La Ecosfera terrestre, que nos da comer, tiene un límite que estamos cerca de alcanzar

La capacidad de la Ecosfera terrestre, tanto continental como marina, tiene un límite crítico para abastecer los requerimientos de una población humana en crecimiento exponencial. La presión de las actividades humanas hacia los diversos recursos naturales se ha incrementado significativamente, en particular, durante los últimos 40 años en que la población de la humanidad se aumentó de 4,5 a 7,9 miles de millones de personas.

La afectación producida por las actividades productivas humanas ha sido muy intensa, debido a la aplicación de una economía depredadora del ambiente y que, en general, no ha sido, ni es socio-ambientalmente sustentable. Uno de las consecuencias más significativas, es el impacto en la fuente de alimentos para la humanidad, lo cual requiere que se le dé la mayor atención por su gran importancia.
En las últimas décadas nuestro planeta se ha hecho pequeño para la humanidad. La Ecosfera terrestre es la parte de nuestra nave espacial planetaria donde se producen los alimentos que sostienen a la toda la población mundial.

El problema es que ese “invernadero planetario -continental y marino-“ tiene una capacidad máxima de producción y en muchos aspectos ya la estamos alcanzando. Necesitamos reconocer el problema para plantear verdaderas y consistentes soluciones.

Datos de la ONU: la Organización de la Naciones Unidas (ONU), nos informa que “tras décadas de constante declive, el hambre en el mundo ha ido aumentando lentamente desde el 2015”. De acuerdo con este informe (https://www.un.org/es/sections/issues-depth/food/index.html), en el 2018 se estimaba que 821 millones de personas se iban a la cama con el estómago vacío.

Desde el 2004, según la ONU, el aumento de producción de alimentos no pudo mantenerse al mismo nivel en el que crecía la demanda, por lo que los precios de la mayoría de los cereales comenzaron a subir. Se indica además que: la crisis económica mundial de 2008 y 2009 minó la seguridad alimentaria de muchos países.

El hambre ha aumentado en muchos de los países donde la economía se ha desacelerado o contraído, principalmente en los estados de ingresos medios, tal y como muestra el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2019. Uno de cada 10 seres humanos padece malnutrición o hambre en el mundo. De acuerdo con la ONU, es el principal riesgo a la salud de las personas, más que el sida, la malaria y la tuberculosis juntas.

Acceso a los alimentos: referente al acceso insuficiente a la comida nutritiva, la cifra es todavía más alarmante, según la ONU. El dato es de 2 mil millones de personas, localizados mayoritariamente, en países en vías de desarrollo, pero también representan un 8 % de la población de norte América y Europa, donde, paradójicamente, se desperdician como desechos gran cantidad de alimentos. África es la región más crítica, ya que casi el 20 % de sus habitantes se encuentra ”bajo el yugo del hambre y la malnutrición”.

Datos del 2020 señalan que la “producción de alimentos a nivel mundial solo alcanza para alimentar el 44 % de la población” (https://www.posibl.com/es/news/sociedad/la-produccion-de-alimentos-a-nivel-mundial-solo-alcanza-para-alimentar-al-44- de-la-poblacion-17685511). El resto de alimentos se produce a costa de los límites planetarios según un análisis del sistema agrícola global, realizado por científicos del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), en Alemania.

Según el estudio, se asigna demasiada tierra para cultivos y ganado, se fertiliza demasiado y se irriga también en demasía. A modo de ejemplo, la cantidad de agua (en litros) que se requiere para producir un kilogramo de banano es de 800, de papas es de 287, de maíz es de 1.000 y de carne es de 15.000 (fuente: https://www.gaceta.unam.mx/la-produccion-de-alimentos-el-mayor-desafio-en-el-mundo/)

Medidas a tomar: el estudio citado señala que todavía existen vías para solucionar la situación y producir alimentos de forma más sustentable. Por ejemplo, en África subsahariana, se sugiere que una gestión más eficiente del agua y los nutrientes podría mejorar considerablemente los rendimientos agrícolas.

Otra de las recomendaciones de los expertos es la reconstrucción de las granjas utilizadas actualmente. La idea es ceder tierras en aquellos territorios donde más del 5 % de las especies están amenazadas. En aquellos bosques tropicales donde más del 85 % de sus árboles han sido talados, la tarea es reforestar. Se debe reducir la extracción de agua dulce utilizada para riego al igual que debe disminuirse el uso del nitrógeno para fertilizar terrenos cercanos a aguas superficiales, para evitar contaminación.

Y, agregan, en lugares donde estos límites no se exceden pueden expandirse granjas de cultivo. El estudio concluye que, las acciones a tomar, en este tema, potenciarían la producción actual a 7.8 mil millones de personas, una cifra cercana al total de la población mundial en este momento. De hecho, bajar el desperdicio de alimentos y depurar las porciones de carne en las dietas globales a una o dos, aumentaría las reservas agrícolas hasta 10,2 mil millones, un poco más de la población global proyectada para los próximos 30 años.

En el caso de Costa Rica y otros países tropicales con suelos muy fértiles y que no se están usando para la producción de alimentos, el paso hacia una producción agrícola y agropecuaria regenerativa que evite la emisión de gases de efecto invernadero y más bien estimule el desarrollo de sumideros de carbono, resultaría en una actividad económica de gran potencial.

En síntesis, los patrones actuales de producción de alimentos en biomas terrestres no son ambientalmente sustentables, con lo cual se está incrementando seriamente la afectación de la Ecosfera terrestre. Además de ello, los alimentos que se producen son cada vez más costosos y no alcanzan para toda la población mundial. Pese a ello, existen posibles soluciones, pero se requieren acciones rápidas y urgentes en materia de realizar cambios en agricultura y la ganadería de forma tal que se dejen de afectar los límites planetarios para la producción de alimentos. Además, se hace indispensable producir alimentos más sanos y nutritivos, que garanticen una “seguridad alimentaria sustentable”.

Alimentos pesqueros: en materia de la producción de alimentos pesqueros (marinos y dulceacuícolas) la situación mundial muestra tendencias que preocupan. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desde 1950 hasta el 2020 la captura de especies marinas se quintuplicó, pasando de 20 millones de toneladas anuales a cerca de 100 millones de toneladas por año.

