La Ecosfera terrestre, que nos da comer, tiene un límite que estamos cerca de alcanzar

La capacidad de la Ecosfera terrestre, tanto continental como marina, tiene un límite crítico para abastecer los requerimientos de una población humana en crecimiento exponencial. La presión de las actividades humanas hacia los diversos recursos naturales se ha incrementado significativamente, en particular, durante los últimos 40 años en que la población de la humanidad se aumentó de 4,5 a 7,9 miles de millones de personas.

La afectación producida por las actividades productivas humanas ha sido muy intensa, debido a la aplicación de una economía depredadora del ambiente y que, en general, no ha sido, ni es socio-ambientalmente sustentable. Uno de las consecuencias más significativas, es el impacto en la fuente de alimentos para la humanidad, lo cual requiere que se le dé la mayor atención por su gran importancia.
En las últimas décadas nuestro planeta se ha hecho pequeño para la humanidad. La Ecosfera terrestre es la parte de nuestra nave espacial planetaria donde se producen los alimentos que sostienen a la toda la población mundial.

El problema es que ese “invernadero planetario -continental y marino-“ tiene una capacidad máxima de producción y en muchos aspectos ya la estamos alcanzando. Necesitamos reconocer el problema para plantear verdaderas y consistentes soluciones.

Datos de la ONU: la Organización de la Naciones Unidas (ONU), nos informa que “tras décadas de constante declive, el hambre en el mundo ha ido aumentando lentamente desde el 2015”. De acuerdo con este informe (https://www.un.org/es/sections/issues-depth/food/index.html), en el 2018 se estimaba que 821 millones de personas se iban a la cama con el estómago vacío.

Desde el 2004, según la ONU, el aumento de producción de alimentos no pudo mantenerse al mismo nivel en el que crecía la demanda, por lo que los precios de la mayoría de los cereales comenzaron a subir. Se indica además que: la crisis económica mundial de 2008 y 2009 minó la seguridad alimentaria de muchos países.

El hambre ha aumentado en muchos de los países donde la economía se ha desacelerado o contraído, principalmente en los estados de ingresos medios, tal y como muestra el Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2019. Uno de cada 10 seres humanos padece malnutrición o hambre en el mundo. De acuerdo con la ONU, es el principal riesgo a la salud de las personas, más que el sida, la malaria y la tuberculosis juntas.

Acceso a los alimentos: referente al acceso insuficiente a la comida nutritiva, la cifra es todavía más alarmante, según la ONU. El dato es de 2 mil millones de personas, localizados mayoritariamente, en países en vías de desarrollo, pero también representan un 8 % de la población de norte América y Europa, donde, paradójicamente, se desperdician como desechos gran cantidad de alimentos. África es la región más crítica, ya que casi el 20 % de sus habitantes se encuentra ”bajo el yugo del hambre y la malnutrición”.

Datos del 2020 señalan que la “producción de alimentos a nivel mundial solo alcanza para alimentar el 44 % de la población” (https://www.posibl.com/es/news/sociedad/la-produccion-de-alimentos-a-nivel-mundial-solo-alcanza-para-alimentar-al-44- de-la-poblacion-17685511). El resto de alimentos se produce a costa de los límites planetarios según un análisis del sistema agrícola global, realizado por científicos del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), en Alemania.

Según el estudio, se asigna demasiada tierra para cultivos y ganado, se fertiliza demasiado y se irriga también en demasía. A modo de ejemplo, la cantidad de agua (en litros) que se requiere para producir un kilogramo de banano es de 800, de papas es de 287, de maíz es de 1.000 y de carne es de 15.000 (fuente: https://www.gaceta.unam.mx/la-produccion-de-alimentos-el-mayor-desafio-en-el-mundo/)

Medidas a tomar: el estudio citado señala que todavía existen vías para solucionar la situación y producir alimentos de forma más sustentable. Por ejemplo, en África subsahariana, se sugiere que una gestión más eficiente del agua y los nutrientes podría mejorar considerablemente los rendimientos agrícolas.

Otra de las recomendaciones de los expertos es la reconstrucción de las granjas utilizadas actualmente. La idea es ceder tierras en aquellos territorios donde más del 5 % de las especies están amenazadas. En aquellos bosques tropicales donde más del 85 % de sus árboles han sido talados, la tarea es reforestar. Se debe reducir la extracción de agua dulce utilizada para riego al igual que debe disminuirse el uso del nitrógeno para fertilizar terrenos cercanos a aguas superficiales, para evitar contaminación.

