La inversión más estratégica del siglo XXI: restaurar la ecosfera terrestre

Publicado el 18 de agosto en El Financiero: https://www.elfinancierocr.com/opinion/la-inversion-mas-estrategica-del-siglo-xxi/ZSMJZAQ2YFASTDI6PTBMWAD4JM/story/

Vivimos una época extraordinaria. Nunca antes la humanidad había acumulado tanto conocimiento científico y capacidad tecnológica para comprender el planeta. Hemos explorado los océanos, enviado sondas al espacio, descifrado el genoma humano y desarrollado inteligencia artificial. Sin embargo, emerge una paradoja: cuanto mayor es nuestra capacidad para comprender el mundo, mayor parece ser también la velocidad con la que deterioramos el único planeta conocido donde la vida ha florecido con toda su diversidad.

No se trata de falta de conocimiento ni de tecnología. La pregunta decisiva es si hemos perdido de vista aquello que debería orientar nuestro desarrollo. Durante cerca de 4.000 millones de años, procesos geológicos, físicos, químicos y biológicos han interactuado hasta configurar un sistema complejo, dinámico y resiliente: la ecosfera terrestre. La atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera forman un sistema integrado del cual dependen el aire, el agua, los alimentos, la energía, los recursos naturales y la estabilidad climática.

La ecosfera no es simplemente el escenario donde ocurre la vida: es la condición que la hace posible. Y también es la infraestructura natural sobre la que descansa toda economía. Ninguna empresa, mercado o Estado puede generar riqueza de manera sostenida si se deterioran el agua disponible, los suelos fértiles, la biodiversidad, la estabilidad climática y la seguridad territorial. Cuidar la ecosfera no obstaculiza el progreso; protege su base material.

Durante generaciones actuamos como si los recursos naturales fueran inagotables. Hoy sabemos que la naturaleza posee gran capacidad de recuperación, pero también límites físicos y funcionales. Reconocerlos no significa oponerse al desarrollo, sino crear condiciones para sostenerlo.

Las señales son cada vez más claras. Desde la Revolución Industrial, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó de unas 280 partes por millón a más de 420. Una parte mayoritaria de las emisiones acumuladas y del consumo histórico de combustibles fósiles ocurrió después de 1980. Al mismo tiempo se aceleraron la transformación del uso del suelo, la pérdida de bosques y humedales, el deterioro de arrecifes coralinos y la pérdida de biodiversidad. Los plásticos, microplásticos y nanoplásticos se han convertido incluso en una huella material de nuestra época.

Desde finales del siglo XX, los impactos del calentamiento global comenzaron a hacerse más visibles para las sociedades. Olas de calor, lluvias extremas, sequías, incendios e inundaciones generan pérdidas humanas y económicas crecientes. La humanidad ha entrado, en términos prácticos, en una era de extremos climáticos más frecuentes o intensos.

Esta realidad obliga a cambiar la forma en que entendemos la política ambiental. Restaurar la ecosfera no es un lujo, ni un gasto accesorio, ni una concesión al ambientalismo. Es una decisión económica estratégica. Cuando se deteriora el capital natural aumentan las pérdidas productivas, los costos fiscales, las enfermedades, los daños a infraestructura, los desplazamientos y la conflictividad. Los mercados ya comienzan a incorporar estos riesgos: el acceso al financiamiento, los seguros, las cadenas de suministro, la valoración de activos y la competitividad dependen cada vez más de la capacidad para gestionar adecuadamente el riesgo ambiental y climático.

Por eso, la restauración ecológica debe incorporarse a la planificación económica y territorial como inversión de largo plazo, del mismo modo que se invierte en infraestructura, educación o salud. Proteger cuencas, suelos, bosques, costas y humedales reduce riesgos futuros, evita costos y preserva activos esenciales para la producción. Una economía resiliente necesita una ecosfera funcional.

Este enfoque también abre una oportunidad de inversión y generación de empleo. La restauración de bosques, la recuperación de suelos, la agricultura y ganadería regenerativas, la protección de cuencas, la adaptación de ciudades, la recuperación de humedales y costas, y la reducción del riesgo de desastres demandan conocimiento, tecnología, financiamiento y trabajo humano. En vez de considerar la acción ambiental únicamente como restricción, podemos verla como uno de los grandes campos de inversión productiva del siglo XXI.

La inteligencia artificial puede desempeñar un papel decisivo. Su mayor potencial no reside en sustituir a las personas, sino en complementar sus capacidades: integrar información, detectar patrones, comparar escenarios y acelerar decisiones. La creatividad, la experiencia, el juicio ético y la definición de propósitos siguen siendo responsabilidades humanas. Esa inteligencia híbrida puede ayudar a planificar territorios más resilientes y orientar inversiones con mayor precisión.

Costa Rica posee condiciones excepcionales para avanzar en esa dirección. El país ha construido durante décadas una reputación internacional vinculada con conservación, energías renovables y protección de la biodiversidad. Esa ventaja puede convertirse ahora en una plataforma económica más ambiciosa: desarrollar metodologías, tecnologías, servicios profesionales y mecanismos financieros para la restauración territorial y la adaptación climática. Una reciente reforma del Código Municipal fortalece, además, el papel de los gobiernos locales en la restauración de la ecosfera y en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

Desde Costa Rica, el Sistema Salvaterra constituye una de las iniciativas que buscan traducir conocimiento científico en acción territorial. Su enfoque integra restauración de bosques y humedales, agricultura y ganadería regenerativas, planificación del uso del suelo, reducción del riesgo y adaptación climática. No pretende ser una respuesta única, sino un marco de trabajo que permita convertir información ambiental en decisiones concretas de inversión, ordenamiento y desarrollo.

La escala territorial es fundamental. El deterioro global resulta de millones de decisiones locales acumuladas, pero también de políticas, mercados y patrones de consumo que operan a escala nacional e internacional. La restauración debe articular esas dimensiones: actuar en cuencas, ciudades, fincas, costas y comunidades, mientras se transforman los incentivos económicos que condicionan el uso del territorio.

Esto implica una oportunidad para bancos, fondos de inversión, aseguradoras, empresas, gobiernos y organismos multilaterales. Financiar restauración ecológica y resiliencia territorial puede reducir exposición a pérdidas futuras, proteger activos, mejorar seguridad hídrica y alimentaria, generar empleo y abrir nuevos mercados. El desafío consiste en desarrollar instrumentos capaces de valorar adecuadamente estos beneficios y convertirlos en flujos de inversión de largo plazo.

Durante las próximas décadas, las economías más competitivas probablemente serán aquellas capaces de restaurar su capital natural mientras generan innovación, productividad y bienestar. La sostenibilidad dejará de ser un componente accesorio de la estrategia empresarial y pública para convertirse en una condición básica de competitividad y estabilidad.

La ciencia nos permitió comprender el problema. La tecnología amplía nuestras posibilidades de actuar. Ahora corresponde orientar inversión, innovación y política pública hacia una misión común: restaurar la base natural que sostiene nuestra civilización.

La inversión más estratégica del siglo XXI puede no ser solamente una nueva fuente de energía, una tecnología disruptiva o una infraestructura gigantesca. Puede ser algo todavía más fundamental: recuperar la capacidad funcional de la ecosfera terrestre. Porque protegerla no significa elegir entre ambiente y economía. Significa proteger la economía, la sociedad y las posibilidades de desarrollo de las próximas generaciones.

La ciencia detrás de los humedales: cómo fortalecer la protección ambiental y la seguridad jurídica

La ciencia detrás de los humedales: cómo fortalecer la protección ambiental y la seguridad jurídica

Dr. Allan Astorga Gättgens (Geólogo Ambiental)

1. Una oportunidad para fortalecer un instrumento estratégico del país

Costa Rica ha construido, durante las últimas décadas, un sólido prestigio internacional en materia de conservación ambiental. Ese reconocimiento no es producto del azar, sino del esfuerzo de muchas instituciones, universidades, investigadores y funcionarios públicos que han dedicado décadas al desarrollo de herramientas técnicas para proteger el patrimonio natural del país. Dentro de ese conjunto de esfuerzos, pocos ecosistemas poseen una relevancia tan estratégica como los humedales.

Los humedales constituyen algunos de los sistemas ecológicos más importantes del territorio nacional. Regulan el ciclo hidrológico, amortiguan inundaciones, favorecen la recarga de acuíferos, almacenan carbono, mantienen una enorme biodiversidad y sirven de refugio para numerosas especies de flora y fauna. Su protección representa, además, un compromiso asumido por Costa Rica mediante la Convención Ramsar y encuentra respaldo en la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad y diversa normativa nacional.

Aunque con frecuencia se habla de los humedales como si constituyeran una categoría única y homogénea, en realidad comprenden una gran diversidad de ecosistemas cuya formación, funcionamiento y evolución responden a procesos naturales diferentes. Existen humedales marinos, estuarinos, ribereños, lacustres y palustrinos, entre otros. Cada uno se relaciona de manera distinta con el relieve, la dinámica del agua, los sedimentos, los suelos, la vegetación y la influencia de las actividades humanas.

Los humedales marino-costeros y estuarinos se encuentran estrechamente vinculados con la dinámica de las mareas, la influencia del agua salina o salobre, la evolución de playas, barras arenosas, esteros, lagunas costeras, manglares y planicies de inundación. Los humedales ribereños se desarrollan en asociación con ríos y quebradas; los lacustres se relacionan con lagos, lagunas y cuerpos de agua permanentes; y los palustrinos comprenden pantanos, ciénagas, depresiones inundables y otros ambientes continentales dominados por vegetación adaptada a condiciones de saturación o inundación recurrente (ver Figura 1).

Estas diferencias tienen implicaciones prácticas directas. Cada tipo de humedal responde a procesos geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos y ecológicos distintos; por ello, su identificación y delimitación requieren metodologías específicas. Un instrumento nacional moderno debería reconocer explícitamente esta diversidad y establecer criterios técnicos diferenciados para cada categoría, de manera que la protección ambiental descanse sobre una caracterización científica adecuada.

Figura 1. Esquema conceptual de los principales tipos de humedales presentes en ambientes costeros y continentales. Cada categoría responde a procesos geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sedimentológicos y ecológicos diferentes; por ello, su identificación y delimitación requieren criterios técnicos adaptados a su origen y funcionamiento.

Precisamente por la enorme importancia ambiental de estos ecosistemas, resulta indispensable que los instrumentos técnicos utilizados para identificarlos, delimitarlos y administrarlos posean el mayor grado posible de rigurosidad científica, transparencia metodológica y seguridad jurídica. 

Cuando una herramienta técnica tiene la capacidad de influir directamente sobre el uso del suelo, el ordenamiento territorial, la planificación urbana, la gestión municipal, las inversiones privadas y, eventualmente, procesos administrativos o judiciales, su fortaleza metodológica deja de ser un asunto exclusivamente académico para convertirse en un elemento esencial de la buena gobernanza ambiental.

Durante aproximadamente quince años hemos desarrollado estudios relacionados con humedales y ecosistemas asociados en diferentes regiones del país, particularmente en Puntarenas, Guanacaste, la GAM y Limón. Estos trabajos han formado parte de investigaciones para planes reguladores, estudios hidrogeológicos, evaluaciones ambientales, ordenamiento territorial, caracterización geomorfológica y análisis de evolución histórica del uso del suelo. Esa experiencia ha implicado revisar centenares de fotografías aéreas históricas, imágenes satelitales de distintas épocas, mapas oficiales, información geológica, hidrogeológica, edáfica y biológica, así como realizar numerosas inspecciones de campo en ambientes costeros y continentales.

Como consecuencia natural de ese trabajo, también hemos estudiado con detalle el Inventario Nacional de Humedales, así como los criterios establecidos tanto por el reglamento anterior como por el vigente para la identificación y delimitación de estos ecosistemas. 

Este análisis ha permitido valorar no solamente sus fortalezas, sino también algunos aspectos que, desde una perspectiva estrictamente técnica, podrían perfeccionarse para mejorar considerablemente su aplicación práctica.

Es importante dejar absolutamente claro que las observaciones que se presentan en este artículo no constituyen una crítica al objetivo de proteger los humedales. Muy por el contrario, parten del reconocimiento de que el Inventario Nacional de Humedales y el Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE representan uno de los avances técnicos más importantes desarrollados por el Estado costarricense durante los últimos años en materia de gestión ambiental.

La elaboración del Inventario Nacional de Humedales permitió disponer, por primera vez, de una base cartográfica nacional relativamente homogénea sobre estos ecosistemas, mientras que el reglamento vigente incorporó criterios técnicos destinados a uniformar los procedimientos utilizados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Ambos instrumentos constituyen un paso significativo hacia una gestión ambiental basada en evidencia científica y no únicamente en apreciaciones subjetivas.

Ese mérito debe reconocerse expresamente.

Sin embargo, precisamente porque estos instrumentos poseen hoy una enorme trascendencia administrativa, ambiental y jurídica, también resulta oportuno preguntarse si la experiencia acumulada durante sus primeros años de aplicación permite identificar oportunidades de mejora.

Toda herramienta técnica evoluciona. Ningún instrumento científico nace perfecto. La experiencia práctica revela fortalezas, pero también muestra vacíos, situaciones no previstas y nuevas necesidades metodológicas que difícilmente podían anticiparse durante su diseño inicial. Esa evolución permanente forma parte del propio desarrollo científico y constituye una característica de las mejores instituciones técnicas del mundo.

En nuestra opinión, Costa Rica se encuentra precisamente en ese momento.

La experiencia acumulada durante la aplicación del Inventario Nacional de Humedales y del Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE ofrece hoy una oportunidad excepcional para iniciar una segunda etapa de perfeccionamiento técnico. Se trata de modernizar integralmente los instrumentos existentes sin disminuir la protección ambiental, fortaleciéndolos mediante nuevas salvaguardas científicas, procedimientos más transparentes y metodologías capaces de reducir la incertidumbre en aquellos casos donde la interpretación del territorio resulta especialmente compleja.

El objetivo final debe ser doble y perfectamente compatible: proteger mejor los humedales verdaderos y, simultáneamente, ofrecer mayor certeza técnica y jurídica a todas las personas e instituciones que utilizan estos instrumentos como base para la toma de decisiones.

Esa es, precisamente, la reflexión que motiva este artículo.

En la siguiente entrega analizaremos las principales limitaciones técnicas que actualmente presentan tanto el Inventario Nacional de Humedales como el reglamento vigente.

2. Las limitaciones técnicas que hoy deben corregirse

Si reconocemos que el Inventario Nacional de Humedales y el Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE representan un importante avance para la gestión ambiental costarricense, también debemos aceptar que la experiencia acumulada durante los últimos años permite identificar una serie de aspectos susceptibles de mejora.

