¿Qué es y por qué la Evaluación Ambiental Estratégica es la palanca que necesita el país para impulsar su desarrollo sustentable?

Diciembre 23, 2022 4:20 am

Para casi todos es claro que la coyuntura actual por la que pasa nuestro país es de una severa  crisis económica. Crisis  derivada de más de dos años de Pandemia mundial y casi un año de una guerra en Ucrania que, aunque lejana, tiene efectos económicos directos en una economía como la de Costa Rica. Es claro también, que el país requiere de un impulso al desarrollo sustentable que permita hacer crecer su economía con el ingreso de fondos sanos.

El año 2023 se visualiza como un año donde debemos lograr un cambio real y significativo. No hay muchas alternativas que realmente tengan un efecto directo en la mejora de nuestro modelo de desarrollo socioeconómico. Ante esto, debemos echar mano de las mejores herramientas técnicas y científicas para avanzar.

Una de estas herramientas comprende la denominada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que no es otra cosa que promover la planificación estratégica ambientalmente sustentable al desarrollo del país. Por eso, analizamos el tema en este artículo con propuestas concretas para que el país pueda implementar esta herramienta de agilización del desarrollo sustentable en el menor plazo posible.

Recuento histórico: la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) surgió hace 50 años junto con la evaluación de impacto ambiental (EIA). La diferencia entre ambas es que la EIA se concentra en proyectos, mientras que la EAE en políticas, planes y programas, entendidos los planes y programas como conjuntos de proyectos de desarrollo.

En la mayoría de los países desarrollados la EAE fue desarrollada desde muy temprano con las diferentes variantes nacionales. Con la EAE se implementa, de forma paralela la planificación del desarrollo a mediano y largo plazo.

En algunos países asiáticos, muy exitosos en desarrollo económico, como China y Corea del sur, desde hace casi 20 años, la EAE forma parte intrínseca del modelo de desarrollo como un instrumento muy útil para la agilización de proyectos.  Es una forma muy inteligente de armonizar la planificación con el desarrollo económico, algo que marca una fuerte diferencia con un país como el nuestro. Aunque esto no significa que no se puede corregir.

En Costa Rica la EAE no forma parte explícita de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual se refiere de forma amplia a la EIA de actividades, obras y proyectos. Leyes ambientales como la de Panamá y El Salvador si integran el instrumento, más sin embargo, lastimosamente no ha sido potenciado debidamente.

La Resolución 2002-01220 de la Sala Constitucional, por un mandato constitucional llevó a introducir la herramienta de la EAE en el Decreto ejecutivo No. 31849 (Reglamento general de procedimientos de EIA) que se publicó junio del 2004. En el Capítulo VII de este reglamento se establecen los principios y lineamientos de la aplicación de la EAE en el país, tanto para el ordenamiento y planificación territorial, como para políticas, planes y programas.

Desde mayo del 2006 se estableció el decreto ejecutivo No. 32967 con el cual promulgó la normativa para aplicar la EAE al ordenamiento territorial.

La EAE aplicada a políticas, planes y programas, increíblemente, todavía no ha sido reglamentada. Esto a pesar de que, desde hace más de cinco años, la Contraloría General de la República ordenó que se normara su aplicación. El pretexto de la administración Solís para no hacerlo fue que se ocupa crear una nueva entidad y nombrar nuevo personal. Algo sumamente contradictorio dado que, en la SETENA, desde hace más de 10 años existe un Departamento técnico de EAE. Con la administración Alvarado tampoco se dio ningún avance.

Utilidad de la EAE para países como Costa Rica:  la EAE tiene una enorme utilidad para los países en vías de desarrollo. En primer lugar, es una forma gradual de introducir la planificación estratégica, de mediano y largo plazo, al modelo de desarrollo económico. Con eso, empezamos a corregir errores históricos que nos tienen estancados en materia de planificación.

Aunque la EIA es importante para el control y equilibrio ambiental de los proyectos, la EAE es igual o más importante si se considera que con ella es posible alinear y acelerar el desarrollo sustentable de un país.

La EAE permite que las diversas políticas que se impulsen en el país se desarrollen dentro de un marco participativo equilibrado, con información y transparencia. Además, se asegura su consistencia, para  que no se den contradicciones entre las diversas políticas de estado.

Con la EAE de planes y programas, se puede evitar que los proyectos individuales tengan que desarrollar EIA engorrosas e individuales, con trámites extensos para obtener los permisos ambientales para su desarrollo. Al respecto, hemos señalado que con el uso de la zonificación ambiental que tiene aprobado el país, es posible establecer un sistema de Permiso Integral Ambiental automatizado que disminuiría de 4 años promedio a 4 semanas, el trámite ambiental integral de proyectos de desarrollo en gran parte del país.