Y, agregan, en lugares donde estos límites no se exceden pueden expandirse granjas de cultivo. El estudio concluye que, las acciones a tomar, en este tema, potenciarían la producción actual a 7.8 mil millones de personas, una cifra cercana al total de la población mundial en este momento. De hecho, bajar el desperdicio de alimentos y depurar las porciones de carne en las dietas globales a una o dos, aumentaría las reservas agrícolas hasta 10,2 mil millones, un poco más de la población global proyectada para los próximos 30 años.

En el caso de Costa Rica y otros países tropicales con suelos muy fértiles y que no se están usando para la producción de alimentos, el paso hacia una producción agrícola y agropecuaria regenerativa que evite la emisión de gases de efecto invernadero y más bien estimule el desarrollo de sumideros de carbono, resultaría en una actividad económica de gran potencial.

En síntesis, los patrones actuales de producción de alimentos en biomas terrestres no son ambientalmente sustentables, con lo cual se está incrementando seriamente la afectación de la Ecosfera terrestre. Además de ello, los alimentos que se producen son cada vez más costosos y no alcanzan para toda la población mundial. Pese a ello, existen posibles soluciones, pero se requieren acciones rápidas y urgentes en materia de realizar cambios en agricultura y la ganadería de forma tal que se dejen de afectar los límites planetarios para la producción de alimentos. Además, se hace indispensable producir alimentos más sanos y nutritivos, que garanticen una “seguridad alimentaria sustentable”.

Alimentos pesqueros: en materia de la producción de alimentos pesqueros (marinos y dulceacuícolas) la situación mundial muestra tendencias que preocupan. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desde 1950 hasta el 2020 la captura de especies marinas se quintuplicó, pasando de 20 millones de toneladas anuales a cerca de 100 millones de toneladas por año.

Por su parte, desde 1970 la acuicultura continental y marina se incrementó desde casi cero a 80 millones de toneladas por año. Esto, posiblemente hizo que los efectos de la sobreexplotación de especies no hayan sido tan intenso, aunque se ha duplicado desde la década de los años 70. Pese a eso, la tendencia de la pesca biológica no sostenible se ha incrementado en las últimas décadas y muestra una tendencia preocupante. También preocupa la acuicultura ambientalmente no sustentable.

Los estudios biológicos sobre las poblaciones marinas del planeta arrojan un indicador muy preocupante: la población total de vida marina se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años, y su reducción sigue en aumento.

A lo anterior se suma la afectación que tienen las aguas continentales y, particularmente marinas, por contaminación por químicos, microplásticos y, además, las afectaciones por efectos de Cambio Climático que llevan a considerar que, también en este tema nos estamos moviendo hacia un punto de No Retorno. Situación que implicaría que los mares dejen de producir alimento (en las próximas décadas) para una población humana cada vez más creciente.

Perspectiva de situación y soluciones: para los habitantes de un país tropical y fértil como Costa Rica, la idea de que la producción de alimentos en el mundo está disminuyendo resulta más bien rara. Los mercados y supermercados ofrecen una abundante variedad, tanto de vegetales como de cereales, granos y diferentes tipos de carne y pescado, aunque con precios cada vez más altos.

Algo similar sucede en los comercios de alimentos de los países industrializados y económicamente ricos. Situación que hace, como la disposición de aire para respirar y agua para tomar, nos hace tener la sensación de que no está pasando nada, lo cual no es la realidad. Más esa situación de oferta de alimentos no es la situación de todo el mundo.

La verdad es que en el planeta la producción de alimentos continentales y pesqueros está en descenso y que su costo ambiental de producción es cada vez más alto. Durante décadas esa producción ha traído consigo una mayor presión sobre los recursos naturales como el suelo y el agua, y provocado una significativa y creciente contaminación ambiental, incluyendo los océanos.

Toda esa realidad no puede ser ignorada, pues dejar que las tendencias que se han dado en los últimos años, sigan su camino, solo nos llevará a un escenario de mayor deterioro ambiental, costos cada vez más altos y en determinado momento, escasez. Es decir, con una población mundial con menor acceso a una alimentación apropiada. Algo que resultará, inexorablemente, en un problema social, de salud y ambiental para la humanidad.

Y como hemos indicado antes, si existe solución concreta a estos problemas, pero requiere ser implementada y actuar lo antes posible. Parte de esa solución consiste en aportar información ambiental inteligente a los gobiernos locales para ordenar y planificar el uso de sus territorios de forma sustentable. No todos los espacios geográficos son aptos para la producción agrícola y agropecuaria, como tampoco lo son para el desarrollo urbano.

Resulta de gran importancia, por medio de la planificación ambiental del territorio (de escala detallada), establecer las zonas de producción agrícola y agropecuaria principalmente regenerativa y ordenar la producción sustentable de alimentos vegetales y de proteínas animales.

