La ciencia detrás de los humedales: cómo fortalecer la protección ambiental y la seguridad jurídica
Dr. Allan Astorga Gättgens (Geólogo Ambiental)
1. Una oportunidad para fortalecer un instrumento estratégico del país
Costa Rica ha construido, durante las últimas décadas, un sólido prestigio internacional en materia de conservación ambiental. Ese reconocimiento no es producto del azar, sino del esfuerzo de muchas instituciones, universidades, investigadores y funcionarios públicos que han dedicado décadas al desarrollo de herramientas técnicas para proteger el patrimonio natural del país. Dentro de ese conjunto de esfuerzos, pocos ecosistemas poseen una relevancia tan estratégica como los humedales.
Los humedales constituyen algunos de los sistemas ecológicos más importantes del territorio nacional. Regulan el ciclo hidrológico, amortiguan inundaciones, favorecen la recarga de acuíferos, almacenan carbono, mantienen una enorme biodiversidad y sirven de refugio para numerosas especies de flora y fauna. Su protección representa, además, un compromiso asumido por Costa Rica mediante la Convención Ramsar y encuentra respaldo en la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad y diversa normativa nacional.
Aunque con frecuencia se habla de los humedales como si constituyeran una categoría única y homogénea, en realidad comprenden una gran diversidad de ecosistemas cuya formación, funcionamiento y evolución responden a procesos naturales diferentes. Existen humedales marinos, estuarinos, ribereños, lacustres y palustrinos, entre otros. Cada uno se relaciona de manera distinta con el relieve, la dinámica del agua, los sedimentos, los suelos, la vegetación y la influencia de las actividades humanas.
Los humedales marino-costeros y estuarinos se encuentran estrechamente vinculados con la dinámica de las mareas, la influencia del agua salina o salobre, la evolución de playas, barras arenosas, esteros, lagunas costeras, manglares y planicies de inundación. Los humedales ribereños se desarrollan en asociación con ríos y quebradas; los lacustres se relacionan con lagos, lagunas y cuerpos de agua permanentes; y los palustrinos comprenden pantanos, ciénagas, depresiones inundables y otros ambientes continentales dominados por vegetación adaptada a condiciones de saturación o inundación recurrente (ver Figura 1).
Estas diferencias tienen implicaciones prácticas directas. Cada tipo de humedal responde a procesos geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos y ecológicos distintos; por ello, su identificación y delimitación requieren metodologías específicas. Un instrumento nacional moderno debería reconocer explícitamente esta diversidad y establecer criterios técnicos diferenciados para cada categoría, de manera que la protección ambiental descanse sobre una caracterización científica adecuada.
Figura 1. Esquema conceptual de los principales tipos de humedales presentes en ambientes costeros y continentales. Cada categoría responde a procesos geomorfológicos, hidrológicos, hidrogeológicos, sedimentológicos y ecológicos diferentes; por ello, su identificación y delimitación requieren criterios técnicos adaptados a su origen y funcionamiento.
Precisamente por la enorme importancia ambiental de estos ecosistemas, resulta indispensable que los instrumentos técnicos utilizados para identificarlos, delimitarlos y administrarlos posean el mayor grado posible de rigurosidad científica, transparencia metodológica y seguridad jurídica.
Cuando una herramienta técnica tiene la capacidad de influir directamente sobre el uso del suelo, el ordenamiento territorial, la planificación urbana, la gestión municipal, las inversiones privadas y, eventualmente, procesos administrativos o judiciales, su fortaleza metodológica deja de ser un asunto exclusivamente académico para convertirse en un elemento esencial de la buena gobernanza ambiental.
Durante aproximadamente quince años hemos desarrollado estudios relacionados con humedales y ecosistemas asociados en diferentes regiones del país, particularmente en Puntarenas, Guanacaste, la GAM y Limón. Estos trabajos han formado parte de investigaciones para planes reguladores, estudios hidrogeológicos, evaluaciones ambientales, ordenamiento territorial, caracterización geomorfológica y análisis de evolución histórica del uso del suelo. Esa experiencia ha implicado revisar centenares de fotografías aéreas históricas, imágenes satelitales de distintas épocas, mapas oficiales, información geológica, hidrogeológica, edáfica y biológica, así como realizar numerosas inspecciones de campo en ambientes costeros y continentales.
