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¿Destrabando o repitiendo errores?

Con el inicio de 2017, año electoral, comienzan los "las propuestas electoreras" de los precandidatos y candidatos. Y como si no "hubiese pasado suficiente agua bajo el puente", nos vienen, nuevamente, con "su mensaje optimista" de progreso y prosperidad: uno de cuyos ejes es el término "destrabar al país".

Tanto es el afán de hacerlo que hay un grupo de gente planteando cambiar nuestra Constitución con el mismo objetivo. Y ya aquí podríamos nosotros los legos en estos temas de "alta política" empezar a sospechar sobre lo que nos están tratando de vender.

¿Destrabando? Cuando nos hablan de desentrabar o, mejor dicho, destrabar, nos plantean la urgencia de poner en “modo progreso” al país. Eso lo traducen en desarrollar proyectos de inversión que produzcan empleo y -según estos discursos- desarrollo para el país. Incluso uno de los precandidatos del PLN nos presenta una lista de "cosas" impulsadas por la última administración Arias Sánchez como su carta de presentación, diciendo que con él volveríamos a ese camino.

Este planteamiento es un "arma de doble filo", pues de dicha administración proviene también una muy larga lista de "cosas malas" que tendrían que ponerse en la balanza de la historia a ver si lo hecho fue tan bueno para querer emularse y continuarse.

Solo en el tema socioambiental hay mucho que señalar: 1) Crucitas y la  famosa "orquestación de voluntades" que señalo del Tribunal Contencioso Administrativo, algo que todavía no termina, pues está pendiente la repetición del juicio, 2) el debilitamiento notable de las áreas silvestres protegidas con la eliminación o intento de reducción de categoría de parques nacionales como el de Baulas, o el Refugio de Gandoca Manzanillo o la Isla de San Lucas, 3) el planteamiento de una megarefineria en Limón, algo que, a la larga, produjo la pérdida de $50 millones al país por el caso Soresco y la frustrada refinería china de Recope; 4) el impulso a un "engañoso" Plan Maestro de Desarrollo Portuario de Limón - Moín que derivo con la ambientalmente equivocada localización de la Terminal de APM, algo que le ha implicado e implicará un gran daño y sacrificio ambiental al país, sin contar el hecho de que prácticamente (y de forma ridícula) el país tenga que despilfarrar $70 millones en una equivocada ruta de acceso que debió haber sido hecha por la misma concesionaria (reconocido así por el actual Ministro del MOPT), 5) la intervención política de la Setena que llevó a que se aprobaran "a golpe de tambor" muchos grandes proyectos, sin que se garantizara su sustentabilidad ambiental, como el caso de la anulada Marina en Moín y otros muchos más, 6) la no aprobación del PRUGAM por el INVU que fue la gloriosa e histórica despedida  del gobierno de Arias y con lo cual se echó a la basura un esfuerzo de 5 años y de $20 millones otorgados por la Unión Europea para poner orden a la GAM, algo que hoy todos estamos pagando por las presas y el enorme congestionamiento vial que cada día empeora, y que nos sirve de recordatorio de lo que implica creerle tan ciegamente a los políticos con discursos baratos (por cierto, cuando estamos en medio de las cansadas y calorosas presas, deberíamos reflexionar sobre esto!); 7) el "aborto" del Proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) que ya estaba aprobado y que, con una inversión de $100 millones hubiera inaugurado su primera fase en el 2013 antes del Metro de Panamá, 8) el inicio de la devastación y expoliación de nuestras riquezas marinas a cambio del Estadio Nacional, cuyo costo lo hubiéramos pagado con tan solo un pequeñísima parte del valor de los recursos marinos sobreexplotados, en el caso de haberse aprovechado de forma racional y sustentable; 9) la engañosa Iniciativa de Paz con la Naturaleza, de la cual formé parte y que me consta que,  cuando realmente se quiso trabajar en serio en sus objetivos fue cuando más abandonada quedó,  algo que convirtió el compromiso de Carbono Neutralidad para el 2021 en solo una quimera politiquera para vender el país al mundo como "ambientalista". 

