelos, la alteración de la cobertura vegetal, la gestión de depósitos de relaves y la vigilancia de posibles procesos de contaminación asociados a materiales expuestos, como el drenaje ácido que puede afectar las aguas superficiales y subterráneas de la región, constituyen desafíos que, en algunos casos, pueden requerir seguimiento durante décadas posteriores al cierre de las operaciones.

Precisamente por ello, la evaluación de un proyecto minero no debería limitarse únicamente a la comparación entre ingresos inmediatos y costos operativos. También debe incorporar una valoración de las responsabilidades ambientales futuras y de la capacidad institucional necesaria para garantizar una adecuada gestión de largo plazo.

En otras palabras, el verdadero desafío no consiste únicamente en determinar cuánto oro puede extraerse ni cuánto dinero podría generarse durante la vida útil del proyecto. El desafío consiste en establecer si el balance global entre beneficios económicos, costos ambientales, riesgos futuros y oportunidades de desarrollo territorial resulta efectivamente favorable para el interés nacional.

Esa es la pregunta que Costa Rica debe responder antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre el futuro de Crucitas.

  1. Cuando el debate deja de ser sobre una mina y pasa a ser sobre un territorio 

Durante muchos años, la discusión sobre Crucitas se concentró principalmente en el área específica donde se localizan los yacimientos auríferos identificados en los cerros Botija y Fortuna y, en general, en la finca Vivoyet. Tanto los estudios técnicos como el debate político y ambiental giraban alrededor de una zona relativamente delimitada y asociada a reservas minerales previamente identificadas.

Sin embargo, las propuestas más recientes han ampliado significativamente el alcance territorial de la discusión.

Este cambio es importante porque modifica la naturaleza misma del debate.

Ya no se trata únicamente de analizar la viabilidad de una explotación minera localizada sobre un yacimiento específico. Se trata de valorar las implicaciones que podría tener la apertura de un territorio mucho más amplio para futuras actividades de exploración y explotación minera.

El distrito de Cutris posee una extensión aproximada de 843 kilómetros cuadrados. Para comprender la magnitud de esta cifra basta recordar que se trata de un territorio comparable a una parte significativa de la Gran Área Metropolitana, donde se concentra una porción importante de la población y de la actividad económica del país.

Desde una perspectiva de ordenamiento territorial, la diferencia entre evaluar un proyecto localizado y analizar el potencial minero de un territorio de cientos de kilómetros cuadrados es enorme.

Cuando las decisiones se refieren a áreas extensas, surgen preguntas que van mucho más allá de la existencia de un recurso mineral específico.

  • ¿Cuáles son las zonas ambientalmente más sensibles?

  • ¿Cuáles sectores presentan limitaciones hidrogeológicas o ecológicas importantes?

  • ¿Cuáles áreas poseen vocación para actividades turísticas, agropecuarias, de conservación o desarrollo urbano futuro?

  • ¿Cuáles son las zonas con mayor fragilidad ambiental?

  • ¿Dónde podrían concentrarse los principales riesgos acumulativos derivados de múltiples actividades productivas?

Estas preguntas son fundamentales porque el territorio no es un espacio vacío. Cada sector posee características ambientales, sociales y económicas particulares que deben ser conocidas antes de adoptar decisiones de gran alcance.

Precisamente por ello, los instrumentos de ordenamiento territorial fueron concebidos para orientar el uso racional del territorio y para minimizar conflictos entre distintas actividades humanas.

En este contexto, resulta razonable preguntarse si el país dispone actualmente de toda la información ambiental, territorial e hidrogeológica necesaria para valorar adecuadamente las implicaciones de decisiones que podrían afectar una región de esta magnitud.

No se trata de impedir el desarrollo ni de excluir alternativas económicas.

Por el contrario, se trata de asegurar que cualquier decisión se adopte con el mayor nivel posible de conocimiento técnico y con una comprensión integral de las oportunidades y limitaciones existentes.

La experiencia internacional demuestra que los conflictos territoriales más complejos suelen surgir precisamente cuando las decisiones se toman antes de comprender adecuadamente las características del territorio sobre el cual se pretende intervenir.

Por esta razón, cualquier discusión sobre el futuro de Cutris debería incorporar no solamente consideraciones mineras, sino también análisis de fragilidad ambiental, recursos hídricos, biodiversidad, conectividad ecológica, potencial turístico, desarrollo productivo y planificación territorial de largo plazo.

En otras palabras, cuando el debate deja de ser sobre una mina y pasa a ser sobre un territorio completo, la calidad de la información requerida para tomar decisiones debe aumentar en la misma proporción.

Esa es una condición indispensable para garantizar que las decisiones adoptadas hoy contribuyan efectivamente al desarrollo sustentable de la región durante las próximas décadas.

  1. El verdadero desafío: transformar un recurso mineral en una estrategia de desarrollo nacional

Después de analizar el territorio, distinguir entre la minería ilegal y la explotación industrial, valorar los beneficios y riesgos asociados a la actividad minera y comprender la escala territorial involucrada en las decisiones que actualmente se discuten, surge una pregunta inevitable:

¿Cuál es la alternativa que puede generar el mayor beneficio para Costa Rica y para la región norte-norte durante las próximas décadas?

Esta pregunta es particularmente importante porque el debate nacional ha tendido a concentrarse en el oro como recurso mineral, cuando quizás el verdadero desafío consiste en comprender el potencial estratégico del territorio que contiene ese recurso.

Las grandes decisiones de desarrollo no siempre dependen exclusivamente de la extracción de una riqueza natural. En numerosas ocasiones, el mayor valor de un territorio proviene de la capacidad de articular diferentes actividades económicas, sociales y ambientales dentro de una visión integrada de largo plazo.

La región norte-norte de Costa Rica reúne características excepcionales para desarrollar una estrategia de crecimiento de esta naturaleza.

Su ubicación fronteriza, la disponibilidad de territorio, la riqueza biológica de sus ecosistemas, la presencia de recursos hídricos, su conectividad potencial con el resto del país y la existencia de importantes paisajes naturales crean condiciones favorables para impulsar un modelo de desarrollo diversificado y resiliente.

Dentro de esta visión podrían incorporarse múltiples componentes complementarios:

  • Infraestructura estratégica que fortalezca la conectividad regional.

  • Mejoramiento de la red vial y de los servicios públicos.

  • Fortalecimiento de las comunidades locales.

