prugram

¿Destrabando o repitiendo errores?

Con el inicio de 2017, año electoral, comienzan los "las propuestas electoreras" de los precandidatos y candidatos. Y como si no "hubiese pasado suficiente agua bajo el puente", nos vienen, nuevamente, con "su mensaje optimista" de progreso y prosperidad: uno de cuyos ejes es el término "destrabar al país".

Tanto es el afán de hacerlo que hay un grupo de gente planteando cambiar nuestra Constitución con el mismo objetivo. Y ya aquí podríamos nosotros los legos en estos temas de "alta política" empezar a sospechar sobre lo que nos están tratando de vender.

¿Destrabando? Cuando nos hablan de desentrabar o, mejor dicho, destrabar, nos plantean la urgencia de poner en “modo progreso” al país. Eso lo traducen en desarrollar proyectos de inversión que produzcan empleo y -según estos discursos- desarrollo para el país. Incluso uno de los precandidatos del PLN nos presenta una lista de "cosas" impulsadas por la última administración Arias Sánchez como su carta de presentación, diciendo que con él volveríamos a ese camino.

Este planteamiento es un "arma de doble filo", pues de dicha administración proviene también una muy larga lista de "cosas malas" que tendrían que ponerse en la balanza de la historia a ver si lo hecho fue tan bueno para querer emularse y continuarse.

Solo en el tema socioambiental hay mucho que señalar: 1) Crucitas y la  famosa "orquestación de voluntades" que señalo del Tribunal Contencioso Administrativo, algo que todavía no termina, pues está pendiente la repetición del juicio, 2) el debilitamiento notable de las áreas silvestres protegidas con la eliminación o intento de reducción de categoría de parques nacionales como el de Baulas, o el Refugio de Gandoca Manzanillo o la Isla de San Lucas, 3) el planteamiento de una megarefineria en Limón, algo que, a la larga, produjo la pérdida de $50 millones al país por el caso Soresco y la frustrada refinería china de Recope; 4) el impulso a un "engañoso" Plan Maestro de Desarrollo Portuario de Limón - Moín que derivo con la ambientalmente equivocada localización de la Terminal de APM, algo que le ha implicado e implicará un gran daño y sacrificio ambiental al país, sin contar el hecho de que prácticamente (y de forma ridícula) el país tenga que despilfarrar $70 millones en una equivocada ruta de acceso que debió haber sido hecha por la misma concesionaria (reconocido así por el actual Ministro del MOPT), 5) la intervención política de la Setena que llevó a que se aprobaran "a golpe de tambor" muchos grandes proyectos, sin que se garantizara su sustentabilidad ambiental, como el caso de la anulada Marina en Moín y otros muchos más, 6) la no aprobación del PRUGAM por el INVU que fue la gloriosa e histórica despedida  del gobierno de Arias y con lo cual se echó a la basura un esfuerzo de 5 años y de $20 millones otorgados por la Unión Europea para poner orden a la GAM, algo que hoy todos estamos pagando por las presas y el enorme congestionamiento vial que cada día empeora, y que nos sirve de recordatorio de lo que implica creerle tan ciegamente a los políticos con discursos baratos (por cierto, cuando estamos en medio de las cansadas y calorosas presas, deberíamos reflexionar sobre esto!); 7) el "aborto" del Proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) que ya estaba aprobado y que, con una inversión de $100 millones hubiera inaugurado su primera fase en el 2013 antes del Metro de Panamá, 8) el inicio de la devastación y expoliación de nuestras riquezas marinas a cambio del Estadio Nacional, cuyo costo lo hubiéramos pagado con tan solo un pequeñísima parte del valor de los recursos marinos sobreexplotados, en el caso de haberse aprovechado de forma racional y sustentable; 9) la engañosa Iniciativa de Paz con la Naturaleza, de la cual formé parte y que me consta que,  cuando realmente se quiso trabajar en serio en sus objetivos fue cuando más abandonada quedó,  algo que convirtió el compromiso de Carbono Neutralidad para el 2021 en solo una quimera politiquera para vender el país al mundo como "ambientalista". 

