¿Hacia dónde “fluye” Costa Rica?

A poco más de un año de que se haya iniciado el proyecto denominado “Costa Rica Fluye” y analizando con detenimiento los resultados mostrados se hace importante hacer algunas observaciones sobre el tema y cuestionarnos hacia dónde fluye nuestro país. Esto, dentro del contexto de lo señalado previamente por el autor  y en particular considerando la grave situación económica que está pasando nuestro país y con ella una gran parte de la población.

Visión de la crisis: como hemos mencionado previamente  la situación de la crisis en que se encuentra nuestro país, antes de la Pandemia y durante la misma es vista de forma muy diferente por la población. Es como si existieran dos Costa Rica.

Para una parte de la población la crisis no parece ser tan significativa. Ello, en razón de que sus ingresos (por salario, pensión o ingresos por negocios no afectados por la Pandemia) no han sido afectados. Por eso, para esa población, la situación no es tan grave y la coyuntura actual es interpretada como “temporal”.

Para otra parte de la población, que no tiene ingreso fijo ni estable (porque está desempleado, trabaja en la informalidad o porque sus negocios son altamente vulnerables a la situación económica), la situación es muy seria y grave, con el agravante de que ya es mucho tiempo acumulado y de que, todavía, no se ve la “luz al final del túnel”.

Siendo así que existe una gran mayoría de la población (al menos la mitad) que está pasando por una situación muy seria y que el mismo Estado tiene, también un problema fiscal muy serio, es claro concluir que el país se encuentra en una situación socioeconómica muy seria y que requiere una solución profunda e integral.
Por tanto, la búsqueda de soluciones para reactivar la economía del país tiene que tener muy claro esa visión de la crisis y plantearse de forma muy seria, crear soluciones realmente proporcionales a la misma.

Es muy importante no crear falsas expectativas. Como, por ejemplo, decir que podemos resolver todos nuestros problemas con la explotación de hidrocarburos o de minería metálica de yacimientos no probados e inexistentes. Hacer eso es altamente contraproducente y puede afectar aún más la gobernabilidad de nuestro país.
Costa Rica fluye: este proyecto tiene como objetivo contribuir con esa reactivación económica del país por medio de un proceso de agilización del trámite de permisos o autorizaciones que se requieren para emprender o desarrollar actividades productivas. Esta financiado, en gran parte, por la Fundación CRUSA y cuenta con un decreto ejecutivo que lo declara de interés público.

El objetivo planteado para el proyecto es clave en la medida de que, como hemos señalado, es de enorme importancia impulsar un acelerado y potente desarrollo socio ambientalmente sustentable para el país.

Costa Rica tiene recursos y potencial para ello. No obstante, el mayor problema que tiene es la tramitomanía (o tramitología) que es tan complicada y llena de requisitos que, es casi imposible, predecir cuanto puede tardar y costar empezar a ejecutar un determinado proyecto de inversión y desarrollo. Lo que se sabe es que no es fácil y que el tiempo se mide en años. Bajo esas condiciones es, prácticamente, imposible impulsar una rápida reactivación productiva del país. De allí la importancia de hacer fluir a Costa Rica.

No obstante, cuando se revisa el detalle del alcance planteado al proyecto referido, no podemos más que decepcionarnos. Resulta que los mismos gestores del proyecto reconocen que en el país hay cerca de 300 procesos de tramites que requieren ser mejorados, pero el proyecto solo va a atender, en dos años, 25 de esos procesos, es decir, un 8 % del total. Una cantidad poco significativa.

De todos esos 300 procesos hay al menos una 50, cuya mejora integral y sustancial es vital. La mayoría de ellos se refiere a temas ambientales en un sentido amplio. No obstante, cuando se revisan los procesos que están siendo atendidos por el proyecto, solamente uno de ellos está siendo gestionado. Se trata del todos los procesos de permisos y autorizaciones técnicas que tiene que emitir el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Así, desde la perspectiva del Proyecto Costa Rica “fluye” se requerirían más de 20 años para atender todos los procesos que tienen que ser mejorados y una importante inversión económica (más de 10 mil millones) para lograrlo. Se detecta así un fallo sustancial en el planteamiento que creemos que debería ser profundamente revisado.
Por otro lado, desde el punto de vista ambiental también resulta cuestionable el hecho de que sea una Asociación de Empresarios Privados (Horizonte+) y no de expertos técnicos los que están tratando de arreglar la compleja tramitomanía anquilosante que afecta nuestro país.