Estas observaciones no pretenden descalificar los instrumentos existentes. Por el contrario, buscan contribuir a su fortalecimiento. En ingeniería, geología, hidrología o cartografía existe un principio ampliamente aceptado: ningún instrumento técnico permanece estático. Todos evolucionan conforme aumenta la experiencia de quienes los utilizan y conforme aparecen nuevos conocimientos científicos.

Precisamente eso es lo que hoy ocurre con los instrumentos técnicos relacionados con los humedales.

Un mapa nacional no sustituye un estudio técnico de detalle.

Todo inventario nacional constituye, por definición, una herramienta de planificación territorial. Su objetivo consiste en ofrecer una visión integral del país que permita conocer la distribución espacial de los diferentes ecosistemas, identificar patrones regionales y orientar las políticas públicas de conservación.

Sin embargo, ningún inventario nacional puede interpretarse como un estudio predial de alta precisión.

Desde el punto de vista cartográfico, existe una diferencia fundamental entre un mapa elaborado para planificación nacional y un levantamiento técnico destinado a determinar la condición ambiental de un terreno específico. Ambos cumplen funciones diferentes y poseen escalas de trabajo completamente distintas.

Mientras el primero resume una realidad territorial muy extensa mediante procesos de generalización cartográfica, el segundo requiere reconstruir con detalle la historia ambiental del sitio, analizar sus condiciones biofísicas particulares y verificar directamente la información en campo.

Confundir ambos niveles de análisis puede conducir inevitablemente a errores de interpretación.

La cartografía también tiene incertidumbre.

Todo mapa posee un determinado grado de incertidumbre asociado con la resolución espacial, la fecha de adquisición de las imágenes, la escala de elaboración, la metodología de fotointerpretación, la cantidad de verificaciones realizadas en campo y la complejidad geomorfológica del terreno.

El Inventario Nacional de Humedales podría fortalecerse incorporando indicadores explícitos sobre el nivel de certidumbre de cada polígono cartografiado, diferenciando claramente entre áreas verificadas directamente en campo y aquellas delimitadas principalmente mediante procesos de interpretación remota.

La fotografía del momento no siempre refleja la historia del ecosistema.

Los ecosistemas tropicales son extraordinariamente dinámicos. La presencia de agua superficial, los niveles freáticos, los drenajes, la vegetación y las actividades humanas cambian con el tiempo. Por ello, una visita de campo realizada en un momento determinado constituye solamente una parte del análisis técnico.

La reconstrucción histórica mediante fotografías aéreas, imágenes satelitales y documentos antiguos permite comprender procesos que una simple inspección actual no logra evidenciar. Por ello, el análisis multitemporal debería adquirir un papel mucho más relevante dentro de los procedimientos técnicos asociados con la delimitación de humedales.

El humedal palustrino y los ambientes con los que puede confundirse.

Uno de los desafíos más delicados en la aplicación práctica de los instrumentos actuales corresponde a la identificación de los humedales palustrinos. Estos ecosistemas pueden presentar inundación permanente, estacional o intermitente; vegetación adaptada a condiciones de saturación; suelos con rasgos hidromórficos; y una relación variable con el nivel freático y con los aportes de agua superficial. Sin embargo, no todas esas características se manifiestan con la misma intensidad durante todo el año ni en todos los sitios.

En determinadas circunstancias, un humedal palustrino puede confundirse con una depresión topográfica temporalmente inundada, un terreno con drenaje deficiente, un antiguo cauce abandonado, una zona agrícola encharcada, una excavación artificial, un área compactada por maquinaria, una planicie que acumula agua de lluvia o un sector profundamente modificado por actividades humanas. Algunos de estos ambientes pueden compartir uno o varios indicadores aislados con un humedal, pero ello no significa necesariamente que posean el origen, la dinámica hidrológica, los suelos, la vegetación y la funcionalidad ecológica que caracterizan a un verdadero ecosistema palustrino.

El problema técnico aparece cuando una semejanza parcial se interpreta como una equivalencia completa. La presencia temporal de agua, por sí sola, no demuestra necesariamente la existencia de un humedal; del mismo modo, la ausencia de agua superficial durante una visita tampoco permite descartarlo. La conclusión debe derivarse de la integración de evidencias geomorfológicas, geológicas, hidrogeológicas, hidrológicas, edáficas, biológicas, ecológicas e históricas.

Por ello, la delimitación de un humedal palustrino no debería depender de una observación aislada, de una única inspección de campo ni de la aplicación mecánica de un criterio individual. Requiere reconstruir la historia ambiental del sitio, determinar el origen de la saturación o inundación, analizar la permanencia y recurrencia del agua, estudiar los suelos y la vegetación, y valorar las modificaciones humanas que puedan haber alterado la expresión actual del terreno.

Figura 2. Comparación conceptual entre un humedal palustrino y otros ambientes que pueden presentar rasgos superficiales semejantes. La presencia de agua temporal, vegetación particular o drenaje deficiente no debe interpretarse de manera aislada; la identificación correcta exige integrar múltiples líneas de evidencia y reconstruir la evolución ambiental del sitio.

Esta posibilidad de confusión no constituye un asunto menor. Cuando los instrumentos técnicos no permiten diferenciar con suficiente claridad entre un humedal verdadero y un ambiente aparentemente semejante, aumenta el riesgo de que una interpretación preliminar sea asumida como una conclusión definitiva. Ese riesgo se vuelve especialmente serio cuando la conclusión se incorpora a permisos, restricciones de uso del suelo, procedimientos sancionatorios o expedientes judiciales.

Los humedales no pueden evaluarse desde una sola disciplina.

Un humedal representa la interacción permanente entre procesos geológicos, geomorfológicos, sedimentológicos, hidrogeológicos, hidrológicos, edáficos, biológicos y ecológicos. Cuando todas estas disciplinas convergen, la interpretación ambiental adquiere un grado de solidez mucho mayor.

Finalmente, el reglamento podría desarrollarse más en relación con la forma en que deben ponderarse los distintos indicadores cuando presentan resultados aparentemente contradictorios. Los reglamentos modernos suelen establecer metodologías de integración de evidencias que indiquen cómo valorar cada elemento disponible hasta alcanzar una conclusión técnicamente consistente.

Una actualización en ese sentido fortalecería la credibilidad científica de los instrumentos nacionales y brindaría mayor confianza a todos los actores involucrados.

En la siguiente parte analizaremos las consecuencias administrativas y judiciales que estas limitaciones pueden generar y la necesidad de incorporar mayores salvaguardas técnicas.

3. Cuando una herramienta técnica carece de suficientes salvaguardas

Las observaciones planteadas en la sección anterior tienen implicaciones directas sobre la forma en que el Estado toma decisiones y sobre la seguridad jurídica de los ciudadanos. Cuando un instrumento técnico adquiere un peso determinante dentro de un procedimiento administrativo o judicial, la calidad metodológica del instrumento pasa a convertirse en un elemento esencial del debido proceso.

Estas observaciones no pretenden cuestionar el profesionalismo ni la buena fe de los funcionarios del SINAC, del MINAE, de las municipalidades, del Ministerio Público o del Poder Judicial. La inmensa mayoría de los funcionarios públicos debe tomar decisiones complejas utilizando los instrumentos oficiales disponibles. Cuando esos instrumentos presentan zonas grises, el problema deja de ser de quienes los aplican y pasa a ser del diseño metodológico del sistema.

Cuando un mapa nacional, una inspección de campo o un conjunto limitado de indicadores se presentan dentro de un expediente administrativo o judicial, existe una tendencia natural a asumir que representan una verdad científica definitiva. Sin embargo, desde la perspectiva de las ciencias ambientales, la realidad rara vez es tan simple.

La naturaleza no reconoce límites catastrales ni responde a definiciones binarias. Los ecosistemas evolucionan con el tiempo y responden a variaciones climáticas, hidrológicas, geomorfológicas y biológicas. Por esa razón, la correcta interpretación de un sitio requiere integrar información de diferentes disciplinas y de diferentes momentos históricos.

Cuando esa integración no se realiza, pueden surgir interpretaciones distintas sobre una misma realidad física. El problema aparece cuando una interpretación preliminar adquiere automáticamente el carácter de una conclusión definitiva, sin que exista un procedimiento suficientemente robusto para verificarla o complementarla.

Una municipalidad puede suspender un permiso; una institución pública puede modificar un criterio técnico; una inversión puede detenerse; un propietario puede enfrentar restricciones importantes sobre el uso de su terreno; incluso pueden iniciarse investigaciones administrativas o judiciales de tipo penal sustentadas en interpretaciones que posteriormente podrían variar al incorporarse nueva evidencia científica.

Cuando la incertidumbre técnica se convierte en judicialización innecesaria

La judicialización de un caso ambiental puede ser necesaria cuando existe una afectación real de un humedal o un incumplimiento comprobado de la normativa. Sin embargo, también puede producirse de manera prematura cuando una identificación técnica todavía incierta se transforma, sin suficientes verificaciones, en la base de una denuncia, una medida cautelar, una investigación penal o una decisión judicial.

En esos casos, el problema no radica necesariamente en la actuación de los jueces, fiscales, funcionarios del SINAC o autoridades municipales. Cada uno debe resolver con la información que consta en el expediente. La dificultad surge cuando esa información proviene de instrumentos que no explicitan su margen de incertidumbre, no diferencian claramente entre cartografía nacional y delimitación predial, o no establecen un procedimiento obligatorio de revisión interdisciplinaria antes de producir consecuencias jurídicas severas.

Esta situación puede inducir a error incluso al Poder Judicial. Los jueces no tienen por qué ser especialistas en geología, geomorfología, hidrogeología, edafología, botánica o ecología de humedales. Su responsabilidad consiste en valorar las pruebas aportadas por las partes y por las instituciones competentes. Si una delimitación preliminar se presenta como si fuera una verdad científica absoluta, sin explicar sus limitaciones metodológicas ni las evidencias contradictorias disponibles, existe el riesgo de que se le otorgue un peso probatorio superior al que científicamente corresponde.

Las consecuencias pueden ser muy serias: paralización de actividades, restricciones prolongadas sobre propiedades, pérdida de inversiones, costos elevados de defensa, desgaste institucional y apertura de procesos penales que quizá no habrían sido necesarios si desde el inicio se hubiese aplicado un instrumento más técnico, completo, transparente y reproducible. Al mismo tiempo, una delimitación débil también puede perjudicar la protección del humedal, porque facilita que posteriormente sea cuestionada o anulada.

Por ello, fortalecer los instrumentos técnicos no significa crear obstáculos para la protección ambiental. Significa evitar que el Estado, los ciudadanos y el propio Poder Judicial deban resolver conflictos que pudieron prevenirse mediante una mejor caracterización científica. La mejor decisión judicial es, en muchos casos, aquella que no necesita producirse porque el problema fue correctamente interpretado y resuelto en la etapa técnica y administrativa.

Todo ello puede ocurrir sin mala actuación de ninguna institución. Simplemente, la herramienta utilizada no contiene todas las salvaguardas que una decisión de esa trascendencia debería incorporar.

La seguridad jurídica ambiental no solamente protege a los propietarios privados. También protege al Estado, a los funcionarios públicos, a los jueces, a las organizaciones ambientalistas y, sobre todo, a los propios humedales.

Una delimitación ambiental técnicamente sólida tiene mucha mayor capacidad para resistir cualquier proceso de revisión administrativa o judicial. Cuando una delimitación presenta debilidades metodológicas, toda la protección del ecosistema puede quedar expuesta a cuestionamientos que podrían haberse evitado mediante procedimientos más completos.

En ciencias ambientales es perfectamente posible que dos especialistas, trabajando de buena fe, lleguen inicialmente a conclusiones diferentes respecto de un mismo sitio cuando disponen de información distinta o aplican metodologías diferentes. Ello no significa necesariamente que alguno esté equivocado, sino que la información todavía no resulta suficiente para alcanzar un nivel adecuado de certeza.

Precisamente por ello, los mejores sistemas técnicos incorporan procedimientos de revisión interdisciplinaria, contraste de evidencias y validación independiente cuando las decisiones tienen consecuencias importantes.

El sistema debe ofrecer a los jueces pruebas técnicas suficientemente claras, trazables y reproducibles. Para ello, cada delimitación debería explicar la metodología utilizada, las fuentes analizadas, las verificaciones efectuadas, las disciplinas participantes, las evidencias coincidentes y contradictorias, y el nivel de certidumbre alcanzado. De esa manera, la valoración judicial descansaría sobre una base científica más completa y no 

La solución no consiste en disminuir la protección de los humedales ni en dificultar la actuación del SINAC. La verdadera solución consiste en fortalecer la calidad científica de los instrumentos oficiales.

Mientras mayor sea el respaldo técnico de una delimitación, mayor será también su legitimidad administrativa, su fortaleza jurídica y su capacidad para proteger efectivamente los ecosistemas.

La discusión que hoy enfrenta Costa Rica no debería centrarse en escoger entre conservación ambiental o seguridad jurídica. Ambos objetivos pueden y deben alcanzarse simultáneamente mediante instrumentos científicos más completos, transparentes y reproducibles.

4. Una propuesta para fortalecer los instrumentos nacionales sobre humedales

Todo lo expuesto anteriormente conduce a una conclusión que, a nuestro juicio, resulta evidente: Costa Rica necesita hacer evolucionar el Inventario Nacional de Humedales y el Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE. Necesita llevarlos a una segunda generación de desarrollo técnico.

Los instrumentos actuales constituyen una base sobre la cual es perfectamente posible construir herramientas aún más robustas, transparentes y consistentes con el nivel científico que hoy posee el país.

La evolución del conocimiento ambiental durante los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías de percepción remota, el acceso a modelos digitales de elevación de alta resolución, la disponibilidad de fotografías aéreas históricas digitalizadas, el crecimiento de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la experiencia acumulada por las instituciones nacionales ofrecen una oportunidad extraordinaria para modernizar estos instrumentos.

No se trata de comenzar nuevamente.

Se trata de aprovechar todo el trabajo ya realizado y fortalecerlo mediante una serie de mejoras relativamente concretas.

La primera mejora: incorporar el concepto de incertidumbre cartográfica

Quizá la modificación más importante consiste en reconocer explícitamente que toda cartografía posee un determinado nivel de incertidumbre.

Esta afirmación no disminuye el valor científico del Inventario Nacional de Humedales.

Por el contrario, lo fortalece.