Por su parte, desde 1970 la acuicultura continental y marina se incrementó desde casi cero a 80 millones de toneladas por año. Esto, posiblemente hizo que los efectos de la sobreexplotación de especies no hayan sido tan intenso, aunque se ha duplicado desde la década de los años 70. Pese a eso, la tendencia de la pesca biológica no sostenible se ha incrementado en las últimas décadas y muestra una tendencia preocupante. También preocupa la acuicultura ambientalmente no sustentable.

Los estudios biológicos sobre las poblaciones marinas del planeta arrojan un indicador muy preocupante: la población total de vida marina se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años, y su reducción sigue en aumento.

A lo anterior se suma la afectación que tienen las aguas continentales y, particularmente marinas, por contaminación por químicos, microplásticos y, además, las afectaciones por efectos de Cambio Climático que llevan a considerar que, también en este tema nos estamos moviendo hacia un punto de No Retorno. Situación que implicaría que los mares dejen de producir alimento (en las próximas décadas) para una población humana cada vez más creciente.

Perspectiva de situación y soluciones: para los habitantes de un país tropical y fértil como Costa Rica, la idea de que la producción de alimentos en el mundo está disminuyendo resulta más bien rara. Los mercados y supermercados ofrecen una abundante variedad, tanto de vegetales como de cereales, granos y diferentes tipos de carne y pescado, aunque con precios cada vez más altos.

Algo similar sucede en los comercios de alimentos de los países industrializados y económicamente ricos. Situación que hace, como la disposición de aire para respirar y agua para tomar, nos hace tener la sensación de que no está pasando nada, lo cual no es la realidad. Más esa situación de oferta de alimentos no es la situación de todo el mundo.

La verdad es que en el planeta la producción de alimentos continentales y pesqueros está en descenso y que su costo ambiental de producción es cada vez más alto. Durante décadas esa producción ha traído consigo una mayor presión sobre los recursos naturales como el suelo y el agua, y provocado una significativa y creciente contaminación ambiental, incluyendo los océanos.

Toda esa realidad no puede ser ignorada, pues dejar que las tendencias que se han dado en los últimos años, sigan su camino, solo nos llevará a un escenario de mayor deterioro ambiental, costos cada vez más altos y en determinado momento, escasez. Es decir, con una población mundial con menor acceso a una alimentación apropiada. Algo que resultará, inexorablemente, en un problema social, de salud y ambiental para la humanidad.

Y como hemos indicado antes, si existe solución concreta a estos problemas, pero requiere ser implementada y actuar lo antes posible. Parte de esa solución consiste en aportar información ambiental inteligente a los gobiernos locales para ordenar y planificar el uso de sus territorios de forma sustentable. No todos los espacios geográficos son aptos para la producción agrícola y agropecuaria, como tampoco lo son para el desarrollo urbano.

Resulta de gran importancia, por medio de la planificación ambiental del territorio (de escala detallada), establecer las zonas de producción agrícola y agropecuaria principalmente regenerativa y ordenar la producción sustentable de alimentos vegetales y de proteínas animales.

En este tema, los países tropicales como Costa Rica, con suelos fértiles y con muy alta disposición hídrica tienen un potencial productivo muy alto. Algo que aportaría mucho a su desarrollo socioeconómico sostenible, ante un mundo con cada vez menos oferta de productos alimenticios verdaderamente ecológicos y sustentables. Las soluciones son viables y posibles, pero se ocupa empezar a actuar pronto y a escala local (municipal).

A este respecto, como ciudadanos de un cantón, todos tenemos el derecho de preguntar: ¿dispone nuestro municipio de un plan de ordenamiento territorial debidamente sustentado en información ambiental detallada?, ¿se han planificado ya los territorios para producción agrícola y agropecuaria regenerativa?, ¿se ha organizado la forma de corregir la contaminación ambiental que se está produciendo en el cantón?, ¿se ha iniciado un plan de recuperación y de restauración del equilibrio ambiental del territorio? Como se puede ver, hay mucho que podemos hacer. Solo debemos tener la voluntad de hacerlo.

Balance ambiental de la administración Alvarado

No es sencillo establecer un balance equilibrado para una administración de gobierno que se enfrentó a la tarea de imponer un paquete de impuestos a la sociedad y, además, tuvo que enfrentar la Pandemia mundial por el SARS-COV 2. Afirmamos esto, en primer lugar, porque muchos opinarán que no es justo que se diga que el balance ambiental es negativo dadas esas circunstancias.

Sin embargo, no podemos dejar de lado que ninguna de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental del Estado cerró, ni perdió funcionarios, ni tampoco los salarios de los funcionarios públicos dejaron de pagarse. De allí que, a pesar de esos escollos es necesario hacer un análisis lo más objetivo posible, en el sentido del ambiente.

Por sus frutos los conoceréis y no por sus intenciones y, agregaríamos, además, tampoco por los premios internacionales recibidos ni por la cantidad de puestos, también internacionales, a los que se van algunos altos funcionarios de esta administración. La gestión ambiental de un Estado como Costa Rica no puede ser medida de esa manera.

Son muchos los temas que pudiéramos tratar a la hora de hacer un balance. Más, para no extendernos mucho, consideraremos los más relevantes sin que su orden implique ninguna categorización.

Ordenamiento y Planificación territorial: es claro que en este proceso se dio un fuerte retroceso. El MINAE cedió la rectoría al MIVAH y de allí se derivó la propuesta para sustituir el reglamento para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores. Se sustituye un instrumento más objetivo en materia de protección ambiental, por otro que está hecho para favorecer un “desarrollo” urbano que cumple reglas de mercado inmobiliario y no de protección del ambiente. En esto, la administración Alvarado será recordada por un gran daño producido al país: retrocedemos hacia una planificación urbana realizada al gusto del cliente.

