Cooperación internacional para el subdesarrollo

Ante la reciente noticia dada a conocer por este diario, sobre el hecho de que el INVU desechó el PRUGAM y elabora su propio Plan de Ordenamiento Territorial para la Gran Área Metropolitana (POTGAM), así como por las declaraciones de su presidente ejecutiva y de la ministra de Vivienda, se hace obligatorio hacer un repaso de las consecuencias que ello tiene y también, por qué no, de las posibles causas.

Como toda obra humana, el Plan PRUGAM podría tener defectos y errores; no obstante, lo que resulta inverosímil y hasta inaceptable, es que prácticamente se desechara un trabajo de casi 6 años, que realizó más de 20 estudios técnicos por parte de equipos multidisciplinarios, nacionales y extranjeros y en el que se invirtieron, incluyendo las obras demostrativas, cerca de 18 millones de euros, once de los cuales fueron aportados por cooperación internacional no reembolsable de la Unión Europea.

Inversión despreciada. ¿Cómo así que se echa por la borda tanta inversión de la Unión Europea y tantos estudios técnicos urgentes para ordenar nuestras desordenada GAM? ¿Con qué cara vamos a presentar nuevas solicitudes de apoyo a la Unión Europea o a otros cooperantes en la materia?

El PRUGAM generó muchos productos, siendo sus dos principales, la zonificación de fragilidad ambiental de la GAM y el Plan PRUGAM propiamente. El primero, corresponde con el Informe Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible, que fue revisado durante el año 2009 por la SETENA y finalmente aprobado en noviembre de ese año. El segundo, corresponde con el Plan Regional, con los lineamientos de desarrollo urbano y que se complementaba con los planes reguladores de los 31 cantones de la GAM que en el marco del PRUGAM, fueron elaborados u homologados.

En lo referente al Informe Ambiental, se generó una abundante cartografía digital con datos muy importantes para la planificación urbana y la gestión del riesgo, todo a escala 1:10.000 para un territorio de 1.758 km².

Se elaboraron mapas de amenazas naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad, de fallas geológicas y volcanismo), así como mapas hidrogeológicos que identificaron las áreas de recarga acuífera, las zonas de aptitud forestal y las zonas frágiles por cobertura boscosa y corredores biológicos. Se identificaron las zonas de sobreúso o desequilibrio ecológico y las medidas para remediarlas. Se localizaron las construcciones en zonas de riesgo y se trazaron los lineamientos para corregir la situación.

Finalmente, se establecieron los grandes lineamientos ambientales regionales para dar sostenibilidad al uso del territorio, en materia de gestión de riesgo, protección de ecosistemas, desarrollo de infraestructura, protección del paisaje y manejo integrado de recursos hídricos, entre otros.

Toda esta información técnica ambiental había sido integrada y transformada en la propuesta urbana y territorial del Plan PRUGAM. La pregunta obligada que surge es ¿cómo se ha hecho en el caso del POTGAM? ¿Cómo se integró esa información ambiental ya aprobada a esta nueva propuesta, o fue que no se hizo?

Contrario a lo que se ha insinuado, el PRUGAM y sus productos no fue obra de un grupo de técnicos encerrados en una oficina. El PRUGAM es un fruto interinstitucional cuyos productos fueron consultados y discutidos ampliamente. De esto, lo que más llama la atención es que el INVU, entidad que ahora lo desecha, fue parte de ese grupo de instituciones que participaron en su elaboración.

Nuevamente, surge una pregunta obligada: ¿por qué razón el INVU, como entidad que formaba parte del PRUGAM, no planteó sus objeciones cuando el trabajo se estaba realizando? ¿Por qué esperar hasta que la oficina de PRUGAM fuera cerrada por el Ministerio de Vivienda en abril del 2010 y no tuviera oportunidad de responder a las objeciones con que se rechazó la propuesta? ¿Por qué no solicitar que quienes elaboraron la propuesta, la corrigieran según los requerimientos del INVU?

