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¿Costa Rica: un país petrolero?

Ante la afirmación del señor Ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez E. de que “no hay evidencias científicas de que existan yacimientos de petróleo en el país”; mis colegas de la Comisión de Hidrocarburos del Colegio de Geólogos de Costa Rica han emitido una publicación donde lo intentan desmentir y señalan que: «distintos estudios científicos realizados durante décadas confirmaron un importante y atractivo potencial de reservas de petróleo en Costa Rica».

Nos preguntamos: ¿Quién tiene la razón? ¿De verdad puede haber yacimientos comerciales de petróleo o gas natural en Costa Rica? ¿Y si fuera cierto, eso nos sacaría de la crisis económica en que estamos? Dado que esta información resulta de mucha importancia en el contexto de que en nuestra Asamblea Legislativa se discute, actualmente, un proyecto de ley para prohibir la actividad petrolera en el país, tal y como se hizo hace diez años con la explotación de oro a cielo abierto.

Por eso, vale la pena hacer un análisis de la situación como un insumo para la toma de esa importante decisión. Aclaro que como geólogo tengo la posibilidad técnica de opinar sobre el tema, y también porque trabajé en exploración petrolera en Recope durante 15 años, y además, porque soy especialista en Geología Sedimentaria que es una parte de la Geología que se vincula directamente con la Geología Petrolera.

Yacimientos de hidrocarburos: como he señalado anteriormente (ver: www.allan-astorga.com), en geología petrolera, como en minería, una cosa es el potencial y los yacimientos probables que los yacimientos probados. Estos últimos son los que cuentan, pues todo lo demás es únicamente una posibilidad que tiene que ser demostrada. En el caso de Costa Rica, podemos decir que hay indicios de potencial, pero ni siquiera, después de casi un siglo de exploración petrolera, realizado por empresas petroleras como la Shell y por Recope, junto con PEMEX y PETROCÁNADA, no fue posible encontrar yacimientos probados de hidrocarburos (petróleo o gas natural). Si fuese así, lo hubiésemos estados explotando desde hace décadas.

La confusión se genera cuando al final de la exploración petrolera que realizó RECOPE una empresa norteamericana (Western Atlas), procesó toda la información técnica disponible e hizo proyecciones de potencial. Esto es lo que ha llevado al profesor Carlos Eduardo Roldán Villalobos haya afirmado que en el subsuelo del país hay más de $ 300 mil millones en riqueza petrolera. Lo malo es que eso es absolutamente especulativo y no tiene ningún respaldo científico que demuestre que se trata de yacimientos probados. En esto, el señor ministro tiene la razón.

Ley de Hidrocarburos entreguista: también sobre esto hemos explicado a los costarricenses que la Ley de Hidrocarburos que data del año 1994, es una ley muy entreguista, pues en el remoto caso de que se encontraran yacimientos comerciales de hidrocarburos (petróleo o gas natural), la misma ley establece que la empresa petrolera que lo descubra sería la propietaria de hasta el 85 % del yacimiento. El restante 15 % se le entregaría al país como una regalía. Además, la Ley en cuestión no protege correctamente al país desde el punto de vista ambiental, por lo que, al igual que en la minería metálica, una empresa petrolera no se haría cargo de atender los impactos ambientales residuales negativos, después de que se vaya del país. Eso lo tendríamos que pagar todos los costarricenses.

Como se ve, aunque se haga un gran esfuerzo por activar la altamente costosa actividad petrolera en el país, en el mejor de los casos, nos tocaría solamente el 15 % de la riqueza. El resto del petróleo tendríamos que comprarlo al precio del mercado, tal y como lo hacemos ahora.