En este tema, los países tropicales como Costa Rica, con suelos fértiles y con muy alta disposición hídrica tienen un potencial productivo muy alto. Algo que aportaría mucho a su desarrollo socioeconómico sostenible, ante un mundo con cada vez menos oferta de productos alimenticios verdaderamente ecológicos y sustentables. Las soluciones son viables y posibles, pero se ocupa empezar a actuar pronto y a escala local (municipal).

A este respecto, como ciudadanos de un cantón, todos tenemos el derecho de preguntar: ¿dispone nuestro municipio de un plan de ordenamiento territorial debidamente sustentado en información ambiental detallada?, ¿se han planificado ya los territorios para producción agrícola y agropecuaria regenerativa?, ¿se ha organizado la forma de corregir la contaminación ambiental que se está produciendo en el cantón?, ¿se ha iniciado un plan de recuperación y de restauración del equilibrio ambiental del territorio? Como se puede ver, hay mucho que podemos hacer. Solo debemos tener la voluntad de hacerlo.

Riesgo: geología vs ingeniería civil

No se trata de un combate de boxeo o de lucha libre. Se refiere a un dilema que tiene décadas de existir y que, lejos de resolverse, parece que cada día se profundiza. Con ello, quienes pagan por los “platos rotos” somos todos los ciudadanos y en particular aquellos que adquieren muy costosas y duraderas hipotecas (muchas veces en dólares) por una residencia o edificación que, ya desde el principio se localiza en un sitio de alta o muy alta amenaza natural. Algo que no parece justo, si las soluciones técnicas existen y se pueden aplicar con la debida antelación.

Geología no es lo mismo que Geotecnia: este es un tema controversial, incluso para algunos colegas geólogos que se dedican a la Geotecnia. En términos prácticos, la geotecnia, principalmente cuando es realizada desde el ámbito de la ingeniería civil, se concentra fundamentalmente en el suelo y la parte más superior del subsuelo. Se trata de un estudio muy local que realiza sondeos (de varios metros de profundidad), toma muestras para análisis de laboratorio y realiza algunos ensayos de campo (como pruebas de infiltración).

Siendo así, los estudios geotécnicos no realizan estudios locales más profundos, vinculados a las formaciones geológicas que se presentan en el subsuelo superior del área del proyecto o en sus alrededores.

Los datos sobre las formaciones geológicas consideran observaciones profesionales sobre la litología de las rocas, su composición mineralógica y petrológica, dureza, fracturación y estratificación (lineación), corteza de meteorización, contenido de arcilla y porosidad y permeabilidad aparentes, entre otros datos técnicos. Además, identifican la unidad geodinámica a que se suscribe el terreno, como por ejemplo si se trata de una abanico aluvial activo, o un valle de inundación fluvial o una ladera inestable.

Estos estudios técnicos son más del ámbito de la Geología y por eso, no es posible afirmar que un estudio geotécnico es equivalente a un estudio geológico. Aunque parezca lógico y sencillo, en realidad, esta diferencia genera un sinnúmero de problemas.

Geoaptitud del terreno: el resultado práctico de un estudio geológico aplicado tiene directa relación con la denominada Geoaptitud del Terreno que es la aptitud geológica natural que tiene un terreno para asimilar un proyecto de construcción como un edificio, una carretera o una obra de infraestructura como un acueducto o similar.

Como parte de la Geoaptitud, además de las características litopetrofísicas de las formaciones geológicas del subsuelo superior, se reconocen aspectos geomorfológicos, hidrogeológicos, de estabilidad de ladera y de diversos tipos de amenazas naturales vinculadas la GeoRiesgos o efectos del Cambio Climático.

En países tropicales el tema hidrogeológico es de gran importancia, dado que con un correcto estudio geológico es posible dilucidar si existen mantos de aguas subterráneas (acuíferos) bajo la superficie del terreno. Se puede reconocer incluso, la profundidad del nivel de agua y hasta el posible caudal que puede ser extraído en caso de perforar un pozo para su aprovechamiento. Nótese que este conocimiento resuelve un problema cada vez más creciente como lo es la disponibilidad de agua por medio de un acueducto.

Como parte de las amenazas naturales se debe reconocer la susceptibilidad sísmica del terreno (terremotos), los peligros volcánicos (si se encuentra a menos de 30 Km de un centro de emisión), los deslizamientos, deslaves, derrumbes y procesos erosivos, inundaciones fluviales y paso de flujos de sedimentos, licuefacción, ruptura en superficie por fallamiento geológico activo, subsidencias y hundimientos, así como cambios relativos del nivel del mar y tsunamis en zonas costeras.