¿La destitución del arquitecto Eduardo Brenes, como director del PRUGAM, en febrero del 2010 por parte de la ministra de Vivienda Clara Zomer por emitir criticas fundamentadas a un Decreto Ejecutivo que ignoraba estos estudios, era tal vez una primera advertencia?

Ante esto, se debe recordar que el INVU no fue asignado para elaborar el Plan GAM, precisamente porque la misma Contraloría General de la República, en dos informes, uno de 1998 y otro del 2003 le había señalado una serie de fallas muy importantes, e incluso lo responsabilizaba por el desorden urbano que para ese momento ya tenía la GAM. La Contraloría, en los dos casos, le recomienda al Poder Ejecutivo, crear una nueva instancia que diera mejor soporte al ordenamiento del territorio, de allí que surgiera el PRUGAM.

Consecuencias. La principal consecuencia de lo ocurrido debe doler y disgustar a todos los costarricenses preocupados por el futuro del país.

Seguimos sin avanzar, haciendo círculos, y pareciera también ahora el ridículo en la materia. Una característica que nos separa y amplia la brecha que nos aleja de los países verdaderamente desarrollados. Cada vez son más los ejemplos: Plan GAM del 82 y su no cumplimiento por el mismo INVU, el Plan de la Cuenca del Tárcoles, la Comisión Terra y ahora el PRUGAM. ¿Qué seguirá: ¿El Plan PEROT de Guanacaste? ¿Los planes reguladores de las decenas de municipios que tienen años de estar trabajando en ellos?

Las causas de lo sucedido no deben quedar en el olvido. Se deben pedir explicaciones e investigaciones detalladas y bien fundamentadas a las autoridades que ahora, con tanta facilidad, señalan que se desecha “porque no dio la talla” o “se quedó corto”. Esas explicaciones no son suficientes y esconden probablemente lo que ha llevado a la situación caótica del país en materia ambiental y de ordenamiento territorial: decisiones políticas que carecen totalmente de sustento técnico.

No es posible que casi una década de esfuerzo en el desarrollo de una planificación territorial, que tanto cuesta a un país como Costa Rica, y para la cual la Unión Europea apoyó desinteresadamente, se deseche y trate como “bien de difunto”.

Si no se dan las explicaciones correctas para los costarricenses, al menos debería hacerse para la Unión Europea, a quienes les debemos, como mínimo una disquisición por esta vergonzosa situación en que hemos caído. Y que los que han tomado esta extraña decisión, devuelvan a la Unión Europea el monto de su “fallida” ayuda para apoyarnos a sacarnos del subdesarrollo en el que nuestros políticos parecieran sentirse tan a gusto.

La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña

Los estudios nos indican que el cultivo industrial de la piña en Costa Rica se ha duplicado en los últimos 5 años. Alcanza ya más de 54.000 hectáreas y, probablemente, mucho más, localizadas en la zona sur y las llanuras del norte, principalmente. Se nos habla de que se trata de un cultivo ambientalmente sostenible y que debiera ser considerado un "orgullo nacional". Empero, la realidad pareciera otra.

La sostenibilidad ambiental de una actividad no está determinada únicamente por el hecho de que una vez instalada y en producción se tomen medidas respecto al manejo de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales y control de emisiones. Esto es solo una pequeña parte de las labores de gestión ambiental que deben realizarse. La otra gran parte, que es sustancial, se refiere a la forma en que se introduce la dimensión ambiental y, en particular, la protección del ambiente y los recursos naturales, en el diseño de la actividad productiva. Es decir, de cómo el diseño de la actividad incorpora acciones ambientales concretas como parte de su implantación de modo tal que, cuando se inicia su desarrollo, lo hace de forma realmente sostenible.

