Uso de la Tierra y la prevención de los desastres

Los recientes desastres ocurridos al norte de Perú y en Mocoa (Colombia), tienen mucho en común con los desastres de Upala y Bagaces dejados por el Huracán Otto y, también con el desastre de Calle Lajas de Escazú del 2010, entre otros muchos, en el mundo.

En esta semana en la que se celebra el Día Mundial de la Tierra, el hecho que todos esos desastres cobren la vida de muchas personas, y de muchos animales domésticos y silvestres, así como los heridos y el enorme costo de las pérdidas materiales producidas, hace que tengamos que seguir insistiendo en la urgencia imperativa de realizar una gestión preventiva de riesgo  a partir del conocimiento científico que se tiene de los suelos.

Recalcamos el concepto de preventivo en la medida  en que tenemos que diferenciarlo muy bien de la acción de la atención "correctiva" del riesgo, es decir, cuando el evento (desastre) ya ha ocurrido y lo que se hace es atender la emergencia. Algo en que nos hemos especializado (particularmente la Comisión Nacional de Emergencias: CNE), pero que tiene un gran defecto, pues no evita que se pierdan o dañen vidas y bienes materiales, con cada evento metereológico o geológico que nos impacte.

Gestión de riesgo: la Ley Nacional de Emergencias y Gestión del Riesgo (Ley 8488 de enero del 2006), define este último concepto como el “proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias”.

Queda claro que, el espíritu fundamental de la Ley es la prevención, utilizando como herramienta fundamental la planificación territorial y estratégica (sectorial y socioeconómica). Algo en lo que, aunque se ha trabajado, el mismo Estado y sus instituciones, han impedido que se implemente de forma efectiva.

En el mes de mayo del 2006, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 32967 – MINAE (procedimiento para introducir la variable ambiental en los planes reguladores y cualquier otro tipo de planificación de uso del suelo). Como parte de esta metodología (resumida como los IFA), se integró el tema de las Amenazas Naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad -respuesta del suelo a los sismos-, fallas geológicas activas, avalanchas y flujos, peligros volcánicos, tsunamis -en zonas costeras- y licuefacción, principalmente).

De esta manera, los IFA, permiten generar una zonificación de fragilidad ambiental que, entre otras variables del medio físico, biológico y social, incluyen la zonificación de zonas de alta y muy alta amenaza a fuentes de origen geológico. Algo que resulta de gran utilidad para la realización de la gestión preventiva del riesgo tal y como lo señala a Ley.

Es importante subrayar que esa zonificación ambiental ante las amenazas naturales debe ser realizada a una escala apropiada, es decir, que tenga el suficiente detalle para poder aplicarla en los trámites de usos del suelo que deben realizar los gobiernos locales. La escala ideal es de 1:10.000 o más detallada, aunque para cantones de grandes extensiones, la escala 1:25.000 también resulta de utilidad.

De esta manera, resulta importante aclarar que muchos de los mapas que la misma CNE ha elaborado, por usar una escala más regional (1:50.000) no son satisfactorios ni lo suficientemente útiles para ser aplicados en trámites de uso del suelo.

No obstante, desde que se promulgó el Decreto de los IFA, aproximadamente el 60 % del territorio del país (cerca de 60 cantones) cuentan con zonificación de amenazas naturales y de otros factores ambientales, a la escala apropiada. Alguna de esa información generada por la misma CNE, pero sin la debida divulgación. Como parte de esa zonificación se incluye el territorio de la GAM, incluyendo 31 cantones, que es donde residimos cerca de la mitad de la población del país.

Cabe señalar que los mapas detallados de amenazas naturales son útiles no solo para identificar espacios geográficos no aptos para promover nuevas construcciones, sino también para verificar qué construcciones se localizan en esas zonas. Esto, a fin de establecer efectivos Planes locales de Gestión del Riesgo y de Emergencias, algo que, de haber existido en Quebrada Lajas de Escazú, y en Upala y Bagaces con el Huracán Otto, hubiera evitado la pérdida de vidas, como las que se dieron. Aspecto que también es relevante, en materia de desarrollo de seguros contra desastres naturales.