Planificación estratégica: al igual que en otras administraciones anteriores no se dio ningún avance. Esto, a pesar de que se tuvo la posibilidad de avanzar con el desarrollo de un reglamento sobre evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas que la Contraloría General de la Repúblico ordenó que se elaborara desde el año 2017. La planificación estratégica, supra y sectorial es vital para el desarrollo sustentable de un país. Y también lo es para lucha contra el cambio climático y otras tareas ambientales y sociales como el alcanzar los objetivos 2030 del desarrollo sostenible de la ONU. Se perdieron cuatro años más y el país y su modelo de desarrollo estratégico sigue a la deriva movido por ocurrencias.

Lucha contra el Cambio Climático: al igual que en casi todo el resto del mundo se considera que esta tarea comprende: viajes que producen muchas emisiones de CO2, hospedajes en hoteles de lujo, reuniones de preparación, discusiones, discursos muy llamativos en un inglés muy ensayado, muchas e intensas negociaciones que no llegan a nada y muchas, muchas fotos y videos. Ah, y, además, hacer publicidad y, se si puede, recibir premios por cosas que han hecho otros en el pasado y cuya intención no era la lucha contra el cambio climático. Y, la cereza en el pastel es que el jerarca del MINAE sea premiado con un alto puesto en una organización internacional. Algunos dirán “misión cumplida”, “que gran esfuerzo”.

La verdad, ningún avance real: las emisiones crecen, la temperatura de la atmósfera aumenta, el deterioro planetario se incrementa y la vos de Costa Rica sigue metida en la burocracia de las COP que no representan un efectivo camino en la lucha contra el Cambio Climático.

El consumo de hidrocarburos de nuestro país se incrementa y como ya hemos notado, nuestros bosques y nuestra biodiversidad están siendo masacrados ante la inoperancia de las autoridades ambientales. El Tren Rápido de Pasajeros quedó pendiente para no sabemos cuándo ni cómo. Definitivamente, no se hizo nada, por el contrario, se retrocedió más.
Control ambiental eficiente: este tema es un absoluto desastre. Mientras las autoridades del SINAC dicen que están haciendo un gran esfuerzo por estar confiscando orquídeas de los carros que vienen del campo, cientos o miles de hectáreas de bosques han sido arrasadas para dar paso a zonas de cultivos intensivos o se han quemado, incluso en áreas silvestres protegidas debido a la legislación alcahuete que permite las quemas controladas que de control no tienen nada.

En las zonas urbanas la falta de control ambiental eficiente y efectivo hace que casi todas las actividades productivas (industria, comercio y servicios) no dispongan de buenos de sistemas de gestión ambiental e incumplen la legislación ambiental generando contaminación de aguas, suelos y del aire. Las ciudades son ruidosas, desordenadas y sucias.
Y si de expedientes ambientales en el Tribunal Ambiental Administrativo hablamos, el asunto es mucho más decepcionante.

Miles de expedientes trabados con años de espera a una justicia ambiental que, cuando se aplica, resulta insuficiente o hasta injusta debido a la contradictoria y hasta ilógica normativa que se aplica. En resumen, el control ambiental está muy mal.
Gestión de los recursos hídricos: “fatal” es la mejor palabra que describe lo que se ha hecho en estos últimos cuatro años. Por desidia o inoperancia del ejecutivo se dejó vencer el plazo para pasar una Ley de Aguas moderna y realmente efectiva. No, un obsoleto texto que se tenía de propuesta. La maraña de normativa que regula las aguas es un caos. No son reglamentos, se trata de ocurrencias, lineamientos y caprichosas órdenes emitidas en medio de un conflicto entre instituciones que, lejos de coordinar, compiten por ver cuál obstaculiza más que la otra. Sin contar que, con ello, se hace daño a una gran cantidad de gente y de proyectos, sin que por ello, se esté haciendo algo útil por el ambiente.

En tema de fuentes de agua para desarrollo urbano el asunto va de mal a peor, casi llegando a desastre. El AyA se ha burocratizado tanto que ahora disponer de agua para un proyecto es casi como si se obtuviera un premio nacional como el Magón o algo así. Los proyectos estratégicos para nuevas fuentes de agua, literalmente, se han ahogado en bur(r)ocracia y se han atrasado desesperadamente. La paradoja: se niega la disponibilidad de agua a un proyecto de inversión de decenas o cientos de millones de dólares, a pesar de que el terreno tiene en el subsuelo un acuífero de alta calidad que lo puede abastecer con el agua suficiente con solo hacer un pozo y sin que tuviera que cumplir una tramitomanía jubilativa (para los gestionantes y los funcionarios, por la cantidad de tiempo que se requiere).

Minería: el tema Crucitas quedó sin resolver. Más bien, la minería ilegal y artesanal se incrementó hacia otras áreas del país. La misma tramitología compleja y las leyes mal redactadas siguen sin permitir encontrar una solución técnica y ambiental para los pequeños mineros artesanales, algo que urge resolver de forma integral. Todavía se está al pendiente de una modernización integral del reglamento de minería. Quedan al pendiente proyectos de ley que pretenden volver a activar la minería metálica en el país. Se ha perdido tiempo en lograr hacer una verdadera acción con las comunidades para hacer conciencia sobre la inviabilidad ambiental de la explotación minera metálica en Costa Rica. En resumen, no se avanzó nada.

Matriz energética: en energía estamos atrapados en una red de energía marca ICE que no permite que se den otras iniciativas energéticas porque se corre el riesgo de que se desequilibren las balanzas de esa institución. Funciona como un gigantesco monopolio que se recicla a sí mismo y que no asume consecuencias, como lo fue el cierre tardío del P.H. Diquís a un costo de muchos millones de dólares y grandes daños ambientales en la cuenca del Térraba. Costa Rica tiene un enorme potencial de energías sustentables aparte de la hidroeléctrica, como por ejemplo la Geotermia de baja y media entalpía, algo que se puede abrir al desarrollo privado al menos para autogeneración y otros muchos usos. Pero en esta, como en otras muchas, se impone la posición de que no debe abrirse a la iniciativa privada para que el mercado de energía siga atrapado para el beneficio de algunos pocos y no necesariamente del país.