La cartografía moderna utilizada por agencias geológicas, institutos geográficos y organismos ambientales de numerosos países incorpora metadatos donde se describen claramente:

la escala de trabajo;

la resolución espacial;

la fecha de adquisición de la información;

el método utilizado para elaborar cada polígono;

el grado de validación de campo;

y el nivel de confianza asociado a cada unidad cartográfica.

El Inventario Nacional de Humedales podría evolucionar en esa misma dirección.

De esa forma, cada usuario conocería con claridad el alcance técnico de la información que está consultando y evitaría atribuirle una precisión superior a la que realmente posee.

Lejos de disminuir su utilidad, esta información incrementaría considerablemente su credibilidad científica.

La segunda mejora: fortalecer el análisis multitemporal

Los humedales son sistemas dinámicos.

Su interpretación requiere comprender cómo ha evolucionado un territorio durante décadas.

Por esa razón, el análisis histórico debería adquirir un papel mucho más relevante dentro de la metodología oficial.

La incorporación sistemática de fotografías aéreas históricas, imágenes satelitales de diferentes épocas, mapas antiguos, registros hidrológicos y antecedentes del uso del suelo permitiría reconstruir la evolución ambiental de cada sitio antes de emitir una delimitación definitiva.

En muchas ocasiones, esa información histórica aporta evidencia mucho más sólida que una simple observación puntual realizada durante una única inspección de campo.

La tercera mejora: consolidar un verdadero enfoque interdisciplinario

La delimitación de estos ecosistemas exige integrar conocimientos de:

geología;

geomorfología;

sedimentología;

hidrogeología;

hidrología superficial;

edafología;

botánica;

ecología;

sistemas de información geográfica;

fotointerpretación;

y ordenamiento territorial.

Por ello, en los casos de mayor complejidad, trascendencia ambiental o posible impacto jurídico, debería establecerse una revisión técnica colegiada mediante equipos interdisciplinarios. Especialistas en geología, geomorfología, sedimentología, hidrogeología, hidrología superficial, suelos, ecología, fotointerpretación y sistemas de información geográfica deberían integrar conjuntamente la evidencia disponible. La geología y sus disciplinas asociadas resultan esenciales para comprender el origen y la evolución física del terreno; las aguas superficiales y la hidrogeología permiten establecer la dinámica del agua; la edafología aporta evidencia sobre condiciones de saturación; la ecología permiten valorar la funcionalidad del ecosistema. Ninguna de estas disciplinas, utilizada de manera aislada, debería sustituir la integración del conjunto.

Este mecanismo no solamente incrementaría la calidad científica de las decisiones, sino que además otorgaría mayor respaldo institucional a los propios funcionarios responsables de emitirlas.

La cuarta mejora: establecer un procedimiento técnico de revisión y descargo

Toda metodología científica admite la posibilidad de revisión cuando aparecen nuevos datos.

La ciencia avanza precisamente mediante ese proceso.

En consecuencia, cuando exista una discrepancia técnica fundamentada respecto de una delimitación de humedal, debería existir un procedimiento claramente regulado que permita incorporar estudios adicionales, valorar nueva evidencia científica y revisar la conclusión inicial cuando así corresponda.

No se trata de abrir espacios para dilatar procedimientos administrativos.

Se trata de fortalecer la calidad técnica de las decisiones antes de que estas produzcan efectos definitivos.

Un procedimiento transparente beneficia tanto al Estado como a los ciudadanos.

Ese procedimiento debería activarse especialmente cuando la delimitación pueda generar una sanción, una restricción significativa sobre el uso del suelo o la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Antes de producir esos efectos, la persona interesada debería tener acceso a la metodología, los datos, las imágenes, los criterios utilizados y el nivel de certidumbre de la interpretación, así como la posibilidad de aportar estudios técnicos independientes para su valoración objetiva.

Cuando persista una discrepancia razonable entre especialistas, el expediente debería someterse a una instancia técnica colegiada e interdisciplinaria antes de considerarse definitivamente resuelto. Este mecanismo no debilitaría la autoridad ambiental; por el contrario, aumentaría la legitimidad, la solidez probatoria y la capacidad de defensa de sus decisiones.

La quinta mejora: integrar la funcionalidad ecológica

Otro aspecto que merece mayor desarrollo corresponde a la funcionalidad ecológica de los humedales.

No todos los humedales presentan la misma dinámica, el mismo grado de conservación ni la misma importancia ecológica.

Existen humedales altamente funcionales y bien conservados.

Otros se encuentran parcialmente alterados.

Algunos poseen enorme importancia hidrológica.

Otros cumplen principalmente funciones biológicas.

Incluso existen áreas que han sido profundamente modificadas por actividades humanas durante décadas.

Esta diversidad merece reflejarse de manera más explícita dentro de los instrumentos técnicos nacionales.

Una clasificación funcional permitiría orientar mejor las decisiones relacionadas con conservación, restauración, recuperación ambiental, compensación ecológica y manejo sostenible.

Esta clasificación funcional no debe utilizarse para negar protección a un humedal degradado. Un ecosistema alterado puede conservar funciones relevantes o requerir restauración. Su utilidad consiste en orientar mejor las decisiones de manejo, establecer prioridades y diferenciar entre conservación estricta, restauración, recuperación, compensación y seguimiento, siempre con base en evidencia científica y dentro del marco jurídico aplicable.

La sexta mejora: fortalecer la transparencia pública

Los instrumentos ambientales generan confianza cuando toda la sociedad comprende claramente cómo fueron elaborados.

Por ello, sería altamente conveniente que tanto el Inventario Nacional de Humedales como las futuras delimitaciones incorporaran información pública fácilmente accesible sobre:

• metodología aplicada;

• fuentes utilizadas;

• fecha de actualización;

• antecedentes cartográficos;

• verificaciones de campo;

• nivel de certidumbre;

• historial de modificaciones;

• y justificación técnica de los cambios realizados.

La transparencia constituye probablemente la mejor garantía de calidad científica. 

En la Tabla 1 se resumen las acciones principales que se recomiendan para mejorar la situación.

Tabla 1. Principales fuentes de incertidumbre técnica y mejoras propuestas para fortalecer la delimitación de humedales en Costa Rica.

Conservación y seguridad jurídica deben avanzar juntas

A lo largo de este artículo hemos insistido deliberadamente en una idea central. No existe contradicción entre proteger los humedales y fortalecer la seguridad jurídica. Ambos objetivos forman parte de una misma estrategia de buena gobernanza ambiental.

Cuando las reglas técnicas son claras, las instituciones trabajan con mayor confianza. Los propietarios conocen mejor las condiciones aplicables a sus terrenos. Los gobiernos locales pueden planificar con mayor certeza. Los jueces reciben mejores elementos de valoración.

Y, sobre todo, los humedales obtienen una protección mucho más sólida y difícil de cuestionar. En consecuencia, la modernización de estos instrumentos debe entenderse como una inversión en favor de la conservación y no como una flexibilización de la normativa ambiental.

Un llamado respetuoso

Costa Rica posee una comunidad científica de enorme prestigio, universidades de alto nivel, instituciones ambientales consolidadas y profesionales con décadas de experiencia en disciplinas relacionadas con los humedales.

Por esa razón, consideramos que ha llegado el momento de abrir un proceso nacional de actualización técnica del Inventario Nacional de Humedales y del Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE, convocando al MINAE, al SINAC, a las universidades públicas y privadas, a los colegios profesionales, a especialistas independientes y a representantes de la sociedad civil.

No debería entenderse este proceso como una revisión de errores. Debería verse como la evolución natural de un instrumento exitoso que ha alcanzado la madurez suficiente para iniciar una nueva etapa de perfeccionamiento.

Desde nuestra experiencia profesional, ponemos respetuosamente a disposición del Ministerio de Ambiente y Energía, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Poder Ejecutivo todo el conocimiento técnico acumulado durante años de investigación y trabajo de campo en geología ambiental, hidrogeología, geomorfología, ordenamiento territorial, cartografía ambiental y evaluación ambiental.

Creemos firmemente que este esfuerzo puede realizarse mediante un proceso de diálogo técnico, abierto, transparente y constructivo.

Proteger los humedales significa proteger uno de los patrimonios naturales más valiosos de Costa Rica. Pero esa protección solo será verdaderamente sólida si se apoya en instrumentos capaces de diferenciar correctamente los ecosistemas, explicar sus márgenes de incertidumbre, integrar las distintas disciplinas científicas y resistir con solvencia cualquier revisión administrativa o judicial.

Modernizar el Inventario Nacional de Humedales y el Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE permitiría conservar mejor, reducir conflictos innecesarios y brindar mayor seguridad a las instituciones, a los funcionarios, a los jueces, a las comunidades y a los propietarios. No se trata de escoger entre ambiente y seguridad jurídica. Se trata de utilizar mejor ciencia para alcanzar ambos objetivos simultáneamente.

Costa Rica ya dio un primer gran paso al crear estos instrumentos. El siguiente debe consistir en llevarlos a una segunda generación técnica: más precisa, interdisciplinaria, transparente, reproducible y capaz de prevenir que la incertidumbre científica termine convertida en conflicto jurídico. Ese es el reto y, al mismo tiempo, la oportunidad que hoy tiene el país.

El próximo gran terremoto de Limón: ¿estamos construyendo para resistirlo?

Artículo publicado en: https://semanariouniversidad.com/opinion/el-proximo-gran-terremoto-de-limon-estamos-construyendo-para-resistirlo/

1. Recordar el pasado para construir un futuro más seguro

Introducción

Costa Rica impulsa actualmente importantes inversiones para el desarrollo de la provincia de Limón. La modernización de puertos, carreteras, puentes, infraestructura turística, zonas industriales y nuevos proyectos urbanos representa una oportunidad extraordinaria para fortalecer el crecimiento económico del Caribe costarricense. Sin embargo, precisamente porque muchas de estas obras deberán permanecer en funcionamiento durante cincuenta años o más, resulta indispensable incorporar desde su planificación el mejor conocimiento científico disponible sobre el territorio donde serán construidas.

La geología no constituye un obstáculo para el desarrollo. Por el contrario, permite comprender cómo evoluciona el territorio, reconocer las amenazas naturales y reducir las vulnerabilidades antes de que ocurra un desastre. Las sociedades que han logrado convivir exitosamente con terremotos, tsunamis y otros fenómenos naturales no lo han conseguido porque esos eventos hayan desaparecido, sino porque aprendieron a planificar considerando la realidad geológica de su territorio.

Costa Rica dispone de uno de los mejores Códigos Sísmicos de América Latina, producto del trabajo de varias generaciones de ingenieros e investigadores. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que el diseño estructural constituye solamente una parte de la gestión preventiva del riesgo. También es necesario comprender la evolución geológica del territorio, ordenar adecuadamente el uso del suelo e incorporar las amenazas naturales dentro de la planificación de largo plazo.

Los recientes terremotos ocurridos en Venezuela recordaron que incluso edificaciones relativamente modernas pueden sufrir daños importantes cuando convergen diversos factores de vulnerabilidad. Esa experiencia reafirma que la reducción del riesgo depende de una visión integral, donde la ingeniería, la geología, el ordenamiento territorial y la preparación institucional trabajen de manera complementaria.

Este artículo no pretende cuestionar el desarrollo de Limón. Muy por el contrario, busca contribuir a que las inversiones que hoy realiza el país alcancen los mayores niveles posibles de seguridad, resiliencia y sustentabilidad. Como geólogo que ha participado durante más de tres décadas en el estudio de la evolución del Caribe costarricense, considero que ese conocimiento puede aportar elementos útiles para fortalecer la planificación territorial y la gestión preventiva del riesgo.

La idea central que se plantea es sencilla: los grandes terremotos no son acontecimientos aislados. Forman parte de procesos geológicos que continúan actuando durante millones de años. Aunque la ciencia no puede predecir cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto, sí puede reconocer escenarios geológicamente plausibles y utilizar ese conocimiento para orientar mejor las decisiones que se toman en el presente.

La hipótesis que se propone en este artículo es que la evolución observada del litoral caribe, analizada conjuntamente con el marco tectónico regional, la historia sísmica y más de tres décadas de observaciones de campo, constituye un conjunto de evidencias que justifican incorporar el escenario de un futuro gran terremoto dentro de la planificación estratégica del Caribe costarricense, sin que ello implique una predicción sobre cuándo ocurrirá.

Una tarde que Costa Rica nunca olvidó

La tarde del 22 de abril de 1991, pocos minutos antes de las cuatro de la tarde, Costa Rica experimentó uno de los terremotos más importantes de su historia reciente. En pocos segundos un sismo de magnitud Mw 7,7 sacudió prácticamente todo el territorio nacional y modificó de manera permanente una extensa porción del Caribe sur.

En aquella época no existían teléfonos celulares ni redes sociales. La información llegaba lentamente y miles de familias intentaban comunicarse sin éxito mientras aumentaba la incertidumbre sobre la magnitud de la tragedia. Conforme avanzaron las horas se confirmó que el epicentro se localizaba en el Caribe sur y que el país enfrentaba uno de los desastres naturales más importantes del siglo XX.

Desde el punto de vista geológico, aquel terremoto representó un extraordinario laboratorio natural. En cuestión de segundos el relieve cambió, parte de la costa emergió varios metros y numerosos arrecifes coralinos quedaron expuestos sobre el nivel del mar.

El movimiento sísmico también generó un tsunami que afectó la costa Caribe de Costa Rica y el norte de Panamá. Diversos estudios estiman que las olas alcanzaron entre tres y cinco metros de altura en algunos sectores, penetraron la trasplaya y ocasionaron daños adicionales. Este hecho recuerda que los grandes terremotos del Caribe pueden generar múltiples amenazas de manera simultánea.

Cabe destacar que este terremoto provocó el deceso de 48 personas y daños en infraestructura cuyo costo total significó el 4,21 del Producto Interno Bruto de Costa Rica para el año 1991 (Morales, 1994).

Treinta y cinco años observando la evolución del Caribe

Pocos días después del terremoto participé en los primeros reconocimientos geológicos realizados a lo largo del litoral Caribe. Lo que inicialmente fue un trabajo de evaluación de daños terminó convirtiéndose en una investigación que se ha extendido durante más de tres décadas.

Las observaciones recientes muestran un hecho particularmente interesante. En diversos sectores del Caribe el mar ha comenzado a recuperar lentamente parte del terreno que perdió después del levantamiento cosísmico de 1991. En algunos sitios la playa vuelve a ser más estrecha y la línea de costa se aproxima nuevamente a la vegetación costera.

Esta situación nos muestra un ciclo natural que hace que la línea costera que se alejó con el terremoto regrese hacia la tierra y, de paso, constituye una evidencia de que el ciclo tectónico regional continúa evolucionando y que el levantamiento costero observado en 1991 no representa un estado permanente y que el final del ciclo podría corresponder con otro nuevo gran terremoto.