Usos de la tierra (suelo) para desarrollo urbano: como hemos señalado antes (ver:www.allan-astorga.com), el hecho de que no se disponga de planes reguladores o planes de ordenamiento territorial (POT), con la variable ambiental integrada, resulta nefasto en materia de gestión preventiva del riesgo. Estamos construyendo potenciales desastres en vez de evitarlos.

Esto es así, en razón de que en ausencia de un POT, aplican dos reglamentos del INVU: a) Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y b) Reglamento de Construcciones, y que se encuentran absolutamente desactualizados en materia ambiental y de gestión del riesgo. Son dos reglamentos altamente permisivos,  adoptados en una época (1982) en la que las preocupaciones ambientales eran inexistentes, que permiten el desarrollo de construcciones casi en cualquier parte, siempre que se cumplan unos requisitos muy simples, y para los cuales los gobiernos locales, en principio, no pueden poner ninguna objeción.

Esos reglamentos del INVU, todavía están vigentes, y aplican para casi el 97 % del territorio del país sujeto a desarrollo urbano. Como se verá, en mucho esto explica la razón por la cual, a algunos sectores no les conviene que se aprueben los POT con variable ambiental integrada.

Si a esa circunstancia, como hemos dicho, se suma el hecho de que cerca de la mitad de los proyectos que se tramitan en la SETENA, se realizan por medio de un Formulario D2, que no realiza estudios técnicos en los terrenos, nos damos cuenta que tenemos una formula casi perfecta para el desastre. Ello, por cuanto muchas de las construcciones menores de 1000 m2, se localizan prácticamente sin ningún estudio técnico que determine si el terreno donde se localiza es de alto riesgo o no. Cabe aclarar que hacer que esos proyectos no se tramiten ante la SETENA, no es la solución, todo lo contrario, la solución es hacer que hagan una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) más detallada.

Para el año 2008, los datos del PRUGAM indicaban que cerca del 20 % de todas las construcciones en la GAM, se localizaban en áreas de alta a muy alta amenaza natural, es decir, que se encontraban en condición de alto o muy alto riesgo. Como el modelo urbano caótico ha continuado, es altamente probable que ese porcentaje se haya incrementado en los últimos 10 años.

Un aspecto que termina de agravar la situación es el hecho de que, como parte de las variables a incluir en la estimación del costo de un terreno, no se incluye su grado de susceptibilidad a las amenazas naturales. Algo que, podría afirmarse, representa una verdadera “estafa” al comprador, pues adquiere una “verdadera bomba de tiempo” a un precio muy alto.

Soluciones: los cambios que son necesarios, posibles y fáciles de realizar son los siguientes:

a)      Utilizar, por parte de los gobiernos locales, la información de zonificación ambiental (IFA) generada y disponible para cerca de 60 cantones. De acuerdo a la Ley de Planificación Urbana, las municipalidades pueden, sin contar con POT, establecer ordenanzas concretas en materia de gestión preventiva del riesgo y tramite de usos del suelo; así como en el desarrollo de Planes de Contingencia y Emergencia para los casos de construcciones que ya existan en zonas de alto y muy alto riesgo.

b)     Aplicar el artículo 2 de Reglamento General de EIA  respecto a que primero, los proyectos realicen la EIA antes de solicitar el uso del suelo ante el gobierno local.

c)      Actualizar y completar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, intensificando el proceso de control ambiental de su aplicación para los proyectos pequeños que no realizan la EIA.

d)     Completar los requisitos del Formulario D2 para que el área del proyecto sea objeto de análisis ambiental como parte del trámite de la Viabilidad Ambiental, para todos los proyectos que se localicen en cantones sin POT con variable ambiental.

e)      Acelerar el proceso de que haya POT con variable ambiental en los próximos años y no como hasta ahora ya que entre el 2010 y 2016, la SETENA rechazó y archivó el 75 % de todos los POT que se le presentaron. Si, aunque parezca un chiste, la realidad es que no lo es.

Instituciones como el MINAE, el MIVAH, el INVU, el IFAM y la misma SETENA tienen en sus manos la responsabilidad de corregir el equivocado rumbo que tiene el país en esta materia. Responsabilidad que implica salvar vidas y bienes materiales. Por su parte, entidades como la CGR, PGR y la Defensoría de la Habitantes, deberían tomar partido en este importante y grave asunto que es de vital importancia para el país, y que permitiría evitar nuevas tragedias en el futuro.