Este concepto, que es el objetivo fundamental de la evaluación de impacto ambiental en nuestro país durante los últimos años parece haberse devaluado. Para algunos, es un simple trámite o “papeleo”, algo incómodo, que se hace ante la Setena para obtener la así llamada viabilidad ambiental. Otros consideran que no es un trámite que se necesita, en particular si la regulación tiene defectos y abre portillos para que las actividades no cumplan con ese procedimiento. Este ha sido el caso, en gran porcentaje, de la actividad piñera en nuestro país.

Impacto ambiental severo. La transformación de zonas de cultivos tradicionales o de pastos, e incluso de coberturas boscosas, causan un impacto severo al dejar el suelo al descubierto y altamente vulnerable a la erosión y al utilizar un intenso paquete tecnológico de agroquímicos. Estas y otras características propias del cultivo de la piña de exportación (espécimen MD2) debieron haber sido objeto de una detallada y cuidadosa evaluación de impacto ambiental de tipo “ex ante”, es decir, antes de que el cultivo se estableciera en el terreno.

Hoy existen problemas evidentes de contaminación de acuíferos bajo las zonas de cultivo de piña, erosión de suelos (con el desarrollo de significativas cadenas de impacto que afectan los ríos e incluso llevan el sedimento hacia el mar, donde los corales de los arrecifes están siendo afectados por la sedimentación); la producción de vectores como la mosca producto del inadecuado manejo del desecho de la piña y el hecho mismo de que el país se haya convertido en el mayor consumidor de piña per cápita del mundo.

Ello constituye una clara evidencia de que la inserción e intensificación del cultivo de la piña en Costa Rica se hizo sin una adecuada consideración ambiental, razón por la cual hablar de un cultivo ambientalmente sostenible deja muchas dudas y debería ser demostrado con estudios científicos serios e independientes.

Solución a medias. Debido a que muchas plantaciones de piña se implantaron sin cumplir esa esencial y fundamental tarea de incorporar los criterios de protección ambiental y manejo sostenible de los recursos naturales, como parte de su diseño, se optó por buscar una solución “a medias” en lo referente a la viabilidad ambiental.

Como por arte de magia, y en contravención con lo que establece el reglamento general de evaluación de impacto ambiental y la misma Ley Orgánica del Ambiente, surgió dentro de la Setena una nueva modalidad de instrumento, de tipo voluntario, que se denomina Estudio de Diagnóstico Ambiental (EDA), hecho para que las actividades ya en ejecución que no hubieran cumplido el trámite de evaluación de impacto ambiental que exige la ley y que la misma ley establece como un requisito indispensable para el inicio de las actividades, pudieran “ponerse al día” con sus permisos ambientales, muchos de los cuales son requeridos desde el exterior por los países que importan piña.

La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa.

Tratándose de un estudio "expost" no se entra a valorar elementos esenciales, como por ejemplo si el sitio seleccionado para el cultivo era el apropiado, ni tampoco puede valorar si al momento de desarrollar del cultivo se afectaron biotopos sensibles que no debieron haberse afectado.

Un tema esencial en este proceso es la vulnerabilidad de los extensos mantos acuíferos que tienen los territorios donde se ha implantado la piña, que representan verdaderos recursos estratégicos para el futuro del nuestro país y que, por su enorme valor, debieron ser objeto de una mayor protección, haciendo que se establecieran condiciones muy estrictas, de forma “exante” al cultivo de la piña.

Cultivos ecológicos. Como puede verse, la premura de unos por hacer negocios con nuestro recursos y la actitud de nuestras autoridades para facilitarles la tarea hace que hayamos perdido, una vez más, la posibilidad de posicionarnos como un país donde se promueve el cultivo ecológico de una piña realmente sostenible. A cambio de ello, tenemos una piña ambientalmente cuestionada, pero bien maquillada respecto a su sostenibilidad ambiental.

La pregunta que debemos hacernos los costarricenses es si vamos a seguir por ese camino que nos impone el mercado, de ganancia fácil para unos cuantos y de sacrificio de nuestro ambiente y recursos naturales.