Y si de puestos de trabajo se trata, tampoco la ganancia es mucha. Resulta que, con la tecnología actual, se ocupa relativamente poco personal, incluso para las actividades de explotación. Además, al ser un personal altamente especializado es muy probable que la petrolera prefiera a sus propios especialistas que serán extranjeros. En resumen, los beneficios económicos son pocos y estaríamos muy lejos de que nos ayude a resolver nuestros problemas económicos que, por cierto, en el caso de los otros países de América Latina que, si tienen petróleo, se ve que el mismo no les ha ayudado mucho, sino veamos los casos de México, Brasil, Venezuela y Ecuador, por mencionar algunos. Y, por cierto, Costa Rica no es Noruega, como mis colegas del Colegio a veces sugieren.

Turismo y actividad petrolera: es claro que un país donde se lleva a cabo la actividad petrolera desde hace mucho tiempo, también puede ser un país de atractivo turístico. No obstante, un país que es atractivo turístico por su tradición de protección de la Naturaleza como Costa Rica, en caso de dedicarse a la actividad petrolera, es muy probable que tenga mucho más que perder. En esto tiene razón la señora Cristiana Figueres. Costa Rica tiene un modelo de desarrollo, desde el siglo XIX que no se basa en la industria extractivista y eso es algo que nos ha hecho progresar en otros campos e incluso a ser un referente a nivel internacional.

Referente, no solo por proteger la Naturaleza, sino también, por ser líder en energía renovable y descarbonización de su economía. Descarbonización que, hoy más que nunca en la historia, nos obliga a asumirla con total responsabilidad como ejemplo en el mundo, dado los alarmantes valores de contenidos de gases de efecto invernadero que tiene nuestra atmósfera y la Crisis Climática que ya nos está afectando a todos.

En este aspecto, es claro que un país líder en el mundo en el tema de descarbonización y de lucha contra el Cambio Climático, perdería mucho de todo su prestigio si de la noche a la mañana cambia su rumbo y apuesta hacia una industria petrolera que ya está vetusta y en vías de extinción. Se trata de una industria que ya debemos dejar en el pasado, cambiándola por nuevas alternativas de energía más sustentable y menos contaminante.

Publicación original Julio 4, 2020 4:37 am

De la crisis de Crucitas a entregar los recursos mineros a empresas transnacionales

Hemos leído con detenimiento el proyecto de ley de la diputada María Inés Solís Quirós quien reconoce la participación del Colegio de Geólogos de Costa (aunque deberíamos decir que es solamente la de algunos de sus miembros y su Junta Directiva, no necesariamente la de todo el gremio geológico del país).

No cabe duda de que lo que está pasando en Crucitas es un verdadero problema social y ambiental. Es un problema que se ha venido incrementado por diversas razones y cuya solución es compleja, pues parece superar la capacidad del Estado para lograr poner control en esa zona fronteriza tan porosa.

No obstante, aprovechar lo que allí está sucediendo, señalando que el daño ambiental es “inconmensurable” y listar, sin la debida cuantificación y respaldo técnico y científico de estudios bien fundamentados, que lo que está sucediendo en esos 120 Km2 de Crucitas y alrededores donde se está dando la explotación ilegal del oro (que representa 0,002 % del territorio nacional) y una serie de problemas sociales desencadenados por la actividad, resulta una acción desproporcionada y, hasta cierto punto, muy manipuladora de la realidad.

Primeramente, hay que que señalar que un territorio tan despoblado como esa zona de Cutris, en donde se presenta aproximadamente una familia por cada 100 hectáreas, está siendo abandonado por sus residentes por lo que allí está sucediendo, es sobredimensionar el problema con el fin de presentar un escenario que está lejos de la verdad.

En cierto que en Crucitas hay problemas de muchos tipos, pero debemos ubicarlo en su verdadera dimensión, muchos de ellos muy comunes a extensas áreas rurales abandonadas desde hace muchos años por las diversas administraciones.

Ahora bien, partir de ese problema para plantear un proyecto de ley que re-autoriza la minería metálica en todo el territorio nacional, incluyendo nuestros mares patrimoniales, parte de las áreas silvestres protegidas y los territorios indígenas, es una verdadera sobredimensión y oportunista actuación, la cual no ha sido debatida por la sociedad costarricense.