SETENA: si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el Ambiente

Ante el “anuncio” publicado en La Nación (18.02.2017) sobre la intención de cambiar la reglamentación de la SETENA, con el argumento de que esta entidad se encuentra “sobrecargada”, razón por la cual, se pretende “agilizar” su gestión, estableciendo umbrales y evitando que hasta un 50 % de los proyectos que actualmente realizan trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ya no tengan que hacerlo, surge la necesidad de aportar, de forma proactiva, algunas aclaraciones y aportes sobre como “si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el Ambiente”.

EIA vs SETENA: lo primero que hay que aclarar es que, una cosa es el proceso de EIA y, otra cosa, es la SETENA. Para ilustrarlo mejor, podríamos decir que la SETENA es como un “obrero” que tiene que realizar un trabajo que implica el uso de una “caja de herramientas” para lograr un objetivo, en este caso, una correcta y eficiente EIA. Por eso, es importante dejar claro que la SETENA y la EIA, son dos cosas diferentes, tanto como el carpintero y su caja de herramientas.

La SETENA, fue establecida por la Ley Orgánica del Ambiente como un órgano de desconcentración máxima; lo cual significa que tiene total independencia de criterio, en las decisiones que tiene que tomar. Algo que, muchos políticos, particularmente en los últimos 10 años, no han entendido. Por eso, ha sido “intervenida” en varias ocasiones, al punto de que, se ha afirmado que se encuentra “totalmente politizada” y ello, desde hace años.

Por su parte, la EIA es, como ha dicho la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, el principal instrumento que tiene el Estado (y la sociedad costarricense) para tutelar el artículo 50 constitucional, sobre el derecho que toda persona tiene a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Además, es importante aclarar que, a nivel internacional, la EIA, tiene un procedimiento estandarizado y ordenado según un criterio técnico y científico. El cual se basa, fundamentalmente, en relacionar la condición de fragilidad ambiental del terreno con respecto a las características ambientales del proyecto. El resultado, la Significancia del Impacto Ambiental, determina la profundidad de la EIA que debe ser realizada.

EIA y Planificación Territorial: la principal limitante de la EIA es que es un instrumento de gestión de “segundo piso”. Siendo, el “primer piso”, la Planificación Territorial, algo de lo que cerca del 97 % de nuestro país, adolece. Esto hace que la EIA, tenga que resolver casi todos los problemas ambientales que puedan presentarse, lo cual, generalmente, no se logra hacer.

En Costa Rica se ha intentado de resolver esta situación con la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores y otros tipos de planificación de usos del suelo. Empero, en esto, la SETENA nos ha fallado, pues mientras entre el 2006 y el 2009, se aprobó el 65 % de los informes ambientales de los planes reguladores, entre el 2009 y el 2015, se rechazaron el 70 % de todos esos informes (¡80 informes de 50 cantones!).

El Reglamento General de EIA, actualmente vigente, tiene contemplado, el desarrollo automático de la agilización de los trámites de EIA, ante la SETENA, para todos los proyectos que se localizan en cantones con planes reguladores que tengan viabilidad ambiental aprobada. Con ello se cumpliría lo ordenado por la Sala Constitucional, de eximir del trámite de EIA, cuando se dispusiera del debido fundamento técnico, y no, por la vía arbitraria de establecer umbrales. Algo que parece haberse olvidado del todo, incluyendo nuestras actuales autoridades políticas del dizque "Gobierno del cambio": hay que señalar que en esto y muchas otras cosas, se parecen cada vez más a las de las dos anteriores administraciones.

Si la SETENA no hubiera hecho lo que hizo desde el 2009, es decir, rechazar y archivar 80 planes reguladores (cantonales y costeros), no se tendría tanto problema de sobrecargo del sistema de EIA, como se dice que se tiene hoy.

Modelo de EIA en peligro: la solución a los problemas de EIA, que algunos llaman “estancamiento” o “entrabamiento”, no debe partir de cambiar el Modelo de EIA vigente (caja de herramientas), con el simple pretexto de “agilizar”, pues eso, en concreto, significaría promover más daño y Sacrificio Ambiental, algo que, a estas alturas, representa un lujo que nuestro país no se puede dar, pues representa, a la larga, como una especie de “suicidio” en la medida de que nuestro desarrollo socioeconómico depende de que nuestro ambiente esté sano y ecológicamente equilibrado.