Como consecuencia natural de ese trabajo, también hemos estudiado con detalle el Inventario Nacional de Humedales, así como los criterios establecidos tanto por el reglamento anterior como por el vigente para la identificación y delimitación de estos ecosistemas.
Este análisis ha permitido valorar no solamente sus fortalezas, sino también algunos aspectos que, desde una perspectiva estrictamente técnica, podrían perfeccionarse para mejorar considerablemente su aplicación práctica.
Es importante dejar absolutamente claro que las observaciones que se presentan en este artículo no constituyen una crítica al objetivo de proteger los humedales. Muy por el contrario, parten del reconocimiento de que el Inventario Nacional de Humedales y el Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE representan uno de los avances técnicos más importantes desarrollados por el Estado costarricense durante los últimos años en materia de gestión ambiental.
La elaboración del Inventario Nacional de Humedales permitió disponer, por primera vez, de una base cartográfica nacional relativamente homogénea sobre estos ecosistemas, mientras que el reglamento vigente incorporó criterios técnicos destinados a uniformar los procedimientos utilizados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Ambos instrumentos constituyen un paso significativo hacia una gestión ambiental basada en evidencia científica y no únicamente en apreciaciones subjetivas.
Ese mérito debe reconocerse expresamente.
Sin embargo, precisamente porque estos instrumentos poseen hoy una enorme trascendencia administrativa, ambiental y jurídica, también resulta oportuno preguntarse si la experiencia acumulada durante sus primeros años de aplicación permite identificar oportunidades de mejora.
Toda herramienta técnica evoluciona. Ningún instrumento científico nace perfecto. La experiencia práctica revela fortalezas, pero también muestra vacíos, situaciones no previstas y nuevas necesidades metodológicas que difícilmente podían anticiparse durante su diseño inicial. Esa evolución permanente forma parte del propio desarrollo científico y constituye una característica de las mejores instituciones técnicas del mundo.
En nuestra opinión, Costa Rica se encuentra precisamente en ese momento.
La experiencia acumulada durante la aplicación del Inventario Nacional de Humedales y del Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE ofrece hoy una oportunidad excepcional para iniciar una segunda etapa de perfeccionamiento técnico. Se trata de modernizar integralmente los instrumentos existentes sin disminuir la protección ambiental, fortaleciéndolos mediante nuevas salvaguardas científicas, procedimientos más transparentes y metodologías capaces de reducir la incertidumbre en aquellos casos donde la interpretación del territorio resulta especialmente compleja.
El objetivo final debe ser doble y perfectamente compatible: proteger mejor los humedales verdaderos y, simultáneamente, ofrecer mayor certeza técnica y jurídica a todas las personas e instituciones que utilizan estos instrumentos como base para la toma de decisiones.
Esa es, precisamente, la reflexión que motiva este artículo.
En la siguiente entrega analizaremos las principales limitaciones técnicas que actualmente presentan tanto el Inventario Nacional de Humedales como el reglamento vigente.
2. Las limitaciones técnicas que hoy deben corregirse
Si reconocemos que el Inventario Nacional de Humedales y el Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE representan un importante avance para la gestión ambiental costarricense, también debemos aceptar que la experiencia acumulada durante los últimos años permite identificar una serie de aspectos susceptibles de mejora.
Estas observaciones no pretenden descalificar los instrumentos existentes. Por el contrario, buscan contribuir a su fortalecimiento. En ingeniería, geología, hidrología o cartografía existe un principio ampliamente aceptado: ningún instrumento técnico permanece estático. Todos evolucionan conforme aumenta la experiencia de quienes los utilizan y conforme aparecen nuevos conocimientos científicos.