En el caso de los cultivos ya implantados de piña, urge tomar acciones de verdadera evaluación ambiental que establezcan serias condiciones ambientales al cultivo y que lleven al remedio y compensación de daños ambientales producidos.

Por otro lado, antes de seguir hablando de más expansión piñera, deben establecerse verdaderas y efectivas reglas ambientales para los nuevos cultivos que hagan que estos, desde el principio, cumplan estrictos compromisos ambientales que los conviertan en cultivos ecológicos. Recordemos que, desde diciembre del 2008, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica había solicitado una moratoria para nuevas extensiones de piña, anticipando la actitud poco diligente y entreguista de nuestras autoridades "ambientales".

Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional.

Diálogo y electricidad

A propósito del tema de las leyes de electricidad o de contingencia eléctrica que se ha discutido y se discuten en la Asamblea Legislativa, nuevamente surge el tema de la necesidad de la realización de un diálogo sano, técnico y transparente a fin de buscar soluciones sostenibles y realmente efectivas a este tema.

Al analizar en retrospectiva la información que se ha suministrado, salta a la luz, un elemento negativo y es que los datos con que se ha querido justificar la aprobación “urgente” de la ley, no son del todo ciertos, incluso algunos son exagerados; con lo cual, lejos de que se establezca una base sólida para tomar decisiones, lo que surge es la ya existente y creciente desconfianza en las autoridades de gobierno y en algunos políticos que defienden posiciones que privilegian a unos cuantos y no al colectivo como un todo.

Como plataforma de toma de discusión y de toma de decisiones, existe una realidad irrefutable que algunos, en medio de obtener sus objetivos particulares, parecen olvidar, o mejor dicho, quieren obviar. Vale la pena recordarlo.

En primer lugar, es claro que el modelo energético de nuestro país ha sido un éxito, a pesar de que, como toda obra humana, puede tener errores. No obstante, esos errores no ocultan el hecho de que más del 90 % de la energía del país se produce desde fuentes más sostenibles, como la hidroelectricidad, eólica y geotérmica. Desde este punto de vista, nuestro país es un ejemplo para el mundo y en eso el modelo del ICE como generador y administrador de la energía del país ha funcionado muy bien por más de 60 años. El ICE, artífice de este modelo, debiera ser consolidado como tal, y no debilitado como ha venido estándolo en los últimos años. Incluso debiera esta entidad ser proyectada fuera de nuestras fronteras como un socio fiable al que puedan otros países solicitarle la ejecución de grandes proyectos de producción energética.

En segundo lugar, y a pesar de que al ICE como generador de energía se le pusieron, durante muchos años, numerosos obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos, hasta ahora, se ha podido suplir a satisfacción los requerimientos de electricidad del país. Todavía recordamos cómo en la década de los noventas, se debilitó al ICE en pos de promover la generación eléctrica privada, sin mencionar al tristemente célebre “combo del ICE” hace 10 años.

Los expertos nos dicen que el modelo energético desarrollado por el ICE está cumpliendo a cabalidad con satisfacer la creciente demanda nacional de electricidad. Incluso con el desarrollo de los nuevos proyectos hidroeléctricos, sin contar Diquís y Reventazón, la demanda de 3 a 4 % anual de crecimiento está satisfecha para los próximos años. De manera que esta realidad, debería estar clara, en el sentido de que no debería haber alarma y alarmismo de que nos vamos a quedar sin electricidad.

Potencial del país. Existen otras verdades que muchos conocen pero que evitan discutir abiertamente.

Nuestro país, por su característica geológica y geomorfológica, y su condición climática, tiene una alto potencial para la generación de electricidad con energías renovables (hídrica, eólica, geotérmica, y otras más). Desde este punto de vista, y considerando el hecho de que en el norte de Centroamérica y el sur de México, existe un gran requerimiento de energía proveniente de fuentes que no quemen hidrocarburos, es claro que existe un “negocio potencial” para nuestro país. Negocio que se ve complementado con el hecho de que ya existe una vía de transmisión de energía (Siepac) que permitiría exportar con rapidez el exceso de energía eléctrica que se genere.