La forma práctica de resumir estos resultados es señalando el grado de Geoaptitud que tiene el terreno, subrayando las limitantes técnicas por factores geológicos que determinan el uso potencial del terreno y las consideraciones que deben ser tomadas en el diseño ingenieril.

¿Qué pasa cuando no hay estudio de Geoaptitud?: cuando las condiciones de Geoaptitud son buenas, es posible que con el estudio geotécnico sea suficiente como base para el diseño del proyecto. No obstante, cuando esas condiciones no son buenas, es decir, cuando hay limitaciones, los datos de Geoaptitud son muy necesarios.

Los estudios de ordenamiento y planificación territorial, así como de gestión preventiva del riesgo coordinados por el autor en Centroamérica y el Caribe, llevan a concluir que el porcentaje promedio de terrenos de buena Geoaptitud es de aproximadamente un 35 %. El resto del territorio requiere de estudios geológicos o de Geoaptitud para establecer las condiciones del desarrollo de construcciones.

Este hecho, aunado a la circunstancia de que en la región mencionada se dispone de relativamente pocos geólogos por país, a lo cual se suma la falta de cartografiado geológico de detalle (escala 1.25.000 o menor, preferentemente 1:5.000), lleva a un grave resultado: la gran mayoría de los proyectos de construcción en Centroamérica y Caribe no cuentan con un detallado estudio geológico (o de Geoaptitud) de previo al diseño del proyecto. Menos en lo que a la selección de la finca se refiere.

La afirmación anterior se ve confirmada por el hecho de que entre el 40 al 50 % de todas las construcciones en Centroamérica y el Caribe, se localizan en terrenos de alta y muy alta susceptibilidad a amenazas naturales (Georiesgos y efectos del Cambio Climático). Algo que explica lo sucedido en el caso del terremoto de Haití del 2010 que provocó el fallecimiento de 316 mil personas, 350 mil heridos y la perdida de hogar para más de 1,5 millones de personas. Toda una terrible catástrofe cuyas secuelas sociopolíticas y económicas todavía perduran en ese país del Caribe que es uno de los más pobres del mundo.

Los costos económicos: la ausencia de estudios de Geoaptitud detallados, a parte de las graves consecuencias en la pérdida de vidas humanas, también puede llevar a que se produzcan muy serias pérdidas económicas. Existen muchos ejemplos de ello.

En Ciudad Guatemala gran parte de la infraestructura estratégica fue desarrollada sobre áreas de alta susceptibilidad sísmica, pese a la experiencia del terremoto de 1976. El desarrollo de un nuevo evento sísmico podría provocar costos económicos muy significativos en la Ciudad.

En Costa Rica, la llamada “nueva” carretera a San Carlos tiene casi 30 años de estar desarrollándose con una fuerte inversión económica gracias a los problemas de Geoaptitud y no tanto geotécnicos. Todavía se requiere de una inversión similar a la ya realizada para poder terminarla sin tener la garantía de que será una obra resiliente.

En el caso de la Ciudad de Managua, la nueva urbe fue gradualmente desarrollada sobre la antigua zona “terremoteada” por el fuerte sismo de 1972 que destruyó gran parte de esa capital. Algo parecido sucede con la Ciudad de San Salvador, cuya ciudad ha seguido creciendo por las zonas fuertemente impactadas por los terremotos del 2001.

En San Pedro Sula, Honduras, la mitad de esta ciudad, incluyendo su aeropuerto internacional se localiza sobre una zona de muy alta susceptibilidad a la inundación fluvial. Durante los últimos años las graves inundaciones han sacado al aeropuerto de operación por semanas y, además, las evacuaciones de poblados enteros se han tenido que dar en medio de gran anegamiento que tapa los techos de las casas y trágicamente acaba con la vida de los animales domésticos y de granja, llevándose también los sueños de los residentes que sobreviven y que tienen que empezar su vida nuevamente a partir de casi nada.

Grave problema y solución: la experiencia del autor en sus estudios por Centroamérica y también en América Latina, siempre lleva a la misma conclusión. Conforme más se incrementa el tamaño de las urbes latinoamericanas por la fuerte migración del campo a la ciudad, más crece la cantidad de construcciones que se presentan en condiciones de riesgo a las amenazas naturales, incluyendo los efectos del Cambio Climático. Es un crecimiento casi exponencial.

Las machas urbanas de las ciudades latinoamericanas cubren, cual extensa alfombra de cemento y rocas, los valles fluviales, las laderas de los volcanes activos y las fuertes laderas de las montañas que todavía no hace mucho estaban cubiertas de bosques con miradores para ver la ciudad.