Cambiar el Modelo de EIA es un asunto muy serio y no puede ser tomado a la ligera. Siempre es posible mejorar, pero respetando el Principio de No Regresión y buscando un mejoramiento continuo.

Mejoramiento que debería hacerse de forma efectivamente participativa, considerando a los diferentes sectores de la Sociedad. Razón por la cual, el mismo Reglamento General de EIA, desde el 2004 creo una Comisión Mixta, aún vigente y que, es la entidad correcta para discutir el tema. Esta Comisión nunca fue convocada desde el 2007 (con algún intento de René Castro en el 2012 que el mismo “abortó”) y el actual Gobierno de la "participación ciudadana" pareciera querer seguir ignorando que existe.

Agilización de EIA con criterio: pero si de lo que se trata es agilizar el proceso de EIA y “aliviar” a la SETENA de su “sobrecarga”, hay otras soluciones más claras y rápidas que se pueden implementar en muy corto tiempo, veamos:

a.     Los recursos para la SETENA se pueden incrementar con facilidad. Lo único que se ocupa es modificar y ampliar el Decreto Ejecutivo 34536 – MINAE del 5 de junio del 2008, en el que se establecen las tarifas que cobra la SETENA por realizar la revisión de los instrumentos de EIA. El mismo tiene fundamento en el señalado en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente. No resulta lógico que la SETENA cobre $ 200 por el trámite de un D1 o $ 500 si tiene un Plan de Gestión Ambiental, a un proyecto de varias decenas de millones de dólares de inversión. ¡La revisión del Estudio de APM que tardó años en al SETENA, costó $ 3000! Como se puede ver, aumentando el costo de los procesos de revisión y aplicando el Principio de Proporcionalidad, la SETENA podría disponer de más recursos humanos para atender el trabajo que tiene que hacer.

b.     El actual Reglamento de EIA contempla, además, la figura de los consultores externos acreditados (por el Ente Costarricense de Acreditación - ECA-), para que puedan servir como apoyo a la SETENA en el análisis de EIA o hasta, por encargo de este, realizar las EIA que se les señale de manera que se separe el vínculo (a veces vicioso) entre el desarrollador y su equipo consultor. Esto se resuelve con un decreto ejecutivo que lo norme y que incluya un Código de Ética del Gestor Ambiental ya planteado desde el 2004, pero todavía pendiente de elaborar.

c.     Desarrollo de Guías de Buenas Prácticas Ambientales para los diferentes sectores productivos, en particular los que mayor trabajo le dan a la SETENA (construcción, minería, industria, entre otros). El decreto ejecutivo 34522 – Minae (del 16 de junio del 2008) referente al “Reglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas productivas y de desempeño coeficiente”, todavía está vigente, pero no se ha utilizado. Con esas guías oficializadas, muchos proyectos solo tendrían que presentar un formulario ambiental y los estudios complementarios a la SETENA (para demostrar que el área del proyecto tiene la condición ambiental adecuada), y la adopción de las medidas ambientales de la guía por medio de una Declaración Jurada. Y en el caso de que se localicen en un plan regulador con viabilidad ambiental, el sistema seria todavía más ágil para los proyectos de alto impacto.

d.     Desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica a algunas políticas, planes y programas (PPP) como mecanismo para agilizar el desarrollo sustentable del país y de ciertos sectores estratégicos como los de Salud, Educación, Energía, Telecomunicaciones, Red de Agua Potable y Alcantarillado e Infraestructura vial (incluyendo puentes, entre otros). Así los proyectos individuales de muchos programas de desarrollo, no tendrían que hacer una EIA individual, sino que el Programa haría una EAE rápida que, con la ayuda de las guías ambientales, permitiría que las aprobaciones, en conjunto, se pudieran dar de forma muy rápida, casi automática, pero de forma eficiente y efectiva, es decir, protegiendo el ambiente y la inversión a realizar.

Las soluciones existen: de esta manera, con unos pequeños cambios de unos 2 o 3 decretos ejecutivos clave, que complementen la Caja de Herramientas existente, elaborados de forma participativa por la Comisión Mixta, con el visto bueno de la SETENA y aprobados por el Presidente y el Ministro del MINAE se resolverían muchos de los problemas de la SETENA (el Carpintero). Esto, sin sacrificar el Modelo de EIA vigente, sustituyéndolo por algo que, como hemos dicho, solo va a incrementar aún más el daño y el Sacrificio Ambiental.