Y no se trata de que los proyectos se salten el cumplimiento del proceso de EIA, sino que, con el debido fundamento técnico y científico, establecido por medio de la EAE, se fijen lineamientos operativos de funcionamiento dentro de un marco normativo ambiental genérico para la actividad.

Así, por ejemplo, un Plan o Programa de desarrollo de infraestructura en salud, educación, en desarrollo vial, en turismo, entre otros, con una efectiva EAE podrá evitar que los proyectos de centros de salud o de educación tengan que hacer EIA individuales, con lo cual es posible acortar todos los procesos administrativos y tiempos para la ejecución de obra. El proceso de EIA, se debería limitar a que un consultor ambiental responsable regente la aplicación de medidas ambientales derivadas de la EAE o de una guía ambiental de buenas prácticas para la actividad.

Temores y razones para su no implementación todavía: no resulta comprensible la razón por la cual un país como Costa Rica no haya desarrollado aún la EAE de políticas, planes y programas. Podría decirse que se debe a la falta de conocimiento de lo que significa la EAE o, en su defecto, a la existencia de un temor por la aplicación de principios tales como el de participación, información y transparencia en el desarrollo de políticas de estado en temas estratégicos.

Sea la que sea la razón por la cual no se ha implementado, la realidad es que se trata de un instrumento que, indefectiblemente, tiene que ser desarrollado como parte de la gestión del Estado. Conforme más tarde lo hagamos, más tarde enrumbaremos al país hacia un modelo de desarrollo más fuerte y sustentable.

En el contexto global en que nos encontramos, con una situación de desequilibrio ambiental grave y de una Crisis Climática, es claro que existe una seria responsabilidad en la implementación de instrumentos estratégicos para el desarrollo sustentable del país, como la EAE. Postergar o ignorar la implementación de la EAE solo acarrearía atrasos innecesarios en la modernización del modelo de desarrollo de Costa Rica.

Acciones estratégicas a tomar a corto plazo: en primer lugar urge normar la EAE de políticas, planes y programas tal  y como lo solicitó la Contraloría General en el año 2017. Ya existe un borrador y en esto, las autoridades pueden contar con nuestro total apoyo. No hace falta crear una institución pública nueva pues ya se cuenta con el Departamento de EAE en la SETENA, el cual podría reforzarse con el apoyo de algunos pocos funcionarios del Ministerio de Planificación.  A partir de este núcleo de arranque es posible iniciar la implementación de la EAE en el país.

Dado que el impulso al desarrollo económico del país es una prioridad, es claro que las primeras tareas a impulsar por medio de la EAE, debería ser la creación del Permiso Integral Ambiental para proyectos, así como la realización de EAE a planes y programas con grupos de proyectos en temas clave como en infraestructura vial, educación, salud, turismo y desarrollo inmobiliario en zonas costeras.  Más tarde podrán empezar a revisarse otros temas como políticas de desarrollo promovidas por el Estado.

En medio de la situación coyuntural en que nos encontramos, se hace urgente impulsar instrumentos técnicos que garanticen la sostenibilidad en la protección del ambiente, así como el impulso a un desarrollo económico acelerado. Se trata de un tema importante que esperamos que las autoridades públicas asuman en el menor plazo posible.

a.astorga.g@gmail.com

La amalgama que debe unir a Centroamérica y República Dominicana (región del SICA)

Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, en medio de estos aciagos tiempos de Pandemia mundial por Sars Cov 2 y la crisis económica derivada de esta y, sumado a ello, la Crisis Climática planetaria, se hace indispensable retomar el tema y reiterar las nuevas estrategias para el desarrollo sustentable de la región del SICA (Centroamérica y República Dominicana).

Grave coyuntura: el reciente informe del Estado de la Región, así como la cruda realidad de las calles de las ciudades centroamericanas lo confirman, hay pobreza incrementada y hasta hambre en nuestra región.  Los miles de migrantes que se desplazan hacia el norte lo reiteran claramente.  

Como hemos señalado ya, nuestra región tiene una muy alta vulnerabilidad social y, además, una muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales originadas por diversos tipos de geo riesgos (terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, entre otros) y a los efectos de la Crisis Climática que se ponen de manifiesto día a día con sequías, incendios forestales, inundaciones, deslaves y deslizamientos.