Precisamente eso es lo que hoy ocurre con los instrumentos técnicos relacionados con los humedales.
Un mapa nacional no sustituye un estudio técnico de detalle.
Todo inventario nacional constituye, por definición, una herramienta de planificación territorial. Su objetivo consiste en ofrecer una visión integral del país que permita conocer la distribución espacial de los diferentes ecosistemas, identificar patrones regionales y orientar las políticas públicas de conservación.
Sin embargo, ningún inventario nacional puede interpretarse como un estudio predial de alta precisión.
Desde el punto de vista cartográfico, existe una diferencia fundamental entre un mapa elaborado para planificación nacional y un levantamiento técnico destinado a determinar la condición ambiental de un terreno específico. Ambos cumplen funciones diferentes y poseen escalas de trabajo completamente distintas.
Mientras el primero resume una realidad territorial muy extensa mediante procesos de generalización cartográfica, el segundo requiere reconstruir con detalle la historia ambiental del sitio, analizar sus condiciones biofísicas particulares y verificar directamente la información en campo.
Confundir ambos niveles de análisis puede conducir inevitablemente a errores de interpretación.
La cartografía también tiene incertidumbre.
Todo mapa posee un determinado grado de incertidumbre asociado con la resolución espacial, la fecha de adquisición de las imágenes, la escala de elaboración, la metodología de fotointerpretación, la cantidad de verificaciones realizadas en campo y la complejidad geomorfológica del terreno.
El Inventario Nacional de Humedales podría fortalecerse incorporando indicadores explícitos sobre el nivel de certidumbre de cada polígono cartografiado, diferenciando claramente entre áreas verificadas directamente en campo y aquellas delimitadas principalmente mediante procesos de interpretación remota.
La fotografía del momento no siempre refleja la historia del ecosistema.
Los ecosistemas tropicales son extraordinariamente dinámicos. La presencia de agua superficial, los niveles freáticos, los drenajes, la vegetación y las actividades humanas cambian con el tiempo. Por ello, una visita de campo realizada en un momento determinado constituye solamente una parte del análisis técnico.
La reconstrucción histórica mediante fotografías aéreas, imágenes satelitales y documentos antiguos permite comprender procesos que una simple inspección actual no logra evidenciar. Por ello, el análisis multitemporal debería adquirir un papel mucho más relevante dentro de los procedimientos técnicos asociados con la delimitación de humedales.
El humedal palustrino y los ambientes con los que puede confundirse.
Uno de los desafíos más delicados en la aplicación práctica de los instrumentos actuales corresponde a la identificación de los humedales palustrinos. Estos ecosistemas pueden presentar inundación permanente, estacional o intermitente; vegetación adaptada a condiciones de saturación; suelos con rasgos hidromórficos; y una relación variable con el nivel freático y con los aportes de agua superficial. Sin embargo, no todas esas características se manifiestan con la misma intensidad durante todo el año ni en todos los sitios.
En determinadas circunstancias, un humedal palustrino puede confundirse con una depresión topográfica temporalmente inundada, un terreno con drenaje deficiente, un antiguo cauce abandonado, una zona agrícola encharcada, una excavación artificial, un área compactada por maquinaria, una planicie que acumula agua de lluvia o un sector profundamente modificado por actividades humanas. Algunos de estos ambientes pueden compartir uno o varios indicadores aislados con un humedal, pero ello no significa necesariamente que posean el origen, la dinámica hidrológica, los suelos, la vegetación y la funcionalidad ecológica que caracterizan a un verdadero ecosistema palustrino.
El problema técnico aparece cuando una semejanza parcial se interpreta como una equivalencia completa. La presencia temporal de agua, por sí sola, no demuestra necesariamente la existencia de un humedal; del mismo modo, la ausencia de agua superficial durante una visita tampoco permite descartarlo. La conclusión debe derivarse de la integración de evidencias geomorfológicas, geológicas, hidrogeológicas, hidrológicas, edáficas, biológicas, ecológicas e históricas.