  • Desarrollo turístico y geoturístico basado en los valores naturales y geológicos de la región.

  • Investigación científica y educación ambiental.

  • Producción agropecuaria de alto valor agregado.

  • Programas de restauración ecológica.

Y nuevas oportunidades para la atracción de inversiones compatibles con la vocación territorial de la región.

Entre los proyectos estratégicos que podrían analizarse para impulsar este modelo de desarrollo destaca la posibilidad de fortalecer la conectividad regional mediante infraestructura aeroportuaria en el sector de Pocosol. Un aeropuerto regional, debidamente evaluado desde el punto de vista técnico, ambiental y financiero, podría convertirse en un factor dinamizador para el turismo, la producción local, la logística, la inversión privada y la integración efectiva de la región norte-norte con el resto del país.

Asimismo, la franja fronteriza norte ofrece condiciones para valorar un desarrollo turístico planificado, de baja huella ambiental y compatible con la conservación del paisaje, la biodiversidad y los recursos hídricos. Lejos de concebir esa franja como un territorio marginal, podría transformarse en un espacio de presencia institucional, empleo local, turismo de naturaleza, geoturismo, investigación científica y fortalecimiento de la soberanía territorial mediante desarrollo sustentable.

Desde esta perspectiva, el oro deja de verse únicamente como un recurso destinado a la extracción y pasa a ser considerado como un activo estratégico cuyo valor podría contribuir a respaldar una visión más amplia de desarrollo regional.

Precisamente bajo esta lógica se han planteado propuestas orientadas a estudiar mecanismos financieros innovadores que permitan utilizar el valor de las reservas conocidas para promover inversiones de largo plazo, manteniendo al mismo tiempo una evaluación cuidadosa de las distintas alternativas disponibles para el país. En esa línea, convendría que la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, la Municipalidad de San Carlos y las comunidades de la región analicen con detenimiento el proyecto de ley N.° 25426, denominado Ley para la recuperación ambiental, restauración territorial y desarrollo sustentable de Crucitas. Más que asumirlo como una respuesta definitiva, debería valorarse como un insumo adicional para ampliar el debate nacional y comparar alternativas orientadas a la recuperación ambiental, el control territorial, la generación de oportunidades económicas y la protección estratégica de una región de alto interés para el país.

Más allá de las propuestas específicas que puedan discutirse en el futuro, lo verdaderamente relevante es ampliar el horizonte de análisis. Costa Rica no está obligada a escoger únicamente entre la explotación inmediata de un recurso o la inacción.

También puede explorar alternativas que integren desarrollo económico, restauración ambiental, fortalecimiento institucional y planificación territorial dentro de una misma estrategia.

La verdadera riqueza de una nación no se mide únicamente por los recursos que posee, sino por la capacidad de transformarlos en oportunidades duraderas para su población.

Por esa razón, el futuro de Crucitas debería analizarse no solamente desde la perspectiva de una mina o de un yacimiento aurífero, sino desde la perspectiva mucho más amplia del desarrollo sustentable de toda una región estratégica para el país.

  1. La recuperación ambiental como oportunidad de transición

Una de las alternativas que también merece ser analizada es la creación de un régimen especial, temporal y estrictamente controlado para la formalización de actividades mineras artesanales sobre las zonas de saprolita ya intervenidas por la minería ilegal. Esta figura podría organizarse mediante microempresas, cooperativas u otros esquemas de pequeña escala, siempre bajo regulación técnica, control ambiental permanente y prohibición absoluta del uso de mercurio u otras sustancias altamente peligrosas.

El objetivo de una medida de esta naturaleza no sería promover una expansión minera, sino sustituir progresivamente la ilegalidad por mecanismos formales, trazables y ambientalmente regulados. Bajo ese enfoque, una parte de los recursos generados por esa actividad temporal debería destinarse obligatoriamente al saneamiento ambiental, la restauración de suelos, la recuperación de cobertura vegetal, el monitoreo de aguas y la rehabilitación progresiva de los sitios intervenidos.

Este tipo de régimen solo tendría sentido si se concibe como una herramienta transitoria de recuperación ambiental y control territorial, no como una autorización permanente ni como una apertura generalizada a la minería metálica. Su finalidad sería reducir la minería ilegal, eliminar el uso de mercurio, ordenar la actividad existente y financiar la restauración de las áreas afectadas.

La decisión que finalmente adopte Costa Rica será responsabilidad de sus instituciones democráticas y de los actores sociales involucrados en el debate. Sin embargo, cualquiera que sea el camino escogido, conviene recordar que las mejores decisiones son aquellas que logran equilibrar visión de futuro, conocimiento técnico, responsabilidad ambiental y bienestar colectivo.

Ese debería ser el verdadero objetivo de la discusión nacional sobre Crucitas.

Crucitas representa mucho más que un yacimiento aurífero. Representa una oportunidad para reflexionar sobre el modelo de desarrollo que Costa Rica desea construir para sus territorios estratégicos. La decisión que finalmente se adopte no solamente definirá el futuro de una actividad económica específica, sino también la forma en que el país concibe la relación entre sus recursos naturales, el bienestar de sus comunidades, la protección ambiental y las oportunidades que heredarán las generaciones futuras.

La nueva misión de Costa Rica: defender su patrimonio natural en la era de los extremos

ADVERTENCIA NATURAL: INCENDIO FORESTAL DE PALO VERDE

Publicación en el Semanario Universidad (08/06/2026): https://semanariouniversidad.com/opinion/la-nueva-mision-de-costa-rica-defender-su-patrimonio-natural-en-la-era-de-los-extremos/

Palo Verde no es solamente un incendio forestal. Es una advertencia sobre la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas frente al cambio climático.

  • La conservación pasiva ya no es suficiente: necesitamos capacidades operativas para proteger los parques nacionales del siglo XXI.

  • El turismo depende de la biodiversidad. Es momento de reinvertir una parte de esa riqueza en la defensa activa del patrimonio natural.

  • Costa Rica y Centroamérica deben construir una estrategia conjunta para enfrentar incendios forestales cada vez más frecuentes e intensos.

  • Si durante años hemos considerado que la degradación causada por la minería ilegal en Crucitas constituye uno de los principales desastres ambientales del país, ¿cómo debemos interpretar entonces un incendio que afecta cerca de 4.000 hectáreas dentro de uno de los humedales más importantes de Mesoamérica y que compromete una quinta parte de un parque nacional de importancia internacional?