Los desastres ocurren de forma cíclica y cada vez con mayor frecuencia.  Su efecto acumulativo hace que tengan una gran incidencia en la ralentización del desarrollo de los países, que se traduce en mayor pobreza, desempleo y migración, entre otros muchos efectos. Los puentes, los caminos, las edificaciones que con tanto esfuerzo se han hecho, se pierden en pocas horas durante un evento de desastre.

Se trata de una espiral descendente que se ha acelerado como producto de los cada vez más frecuentes desastres. Se incrementa así la pobreza agradaba por los efectos de la Pandemia.

Por otro lado, las diferencias entre las diferentes autoridades gubernamentales de la región, desafortunadamente, no están funcionando como catalizador de la unión regional y el desarrollo de esfuerzos mancomunados para salir adelante de la crisis que nos afecta.

Todo lo contrario, esas diferencias parecen crecer cada vez más, al punto de que ya hay voces que hablan sobre la inefectividad del sistema de integración. Algo que, hoy menos que nunca debería ser cuestionado. Hoy, por sobre todas las cosas, se requiere de una Centroamérica unida por encima de cualquier diferencia de visión política.

Potencial: es comprensible que, en medio de la más profunda crisis sanitaria, económica, educativa y social que ha tenido la región durante los últimos 40 años (al menos), se levanten voces que plantean el “sálvese quien pueda”, como una alternativa al impulso del desarrollo regional de Centroamérica y República Dominicana. Más, sin embargo, esa alternativa, lejos de representar una solución, acrecentaría los ya graves problemas que nos afectan.

Como hemos señalado previamente sobre este tema (www.allan-astorga.com), si hay posibilidad real y concreta de sacar a la región adelante. A pesar de las diferencias que puedan existir entre nuestros países y que, algunos tratan de subrayar como argumento segregacionista, son mucho más los elementos que tenemos en común. Comenzando por el hecho de que (salvo para Panamá y Belice) compartimos un mismo “nacimiento” como países independientes hace 200 años.

Tenemos una historia común y también muchos problemas sociales y económicos comunes. Nuestras raíces son muy equivalentes y nuestro potencial de desarrollo, para salir adelante, también es muy similar. La región del SICA, como un todo, tiene una población cercana a los 60 millones de habitantes. Su territorio continental es de 520 mil kilómetros cuadrados y su territorio marino es de cerca de un millón de Km2.

Se trata de un territorio que es una vez y media más grande que Japón y el doble de Nueva Zelanda, dos regiones comparables geológicamente con Centroamérica. No obstante, como hemos indicado antes, nuestra región presenta una enorme riqueza natural todavía no del todo debidamente explorada. Y no se trata de yacimientos de hidrocarburos o de metales preciosos como el oro y la plata, o el cobre.

Se trata de riquezas cuyo eficiente y sustentable aprovechamiento son la clave para cambiar la realidad de la región del SICA e impulsar su desarrollo sustentable de corto, mediano y largo plazo para transformarla en la primera región desarrollada de América Latina.

Centroamérica, además de ubicarse en una posición geográfica estratégica para el comercio mundial, cuenta con abundantes recursos de aguas subterráneas alojadas en acuíferos profundos. Suelos hoy ociosos o subutilizados de muy alta fertilidad. Un importantísimo potencial geotérmico de muy baja a muy alta entalpía. En sus bosques se alberga cerca del 10 % de la biodiversidad del planeta. Tiene una enorme geodiversidad y una relevante historia arqueológica y cultural. Además, tiene un extenso mar patrimonial donde que tiene grandes recursos pesqueros siempre que se los gestione sustentablemente.

La clave fundamental del proceso no se encuentra en lograr que los diferentes gobiernos centrales de la región logren, algún día, ponerse de acuerdo sobre los lineamientos de desarrollo que impulsen a Centroamérica y República Dominicana. Tenemos ya 200 años de tratar de hacer eso, con muy limitado éxito. Es claro que se requiere un camino complementario y alterno.

Amalgama necesaria: el camino concreto y real se encuentra en impulsar, de forma simultánea, el desarrollo sustentable de los casi 1.500 municipios y gobiernos locales que conforman la región del SICA. Ese si es la verdadera amalgama que uniría a la región hacia el desarrollo.

Respecto a los objetivos hacia donde impulsar a todos esos municipios, independientemente de donde se localicen y cual sea su historia, ya existen: se trata de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU 2030.

Lo que se debe aportar a esos municipios y gobiernos locales para dirigirlos hacia el cumplimiento de esos objetivos, es información ambiental inteligente que les permita cambiar el rumbo o, en su defecto, acelerar el proceso de progreso sustentable de sus territorios y sus comunidades.