Por ello, la delimitación de un humedal palustrino no debería depender de una observación aislada, de una única inspección de campo ni de la aplicación mecánica de un criterio individual. Requiere reconstruir la historia ambiental del sitio, determinar el origen de la saturación o inundación, analizar la permanencia y recurrencia del agua, estudiar los suelos y la vegetación, y valorar las modificaciones humanas que puedan haber alterado la expresión actual del terreno.
Figura 2. Comparación conceptual entre un humedal palustrino y otros ambientes que pueden presentar rasgos superficiales semejantes. La presencia de agua temporal, vegetación particular o drenaje deficiente no debe interpretarse de manera aislada; la identificación correcta exige integrar múltiples líneas de evidencia y reconstruir la evolución ambiental del sitio.
Esta posibilidad de confusión no constituye un asunto menor. Cuando los instrumentos técnicos no permiten diferenciar con suficiente claridad entre un humedal verdadero y un ambiente aparentemente semejante, aumenta el riesgo de que una interpretación preliminar sea asumida como una conclusión definitiva. Ese riesgo se vuelve especialmente serio cuando la conclusión se incorpora a permisos, restricciones de uso del suelo, procedimientos sancionatorios o expedientes judiciales.
Los humedales no pueden evaluarse desde una sola disciplina.
Un humedal representa la interacción permanente entre procesos geológicos, geomorfológicos, sedimentológicos, hidrogeológicos, hidrológicos, edáficos, biológicos y ecológicos. Cuando todas estas disciplinas convergen, la interpretación ambiental adquiere un grado de solidez mucho mayor.
Finalmente, el reglamento podría desarrollarse más en relación con la forma en que deben ponderarse los distintos indicadores cuando presentan resultados aparentemente contradictorios. Los reglamentos modernos suelen establecer metodologías de integración de evidencias que indiquen cómo valorar cada elemento disponible hasta alcanzar una conclusión técnicamente consistente.
Una actualización en ese sentido fortalecería la credibilidad científica de los instrumentos nacionales y brindaría mayor confianza a todos los actores involucrados.
En la siguiente parte analizaremos las consecuencias administrativas y judiciales que estas limitaciones pueden generar y la necesidad de incorporar mayores salvaguardas técnicas.
3. Cuando una herramienta técnica carece de suficientes salvaguardas
Las observaciones planteadas en la sección anterior tienen implicaciones directas sobre la forma en que el Estado toma decisiones y sobre la seguridad jurídica de los ciudadanos. Cuando un instrumento técnico adquiere un peso determinante dentro de un procedimiento administrativo o judicial, la calidad metodológica del instrumento pasa a convertirse en un elemento esencial del debido proceso.
Estas observaciones no pretenden cuestionar el profesionalismo ni la buena fe de los funcionarios del SINAC, del MINAE, de las municipalidades, del Ministerio Público o del Poder Judicial. La inmensa mayoría de los funcionarios públicos debe tomar decisiones complejas utilizando los instrumentos oficiales disponibles. Cuando esos instrumentos presentan zonas grises, el problema deja de ser de quienes los aplican y pasa a ser del diseño metodológico del sistema.
Cuando un mapa nacional, una inspección de campo o un conjunto limitado de indicadores se presentan dentro de un expediente administrativo o judicial, existe una tendencia natural a asumir que representan una verdad científica definitiva. Sin embargo, desde la perspectiva de las ciencias ambientales, la realidad rara vez es tan simple.
La naturaleza no reconoce límites catastrales ni responde a definiciones binarias. Los ecosistemas evolucionan con el tiempo y responden a variaciones climáticas, hidrológicas, geomorfológicas y biológicas. Por esa razón, la correcta interpretación de un sitio requiere integrar información de diferentes disciplinas y de diferentes momentos históricos.
Cuando esa integración no se realiza, pueden surgir interpretaciones distintas sobre una misma realidad física. El problema aparece cuando una interpretación preliminar adquiere automáticamente el carácter de una conclusión definitiva, sin que exista un procedimiento suficientemente robusto para verificarla o complementarla.