Mares: aunque se han gastado muchos recursos en publicitar que se ha trabajado duro en incrementar a un 30 % de áreas marinas protegidas, en la realidad no se ha realizado una tarea verdaderamente efectiva. Si en las mismas áreas protegidas marinas se da pesca ilegal y hasta aleteo del tiburón, por falta de control y recursos de las autoridades, es fácil concluir qué estará pasando en el resto de los mares patrimoniales que no están protegidos. Un simple festín de sobreexplotación pesquera (principalmente el atún aleta amarilla y el tiburón, entre otras especies) por parte de flotas extranjeras. La vida silvestre marina también es vida que requiere ser protegida y no abandonada a la suerte de instituciones como INCOPESCA que simplemente la ven como si fueran billetes de dólar de baja denominación flotando en el mar. El MINAE tiene que asumir una verdadera y efectiva tarea en proteger la biodiversidad marina y administrar esos recursos con un verdadero criterio de sustentabilidad. En resumen, muy poco avance a pesar de premios, distinciones y mucho autolaurel por una tarea muy mal hecha.

SETENA y evaluación de impacto ambiental (EIA): la administración Solís dejó firmado para publicar un reglamento integral de EIA auspiciado por la Cámara de Construcción y los inmobiliarios. La administración Alvarado, no lo publicó y se puso a hacer un diagnóstico que duró años y, no dudamos, costó muchos recursos. Al final, se elaboró una propuesta de nuevo reglamento, mucho más regresivo y desprotector del ambiente que el anterior. Su publicación tiene un gran significado pues demuestra con hechos concretos la falta de responsabilidad y verdadera conciencia ambiental de la administración de gobierno que se va. En la práctica la EIA queda solo de nombre y la protección ambiental preventiva queda atrás. Algo sumamente grave si se toma en cuenta que la verdadera tarea es buscar la sustentabilidad ambiental del desarrollo y no convertir la viabilidad ambiental en un simple trámite sin valor.

Areas silvestres protegidas: la administración de estas áreas, incluyendo los parques nacionales está en vías de un fracaso rotundo. Hay muy pocos guardaparques si se compara con la enorme burocracia que tiene el SINAC. La minería ilegal, la cacería, la extracción de especies, los incendios forestales, el narcotráfico y hasta la deforestación están deteriorando muy rápidamente uno de los mayores tesoros que tiene el país. Las comunidades cercanas están desconectadas de estas áreas porque las ven como si fueran “territorio enemigo”. Conforme pasa el tiempo el deterioro se incrementa y en esta administración se aceleró rápidamente. Por eso, hasta vergüenza da que al país se le premie, pues la verdad es que eso, lejos de ayudar empeora la situación ya que se invisibiliza la realidad. Se requiere un cambio radical de estrategia para proteger las áreas silvestres protegidas. Una estrategia que debe involucrar a las comunidades y los gobiernos locales y no a oficinas desde San José que no hacen casi nada. Y ni qué decir de los humedales que están abandonados a su suerte.

Tramitomanía ambiental: el sector ambiental, como otros sectores, se ha ido llenando de una compleja, densa y cada vez más grande maraña de trámites. Y no se trata solo de decretos ejecutivos, sino también de resoluciones, lineamientos, directrices, memorándums y otros instrumentos que, cuando se observan en conjunto, dejan ver una muy confusa serie de requisitos y trámites que no tienen sentido práctico alguno, salvo, eso sí, el de justificar el larguísimo tiempo que tardan los funcionarios en realizar una gestión administrativa. En este tema, durante la administración Alvarado, a pesar de que se diga que se trabajó en “desregular” la tramitomanía ambiental, más bien se incrementó notablemente. Algo que resulta muy grave en la medida de que debilita de forma muy profunda los objetivos de la verdadera gestión ambiental eficiente. Así, aunque se diga que se ha trabajado mucho en materia de administración ambiental, en la realidad se ha gastado tiempo y recursos y lejos de resolver problemas, se han empeorado. Quedamos al pendiente de que se investigue en que se gastaron los recursos de “Costa Rica fluye” y que resultados reales dejó.

Sistema digital: la moda en la Administración Alvarado fue el desarrollo de plataformas digitales y de sistemas de información digitales. Algo que se catalizó con lo de la Pandemia. No conocemos la cantidad de recursos invertidos para desarrollar esos sistemas digitales, pero no dudamos que han sido muchos cientos de millones o quizás miles de millones de colones. Sin embargo, no han resultado en una mejora cuantitativa de la gestión ambiental. Cada plataforma digital funciona como una isla con sus propias reglas. No hay interconexión y los criterios de calidad y de certidumbre de la información ambiental digital no existen. Así, conforme más información se sube, más complejidades les crean a los usuarios. De esta manera, lejos de alcanzarse el objetivo de incrementar y mejorar los servicios, se incrementa la tramitomanía y la ineficiencia de la gestión. En este tema, de verdad que se ha dado una gran pérdida de tiempo y recursos.

Balance final: aunque existen otros temas que se pueden desarrollar, como, por ejemplo, el enorme consumo per cápita de agroquímicos que tiene el país, el que los ríos urbanos sigan igual o más contaminados y el que no se haya dado un verdadero impulso al desarrollo de la agricultura y ganadería regenerativa, algo estratégico para Costa Rica; con lo que hemos visto, podemos llegar a la triste conclusión de que la gestión ambiental realizada fue sumamente ineficiente. Algo que es muy grave por el “estado de salud” en que se encuentra nuestro planeta y por el hecho de que nuestro país tiene una gran responsabilidad internacional por su reputación en el tema ambiental y, también, por el hecho de que su principal fuente de ingresos (el turismo) se desarrolla como consecuencia de esa “fama ambiental” que tiene Costa Rica.

Aclaramos que con este balance no está dirigido a las personas, sino a los cargos que asumieron y con ello, la responsabilidad que eso implica. No es de recibo, como hemos dicho, que después se argumente que “no se sabía que el asunto era tan complejo” o que “no se tenía el conocimiento suficiente”. No se vale. La responsabilidad del cargo lleva implícito el que se tenga claro cuál es el problema para resolver y como atenderlo. Para ello, es vital que el jerarca esté abierto a escuchar opiniones de todos las partes y buscar soluciones equilibradas.