  • Palo Verde: una alarma que no podemos ignorar

Las imágenes del incendio forestal que afecta al Parque Nacional Palo Verde han generado una profunda preocupación en numerosos sectores de la sociedad costarricense. Sin embargo, más allá del impacto inmediato que produce observar miles de hectáreas consumidas por las llamas, resulta indispensable comprender que no estamos frente a un episodio cualquiera. Palo Verde no es solamente un incendio forestal. Es una advertencia nacional sobre la creciente vulnerabilidad de algunos de los ecosistemas más valiosos de Costa Rica frente a las nuevas condiciones ambientales que caracterizan la era de los extremos.

El incendio, reportado desde la noche del jueves 28 de mayo de 2026, habría afectado ya alrededor de 4.000 hectáreas dentro del área protegida. Esa cifra es particularmente grave si se considera que el Parque Nacional Palo Verde tiene una extensión cercana a las 19.800 hectáreas. En términos simples, estamos hablando de una afectación aproximada de una quinta parte del parque, en menos de una semana de conflagración. No se trata de una perturbación menor. Se trata de una señal de alerta ecológica, institucional y climática.

    • Palo Verde es mucho más que un parque nacional.

Ubicado en el cantón de Bagaces, en la cuenca baja del río Tempisque, entre los ríos Bebedero y Tempisque, Palo Verde constituye uno de los humedales más importantes de Mesoamérica. Su relevancia ha sido reconocida internacionalmente mediante su designación como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar. Esta categoría no es una simple distinción honorífica. Representa el reconocimiento de que los servicios ecológicos que presta este ecosistema poseen importancia más allá de las fronteras nacionales y forman parte del patrimonio natural de la humanidad.

Dentro de sus aproximadamente veinte mil hectáreas se desarrollan complejas interacciones entre humedales, lagunas, manglares, bosques secos tropicales y ambientes acuáticos que sostienen una extraordinaria riqueza biológica. Los humedales representan una proporción muy significativa del parque, y en ellos se articulan procesos hidrológicos, ecológicos y biológicos esenciales para la vida silvestre de la cuenca baja del Tempisque.

La importancia de Palo Verde también se expresa en su biodiversidad. En el área se han registrado más de 750 especies de plantas, más de 280 especies de aves, alrededor de 55 especies de anfibios y reptiles, cerca de 150 especies de mamíferos y varias especies de peces. Además, conserva cinco de las seis especies de mangle presentes en Costa Rica y algunos de los remanentes más importantes de bosque seco tropical de Mesoamérica, uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.

Cada hectárea de bosque seco conservada posee un valor ecológico extraordinario. Este ecosistema ha sido históricamente transformado por actividades agropecuarias, urbanas e infraestructurales, de manera que los remanentes que aún persisten dentro de áreas protegidas como Palo Verde adquieren un significado estratégico. No son simples manchas de vegetación en un mapa. Son fragmentos vivos de una memoria ecológica regional que ha sobrevivido a décadas de presión humana y que forman parte del patrimonio natural más valioso de la ecosfera tropical.

1.2 Un santuario hemisférico para aves migratorias

Uno de los aspectos más sensibles de Palo Verde es su papel como santuario para aves acuáticas residentes y migratorias. Cada año, numerosas especies provenientes del hemisferio norte utilizan estos humedales como áreas de descanso, alimentación, refugio y reproducción durante sus largos desplazamientos continentales. Miles de aves recorren enormes distancias conectando ecosistemas distribuidos desde Canadá y Estados Unidos hasta Centroamérica y Sudamérica.

En esa compleja red ecológica hemisférica, Palo Verde funciona como una estación crítica. Cuando un sitio de esta naturaleza se deteriora, no solamente se afecta un nicho ecológico local. Se debilita una pieza de un sistema biológico continental que depende de la existencia de humedales sanos, bosques funcionales, cuerpos de agua disponibles y sitios seguros para las especies migratorias.

Por eso, cuando arde Palo Verde, no solamente pierde Costa Rica. También se afecta una conexión ecológica que trasciende las fronteras nacionales. La pérdida o degradación de hábitats en este parque puede tener consecuencias sobre poblaciones de aves que dependen de múltiples territorios a lo largo de sus rutas migratorias. Esta es una de las razones por las cuales el incendio debe ser interpretado como un evento de importancia ambiental regional y no como una simple noticia local.

La presencia de la Isla de Pájaros dentro del sistema de Palo Verde refuerza esta importancia. Este sitio ha sido reconocido como una de las zonas de anidación de aves acuáticas más relevantes de América Central. La afectación de los ecosistemas asociados a Palo Verde implica, por tanto, un riesgo directo para procesos reproductivos, ciclos de alimentación y dinámicas ecológicas que sostienen poblaciones de alto valor biológico.

1.3 No estamos observando solamente vegetación quemada

Cuando se informa que alrededor de 4.000 hectáreas han sido afectadas por el fuego, la cifra puede parecer abstracta. Pero detrás de ese número existe una realidad ecológica profundamente dolorosa. Estamos hablando de hábitats alterados, refugios de fauna silvestre afectados, sitios de anidación comprometidos, biomasa viva transformada en cenizas, carbono liberado a la atmósfera y procesos ecológicos interrumpidos.

Muchos ecosistemas poseen una notable capacidad de recuperación natural. La naturaleza ha demostrado una extraordinaria resiliencia a lo largo de la historia. Sin embargo, sería un error utilizar esa capacidad de recuperación como excusa para minimizar la gravedad del evento. La resiliencia ecológica no es infinita. En un contexto de calentamiento global, sequías más severas, mayor estrés hídrico y condiciones atmosféricas más extremas, los procesos de recuperación pueden volverse más lentos, más inciertos y más vulnerables a nuevas perturbaciones.

Si las informaciones preliminares son correctas y el incendio se originó por la caída de un rayo sobre vegetación altamente inflamable, la situación adquiere una dimensión todavía más preocupante. Cuando un incendio es provocado por acción humana, negligencia o actividad ilegal, se puede reforzar la vigilancia, perseguir responsables y mejorar controles. Pero cuando el origen es un fenómeno natural que encuentra condiciones ideales para expandirse rápidamente, el problema deja de ser solamente policial o administrativo. Se convierte en un problema de adaptación climática.