Todavía hay mucho más, y no solo en el tema ambiental, sino en otros campos en los que otras personas más conocedoras podrán opinar, como el caso de la CCSS y el inicio de la debacle del régimen de pensiones de IVM y del mismo ICE. Sin dejar de mencionar que debido al Referéndum del 2007, con todo su famoso Memorándum “del miedo”, nuestro país quedó dividido y polarizado, lo cual con los años, lejos de sanarse, se ha profundizado, trayendo consigo todavía más freno al verdadero desarrollo que, indefectiblemente, debe sustentarse en el diálogo y acuerdo entre todas las partes.

A lo anterior hay que sumarle lo que han hecho las subsiguientes administraciones de gobierno que, también, con la bandera “destrabar” o “activar” al país, han seguido por caminos similares, haciendo que el verdadero y efectivo progreso del país no llegue y, por el contrario, agravando el problema del estancamiento de la pobreza y, en particular, de la desigualdad social existente, así como de la situación ambiental cada vez más precaria que tenemos, gracias a una evidente falta de visión y eficiencia de nuestros gobernantes en materia de Planificación (estratégica y territorial). Al respecto, más de 20 informes del Estado de la Nación nos lo repiten todos los años.

Modelo de progreso: se hace indispensable que el período electoral en nuestro país se utilice con un fin más positivo que el tratar de convencer a los electores de que se puede “retomar” el rumbo del país, repitiendo modelos del pasado, más cargados de errores que de aciertos.  Nuestra sociedad está más preparada para discutir y analizar planteamientos más concretos y objetivos.

Como se ha se dicho, es relevante escuchar más el “cómo” se resolverán los problemas, que seguir enumerándolos en una lista que cada vez se hace más larga. O peor aún, diciendo que con la elección de tal o cual candidato todo se va a resolver como “por acto de magia”. ¡Nada más falso que eso!

Desde la perspectiva socioambiental, como hemos señalado insistentemente, es indispensable establecer para el país un modelo de sustentabilidad. Modelo que debe basarse en tres pilares fundamentales: planificación territorial, planificación estratégica y control ambiental eficiente y efectivo de las actividades humanas.

A partir de este fundamento es posible propulsar al país en un marco de progreso socioeconómico que, incluso, puede servir de ejemplo al mundo de cómo sí es posible salir del subdesarrollo y enfrentar el reto del Cambio Climático sobre la base de la protección de la naturaleza, el ambiente y la vida.

Seguir en el modelo de resolver solo algunos de los problemas existentes, sin una visión de largo plazo y de sustentabilidad, lo único que hace es estancar aún más al país y desestimular a la población, particularmente a nuestros jóvenes, con lo cual condenamos nuestro futuro.

En este año electoral que inicia esperamos que nuestros precandidatos abran espacios de discusión seria y desarrollen verdaderos planteamientos de progreso sustentable para nuestra Costa Rica. No sé ustedes estimables lectores, pero yo estoy cansado de oír cada cuatro años palabras vacías y referencias a "éxitos" inexistentes.

Planificación territorial: Necesidad urgente, no juego para postergar

El pasado 3 de septiembre se publicó en la Gaceta 172, el Decreto Ejecutivo No. 39150 MINAE MAG MIVAH PLAN TUR, denominado “Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes Reguladores”. La intención original es crear un período de transición de cinco años que agilice según se lee “la revisión de la variable ambiental y la aprobación de los planes reguladores”.   

El reglamento crea una serie de “herramientas de agilización” como forma de implementar esta transición. Aunque la intención, en primera instancia, parece correcta, desafortunadamente, hemos detectado una serie de inconsistencias muy graves en el mismo. Inconsistencias que se suman a unos lineamientos confusos y contradictorios que, lejos de lograr su objetivo, van a provocar más confusión y entrabamiento a la urgente planificación territorial que requiere el país. 

 

Algo que es una verdadera lástima, pues se ha perdido tiempo valioso (más de 15 meses), sin contar los recursos económicos del Estado que se han gastado, en generar algo que, en la práctica, tiene muy poca utilidad y que de llegar a utilizarse integralmente podría provocar serios daños al ambiente y a las personas. Todo lo contrario de lo que realmente se necesita, mientras  la naturaleza cambiante causa estragos cada vez más significativos a la GAM: en esas condiciones, darnos el lujo de estar perdiendo un tiempo valioso en vez de rectificar las cosas constituye una verdadera irresponsabilidad.