2. La geología que explica el pasado y ayuda a comprender el futuro

Comprender el terremoto de Limón de 1991 requiere observar el Caribe costarricense desde una perspectiva regional. Aunque la mayor parte de los costarricenses asocia los terremotos con la subducción de la placa del Coco, el terremoto de Limón respondió a un mecanismo tectónico diferente.

En este trabajo se utiliza el concepto de Bloque Guaymí para describir el bloque cortical que comprende el sur de Costa Rica, Panamá y parte del Chocó colombiano, que el autor considera más apropiado que el término “Microplaca de Panamá”, por las razones tectónicas expuestas en Astorga (1996) (ver Figura 1).

Fig. 1. Modelo tectónico – neotectónico del sur de Centroamérica, con particular énfasis en los bloques tectónicos corticales y sus límites tectónicos principales. Fuente: Astorga (2026).

Dentro de ese contexto regional se desarrolla el Cinturón Deformado del Caribe Sur, donde la corteza terrestre se encuentra sometida a esfuerzos compresivos que generan plegamientos, fallas inversas y cabalgamientos. Cuando la energía acumulada supera la resistencia de las rocas, se libera en forma de grandes terremotos.

El mayor levantamiento cosísmico ocurrió del terremoto de Limón de 1991 en las cercanías de Puerto Limón (casi 2 metros en la zona de Piuta). Esta evidencia permite plantear la hipótesis de que el Promontorio Estructural de Limón podría representar el resultado acumulado de numerosos episodios de levantamiento tectónico ocurridos durante millones de años.

La posible influencia de la Dorsal del Coco

La evolución tectónica del Caribe costarricense no puede analizarse de forma aislada de los procesos que ocurren en el Pacífico. Uno de los elementos más importantes es la Dorsal del Coco, una extensa elevación submarina que se desplaza hacia Costa Rica junto con la placa del Coco y se introduce bajo el sur del país.

La llegada progresiva de esta dorsal al margen centroamericano modificó el régimen de esfuerzos que actúa sobre el territorio. La corteza comenzó a experimentar una compresión más intensa, acompañada por levantamientos montañosos importantes (Cordillera de Talamanca), deformaciones y cambios en la distribución de las fallas. Aunque este proceso se manifiesta con mayor claridad en el Pacífico sur, sus efectos pueden extenderse hacia el interior del país y alcanzar también el margen Caribe.

En este artículo se plantea que la interacción de la Dorsal del Coco con el sur de Costa Rica pudo contribuir al fortalecimiento  e intensificación de la compresión que afecta al Bloque Guaymí y al desarrollo del Cinturón Deformado del Caribe Sur. De esta manera, procesos que habitualmente se estudian por separado podrían formar parte de un mismo sistema tectónico regional.

Esta interpretación ayuda a comprender por qué el Caribe costarricense no es un margen pasivo ni estable. Aunque la actividad sísmica más frecuente del país se concentra en el Pacífico, el Caribe también acumula esfuerzos y puede liberar grandes cantidades de energía mediante terremotos de magnitud considerable.

Esta interpretación constituye una hipótesis tectónica que deberá continuar siendo contrastada mediante futuras investigaciones geológicas y geofísicas.

Los arrecifes coralinos como memoria geológica

Los arrecifes coralinos del Caribe poseen un enorme valor ecológico, pero también contienen información fundamental sobre la historia tectónica de la región. Su posición respecto al nivel del mar permite reconocer antiguos movimientos verticales de la costa.

Cuando un terremoto produce un levantamiento permanente del terreno, algunos arrecifes que se encontraban bajo el agua quedan expuestos (ver Figura 2). A partir de ese momento comienzan a erosionarse, son colonizados por vegetación y pasan a formar parte del paisaje terrestre.

Eso ocurrió de manera muy clara después del terremoto de Limón de 1991. En varios sectores del litoral quedaron expuestas superficies arrecifales que anteriormente permanecían sumergidas. Estos arrecifes funcionan como un archivo natural que permite reconstruir antiguos episodios tectónicos.

Su conservación protege simultáneamente la biodiversidad y una parte de la memoria geológica del Caribe costarricense.

Fig. 2. Foto tomada por A. Astorga en abril de 1991, en el área de Limón. Se observa el arrecife coralino recien levantado como producto del Terremoto (Mw 7.7) de Limon. Insertado se observa el mapa del levantamiento costero diferencial que se dió (cf. Astorga, A., 1991).

La historia sísmica confirma que el sistema continúa activo

La interpretación geológica encuentra un respaldo importante en la historia sísmica del Caribe sur de Costa Rica y del norte de Panamá. Los documentos disponibles muestran que durante los últimos dos siglos esta región ha sido afectada repetidamente por terremotos importantes.

Entre los principales eventos registrados se encuentran los terremotos de 1822, 1916, 1926, 1953 y 1991. Cada uno ocurrió bajo condiciones particulares, pero todos forman parte del mismo contexto tectónico regional (ver figuras 3 y 4).

Estos eventos no ocurrieron a intervalos exactamente regulares. Sin embargo, su distribución demuestra que el sistema libera periódicamente la energía que acumula. La historia sísmica no permite establecer la fecha del próximo gran terremoto, pero sí confirma que el sistema continúa activo y que el terremoto de 1991 fue parte de una secuencia mucho más amplia.

Fig. 3. Principales terremotos ocurridos en los últimos 200 años en el Caribe Sur de Costa Rica y el norte de Panamá. La distribución histórica evidencia que el sistema ha producido repetidamente grandes terremotos durante los últimos dos siglos; sin embargo, no presenta una periodicidad regular. La información histórica permite reconocer un sistema tectónicamente activo, pero no establecer intervalos de recurrencia fijos.

Fig. 4. Localización de principales terremotos históricos e instrumentales identificados para el Caribe de Costa Rica y Panamá durante los últimos dos siglos. Fuente: Zamora, Arroyo-Solorzona, Porras, Chacón, Rivera & Murillo (2021).

El tsunami de 1991 y la amenaza costera

El terremoto de 1991 no produjo únicamente sacudidas intensas y levantamiento del terreno. También generó un tsunami que afectó sectores del Caribe costarricense y del norte de Panamá (ver Figura 5).

Fig. 5. Fotografía del tsunami en Playa Julio Abrego, Panamá. Fuente: Nishenko et al. (2021). Se observa como se inundó toda la trasplaya, incluyendo la zona marítima terrestre y algo más.

En algunos puntos se registraron olas de aproximadamente tres a cinco metros que penetraron la trasplaya y ocasionaron daños adicionales. La experiencia demuestra que la amenaza sísmica del Caribe debe analizarse conjuntamente con la amenaza por tsunami.

Este aspecto resulta especialmente importante para instalaciones turísticas ya existentes, particularmente en la zona marítima terrestre, así como puertos, marinas, instalaciones turísticas, comunidades costeras, carreteras litorales y zonas industriales cercanas al mar. La planificación moderna debe incorporar rutas de evacuación y selección de sitios de seguridad, sistemas de alerta y una adecuada selección de los sitios donde se desarrollarán nuevas inversiones, así como sus medidas de resiliencia y seguridad.

3. Una costa que revela la evolución del ciclo sísmico

Inmediatamente después del terremoto de 1991 amplios sectores de la costa quedaron más elevados respecto al nivel del mar. Como consecuencia, el mar retrocedió y muchas playas se ensancharon.

Durante las décadas posteriores el oleaje, las corrientes y el transporte de sedimentos comenzaron a reorganizar nuevamente las playas. Las observaciones recientes muestran que en varios sectores el mar ha recuperado lentamente parte del terreno perdido y vuelve a aproximarse a la vegetación costera (ver Figura 6).

Fig. 6. Fotografía reciente (julio del 2026) de la playa Cahuita donde se observa que la línea de costa se encuentra muy cercana a la berma de playa (zona con vegetación). Fuente: A. Astorga.

Si este comportamiento se ha repetido después de terremotos anteriores, la configuración actual del litoral podría representar una etapa avanzada del ciclo tectónico regional. Esta interpretación no constituye una predicción sísmica, pero sí una hipótesis geológica que, integrada con la tectónica, la historia sísmica y las observaciones de campo, fortalece la necesidad de aplicar el principio precautorio y mejorar la planificación territorial.

Del conocimiento geológico a la planificación del futuro

Las observaciones presentadas hasta este punto permiten formular una reflexión que trasciende el interés puramente académico. El propósito de estudiar la evolución geológica del Caribe costarricense no consiste únicamente en reconstruir lo ocurrido en el pasado, sino en utilizar ese conocimiento para tomar mejores decisiones hacia el futuro.

Durante los últimos treinta y cinco años la costa ha continuado evolucionando. Las modificaciones observadas en la línea litoral representan la respuesta natural de un territorio que permanece sometido a procesos tectónicos, oceanográficos y sedimentarios que siguen actuando después del terremoto de 1991.

La interpretación propuesta parte de esa evolución. El levantamiento cosísmico produjo una ampliación temporal de las playas al alejar el mar de la vegetación costera. Posteriormente, la dinámica marina comenzó a recuperar gradualmente parte de ese espacio. Hoy, en diversos sectores del Caribe, la línea de costa vuelve a aproximarse a la vegetación y la playa presenta nuevamente un ancho menor que el observado inmediatamente después del terremoto.

La principal hipótesis que propone este artículo es que la evolución reciente del litoral constituye un indicador geomorfológico compatible con el avance del ciclo sismotectónico regional: los grandes terremotos elevan temporalmente la costa y amplían las playas; posteriormente, durante varias décadas, el oleaje y los procesos naturales (incluyendo la compensación isostática) reorganizan el litoral hasta aproximarlo nuevamente a una condición semejante a la existente antes del evento sísmico. La playa pasa así a formar parte del ciclo geológico asociado a la acumulación y liberación de esfuerzos tectónicos. 

Cuando esta observación se integra con el marco tectónico regional, la historia sísmica y las demás evidencias geológicas, el resultado es una interpretación coherente que merece incorporarse dentro de la planificación territorial.

Aunque el ascenso global del nivel medio del mar asociado al cambio climático constituye un proceso real y ampliamente documentado, en el Caribe sur de Costa Rica la magnitud y velocidad de los cambios observados parecen estar dominadas principalmente por procesos tectónicos regionales, sin excluir una contribución secundaria de las variaciones eustáticas.

Un aspecto que fortalece esta interpretación es que no se fundamenta en una única observación aislada, sino en la convergencia de varias líneas independientes de evidencia. Por una parte, el marco tectónico regional demuestra que el Cinturón Deformado del Caribe Sur continúa activo y que el Bloque Guaymí permanece sometido a esfuerzos compresivos en ambas costas. Por otra, la historia sísmica confirma que este sistema ha generado repetidamente terremotos importantes durante los últimos dos siglos. A ello se suma la evolución geomorfológica observada en el litoral y las evidencias obtenidas mediante más de tres décadas de trabajo de campo. Consideradas en conjunto, estas observaciones configuran un escenario geológicamente consistente que merece incorporarse a la planificación territorial.

Desde esta perspectiva, la aproximación progresiva de la línea de costa hacia condiciones semejantes a las existentes antes del terremoto de 1991 podría constituir un indicador compatible con el avance del ciclo sismotectónico y sin que sea posible identificar cuándo ocurrirá el próximo terremoto en el Caribe Sur, nos llama la atención sobre la importancia de tomar acciones preventivas. 

El aporte central de esta hipótesis consiste precisamente en proponer una visión integradora. Tradicionalmente, la tectónica regional, la evolución costera, la historia sísmica y la planificación territorial han sido analizadas de manera relativamente independiente. En este trabajo se plantea que su análisis conjunto proporciona un marco conceptual más robusto para aplicar el principio precautorio, orientar el desarrollo futuro del Caribe costarricense y fortalecer la resiliencia de sus inversiones estratégicas, sin pretender establecer predicciones sísmicas específicas

El principio precautorio aplicado a la planificación

Uno de los mayores errores que puede cometer una sociedad es esperar a que ocurra un desastre para actuar. Cuando existe suficiente evidencia científica para considerar plausible un escenario de amenaza, resulta responsable comenzar a reducir las vulnerabilidades antes de que ese escenario se materialice.

Aplicado al Caribe costarricense, el principio precautorio no significa anunciar la ocurrencia de un terremoto. Significa reconocer que la información disponible justifica incorporar esa posibilidad dentro de la planificación de largo plazo. 

Este enfoque es consistente con la manera en que actualmente se gestionan otras amenazas naturales de baja frecuencia y alto impacto en numerosos países tectónicamente expuestos a terremotos y tsunamis.

Han transcurrido aproximadamente treinta y cinco años desde el terremoto de Limón de 1991. Para la geología ese período representa apenas un instante; para una carretera, un puerto o un puente constituye una parte importante de su vida útil. Precisamente por ello, las decisiones actuales influirán directamente en la capacidad de esas obras para enfrentar un futuro gran terremoto.

Resulta razonable que las nuevas inversiones estratégicas incorporen estudios geológicos detallados, análisis de amenazas múltiples, escenarios de tsunami y criterios modernos de ordenamiento territorial. De igual forma, los poblados costeros y las instalaciones turísticas ya existentes requieren de una modernización de su gestión de riesgo, con un aumento de resiliencia y seguridad de sus inversiones.

4. Una oportunidad histórica para Limón

La provincia de Limón atraviesa uno de los períodos de inversión pública y privada más importantes de su historia. Precisamente por ello, este es el momento adecuado para incorporar plenamente el conocimiento geológico dentro de la planificación.

La amenaza sísmica no debe interpretarse como un obstáculo para el desarrollo. Debe entenderse como una variable adicional que permita seleccionar mejor los sitios donde se ubicarán las nuevas inversiones, diseñar infraestructura más segura, fortalecer la resiliencia de las comunidades y reducir progresivamente la vulnerabilidad del territorio.

Planificar considerando la geología significa construir con una visión de largo plazo y preparar la infraestructura para convivir con un territorio cuya evolución tectónica continuará activa.

Construir hoy la resiliencia del Caribe del mañana

Las sociedades más resilientes son aquellas que utilizan el conocimiento científico para disminuir sus vulnerabilidades antes de que ocurra una emergencia. En el Caribe costarricense esa preparación debe incluir el fortalecimiento de la infraestructura existente, la incorporación de escenarios multiamenaza en los nuevos proyectos, la conservación de ecosistemas costeros, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y un ordenamiento territorial basado en evidencia científica. Cada estudio geológico, cada mapa de amenazas y cada plan regulador y plan de ordenamiento territorial representan inversiones en seguridad colectiva, incluyendo no solo el diseño estructural de las obras, sino también la continuidad operativa de servicios esenciales, corredores logísticos y cadenas de abastecimiento.