En ese caso, la pregunta central ya no sería únicamente quién provocó el incendio. La pregunta verdaderamente importante sería por qué un ecosistema protegido, de altísimo valor ecológico, se encuentra hoy en condiciones de vulnerabilidad suficientes para permitir una propagación tan rápida y extensa del fuego.

1.4 Una señal temprana de la era de los extremos

Lo ocurrido en Palo Verde debe ser leído dentro de una realidad más amplia. Costa Rica y Centroamérica forman parte de una región especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. El Corredor Seco Mesoamericano, que incluye buena parte del Pacífico Norte costarricense, ya experimenta condiciones recurrentes de sequía, estrés hídrico, pérdida de humedad en suelos y mayor exposición a incendios forestales. Guanacaste se ubica precisamente dentro de esta zona de alta sensibilidad climática.

A ello se suma la posible evolución de un nuevo evento de El Niño durante el año 2026, condición que históricamente ha estado asociada en Costa Rica con reducción de lluvias en el Pacífico, aumento de temperaturas, presión sobre los recursos hídricos y mayor riesgo de incendios forestales. Si un incendio de esta magnitud ocurre antes de que un evento de El Niño alcance su fase más intensa, la advertencia es evidente: el país debe prepararse para escenarios mucho más exigentes.

En diversos análisis recientes desarrollados por SALVETERRA se ha insistido en una idea fundamental: el sistema climático global está mostrando señales crecientes de reorganización dinámica, variabilidad extrema y pérdida de estabilidad relativa [1]. Los análisis sobre el posible fortalecimiento de El Niño durante el 2026 advierten que este fenómeno ya no debe entenderse como una oscilación natural aislada, sino como un proceso que opera sobre un planeta más caliente, con océanos más energizados y una atmósfera con mayor capacidad de producir extremos regionales [2]. Asimismo, el seguimiento de la dinámica del Domo Térmico de Costa Rica y del Pacífico Tropical oriental muestra que la interacción entre océano y atmósfera tiene consecuencias directas sobre la disponibilidad de humedad, los patrones regionales de lluvia, la productividad ecológica, los bosques, los humedales, los sistemas agrícolas, el agua y las áreas protegidas [3].

Costa Rica construyó su sistema de conservación para un clima del siglo XX. El problema es que ya estamos entrando en condiciones climáticas propias del siglo XXI: más calientes, más variables, más extremas y más difíciles de manejar con las herramientas tradicionales.

El incendio de Palo Verde, por tanto, no debe verse únicamente como una tragedia ambiental. Debe interpretarse como una alarma estratégica. Una señal dolorosa de que los extraordinarios logros alcanzados por Costa Rica en materia de conservación podrían resultar insuficientes si no evolucionamos hacia una nueva etapa de defensa activa del patrimonio natural.

Existe además una pregunta que merece una reflexión nacional. Si durante años el país ha movilizado importantes recursos institucionales, políticos y mediáticos alrededor de impactos ambientales localizados en decenas o cientos de hectáreas, como en el caso de Crucitas, ¿por qué la afectación de aproximadamente 4.000 hectáreas en uno de los humedales más importantes de Mesoamérica no ha generado una discusión nacional de magnitud equivalente? La intención no es minimizar otros problemas ambientales, sino dimensionar correctamente la magnitud estratégica de lo ocurrido en Palo Verde.

Durante décadas, la gran misión nacional fue crear parques nacionales. Hoy, la nueva misión consiste en asegurar que sobrevivan.

  • El cambio climático está cambiando las reglas del juego

Durante décadas, la estrategia de conservación de Costa Rica se concentró correctamente en delimitar parques nacionales, crear áreas protegidas y evitar la destrucción directa de los ecosistemas. Esa estrategia produjo resultados extraordinarios y permitió conservar una parte significativa del patrimonio natural del país. Sin embargo, el escenario actual es distinto: a las amenazas históricas, como la expansión agrícola, la urbanización desordenada o la tala ilegal, se suma ahora la creciente inestabilidad del sistema climático planetario.

No se trata de fenómenos aislados. Se trata de manifestaciones de una tendencia más amplia que hemos denominado la Era de los Extremos: una etapa caracterizada por una mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos que antes eran considerados excepcionales. En un planeta más energético, con océanos que acumulan más calor y una atmósfera con mayor contenido de vapor de agua, los extremos regionales pueden intensificarse incluso cuando los cambios promedio parecen graduales [1].

Costa Rica no es ajena a esta realidad. Por su ubicación geográfica, el país se encuentra influenciado por complejas interacciones entre el océano Pacífico, el mar Caribe, la Zona de Convergencia Intertropical, los vientos alisios y diversos sistemas atmosféricos regionales.

Uno de los elementos más relevantes para comprender esta nueva realidad es el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur. Históricamente, los eventos de El Niño han estado asociados a condiciones más secas en amplias regiones de Centroamérica, particularmente dentro del Corredor Seco Mesoamericano. Sin embargo, el punto crítico es que un evento de El Niño en el contexto actual no opera sobre el mismo planeta de hace cincuenta años. Opera sobre océanos más cálidos, una atmósfera más húmeda, ecosistemas más presionados y territorios más vulnerables. Por eso, incluso un evento moderado puede producir impactos severos si interactúa con condiciones territoriales frágiles [2].

Lo preocupante es que el incendio de Palo Verde ocurre antes de que se materialicen plenamente algunos de los escenarios de mayor preocupación asociados al fortalecimiento de condiciones cálidas en el Pacífico tropical. Si un ecosistema de tan alto valor ecológico muestra esta vulnerabilidad antes de la fase más intensa de un posible evento cálido, el país debe asumirlo como una advertencia temprana y no como un hecho aislado.

En este contexto, la región del Pacífico Norte adquiere una importancia estratégica. Guanacaste constituye una de las zonas más expuestas a los efectos combinados del cambio climático y de los eventos cálidos asociados a El Niño.

A esta situación se suma otro elemento frecuentemente ignorado en el debate público: la importancia del océano como regulador climático. El Pacífico Tropical oriental, el Domo Térmico de Costa Rica y la dinámica océano-atmósfera regional influyen sobre patrones de precipitación, productividad biológica, circulación atmosférica y disponibilidad de humedad. Por ello, los incendios forestales, las sequías, la productividad marina, la agricultura y la conservación de ecosistemas no deben analizarse como temas separados, sino como expresiones conectadas de un mismo sistema climático-territorial [3].