El problema entonces es cómo conciliar todas estas realidades para desarrollar un modelo energético nacional, que garantice el abastecimiento eléctrico del país, proteja al ICE de una competencia externa, y además, permita de que de forma transparente se pueda generar un mercado de generación público y privado que promueva la exportación de energía y el desarrollo sostenible del país.

Lo primero que no se debe hacer, y que parece haber sido la regla, es ocultar esas verdades a la sociedad o decírselas “a medias”, envueltas de un falso alarmismo en el sentido de que, si no aprobamos ciertas leyes hechas a la medida de unos cuantos, entonces nos quedaremos sin electricidad en el verano. Esto es parte de un discurso abusivo que busca evitar la discusión serena y desregular nuestro marco regulatorio cuanto antes, con la aprobación “a golpe de tambor” de nuevas normas.

Seguir ese camino, de las “verdades a medias”, de las expectativas alarmistas, de la improvisación, de la falta de planificación y de desorden y de la falta de transparencia, es seguir por el camino “del río revuelto” que solo beneficia a unos cuantos, y condena al resto de la sociedad a “seguir perdiendo riqueza colectiva”, quedando como único consuelo, el quejarse de sus autoridades y seguir acumulando, desconfianza y resentimiento.

Es posible crear soluciones equilibradas y apropiadas, dentro de un marco de sustentabilidad del modelo energético, con participación privada, pero dentro de marco de fortalecimiento y crecimiento de todo lo bueno que hemos desarrollado como colectividad hasta ahora, y no de su detrimento o eliminación.

Camino del diálogo. Urge avanzar en un verdadero diálogo nacional para encontrar soluciones verdaderas y que encaminen al país por un desarrollo verdaderamente sustentable en el tema de energía.

Ese diálogo, como hemos señalado en otras ocasiones, no debe partir de una consulta anónima y dirigida a un objetivo previamente planeado.

Por el contrario, debe fundamentarse en un procedimiento técnico y científico sustentado y que sea apoyo real para la toma de decisiones, como lo es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento que existe en la regulación nacional desde hace 7 años y que sigue sin ser utilizado (cfr. Decreto Ejecutivo31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC).

La discusión de un Plan Nacional de Energía, por medio de una efectiva EAE, debe considerar, además de los elementos ya señalados, otros clave como la importancia de estimular otras fuentes diferentes de energía, emparejar el desarrollo hidroeléctrico y el ordenamiento del territorio, con particular énfasis en la obtención de un equilibrio con la verdadera capacidad de carga de las cuencas y los bienes y servicios ambientales que brindan; el uso público del potencial geotérmico de los parques nacionales, el desarrollo de biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria como fuente para reducir la factura petrolera y un más agresivo plan de ahorro energético en particular para las horas pico y la época seca.

Seguir retrasando la apertura al diálogo real y bien sustentado, creyendo a que nuestra sociedad se le puede seguir imponiendo “soluciones” a sus problemas, basado en criterios discutidos solo parcialmente y con objetivos prefijados y determinados a satisfacer la avaricia de un sector privilegiado, es un tremendo error y que más tarde que temprano puede costarle muy caro a quienes lo promueven.

Urge que se haga un real cambio de rumbo. Nuestras autoridades todavía están a tiempo pero deben actuar cuanto antes.

Impactos transfronterizos: Urge acuerdo

Recientes informaciones sobre proyectos en ejecución o sobre nuevos proyectos por desarrollarse en las cercanías de nuestras fronteras, tanto con Panamá como con Nicaragua, nos llevan a llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de un acuerdo sobre impactos transfronterizos con ambos países. Este tema, como casi todo, tiene una visión técnica y otra jurídica. Aquí nos enfocamos en aportar insumos desde la primera perspectiva. Los juristas podrán completar el esquema.