La solución a los problemas de los municipios de la región, no se supera con ayudas humanitarias, alimentos y otros enseres que se aportan durante las situaciones de crisis. Aunque útiles para el momento, esas ayudas son solo paliativos que no solucionan los problemas de raíz. Ocupamos otras cosas.

Es indispensable que los municipios dispongan de una detallada información ambiental inteligente de sus territorios, sobre su zonificación ambiental, sobre su potencial geológico, sobre su susceptibilidad a las amenazas naturales, sobre su potencial biológico, agrológico y de recursos en general.

Es indispensable realizar gestión preventiva del riesgo para aumentar la resiliencia y, sobre todo, es vital hacer ordenamiento y planificación territorial sustentable. Solo así, será posible convertir a la región en una fuente de inversión de proyectos y megaproyectos de desarrollo económico en muy diversas actividades: industria, turismo, comercio, agroecología regenerativa, pesca agroalimentaria sustentable, geotermia y producción de alta tecnología.

Visión: nuestros estudios ambientales en la región del SICA nos muestran con total claridad que, si es posible impulsar el progreso humano sustentable, mientras se protege la naturaleza, la biodiversidad y los ecosistemas más sensibles de la Ecosfera Terrestre.

Centroamérica y República Dominicana se conforman como una zona tropical donde esto se puede demostrar en la práctica, con hechos concretos de forma tal que sirva de ejemplo al mundo y, en particular, a América Latina y el Caribe, de que si hay una verdadera alternativa para el desarrollo sustentable de nuestra región y toda su gente.

La verdadera solución a los cada vez más crecientes problemas de inmigración desde Centroamérica hacia Norteamérica, solo se podrá realizar, resolviendo los problemas más profundos que tiene nuestra región en temas clave como: empleo, salud, educación y vivienda. Y para solucionar esos problemas, se requiere de progreso, desarrollo e inversión y para ello, es indispensable que los gobiernos locales y los municipios dispongan de la información detallada para ordenar y planificar el desarrollo sustentable en sus territorios.

Los medios tecnológicos disponibles permitirían lograr ese objetivo de generar información ambiental inteligente para todos los municipios, casi de forma simultánea, en un periodo de tiempo breve de máximos dos años. Solo se requiere empezar lo antes posible. Es nuestra principal y más importante tarea.

Obstáculos y desafíos a la planificación territorial

Tomo el título de este artículo  de un Foro realizado el Día de la  Tierra  (22 de abril) por la Universidad de Nacional y al cual, amablemente, fui invitado a exponer mi punto de vista. El problema: es claro que en este tema nuestro país presenta un muy serio problema. Resulta que existen muy pocos planes reguladores vigentes, muchos de ellos sin la variable ambiental aprobada. Es posible afirmar que menos de un 3% del territorio nacional cuenta con algún grado de planificación territorial, mientras que a nivel nacional, a pesar de que han pasado ya 46 años desde que se aprobó la Ley de Planificación Urbana, todavía seguimos, gracias al INVU, sin un Plan Nacional de Desarrollo Urbano.

La administración Chinchilla que concluye, se propuso, en el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014, la meta de tener aprobados al menos 40 planes reguladores y avanzar en el plan nacional. No obstante, cumplió la meta pero... a la inversa, y se mandaron a archivar (en la SETENA) cerca de 40 informes ambientales de planes reguladores, con lo que se ha dado un duro golpe a un esfuerzo de muchos años para avanzar.

Aunque las razones que se esbozan para ese acto son muchas, en la mayoría de los casos se trata de aspectos de forma que podrían haber sido resueltos si de verdad hubiese habido voluntad de contar realmente con planificación territorial en el país.

En consideración de esto, la explicación para que no se diera el avance tiene sustento en un trasfondo cultural y político diferente.

En primer lugar es claro que existe un “status quo” que algunos sectores (como los mal llamados "desarrolladores" inmobiliarios y los constructores, porque lo que buscan es ganancia, no desarrollo) no desean en lo más mínimo modificar. La explicación es simple, dado que en ausencia de planes reguladores lo que aplica para otorgar usos del suelo y permisos de construcción en las municipalidades son unos “reglamentos de INVU” (Reglamento Nacional para el fraccionamiento  y urbanizaciones y el reglamento de construcciones, principalmente), elaborados hace más de 30 años.