Todavía hay mucho más, y no solo en el tema ambiental, sino en otros campos en los que otras personas más conocedoras podrán opinar, como el caso de la CCSS y el inicio de la debacle del régimen de pensiones de IVM y del mismo ICE. Sin dejar de mencionar que debido al Referéndum del 2007, con todo su famoso Memorándum “del miedo”, nuestro país quedó dividido y polarizado, lo cual con los años, lejos de sanarse, se ha profundizado, trayendo consigo todavía más freno al verdadero desarrollo que, indefectiblemente, debe sustentarse en el diálogo y acuerdo entre todas las partes.

A lo anterior hay que sumarle lo que han hecho las subsiguientes administraciones de gobierno que, también, con la bandera “destrabar” o “activar” al país, han seguido por caminos similares, haciendo que el verdadero y efectivo progreso del país no llegue y, por el contrario, agravando el problema del estancamiento de la pobreza y, en particular, de la desigualdad social existente, así como de la situación ambiental cada vez más precaria que tenemos, gracias a una evidente falta de visión y eficiencia de nuestros gobernantes en materia de Planificación (estratégica y territorial). Al respecto, más de 20 informes del Estado de la Nación nos lo repiten todos los años.

Modelo de progreso: se hace indispensable que el período electoral en nuestro país se utilice con un fin más positivo que el tratar de convencer a los electores de que se puede “retomar” el rumbo del país, repitiendo modelos del pasado, más cargados de errores que de aciertos.  Nuestra sociedad está más preparada para discutir y analizar planteamientos más concretos y objetivos.

Como se ha se dicho, es relevante escuchar más el “cómo” se resolverán los problemas, que seguir enumerándolos en una lista que cada vez se hace más larga. O peor aún, diciendo que con la elección de tal o cual candidato todo se va a resolver como “por acto de magia”. ¡Nada más falso que eso!

Desde la perspectiva socioambiental, como hemos señalado insistentemente, es indispensable establecer para el país un modelo de sustentabilidad. Modelo que debe basarse en tres pilares fundamentales: planificación territorial, planificación estratégica y control ambiental eficiente y efectivo de las actividades humanas.

A partir de este fundamento es posible propulsar al país en un marco de progreso socioeconómico que, incluso, puede servir de ejemplo al mundo de cómo sí es posible salir del subdesarrollo y enfrentar el reto del Cambio Climático sobre la base de la protección de la naturaleza, el ambiente y la vida.

Seguir en el modelo de resolver solo algunos de los problemas existentes, sin una visión de largo plazo y de sustentabilidad, lo único que hace es estancar aún más al país y desestimular a la población, particularmente a nuestros jóvenes, con lo cual condenamos nuestro futuro.

En este año electoral que inicia esperamos que nuestros precandidatos abran espacios de discusión seria y desarrollen verdaderos planteamientos de progreso sustentable para nuestra Costa Rica. No sé ustedes estimables lectores, pero yo estoy cansado de oír cada cuatro años palabras vacías y referencias a "éxitos" inexistentes.

Balance ambiental de la administración Chinchilla Miranda

Si se necesitara resumir en pocas palabras la gestión ambiental realizada por  la administración 2010 - 2014 serían: “contradicción, pérdida de tiempo y de oportunidades”.  Hay varias razones que justifican esa afirmación y requieren ser repasadas, a fin de que se evite que sucedan nuevamente en el futuro. Un país como Costa Rica no merece que se le atienda como se le ha tratado en materia ambiental, en particular, cuando en el mensaje presidencial de 1º de mayo se señala el tema ambiental como un “logro” o “avance”. Se inicia  con el pie izquierdo cuando la señora Presidente, en San Carlos, solicita en noviembre del 2010 apoyo a un grupo de empresarios para que le colaboraran en la “lucha” para que los ambientalistas no conviertan a Costa Rica en un museo de historia natural. Se mostraba así un primer atisbo de lo que sería la visión ambiental de la Presidente. Ninguna rectificación o aclaración de su parte motivan a creer que el error de apreciación se mantuvo.