Los impactos transfronterizos son los efectos ambientales, por lo general negativos, de un proyecto, obra o actividad, que trascienden las fronteras políticas de un país y pasan a otro país vecino. Pueden manifestarse en todo el ambiente o en partes de este, como el aire, el agua superficial o subterránea, el suelo o subsuelo, la flora o la fauna e, incluso, en patrones culturales y factores socioeconómicos de las comunidades.

El análisis de los impactos transfronterizos está íntimamente relacionado con la evaluación de impacto ambiental (EIA), que es un procedimiento técnico y jurídico, de tipo preventivo, que tiene como fin determinar si un proyecto es viable ambientalmente y determinar las condiciones bajo las cuales debe diseñarse e implementarse.
De esta manera, la valoración de los impactos transfronterizos para un proyecto cercano a una zona limítrofe permite determinar bajo qué condiciones podría ejecutarse el mismo, minimizando y controlando los efectos ambientales negativos que puedan afectar el territorio del país vecino.

La forma de concretar el proceso, desde el punto de vista técnico, en principio, es sencilla, y parte de que las autoridades ambientales del país vecino puedan participar de la fase de EIA del proyecto. Esto se materializa por medio de un traslado del EIA y el establecimiento de un plazo para la presentación de observaciones o sugerencias al mismo y, dado el caso, al proyecto mismo. Resulta muy importante que, como parte del expediente ambiental que se lleva, queden registradas esas observaciones y sugerencias, así como recomendaciones sobre medidas ambientales a aplicar.

Es claro que el país donde se piensa desarrollar el proyecto en cuestión tiene soberanía y autoridad para tomar la decisión final sobre la viabilidad ambiental de este. De igual manera tiene la posibilidad de incorporar medidas y acciones concretas para que el proyecto se ejecute tomando en cuenta observaciones y sugerencias realizadas durante el proceso previo del EIA.

La otra parte del proceso y la más importante corresponde a la fase de control y seguimiento ambiental del proyecto, en el caso de que este haya sido aprobado; y en el que se vigila el cumplimiento de las medidas y condiciones ambientales con las que fue aprobado. Esta tarea es responsabilidad de las autoridades ambientales del país donde se desarrolla el proyecto, empero las autoridades del país fronterizo pueden ser enteradas de los avances, y también, dado el caso, participar con información, desde su país, sobre la forma en que se están concretando los impactos y la medidas ambientales acordadas en la EIA.

Como se ve, desde el punto de vista técnico es un proceso lógico, basado en criterios científicos, donde los elementos claves son el conocimiento a tiempo de la información, la aportación de observaciones y sugerencias, y el registro a tiempo de las mismas así como su incorporación, dado el caso, como parte de los condicionamientos del proyecto, tanto en su fase previa de estudios, como en su ejecución. Los reglamentos sobre EIA de Nicaragua, Costa Rica y Panamá establecen una base para poder trabajar sobre el tema.
Lo contrario. En ausencia de este procedimiento de participación técnica, lo que sucede es lo que ha pasado hasta ahora: proyectos cercanos a una frontera que provocan tensiones innecesarias por falta de consulta con el país vecino. El caso de Costa Rica y Nicaragua de los últimos diez años ilustra bien la situación. Por un lado, Costa Rica tramitó la evaluación de impacto ambiental de un proyecto de minería química a cielo abierto que utilizaría cianuro a menos de cinco kilómetros del Río San Juan, y no tomó en cuenta a las autoridades de Nicaragua como parte del proceso de EIA. Ni siquiera cuando este país le reclamó por la aprobación que se da a la ampliación del proyecto minero. Por otro lado, Nicaragua no tomó en cuenta a Costa Rica, y la cancillería nuestra se contentó con "seguridades verbales" y con un estudio técnico propio basado en una simulación, cuando lo que procedía era exigirle a Nicaragua ser tomados en cuenta en la revisión de la EIA en relación al dragado del Río San Juan. Tuvimos incluso la posibilidad de alertar en este mismo medio en septiembre del 2010 (ver nuestro artículo, Dragado del Rio San Juan, sí habrá impactos ambientales, La Extra, 21/09/2010).
De igual manera nuestra cancillería debió percatarse de probables efectos transfronterizos de un proyecto de represa hidroeléctrica en el Rio San Juan, que podría disminuir notablemente el caudal del agua de este río y consecuentemente del Río Colorado de Costa Rica, con efecto para sus más de 3.000 hectáreas de humedales del Caribe Norte. Lo mismo podemos decir en relación con obras que se desarrollan en el área de la desembocadura del Río San Juan, en el sector del Delta Colorado – San Juan, que es un ecosistema unitario, binacional que como tal, y requiere de una manejo coordinado y bien planificado entre ambos países.