Una municipalidad puede suspender un permiso; una institución pública puede modificar un criterio técnico; una inversión puede detenerse; un propietario puede enfrentar restricciones importantes sobre el uso de su terreno; incluso pueden iniciarse investigaciones administrativas o judiciales de tipo penal sustentadas en interpretaciones que posteriormente podrían variar al incorporarse nueva evidencia científica.
Cuando la incertidumbre técnica se convierte en judicialización innecesaria
La judicialización de un caso ambiental puede ser necesaria cuando existe una afectación real de un humedal o un incumplimiento comprobado de la normativa. Sin embargo, también puede producirse de manera prematura cuando una identificación técnica todavía incierta se transforma, sin suficientes verificaciones, en la base de una denuncia, una medida cautelar, una investigación penal o una decisión judicial.
En esos casos, el problema no radica necesariamente en la actuación de los jueces, fiscales, funcionarios del SINAC o autoridades municipales. Cada uno debe resolver con la información que consta en el expediente. La dificultad surge cuando esa información proviene de instrumentos que no explicitan su margen de incertidumbre, no diferencian claramente entre cartografía nacional y delimitación predial, o no establecen un procedimiento obligatorio de revisión interdisciplinaria antes de producir consecuencias jurídicas severas.
Esta situación puede inducir a error incluso al Poder Judicial. Los jueces no tienen por qué ser especialistas en geología, geomorfología, hidrogeología, edafología, botánica o ecología de humedales. Su responsabilidad consiste en valorar las pruebas aportadas por las partes y por las instituciones competentes. Si una delimitación preliminar se presenta como si fuera una verdad científica absoluta, sin explicar sus limitaciones metodológicas ni las evidencias contradictorias disponibles, existe el riesgo de que se le otorgue un peso probatorio superior al que científicamente corresponde.
Las consecuencias pueden ser muy serias: paralización de actividades, restricciones prolongadas sobre propiedades, pérdida de inversiones, costos elevados de defensa, desgaste institucional y apertura de procesos penales que quizá no habrían sido necesarios si desde el inicio se hubiese aplicado un instrumento más técnico, completo, transparente y reproducible. Al mismo tiempo, una delimitación débil también puede perjudicar la protección del humedal, porque facilita que posteriormente sea cuestionada o anulada.
Por ello, fortalecer los instrumentos técnicos no significa crear obstáculos para la protección ambiental. Significa evitar que el Estado, los ciudadanos y el propio Poder Judicial deban resolver conflictos que pudieron prevenirse mediante una mejor caracterización científica. La mejor decisión judicial es, en muchos casos, aquella que no necesita producirse porque el problema fue correctamente interpretado y resuelto en la etapa técnica y administrativa.
Todo ello puede ocurrir sin mala actuación de ninguna institución. Simplemente, la herramienta utilizada no contiene todas las salvaguardas que una decisión de esa trascendencia debería incorporar.
La seguridad jurídica ambiental no solamente protege a los propietarios privados. También protege al Estado, a los funcionarios públicos, a los jueces, a las organizaciones ambientalistas y, sobre todo, a los propios humedales.
Una delimitación ambiental técnicamente sólida tiene mucha mayor capacidad para resistir cualquier proceso de revisión administrativa o judicial. Cuando una delimitación presenta debilidades metodológicas, toda la protección del ecosistema puede quedar expuesta a cuestionamientos que podrían haberse evitado mediante procedimientos más completos.
En ciencias ambientales es perfectamente posible que dos especialistas, trabajando de buena fe, lleguen inicialmente a conclusiones diferentes respecto de un mismo sitio cuando disponen de información distinta o aplican metodologías diferentes. Ello no significa necesariamente que alguno esté equivocado, sino que la información todavía no resulta suficiente para alcanzar un nivel adecuado de certeza.
Precisamente por ello, los mejores sistemas técnicos incorporan procedimientos de revisión interdisciplinaria, contraste de evidencias y validación independiente cuando las decisiones tienen consecuencias importantes.