Reflexión final

Treinta y cinco años después del terremoto de Limón de 1991, el Caribe costarricense continúa evolucionando. La costa sigue cambiando, el mar continúa reorganizando las playas y los procesos tectónicos permanecen activos.

El propósito de este artículo no ha sido anunciar un terremoto. Ha sido compartir una interpretación geológica basada en décadas de observación de campo y proponer que ese conocimiento forme parte de la planificación del desarrollo del Caribe costarricense. Ha sido recordar que la ausencia de certeza sobre la fecha de ocurrencia no elimina la responsabilidad de prepararse para un escenario geológicamente plausible.

Si esta interpretación contribuye a mejorar la seguridad de una obra, fortalecer la preparación de una comunidad o incorporar mejores criterios de planificación territorial, el objetivo de este trabajo habrá sido alcanzado.

Las hipótesis aquí planteadas deberán seguir siendo evaluadas mediante nuevas investigaciones. Ese es el camino natural de la ciencia y la mejor manera de construir un Caribe más seguro, resiliente y verdaderamente sustentable.

Planificar considerando escenarios geológicos plausibles no incrementa el costo del desarrollo; por el contrario, protege las inversiones, reduce pérdidas futuras y fortalece la seguridad de las comunidades. La mejor infraestructura no es únicamente la que responde a las necesidades del presente, sino aquella preparada para convivir con la evolución futura del territorio.

El territorio continuará evolucionando con independencia de nuestras decisiones. La diferencia radica en que podemos decidir si las inversiones que hoy construimos estarán preparadas para convivir con esa realidad geológica o no.

Referencias principales

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La lección de Venezuela es una advertencia sobre el riesgo sísmico y la resiliencia en Costa Rica

Publicación en el Semanario Universidad (1/07/2026): https://semanariouniversidad.com/opinion/la-leccion-de-venezuela-es-una-advertencia-sobre-el-riesgo-sismico-y-la-resiliencia-en-costa-rica/

Venezuela: una advertencia que Costa Rica no debería ignorar

Los desastres no comienzan el día del terremoto. Comienzan muchos años antes, cuando una sociedad deja de incorporar el conocimiento científico en las decisiones sobre el territorio.

Aunque Costa Rica posee un contexto tectónico diferente al de Venezuela, ambos países comparten una realidad fundamental: la vulnerabilidad depende tanto de la amenaza geológica como de las decisiones que se toman sobre el uso del territorio antes de que ocurra un terremoto.

Las imágenes que han dado la vuelta al mundo tras los recientes terremotos ocurridos en Venezuela han vuelto a recordarnos una realidad que, con demasiada frecuencia, solo ocupa nuestra atención cuando ocurre una tragedia: vivimos sobre un planeta dinámico, cuya corteza continúa deformándose y liberando enormes cantidades de energía.

Los dos terremotos principales registrados en Venezuela constituyen un evento particularmente relevante desde el punto de vista sismológico. No solamente por su elevada magnitud, superior a 7, sino porque ocurrieron con muy pocos segundos de diferencia, conformando lo que en sismología se conoce como un doblete sísmico. Ambos eventos fueron superficiales y estuvieron asociados a un sistema de fallas corticales activas de desplazamiento lateral, capaces de producir intensas aceleraciones del terreno y severos daños cuando afectan regiones densamente pobladas.

Aunque las investigaciones continúan y los análisis detallados seguirán desarrollándose durante los próximos meses, una de las primeras conclusiones resulta evidente: la magnitud del terremoto, por sí sola, no explica el nivel de destrucción observado, sobre todo si se compara con situaciones de otros países como California (USA), Chile y Japón. La geología del terreno sobre el cual se encuentran construidas las ciudades desempeñó un papel determinante.

Diversos sectores que experimentaron los mayores daños corresponden a depósitos aluviales relativamente recientes, constituidos por sedimentos poco consolidados. Este tipo de materiales posee un comportamiento muy diferente al de la roca firme cuando es atravesado por las ondas sísmicas. Estos materiales también pueden presentar licuación, incrementando significativamente los daños.

Mientras las rocas competentes (duras) transmiten la energía con menor deformación, los sedimentos blandos pueden aumentar significativamente la amplitud del movimiento del suelo, prolongando su duración e incrementando las aceleraciones que experimentan las edificaciones. Este fenómeno, ampliamente documentado en la literatura científica, se conoce como amplificación sísmica o efecto de sitio.

Cuando las características del suelo coinciden con la frecuencia natural de las edificaciones puede presentarse, además, un fenómeno de resonancia sísmica, mediante el cual las vibraciones se intensifican y aumentan considerablemente las probabilidades de daño estructural.

La experiencia internacional demuestra que numerosos desastres sísmicos han estado estrechamente relacionados con estos efectos locales del terreno. En muchos casos, ciudades separadas por apenas algunos cientos de metros presentan niveles de daño completamente distintos, únicamente porque se encuentran cimentadas sobre materiales geológicos diferentes.

Venezuela posee un contexto tectónico distinto al de Costa Rica. Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión del riesgo existe una enseñanza que trasciende las diferencias tectónicas: los terremotos se convierten en desastres cuando la amenaza geológica coincide con condiciones de alta exposición y vulnerabilidad.

La comparación no pretende afirmar que Costa Rica experimentará un terremoto idéntico al de Venezuela, sino destacar que las lecciones sobre vulnerabilidad, planificación territorial y resiliencia son plenamente aplicables.

En síntesis, la destrucción de un terremoto no depende únicamente de la energía liberada por el terremoto. También depende del tipo de suelo sobre el que se construye, de la calidad de las edificaciones, de la planificación territorial, de la ubicación de la infraestructura estratégica y del grado de preparación de la sociedad para enfrentar este tipo de eventos.

Esta reflexión resulta particularmente pertinente para Costa Rica. Nuestro país también posee fallas corticales activas, una intensa actividad tectónica y una Gran Área Metropolitana donde se concentra aproximadamente el 60 % de la población nacional, es decir, 3,1 millones de habitantes concentrados en el 3,4 % del territorio continental del país.

Aunque los escenarios geológicos no son idénticos, las preguntas que plantea la experiencia venezolana merecen ser analizadas con seriedad.

El propósito de este artículo no consiste en generar alarma ni en establecer comparaciones simplistas entre ambos países. Tampoco pretende sugerir que un evento similar vaya a ocurrir en un plazo determinado, pues la ciencia geológica no permite realizar ese tipo de predicciones. Su objetivo es utilizar una experiencia internacional reciente para reflexionar sobre cuánto hemos avanzado en Costa Rica en materia de prevención, resiliencia sísmica, planificación territorial y gestión prospectiva del riesgo. Y además, actualizar a los ciudadanos con lo que está pasando respecto al papel del Estado en materia de protección de la vida de su población.

Los terremotos no pueden evitarse. Lo que sí puede evitarse es que un fenómeno natural termine convirtiéndose en una catástrofe de grandes proporciones. Esa es, probablemente, la principal lección que hoy nos ofrece Venezuela.

1. La Gran Área Metropolitana: una amenaza conocida, una vulnerabilidad creciente

La experiencia reciente de Venezuela no constituye una predicción del futuro de Costa Rica ni permite establecer comparaciones simplistas entre ambos países. Cada uno posee un contexto tectónico distinto y una historia geológica propia. Sin embargo, los grandes terremotos ocurridos alrededor del mundo suelen dejar enseñanzas que trascienden las particularidades de cada región. La más importante de ellas es que el impacto final de un terremoto depende tanto de la energía liberada por la naturaleza como de las decisiones que previamente ha tomado la sociedad sobre el uso del territorio.

Desde esta perspectiva, Costa Rica posee razones suficientes para analizar cuidadosamente su propia realidad geológica.

La Gran Área Metropolitana concentra la mayor parte de la infraestructura gubernamental, hospitalaria, educativa, industrial, comercial y financiera del país. En ella se localizan los principales centros de decisión del Estado, los hospitales nacionales, las universidades públicas, las redes estratégicas de transporte, energía y telecomunicaciones, así como una parte muy importante de la actividad económica nacional.

Esta concentración convierte a la Gran Área Metropolitana en el territorio donde un terremoto de gran intensidad tendría las mayores consecuencias sociales, económicas e institucionales para Costa Rica. Precisamente por ello, comprender su comportamiento geológico constituye una responsabilidad nacional y no únicamente un tema de interés académico.

Desde el punto de vista geológico, la Gran Área Metropolitana (GAM) presenta una complejidad considerable. Aunque para muchas personas el Valle Central aparenta ser una superficie relativamente uniforme, en realidad constituye una cuenca de origen tectónico cuya evolución ha estado controlada durante millones de años por la interacción entre el vulcanismo, la tectónica activa, los procesos erosivos y la sedimentación.

Como resultado de esa evolución, buena parte de la Meseta Central se encuentra cubierta por un espeso paquete de materiales volcanosedimentarios relativamente jóvenes, conformados por cenizas volcánicas, depósitos de caída, lahares, coladas volcánicas alteradas, depósitos fluviales y otros materiales que, desde el punto de vista geotécnico, presentan propiedades muy distintas a las de un basamento rocoso competente. En esto tenemos algo en común con lo de Venezuela: relleno sedimentarios espesos, blandos y poco competentes.

Dentro de la Gran Área Metropolitana existen diferencias geológicas importantes. Mientras gran parte de la Meseta Central está constituida por depósitos volcanosedimentarios, hacia el sector sur aparecen extensos abanicos aluviales desarrollados principalmente en Desamparados, Aserrí, Alajuelita, Escazú, Santa Ana y Ciudad Colón, de manera que todas estas ciudades se asientan sobre este tipo de rocas.

Aunque muchos de estos depósitos presentan buenas condiciones para el desarrollo urbano cuando son adecuadamente estudiados y diseñados, también pueden mostrar una respuesta sísmica diferente dependiendo de su espesor, granulometría, grado de consolidación y contenido de agua subterránea.

Sin embargo, la geología superficial constituye solamente una parte del problema. Bajo esos depósitos continúa actuando un complejo sistema de fallas geológicas activas. Entre ellas destaca el sistema asociado a la Falla de Agua Caliente, ampliamente estudiado por diversos investigadores debido a su importancia tectónica y por su relación con el terremoto de Cartago de 1910.

Estudios recientes de modelación determinista estiman que la Falla Aguacaliente podría generar un Terremoto con una magnitud máxima creíble cercana a Mw 6,5, obtenida mediante relaciones modernas de escalamiento basadas en la longitud de la falla y no únicamente en el registro histórico. Esto confirma que se trata de una de las fuentes sísmicas de mayor interés para la Gran Área Metropolitana, debido a que altamente probable que el sea un sismo poco profundo, como los terremotos de Venezuela.

La ausencia de un terremoto reciente de gran magnitud en una falla determinada no significa que su potencial geológico haya desaparecido. La evaluación moderna integra la historia sísmica, la neotectónica, la paleosismología, la geometría de las fallas y los modelos de escalamiento para estimar escenarios físicamente plausibles

Los estudios paleosísmicos indican que este sistema de fallas ha generado terremotos importantes de manera recurrente. Aunque la ciencia no permite determinar cuándo ocurrirá el próximo gran evento, sí permite reconocer que la amenaza permanece vigente y que la deformación tectónica continúa acumulándose lentamente.

La geología no puede predecir la fecha de un terremoto. Lo que sí puede hacer es identificar dónde existen fallas activas, estimar su comportamiento histórico, evaluar sus efectos potenciales y proporcionar la información científica necesaria para reducir la vulnerabilidad antes de que ocurra un nuevo evento.

Precisamente ahí reside el verdadero valor del conocimiento geológico: no en anunciar catástrofes, sino en permitir que la sociedad tome mejores decisiones antes de que la naturaleza vuelva a recordarnos que vivimos sobre un territorio extraordinariamente dinámico.

1. El riesgo sí ha aumentado: una ciudad que creció más rápido que la planificación del territorio

Si la amenaza sísmica de Costa Rica ha permanecido presente durante miles de años, ¿por qué hoy existe una preocupación creciente sobre las consecuencias de un futuro terremoto en la Gran Área Metropolitana?

La respuesta es sencilla desde el punto de vista de la gestión del riesgo: la amenaza geológica no necesariamente ha aumentado, pero la exposición y la vulnerabilidad sí lo han hecho de manera muy significativa. Esta diferencia resulta fundamental para comprender el desafío que enfrenta actualmente el país.

Durante las últimas tres décadas la Gran Área Metropolitana ha experimentado una transformación territorial sin precedentes. La población ha aumentado considerablemente, la infraestructura estratégica se ha concentrado aún más en el Valle Central y la expansión urbana ha ocupado sectores que anteriormente permanecían destinados a actividades agropecuarias, bosques secundarios o áreas con escasa intervención humana.

Hoy existen cientos de edificios de mediana y gran altura, hospitales, universidades, centros comerciales, parques industriales, carreteras y puentes de muy alto tránsito, sistemas de abastecimiento de agua, redes eléctricas y telecomunicaciones cuya seguridad depende directamente de las condiciones geológicas del territorio donde fueron construidos.

Esta realidad modifica completamente el análisis del riesgo. Un terremoto de magnitud similar al ocurrido hace más cien años (como el de Cartago del 1910 que, también fue un doblete sísmico) no produciría hoy las mismas consecuencias, no porque la naturaleza haya cambiado, sino porque la sociedad costarricense ha incrementado notablemente la exposición de personas, infraestructura e inversiones.

En términos de gestión del riesgo, cuando aumenta la exposición de personas, viviendas e infraestructura crítica (hospitales, escuelas, centros de emergencia, puentes, plantas de tratamiento, acueductos y redes estratégicas requieren criterios de localización más rigurosos que el resto de las construcciones), aumenta también el riesgo, aun cuando la amenaza geológica permanezca relativamente constante.

Uno de los cambios territoriales más importantes observados en la Gran Área Metropolitana durante los últimos años ha sido la expansión urbana, incluso de construcción vertical, hacia las montañas localizadas al norte y al sur del Valle Central.

Estas zonas presentan una geología considerablemente más compleja. Predominan rocas volcánicas intensamente fracturadas, materiales alterados por meteorización, depósitos antiguos de deslizamientos, niveles arcillosos y acuíferos colgados que modifican las condiciones de estabilidad del subsuelo.

La apertura de caminos, los cortes (terraceo) para urbanizaciones, las excavaciones profundas, la modificación del drenaje superficial, la infiltración de agua y las nuevas cargas sobre las laderas pueden alterar el equilibrio natural del terreno. Cuando a estas condiciones se suma un terremoto importante, pueden activarse procesos de deslizamiento de gran magnitud.