Decimos que “desde el punto de vista ambiental”, en la medida de que el proceso de mejora de la tramitomanía debería desarrollarse con atinado criterio ambiental y social, de manera tal que, no provoque dudas en los sectores ambientales y sociales y que los haga pensar que el sector empresarial está jugando un papel de “juez y parte” para regular en su “propio beneficio”.

Por situaciones como estas es que surgen paradójicos conflictos como el de la no ratificación del Acuerdo de Escazú. Precisamente porque surge una profunda desconfianza entre los sectores y los lleva a tomar posiciones polarizadas. Algo que para nada beneficia al país y que se resuelve llevando transparencia donde hoy existe cierto grado de opacidad.

Solución y futuro: la situación coyuntural del país es absolutamente extraordinaria y por eso, se requiere de una solución proporcional. Solo así se puede garantizar un futuro de progreso socioeconómico que, de forma indispensable, tiene que ser ambientalmente sustentable. Es nuestro criterio que, hacia ese derrotero no nos estamos dirigiendo. Necesitamos hacer mucho más.

Nos urge avanzar hacia lo que denominamos un Permiso Ambiental Integral (PAI) que utilice todo el potencial tecnológico disponible y fundamentado en un sistema automatizado basado en inteligencia artificial (IA) y en información ambiental inteligente y absolutamente transparente y objetiva. Debemos que aclarar que, aunque algunos cuestionan el uso de la IA, no podemos negar que es el futuro y que en esa dirección se está moviendo el mundo desarrollado. La incorporación a la OCDE nos empuja y acelera en esa dirección.

Un eficiente y completo sistema de algoritmos bien desarrollado y controlado, puede resultar mucho más eficiente y efectivo para agilizar la tramitomanía que un complicado sistema de permisos que requiere de muchas decisiones humanas y, que, como hemos visto con el caso de “La Cochinilla”, puede corromperse de forma tan profunda que puede poner en peligro la integridad institucional de todo un país.

Necesitamos avanzar en una dirección mejor planificada y con objetivos más claros. No podemos darnos el lujo de postergar más algo que debimos empezar a corregir hace muchos años.

Costa Rica tiene el potencial para lograr un PAI transparente y efectivo que, verdaderamente, active el desarrollo y la inversión socio ambientalmente sustentable. Solo tenemos que hacerlo, pues las herramientas ya existen y están disponibles.

Solo Centroamérica podrá salvar a Centroamérica

El año 2020, con los severos efectos de la Pandemia provocada por el SAR-COV 2 y la serie de huracanes y tormentas tropicales que afectaron, en pocos meses a Centroamérica, se ha convertido en el año más destructivo, no solo de la infraestructura de la región, sino también de la voluntad de lucha y de sobrevivencia de muchos centroamericanos, en particular, los más pobres de la región, que son lo más.

Con los efectos de la Pandemia, la pobreza en la región se ha incrementado notablemente a más de un 60 % en promedio, es decir que cerca de 30 millones de centroamericanos viven bajo el umbral de pobreza y de la economía informal que depende del casi desaparecido turismo y de lo que los otros centroamericanos, algo más acomodados, también golpeados (en un buen porcentaje) puedan colaborar.

Con una situación así, en el último trimestre del 2020, con los huracanes Eta e Iota, la situación se ha agravado mucho más. Grandes partes de norte de Centroamérica fueron inundadas de forma severa, se han perdido vidas, puentes, carreteras, campos de cultivo, ganado, casas. Enormes áreas han sido severamente afectadas. La gente en albergues no tiene a donde regresar, pues lo que tenía ha desaparecido.

Los impactos de la Pandemia y los efectos severos del Cambio Climático son como una perversa máquina del tiempo. Nos empobrecen como región y nos hacen retroceder 10, 15 y hasta 20 años hacia el pasado, como si todo el esfuerzo socioeconómico de progreso puesto de manifiesto con la construcción de caminos, puentes, instalación de líneas vitales de electricidad y comunicaciones, entre otros, nunca se hubiera dado. Las calles asfaltadas pasan, como por arte de magia a calles de lastre y barro. La comunicación entre los pueblos vuelve a ser larga y complicada. Hasta los sistemas de comunicación de diferente tipo se pierden, incluyendo la “internet”.

Nuestra región centroamericana, ante estos embates de la Naturaleza, lo que hace y espera, es ayuda internacional parar paliar parte de los mayores problemas que enfrenta. No obstante, esta vez, por primera vez en la historia de la región, la situación es diferente. El resto del mundo está atendiendo sus propios problemas generados por la Pandemia. La ayuda llegará a cuenta gotas y no será suficiente. Por eso, decimos que solo Centroamérica será capaz de salvar a Centroamérica.