Las ventajas de seguir este camino sugerido es que de verdad se puede mejorar en calidad y cantidad el sistema de EIA que administra la SETENA, disminuyendo al Sacrificio del Ambiente y disminuyendo los procesos de judicialización de los trámites ambientales de los proyectos.

Tomar el camino equivocado, como se pretende, además de poner en aun mayor riesgo el Ambiente, la Naturaleza y la vida de nuestro país, implica una gran pérdida de tiempo, dado que es como si se estuviera retrocediendo 20 años en el tiempo, y que se produzca más y más entrabamiento por la judicialización de procesos que la discrecionalidad que se quiere dar a la SETENA pudiera producir.

En necesario abrir espacios de diálogo y acuerdo que son la única solución para que el país verdaderamente progrese en un marco de Sustentabilidad Ambiental. Han pasado casi tres años del pretendido “Gobierno del Cambio", pero, a decir verdad, se sigue jugando con el Ambiente de Costa Rica.

¿Destrabando o repitiendo errores?

Con el inicio de 2017, año electoral, comienzan los "las propuestas electoreras" de los precandidatos y candidatos. Y como si no "hubiese pasado suficiente agua bajo el puente", nos vienen, nuevamente, con "su mensaje optimista" de progreso y prosperidad: uno de cuyos ejes es el término "destrabar al país".

Tanto es el afán de hacerlo que hay un grupo de gente planteando cambiar nuestra Constitución con el mismo objetivo. Y ya aquí podríamos nosotros los legos en estos temas de "alta política" empezar a sospechar sobre lo que nos están tratando de vender.

¿Destrabando? Cuando nos hablan de desentrabar o, mejor dicho, destrabar, nos plantean la urgencia de poner en “modo progreso” al país. Eso lo traducen en desarrollar proyectos de inversión que produzcan empleo y -según estos discursos- desarrollo para el país. Incluso uno de los precandidatos del PLN nos presenta una lista de "cosas" impulsadas por la última administración Arias Sánchez como su carta de presentación, diciendo que con él volveríamos a ese camino.

Este planteamiento es un "arma de doble filo", pues de dicha administración proviene también una muy larga lista de "cosas malas" que tendrían que ponerse en la balanza de la historia a ver si lo hecho fue tan bueno para querer emularse y continuarse.

Solo en el tema socioambiental hay mucho que señalar: 1) Crucitas y la  famosa "orquestación de voluntades" que señalo del Tribunal Contencioso Administrativo, algo que todavía no termina, pues está pendiente la repetición del juicio, 2) el debilitamiento notable de las áreas silvestres protegidas con la eliminación o intento de reducción de categoría de parques nacionales como el de Baulas, o el Refugio de Gandoca Manzanillo o la Isla de San Lucas, 3) el planteamiento de una megarefineria en Limón, algo que, a la larga, produjo la pérdida de $50 millones al país por el caso Soresco y la frustrada refinería china de Recope; 4) el impulso a un "engañoso" Plan Maestro de Desarrollo Portuario de Limón - Moín que derivo con la ambientalmente equivocada localización de la Terminal de APM, algo que le ha implicado e implicará un gran daño y sacrificio ambiental al país, sin contar el hecho de que prácticamente (y de forma ridícula) el país tenga que despilfarrar $70 millones en una equivocada ruta de acceso que debió haber sido hecha por la misma concesionaria (reconocido así por el actual Ministro del MOPT), 5) la intervención política de la Setena que llevó a que se aprobaran "a golpe de tambor" muchos grandes proyectos, sin que se garantizara su sustentabilidad ambiental, como el caso de la anulada Marina en Moín y otros muchos más, 6) la no aprobación del PRUGAM por el INVU que fue la gloriosa e histórica despedida  del gobierno de Arias y con lo cual se echó a la basura un esfuerzo de 5 años y de $20 millones otorgados por la Unión Europea para poner orden a la GAM, algo que hoy todos estamos pagando por las presas y el enorme congestionamiento vial que cada día empeora, y que nos sirve de recordatorio de lo que implica creerle tan ciegamente a los políticos con discursos baratos (por cierto, cuando estamos en medio de las cansadas y calorosas presas, deberíamos reflexionar sobre esto!); 7) el "aborto" del Proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) que ya estaba aprobado y que, con una inversión de $100 millones hubiera inaugurado su primera fase en el 2013 antes del Metro de Panamá, 8) el inicio de la devastación y expoliación de nuestras riquezas marinas a cambio del Estadio Nacional, cuyo costo lo hubiéramos pagado con tan solo un pequeñísima parte del valor de los recursos marinos sobreexplotados, en el caso de haberse aprovechado de forma racional y sustentable; 9) la engañosa Iniciativa de Paz con la Naturaleza, de la cual formé parte y que me consta que,  cuando realmente se quiso trabajar en serio en sus objetivos fue cuando más abandonada quedó,  algo que convirtió el compromiso de Carbono Neutralidad para el 2021 en solo una quimera politiquera para vender el país al mundo como "ambientalista". 