La interacción entre océanos más cálidos, atmósferas más energizadas y ecosistemas sometidos a mayores niveles de estrés constituye uno de los grandes desafíos ambientales del siglo XXI.

Costa Rica construyó gran parte de su sistema moderno de conservación durante la segunda mitad del siglo XX. El problema es que ese sistema fue diseñado para responder a las condiciones climáticas predominantes de aquella época.

Hoy vivimos en un escenario diferente. Un escenario en el que la protección de la biodiversidad ya no puede limitarse a la delimitación de áreas protegidas. Resulta indispensable incorporar herramientas de adaptación, monitoreo, prevención y respuesta rápida frente a amenazas cada vez más complejas.

La pregunta ya no es únicamente cómo conservar nuestros ecosistemas. La pregunta es cómo asegurar que esos ecosistemas mantengan su capacidad de resistir, adaptarse y recuperarse frente a los cambios que ya están ocurriendo.

Y esa discusión apenas comienza.

  • La conservación pasiva ya no es suficiente

Los acontecimientos recientes nos obligan a aceptar una realidad incómoda: los desafíos ambientales del siglo XXI son diferentes a los del siglo XX. Durante décadas, el principal objetivo consistió en evitar la destrucción directa de los ecosistemas. Hoy esas amenazas continúan existiendo, pero se ha incorporado una nueva dimensión del problema: la necesidad de proteger ecosistemas ya conservados frente a riesgos climáticos crecientes.

Durante décadas, el principal objetivo consistió en evitar la destrucción directa de los ecosistemas. Hoy esas amenazas continúan existiendo, pero se ha incorporado una nueva dimensión del problema.

Los ecosistemas protegidos están comenzando a enfrentar riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos, períodos prolongados de sequía, incendios forestales de rápida propagación, cambios hidrológicos y una creciente acumulación de estrés ambiental.

En este nuevo contexto, declarar un parque nacional ya no es suficiente. La protección jurídica sigue siendo indispensable, pero debe complementarse con una capacidad operativa moderna capaz de responder a amenazas cada vez más complejas.

Costa Rica necesita evolucionar desde un modelo de conservación basado principalmente en la protección territorial hacia un modelo de conservación activa y resiliente.

El incendio de Palo Verde nos ofrece una lección clara. Miles de hectáreas fueron afectadas en cuestión de pocos días. Independientemente de cuál haya sido el detonante inicial, la velocidad de propagación demuestra que existen situaciones en las cuales la capacidad de respuesta se convierte en un factor decisivo para reducir daños ecológicos, económicos y sociales.

Por esta razón, resulta indispensable fortalecer significativamente las capacidades operativas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Los guardaparques constituyen la primera línea de defensa de nuestros ecosistemas. Si queremos proteger adecuadamente nuestros parques nacionales durante las próximas décadas, será necesario invertir en más personal de campo, mayor capacitación técnica y mejores condiciones operativas.

Necesitamos más brigadas forestales permanentes especializadas en prevención y combate de incendios. Necesitamos equipamiento moderno y sistemas de monitoreo remoto y vigilancia satelital que permitan detectar incendios durante sus etapas iniciales.

Porque la diferencia entre un incendio de diez hectáreas y uno de cuatro mil hectáreas suele medirse en horas.

Los escenarios climáticos que comienzan a manifestarse en distintas regiones del planeta indican que algunos incendios forestales podrían superar rápidamente la capacidad de respuesta terrestre tradicional.

Por ello resulta indispensable abrir una discusión seria sobre la incorporación gradual de capacidades aéreas especializadas para el combate de incendios forestales.

Una posibilidad razonable consistiría en establecer una base estratégica permanente en Guanacaste, la región que históricamente ha mostrado mayor vulnerabilidad a sequías e incendios debido a su ubicación dentro del Corredor Seco Mesoamericano.

La incorporación gradual de helicópteros especializados para transporte de personal y combate de incendios, así como la eventual utilización de aeronaves con capacidad de descarga de agua, podría representar una herramienta estratégica para proteger ecosistemas críticos durante situaciones de emergencia. Las evidencias disponibles indican que esta necesidad dejará de ser una opción estratégica para convertirse en una prioridad nacional.

No se trata de militarizar la conservación. Se trata de modernizarla. Durante medio siglo Costa Rica aprendió a crear parques nacionales. Ahora debe aprender a defenderlos.

La conservación del futuro dependerá cada vez menos de la capacidad para dibujar límites en un mapa y cada vez más de la capacidad para gestionar riesgos, anticipar amenazas y responder con rapidez cuando los ecosistemas enfrenten situaciones críticas.

  • Una propuesta nacional y regional para actuar antes de la próxima crisis

Si algo nos enseña el incendio de Palo Verde es que ya no basta con diagnosticar los problemas. Costa Rica necesita avanzar hacia soluciones concretas, técnicamente viables y políticamente ejecutables.

La creciente intensidad de los fenómenos climáticos extremos obliga a complementar esa estrategia con nuevas capacidades de prevención, monitoreo y respuesta.

Por ello resulta oportuno abrir una discusión nacional sobre la creación o consolidación urgente de un Sistema Estratégico Nacional de Prevención y Respuesta a Incendios Forestales, concebido como un mecanismo permanente de coordinación operativa entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias, las universidades públicas y otras instituciones técnicas especializadas.

El objetivo no sería crear más burocracia, sino fortalecer la capacidad operativa del país para proteger ecosistemas estratégicos, cuencas hidrográficas, humedales, bosques y áreas protegidas frente a amenazas cada vez más complejas.

Una de las prioridades debería ser el establecimiento de una base estratégica permanente en Guanacaste. La ubicación de esta provincia dentro del Corredor Seco Mesoamericano, su vulnerabilidad histórica a las sequías y la creciente recurrencia de incendios forestales justifican plenamente una presencia operativa reforzada en la región.

Asimismo, Costa Rica debe valorar la incorporación gradual de capacidades aéreas especializadas para el combate de incendios forestales. Helicópteros multipropósito para transporte de personal, evacuación y descarga de agua, así como la eventual incorporación de aeronaves especializadas, deben convertirse en herramientas fundamentales para proteger ecosistemas de alto valor ecológico cuando cada hora resulta decisiva. Esta capacidad debe complementarse con brigadas terrestres bien entrenadas, monitoreo satelital, sistemas de alerta temprana y apoyo a centros de rescate y atención de fauna silvestre impactada por desastres naturales.