En la coyuntura actual en que se encuentra nuestro mundo, perder cuatro años y grandes recursos sin que se diera un avance real en la protección del ambiente y, más grave aún, se diera un retroceso, no es perdonable. Sabemos bien que no ha sido la única administración que ha hecho esto, pero conforme más pasa el tiempo, más pesados y graves son los yerros. La administración Alvarado nos deja una deuda muy grande por su enorme falta de visión y claridad en la forma en que tenía que atender al país en materia ambiental. Esperamos que eso no se repita nunca más.

Desproteger el ambiente y la vida no es la correcta alternativa para agilizar el desarrollo del país

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un instrumento de gestión ambiental preventivo. Su objetivo fundamental es integrar la dimensión del medio ambiente en el diseño de un proyecto a fin de que este alcance una condición de equilibrio generando el mínimo impacto.

En Costa Rica, diversas entidades como la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República han señalado que la EIA es el principal instrumento que permite tutelar el derecho de todo ciudadano a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Breve historia: la EIA se originó en los Estados Unidos de América desde finales de la década de los 60. Su función principal es la de servir como instrumento económico, pues la realización de una efectiva EIA evita que se den sobrecostos en los proyectos cuando surgen problemas técnicos (ambientales) no previstos en las fases de pre y factibilidad. No en vano se señala que es ocho veces más caro corregir que prevenir. De allí la gran utilidad y funcionalidad de la EIA.

Como producto de los Acuerdos de Río de 1992, la EIA fue adoptada por la mayoría de los países del mundo como una forma proactiva para que los proyectos de desarrollo se ejecutaran de forma armoniosa con el ambiente. En Costa Rica, aunque ya algunos proyectos realizaban EIA, como la minería, desde 1982, con la aprobación de la Ley Orgánica del Ambiente en 1995 la EIA se generalizó para todos los proyectos, obras o actividades.

Desde que salió el primer reglamento de EIA en enero de 1997 se empezaron a dar problemas con ciertos sectores productivos (principalmente el sector construcción e inmobiliario), pues se consideró que era un trámite (y gasto) nuevo para la inversión.

Esto, a pesar de que solo los proyectos de más de 10 mil metros cuadrados tenían que hacer trámite de EIA ante la SETENA.
En febrero 2002 la Sala Constitucional suspendió la aplicación de ese reglamento, pues interpretó que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente no permitía el establecimiento de umbrales o límites que establecieran cuales proyectos debían hacer EIA y cuáles no.

Comisión Mixta: entre el 2002 y el 2007 se conformó una Comisión Mixta de amplia participación (instituciones, academia, cámaras del sector productivo, consultores, colegios profesionales, organizaciones ambientales, principalmente) que estableció el Reglamento General de EIA que rige en Costa Rica, así como el conjunto de instrumentos y procedimientos técnicos que norman el tema. En dicho reglamento se oficializó dicha Comisión Mixta como un ente asesor de la SETENA en la modernización y mejora de esos instrumentos técnicos de EIA.

Después del 2007 se dejó de convocar a la Comisión Mixta y el conflicto contra la EIA se reestableció. Ya para el 2010 los sectores productivos habían elaborado su propuesta de nuevo (sustituto) reglamento de EIA en la que se volvían a establecer umbrales. El planteamiento siempre ha sido que la mayoría de los proyectos, particularmente del sector de construcción e inmobiliario, no tengan que cumplir con el trámite de EIA. La principal justificación es el tiempo que tarda el proceso, pero la solución que se plantea es que los proyectos sean eximidos del trámite de EIA y, prácticamente se puedan localizar en cualquier lugar independientemente de la condición de fragilidad ambiental del terreno.

RECSA: Durante casi 10 años, la versión de reglamento sustituto de EIA, del sector productivo, llamado RECSA, se mantuvo como propuesta dizque, para modernizar y agilizar el trámite de EIA ante la SETENA.

En el 2018 la administración Solís lo dejó firmado y listo para ser publicado. Empero, cuando se revisó la propuesta de forma pública surgieron muchas dudas y observaciones. La actual administración le pidió, entonces, al mismo sector productivo que le “mejorara”. Así surgen el RECSA y el MECSA.

A finales del 2020 la Comisión Mixta revisó la propuesta final del RECSA y su manual (MECSA) y concluyó que ambos instrumentos no eran viables como herramienta para sustituir el Reglamento general de EIA del 2004 y los instrumentos de su manual técnico de EIA aún vigentes. Algunos consideraron que con eso había finalizado el conflicto, en particular por el hecho de que el trámite de proyectos ante la SETENA se había puesto al día en el cumplimiento de plazos.

Incomprensible nueva propuesta: no obstante, la historia no había terminado, durante el año 2021 y sin la participación de la Comisión Mixta ni de la Comisión Plenaria de la SETENA, un “anónimo y pequeño” equipo técnico de esa Secretaría elaboró una nueva propuesta de Reglamento general de EIA para sustituir el del 2004.

La revisión por parte del autor de esa propuesta lleva a la conclusión de que se trata de una herramienta aún más incompleta e inconsistente que el mismo RECSA. No por casualidad, los sectores productivos lo apoyan tan entusiastamente.

El autor realizó en el mes de octubre del 2021 un documento de 10 páginas con observaciones sobre la propuesta de ese reglamento en revisión. Ahora, nuevamente hay una versión de propuesta de reglamento de EIA en revisión. Se aclara que la propuesta no cambió mucho respecto a la versión del mes de octubre y, por tanto, las observaciones previamente realizadas siguen válidas.
Son muchas las inconsistencias que se detectan, empero hay algunas que resultan esenciales para comprender la gravedad que puede representar la oficialización de esa propuesta de reglamento de EIA.

Grave planteamiento: en contraposición a lo establecido por la Sala Constitucional desde el 2002 se establecen nuevamente los umbrales, dejando una muy larga lista de proyectos, obras o actividades eximidos del trámite de EIA. Esto se realiza sin ninguna justificación técnica sólida.

Por otro lado, para la gran mayoría de proyectos, se establece un formulario de clasificación (SIA) que tiene dos grandes errores de fondo.