Todo esto sucede sin estudios de Geoaptitud y todavía más grave, sin ordenamiento ni planificación del territorio. Salvo muy pocas excepciones, es un crecimiento urbano totalmente desordenado, caótico, vegetativo, al son de instrumentos normativos altamente permisivos que permiten construir prácticamente en cualquier local.

Así como en las ciudades latinoamericanas y centroamericanas y del Caribe, la Gran Area Metropolitana de Costa Rica sigue expandiendo su marcha urbana con cada vez más gente en condición de riesgo. Algo grave a la luz probabilística de un eventual terremoto urbano. Algo que debería llamar seriamente la atención de las autoridades.

Es de gran importancia desarrollar una planificación territorial verdaderamente sustentada en datos técnicos, donde la Geoaptitud del terreno no debe ser visto como un tema de conflicto con la ingeniería civil, sino como un complemento para desarrollar construcciones más seguras y resilientes. La geología y la ingeniería civil no son disciplinas técnicas en choque, como lo quieren hacer parecer algunos equivocados.

Contraloría, INVU y planificación territorial

El informe de la Contraloría General de la República (CGR), DFOE AE IF 06 2012 del 31 de julio pasado, sobre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, es, desafortunadamente, sumamente decepcionante. Aclaro que no lo es tanto por el esfuerzo y dedicado trabajo de la Contraloría en el proceso de auditoría, sino por el hecho de que en sus conclusiones deja entrever una evidente falta de perspectiva. No es la primera vez que la CGR audita al INVU en el tema. Hay dos importantes informes previos, de 1999 y del 2003 que la misma Contraloría parece obviar. En el primero señalaba que el INVU era el principal corresponsable del incumplimiento del Plan GAM de 1982 y por tanto del caos urbano que ya se estaba dando en el aquel tiempo. En el segundo, se recalcaba la misma posición e incluso se recomendaba al Poder Ejecutivo que mejor conformara una autoridad con mayor músculo político para encargarse de esa tarea.

Sin embargo, ahora en el 2012, cuando se suman casi 10 años más de desaciertos y de probada incapacidad, termina la CGR urgiendo al INVU para que se “apure” y le pone plazos para que genere productos, dejando de lado la perspectiva real y concreta de la situación: el INVU no ha cumplido con su responsabilidad durante 44 años; la mejor prueba es que ni el 5 % del territorio nacional cuenta con planes reguladores aprobados.

Así, la CGR lejos de resolver el gran problema planteado, contribuye a que se haga más grande, pues le trasmite al INVU el mensaje de que “no importa su evidente incapacidad institucional, siga adelante”. Desgraciadamente para el país, eso no conduce al desarrollo, sino a todo lo contrario, nos sumerge en el subdesarrollo.

Auditoría en perspectiva. La falta de perspectiva es la confusión que tienen la CGR y otras muchas entidades y ciudadanos, al creer que el INVU es la autoridad en materia de ordenamiento territorial, ¡y NO es así!

El INVU tiene una tarea exclusiva en materia de planificación urbana, no de planificación territorial. Este grave error de “raíz” es lo que induce a considerar el reciente informe de la Contraloría como un serio desliz.

Confundir la planificación urbana con la planificación territorial no es culpa de la CGR, pues al igual que muchos, es inducida al error. Pero urge que eso se aclare por el bien de todos.

La misma Ley de Planificación Urbana (Ley 4240 de 1968) define la planificación urbana como “el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad”. Es claro que no es una ley de ordenamiento y planificación territorial.

De ahí que regulaciones y actuaciones derivadas de esta ley, como el Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones (de 1982) estén tan desactualizado respecto a la legislación ambiental más moderna: Ley Orgánica del Ambiente (1995), Ley Forestal (1996), Ley de Biodiversidad (1998), Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (1998), Ley Nacional de Emergencias (2006), entre otras.

Muchos fallos. La CGR, en su informe, señala muchos nuevos errores del INVU:

a) Más de ¢10.300 millones invertidos en casi 12 años, sin que todavía no se tenga ningún Plan GAM aprobado.

b) Las observaciones efectuadas por el INVU para objetar el PRUGAM, son subsanables, o sea que no había necesidad de hacer un POTGAM.

c) No se ha cumplido con los mismos plazos que el INVU le presentó a la CGR.

d) Ni siquiera se ha elaborado un reglamento para el cobro de tarifas del INVU para la revisión de planes reguladores, a pesar de que, como reconoce el mismo INVU, hay planes reguladores costeros atrasados por que las municipalidades no han pagado.

e) Para colmo de males, el INVU está pidiendo más de ¢1000 millones más al BID para seguir haciendo el Plan GAM y el Plan Pacífico Central.