Naturalmente, estas medidas requieren recursos financieros. Sin embargo, la pregunta correcta no es cuánto cuesta proteger nuestro patrimonio natural. La pregunta correcta es cuánto costaría perderlo.

La biodiversidad constituye uno de los principales activos estratégicos del país. Miles de millones de dólares asociados directa o indirectamente al turismo dependen de la conservación de ecosistemas saludables, paisajes funcionales y áreas protegidas bien gestionadas. Desde una perspectiva económica, invertir en la protección activa del patrimonio natural no constituye un gasto: representa una medida de protección de activos estratégicos nacionales. Una pequeña inversión preventiva puede evitar pérdidas ecológicas y económicas mucho mayores en el futuro.

Por esta razón, el país debe explorar múltiples fuentes de financiamiento. Entre ellas destacan los fondos internacionales de adaptación climática, los mecanismos de canje de deuda por naturaleza, la cooperación internacional, los programas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Verde para el Clima y otros instrumentos de financiamiento ambiental. También debería valorarse una línea de crédito rápida, transparente y técnicamente justificada para adquirir equipamiento inicial, fortalecer brigadas, mejorar monitoreo y establecer una base estratégica en Guanacaste.

Pero existe una dimensión adicional que no puede ignorarse. Los incendios forestales asociados a sequías y eventos extremos no son un problema exclusivamente costarricense. Constituyen un desafío regional que afecta a buena parte de Centroamérica.

Por ello resulta conveniente promover, en el marco del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), una iniciativa regional para la prevención y combate de incendios forestales. Una plataforma compartida permitiría optimizar recursos, fortalecer capacidades técnicas y disponer de equipamiento especializado capaz de movilizarse rápidamente hacia cualquier país que enfrente una emergencia. En una región pequeña, climáticamente conectada y altamente vulnerable, la cooperación puede ser mucho más eficiente que la respuesta aislada de cada Estado.

La cooperación regional puede convertirse en una de las herramientas más eficientes para enfrentar amenazas que no reconocen fronteras políticas.

A raíz de los acontecimientos observados en Palo Verde, consideramos oportuno impulsar una propuesta legislativa orientada a fortalecer las capacidades nacionales de prevención y respuesta frente a incendios forestales, así como a promover mecanismos de cooperación regional para la protección de los ecosistemas estratégicos de Centroamérica. Como se trata de pasar de las palabras a los hechos, hemos iniciado la elaboración de una propuesta de ley en esa dirección, que estaremos haciendo llegar a la Asamblea Legislativa lo antes posible, con la esperanza de encontrar eco en diputadas y diputados comprometidos con el futuro ambiental del país.

Hacemos un llamado respetuoso a las señoras y señores diputados de la República, a las instituciones públicas, al sector académico, a las organizaciones ambientales y a la ciudadanía para que esta discusión sea abordada con la seriedad y urgencia que la situación amerita.

Cuando un incendio destruye miles de hectáreas en un sitio como Palo Verde no solamente se quema vegetación. Se afectan hábitats esenciales, corredores ecológicos, servicios ambientales, oportunidades de desarrollo y una parte del patrimonio natural que hemos heredado de generaciones anteriores.

El sentido de urgencia con que planteamos este asunto se basa en una realidad objetiva: el cambio climático ya está alterando las condiciones de funcionamiento de nuestros ecosistemas, y la posible evolución de un evento de El Niño durante los próximos meses podría intensificar la presión sobre el Pacífico Norte, el Corredor Seco Mesoamericano y otras zonas vulnerables del país. Por ello, postergar decisiones ya no es prudencia administrativa; puede convertirse en negligencia frente a una amenaza conocida.

Porque proteger la naturaleza ya no es solamente una tarea de conservación. Es una tarea de adaptación, resiliencia y responsabilidad con las generaciones futuras.

Durante décadas, Costa Rica trabajó para crear parques nacionales. La nueva misión nacional consiste en asegurar que sobrevivan.

Cuando arde Palo Verde, no solamente se quema vegetación. Se quema una parte de la memoria ecológica de Costa Rica y una advertencia que no tenemos derecho a ignorar.

Fuentes de referencia

[1] Astorga Gättgens, A. (2026, 25 de mayo). Un planeta más energético: señales climáticas del 2026 y el desafío territorial de Centroamérica. SALVETERRA. https://salveterra.info/blog/

[2] Astorga Gättgens, A. (2026, 16 de abril). El Súper El Niño y la nueva fase del sistema climático: implicaciones globales y preparación estratégica para Centroamérica y Costa Rica. SALVETERRA. https://salveterra.info/blog/

[3] Astorga Gättgens, A. (2026). Análisis recientes sobre el Domo Térmico de Costa Rica, el Pacífico Tropical oriental y la dinámica océano-atmósfera regional. SALVETERRA. https://salveterra.info/blog/

[4] Córdoba, D. (2026, 2 de junio). ¿Dónde está Palo Verde, el refugio de aves devastado por incendio? CR Hoy.

[5] La Nación. (2026). Incendio en Palo Verde aún no está controlado, pero se mantiene contenido. Fotografía de Alonso Tenorio. https://www.nacion.com/

Nota 2: fuente de la fotografía: tomada de La Nación (https://www.nacion.com/sucesos/accidentes/incendio-en-palo-verde-aun-no-esta-controlado-pero/H54HWBKW65ESBNQHKKLANG26NU/story/). Créditos para Alonso Tenorio.

El Estado que creció, pero no mejoró: lecciones desde la evaluación ambiental en Costa Rica

Introducción: cuanto más estructura no significa mejores resultados

La evaluación de impacto ambiental en Costa Rica nació bajo una lógica técnica relativamente simple, funcional y altamente enfocada en el análisis sustantivo de los proyectos. Durante los primeros años de funcionamiento del sistema, antes y después de la creación formal de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) mediante la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, la evaluación ambiental era realizada por un pequeño grupo interdisciplinario de profesionales provenientes de distintas instituciones del Estado.

Tuve la oportunidad de participar directamente en ese proceso desde 1993, inicialmente como evaluador ambiental en la Comisión de Impacto Ambiental y posteriormente como Secretario General de SETENA durante los últimos años de la década de 1990. En aquella etapa, el sistema operaba con aproximadamente una docena de profesionales y tramitaba más de mil expedientes anuales, incluyendo proyectos hidroeléctricos, urbanísticos, mineros y de inversión estratégica nacional.