Así las cosas, seguir por ese camino, donde no se comparte información técnica y no se trabaja en conjunto, y donde la información de EIA prácticamente se convierte en un “secreto de estado”, significa escoger la senda hacia un campo fértil para nuevas y futuras tensiones con nuestros vecinos. Este es el camino incorrecto que lleva a más y más denuncias y costosos litigios legales internacionales.
Es por tanto muy importante iniciar un proceso de diálogo y de acuerdos binacionales, encaminados a que, como mínimo, habrá intercambio y participación técnica en el tema de las evaluaciones de impacto ambiental. Si las condiciones no están dadas, hay por lo menos que propiciar un clima que permita reanudar las discusiones sobre este tema con nuestros dos vecinos. Paulatinamente el proceso podría ir avanzando hasta llegar a acuerdos legales binacionales o regionales (centroamericanos) en la materia, como existen en otras partes del mundo. Lo importante, por ahora, es avanzar, hacia la senda correcta, y sin perder de vista que los beneficiarios de todo son las poblaciones de ambos países, particularmente las que viven en sus regiones fronterizas y que poco o nada tienen que ver con los conflictos políticos provocados por la falta de madurez, visión y responsabilidad de los decisores políticos en sus capitales.

Torres para celulares: más que un tema de salud pública

Con la visita en días recientes de dos expertos brasileños en temas de torres y antenas de celulares, algunos consideran que el tema ya queda cerrado y que, en principio, no hay más que reclamar por que “todo está bien”. Recordemos que tuvimos visita de expertos de las Naciones Unidas de este mismo país para hablarnos en la radio de minería química a cielo abierto durante una vista en la Sala Constitucional. Y que, más recientemente, en un doloroso tema, expertos de la OPS vinieron a diagnosticar lo que se sabía desde hace mucho sobre la CCSS.

Muchos expertos internacionales para resolver problemas nacionales que debemos solventar nosotros y que nos incumbe remediar como país y sociedad. En realidad, para volver al tema de la torres, nada está resuelto y la serie de cuestionamientos que se han planteado se mantienen e incluso se incrementan.

El tema de salud. De acuerdo a lo referido por esos expertos (cuya “conveniente” presencia en el país, no ha quedado clara; ni tampoco quién los trajo y con qué fin), no hay estudios científicos que demuestren que las radiaciones no ionizantes producidas por las antenas para telefonía celular produzcan efectos en la salud de la personas. Como dijo uno de ellos, incluso el sol es más peligroso, algo que cualquiera que ha estado más de 1 hora al sol, lo sabe. No obstante, el problema es otro.

Primero que todo, es importante aclarar que numerosos estudios han detectado efectos biológicos por las emisiones de antenas celulares a muy bajas potencias: incremento de casos de leucemia y otros cánceres, disminución de la melatonina (insomnio y sus consecuencias), incremento del cortisol (estrés y sus consecuencias), dolores de cabeza, depresiones, problemas de conducta, deterioro de sistemas nervioso e inmunitario, pérdida de fertilidad en varones, reducción del epitelio amniótico, ruptura de la barrera sanguínea cerebral, formación de micronúcleos celulares (ADN aberrante), etc.