La experiencia del Terremoto de Cinchona del 2009 es un indicador preocupante en este sentido, pues detonó más de 500 deslizamientos en un área de 15 – 20 km alrededor del epicentro, en terrenos con formaciones volcánicas y volcano sedimentarias como las de la GAM.

Por ello, la amenaza sísmica y la estabilidad de laderas deben analizarse de forma integrada mediante estudios geológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, geotécnicos e ingenieriles.

Costa Rica posee lecciones que no deberían repetirse nunca. El  desastre de Quebrada Lajas de Escazú  del 2010 es una de las más conspicuas. Desde el 2005 y luego en el 2008 habíamos advertido a la Municipalidad de Escazú el peligro y las medidas de gestión preventiva del riesgo que debían adoptarse. Ignorar eso provocó la lamentable muerte de 24 personas.

Cuando se planifica infraestructura estratégica, como hospitales, estaciones de bomberos, centros de atención de emergencias o instalaciones esenciales para el funcionamiento del Estado, el análisis geológico adquiere una importancia todavía mayor.

En ese contexto se inscribe la discusión técnica sobre la ubicación propuesta para el nuevo Hospital de Cartago en el entorno del sistema de la Falla de Agua Caliente. Las observaciones realizadas por distintos profesionales respondieron al principio de que la infraestructura crítica debe localizarse, siempre que sea posible, en los sitios que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad para las próximas generaciones. Como hemos señalado en reiteradas ocasiones ese Hospital no debería ser construido en ese sitio.

Porque la verdadera planificación territorial no consiste únicamente en preguntarse dónde es posible construir. Consiste, sobre todo, en identificar dónde resulta más seguro construir.

1. La resiliencia se construye antes del desastre: el conocimiento científico como política pública

Hasta este punto hemos analizado dos realidades que resultan difíciles de ignorar. Por una parte, Costa Rica continúa siendo un país sometido a una intensa dinámica tectónica, donde la ocurrencia de terremotos constituye una condición natural del territorio. Por otra, la Gran Área Metropolitana ha incrementado significativamente su exposición y vulnerabilidad como consecuencia del crecimiento urbano, la concentración de población e infraestructura y la ocupación progresiva de terrenos con condiciones geológicas cada vez más complejas.

Frente a este escenario surge una pregunta inevitable: ¿qué debemos hacer?

La respuesta no consiste en generar temor, paralizar el desarrollo ni transmitir la idea de que vivimos ante una catástrofe inminente. Todo lo contrario. La respuesta consiste en fortalecer la resiliencia.

Durante muchos años la gestión del riesgo ha estado orientada principalmente hacia la respuesta a las emergencias. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que las sociedades más seguras son aquellas que invierten permanentemente en comprender su territorio, reducir su vulnerabilidad y prepararse antes de que ocurra el evento.

La resiliencia representa la capacidad de una sociedad para anticipar, resistir, adaptarse y recuperarse frente a fenómenos naturales potencialmente destructivos. No elimina la amenaza, pero disminuye significativamente sus consecuencias.

Los terremotos no pueden evitarse. Lo que sí puede reducirse de manera sustancial es la cantidad de víctimas, los daños a la infraestructura, las pérdidas económicas y el tiempo necesario para recuperar el funcionamiento normal de una comunidad.

Con frecuencia se asocia la prevención únicamente con la existencia de planes de emergencia o simulacros. Ambos son indispensables, pero representan solamente una parte del proceso.

La verdadera prevención comienza cuando una ciudad como la GAM decide crecer considerando las capacidades y limitaciones naturales del territorio; cuando dispone de cartografía geológica detallada, estudios hidrogeológicos, mapas de fallas activas, microzonificación sísmica, análisis de susceptibilidad a deslizamientos y estudios de efectos de sitio que orienten las decisiones sobre el uso del suelo.

El ordenamiento territorial basado en evidencia científica no busca impedir el desarrollo. Busca hacerlo más seguro, más eficiente y más sostenible, reconociendo que no todos los terrenos presentan las mismas condiciones geológicas ni la misma capacidad para soportar determinados usos.

Existen zonas apropiadas para el desarrollo urbano intensivo, otras donde son necesarias medidas especiales de mitigación y otras donde las limitaciones naturales aconsejan restringir determinados tipos de ocupación. Reconocer esas diferencias protege vidas y fortalece el desarrollo sustentable.

Si la evidencia científica demuestra la necesidad de profundizar el conocimiento sobre el territorio, resulta razonable fortalecer los instrumentos técnicos y no debilitarlos. La acción de inconstitucionalidad presentada por el autor y el abogado Álvaro Sagot contra el Decreto Ejecutivo 44710-MINAE responde precisamente a esa preocupación (expediente 25-035276-0007-CO).

Cabe recordar que ese decreto establece la metodología para introducir la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial y, como parte de la “modernización” realizada  se eliminó la elaboración del mapa geológico local del territorio en análisis y, además, como si las fallas geológicas no existieran, se eliminó el Protocolo para el estudio de las fallas geológicas activas. Como vemos, algunos creen que tapando o ignorando la realidad, la vida y el negocio inmobiliario y constructivo es mejor.

En este contexto adquiere especial importancia nuestra propuesta de Ley de Resiliencia contra Desastres, actualmente en trámite legislativo (expediente 25.289), orientada a fortalecer la prevención, la resiliencia de la infraestructura crítica, la preparación institucional y comunitaria y el desarrollo de mecanismos modernos de aseguramiento y reaseguro frente a desastres.

Los acontecimientos recientes de Venezuela recuerdan que esta discusión no puede seguir postergándose. No porque debamos vivir con miedo, sino porque todavía estamos a tiempo de prepararnos mejor.

La naturaleza continuará manifestándose como lo ha hecho durante millones de años. La diferencia estará determinada por las decisiones que adoptemos hoy. La resiliencia comienza mucho antes del terremoto, cuando una sociedad decide convertir el conocimiento científico en una política pública permanente al servicio de la protección de sus ciudadanos.

1. La verdadera lección: transformar el conocimiento en resiliencia

Los terremotos forman parte de la historia geológica de la Tierra desde mucho antes de la aparición del ser humano. Continuarán ocurriendo mientras nuestro planeta permanezca geológicamente activo. Esa realidad no puede modificarse. Lo que sí podemos modificar es la forma en que convivimos con ella.

Cada gran terremoto ocurrido en cualquier parte del mundo constituye una oportunidad para aprender. Los países que hoy exhiben los mayores niveles de resiliencia alcanzaron esa condición porque transformaron las lecciones de desastres anteriores en mejores normas de construcción, mejores sistemas de monitoreo, mejores instrumentos de planificación territorial, mayor educación ciudadana y una cultura permanente de prevención.

Costa Rica ha recorrido una parte importante de ese camino. Cuenta con un Código Sísmico reconocido, universidades, instituciones técnicas y profesionales altamente capacitados en geología, ingeniería, hidrogeología, geomorfología, gestión ambiental y gestión del riesgo. Esa fortaleza debe preservarse y fortalecerse.

El Código Sísmico constituye una herramienta indispensable para reducir el riesgo estructural. Sin embargo, por sí solo no garantiza la seguridad territorial. La selección adecuada del sitio, la identificación de fallas activas, la estabilidad de laderas, los efectos de sitio y la planificación territorial continúan siendo componentes esenciales de la resiliencia.

Incluso investigaciones recientes señalan que, en sectores muy próximos a fallas activas, las aceleraciones esperadas pueden superar las consideradas por el diseño general, razón por la cual los estudios específicos de sitio y la identificación de fallas activas resultan indispensables.

Por eso, el desafío continúa siendo enorme. Persisten edificaciones construidas antes de las normas sísmicas modernas, desarrollos urbanos en sectores geológicamente complejos y comunidades expuestas a deslizamientos, inundaciones y otros fenómenos cuya vulnerabilidad puede reducirse mediante una mejor planificación.

La resiliencia no depende únicamente de la calidad estructural de un edificio. También depende de haber seleccionado correctamente el terreno donde fue construido.

Las decisiones que hoy adoptemos sobre el territorio producirán efectos durante muchas décadas. Una urbanización, un hospital, una escuela o una carretera continuarán prestando servicio a las futuras generaciones. Por ello, la planificación territorial debe entenderse como una política pública de largo plazo y no únicamente como un procedimiento administrativo que debe agilizarse para impulsar el desarrollo urbano. Eso es un gravísimo error.

Por otro lado, Costa Rica cuenta con un Código geotécnico de Taludes y Laderas desde 2015, el cual requiere ser profundamente mejorado, mediante una mayor integración de la interpretación geológica, geomorfológica e hidrogeológica, especialmente en proyectos ubicados en laderas de alta complejidad. Algo que requiere ser atendido lo antes posible.

Los estudios científicos recientes sobre escenarios sísmicos para la GAM coinciden en que las fallas corticales cercanas representan una amenaza relevante y que la prevención debe apoyarse en información científica actualizada, planificación y gestión integral del riesgo.

La resiliencia comienza en el conocimiento. Comienza cuando las comunidades comprenden las características del territorio donde viven; cuando las municipalidades incorporan evidencia científica en sus planes reguladores o la solicitan de previo a otorgar un uso del suelo; cuando las instituciones toman decisiones basadas en estudios técnicos rigurosos; y cuando la educación incorpora la prevención como parte de la formación ciudadana.

El reciente terremoto de Venezuela debe interpretarse como un recordatorio de que la naturaleza continúa actuando y de que todavía tenemos la oportunidad de prepararnos mejor. No se trata de generar miedo ni alarmismo, sino de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta.

Los resultados expuestos respaldan la conveniencia de fortalecer el marco nacional de prevención mediante la discusión de la Ley de Resiliencia contra Desastres, orientada a consolidar una política pública permanente de reducción del riesgo, protección de infraestructura crítica y preparación institucional y comunitaria.

Las futuras generaciones recordarán si fuimos capaces de dejarles ciudades más seguras, infraestructura más resiliente y un territorio planificado con responsabilidad. Ese es el verdadero propósito de la geología aplicada al ordenamiento territorial y a la gestión ambiental: transformar el conocimiento científico en bienestar, seguridad y desarrollo sustentable.

Los terremotos seguirán ocurriendo. La diferencia entre una emergencia y una tragedia dependerá, en buena medida, de las decisiones que adoptemos antes del próximo gran evento. La experiencia de Venezuela nos brinda una valiosa oportunidad para reflexionar. Costa Rica todavía está a tiempo de convertir esa reflexión en acción.

La resiliencia no se construye después del desastre. Se construye antes. Y Costa Rica todavía está a tiempo de hacerlo.

Referencias relevantes

Astorga, A. (2025). Resumen Ejecutivo de la Actualización de la Variable Ambiental para el Plan GAM. Documento técnico para el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 15 p.

Arroyo-Solorzano, M. (2023). Riesgo sísmico ante terremotos potencialmente perjudiciales en la Gran Area Metropolitana de Costa Rica (GAM). Revista Geológica de América Central, 69: 1 – 33.

Benito, B., Lindholm, C., Camacho, E., Climent, Á., Marroquín, G., Molina, E., Rojas, W., Segovia, M., Redondo, A., et al. (2012). A new evaluation of seismic hazard for the Central America region. Natural Hazards, 60, 1035–1056. (Verificar si corresponde al artículo citado).

Benito, B.; Arroyo-Solorzano, M, Climent, A.,  Montero, W.; Alvarado, G., López, A., García-Lachares, C., Marchamalo, M., Ornelas, A., Hernández-Rubio O. & Quirós, L. (2025): Seismic Hazard scenarios for the city San José, Costa Rica: Evaluation of crítical rutures on nearby faults. EERI: Esarthquake Spectra 1 – 36.

Kramer, S. L. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice Hall. También pueden citarse trabajos clásicos de Seed & Idriss sobre amplificación sísmica.

Montero, W. & Kruse, S., 2006: Neotectónica y geofísica de la falla Aguacaliente en los valles de Coris y del Guarco.- Rev. Geol. Amér. Central, 34-35: 43-58.

Montero, W., Barahona, M., Rojas, W. & Taylor, M., 2005: Los sistemas de falla Aguacaliente y Río Azul y relevos compresivos asociados, valle Central de Costa Rica.- Rev. Geol. Amér. Central, 33: 7-27.

Seed, H. B., & Idriss, I. M. (1970). Soil Moduli and Damping Factors for Dynamic Response Analyses. University of California, Berkeley.

United States Geological Survey (USGS). (2026). Earthquake Event Page: Venezuela Earthquakes. https://earthquake.usgs.gov.

https://www.allan-astorga.com/allan-astorga/2023/1/12/el-riesgo-de-construir-en-el-pie-de-monte-del-valle-central-de-costa-rica?rq=Abanicos%

Crucitas: análisis profundo sobre la explotación minera de la roca dura y el futuro de la zona norte norte de Costa Rica

Publicación en el Semanario Universidad (24/06/2026): https://semanariouniversidad.com/opinion/crucitas-analisis-profundo-sobre-la-explotacion-minera-de-la-roca-dura-y-el-futuro-de-la-zona-norte-norte-de-costa-rica/

1. EL PROBLEMA REAL: MÁS ALLÁ DE LA MINERÍA ILEGAL

1.1. Crucitas no es un debate entre minería sí o minería no

La discusión sobre Crucitas ha regresado con fuerza al debate nacional. Sin embargo, gran parte de la conversación pública se ha planteado de manera simplificada, como si Costa Rica tuviera que escoger únicamente entre dos opciones: permitir la minería metálica o mantener la situación actual. Esa forma de presentar el problema resulta insuficiente para tomar una decisión de interés nacional.

Nadie puede negar que la minería ilegal constituye un problema real. Durante varios años se han desarrollado actividades extractivas ilegales en la zona de Crucitas, generando remoción de cobertura vegetal, alteración de suelos, afectación de cauces superficiales, contaminación, conflictos sociales y una presión constante sobre las instituciones encargadas de la vigilancia y el control del territorio.

Tampoco puede ignorarse que el Estado costarricense ha enfrentado dificultades para ejercer un control efectivo y permanente sobre una zona extensa, ubicada en una región fronteriza de entre 20 a 30 Km2 que presenta desafíos logísticos y operativos importantes.

La existencia de ese problema ha llevado a diversos sectores a proponer la apertura de la minería industrial como una forma de sustituir la actividad ilegal por una explotación regulada, sometida a controles técnicos, ambientales y fiscales. Sin embargo, hay que reconocer que la minería ilegal representa un problema no implica aceptar automáticamente que la explotación minera industrial constituye la mejor solución para el país.