Uno de ellos es que trata de valorar la condición de significancia del impacto del proyecto, sin considerar las características de ambientales del terreno donde se va a localizar. Debido a que el país no cuenta con ordenamiento y planificación ambiental del territorio (salvo algunas excepciones), esa información debe ser obtenida para cada proyecto. Se trata de las características geológicas, hidrogeológicas, de susceptibilidad a las amenazas naturales, aspectos arqueológicos, geotécnicos, hidrológicos, de riesgo antrópico y biológicos (cuando apliquen). Esta información es vital para mejorar el diseño del proyecto, de lo contrario el mismo puede resultar inconsistente y podría producir daños al ambiente y a la vida.

Dichos estudios son realizados en la actualidad por empresas consultoras ambientales o profesionales independientes. Con el nuevo reglamento, como se explica a continuación, la casi totalidad de los proyectos ya no requerirá de este tipo de estudios técnicos. Prácticamente ya no se ocuparán consultores ambientales en EIA, salvo para llenar el formulario de SIA.

El otro error de fondo es que el puntaje establecido como límite para no pedir instrumentos de EIA más detallados, tiene un valor subjetivo que haría que el casi 100 % de los proyectos obtengan un SIA bajo y, por tanto, queden eximidos de presentar otros estudios técnicos de EIA. Los únicos que tendrían que hacerlo, son aquellos que son exigidos por leyes específicas y que son los menos, como el caso de la minería.

Si el RECSA propuesto por al sector productivo se consideró que desprotegía el ambiente y era regresivo respecto a la normativa ambiental vigente en materia de EIA, la nueva propuesta de reglamento de EIA elaborada por la SETENA, lo es aún más.

La mayor justificación que se esgrime para impulsar esa propuesta de nuevo reglamento de EIA es que hay que agilizar el proceso de trámite ante la SETENA. No obstante, eso no se puede hacer sacrificando el ambiente y, sobretodo, poniendo en riesgo la vida de las personas, debido que el factor de la susceptibilidad del terreno a las amenazas naturales prácticamente dejaría de ser analizado como parte de la EIA.

Inconsistencia del MINAE: hemos señalado que la EIA es necesaria para tutelar el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Estamos de acuerdo de que se debe realizar en un plazo razonable y corto, pero no sacrificar como instrumento de gestión ambiental preventiva como se pretende hacer con la nueva propuesta de reglamento de EIA.

Se trata de un tema muy grave de desprotección del ambiente que lejos de ayudar a resolver los problemas ambientales que ya tiene el país, lo va a agravar aún más. Algo que resulta incoherente respecto al desempeño de la jerarca del MINAE que ahora nos anuncian que dejará ese cargo para asumir un puesto en la ONU en un tema vinculado a la protección del ambiente. Algo que nos recuerda el viejo adagio popular de: “candil en la calle y oscuridad en la casa”.

Existen verdaderas y mucho más eficientes alternativas para agilizar la EIA e impulsar el desarrollo sustentable del país. Como hemos dicho, es posible reducir los plazos de trámite de EIA y otros trámites de años a semanas, pero con criterio científico y garantizando el cumplimiento de la legislación vigente y del artículo 50 constitucional (ver: www.allan-astorga.com).

Finalmente, no es comprensible el porqué la actual administración de gobierno desea dejar esta incoherente y absolutamente regresiva propuesta de reglamento de EIA, junto con el reglamento sustitutivo para introducir la variable ambiental en los planes reguladores (propulsado por el MIVAH), como una fatídica herencia al nuevo gobierno, sobretodo, si no se va a tratar de otro gobierno del PAC. Lo coherente sería que sea la nueva administración de gobierno la que tome decisiones en ese tema y así se evite generar confusión y problemas de judicialización de temas ambientales tan sensibles y estratégicos para nuestro país.

La amalgama que debe unir a Centroamérica y República Dominicana (región del SICA)

Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, en medio de estos aciagos tiempos de Pandemia mundial por Sars Cov 2 y la crisis económica derivada de esta y, sumado a ello, la Crisis Climática planetaria, se hace indispensable retomar el tema y reiterar las nuevas estrategias para el desarrollo sustentable de la región del SICA (Centroamérica y República Dominicana).

Grave coyuntura: el reciente informe del Estado de la Región, así como la cruda realidad de las calles de las ciudades centroamericanas lo confirman, hay pobreza incrementada y hasta hambre en nuestra región.  Los miles de migrantes que se desplazan hacia el norte lo reiteran claramente.  

Como hemos señalado ya, nuestra región tiene una muy alta vulnerabilidad social y, además, una muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales originadas por diversos tipos de geo riesgos (terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, entre otros) y a los efectos de la Crisis Climática que se ponen de manifiesto día a día con sequías, incendios forestales, inundaciones, deslaves y deslizamientos.

Los desastres ocurren de forma cíclica y cada vez con mayor frecuencia.  Su efecto acumulativo hace que tengan una gran incidencia en la ralentización del desarrollo de los países, que se traduce en mayor pobreza, desempleo y migración, entre otros muchos efectos. Los puentes, los caminos, las edificaciones que con tanto esfuerzo se han hecho, se pierden en pocas horas durante un evento de desastre.

Se trata de una espiral descendente que se ha acelerado como producto de los cada vez más frecuentes desastres. Se incrementa así la pobreza agradaba por los efectos de la Pandemia.

Por otro lado, las diferencias entre las diferentes autoridades gubernamentales de la región, desafortunadamente, no están funcionando como catalizador de la unión regional y el desarrollo de esfuerzos mancomunados para salir adelante de la crisis que nos afecta.

Todo lo contrario, esas diferencias parecen crecer cada vez más, al punto de que ya hay voces que hablan sobre la inefectividad del sistema de integración. Algo que, hoy menos que nunca debería ser cuestionado. Hoy, por sobre todas las cosas, se requiere de una Centroamérica unida por encima de cualquier diferencia de visión política.

Potencial: es comprensible que, en medio de la más profunda crisis sanitaria, económica, educativa y social que ha tenido la región durante los últimos 40 años (al menos), se levanten voces que plantean el “sálvese quien pueda”, como una alternativa al impulso del desarrollo regional de Centroamérica y República Dominicana. Más, sin embargo, esa alternativa, lejos de representar una solución, acrecentaría los ya graves problemas que nos afectan.