Todavía hay mucho más, y no solo en el tema ambiental, sino en otros campos en los que otras personas más conocedoras podrán opinar, como el caso de la CCSS y el inicio de la debacle del régimen de pensiones de IVM y del mismo ICE. Sin dejar de mencionar que debido al Referéndum del 2007, con todo su famoso Memorándum “del miedo”, nuestro país quedó dividido y polarizado, lo cual con los años, lejos de sanarse, se ha profundizado, trayendo consigo todavía más freno al verdadero desarrollo que, indefectiblemente, debe sustentarse en el diálogo y acuerdo entre todas las partes.

A lo anterior hay que sumarle lo que han hecho las subsiguientes administraciones de gobierno que, también, con la bandera “destrabar” o “activar” al país, han seguido por caminos similares, haciendo que el verdadero y efectivo progreso del país no llegue y, por el contrario, agravando el problema del estancamiento de la pobreza y, en particular, de la desigualdad social existente, así como de la situación ambiental cada vez más precaria que tenemos, gracias a una evidente falta de visión y eficiencia de nuestros gobernantes en materia de Planificación (estratégica y territorial). Al respecto, más de 20 informes del Estado de la Nación nos lo repiten todos los años.

Modelo de progreso: se hace indispensable que el período electoral en nuestro país se utilice con un fin más positivo que el tratar de convencer a los electores de que se puede “retomar” el rumbo del país, repitiendo modelos del pasado, más cargados de errores que de aciertos.  Nuestra sociedad está más preparada para discutir y analizar planteamientos más concretos y objetivos.

Como se ha se dicho, es relevante escuchar más el “cómo” se resolverán los problemas, que seguir enumerándolos en una lista que cada vez se hace más larga. O peor aún, diciendo que con la elección de tal o cual candidato todo se va a resolver como “por acto de magia”. ¡Nada más falso que eso!

Desde la perspectiva socioambiental, como hemos señalado insistentemente, es indispensable establecer para el país un modelo de sustentabilidad. Modelo que debe basarse en tres pilares fundamentales: planificación territorial, planificación estratégica y control ambiental eficiente y efectivo de las actividades humanas.

A partir de este fundamento es posible propulsar al país en un marco de progreso socioeconómico que, incluso, puede servir de ejemplo al mundo de cómo sí es posible salir del subdesarrollo y enfrentar el reto del Cambio Climático sobre la base de la protección de la naturaleza, el ambiente y la vida.

Seguir en el modelo de resolver solo algunos de los problemas existentes, sin una visión de largo plazo y de sustentabilidad, lo único que hace es estancar aún más al país y desestimular a la población, particularmente a nuestros jóvenes, con lo cual condenamos nuestro futuro.

En este año electoral que inicia esperamos que nuestros precandidatos abran espacios de discusión seria y desarrollen verdaderos planteamientos de progreso sustentable para nuestra Costa Rica. No sé ustedes estimables lectores, pero yo estoy cansado de oír cada cuatro años palabras vacías y referencias a "éxitos" inexistentes.

Montes de Oca: situación ambiental y oportunidad de progreso humano sustentable

Montes de Oca tiene apenas 15,5 Km2. Tiene tres distritos urbanos: San Pedro, Mercedes y Sabanilla, y un distrito “verde”, San Rafael, el cual, ha empezado a urbanizarse aceleradamente.

Montes de Oca forma parte de la Gran Área Metropolitana (GAM) y es “atravesado” por el anillo de contención urbana, que ha impedido que San Rafael se convierta en otro distrito altamente urbanizado.