Más todavía si se señala que se le debe dar en concesión a empresas mineras extranjeras cuyo único objetivo es explotar el recurso mineral al menor costo y obtener el mayor beneficio económico de su inversión.

¿Qué tendrán nuestros colegas geólogos mineros en no querer ver el desastre ocasionado por empresas extranjeras en el continente americano y más allá, el robo sistemático de los beneficios y la incapacidad de los Estados de fiscalizar debidamente sus operaciones? 

Tratar de resolver el puntual problema de Crucitas, exponiendo los 550 mil Km2 de nuestro territorio a la explotación minera es absolutamente desproporcionado e inconsecuente. Una verdadera y total ocurrencia con las que nos sorprenden cada cierto tiempo, algunos de los denominados “Padres de la Patria”.

No debemos olvidar que la minería metálica, incluso la realizada industrialmente, con alta tecnología, que por cierto genera muy pocos empleos, es altamente dañina al ambiente en países tropicales como Costa Rica. Daña el bosque, la biodiversidad, el suelo, el agua superficial y los acuíferos.

Esto sin mencionar que también genera problemas sociales en los anillos de pobreza de poblados mineros que se desarrollan en su entorno. De nuevo aquí aparece la misma pregunta: ¿qué no quieren ver de las pésimas experiencias vividas en El Salvador, en Honduras, en Guatemala o en Nicaragua nuestros ocurrentes diputados y mis colegas geólogos? ¿Dónde se ha visto que comunidades centroamericanas hayan salido del subdesarrollo gracias a empresas mineras extranjeras?

La revisión del proyecto de ley deja ver una serie de elementos que no están encaminados a resolver el tema Crucitas que es lo que urge, todo lo contrario, es multiplicarlo por todo el país. Se establece una escala a la minería, pero es engañosa, pues incluso la minería que iba a realizar Industrias Infinito en Crucitas calificaría como de “mediana”, aunque su impacto final, iba a ser muy grande, incluso mayor, por sus dimensiones y riesgos ambientales que los que se están generando en la actualidad con la minería ilegal.

Abrir los territorios de las tribus originales (indígenas) para que las empresas mineras trasnacionales “negocien” con ellos para explotar los recursos mineros metálicos en esos territorios, es abrir una “caja de pandora” que lejos de resolver los problemas sociales que existen, lo agravará muchos más. Al parecer, nadie de los proponentes de la ley se ha interesado por la suerte de comunidades indígenas frente a proyectos mineros en Guatemala o en Honduras.

Sacrificar parte de las áreas silvestres protegidas, como las zonas protectoras de bosque, los humedales o los refugios de vida silvestre no estatales para que sean objeto de explotación minera metálica, por empresas transnacionales, es prácticamente una locura, pues estaría sacrificando zonas de la Ecosfera Terrestre que deben ser protegidas y mejoradas, en medio de una alerta planetaria de la ONU que señala que más bien hay que regenerar y recuperar 100 mil millones de hectáreas de bosques y ecosistemas en todo el planeta.

El mensaje que estaría trasmitiendo al mundo Costa Rica, sería sumamente nefasto y negativo. Algo que jamás debería darse.Para finalizar y consciente de lo que está pasando en Crucitas, se hace indispensable que el Ministerio Público investigue a profundidad cómo empezó esta crisis ambiental y quienes son los verdaderos responsables.No es fácil creer los coligalleros de Abangares o de Osa, o de Nicaragua, pudieran saber dónde estaban, y ello con extrema exactitud, los sitios de mayor ley de explotación, sin que “expertos” en minería y con amplios conocimientos de los resultados de la exploración minera realizada por Industrias Infinito durante muchos años, no les dieran “cierta orientación”.

Creo que hay responsables del inicio de esta grave crisis ambiental y social y sobre ellos debe caer todo el peso de la ley. Puede incluso que algunos sectores políticos no sean del todo ajenos a esta súbita “fiebre por el oro” perfectamente bien orquestada en algunos medios de comunicación pocas semanas después de una interesante decisión tomada por la actual Fiscal General de la República.