En el tema de minería, además de establecer una moratoria, se logró concretar el compromiso de campaña de emitir una ley que prohibiera la minería de oro a cielo abierto en el país. No obstante, en el tema de Crucitas, la administración mantuvo una posición expectante, y no quiso asumir un papel más activo. En particular, se le solicitó la derogatoria del decreto de conveniencia nacional emitido por la administración Arias Sánchez, y fue cuando Alfio Piva y sus 15 asesores, cuya identidad aún no ha trascendido, nos sale con una cifra de $1.700 millones que debería Costa Rica pagarle a la empresa en caso de derogar este decreto.

La Procuraduría General de la República (CGR) tuvo incluso la osadía de apelar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, exhibiendo así a un Estado capaz de defender lo indefendible, con el resultado que ya todos sabemos. Incluso, ahora con la demanda por $94 millones de la minera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI en inglés), no se reconocen los errores cometidos, y más bien se ponen las mismas instituciones que en su momento favorecieron a la minera, a defender el caso de Costa Rica. Algo paradójico, en particular porque se da al final de la administración.

En el tema de la mejora de la competitividad, al menos en el tema ambiental, se falló notablemente. Nunca se entendió realmente lo que había que hacer y se siguió la misma línea de la administración anterior. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se volvió a intervenir, se atrasó y anuló el funcionamiento de la Comisión Mixta, y se procedió a trabajar por la vía de la imposición de nueva decretos ejecutivos sobre evaluación ambiental. Decretos que tuvieron que ser impugnados ante la Sala Constitucional por su evidente irrespeto al principio de no regresión, y por su claro favoritismo para simplificar o eximir de trámite a actividades como las piñeras y otras actividades industriales. Se perdió así la oportunidad de avanzar en el fortalecimiento y mejora del sistema de evaluación de impacto ambiental (EIA), y prácticamente se perdieron los cuatro años de esta administración.

Pero el tema no se queda solo allí, resulta que en la misma SETENA cerca de 40 informes de planes reguladores fueron archivados, es decir, el 73 % de los expedientes que tramitó dicha entidad. Precisamente el mismo número de planes que la administración se comprometió a dejar aprobados como parte de su Plan Nacional de Desarrollo. Las argumentaciones para ese archivo son casi todas de forma y no de fondo. Y por falta de visión, se archivaron cuando existía la posibilidad de solicitar su corrección por un anexo. Así, el trabajo de apoyo a las municipalidades que por muchos años realizó el Proyecto de Planificación Urbana de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM) y el Programa de Regularización y Catastro se tiró prácticamente a la basura, haciendo que el país retrocediera en materia de ordenamiento y planificación territorial. Algo que pesa mucho más que la cacareada salida de una Política de Ordenamiento Territorial, que es más “letra muerta” que verdaderas acciones.

Intereses. El compromiso de “recuperar” el PRUGAM al inicio de la administración chocó con un muro de intereses de los sectores de la construcción e inmobiliarios. Esto, a pesar de las encendidas palabras de la Presidente Chinchilla a raíz de la muerte de 23 personas por una avalancha en Quebrada Lajas de Escazú. De forma complaciente, se dieron recursos al INVU para que elaborara su Plan GAM sustituto, que llamó el POTGAM, un plan fuertemente defendido por la Cámara de Construcción y también fuertemente combatido, con argumentos ambientales, por algunos pocos, dado su irracional propuesta de urbanizar las zonas de montaña del Valle Central.

Finalmente, ante la no aprobación del POTGAM, se pasó a formular algo “intermedio”, el Plan GAM 2013 – 2030, que se publicó tan solo el 2 de mayo del 2014, casi 4 años después de que el INVU rechazara el PRUGAM. A pesar de esos 4 años perdidos, el asunto aún no termina, pues ese nuevo Plan GAM requiere una profunda revisión, ya que desde su firma (21 de enero del 2014) hasta su publicación, parece haber sido objeto de significativos cambios (recortes o tijeretazos) en materia ambiental y adiciones en materia de desarrollo inmobiliario. Algo que sinceramente no extrañaría para nada, pero denota el nivel de irresponsabilidad existente en las altas esferas del poder en Costa Rica.