El sistema debe ofrecer a los jueces pruebas técnicas suficientemente claras, trazables y reproducibles. Para ello, cada delimitación debería explicar la metodología utilizada, las fuentes analizadas, las verificaciones efectuadas, las disciplinas participantes, las evidencias coincidentes y contradictorias, y el nivel de certidumbre alcanzado. De esa manera, la valoración judicial descansaría sobre una base científica más completa y no
La solución no consiste en disminuir la protección de los humedales ni en dificultar la actuación del SINAC. La verdadera solución consiste en fortalecer la calidad científica de los instrumentos oficiales.
Mientras mayor sea el respaldo técnico de una delimitación, mayor será también su legitimidad administrativa, su fortaleza jurídica y su capacidad para proteger efectivamente los ecosistemas.
La discusión que hoy enfrenta Costa Rica no debería centrarse en escoger entre conservación ambiental o seguridad jurídica. Ambos objetivos pueden y deben alcanzarse simultáneamente mediante instrumentos científicos más completos, transparentes y reproducibles.
4. Una propuesta para fortalecer los instrumentos nacionales sobre humedales
Todo lo expuesto anteriormente conduce a una conclusión que, a nuestro juicio, resulta evidente: Costa Rica necesita hacer evolucionar el Inventario Nacional de Humedales y el Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE. Necesita llevarlos a una segunda generación de desarrollo técnico.
Los instrumentos actuales constituyen una base sobre la cual es perfectamente posible construir herramientas aún más robustas, transparentes y consistentes con el nivel científico que hoy posee el país.
La evolución del conocimiento ambiental durante los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías de percepción remota, el acceso a modelos digitales de elevación de alta resolución, la disponibilidad de fotografías aéreas históricas digitalizadas, el crecimiento de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la experiencia acumulada por las instituciones nacionales ofrecen una oportunidad extraordinaria para modernizar estos instrumentos.
No se trata de comenzar nuevamente.
Se trata de aprovechar todo el trabajo ya realizado y fortalecerlo mediante una serie de mejoras relativamente concretas.
La primera mejora: incorporar el concepto de incertidumbre cartográfica
Quizá la modificación más importante consiste en reconocer explícitamente que toda cartografía posee un determinado nivel de incertidumbre.
Esta afirmación no disminuye el valor científico del Inventario Nacional de Humedales.
Por el contrario, lo fortalece.
La cartografía moderna utilizada por agencias geológicas, institutos geográficos y organismos ambientales de numerosos países incorpora metadatos donde se describen claramente:
la escala de trabajo;
la resolución espacial;
la fecha de adquisición de la información;
el método utilizado para elaborar cada polígono;
el grado de validación de campo;
y el nivel de confianza asociado a cada unidad cartográfica.
El Inventario Nacional de Humedales podría evolucionar en esa misma dirección.
De esa forma, cada usuario conocería con claridad el alcance técnico de la información que está consultando y evitaría atribuirle una precisión superior a la que realmente posee.
Lejos de disminuir su utilidad, esta información incrementaría considerablemente su credibilidad científica.
La segunda mejora: fortalecer el análisis multitemporal
Los humedales son sistemas dinámicos.
Su interpretación requiere comprender cómo ha evolucionado un territorio durante décadas.
Por esa razón, el análisis histórico debería adquirir un papel mucho más relevante dentro de la metodología oficial.
La incorporación sistemática de fotografías aéreas históricas, imágenes satelitales de diferentes épocas, mapas antiguos, registros hidrológicos y antecedentes del uso del suelo permitiría reconstruir la evolución ambiental de cada sitio antes de emitir una delimitación definitiva.
En muchas ocasiones, esa información histórica aporta evidencia mucho más sólida que una simple observación puntual realizada durante una única inspección de campo.