Cambio de paradigma: la forma en que Centroamérica puede salvar a Centroamérica es realizando un profundo cambio de paradigma en las formas en que salimos de las crisis que cíclicamente tenemos que afrontar. Si observamos nuestro pasado reciente, en todos los países de la región, observamos el mismo patrón: después de un desastre, buscamos algunos recursos y tratamos de resolver las cosas poniendo pequeños parches, reconstruyendo lo dañado y tratando de seguir adelante, pidiendo, “por lo más divino” que la situación no se vuelva a repetir. Es como un volver a iniciar, empezando desde más atrás de cuando estábamos. En condiciones de mayor pobreza, de mayor vulnerabilidad social y ambiental y con mucho menor resiliencia. La peor forma de estar preparados ante un nuevo evento de desastre.

Esa forma de hacer las cosas, solo nos hunde aún más en el subdesarrollo, no solo económico, sino también de educación y cultura. Nuestros niños y jóvenes, nuestro mayor tesoro, nuestro futuro, quedan fuertemente limitados para poder seguir su camino de educación y así, un desastre como un huracán se convierte en una caja de pandora social y cultural para un país que se hunde lentamente en la pobreza social y en el que se abre una profunda brecha de diferencia social, entre los más ricos y los más pobres que genera escenarios dignos del realismo mágico latinoamericano.

Independientemente del tipo de gobierno que administre cada país de la región, de izquierda, de centro o de derecha, la sombra de un retorno al pasado de pobreza de cierne sobre nuestros países con el tamaño de un enorme huracán. Por eso, independientemente del sistema político imperante y por encima de ello, urge hacer un cambio de paradigma.

Ese cambio de paradigma parte de cambiar la forma en que atendemos los desastres. No puede ser que reconstruyamos sobre los lugares de desastre, sin que corrijamos las condiciones de construcción y desarrollemos obras resilientes, así como una población resiliente. Obviar esto es un grave error, en una región que es una de las zonas de planeta mas vulnerables a los efectos del Cambio Climático que no solo se manifiesta con huracanes y tormentas tropicales, sino también con severas sequías que afectan profundamente, y de forma cíclica al Corredor Seco Mesoamericano.

Y mayor error todavía, si además obviamos que también es una región del mundo muy vulnerable a los GeoRiesgos como los terremotos, las erupciones volcánicas, los deslizamientos, los tsunamis en las zonas costeras y otros eventos de desastre asociados a procesos geológicos.

En solo 500 años la región de Centroamérica ha sido afectada por casi 150 terremotos destructivos, muchos de los cuales se localizaron cerca de las grandes capitales de la región. En promedio, ocurre un terremoto destructivo cada 3 años en la región, siendo el último de estos el de Chinchona en Costa Rica en el año 2009. De manera que los GeoRiesgos no pueden dejarse de lado en el nuevo cambio de paradigma que requerimos hacer para saltar hacia el desarrollo, en vez de seguir sumergiéndonos en el subdesarrollo y el des progreso socioeconómico.

Centroamérica y Japón: aunque las comparaciones, por lo general, no son buenas, en este caso se hace necesario. Resulta que Japón, es una provincia geológica originada por el choque de placas tectónicas muy similar a Centroamérica. Incluso, Centroamérica es un 30 % más grande y es mucho más rica en recursos naturales que Japón. Ambas regionales son altamente vulnerables a los desastres. No obstante, Japón se encuentra entre los cinco países más ricos del mundo, mientras que Centroamérica, como región no alcanza ni el sexto lugar en América Latina. Nos preguntamos: ¿qué marca la diferencia?

A la tentadora respuesta, para algunos, de que se trata de su gente, les diremos que se equivocan. Centroamérica fue la cuna de una gran civilización (Maya) que se extendió por toda Mesoamérica y que prosperó por siglos mostrando impresionantes avances en la arquitectura, la astronomía, la agricultura, la organización social y su convivencia equilibrada con la naturaleza. Los herederos de esta civilización maya todavía se encuentran en Centroamérica.

La respuesta a la diferencia, es clara, y tiene ver con el hecho de que en Centroamérica No realizamos Planificación Estratégica para el desarrollo. Y no la hacemos, porque no conocemos el potencial que tenemos. Y no conocemos ese potencial, porque no tenemos la información científica de detalle que requerimos. Así de simple. Sin información a la escala destallada (1:25,000 o menos) que sirva de base para la Planificación Estratégica de nuestro desarrollo, jamás saldremos adelante. Jamás.