No parece darse cuenta la CGR que, sin querer, la están llevando a justificar más prórrogas que conllevan más tiempo y dinero, y el mantenimiento de un statu quo al que algunos parecieran sacarle buen provecho.

Es una historia de 44 años que parece extenderse todavía más cuando la CGR le da nuevos plazos al INVU. En esto la CGR peca de inocente, como le pasa con el tema del anillo de contención, pues señala que el nuevo anillo de contención que propone el INVU en el POTGAM es más pequeño que el del Plan GAM 82, algo que está totalmente alejado de la realidad.

Urgen soluciones concretas. Seguir insistiendo en que el INVU haga ordenamiento territorial, elabore un buen Plan GAM y trabaje con cronómetro en mano, en un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, no tiene sentido. La misma CGR lo reconoció en el 2003 y, por eso, le indicó al Poder Ejecutivo que mejor creara una nueva instancia que se encargara del tema.

Una carta reciente a la señora presidenta Chinchilla de parte de un grupo de ciudadanos profesionales vinculados al tema de la planificación territorial, le propone una serie de medidas muy concretas y acertadas para resolver este asunto de raíz.

Se empieza por quitar al INVU la responsabilidad del ordenamiento territorial por su “probada incapacidad funcional”, y agregaría por la falta de sustento legal. Se promueve de urgencia una ley para crear una instancia nueva, técnica, para que se encargue del ordenamiento territorial y, mientras tanto, y conforme con la artículo 169 constitucional, se da postestad a las municipalidades que cuentan con viabilidad ambiental para sus planes reguladores a ponerlos en vigencia con la aprobación de sus concejos municipales.

Es un principio de solución que es verdaderamente razonable y acorde con el tamaño del problema que tenemos. Hubiera sido bueno que la CGR planteara soluciones en un sentido parecido, en vez de recetarnos algo más de lo mismo. La caótica situación de la GAM y el impacto que ello le significa al país en términos de costos, merecía algo mucho más novedoso.

Cooperación internacional para el subdesarrollo

Ante la reciente noticia dada a conocer por este diario, sobre el hecho de que el INVU desechó el PRUGAM y elabora su propio Plan de Ordenamiento Territorial para la Gran Área Metropolitana (POTGAM), así como por las declaraciones de su presidente ejecutiva y de la ministra de Vivienda, se hace obligatorio hacer un repaso de las consecuencias que ello tiene y también, por qué no, de las posibles causas.

Como toda obra humana, el Plan PRUGAM podría tener defectos y errores; no obstante, lo que resulta inverosímil y hasta inaceptable, es que prácticamente se desechara un trabajo de casi 6 años, que realizó más de 20 estudios técnicos por parte de equipos multidisciplinarios, nacionales y extranjeros y en el que se invirtieron, incluyendo las obras demostrativas, cerca de 18 millones de euros, once de los cuales fueron aportados por cooperación internacional no reembolsable de la Unión Europea.

Inversión despreciada. ¿Cómo así que se echa por la borda tanta inversión de la Unión Europea y tantos estudios técnicos urgentes para ordenar nuestras desordenada GAM? ¿Con qué cara vamos a presentar nuevas solicitudes de apoyo a la Unión Europea o a otros cooperantes en la materia?

El PRUGAM generó muchos productos, siendo sus dos principales, la zonificación de fragilidad ambiental de la GAM y el Plan PRUGAM propiamente. El primero, corresponde con el Informe Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible, que fue revisado durante el año 2009 por la SETENA y finalmente aprobado en noviembre de ese año. El segundo, corresponde con el Plan Regional, con los lineamientos de desarrollo urbano y que se complementaba con los planes reguladores de los 31 cantones de la GAM que en el marco del PRUGAM, fueron elaborados u homologados.

En lo referente al Informe Ambiental, se generó una abundante cartografía digital con datos muy importantes para la planificación urbana y la gestión del riesgo, todo a escala 1:10.000 para un territorio de 1.758 km².

Se elaboraron mapas de amenazas naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad, de fallas geológicas y volcanismo), así como mapas hidrogeológicos que identificaron las áreas de recarga acuífera, las zonas de aptitud forestal y las zonas frágiles por cobertura boscosa y corredores biológicos. Se identificaron las zonas de sobreúso o desequilibrio ecológico y las medidas para remediarlas. Se localizaron las construcciones en zonas de riesgo y se trazaron los lineamientos para corregir la situación.

Finalmente, se establecieron los grandes lineamientos ambientales regionales para dar sostenibilidad al uso del territorio, en materia de gestión de riesgo, protección de ecosistemas, desarrollo de infraestructura, protección del paisaje y manejo integrado de recursos hídricos, entre otros.