 

Inconsistencias: algunas de las inconsistencias principales que se han detectado en el citado decreto son las siguientes:

 

Se crea una condición de excepción que permitiría a las municipalidades incumplir normativa legal y técnica vigente por un periodo de cinco años, a fin de que se apruebe y se ponga en vigencia el plan regulador. Esto con la condición de que al final de esos cinco años se “corrija” el plan regulador vigente con el cumplimiento de la normativa que se incumplió originalmente. Es decir, una especie de “moratoria al cumplimiento de la legislación”, algo que contraviene a todas luces la legislación  vigente y nos asegura por 5 años más decisiones antojadizas y mayores daños a los ya causados por los entes municipales. 

 

Pero las excepciones que se establecen no son cualquier cosa, fundamentalmente se centran en tres temas: vulnerabilidad hidrogeológica, amenazas naturales y capacidad de uso de la tierra. Es precisamente en estos temas en que un buen golpe de timón se imponía para no continuar por la senda equivocada por la que la GAM navega peligrosamente. 

 

En el caso de la vulnerabilidad hidrogeológica se establece una excepción para no elaborar mapas de vulnerabilidad hidrogeológica y  para no aplicar la Matriz del SENARA, con lo cual, en la práctica, los planes reguladores podrían permitir usos del suelo sobre áreas vulnerables a la contaminación, o lo que es lo mismo, se estaría dando una excepción para que se pudieran dar potenciales daños ambientales a los recursos hídricos. Daños que serían irreversibles y que después de 5 años ya no habría forma de remediarlos debido a su alto costo de corrección.

 

En lo referente a las amenazas naturales, el decreto crea una excepción que permitiría construcciones en áreas de amenaza natural. Todo lo contrario a lo esperado para, por ejemplo, evitar tragedias como la de calle Lajas en noviembre del 2010. Es decir, que las nuevas construcciones se instalarían en condiciones de alto y muy alto riesgo. Algo que, como se podrá entender, después de cinco años, cuando se aporte información sobre el tema y las construcciones estén realizadas, podría tener serios costos para el país, en particular para las municipalidades, en razón de haber dado usos del suelo y permisos de construcción en áreas no aptas para ello. 

 

En el tema de capacidad de uso de la tierra el decreto permitiría obviar esta información hasta tanto el MAG, por medio del INTA, se la aporte a las municipalidades. Este caso, aunque algo menos grave que las dos anteriores, también tiene problemas de aplicación en la excepción ya que, sin esa información, se podría estar dando uso del suelo para actividades no aptas en terrenos con capacidad de uso VII (forestal) y VIII (conservación y protección de cuencas hidrográficas), algo que también contraviene el marco legal vigente.

 

Pero el asunto no se queda allí, el decreto señala que las autoridades responsables de esa información (SENARA, CNE e INTA) deberán empezar a entregar información a los municipios en un plazo de dos años, para que comiencen a actualizar sus planes reguladores. Sin embargo, no señalan de dónde se obtendrán los recursos para generar esa información. Además, la duda es si ese plazo se pueda cumplir. El Reglamento de EIA del 2004 dice que entidades  como la CNE y SENARA debían generar información de ese tipo, pero más sencilla, y todavía no lo han hecho de forma sistemática (después de 10 años). Por su parte, el INTA  no actualiza el mapa de capacidad de uso desde 1992. Hay que tomar en cuenta que esos dos años son casi lo mismo que ha llevado el Poder Ejecutivo en emitir el decreto, tiempo que debió haberse aprovechado en generar la antedicha información.

 

El decreto le da atribuciones particulares y señala que el SENARA, cuando elabore los mapas de vulnerabilidad para las municipalidades, debe hacerlo concentrado en las zonas urbanas, como si en las zonas rurales no se dieran actividades que podrían producir contaminación de las aguas subterráneas. Esto contradice totalmente lo ordenado por la Sala Constitucional sobre la Matriz del SENARA.