Pero posiblemente por lo que más se va a recordar la administración 2010 - 2014 es por la falta de visión en planificación estratégica.  A pesar de contar desde el principio para poder implementarla, por medio de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de políticas, planes y programas, se optó por el camino de la imposición: decretos inconsultos que una y otra vez terminaron en los tribunales.

Un camino carente de visión social y ambiental prejuiciado y que, en todos los casos, chocó contra el muro de la realidad. Proyectos como el PH Diquís, la geotermia en Parques Nacionales, la refinería china, la concesión a San Ramón, el plan de desarrollo portuario de Limón Moín, incluyendo la Terminal de Contenedores, la ampliación de la Ruta 32 y el mismo Aeropuerto en Osa, son claros ejemplos de proyectos de desarrollo que han sido impuestos, en vez de ser llevados a una abierta discusión que permitiera la toma de decisiones estratégicas y la ejecución, bajo salvaguardas, de aquellos para los cuales la sociedad decidiera su realización. El haber obviado esta ruta de diálogo y transparente proceso de participación es, posiblemente, el mayor error cometido.

Proceso. En el tema de Carbono Neutralidad y “logros anunciados”, pues se dice que la meta alcanzada es de un 81%, llama la atención que el avance no necesariamente no es de esta administración, sino de un largo proceso que se viene dando desde hace décadas en lo referente a la recuperación de áreas de bosque. Asunto que todavía está pendiente de ser efectivamente valorado, pues todavía se da una contradicción entre las áreas de aptitud forestal y las áreas de cobertura boscosa que, solo en la GAM, presenta un 60% de déficit de bosques.

Pero lo que falta es mucho más difícil y serio y de eso no se nos dice nada. El país cayó notoriamente en el índice EPI de sostenibilidad ambiental de la posición 5 a 54, precisamente porque al considerar otras variables se pone en evidencia que hablar solo de bosques no es suficiente. En esto, como hemos dicho, es evidente el fracaso de la gestión ambiental realizada al menos durante los últimos 8 años, pues lo indicadores ambientales van de caída, como también van de caída los indicadores sociales, particularmente el que muestra al diferencia de ingreso entre el quintil más rico y el quintil más pobre. Algo que comprueba que el sacrificio ambiental y social realizado se ha hecho para beneficiar a unos pocos y no a la mayoría. Hay más temas y casi todos quedan como pendientes, pues en la administración saliente, o se avanzó muy poco, o peor aún, el problema ambiental se agravó: la protección de los empobrecidos recursos marinos, el fortalecimiento y mejoramiento de las áreas silvestres protegidas, la discusión abierta y decidida de nuestra matriz energética, la disminución de la factura petrolera con acertadas decisiones, el tema de la exploración y explotación de hidrocarburos, la planificación territorial, la protección de los recursos hídricos y su efectiva administración, la problemática de la protección de acuíferos y la correcta administración del uso del suelo, el desarrollo de una más efectiva y acelerada gestión preventiva del riesgo, son algunos de los temas cuya solución queda pendiente para ser retomada por las nuevas autoridades.

Dado que al árbol se le conoce por sus frutos, en materia ambiental, la administración Chinchilla Miranda, no produjo muchos ni buenos frutos. Tenía la mesa servida para hacerlo, después de 4 años de mucha tensión y conflictividad, pero prefirió continuar por el tortuoso camino de la imposición por la imposición, alejándose del diálogo y la correcta participación. No supo  leer los signos de los tiempos y nos hizo perderlo con las negativas consecuencias que ello tiene. Pero de ese error todos debemos aprender, en particular las nueva administración que inicia, a fin de que no repita el mismo camino, y comience con el pie derecho sobre una simple plataforma de tres principios: transparencia, información y participación.