La evaluación ambiental de entonces tenía limitaciones administrativas y tecnológicas propias de la época, pero poseía una característica fundamental: estaba centrada en el criterio técnico sustantivo. Las inspecciones de campo eran frecuentes, el análisis territorial tenía un peso importante y las discusiones se enfocaban en comprender los impactos reales de los proyectos sobre el ambiente.

Treinta años después, el panorama institucional es completamente distinto.

La SETENA ha evolucionado hacia una estructura mucho más grande, compleja y burocrática. Actualmente cuenta con 16 unidades administrativas, plataformas digitales, procesos secuenciales y una planilla estimada alrededor de 73 funcionarios. Sin embargo, surge una pregunta inevitable:

¿Ha mejorado realmente la calidad, la eficiencia y la rigurosidad de la evaluación ambiental en la misma proporción en que ha crecido la estructura institucional?

La experiencia acumulada durante décadas de ejercicio profesional, revisión de expedientes y participación en procesos técnicos y legales permite concluir que la respuesta no es necesariamente afirmativa. Por el contrario, existen señales claras de pérdida de eficiencia, debilitamiento del análisis sustantivo y creciente desconexión entre el procedimiento administrativo y la realidad territorial de los proyectos evaluados.

El problema no radica en la existencia de la evaluación ambiental. Por el contrario, la evaluación de impacto ambiental sigue siendo uno de los instrumentos más importantes para garantizar el desarrollo sostenible, prevenir daños ambientales y reducir conflictos territoriales. El problema radica en que, con el paso del tiempo, la evaluación ambiental comenzó a confundirse con la propia estructura burocrática encargada de administrarla.

En otras palabras, la evaluación ambiental dejó de verse como un instrumento estratégico de protección ambiental y empezó a verse como un trámite.

  1. El crecimiento institucional sin mejora proporcional

La evolución de la SETENA constituye uno de los ejemplos más claros del crecimiento institucional experimentado por el Estado costarricense desde la década de 1990. Mientras que el sistema original funcionaba con cerca de 12 profesionales, y una secretaria, actualmente la institución posee una estructura compuesta por numerosos departamentos técnicos, administrativos, jurídicos y tecnológicos.

Esto representa un crecimiento superior al 550% en términos de personal institucional.

Sin embargo, este incremento no ha venido acompañado de una mejora proporcional en la eficiencia operativa ni en la calidad sustantiva del proceso de evaluación ambiental.

Por el contrario, diversos indicadores sugieren una situación paradójica:

– La cantidad efectiva de expedientes evaluados no ha aumentado proporcionalmente.

– Algunos instrumentos estratégicos tardan años en resolverse.

– En términos netos, para el usuario es mayor.

– Las inspecciones de campo son menos frecuentes.

– El análisis territorial directo ha sido sustituido parcialmente por revisión documental y procesos digitales secuenciales.

– La complejidad administrativa aumentó considerablemente.

La digitalización del sistema ciertamente introdujo herramientas útiles. Sin embargo, también produjo un fenómeno poco discutido: la burocracia digital.

Actualmente, muchos expedientes avanzan únicamente cuando se cumplen secuencialmente múltiples etapas formales dentro de plataformas electrónicas. Aunque los plazos internos de revisión puedan reducirse administrativamente, el tiempo real del proceso aumenta debido a reingresos, correcciones, validaciones parciales y bloqueos secuenciales.

Esto genera una diferencia crítica entre el tiempo institucional y el tiempo real del usuario.

La situación se vuelve aún más compleja cuando el análisis territorial se basa excesivamente en plataformas geoespaciales generales. Herramientas como el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) constituyen instrumentos valiosos de referencia regional y nacional; sin embargo, poseen limitaciones importantes de escala, actualización y precisión territorial.

Muchas capas geoespaciales disponibles no fueron diseñadas para sustituir estudios ambientales detallados a escala local. En consecuencia, existe el riesgo de que la evaluación ambiental termine realizándose desde escritorio, utilizando información regional general para tomar decisiones sobre territorios cuya complejidad ambiental requiere análisis mucho más detallados.

El ambiente no se protege únicamente mediante plataformas digitales. El ambiente se protege comprendiendo el territorio.

  1. Cómo se debilitó la evaluación ambiental sustantiva

Uno de los cambios más importantes ocurridos en las últimas décadas ha sido el desplazamiento progresivo del análisis sustantivo por una lógica predominantemente procedimental.

En el modelo original, el objetivo principal era comprender integralmente los impactos ambientales de los proyectos y tomar decisiones técnicamente fundamentadas. Actualmente, en numerosos casos, el proceso parece concentrarse más en la administración de requisitos digitales, formularios y validaciones secuenciales.

La diferencia puede parecer sutil, pero es profundamente relevante.

Una evaluación ambiental rigurosa requiere interpretar el territorio, analizar interacciones complejas, verificar condiciones reales de campo y comprender dinámicas hidrogeológicas, geotécnicas, ecológicas y sociales, así como de condición de amenaza a georriesgos y efectos de cambio climático, y en general, a su fragilidad ambiental. Ese tipo de análisis no puede reducirse únicamente al cumplimiento administrativo de requisitos documentales.

Sin embargo, la práctica actual muestra varios síntomas preocupantes:

– Incremento de solicitudes reiterativas de información en Evaluación Ambiental Estratégica.

– Reingresos múltiples sin cambios sustantivos relevantes.

– Predominio de validaciones de forma.

– Menor peso relativo de la inspección de campo incluyendo la Auditoría y Seguimiento Ambiental.

– Fragmentación del análisis técnico.

– Debilitamiento del enfoque integral territorial.

Esta situación ha generado una distorsión importante:

Un sistema lento y burocrático no necesariamente garantiza una mejor protección ambiental.

De hecho, algunos procesos estratégicos asociados con planes reguladores, zonificación ambiental y evaluación ambiental estratégica han llegado a extenderse durante varios años, mientras que ciertos proyectos específicos de alto impacto han sido aprobados en tiempos extremadamente cortos.

Esto evidencia una falta de correlación consistente entre el nivel de impacto ambiental y el rigor efectivo del análisis técnico.

El problema no es únicamente la lentitud. El problema es que el sistema se ha vuelto simultáneamente más complejo y menos sustantivo.