 

En el tema de Capacidad de Uso de la Tierra, el decreto establece un requisito nuevo que llama poderosamente la atención. En primera instancia, el artículo 21 dice que en ausencia de información se usen los mapas del MAG  de 1992, que están a escala 1:200.000, y luego dice que para todas los proyectos menores de 400 hectáreas (urbanos, industriales, turístico, comerciales, mineros y forestales, entre otros), en el caso de que la resolución espacial “no sea suficientemente precisa se deberán presentar estudios detallados de suelos y capacidad de uso de las tierras”. Algo que debería aportar el INTA y no solicitarlo como un nuevo y costoso requisito que podría afectar a casi todos los proyectos.

 

Contradicciones: además de las inconsistencias señaladas, se identificaron serias contradicciones:

 

Se crea un mecanismo inapropiado para que se utilicen metodologías sustitutivas diferentes a los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA), que es la metodología oficial desde el año 2006. Algo que contradice la legislación vigente y  el Principio de No Regresión, en particular lo señalado por la Sala Constitucional en su sentencia 18836-15: “De conformidad con el principio de no regresividad, la normativa y la jurisprudencia en materia ambiental, no debe ser revisada, si con ello se retrocede en relación con el nivel de protección que ya se había alcanzado en la materia”. 

 

Por otro lado, llama poderosamente la atención que se plantee el uso de una metodología alternativa en razón de que surge la duda de si se trata de planes reguladores ya elaborados, y si es así, surge la pregunta: ¿por qué estando vigente el decreto ejecutivo No. 32967 MINAE se aplicó una metodología sustitutiva? Y en caso de que se haya aplicado una metodología alternativa, surge la duda complementaria de qué entidades la utilizaron y cómo se verían beneficiadas con la implementación del inciso c del artículo 23 del decreto. Algo que a juicio del autor debería ser objeto de investigación por parte de las autoridades correspondientes, en particular la Procuraduría de la Ética.

 

En el inciso c del artículo 24 se crean requisitos adicionales y no establecidos en la metodología de los IFA que, lejos de agilizar, entraban y complican aún más los planes reguladores. 

 

En el artículo 31 del decreto se irrespeta el Principio de No Regresión ya que se plantea, de forma contradictoria, la emisión de un nuevo reglamento que establezca la metodología de la evaluación de la variable ambiental en los planes reguladores. Con ello se incumple el Principio de No Regresión y de Progresividad debido a que se quiere cambiar la metodología de los IFA sin cumplir el procedimiento adecuado establecido en el mismo decreto 32967 MINAE. Además, se  contradice el objetivo mismo del decreto de agilización de los planes reguladores y, además, se promueve una asimetría entre las diferentes zonificaciones ambientales que sustentan los planes reguladores, lo cual se puede traducir en potenciales daños al ambiente.

 

Propuesta: al estar en presencia de una nueva y completa ocurrencia de nuestras actuales autoridades - de las que esperábamos mucho más después de 8 años de ocurrencias con relación al ordenamiento territorial de la GAM - se impone un nuevo ejercicio ante la Sala Constitucional. 

 

Cabe aclarar que en el momento actual hay más de 75 planes reguladores cantonales y costeros “entrabados” en la SETENA y el INVU, debido a problemas de procedimiento. Es claro que se requiere una acción concreta para agilizar el trámite de aquellos planes que, efectivamente, hayan cumplido con la normativa vigente. Al respecto, el autor desde hace casi un año hizo una serie de recomendaciones (ver Página Abierta, Diario Extra del 14 de octubre del 2014: “Destrabando la planificación territorial”) para liberar esa gran presa, algo que es perfectamente realizable si de verdad se tiene disposición de parte de la autoridades.

 

Finalmente, es de gran importancia exigir a las autoridades de gobierno mayores espacios de diálogo participativo en la búsqueda de soluciones a estos graves problemas. Mantener la línea de imponer acciones como las de este decreto, sin una correcta racionalización de los lineamientos, lleva a perder tiempo muy valioso, y lo más grave, condena aún más al país a seguir por la equivocada senda de las ocurrencias inconsultas que explican en gran parte nuestro actual subdesarrollo.