Esos reglamentos, que nunca fueron consultados y se emitieron como acuerdo de la Junta Directiva del INVU, además de no considerar de forma apropiada la variable ambiental, más bien tienen una serie de artículos que son un verdadero atentado a la protección del ambiente y la gestión del riesgo.

Así, en materia de usos del suelo urbano, a pesar de la numerosa legislación ambiental promulgada desde 1995 (ley del ambiente, forestal, de suelos, biodiversidad y emergencias, etc.), se sigue aplicando una “legislación urbana” desactualizada y “anti – ambiental”, para la cual aplica el “silencio positivo”, e incluso sanciones al funcionario que no cumple a tiempo con los plazos para los permisos.

Dentro de este contexto, no resultan extraños dos elementos adicionales acontecidos en los últimos años y que agravan el problema.

La SETENA, a partir del año 2010, casualmente, después de haber dado viabilidad ambiental al PRUGAM y algunos de sus planes reguladores (algo que no le gustó a algunos), “cambió de actitud” y en medio de una intervención del MINAE ha rechazado el 73% de todos los informes ambientales de los planes reguladores. La razón: dizque una más estricta aplicación del decreto 32967 – MINAE que norma el procedimiento. Algo que debería ser objeto de una seria revisión por parte de las nuevas autoridades.

Por otro lado, surge el tema de la Matriz del SENARA y un voto de la Sala Constitucional del 2012 sobre el tema (1923-04) que obliga a su aplicación a nivel nacional. Esta matriz establece prohibiciones al uso del suelo sobre la base de contar con mapas de vulnerabilidad acuífera, cuyo costo de elaboración, según los términos de referencia que exige SENARA, son muy altos. Algo que nadie se preocupó en explicarles a los magistrados de la Sala Constitucional.

La cereza en el pastel la conforma el Acuerdo de la Junta Directiva del INVU, publicado en La Gaceta del 15 de enero del 2014, en el cual se establecen los requisitos para que se ingresen planes reguladores a la revisión de la Dirección de Urbanismo. Aparte de que es una lista muy larga, se pide que se tenga la aprobación del SENARA a la aplicación de la Matriz, lo que implica que se tenga que haber hecho los mapas de vulnerabilidad y haberlos incorporado en los planes reguladores. Algo que solo algunos municipios podrían cumplir, con lo cual prácticamente se está condenando al país a que se no aprueben nuevos planes reguladores durante muchos años.

Así las cosas, lo que hemos llamado la “maraña de obstáculos” a la planificación territorial, lejos de eliminarse, se ha complicado, consolidando así un “status quo” que obliga, vía reglamentos del INVU, a seguir dando usos del suelo para construcciones que se realizan en sitios ambientalmente no aptos, y en muchos casos, poniendo en una condición de riesgo a los nuevos habitantes de esas construcciones, debido a la falta de un efectiva planificación territorial. Una verdadera contradicción.

Las soluciones: hay muchas y concretas. En primer lugar, y como meta a mediano y largo plazo, la redacción de una Ley de Ordenamiento Territorial que permita poner orden en la maraña de legislación dispersa que existe sobre el tema.

Pero hay acciones concretas que se pueden realizar a muy corto plazo y que solo requieren de la intervención del Poder Ejecutivo realmente responsable y preocupado por el bienestar de la población y no de algunos sectores de ésta:

1.    Modernizar, de forma urgente, los reglamentos del INVU, vinculados a desarrollo urbano y construcciones, para que integren de forma efectiva la variable ambiental. Deberían publicarse como decretos ejecutivos después de un proceso de consulta.

2.    Rectificar  la gestión de la SETENA respecto a los planes reguladores, a fin de que se concentre en el objetivo fundamental de la metodología de la introducción de variable ambiental y se ajuste de forma apropiada con la evaluación de impacto ambiental.

3.    Dar mayor capacitación y apoyo a las municipalidades para que asuman un rol más activo en el proceso de la gestión ambiental y territorial de los cantones por medio de  emisión de ordenanzas municipales sobre uso del suelo y gestión del riesgo, y procedimientos bien sustentados sobre usos del suelo y permisos de construcción como ya lo hacen algunos gobiernos locales. El IFAM debería ser más proactivo en esta tarea.

4.    Incorporar el tema de la fragilidad ambiental y la gestión del riesgo en la valoración de los terrenos y en el desarrollo de seguros de construcciones inmuebles. Algo que favorece que se sigan urbanizando zonas de muy alta fragilidad y de muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales.