La consecuencia más delicada de este fenómeno es conceptual: la evaluación ambiental comenzó a perder su carácter estratégico.

En lugar de funcionar como un mecanismo integral de prevención, planificación y protección ambiental, el sistema empezó progresivamente a operar bajo una lógica de gestión administrativa de expedientes.

Esto representa una devaluación silenciosa de la evaluación de impacto ambiental.

  1. SETENA como síntoma del crecimiento del Estado costarricense

La evolución de la SETENA no puede analizarse aisladamente. En realidad, constituye un reflejo de un fenómeno más amplio ocurrido en Costa Rica durante las últimas décadas: la expansión sostenida de estructuras institucionales, órganos técnicos, unidades administrativas y sistemas regulatorios.

Diversas administraciones y análisis nacionales han señalado que desde los años noventa el Estado costarricense experimentó una proliferación significativa de entidades, direcciones, órganos desconcentrados y estructuras operativas.

Muchas de estas instituciones surgieron respondiendo a necesidades legítimas. Sin embargo, el crecimiento institucional no siempre estuvo acompañado de un rediseño estructural orientado a la eficiencia, simplificación y adaptación tecnológica.

El resultado ha sido, en numerosos casos, un Estado más complejo, más fragmentado y más costoso de sostener.

SETENA representa un ejemplo particularmente visible porque su evolución es fácilmente cuantificable:

– más departamentos;

– más personal;

– más plataformas;

– más procedimientos;

– más complejidad administrativa.

Pero ello no necesariamente se tradujo en mejores resultados ambientales.

El problema no consiste en tener Estado.

El problema consiste en desarrollar estructuras cada vez más grandes que consumen más recursos sin generar proporcionalmente mejores resultados.

Este debate es especialmente importante porque el financiamiento de estructuras institucionales crecientes implica un costo significativo para el país. Y cuando los resultados no mejoran en la misma proporción, inevitablemente surge una pregunta incómoda:

¿Está el Estado generando suficiente valor técnico y operativo en relación con los recursos que consume?

En el caso ambiental, esta pregunta resulta todavía más delicada porque la pérdida de eficiencia no solamente afecta la competitividad o la gestión administrativa. También puede traducirse en menor capacidad real de protección ambiental.

  1. Inteligencia artificial y la oportunidad histórica de reconstruir la evaluación ambiental

El sistema actual de evaluación ambiental fue concebido bajo las limitaciones tecnológicas de finales del siglo XX. En ese contexto, la existencia de estructuras institucionales grandes, filtros secuenciales y procesos administrativos complejos tenía cierta lógica operativa.

Hoy el contexto tecnológico es radicalmente distinto.

El desarrollo de inteligencia artificial, sistemas geoespaciales avanzados, análisis automatizado de datos y plataformas de trazabilidad permite replantear completamente la forma en que se desarrolla la evaluación ambiental.

Actualmente es posible:

– integrar múltiples capas ambientales en tiempo real;

– detectar inconsistencias técnicas automáticamente;

– validar coordenadas y restricciones territoriales;

– identificar incompatibilidades ambientales;

– automatizar procesos de revisión preliminar;

– generar alertas ambientales;

– mejorar la trazabilidad de expedientes;

– fortalecer la transparencia pública.

La inteligencia artificial no reemplaza el criterio técnico. Lo potencia.

Permite reducir cargas burocráticas, eliminar tareas repetitivas y concentrar el trabajo profesional en aquello que realmente importa: la interpretación territorial, el análisis sustantivo y la toma de decisiones ambientales.

Precisamente por ello, en Costa Rica ya existen propuestas orientadas a modernizar estructuralmente el sistema.

Entre ellas, se ha planteado la creación de un modelo descentralizado donde una entidad técnica central pequeña, altamente especializada y apoyada por inteligencia artificial se concentre en:

– evaluación ambiental estratégica;

– proyectos de alto impacto;

– definición metodológica;

– supervisión del sistema nacional.

Paralelamente, los proyectos de menor y mediana escala podrían ser evaluados a nivel regional o municipal bajo esquemas estandarizados, trazables y técnicamente supervisados.

Este tipo de transformación permitiría:

– reducir burocracia;

– disminuir tiempos reales;

– fortalecer el análisis territorial;

– mejorar transparencia;

– aumentar capacidad de fiscalización;

– reducir costos operativos;

– y recuperar el carácter estratégico de la evaluación ambiental.

Además, actualmente también se trabaja en propuestas orientadas a homogenizar, estandarizar y simplificar la normativa ambiental costarricense, con el objetivo de reducir contradicciones, duplicidades y fragmentación regulatoria.

La inteligencia artificial funciona mejor cuando opera sobre marcos normativos estructurados, coherentes y técnicamente normalizados.

Por ello, la modernización tecnológica y la modernización normativa deben avanzar juntas.

  1. Conclusión: proteger mejor el ambiente requiere modernizar el sistema

Costa Rica enfrenta hoy una oportunidad histórica.

La discusión ya no debe centrarse únicamente en si el Estado debe crecer o reducirse. La verdadera discusión consiste en cómo construir instituciones más inteligentes, más eficientes y más útiles para proteger el ambiente y facilitar un desarrollo territorial responsable.

La experiencia acumulada durante las últimas décadas demuestra que más burocracia no necesariamente significa más protección ambiental.

También demuestra que digitalizar procedimientos sin rediseñar estructuralmente el sistema puede terminar produciendo simplemente una burocracia digitalizada.

La evaluación ambiental no debería ser un proceso centrado exclusivamente en administrar requisitos. Debe volver a convertirse en un instrumento estratégico de planificación, prevención y protección ambiental.

Eso implica recuperar el análisis territorial sustantivo, fortalecer la inspección técnica, simplificar estructuras innecesarias, modernizar la normativa y aprovechar inteligentemente las capacidades tecnológicas disponibles.

La inteligencia artificial, la automatización supervisada y los sistemas modernos de información permiten construir un modelo mucho más eficiente que el actual, con estructuras más pequeñas, más técnicas y más transparentes.

El objetivo no es debilitar la protección ambiental.

El objetivo es exactamente el contrario: Construir un sistema que proteja mejor el ambiente utilizando de forma más eficiente los recursos del Estado.

Costa Rica no necesita más burocracia ambiental.

Necesita una mejor protección ambiental.