La tercera mejora: consolidar un verdadero enfoque interdisciplinario
La delimitación de estos ecosistemas exige integrar conocimientos de:
geología;
geomorfología;
sedimentología;
hidrogeología;
hidrología superficial;
edafología;
botánica;
ecología;
sistemas de información geográfica;
fotointerpretación;
y ordenamiento territorial.
Por ello, en los casos de mayor complejidad, trascendencia ambiental o posible impacto jurídico, debería establecerse una revisión técnica colegiada mediante equipos interdisciplinarios. Especialistas en geología, geomorfología, sedimentología, hidrogeología, hidrología superficial, suelos, ecología, fotointerpretación y sistemas de información geográfica deberían integrar conjuntamente la evidencia disponible. La geología y sus disciplinas asociadas resultan esenciales para comprender el origen y la evolución física del terreno; las aguas superficiales y la hidrogeología permiten establecer la dinámica del agua; la edafología aporta evidencia sobre condiciones de saturación; la ecología permiten valorar la funcionalidad del ecosistema. Ninguna de estas disciplinas, utilizada de manera aislada, debería sustituir la integración del conjunto.
Este mecanismo no solamente incrementaría la calidad científica de las decisiones, sino que además otorgaría mayor respaldo institucional a los propios funcionarios responsables de emitirlas.
La cuarta mejora: establecer un procedimiento técnico de revisión y descargo
Toda metodología científica admite la posibilidad de revisión cuando aparecen nuevos datos.
La ciencia avanza precisamente mediante ese proceso.
En consecuencia, cuando exista una discrepancia técnica fundamentada respecto de una delimitación de humedal, debería existir un procedimiento claramente regulado que permita incorporar estudios adicionales, valorar nueva evidencia científica y revisar la conclusión inicial cuando así corresponda.
No se trata de abrir espacios para dilatar procedimientos administrativos.
Se trata de fortalecer la calidad técnica de las decisiones antes de que estas produzcan efectos definitivos.
Un procedimiento transparente beneficia tanto al Estado como a los ciudadanos.
Ese procedimiento debería activarse especialmente cuando la delimitación pueda generar una sanción, una restricción significativa sobre el uso del suelo o la remisión de antecedentes al Ministerio Público. Antes de producir esos efectos, la persona interesada debería tener acceso a la metodología, los datos, las imágenes, los criterios utilizados y el nivel de certidumbre de la interpretación, así como la posibilidad de aportar estudios técnicos independientes para su valoración objetiva.
Cuando persista una discrepancia razonable entre especialistas, el expediente debería someterse a una instancia técnica colegiada e interdisciplinaria antes de considerarse definitivamente resuelto. Este mecanismo no debilitaría la autoridad ambiental; por el contrario, aumentaría la legitimidad, la solidez probatoria y la capacidad de defensa de sus decisiones.
La quinta mejora: integrar la funcionalidad ecológica
Otro aspecto que merece mayor desarrollo corresponde a la funcionalidad ecológica de los humedales.
No todos los humedales presentan la misma dinámica, el mismo grado de conservación ni la misma importancia ecológica.
Existen humedales altamente funcionales y bien conservados.
Otros se encuentran parcialmente alterados.
Algunos poseen enorme importancia hidrológica.
Otros cumplen principalmente funciones biológicas.
Incluso existen áreas que han sido profundamente modificadas por actividades humanas durante décadas.
Esta diversidad merece reflejarse de manera más explícita dentro de los instrumentos técnicos nacionales.
Una clasificación funcional permitiría orientar mejor las decisiones relacionadas con conservación, restauración, recuperación ambiental, compensación ecológica y manejo sostenible.
Esta clasificación funcional no debe utilizarse para negar protección a un humedal degradado. Un ecosistema alterado puede conservar funciones relevantes o requerir restauración. Su utilidad consiste en orientar mejor las decisiones de manejo, establecer prioridades y diferenciar entre conservación estricta, restauración, recuperación, compensación y seguimiento, siempre con base en evidencia científica y dentro del marco jurídico aplicable.