Y si no salimos adelante por esa vía, nuestros problemas se agravarán, aumentará la pobreza, la degradación del ambiente, los conflictos sociales y políticos, la brecha social y la inmigración hacia otros países en busca de respuestas que la región no pudo darle.

La solución está en nuestras manos, pero primero debemos comprenderla bien. Requerimos de hacer un esfuerzo extraordinario para impulsar un Programa de Intervención para el Desarrollo Sustentable para Centroamérica y República Dominicana como el que se ha planteado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En los tiempos en que nos encontramos, bien entrados en el siglo XXI, con el apoyo tecnológico que tiene la región, realizar un Programa de Intervención para lograr el cambio de paradigma en la región, no es tan difícil como se imaginaría y podría generarse en un tiempo más bien corto (dos años como máximo).

A diferencia de otros programas regionales impulsados con antelación, el Programa de Intervención tiene como propósito primordial general información de detalle para la toma de decisiones estratégicas a nivel de gobierno local, sin que la misma no pueda ser también utilizada por otras entidades gubernamentales de lo países. No obstante, se tiene claro que la solución a los numerosos problemas que tiene Centroamérica no se puede dar solo con políticas centralizadas, requiere de la acción puntual y acumulativa a través de los más de mil trescientos gobiernos locales que tiene la región. Esos gobiernos locales requieren información detallada sobre su potencial para planificar su desarrollo sustentable y el progreso de su población.

No hay tiempo que perder y urge empezar a trabajar en el cambio de paradigma. Los años que vienen va a ser más duros que los pasados y solo tenemos una alternativa. No obstante, la crisis en la que estamos también es una gran oportunidad, para corregir errores y cambiar todo para que Centroamérica pueda progresar de forma sustentable y convertirse en un ejemplo para el mundo. Es posible y lo podemos alcanzar.

La meta es que para el 2030, Centroamérica se convierta en una de las regiones más productivas y prósperas del planeta. La clave es cambiar la actitud y la estrategia de desarrollo que tenemos. No es necesario estar esperando “caridad o ayuda” de los otros países: Centroamérica puede salvar a Centroamérica.

Planes de ordenamiento territorial y futuro ambiental del país

Este mes de noviembre del 2018, se conmemoran 50 años de la Ley de Planificación Urbana. Una ley visionaria para su tiempo que, desafortunadamente, no ha podido alcanzarse en todos sus lineamientos, como el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, debido a una serie de factores adversos, entre los que, lamentablemente, debemos incluir la existencia de intereses particulares y muy influyentes, que visualizan los planes reguladores como un freno para sus pretensiones y beneficios.

Pero también, en este mes, se toma una decisión trascendental en nuestra Sala Constitucional. 

Se emitirá resolución sobre la Acción de Institucionalidad presentada por el autor junto con el abogado Álvaro Sagot contra algunos artículos del Decreto Ejecutivo No. 39150 promulgado el 3 de septiembre del 2015.

Flexibilización transitoria: ese decreto, denominado “Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes Reguladores”, aunque tenía algunos lineamientos útiles para agilizar los planes reguladores durante cinco años, tenía una serie de defectos en materia ambiental que resultaban altamente peligrosos para todos.

Uno de ellos, posiblemente el más serio, es que permitía que no se hiciera un cartografiado de zonas con amenazas naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad, fallas geológicas, avalanchas, riesgo volcánico, licuefacción, entre otros), a la misma escala del plan regulador, como está establecido en la Metodología para Introducir la Variable Ambiental en los planes reguladores desde el 2006 por medio del Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE. 

En su sustitución se planteaba que se usaran mapas de amenazas naturales de la Comisión de Emergencias realizados a otra escala y con mayor grado de imprecisión.

Aprobar planes reguladores con esa flexibilización, que de paso es regresiva y contraviene la legislación vigente, significaría un asunto muy grave, dada la naturaleza geológica e hidrometeorológica particularmente activa de nuestro país. 

No hace falta mencionar la gran cantidad de deslizamientos y desbordes de ríos y muchos otros eventos que nos exigen, como país, ser mucho más prevenidos con el otorgamiento de permisos de uso de suelo por parte de los entes municipales.