5. Y mientras se "ordena la casa", establecer una moratoria para urbanizadoras en partes vulnerables de la GAM, en particular en zonas ambientalmente frágiles, y las partes medias y altas de cuencas de ríos heredianos que con cada aguacero destruyen la infraestructura vial y viviendas aguas abajo. La nueva administración de gobierno tiene como reto fundamental enderezar las desacertadas decisiones tomadas sobre este tema durante los últimos años. Algo que es clave para impulsar la planificación territorial en el país que urge que avance. Seguir por el mismo camino que hasta ahora se ha dado significaría seguir manteniendo el “status quo” que tanto daño le ha hecho y le está haciendo al ambiente, y tantas jugosas ganancias para unos pocos maquilladas de "desarrollo", llamándolos falazmente "desarrolladores".

*Geólogo ambiental.

Desafíos para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo

A propósito del seminario “Camino al desarrollo sostenible: retos pendientes”, organizado por el Minaet y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) el pasado sábado 5 de noviembre, al que tuvimos el honor de ser invitados por el señor ministro del Ambiente, junto con representantes del ICE y otros especialistas, así como los resultados del informe XVII del Estado de la Nación, nos parece importante resaltar algunos aspectos ante la opinión pública a fin de iniciar una discusión abierta, transparente y participativa, la cual resulta indispensable para un tema tan importante para el futuro de nuestro país como lo es el desarrollo.

Es claro que es un tema muy amplio, que puede visualizarse desde muchas perspectivas, pero siempre desde una perspectiva de sostenibilidad que garantice a las generaciones futuras un mejor país, y no uno peor, como está ocurriendo. En lo que sigue, se plantea una visión desde la perspectiva ambiental, como un aporte al que se le deben sumar otras vistas, hasta alcanzar un balance equilibrado que defina un derrotero más certero.

Dónde estamos. No resulta racional ponerse a discutir sobre el futuro del desarrollo del país sin cuestionarnos primero, con un verdadero espíritu autocrítico, de dónde venimos y cuáles son los principales elementos que debemos resolver a corto, mediano y largo plazo.

El problema de falta de planificación a mediano y largo plazo es nuestro mayor talón de Aquiles. Desde hace mucho, la planificación se hace solo en el ámbito de los ciclos políticos de 4 años y eso, claro está, no es suficiente. Tampoco se trata de intentar planificar a largo plazo, preguntando a la gente qué creen que debemos hacer, así sin ton ni son. Una administración de gobierno no puede arrogarse la potestad de fijar lineamientos de desarrollo para los próximos 10 o 15 años, sin tomar en cuenta a los otros sectores de la sociedad. Una planificación de ese tipo, unilateral y delineada por los requisitos del mercado, está encaminada al fracaso.

La verdadera planificación sectorial y suprasectorial debe ser el producto de un proceso de discusión técnica, participativa y transparente dentro de una evaluación ambiental estratégica. Y, en particular, debe ser consistente de manera que la planificación de un sector como la infraestructura o el turismo no entre en contradicción con otros sectores como energía y desarrollo urbano.

Algunos indicadores. Tenemos un severo atraso en materia de ordenamiento del territorio. Después de 43 años de Ley de Planificación Urbana solo un 5 % del país está cubierto. Los planes reguladores existentes están ya obsoletos. La GAM, donde vive la mitad de la población del país, es una ciudad caótica y sin planificación. Se tarda casi 10 años en aprobar un plan regulador, cuando la ley dice que se deben actualizar cada 5 años. Solo en las zonas montañosas de la GAM, existe un déficit de 57 % (350 km²) de bosques. Hay 102 km² construidos fuera del anillo de contención de la GAM. Al menos el 20 % de la población de la GAM vive en condiciones de alto y muy alto riesgo a amenazas naturales.

Las áreas de recarga acuífera estratégica del país están en peligro por el desarrollo de actividades agrícolas sin apropiados sistemas de gestión ambiental, como las plantaciones de piña. No incluir esta variable cuando se habla de desarrollo es hablar en el aire, ya que el factor hídrico condiciona de manera severa el desarrollo de un país. Por otra parte, las áreas protegidas se han debilitado o se han degradado a favor del desarrollo inmobiliario, amenazando todo el desarrollo y las actividades que se gestan alrededor de estas áreas, cifrados en $2.000 millones para el 2009.

Un porcentaje muy alto de la biodiversidad se encuentra en bosques de propiedad privada bajo riesgo de ser afectados por desarrollos de diverso tipo, particularmente el desarrollo inmobiliario voraz. Si el 80% de nuestros visitantes vienen motivados por la biodiversidad de Costa Rica, flaco favor nos hacemos permitiendo o tolerando su destrucción: las comunidades aledañas a Caño Negro bien lo saben.