La verdadera discusión no debería plantearse en términos de minería sí o minería no. La pregunta estratégica es mucho más amplia: ¿Cuál alternativa genera mayores beneficios económicos, sociales, ambientales y territoriales para Costa Rica y para la región norte-norte entre hoy y el año 2050?

Formulada de esta manera, la discusión cambia completamente de escala. Ya no se trata únicamente de analizar un proyecto minero. Se trata de definir el futuro de una región completa del territorio nacional, cuya densidad de población es muy baja, del orden de 19,5 habitantes/Km2.

La decisión que hoy adopte Costa Rica tendrá efectos que podrían extenderse durante varias décadas y que influirán sobre el desarrollo económico regional, la conservación de recursos naturales estratégicos, la seguridad fronteriza, la disponibilidad futura de agua, la inversión pública y privada, y las oportunidades de las generaciones futuras.

Precisamente por ello, el debate requiere una visión más amplia que la simple comparación entre minería legal y minería ilegal. Lo que corresponde es analizar de manera objetiva todas las alternativas disponibles y determinar cuál ofrece el mayor beneficio neto para el país en el largo plazo.

1.2. El Proyecto de Ley 24.717 y el riesgo de abrir un distrito minero en Cutris

Uno de los aspectos menos discutidos dentro del debate actual es que la decisión sobre Crucitas podría tener implicaciones mucho más amplias que la explotación de un único yacimiento. El Proyecto de Ley 24.717 ha sido presentado como una herramienta para enfrentar la minería ilegal y permitir que el Estado capture una parte de la riqueza actualmente extraída de manera clandestina. Ese objetivo puede parecer razonable y merece ser analizado con seriedad.

No obstante, la discusión no puede limitarse únicamente a los yacimientos actualmente conocidos en Crucitas. Diversas investigaciones geológicas desarrolladas durante las últimas décadas han evidenciado que la región de Cutris posee potencial mineral adicional que podría despertar interés para futuras exploraciones y explotaciones.

Por esta razón, la pregunta que debe formularse la Asamblea Legislativa no es únicamente si resulta conveniente explotar el yacimiento actualmente identificado en Crucitas (cerros Botija y Fortuna en la finca Vivoyet).

La pregunta más importante es otra: ¿La legislación propuesta abrirá la puerta a la explotación puntual de un recurso específico o terminará facilitando el desarrollo progresivo de un distrito minero mucho más amplio en la región norte del país? 

Cutris tiene una extensión de 848 Km2 y sus mineralizaciones auríferas presentan características geológicas similares a las del sur de Nicaragua. Diversos informes recientes señalan que empresas chinas han recibido concesiones mineras que abarcan aproximadamente el  8,5 % del territorio nicaragüense (más de un millón de hectáreas). En ese contexto, no puede descartarse que eventuales desarrollos mineros en la región norte de Costa Rica despierten interés por parte de inversionistas que ya participan activamente en el corredor mineral centroamericano.

Una explotación limitada posee una escala de impactos, beneficios y riesgos determinada. Un distrito minero regional posee una escala completamente diferente.
Los efectos acumulativos sobre infraestructura, recursos hídricos, ecosistemas, uso del suelo, crecimiento poblacional, demanda de servicios públicos y transformación del territorio pueden multiplicarse significativamente cuando varias explotaciones comienzan a desarrollarse dentro de una misma región.

Este aspecto adquiere especial importancia porque Costa Rica no está tomando una decisión únicamente para los próximos cinco o diez años. Está definiendo el modelo de desarrollo que podría consolidarse en Cutris y la zona norte-norte durante varias décadas.

Por ello, cualquier decisión legislativa debería dejar absolutamente claro cuáles áreas estarían sujetas a explotación, cuáles limitaciones existirían para futuras expansiones y qué mecanismos de control permitirían evitar que una autorización puntual se convierta progresivamente en una apertura generalizada de la actividad minera en toda la región.

La experiencia internacional demuestra que muchas decisiones estratégicas comienzan como proyectos específicos y posteriormente evolucionan hacia procesos territoriales mucho más amplios de lo inicialmente previsto. Precisamente por esa razón, la discusión sobre Crucitas no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de una mina.

Debe analizarse desde la perspectiva del futuro completo del distrito de Cutris y del norte-norte de Costa Rica. Esa es la verdadera dimensión de la decisión que actualmente enfrenta el país. Y al respecto, resulta particularmente llamativo que, pese a que se ha señalado que el tema fue ampliamente discutido durante varios años, la versión más reciente del proyecto (sustitutivo) introdujera cambios sustanciales que amplían significativamente el alcance territorial de la propuesta.

La principal preocupación radica en que la discusión ya no parece limitarse únicamente al yacimiento conocido de Crucitas. Los  indicios geológicos sugieren la existencia de otros sectores con potencial mineral en el distrito de Cutris. En consecuencia, la aprobación de la iniciativa podría representar no solamente la autorización de una explotación específica, sino la apertura progresiva de un distrito minero de gran escala. Esta posibilidad no parece haber sido analizada ni valorada con la profundidad que una decisión de esta magnitud requiere. En particular, porque se deriva de un proyecto sustitutivo de último momento y del proyecto original.

2. LA REALIDAD ECONÓMICA: ¿CUÁNTO DINERO QUEDA REALMENTE EN COSTA RICA?

2.1. Los US$10.000 millones en oro no son para Costa Rica

Uno de los argumentos más utilizados para justificar la explotación minera en Crucitas consiste en afirmar que el yacimiento podría contener oro con un valor bruto cercano a los US$10.000 millones. La cifra impresiona y, presentada de forma aislada, puede transmitir la idea de que Costa Rica estaría desaprovechando una riqueza extraordinaria.

Sin embargo, desde el punto de vista económico, esa interpretación resulta incorrecta.

El valor bruto del oro contenido en un yacimiento no equivale al beneficio que finalmente recibe un país. Son conceptos completamente diferentes.

Cuando una empresa minera produce oro, una parte importante de los ingresos debe destinarse a cubrir costos de exploración, construcción de infraestructura, maquinaria, energía, transporte, procesamiento, mantenimiento, administración, monitoreo ambiental y recuperación de las inversiones realizadas.

Por esta razón, el valor bruto de producción constituye únicamente el punto de partida del análisis económico.

Para ilustrar la diferencia, supongamos un escenario de referencia en el cual la explotación minera genera una producción bruta acumulada de US$10.000 millones durante aproximadamente diez años.

De esa cifra, una parte importante se destinaría a costos operativos y recuperación de inversiones. Diversos análisis internacionales indican que estos componentes pueden representar aproximadamente el 50% del valor bruto producido.

Esto significa que, antes de distribuir beneficios, aproximadamente US$5.000 millones ya habrían sido absorbidos por los costos asociados a la operación.

A partir de ese momento comienza la verdadera discusión: ¿cómo se distribuye el valor restante entre el Estado costarricense, las comunidades locales y las empresas que participan en el proyecto?

La respuesta a esa pregunta es mucho más importante que el valor bruto del oro.

Porque lo que realmente interesa a Costa Rica no es cuánto oro se extrae, sino cuánto beneficio permanece efectivamente en el país una vez descontados todos los costos.

Por ello, cualquier análisis serio debe abandonar la discusión sobre los US$10.000 millones de producción bruta y concentrarse en la renta minera neta que finalmente recibe la sociedad costarricense.

2.2. ¿Cuánto recibiría realmente Costa Rica?

Una vez comprendida la diferencia entre valor bruto y beneficio neto, la siguiente pregunta es inevitable: ¿cuánto dinero llegaría realmente al Estado costarricense?

Utilizando como referencia una producción bruta acumulada de US$10.000 millones durante diez años, es posible realizar una estimación simplificada que permita visualizar los órdenes de magnitud involucrados.

El cálculo no pretende sustituir estudios económicos detallados. Su objetivo es únicamente facilitar la comprensión del debate.

Escenario A: pago del canon minero y del impuesto sobre la renta.

Producción bruta acumulada: US$10.000 millones.
Canon minero (6%): US$600 millones.
Impuesto sobre la renta estimado: US$1.300 a 1.500 millones.
Ingreso total aproximado para el Estado: US$1.900 a 2.100 millones.
Promedio anual durante diez años: US$190 a 210 millones por año.

En este escenario, el Estado podría captar aproximadamente entre un 19% y un 21% del valor bruto producido.

Se trata de una cifra importante, pero considerablemente menor a los US$10.000 millones que suelen mencionarse en el debate público.

Escenario B: pago únicamente del canon minero.

Producción bruta acumulada: US$10.000 millones.
Canon minero (6%): US$600 millones.
Impuesto sobre la renta: US$0.
Ingreso total para el Estado: US$600 millones.
Promedio anual durante diez años: US$60 millones por año.

En este escenario, la participación estatal se reduce drásticamente.

La diferencia entre ambos casos supera los US$1.300 millones durante la vida útil del proyecto.

Por esta razón, uno de los elementos más importantes de cualquier discusión legislativa consiste en definir claramente el régimen tributario aplicable y garantizar que una proporción justa de la riqueza generada permanezca en Costa Rica.

Como se puede ver, la pregunta central no es cuánto oro existe en Crucitas.

La pregunta central es cuánto de la riqueza generada beneficiará efectivamente al país, a la Municipalidad de San Carlos, a las comunidades de Cutris y a las futuras generaciones de costarricenses.

Esa es la variable económica que debe orientar la toma de decisiones.

Tomando como referencia los porcentajes de distribución actualmente conocidos, la Municipalidad de San Carlos podría recibir recursos acumulados del orden de US$30 a US$50 millones durante la vida útil del proyecto, dependiendo del esquema definitivo de distribución que se establezca.

Por su parte, los programas de inversión comunitaria, infraestructura local, capacitación y desarrollo social podrían representar montos adicionales que podrían ubicarse entre US$80 y US$120 millones distribuidos a lo largo de aproximadamente diez años.

Aunque estas cifras representan beneficios importantes para la región, también deben analizarse en perspectiva. Distribuidos durante una década y entre múltiples comunidades, los montos anuales son significativamente menores que las cifras globales de producción de oro que suelen mencionarse en el debate público. Y debe quedar claro que son efímeros, pues una vez que todo el oro es extraído ya no habrá más beneficios.

Por ello, resulta fundamental determinar si estos beneficios constituyen la mejor utilización posible del potencial económico de la región o si existen alternativas capaces de generar beneficios equivalentes o superiores de manera permanente.

2.3. ¿Cuánto empleo permanente genera realmente una mina?

Uno de los principales argumentos utilizados para justificar la explotación minera en Crucitas es la generación de empleo. Sin embargo, para evaluar adecuadamente este beneficio resulta necesario diferenciar entre el empleo temporal asociado a la construcción de la infraestructura minera y el empleo permanente que se mantiene durante la fase operativa del proyecto.

La experiencia internacional demuestra que una parte importante de los puestos de trabajo se concentra durante los primeros años de construcción, cuando se desarrollan caminos, instalaciones industriales, sistemas eléctricos, campamentos y demás infraestructura requerida para la operación. Una vez concluida esta etapa, la cantidad de trabajadores suele reducirse significativamente y estabilizarse durante el período productivo.

Por esta razón, cualquier análisis económico serio debe considerar no solamente cuántos empleos se crearán, sino también cuánto tiempo permanecerán activos y qué ocurrirá cuando finalice la vida útil de la mina. La evaluación correcta no consiste únicamente en contabilizar puestos de trabajo, sino en determinar su duración, estabilidad y capacidad de generar bienestar sostenido para las comunidades locales.

Esta reflexión adquiere especial importancia cuando se compara la minería con otras alternativas de desarrollo regional, como el turismo, los servicios, la investigación científica, la restauración ecológica o la infraestructura estratégica, actividades que poseen el potencial de generar empleo durante períodos considerablemente más prolongados y con una mayor diversificación económica.

3. LOS COSTOS QUE CASI NUNCA SE CONTABILIZAN: PASIVOS AMBIENTALES Y RESPONSABILIDAD FINANCIERA

3.1. Una mina no termina cuando sale el último gramo de oro

En la mayoría de las discusiones públicas sobre minería, la atención suele concentrarse en la etapa de explotación. Se habla de inversión, empleo, producción, exportaciones e ingresos fiscales. Sin embargo, existe un aspecto igualmente importante que con frecuencia recibe mucha menos atención: lo que ocurre después de que la mina deja de operar.

Desde una perspectiva técnica, la extracción del último gramo de oro no marca el final del proyecto. En realidad, marca el inicio de una nueva etapa caracterizada por obligaciones ambientales, monitoreo permanente y responsabilidades financieras que pueden extenderse durante décadas, particularmente en países tropicales y con geología muy activa como Costa Rica.

Este aspecto es particularmente importante porque la rentabilidad económica de una mina se concentra durante un período relativamente corto, mientras que algunos de sus riesgos y obligaciones pueden mantenerse mucho después de que los beneficios económicos hayan desaparecido.

Las explotaciones modernas incorporan programas de cierre y restauración ambiental que buscan reducir los impactos residuales. Sin embargo, incluso aplicando las mejores prácticas internacionales, permanecen elementos que requieren seguimiento a largo plazo.

Entre ellos destacan los tajos mineros, las estructuras de almacenamiento de relaves, los sistemas de drenaje, los programas de monitoreo de aguas superficiales y subterráneas, así como las labores de restauración ecológica de las áreas intervenidas.

Uno de los ejemplos más visibles es el tajo residual que queda después de la extracción. Dependiendo de las características del proyecto, estas excavaciones pueden transformarse en lagos artificiales cuya evolución debe ser monitoreada durante muchos años para garantizar condiciones adecuadas de estabilidad física y calidad del agua.

Igualmente importante resulta la gestión de los relaves. Aunque las tecnologías modernas han mejorado significativamente los estándares de seguridad, estas estructuras continúan requiriendo vigilancia permanente para verificar su estabilidad geotécnica, comportamiento hidráulico y resistencia frente a eventos extremos.

La protección de las aguas subterráneas constituye otro componente esencial. Las modificaciones que una explotación minera introduce en el terreno pueden alterar temporalmente los flujos naturales de agua, razón por la cual resulta necesario mantener programas de monitoreo hidrogeológico durante largos períodos posteriores al cierre.

A ello se suma la restauración ecológica de las áreas intervenidas. La recuperación de la cobertura vegetal, la estabilización de suelos y la reconstrucción de funciones ecológicas pueden requerir décadas para alcanzar niveles satisfactorios.

Por esta razón, cuando se analiza la conveniencia económica de una explotación minera, no basta con contabilizar únicamente los ingresos generados durante la etapa de producción. También deben incorporarse los costos asociados a la gestión ambiental posterior al cierre.