Toda esta información técnica ambiental había sido integrada y transformada en la propuesta urbana y territorial del Plan PRUGAM. La pregunta obligada que surge es ¿cómo se ha hecho en el caso del POTGAM? ¿Cómo se integró esa información ambiental ya aprobada a esta nueva propuesta, o fue que no se hizo?

Contrario a lo que se ha insinuado, el PRUGAM y sus productos no fue obra de un grupo de técnicos encerrados en una oficina. El PRUGAM es un fruto interinstitucional cuyos productos fueron consultados y discutidos ampliamente. De esto, lo que más llama la atención es que el INVU, entidad que ahora lo desecha, fue parte de ese grupo de instituciones que participaron en su elaboración.

Nuevamente, surge una pregunta obligada: ¿por qué razón el INVU, como entidad que formaba parte del PRUGAM, no planteó sus objeciones cuando el trabajo se estaba realizando? ¿Por qué esperar hasta que la oficina de PRUGAM fuera cerrada por el Ministerio de Vivienda en abril del 2010 y no tuviera oportunidad de responder a las objeciones con que se rechazó la propuesta? ¿Por qué no solicitar que quienes elaboraron la propuesta, la corrigieran según los requerimientos del INVU?

¿La destitución del arquitecto Eduardo Brenes, como director del PRUGAM, en febrero del 2010 por parte de la ministra de Vivienda Clara Zomer por emitir criticas fundamentadas a un Decreto Ejecutivo que ignoraba estos estudios, era tal vez una primera advertencia?

Ante esto, se debe recordar que el INVU no fue asignado para elaborar el Plan GAM, precisamente porque la misma Contraloría General de la República, en dos informes, uno de 1998 y otro del 2003 le había señalado una serie de fallas muy importantes, e incluso lo responsabilizaba por el desorden urbano que para ese momento ya tenía la GAM. La Contraloría, en los dos casos, le recomienda al Poder Ejecutivo, crear una nueva instancia que diera mejor soporte al ordenamiento del territorio, de allí que surgiera el PRUGAM.

Consecuencias. La principal consecuencia de lo ocurrido debe doler y disgustar a todos los costarricenses preocupados por el futuro del país.

Seguimos sin avanzar, haciendo círculos, y pareciera también ahora el ridículo en la materia. Una característica que nos separa y amplia la brecha que nos aleja de los países verdaderamente desarrollados. Cada vez son más los ejemplos: Plan GAM del 82 y su no cumplimiento por el mismo INVU, el Plan de la Cuenca del Tárcoles, la Comisión Terra y ahora el PRUGAM. ¿Qué seguirá: ¿El Plan PEROT de Guanacaste? ¿Los planes reguladores de las decenas de municipios que tienen años de estar trabajando en ellos?

Las causas de lo sucedido no deben quedar en el olvido. Se deben pedir explicaciones e investigaciones detalladas y bien fundamentadas a las autoridades que ahora, con tanta facilidad, señalan que se desecha “porque no dio la talla” o “se quedó corto”. Esas explicaciones no son suficientes y esconden probablemente lo que ha llevado a la situación caótica del país en materia ambiental y de ordenamiento territorial: decisiones políticas que carecen totalmente de sustento técnico.

No es posible que casi una década de esfuerzo en el desarrollo de una planificación territorial, que tanto cuesta a un país como Costa Rica, y para la cual la Unión Europea apoyó desinteresadamente, se deseche y trate como “bien de difunto”.

Si no se dan las explicaciones correctas para los costarricenses, al menos debería hacerse para la Unión Europea, a quienes les debemos, como mínimo una disquisición por esta vergonzosa situación en que hemos caído. Y que los que han tomado esta extraña decisión, devuelvan a la Unión Europea el monto de su “fallida” ayuda para apoyarnos a sacarnos del subdesarrollo en el que nuestros políticos parecieran sentirse tan a gusto.

¿Hasta Cuándo?

Colaboración con Eduardo Brenes.

Un plan regulador tiene como objetivo plasmar mediante mapas y reglamentos el ordenamiento y planificación del uso de un territorio, para alcanzar un balance económico, social y de protección del ambiente y de los recursos naturales. El plan regulador surgió con la Ley de Planificación Urbana, en el año 1968. No obstante, la salida de nuevas leyes ambientales (forestal, suelos, biodiversidad y de emergencias) lo ha convertido en un instrumento más integral, complementando lo urbano.