Urge de igual manera actuar para proteger y salvaguardar los recursos marinos que están siendo depredados aceleradamente por las flotas pesqueras extranjeras: los ecosistemas marinos, como bien es sabido, son altamente vulnerables a cambios bruscos y las cifras sobre pérdida de especies en los océanos en los últimos años son más que elocuentes.

El reciente estudio del Estado de la Región nos informa y sintetiza todo esto. Costa Rica, en la última década, ha acelerado la depredación de su ambiente y sus recursos naturales, a costa de un desarrollo regulado por las necesidades del mercado (expansión piñera, desarrollo inmobiliario no planificado, caótico desarrollo urbano), pero sus índices de pobreza no se han modificado, reflejando que el “progreso económico” no está permeando hacia las capas más necesitadas de la población. Un indicador como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD muestra, para Costa Rica, una caída notable desde el 2003, cuando nuestro país ocupaba el lugar 42 a nivel mundial ¡y que cae al lugar 69 en el 2010!

Modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo del país debe basarse en las mayores potencialidades que tiene el país, como son la bio- y geodiversidad que le reportan al país más de $2.000 millones anuales, los recursos hídricos (subterráneos), de los que nuestro país es una verdadera potencia mundial, su población y potencial para el desarrollo tecnológico, los recursos marinos y el alto potencial para el desarrollo de ecoagricultura y productos agrícolas de alta calidad mundial que no dañen el ambiente.

A este respecto se deben también tomar en cuenta las limitaciones que tiene el país, como lo son sus características geográficas, geológicas, para poder dar sostenibilidad a su desarrollo, a saber, entre muchas más: a) el 76% del territorio nacional es área de recarga acuífera; b) cerca del 60% del territorio es de aptitud forestal, c) cerca del 50% al 60% del territorio es de alta y muy alta fragilidad ambiental, y d) aproximadamente el 50% del territorio nacional es de alta a muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales.

Ignorar estas condiciones para la propuesta de modelo de desarrollo suprasectorial o sectorial sería un grave error con consecuencias desastrosas para la sostenibilidad del país, que es precisamente lo que ha pasado hasta ahora.

Medidas a tomar. Con el objeto de ser propositivo y con el ánimo de establecer algunas líneas de base para discusión:

1) Abrir espacios de diálogo técnico nacional para la definición del modelo de desarrollo del país.

2) Es prioritario y urgente trabajar en el tema del ordenamiento territorial a fin de profundizar en el conocimiento de fortalezas y limitaciones de nuestro país.

3) Definir ejes estratégicos de desarrollo (agroecología, alta tecnología, ecoturismo, etc.) equilibrados con ejes estratégicos de sostenibilidad (recuperación de bosques, protección de recursos hídricos, tierras cultivables, áreas urbanas sostenibles, gestión del riesgo, etc.).

4) Revivir la planificación estratégica sectorial y suprasectorial con la dimensión ambiental (biofísica y social) integrada, por medio de la evaluación ambiental estratégica.

5) Fortalecer los sistemas de evaluación y control ambiental por medio de un sistema de reglas claras, fiscalización eficiente y control efectivo, fortaleciendo y despolitizando entidades como la Setena y el Tribunal Ambiental Administrativo.

En el ejercicio de visualizar el país desarrollado que queremos, no se trata de impedir el desarrollo, sino definirlo y orientarlo para que sea sostenible sin poner el riesgo el ambiente y los recursos naturales. Solo así, dentro de este marco, se podrían poner en contexto de discusión temas estratégicos, como el P.H. Diquís, el aeropuerto internacional en Osa, el plan nacional de infraestructura vial y turística y el plan nacional de energía, entre otros. Todavía estamos a tiempo; lo único que se necesita para empezar es la apertura a un diálogo técnico nacional, transparente y participativo y un mínimo de voluntad política para llevarlo a cabo.

La clave para acelerar el desarrollo sostenible

A raíz de las declaraciones, en días pasados, del expresidente Arias sobre el “entrabamiento” del desarrollo del país, se hace necesario plantear el tema desde la perspectiva técnica y ambiental. Ante todo, es importante establecer la premisa de que todos queremos el desarrollo del país, con un objetivo fundamental: disminuir o eliminar la pobreza, distribuyendo mejor la riqueza. El problema es qué entendemos como desarrollo y el cómo nos enrumbamos hacia él.

