Ante la reciente noticia dada a conocer por este diario, sobre el hecho de que el INVU desechó el PRUGAM y elabora su propio Plan de Ordenamiento Territorial para la Gran Área Metropolitana (POTGAM), así como por las declaraciones de su presidente ejecutiva y de la ministra de Vivienda, se hace obligatorio hacer un repaso de las consecuencias que ello tiene y también, por qué no, de las posibles causas.
Como toda obra humana, el Plan PRUGAM podría tener defectos y errores; no obstante, lo que resulta inverosímil y hasta inaceptable, es que prácticamente se desechara un trabajo de casi 6 años, que realizó más de 20 estudios técnicos por parte de equipos multidisciplinarios, nacionales y extranjeros y en el que se invirtieron, incluyendo las obras demostrativas, cerca de 18 millones de euros, once de los cuales fueron aportados por cooperación internacional no reembolsable de la Unión Europea.
Inversión despreciada. ¿Cómo así que se echa por la borda tanta inversión de la Unión Europea y tantos estudios técnicos urgentes para ordenar nuestras desordenada GAM? ¿Con qué cara vamos a presentar nuevas solicitudes de apoyo a la Unión Europea o a otros cooperantes en la materia?
El PRUGAM generó muchos productos, siendo sus dos principales, la zonificación de fragilidad ambiental de la GAM y el Plan PRUGAM propiamente. El primero, corresponde con el Informe Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible, que fue revisado durante el año 2009 por la SETENA y finalmente aprobado en noviembre de ese año. El segundo, corresponde con el Plan Regional, con los lineamientos de desarrollo urbano y que se complementaba con los planes reguladores de los 31 cantones de la GAM que en el marco del PRUGAM, fueron elaborados u homologados.
En lo referente al Informe Ambiental, se generó una abundante cartografía digital con datos muy importantes para la planificación urbana y la gestión del riesgo, todo a escala 1:10.000 para un territorio de 1.758 km².
Se elaboraron mapas de amenazas naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad, de fallas geológicas y volcanismo), así como mapas hidrogeológicos que identificaron las áreas de recarga acuífera, las zonas de aptitud forestal y las zonas frágiles por cobertura boscosa y corredores biológicos. Se identificaron las zonas de sobreúso o desequilibrio ecológico y las medidas para remediarlas. Se localizaron las construcciones en zonas de riesgo y se trazaron los lineamientos para corregir la situación.
Finalmente, se establecieron los grandes lineamientos ambientales regionales para dar sostenibilidad al uso del territorio, en materia de gestión de riesgo, protección de ecosistemas, desarrollo de infraestructura, protección del paisaje y manejo integrado de recursos hídricos, entre otros.
Toda esta información técnica ambiental había sido integrada y transformada en la propuesta urbana y territorial del Plan PRUGAM. La pregunta obligada que surge es ¿cómo se ha hecho en el caso del POTGAM? ¿Cómo se integró esa información ambiental ya aprobada a esta nueva propuesta, o fue que no se hizo?
Contrario a lo que se ha insinuado, el PRUGAM y sus productos no fue obra de un grupo de técnicos encerrados en una oficina. El PRUGAM es un fruto interinstitucional cuyos productos fueron consultados y discutidos ampliamente. De esto, lo que más llama la atención es que el INVU, entidad que ahora lo desecha, fue parte de ese grupo de instituciones que participaron en su elaboración.
Nuevamente, surge una pregunta obligada: ¿por qué razón el INVU, como entidad que formaba parte del PRUGAM, no planteó sus objeciones cuando el trabajo se estaba realizando? ¿Por qué esperar hasta que la oficina de PRUGAM fuera cerrada por el Ministerio de Vivienda en abril del 2010 y no tuviera oportunidad de responder a las objeciones con que se rechazó la propuesta? ¿Por qué no solicitar que quienes elaboraron la propuesta, la corrigieran según los requerimientos del INVU?
¿La destitución del arquitecto Eduardo Brenes, como director del PRUGAM, en febrero del 2010 por parte de la ministra de Vivienda Clara Zomer por emitir criticas fundamentadas a un Decreto Ejecutivo que ignoraba estos estudios, era tal vez una primera advertencia?
Ante esto, se debe recordar que el INVU no fue asignado para elaborar el Plan GAM, precisamente porque la misma Contraloría General de la República, en dos informes, uno de 1998 y otro del 2003 le había señalado una serie de fallas muy importantes, e incluso lo responsabilizaba por el desorden urbano que para ese momento ya tenía la GAM. La Contraloría, en los dos casos, le recomienda al Poder Ejecutivo, crear una nueva instancia que diera mejor soporte al ordenamiento del territorio, de allí que surgiera el PRUGAM.
Consecuencias. La principal consecuencia de lo ocurrido debe doler y disgustar a todos los costarricenses preocupados por el futuro del país.
Seguimos sin avanzar, haciendo círculos, y pareciera también ahora el ridículo en la materia. Una característica que nos separa y amplia la brecha que nos aleja de los países verdaderamente desarrollados. Cada vez son más los ejemplos: Plan GAM del 82 y su no cumplimiento por el mismo INVU, el Plan de la Cuenca del Tárcoles, la Comisión Terra y ahora el PRUGAM. ¿Qué seguirá: ¿El Plan PEROT de Guanacaste? ¿Los planes reguladores de las decenas de municipios que tienen años de estar trabajando en ellos?
Las causas de lo sucedido no deben quedar en el olvido. Se deben pedir explicaciones e investigaciones detalladas y bien fundamentadas a las autoridades que ahora, con tanta facilidad, señalan que se desecha “porque no dio la talla” o “se quedó corto”. Esas explicaciones no son suficientes y esconden probablemente lo que ha llevado a la situación caótica del país en materia ambiental y de ordenamiento territorial: decisiones políticas que carecen totalmente de sustento técnico.
No es posible que casi una década de esfuerzo en el desarrollo de una planificación territorial, que tanto cuesta a un país como Costa Rica, y para la cual la Unión Europea apoyó desinteresadamente, se deseche y trate como “bien de difunto”.
Si no se dan las explicaciones correctas para los costarricenses, al menos debería hacerse para la Unión Europea, a quienes les debemos, como mínimo una disquisición por esta vergonzosa situación en que hemos caído. Y que los que han tomado esta extraña decisión, devuelvan a la Unión Europea el monto de su “fallida” ayuda para apoyarnos a sacarnos del subdesarrollo en el que nuestros políticos parecieran sentirse tan a gusto.