Un plan regulador para una municipalidad implica un esfuerzo extraordinario, que se inicia con la búsqueda de recursos para financiarlo. Eso puede llevar años. Luego viene el proceso de contratación y de elaboración, por parte de una entidad externa a la municipalidad. También puede llevar años. Cuando la propuesta está lista, sigue la revisión y aprobación, con dos componentes, la parte ambiental ante la SETENA, y la parte urbana, ante el INVU. Aunque parece que el proceso llega a su fin, en realidad “el viacrucis” apenas empieza.

SETENA-obstáculos. El Informe Ambiental está normado por el Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE (procedimiento para introducir la variable ambiental) del 2006. Su objetivo es que se tomen en cuenta y se ordenen una serie de variables (geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, de amenazas naturales, de aspectos biológicos generales, de suelos y capacidad de uso de la tierra y de uso humano de los terrenos), a fin de que la propuesta de uso considere las limitantes técnicas identificadas.

La finalidad es que la propuesta del plan regulador considere los aspectos ambientales generales;  y que en casos de proyectos específicos, cuando estos realizaran la evaluación de impacto ambiental (EIA), resolvieran los detalles de información ambiental faltantes y relacionados directamente con el terreno a desarrollar. El método y cartografía resultante facilitaría los procesos o tramitología para obtener permisos de construcción.

A pesar de que el objetivo es claro, el proceso en la SETENA se ha venido a complicar y a llenar de obstáculos durante los últimos meses. Cada vez surgen más requisitos, y van desde el solicitar, contrario a lo que establece la Ley 8220, al consultor la certificación de que está al día con la CCSS, hasta la realización de “audiencias públicas” para el informe ambiental.

La SETENA solicita informes más largos y detallados, y por tanto, más costosos, modificando el patrón que  ella misma instauró previamente y con el que ya ha otorgado viabilidades ambientales a municipalidades. Además, la SETENA no aplica el grado de exigencia y rigurosidad que ella solicita a su propio proceder, ya que no cumple los plazos de revisión, pasándolos de meses a años.

INVU-obstáculos. Por su parte, el INVU no está lejos de lo que ha hecho la SETENA. Por un lado, su Junta Directiva emite un Acuerdo para trasladar a las municipalidades el costo de la elaboración y revisión de los planes reguladores, como si esta no fuera una función esencial dada por la ley a esta institución. Esto se presenta como una sorpresa desagradable para los municipios y difícil de sortear, pues generalmente no cuentan con recursos. Pero si eso no fuera obstáculo, ese Acuerdo incluso induce a confusión, cuando señala que lo que se cobra por elaborar un plan regulador “no incluye los IFAs” (el informe ambiental), contradiciendo el mismo Manual de Planes Reguladores del INVU y del Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE.

Pero, el asunto no se queda allí, resulta que el INVU dice que ahora, antes de revisar planes reguladores, primero debe revisar y aprobar los planes regionales, como el de la GAM y Guanacaste. Nos preguntamos, ¿y qué pasa con los planes reguladores que se hacen donde no hay plan regional? Sobre todo cuando el tema de las regiones de planificación territorial no está bien establecido, desde el punto de vista legal por el Poder Ejecutivo.

A esto se suma que los períodos de revisión de los planes reguladores en el INVU son muy lentos y llevan años, como el caso del plan regulador de San Ramón, ¡que tardó 9 años! A ese ritmo, es posible que el país disponga de planes reguladores en el siglo XXII.

En ausencia de plan regulador, aplica un reglamento nacional de fraccionamientos y urbanizaciones, promulgado por el INVU en 1982, que desde el punto de vista ambiental está totalmente desactualizado y obsoleto. Ese reglamento permite el uso indiscriminado de tanques sépticos, el terraceo en zonas de pendiente y el parcelamiento agrícola y forestal, que mal aplicado, ha producido un importante daño ambiental en las zonas rurales del país, por un desarrollo inmobiliario indiscriminado y voraz. Es claro quiénes son los que se benefician sin planes reguladores.

Buscando soluciones. Considerando el hecho de que nuestro país es vulnerable a muy diversos tipos de amenazas naturales; que presenta muchas zonas especiales, como áreas de recarga y descarga acuífera, zonas de alta pendiente y de ecosistemas boscosos; que la Ley de Emergencias exige que se haga gestión preventiva del riesgo, urge que las autoridades resuelvan de una vez por todas, mediante una clara directriz, respetando los criterios ambientales, territoriales y urbanos, y los trámites legales respectivos, y se simplifique su revisión y aprobación por la vía más expedita posible. ·Es vital que los planes reguladores entren a regir lo antes posible!
Seguir así solo nos profundiza en el subdesarrollo, y deja en estado de indefensión y riesgo a la mayoría de la población.