Hemos leído con detenimiento el proyecto de ley de la diputada María Inés Solís Quirós quien reconoce la participación del Colegio de Geólogos de Costa (aunque deberíamos decir que es solamente la de algunos de sus miembros y su Junta Directiva, no necesariamente la de todo el gremio geológico del país).
No cabe duda de que lo que está pasando en Crucitas es un verdadero problema social y ambiental. Es un problema que se ha venido incrementado por diversas razones y cuya solución es compleja, pues parece superar la capacidad del Estado para lograr poner control en esa zona fronteriza tan porosa.
No obstante, aprovechar lo que allí está sucediendo, señalando que el daño ambiental es “inconmensurable” y listar, sin la debida cuantificación y respaldo técnico y científico de estudios bien fundamentados, que lo que está sucediendo en esos 120 Km2 de Crucitas y alrededores donde se está dando la explotación ilegal del oro (que representa 0,002 % del territorio nacional) y una serie de problemas sociales desencadenados por la actividad, resulta una acción desproporcionada y, hasta cierto punto, muy manipuladora de la realidad.
Primeramente, hay que que señalar que un territorio tan despoblado como esa zona de Cutris, en donde se presenta aproximadamente una familia por cada 100 hectáreas, está siendo abandonado por sus residentes por lo que allí está sucediendo, es sobredimensionar el problema con el fin de presentar un escenario que está lejos de la verdad.
En cierto que en Crucitas hay problemas de muchos tipos, pero debemos ubicarlo en su verdadera dimensión, muchos de ellos muy comunes a extensas áreas rurales abandonadas desde hace muchos años por las diversas administraciones.
Ahora bien, partir de ese problema para plantear un proyecto de ley que re-autoriza la minería metálica en todo el territorio nacional, incluyendo nuestros mares patrimoniales, parte de las áreas silvestres protegidas y los territorios indígenas, es una verdadera sobredimensión y oportunista actuación, la cual no ha sido debatida por la sociedad costarricense.
Más todavía si se señala que se le debe dar en concesión a empresas mineras extranjeras cuyo único objetivo es explotar el recurso mineral al menor costo y obtener el mayor beneficio económico de su inversión.
¿Qué tendrán nuestros colegas geólogos mineros en no querer ver el desastre ocasionado por empresas extranjeras en el continente americano y más allá, el robo sistemático de los beneficios y la incapacidad de los Estados de fiscalizar debidamente sus operaciones?
Tratar de resolver el puntual problema de Crucitas, exponiendo los 550 mil Km2 de nuestro territorio a la explotación minera es absolutamente desproporcionado e inconsecuente. Una verdadera y total ocurrencia con las que nos sorprenden cada cierto tiempo, algunos de los denominados “Padres de la Patria”.
No debemos olvidar que la minería metálica, incluso la realizada industrialmente, con alta tecnología, que por cierto genera muy pocos empleos, es altamente dañina al ambiente en países tropicales como Costa Rica. Daña el bosque, la biodiversidad, el suelo, el agua superficial y los acuíferos.
Esto sin mencionar que también genera problemas sociales en los anillos de pobreza de poblados mineros que se desarrollan en su entorno. De nuevo aquí aparece la misma pregunta: ¿qué no quieren ver de las pésimas experiencias vividas en El Salvador, en Honduras, en Guatemala o en Nicaragua nuestros ocurrentes diputados y mis colegas geólogos? ¿Dónde se ha visto que comunidades centroamericanas hayan salido del subdesarrollo gracias a empresas mineras extranjeras?
La revisión del proyecto de ley deja ver una serie de elementos que no están encaminados a resolver el tema Crucitas que es lo que urge, todo lo contrario, es multiplicarlo por todo el país. Se establece una escala a la minería, pero es engañosa, pues incluso la minería que iba a realizar Industrias Infinito en Crucitas calificaría como de “mediana”, aunque su impacto final, iba a ser muy grande, incluso mayor, por sus dimensiones y riesgos ambientales que los que se están generando en la actualidad con la minería ilegal.
Abrir los territorios de las tribus originales (indígenas) para que las empresas mineras trasnacionales “negocien” con ellos para explotar los recursos mineros metálicos en esos territorios, es abrir una “caja de pandora” que lejos de resolver los problemas sociales que existen, lo agravará muchos más. Al parecer, nadie de los proponentes de la ley se ha interesado por la suerte de comunidades indígenas frente a proyectos mineros en Guatemala o en Honduras.
Sacrificar parte de las áreas silvestres protegidas, como las zonas protectoras de bosque, los humedales o los refugios de vida silvestre no estatales para que sean objeto de explotación minera metálica, por empresas transnacionales, es prácticamente una locura, pues estaría sacrificando zonas de la Ecosfera Terrestre que deben ser protegidas y mejoradas, en medio de una alerta planetaria de la ONU que señala que más bien hay que regenerar y recuperar 100 mil millones de hectáreas de bosques y ecosistemas en todo el planeta.
El mensaje que estaría trasmitiendo al mundo Costa Rica, sería sumamente nefasto y negativo. Algo que jamás debería darse.Para finalizar y consciente de lo que está pasando en Crucitas, se hace indispensable que el Ministerio Público investigue a profundidad cómo empezó esta crisis ambiental y quienes son los verdaderos responsables.No es fácil creer los coligalleros de Abangares o de Osa, o de Nicaragua, pudieran saber dónde estaban, y ello con extrema exactitud, los sitios de mayor ley de explotación, sin que “expertos” en minería y con amplios conocimientos de los resultados de la exploración minera realizada por Industrias Infinito durante muchos años, no les dieran “cierta orientación”.
Creo que hay responsables del inicio de esta grave crisis ambiental y social y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Puede incluso que algunos sectores políticos no sean del todo ajenos a esta súbita “fiebre por el oro” perfectamente bien orquestada en algunos medios de comunicación pocas semanas después de una interesante decisión tomada por la actual Fiscal General de la República.