Alberga muchas de universidades, entre ellas el campus de la UCR y varias instituciones públicas, así como comercios, zonas residenciales y pequeñas industrias.

Fue uno de los primeros cantones en tener Plan Regulador, el cual se ha renovado un par de veces, pero es un claro ejemplo de que el modelo de desarrollo urbano que se ha aplicado, no es sustentable desde el punto de vista ambiental. Algo que aplica también para muchos de cantones de la GAM y del país.

Situación ambiental: en el  2009, por medio del Plan Regional Urbano y Rural de la Gran Área Metropolitana (Prugam) se aprobó, por parte de Setena, la zonificación de fragilidad ambiental de Montes de Oca. se realizó a escala 1:10.000 y se encuentra vigente. En el año 2013, se actualizó.

El resultado arroja importantes datos:

1.    Geoaptitud: la mayoría del cantón califica como de Alta Fragilidad Ambiental, con zonas de Muy Alta Fragilidad. Se debe al tipo de suelo y subsuelo superior, que está formado por espesas capas de cenizas volcánicas y lahares (flujos de origen volcánico), de menos de 100 mil años y que, no están consolidadas, o sea, son deleznables y susceptibles a la erosión.

2.    Geomorfológicamente, el cantón es una ladera distal del volcán Irazú, con pendiente suave a moderada hasta alta, que, combinado con la “mala calidad” geomecánica de las cenizas y lahares, crea una condición moderada hasta alta a deslizamientos.

3.    Hidrogeológicamente, todo el cantón es un área de recarga acuífera. Bajo el cantón hay dos acuíferos, el más superior de potencial bajo y el inferior de potencial alto a muy alto (Acuífero Colima).

4.    Amenazas naturales; inundación de algunos ríos y quebradas, vulnerabilidad por amplificación sísmica y, dos fallas geológicas que “cortan” el cantón en dirección sureste al noroeste.

5.    Bosques y ecosistemas naturales: salvo muy pocas excepciones, el área verde se encuentra en San Rafael. Son bosques secundarios intervenidos, mezclados con potreros con árboles. Ahora están en un serio peligro de ser lentamente urbanizados. Juegan un importante valor ecosistémico (captura de carbono, producción de oxígeno, estabilidad del terreno, paisaje, biodiversidad y mejora de capacidad de infiltración, entre otros elementos).

Situación hidrogeológica:  se analizó la vulnerabilidad hidrogeológica del cantón. Los estudios se encuentran en el Senara. Los resultados son muy importantes:

1.    Las aguas subterráneas son, el recurso natural más importante que tiene Montes de Oca. Bajo la totalidad del cantón se presentan dos acuíferos. El más bajo, a varias decenas de metros bajo la superficie, tiene un espesor promedio de 200 metros, es el más importante. Correspondería con  Acuífero Colima y hacia el Este, pasa hacia otro, el Acuífero (Rancho Redondo).

2.    El acuífero superior, es de menor potencial, pero importante. En el sector de San Rafael presenta 21 manantiales.

3.    El cantón tiene muchos pozos de aguas subterráneas. Algunos se utilizan para el abastecimiento público (AyA). En el Archivo del Senara, se contabilizan 120 pozos, que extraen 234 litros por segundo (121 millones de litros al año) de agua subterránea!

4.    Cuando se compara ese dato con la cantidad de agua de lluvia que se infiltra en el cantón para recargar los acuíferos, resulta que el balance hídrico es negativo para los distritos urbanizados. Esto, se debe al modelo de expansión horizontal que impermeabilizó gran parte de los terrenos. En San Rafael, el balance hídrico todavía es positivo.

5.    La Vulnerabilidad Hidrogeológica del cantón es de Media a Alta, de manera que algunas actividades productivas representan una fuente potencial de riesgo de contaminación del agua subterránea. Esto, y el déficit de áreas verdes en zonas urbanas, debe replantear el modelo urbano de Montes de Oca.

Hacia un modelo urbano sustentable: evaluando la sustentabilidad ambiental del cantón, respecto al modelo de desarrollo urbano desarrollado en las últimas décadas, nos lleva a la clara conclusión que el mismo no ha sido, ni es sustentable.