La visión de desarrollo que tienen algunos políticos no necesariamente es la visión de desarrollo que tiene una gran parte de la población. En nuestro país, por su cultura y tradición, es posible afirmar que la mayoría quiere un desarrollo sostenible que no sea depredador de los recursos naturales y que deje a las generaciones futuras sin recursos, por crear riqueza a corto plazo y beneficiando solo a unos cuantos, causando estragos con los que cargarán las futuras generaciones.

La forma para no actuar de manera depredatoria ante el ambiente es con una correcta y eficiente planificación y de un balance efectivo en el uso de los recursos, dentro de un modelo bien definido y no uno improvisado en función de ambiciones voraces de unos cuantos. Eso implica diálogo, discusión, balance y negociación, no solo en el ámbito político, sino técnico, con participación, transparencia e información. Requiere además una visión estratégica sobre las características propias de nuestra geografía, permitiendo distinguir entre lo que conviene y lo que no le conviene a nuestro país atraer desde el exterior.

En el mundo desarrollado, se han creado, desde hace décadas, diversas herramientas para ello. Una de ellas es la evaluación ambiental estratégica (EAE) que es clave para insertar la dimensión ambiental y social, en las decisiones estratégicas, políticas, planes y programas. Su efectivo uso da mayor sostenibilidad al desarrollo, con la ventaja de que permite agilizar mucha tramitomanía de los proyectos individuales. Esta herramienta está instaurada en nuestro país desde hace 7 años, y sigue sin utilizarse, por miopía recurrente de nuestras autoridades.

Tiempos de cambio. Efectivamente, el tiempo ha pasado, y la sociedad y el mundo han cambiado. Muchos políticos no parecen haberse dado cuenta de esto y pretenden que el país y sus recursos naturales se administren como hace 50 años, sin la participación activa de la sociedad y basado en decisiones inconsultas y unilaterales. Inclusive, en temas tan conflictivos como la minería y los hidrocarburos, basándose en leyes obsoletas que establecen ridículos cánones que dejan al país en una clara condición de riesgo e indefensión. La información fluida, las redes sociales, la educación de la sociedad y la preocupación de muchos sectores conscientes, por la falta de diálogo, racionalidad, consulta y criterio de las decisiones que se toman, lleva a cuestionarlas y con mucha razón.

Hay muchos ejemplos recientes que se pueden enumerar solo para la administración anterior: del 2006 al 2010 las piñeras duplicaron su área sin control ambiental efectivo (y la Setena revisó a la baja las exigencias normativas, dejando de exigirles un EsIA), se dio declaratoria de conveniencia nacional a Crucitas, la carretera a Caldera se hizo “a la carrera”, hubo un desarrollo inmobiliario descontrolado, se dieron muchas viabilidades ambientales cuestionadas, se rechazó la planificación regional de la GAM y se desprotegieron áreas silvestres. En ese tiempo, mientras Panamá avanzó con la ampliación del Canal y la construcción de un metro, en nuestro país no se pudo reparar el puente de la “platina” y en vez de promover un tren eléctrico moderno, planificado para el 2011, reactivamos un pesado ferrocarril del siglo pasado.

El país no avanza con la celeridad que se requiere, porque en la mayoría de los casos, las decisiones que se toman y se defienden, solo producen beneficio a ciertos sectores y no a la colectividad. Algunas además terminan en los tribunales porque carecen de sustento legal. De allí que la desconfianza crezca y la polarización aumente. Esta es la verdadera fuente de la “ingobernabilidad” y no, como se ha insinuado, que se debe al marco jurídico y técnico que ha creado el país.

Diálogo, clave de solución. Algunos consideran que la solución a esta situación es un cambio de la estructura política. Empero, con o sin ella, hay un tema de transfondo fundamental, y es que se ocupan instancias asertivas y efectivas de diálogo que lleve a plantear soluciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo. Es urgente definir un derrotero común, y no un norte sectorizado por una visión parcial de la realidad nacional. Alejarse de ese camino del diálogo abierto y transparente, creyendo que la solución es imponer las decisiones de forma unilateral, como si la sociedad no tuviera voz y opinión, es agravar aún más la ya frágil situación imperante.

En nuestro país, disponemos de las herramientas y la disposición de casi todas las partes para dialogar e iniciar una discusión abierta y concreta para definir acciones encaminadas al desarrollo sostenible del país que, lejos de estancarse, requiere que se acelere.

Lo único que se ocupa es que las autoridades políticas abran esos espacios y, con seriedad, permitan que lejos de acumularse resentimientos, se creen soluciones.

Tenemos desde hace años herramientas para avanzar, pero lo que no tenemos es la voluntad de nuestros políticos para actuar.