Como hemos señalado previamente sobre este tema (www.allan-astorga.com), si hay posibilidad real y concreta de sacar a la región adelante. A pesar de las diferencias que puedan existir entre nuestros países y que, algunos tratan de subrayar como argumento segregacionista, son mucho más los elementos que tenemos en común. Comenzando por el hecho de que (salvo para Panamá y Belice) compartimos un mismo “nacimiento” como países independientes hace 200 años.

Tenemos una historia común y también muchos problemas sociales y económicos comunes. Nuestras raíces son muy equivalentes y nuestro potencial de desarrollo, para salir adelante, también es muy similar. La región del SICA, como un todo, tiene una población cercana a los 60 millones de habitantes. Su territorio continental es de 520 mil kilómetros cuadrados y su territorio marino es de cerca de un millón de Km2.

Se trata de un territorio que es una vez y media más grande que Japón y el doble de Nueva Zelanda, dos regiones comparables geológicamente con Centroamérica. No obstante, como hemos indicado antes, nuestra región presenta una enorme riqueza natural todavía no del todo debidamente explorada. Y no se trata de yacimientos de hidrocarburos o de metales preciosos como el oro y la plata, o el cobre.

Se trata de riquezas cuyo eficiente y sustentable aprovechamiento son la clave para cambiar la realidad de la región del SICA e impulsar su desarrollo sustentable de corto, mediano y largo plazo para transformarla en la primera región desarrollada de América Latina.

Centroamérica, además de ubicarse en una posición geográfica estratégica para el comercio mundial, cuenta con abundantes recursos de aguas subterráneas alojadas en acuíferos profundos. Suelos hoy ociosos o subutilizados de muy alta fertilidad. Un importantísimo potencial geotérmico de muy baja a muy alta entalpía. En sus bosques se alberga cerca del 10 % de la biodiversidad del planeta. Tiene una enorme geodiversidad y una relevante historia arqueológica y cultural. Además, tiene un extenso mar patrimonial donde que tiene grandes recursos pesqueros siempre que se los gestione sustentablemente.

La clave fundamental del proceso no se encuentra en lograr que los diferentes gobiernos centrales de la región logren, algún día, ponerse de acuerdo sobre los lineamientos de desarrollo que impulsen a Centroamérica y República Dominicana. Tenemos ya 200 años de tratar de hacer eso, con muy limitado éxito. Es claro que se requiere un camino complementario y alterno.

Amalgama necesaria: el camino concreto y real se encuentra en impulsar, de forma simultánea, el desarrollo sustentable de los casi 1.500 municipios y gobiernos locales que conforman la región del SICA. Ese si es la verdadera amalgama que uniría a la región hacia el desarrollo.

Respecto a los objetivos hacia donde impulsar a todos esos municipios, independientemente de donde se localicen y cual sea su historia, ya existen: se trata de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU 2030.

Lo que se debe aportar a esos municipios y gobiernos locales para dirigirlos hacia el cumplimiento de esos objetivos, es información ambiental inteligente que les permita cambiar el rumbo o, en su defecto, acelerar el proceso de progreso sustentable de sus territorios y sus comunidades.

La solución a los problemas de los municipios de la región, no se supera con ayudas humanitarias, alimentos y otros enseres que se aportan durante las situaciones de crisis. Aunque útiles para el momento, esas ayudas son solo paliativos que no solucionan los problemas de raíz. Ocupamos otras cosas.

Es indispensable que los municipios dispongan de una detallada información ambiental inteligente de sus territorios, sobre su zonificación ambiental, sobre su potencial geológico, sobre su susceptibilidad a las amenazas naturales, sobre su potencial biológico, agrológico y de recursos en general.

Es indispensable realizar gestión preventiva del riesgo para aumentar la resiliencia y, sobre todo, es vital hacer ordenamiento y planificación territorial sustentable. Solo así, será posible convertir a la región en una fuente de inversión de proyectos y megaproyectos de desarrollo económico en muy diversas actividades: industria, turismo, comercio, agroecología regenerativa, pesca agroalimentaria sustentable, geotermia y producción de alta tecnología.

Visión: nuestros estudios ambientales en la región del SICA nos muestran con total claridad que, si es posible impulsar el progreso humano sustentable, mientras se protege la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas más sensibles de la Ecosfera Terrestre.

Centroamérica y República Dominicana se conforman como una zona tropical donde esto se puede demostrar en la práctica, con hechos concretos de forma tal que sirva de ejemplo al mundo y, en particular, a América Latina y el Caribe, de que si hay una verdadera alternativa para el desarrollo sustentable de nuestra región y toda su gente.

La verdadera solución a los cada vez más crecientes problemas de inmigración desde Centroamérica hacia Norteamérica, solo se podrá realizar, resolviendo los problemas más profundos que tiene nuestra región en temas clave como: empleo, salud, educación y vivienda. Y para solucionar esos problemas, se requiere de progreso, desarrollo e inversión y para ello, es indispensable que los gobiernos locales y los municipios dispongan de la información detallada para ordenar y planificar el desarrollo sustentable en sus territorios.

Los medios tecnológicos disponibles permitirían lograr ese objetivo de generar información ambiental inteligente para todos los municipios, casi de forma simultánea, en un periodo de tiempo breve de máximos dos años. Solo se requiere empezar lo antes posible. Es nuestra principal y más importante tarea.

Larga fila en planes reguladores

El ordenamiento del territorio, entendido como el desarrollo social, ambiental, cultural y económico de una región, dentro de un marco de planificación equilibrada y sostenible, es un tema clave para el progreso de una nación. Su no realización o su rezago es lo que constituye la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

En países como Costa Rica, el ordenamiento territorial (OT), bien hecho, cuando toma en cuenta la variable ambiental, incluyendo la gestión del riesgo, deja de ser solo un paso para el desarrollo, sino una urgencia, para poder salvar personas y bienes, incluyendo la infraestructura que tanto años y esfuerzos ha costado a los costarricenses de varias generaciones.