A pesar de tener plan regulador, por más de 40 años, el modelo urbano del cantón ha sido incorrecto y no compatible con su condición ambiental. Esta situación, combinada con la existencia de una legislación urbana, ambientalmente inadecuada y urbanísticamente permisiva, ha hecho que se haya dado un modelo urbano horizontal equivocado, pues promueve la impermeabilización de los terrenos y la eliminación de las áreas verdes.

Algo que, ahora, por culpa de esa legislación, particularmente el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, así como el de condominios, está haciendo que ese equivocado modelo de expansión urbana no sustentable, se esté ampliando hacia San Rafael, de forma muy rápida y con el agravante de que es el único territorio del cantón, donde todavía hay posibilidad de recuperar el equilibrio ambiental.

Bajo estas condiciones, urge tomar medidas correctivas y cambiar el modelo de desarrollo urbano. Se deben corregir errores y replantear una renovación urbana, más sustentable.

Desde el punto de vista ambiental, los principales lineamientos que debería tener ese modelo urbano sustentable de Montes de Oca, son:

1.    La cobertura o huella de las construcciones debe limitarse, no debería superar el 30 o 40 %, dependiendo de su condición de vulnerabilidad hidrogeológica. El resto del terreno debe dejarse como áreas verdes, como jardines o mejor aún, como zonas arboladas que permitan la infiltración de las aguas de lluvia al suelo y recarguen los acuíferos.El uso del “zacate-bloc” o concreto permeable, también debiera de promoverse al permitir infiltración del agua en áreas de estacionamiento y demás.

2.    Las áreas calificadas como de muy alta fragilidad ambiental (por su alto riesgo), dadas sus condiciones de Geoaptitud, no deberían ser sujetas de construcción y, más bien, deberían ser objeto de regeneración natural de bosques.

3.    El desarrollo urbano debe ser de tipo vertical, pero regulando apropiadamente las “alturas máximas” (14 pisos, se considera apropiado).

4.    Las aguas residuales no deberían ser tratadas mediante tanques sépticos convencionales. Deben ser recogidas por un alcantarillado sanitario y tratadas en una planta de tratamiento eficiente.

5.    Todos los edificios, de construcción vertical, sin excepción, deberían disponer de sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales, así como un sistema de “cultivo de agua lluvia”, para su utilización en las zonas verdes,en batería de sanitarios, y otros usos para los que no es indispensable usar agua potable, de manera que no sobrecarguen, aun más los cursos de agua. En general, todos los edificios (comerciales, institucionales, residenciales o mixtos) deberían ser ecológicos y autosostenibles.

6.    Los tres distritos urbanos del cantón deben ser objeto de una intensa renovación urbana que aumente las áreas verdes, mejore la recarga acuífera y su calidad paisajística. Como parte de ese proceso de recuperación de espacio “verde”, se deber implementar un plan de mejoramiento vial y peatonal que mejore la calidad ambiental de estos distritos del cantón y la movilidad urbana.

7.    En San Rafael, urge detener el desarrollo urbano horizontal y cambiar el modelo urbano por un modelo de mejoramiento y recuperación de las áreas verdes (áreas de protección de manantiales, áreas de recarga acuífera y zonas de riesgo), promoviendo la regeneración del bosque.

Nuevo Plan Regulador, una tarea de todos: desde el año 2002, la Sala Constitucional señaló la importancia de que los planes reguladores realizaran “un examen de su impacto ambiental”. El país, le llamó a esto “introducir la variable ambiental” en el plan regulador o en el plan de ordenamiento territorial. Montes de Oca, aún no lo ha hecho y urge empezar a trabajar en ello.

Esa tarea no le incumbe solamente a la Municipalidad, es también una labor que debemos emprender todos los ciudadanos del cantón y, en particular, las instituciones que se localizan en el mismo. Las  universidades del cantón juegan un papel clave, en particular, la Universidad de Costa Rica.

Dada la velocidad del desarrollo inmobiliario, es una tarea urgente y que debe hacerse sin demoras.

La Municipalidad requiere el apoyo de todos, para que, en un plazo de un año, el cantón cuente con una Planificación sustentable de todo su territorio.

Es posible, podría incluso convertirse en un cantón piloto. Un modelo por  seguir para los demás. Lo podemos lograr ya, con la ayuda de todos. Si está interesado, regístrese ante la Municipalidad.