Este decreto flexibilizante podría incluso llevarnos a la siguiente situación: que los municipios, con un Plan Regulador así aprobado, otorguen permisos de construcción en sitios muy vulnerables y que, más tarde, cuando se hagan los mapas de amenazas naturales con detalle, descubran que permitieron construcciones en zonas no aptas, donde hay vidas e infraestructura en riesgo. 

A este resultado totalmente ilógico es a lo que llegaríamos con esta flexibilización irresponsable intentada por las autoridades en el 2015. 

Nos preguntamos: ¿cómo se resolverían estos casos? ¿Con demandas hacia las municipalidades? ¿Cuánto podría costar?

Grave trasfondo: Cuando se revisa con cuidado el articulado del Decreto 39150, queda a la luz su verdadero objetivo, altamente negativo para el Ordenamiento Ambiental Territorial del país y su futuro. 

En primer lugar, sin dar ninguna justificación, e ignorando la legislación actual, establece que la Metodología de Introducción de la Variable Ambiental vigente desde el 2006 y protegida por el Principio de No Regresión, debe ser sustituida en un plazo de dos años. 

Algo que significaría un muy serio retroceso al avance del ordenamiento ambiental del territorio en Costa Rica, pues desde el 2006 existen 36 planes de ordenamiento territorial con viabilidad ambiental y, si 15 cantones de la GAM pudieran “heredar la viabilidad ambiental” del PRUGAM, lo cual es absolutamente posible, dado que el cartografiado ambiental se hizo a la misma escala del plan regulador, serían un total de 51 cantones. 

Se ve así que la Metodología ha sido funcional y por tanto aplicable.

Pero el asunto no se limita a este aspecto únicamente: resulta que en el Decreto 39150 se introduce un elemento sumamente anómalo en el inciso c del artículo 23. 

Se dice que las municipalidades podrán utilizar metodologías sustitutivas diferentes a la que establece la Metodología de la Variable Ambiental del DE 32967, pese al hecho de que esta metodología es clara en que se podrán usar otras metodologías solo de modo complementario y no de forma sustitutiva.

Cuando revisamos el posible origen de este inciso encontramos una situación bastante “sospechosa”. Resulta que en un oficio (IC-ProDUS-0632 2015) del 19 de junio del 2015, el coordinador de ProDUS UCR le indica al alcalde del cantón de Flores que están atrasados en el ingreso a la Setena, porque ProDUS UCR utilizó una metodología sustitutiva y que están a la espera de que se promulgue el decreto que resuelve esa situación. 

Y efectivamente, tres meses después se promulga el decreto con esa “excepción” sobre las metodologías sustitutivas.

Lo que llama la atención de esto es que el jerarca del ProDUS UCR antes de mayo del 2014 fue nombrado jerarca del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y que es uno de los ministros que firman el Decreto 39150.

Además, resulta que 20 días después de publicarse el DE 39150 se genera un comunicado del Poder Ejecutivo a todos los alcaldes, alcaldesas y concejos municipales e intendentes en que se señala el orden con que la Setena y el INVU van a revisar los planes reguladores. 

Resulta que en la Tabla que se presenta, con los grupos de planes reguladores que van a ser revisados primero, aparecen entre seis o siete planes reguladores realizados por ProDUS UCR, en algunos de los cuales el mismo señor Ministro de Vivienda habría fungido como coordinador y director del Plan Regulador, entre ellos: Santa Ana, Alajuela, Flores, San Carlos e Isla Chira.

De esta manera queda en evidencia que el DE 39150 tiene un trasfondo que “no huele bien” y por eso fue objeto de impugnación y, además de la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, que ha evolucionado hacia una investigación por presunto prevaricato contra los cinco ministros que firmaron el oficio y el Decreto 39150, así como una investigación en la Procuraduría de la Ética Pública. 

Algo sobre lo cual la UCR debería también dar claras explicaciones, en particular a las municipalidades con las que ha firmado contratos por decenas y cientos de millones de colones.

Futuro: como se puede ver, el futuro de lo que va a suceder con el Ordenamiento Ambiental del Territorio en nuestro país está en este momento en nuestra Sala Constitucional y se resolverá el próximo 1 de diciembre. 

Esperamos que los artículos impugnados del decreto sean declarados como regresivos y, por tanto, inconstitucionales. 

De esta manera, nuestro país podrá seguir haciendo el trabajo de ordenar su territorio con criterio ambiental en cumplimiento del artículo 50 constitucional y la amplia legislación ambiental territorial establecida después de los Acuerdos de Río de 1992, según lo ha ordenado la misma Sala Constitucional desde el 2002.