La sexta mejora: fortalecer la transparencia pública
Los instrumentos ambientales generan confianza cuando toda la sociedad comprende claramente cómo fueron elaborados.
Por ello, sería altamente conveniente que tanto el Inventario Nacional de Humedales como las futuras delimitaciones incorporaran información pública fácilmente accesible sobre:
metodología aplicada;
fuentes utilizadas;
fecha de actualización;
antecedentes cartográficos;
verificaciones de campo;
nivel de certidumbre;
historial de modificaciones;
y justificación técnica de los cambios realizados.
La transparencia constituye probablemente la mejor garantía de calidad científica.
En la Tabla 1 se resumen las acciones principales que se recomiendan para mejorar la situación.
Tabla 1. Principales fuentes de incertidumbre técnica y mejoras propuestas para fortalecer la delimitación de humedales en Costa Rica.
Conservación y seguridad jurídica deben avanzar juntas
A lo largo de este artículo hemos insistido deliberadamente en una idea central. No existe contradicción entre proteger los humedales y fortalecer la seguridad jurídica. Ambos objetivos forman parte de una misma estrategia de buena gobernanza ambiental.
Cuando las reglas técnicas son claras, las instituciones trabajan con mayor confianza. Los propietarios conocen mejor las condiciones aplicables a sus terrenos. Los gobiernos locales pueden planificar con mayor certeza. Los jueces reciben mejores elementos de valoración.
Y, sobre todo, los humedales obtienen una protección mucho más sólida y difícil de cuestionar. En consecuencia, la modernización de estos instrumentos debe entenderse como una inversión en favor de la conservación y no como una flexibilización de la normativa ambiental.
Un llamado respetuoso
Costa Rica posee una comunidad científica de enorme prestigio, universidades de alto nivel, instituciones ambientales consolidadas y profesionales con décadas de experiencia en disciplinas relacionadas con los humedales.
Por esa razón, consideramos que ha llegado el momento de abrir un proceso nacional de actualización técnica del Inventario Nacional de Humedales y del Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE, convocando al MINAE, al SINAC, a las universidades públicas y privadas, a los colegios profesionales, a especialistas independientes y a representantes de la sociedad civil.
No debería entenderse este proceso como una revisión de errores. Debería verse como la evolución natural de un instrumento exitoso que ha alcanzado la madurez suficiente para iniciar una nueva etapa de perfeccionamiento.
Desde nuestra experiencia profesional, ponemos respetuosamente a disposición del Ministerio de Ambiente y Energía, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y del Poder Ejecutivo todo el conocimiento técnico acumulado durante años de investigación y trabajo de campo en geología ambiental, hidrogeología, geomorfología, ordenamiento territorial, cartografía ambiental y evaluación ambiental.
Creemos firmemente que este esfuerzo puede realizarse mediante un proceso de diálogo técnico, abierto, transparente y constructivo.
Proteger los humedales significa proteger uno de los patrimonios naturales más valiosos de Costa Rica. Pero esa protección solo será verdaderamente sólida si se apoya en instrumentos capaces de diferenciar correctamente los ecosistemas, explicar sus márgenes de incertidumbre, integrar las distintas disciplinas científicas y resistir con solvencia cualquier revisión administrativa o judicial.
Modernizar el Inventario Nacional de Humedales y el Decreto Ejecutivo N.° 42760-MINAE permitiría conservar mejor, reducir conflictos innecesarios y brindar mayor seguridad a las instituciones, a los funcionarios, a los jueces, a las comunidades y a los propietarios. No se trata de escoger entre ambiente y seguridad jurídica. Se trata de utilizar mejor ciencia para alcanzar ambos objetivos simultáneamente.
Costa Rica ya dio un primer gran paso al crear estos instrumentos. El siguiente debe consistir en llevarlos a una segunda generación técnica: más precisa, interdisciplinaria, transparente, reproducible y capaz de prevenir que la incertidumbre científica termine convertida en conflicto jurídico. Ese es el reto y, al mismo tiempo, la oportunidad que hoy tiene el país.