La verdadera comparación económica no debe realizarse únicamente entre ingresos y costos operativos. Debe realizarse entre los beneficios obtenidos y las obligaciones que permanecerán cuando la actividad extractiva haya concluido.

3.2. ¿Quién paga los costos futuros?

Una vez reconocido que toda explotación minera genera obligaciones ambientales de largo plazo, surge una pregunta fundamental: ¿Quién asumirá los costos cuando la mina haya dejado de producir?

Esta pregunta adquiere especial relevancia porque la experiencia internacional demuestra que, en ausencia de mecanismos financieros adecuados, parte de los costos ambientales puede terminar siendo asumida por los Estados y, en última instancia, por los contribuyentes.

Precisamente para evitar esta situación, las legislaciones más avanzadas exigen que las empresas constituyan garantías financieras antes de iniciar operaciones.

Estas garantías tienen como objetivo asegurar que existan recursos suficientes para financiar el monitoreo ambiental, la restauración ecológica, la protección de acuíferos, la supervisión de relaves y la atención de eventuales contingencias futuras.

En términos simples, representan un mecanismo mediante el cual la empresa debe demostrar que dispone de los recursos necesarios para responder por sus obligaciones incluso después de finalizada la explotación.

Diversos análisis internacionales indican que los costos acumulados de monitoreo, mantenimiento y gestión ambiental posteriores al cierre pueden alcanzar montos significativos.

Para una explotación minera de roca dura de la magnitud planteada para Crucitas, resulta razonable considerar que las obligaciones post-cierre podrían ubicarse en rangos de decenas o incluso cientos de millones de dólares distribuidos durante varias décadas.

No se trata de afirmar que esos costos necesariamente ocurrirán de manera inmediata ni que representen daños inevitables. Se trata simplemente de reconocer que la protección ambiental de largo plazo tiene un costo real que debe ser incorporado dentro de cualquier evaluación económica seria.

Además de las garantías financieras, existe un segundo instrumento igualmente importante: los seguros ambientales.

Estos seguros permiten responder ante situaciones extraordinarias que superen los escenarios normales de operación y cierre. Entre ellas pueden incluirse fallas de infraestructura, eventos hidrometeorológicos extremos, afectaciones accidentales a terceros o situaciones ambientales imprevistas.

El impacto del Huracán Otto en 2016 evidencia la importancia de evaluar el comportamiento de infraestructuras críticas mineras frente a eventos hidrometereológicos extremos.

La existencia simultánea de garantías financieras y seguros ambientales constituye una práctica ampliamente aceptada en numerosos países precisamente porque reduce el riesgo de trasladar responsabilidades futuras al sector público.

Desde la perspectiva del interés nacional, la pregunta relevante no es únicamente cuánto dinero puede generar la minería.

La pregunta igualmente importante es si el país contará con mecanismos suficientes para garantizar que los costos futuros sean asumidos por quienes obtuvieron los beneficios de la explotación y no por las futuras generaciones de costarricenses.

3.3. La dimensión estratégica de la frontera norte

La región de Cutris no constituye únicamente un territorio con potencial mineral. También representa una de las zonas fronterizas más importantes de Costa Rica. Su ubicación geográfica le confiere un valor estratégico que trasciende los aspectos estrictamente económicos y ambientales asociados a la minería.

El fortalecimiento de la infraestructura regional, la generación de oportunidades de empleo, la presencia institucional efectiva, la mejora de la conectividad y el desarrollo de actividades económicas sostenibles constituyen elementos fundamentales para consolidar la estabilidad y seguridad de la región fronteriza. La experiencia internacional demuestra que los territorios fronterizos con mayores niveles de desarrollo tienden a presentar mejores condiciones de gobernabilidad, control territorial y cohesión social.

Por esta razón, cualquier decisión relacionada con el futuro de Crucitas debería analizarse también desde una perspectiva geopolítica y territorial. La pregunta relevante no es únicamente qué actividad económica puede desarrollarse en la zona, sino cuál contribuye de mejor manera al fortalecimiento integral de la región durante las próximas décadas.

4. ¿QUÉ CONVIENE MÁS PARA COSTA RICA HACIA EL AÑO 2050?

4.1. El oro como recurso extractivo o como activo patrimonial estratégico

Después de analizar el problema de la minería ilegal, la distribución real de los beneficios económicos y los pasivos ambientales que podrían permanecer durante décadas surge una pregunta de fondo que rara vez se discute dentro del debate nacional: ¿Cuál es la mejor forma de utilizar el recurso aurífero existente en Crucitas para generar bienestar para Costa Rica?

La discusión tradicional suele asumir que la única forma de aprovechar el valor económico del oro consiste en extraerlo. Bajo esta lógica, el recurso tiene valor únicamente cuando es removido del subsuelo, procesado químicamente y vendido en los mercados internacionales, donde, en muchos casos, paradójicamente, vuelve al subsuelo de una bóveda bancaria.

Sin embargo, desde una perspectiva económica y estratégica, existe una segunda forma de interpretar ese mismo recurso.

El oro puede entenderse no solamente como un recurso extractivo, sino también como un activo patrimonial.

La diferencia entre ambos enfoques es profunda.

Cuando un recurso se explota, se transforma en ingresos relativamente rápidos. El Estado recibe impuestos, cánones y otras contribuciones. Las empresas obtienen utilidades. Se generan empleos y actividad económica durante la vida útil del proyecto.

Sin embargo, una vez extraído el recurso, este desaparece para siempre del territorio.

En cambio, cuando un recurso se considera parte del patrimonio estratégico de una nación, su valor permanece disponible para futuras generaciones.

En términos económicos, un activo es cualquier elemento capaz de generar valor presente o futuro. Una reserva mineral de gran magnitud constituye precisamente eso: un activo patrimonial.

La situación de Crucitas presenta una lógica similar. Costa Rica puede optar por extraer el oro y convertirlo en ingresos durante una o dos décadas. O puede mantener ese recurso como parte de su patrimonio estratégico mientras desarrolla alternativas capaces de generar beneficios permanentes para la región, tal y como propone el proyecto de ley N.° 25426, denominado “Ley para la recuperación ambiental, restauración territorial y desarrollo sustentable de Crucitas” y que se encuentra en la corriente legislativa.

La pregunta correcta es: ¿Cuál utilización del recurso genera el mayor beneficio acumulado para Costa Rica entre hoy y el año 2050?

4.2. El norte-norte de Costa Rica: una oportunidad de desarrollo más allá de la minería

Cuando se observa la región de Cutris desde una perspectiva territorial de largo plazo, resulta evidente que el oro no constituye su único activo estratégico.

La región posee una combinación excepcional de recursos naturales, disponibilidad territorial, recursos hídricos, posición geográfica y potencial de desarrollo que pocas zonas del país conservan actualmente.

La disponibilidad de agua dulce, el potencial geotérmico, la estabilidad política, la biodiversidad, la cercanía a ecosistemas de alto valor ecológico y la baja densidad poblacional son factores que probablemente adquirirán una importancia creciente durante las próximas décadas.

Entre las oportunidades que merecen ser analizadas destacan el desarrollo de infraestructura regional estratégica, el turismo ecológico y científico, el turismo de salud y bienestar, la restauración ecológica, la investigación científica, la adaptación climática y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.

La principal diferencia es que la minería genera valor mientras existe mineral disponible. El desarrollo territorial genera valor mientras el territorio conserve sus capacidades.

Por ello, la discusión no debería centrarse únicamente en cuánto dinero puede producir el oro, sino también en cuánto valor puede generar la región durante los próximos cincuenta o cien años.

Si parte del valor patrimonial asociado a las reservas auríferas fuera utilizado como respaldo para estructurar mecanismos financieros de desarrollo, podría plantearse un escenario alternativo basado en la movilización de aproximadamente US$500 millones destinados a infraestructura estratégica, conectividad regional, desarrollo turístico, restauración ambiental, fortalecimiento institucional y promoción de inversiones.

Un programa de esta naturaleza tendría la capacidad de generar empleo directo e indirecto durante varias décadas y de crear una base económica mucho más diversificada que la asociada a una actividad extractiva de duración limitada. A diferencia de la minería, cuyo ciclo económico concluye cuando se agota el recurso, un polo de desarrollo territorial bien diseñado podría continuar generando beneficios económicos, sociales y fiscales mucho después del año 2050.

La comparación económica entre ambas alternativas no debería realizarse únicamente sobre la base de los ingresos inmediatos. Mientras la minería concentra una parte importante de sus beneficios durante una o dos décadas, un modelo de desarrollo territorial sustentable puede generar actividad económica permanente mediante turismo, servicios, innovación, actividades agropecuarias modernas, investigación científica y nuevas inversiones. La pregunta central no es cuál alternativa produce más ingresos en los próximos diez años, sino cuál genera más riqueza acumulada para la región durante los próximos cincuenta años.

4.2.1. El agua como patrimonio estratégico para el siglo XXI

Durante gran parte de la historia moderna, los minerales metálicos han sido considerados recursos estratégicos de alto valor económico. Sin embargo, los desafíos asociados al cambio climático, al crecimiento demográfico y a la creciente presión sobre los recursos naturales sugieren que la disponibilidad de agua dulce podría convertirse en uno de los activos más valiosos del siglo XXI.

La región norte de Costa Rica posee importantes recursos hídricos superficiales y subterráneos (incluso profundos) que desempeñan un papel fundamental para la producción agropecuaria, el abastecimiento humano, la conservación de ecosistemas y el desarrollo futuro de la región. La protección de estos recursos no debe entenderse únicamente como una medida ambiental, sino también como una inversión estratégica para las futuras generaciones.

En este contexto, la valoración de los recursos naturales existentes en Cutris debería incorporar no solamente el valor económico del oro presente en el subsuelo, sino también el valor patrimonial asociado a la disponibilidad y protección del agua como recurso estratégico para el desarrollo nacional.

4.2.2. Oportunidades concretas para el desarrollo del norte-norte de Costa Rica

Cuando se analiza la región desde una perspectiva de largo plazo, resulta evidente que el oro no constituye su único activo estratégico. La zona posee condiciones excepcionales para impulsar procesos de desarrollo territorial basados en la diversificación económica y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

Entre las oportunidades que merecen una evaluación detallada destacan el fortalecimiento de la infraestructura regional, la eventual consolidación de un corredor logístico fronterizo, el desarrollo del turismo ecológico y científico, la promoción del turismo de bienestar y salud, la restauración ambiental de grandes áreas del territorio, la investigación científica tropical y el fortalecimiento de programas de adaptación al cambio climático. Incluso, el desarrollo de agricultura y ganadería regenerativa en la zona.

Estas actividades presentan una característica fundamental: pueden generar beneficios económicos durante períodos muy superiores a la vida útil de una explotación minera. Mientras la minería depende de la existencia de un recurso finito que eventualmente se agota, el desarrollo territorial sustentable puede continuar generando riqueza, empleo e inversión mientras el territorio conserve sus capacidades ambientales, sociales y productivas.

4.2.3. Una comparación que merece ser analizada

La verdadera discusión sobre Crucitas no consiste únicamente en determinar cuánto dinero puede producir una mina durante los próximos años. La pregunta estratégica es cuál alternativa puede generar mayores beneficios acumulados para la región y para Costa Rica durante las próximas décadas.

La minería posee la capacidad de generar ingresos importantes en períodos relativamente cortos. Sin embargo, sus beneficios se encuentran asociados a la extracción de un recurso no renovable cuya disponibilidad es limitada. Por el contrario, un modelo de desarrollo territorial basado en infraestructura, turismo, innovación, investigación científica, servicios ambientales y actividades productivas diversificadas puede generar beneficios durante períodos considerablemente más extensos.

Por esta razón, la decisión nacional no debería fundamentarse exclusivamente en la rentabilidad inmediata de una actividad extractiva. También debería considerar cuál modelo genera mayor resiliencia económica, mayor estabilidad social y mejores oportunidades para las generaciones futuras.

4.3. Condiciones mínimas para una decisión responsable

Independientemente de la posición que cada persona tenga respecto a la minería, existen principios básicos que deberían cumplirse antes de autorizar cualquier explotación.

1. Captación justa de la renta minera (señalamiento explícito en la ley que la planta productora de lingotes de oro no se establecerá como zona franca).
2. Garantías financieras obligatorias (Fondo de responsabilidad ambiental post explotación por al menos 20 años).
3. Seguro ambiental integral (durante la construcción y operación de la mina y por lo menos 20 años después de su cierre).
4. Limitación territorial estricta.
5. Inversión obligatoria en desarrollo regional.
6. Fiscalización científica independiente.
7. Auditorías periódicas.

8. Participación efectiva de las comunidades locales.

Estas condiciones no garantizan por sí solas que la minería sea la mejor opción. Pero sí permiten reducir riesgos y asegurar que cualquier decisión responda al interés nacional y no únicamente a objetivos de corto plazo.

5. CONCLUSIÓN GENERAL

La discusión sobre Crucitas no debería resolverse mediante consignas ideológicas ni mediante simplificaciones políticas.

La verdadera decisión consiste en determinar qué modelo de desarrollo generará mayores beneficios para Costa Rica, para San Carlos y para la región norte-norte durante las próximas décadas.

Los análisis económicos muestran que el valor bruto del oro es muy diferente del beneficio real que recibe el país. Los análisis ambientales muestran que la actividad minera genera responsabilidades que pueden extenderse mucho más allá del cierre de la explotación. Y el análisis territorial demuestra que el norte-norte posee oportunidades estratégicas que merecen ser evaluadas con el mismo rigor que cualquier proyecto extractivo.

Costa Rica no enfrenta únicamente una decisión minera. En realidad, enfrenta una decisión sobre el uso estratégico de una parte importante de su patrimonio natural, territorial y económico.

El país tiene pleno derecho a aprovechar sus recursos naturales si así lo decide. Sin embargo, antes de hacerlo debe asegurarse de que esa sea efectivamente la mejor alternativa disponible y no simplemente la más inmediata.

Antes de decidir extraer el oro de Crucitas, Costa Rica debería demostrar que ha evaluado con el mismo rigor las demás alternativas de desarrollo disponibles para la región.

La verdadera riqueza de Crucitas podría no encontrarse únicamente en el oro que eventualmente pueda extraerse durante algunos años, sino también en la capacidad del territorio para generar bienestar, oportunidades y desarrollo durante muchas generaciones. La decisión que adopte Costa Rica deberá valorar cuidadosamente ambas posibilidades y determinar cuál de ellas representa el mejor legado económico, social, ambiental y territorial para la segunda mitad del siglo XXI.