Con la llegada de la Administración Chinchilla, se abrieron expectativas sobre un verdadero avance en materia de ordenamiento del territorio. No obstante, al leer lo que se dice sobre el mismo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011 – 2014, la decepción e incluso, la preocupación por un retroceso, surgen conforme se avanza en su lectura y metas.

Enfoque del problema: el PND deja claro el problema en materia de OT, cuando señala como responsables, la falta de acciones coordinadas de las instituciones del Estado y la inadecuada Gestión del Riesgo. Señala estos dos factores, como los responsables de las disparidades en progreso de las regiones del país y del aumento de la vulnerabilidad de la población.

No obstante, preocupa la expectativa que deja el mismo plan, al señalar que “no se puede hacer mucho debido al desfinanciamiento de las instituciones encargadas de darle seguimiento al cumplimiento de la normativa relacionada con el ordenamiento territorial”. La preocupación no surge por el siempre ubicuo faltante de recursos, sino por la visión del ordenamiento del territorio que se apoya en las instituciones, olvidando que se trata de un proceso, en el que la función del Estado y sus instituciones es fijar reglas claras y fiscalizar su cumplimiento. No debe enfocarse al Estado como protagonista principal, pues allí estriba el principal problema.

Propuesta del PND: Las soluciones que plantea el PND tienen la cualidad de que empiezan de “cero”, como si antes no se hubiese hecho nada. Esta extraña omisión constituye uno de los principales defectos de los planes nacionales de desarrollo, que olvidan el pasado y lo avanzado, y, por tanto, la continuidad.

En materia de ordenamiento territorial, la Iniciativa Paz con la Naturaleza, avanzó durante 4 años en una propuesta de política en ese tema, que al final no fue posible concretar precisamente por falta de voluntad política. No obstante, como si ese esfuerzo no contara, en el PND, se plantea trabajar en una nueva política. La pregunta es si se va a gastar nuevamente todo el tiempo de la administración en su discusión y elaboración, para dejar nuevamente la tarea inconclusa.

La respuesta la trae el mismo PND, que contiene una disculpa adelantada por su posible no elaboración, al decir que “se trata de un proceso complejo que exige una gran inversión de esfuerzos y recursos, que convoca a una gran diversidad de actores y que finalmente, se operacionaliza en una multiplicidad de agendas, algunas de ellas ajenas a las competencias del Poder Ejecutivo y del marco temporal de esta Administración”.

Plan Nacional de Desarrollo Urbano: de esta manera, nuestras autoridades se están olvidando que han pasado más de 42 años desde que se aprobó la Ley de Planificación Urbana y de que el INVU, ha fracasado en su desarrollo e implementación, incluso en el cumplimiento del GAM de 1982, que a pesar de su buen planteamiento inicial, fue irrespetado por el mismo INVU, de manera que se permitió el desarrollo urbano caótico y desordenado de hasta 102 km² fuera del anillo de contención y que han convertido a la GAM en un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de ordenamiento territorial.

Estas mismas autoridades están así obviando los diversos informes de la Contraloría General de la República sobre la responsabilidad del INVU en esa materia, resulta que se le da a esta entidad, como si nada hubiera pasado, la tarea de aprobar el Plan Regional de la GAM, que no necesariamente es el Prugam que el INVU rechazó en abril del 2010. Y más aún, se le da otra tarea al INVU, “con el fin de responder a la presión sobre el territorio y recursos ambientales experimentados en la región Chorotega, se impulsará la elaboración y aprobación de un Plan Regional de desarrollo urbano y costero de la Provincia de Guanacaste”.

Planes reguladores: el asunto, se hace más complejo, pues se deja subordinada la aprobación de los planes reguladores cantonales y costeros, a esos “planes regionales”, al señalar: “como un resultado potenciado por la etapa previa de elaboración y aprobación de Planes Regionales, se espera avanzar en la gestión del territorio, impulsando la implementación de planes reguladores cantonales y costeros”.

El asunto parece claro, el INVU no va a tramitar planes reguladores cantonales o costeros, hasta tanto no se cumplan los criterios de calidad técnica de los planes regionales y posteriormente de los planes reguladores. Y aquí, es precisamente donde, de cumplirse esto, tendríamos un verdadero retroceso en lo relativamente poco avanzado en materia de ordenamiento territorial, ya que cerca de 40 planes reguladores cantonales elaborados en el marco del Prugam y del Programa de Regularización y Catastro en Guanacaste, sin contar con otros planes reguladores ya elaborados o en elaboración, tendrán que hacer una larga y muy lenta fila para que puedan ser revisados y tal vez, finalmente aprobados por el INVU, a riesgo de que cuando sean revisados ya estén desactualizados.

Retroceso: como se ve, el plan en materia de ordenamiento del territorio, no se apega a la realidad de un país, que acaba de pasar por una época lluviosa que produjo decenas de pérdidas de vidas y generó cientos de millones de dólares en pérdidas de bienes e infraestructura.

Anteponer la aprobación de los planes reguladores que ya cuentan con la variable ambiental aprobada y que sirve de mecanismo de estandarización entre los diferentes planes reguladores, a que primero estén unos planes regionales, a los que también habría que integrar la variable ambiental tal y como ya la Sala Constitucional lo ha señalado respecto al Decreto Chorotega, no tiene ningún sentido y lo único que provocará es que la solución de los problemas de uso del territorio, se postergue, y atrase por muchos años más.

Emergencia: la ausencia de planes reguladores vigentes en los diferentes cantones del país, debería considerarse una verdadera situación de emergencia cantonal y nacional. Ante ello, el hecho de que el Plan Regulador disponga ya de la variable ambiental aprobada, debería hacer que el Plan Regulador en cuestión, entre en vigencia según las potestades que la Constitución le da a las municipalidades en el ámbito de la administración de su territorio, y hasta tanto sea revisado y aprobado por el INVU como lo establece la Ley de Planificación Urbana, o bien, por una instancia que asuma esa tarea de forma emergente y que pueda cumplir la meta de que al menos 40 planes reguladores estén vigentes para el 2014.

Postergar más estas transcendentales decisiones podrían costarnos muy caro a todos los costarricenses, no solo en dinero, sino en vidas humanas.

Por eso, urge corregir el rumbo.