Y aunque estos estudios puede ser que no sean concluyentes, debido a que no cubren un rango de tiempo amplio para ser determinativos, al menos dejan planteada una duda razonable que, por sí sola, debería ser criterio suficiente para fijar reglas claras y factores de seguridad que protejan a la salud de población, no solo de los seres humanos, sino de otros seres vivientes sensibles como muchos tipos de mascotas que también habitan nuestras casas.

Si países mucho más desarrollados que el nuestro, con mayor capacidad de fiscalización y más capacidad técnica, han optado por determinar hasta 400 metros de retiro alrededor de estas torres en zonas con alta densidad poblacional, nos resulta difícil entender que no se tomen medidas similares y se dejen colocar estas torres frente a escuelas, barrios residenciales, colegios, y demás.

El hecho de que se diga que las emisiones de las antenas radiantes y los mismos celulares son iguales o menores que las radiaciones que producen los hornos microondas, la radio o la televisión, lejos de tranquilizarnos, debería preocuparnos en la medida de que el efecto acumulativo o de suma, se incrementa. Razón por la cual, hasta la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) define el término de "estrés electromagnético" y establece medidas para prevenirlo.

En el tema de salud, un número importante de países, como Suiza, Rusia, Australia, entre otros, en razón de esa duda razonable, ha preferido alejarse de los mínimos establecidos por la OMS y han establecido regulaciones mucho más estrictas. Y no es que en esos países, no quieran el servicio de telefonía celular; lo tienen y funciona bien. La única diferencia es que han sido más precavidos para proteger la salud de su población. ¿Por qué en nuestro país no hemos tenido la oportunidad de discutir si eso es lo que queremos o no? ¿Por qué se nos ha impuesto ajustarnos a una norma que no todos aceptan?

Más allá de la salud. En nuestro país, este tema trasciende el ámbito de la salud, sino también, de respeto a la legislacion y en particular a las personas, el tema paisajístico, de urbanismo, y más, generalmente de calidad de vida de nuestra gente. En artículos previos, algunos de hace más de un año, hemos hecho la advertencia de que el procedimiento seguido para otorgar la viabilidad ambiental a la torres y antenas celulares por parte de la Setena fue incorrecto y, por tanto, incompleto respecto al cumplimiento de la legislación vigente y al proceso de participación pública que ésta establece.

Como se ha señalado, al solicitarse un instrumento de evaluación ambiental muy simple, se obviaron requisitos clave, entre ellos la posibilidad de que durante la elaboración de dicho instrumento se hiciera una consulta a los vecinos del sitio seleccionado, de manera que estos se enteraran a tiempo y pudieran tener la oportunidad de plantear sus consultas y observaciones de previo a la aprobación. Al no hacerse esto, se incumplió con la Ley Orgánica del Ambiente y con una recomendación expresa de la misma OMS que indica que el sitio debe ser discutido con los vecinos y la municipalidad.

Nada de esto se hizo, por eso hoy surgen grupos numerosos de vecinos molestos con la colocación de una torre o una antena, pues nunca fueron advertidos como manda la ley. Hemos visto recientemente padres de familia, maestros y alumnos frente a su escuela defendiendo el derecho a no tener una torre "sembrada" en su frente, y lo vamos a seguir viendo si nada se hace. Esta severa omisión debe ser enmendada, una a una, para cada propuesta de torre o antena que hoy quiere desarrollarse.

Como se ha dicho también, al perderse la oportunidad de que la Setena fijara, de forma participativa y consultada, las reglas técnicas y ambientales para la selección del sitio, para la construcción y para la operación por hasta 15 años de forma ininterrumpida de las torres y las antenas, lo que ha sucedido después ha sido una cadena continua de yerros sobre yerros, todos con un común denominador, que es justificar “que todo está bien y que no hay problema”.

El punto es que, entre las soluciones parciales desarrolladas con posterioridad de las 2.500 viabilidades ambientales otorgadas por la Setena desde el 2009 (contra tan solo 300 a 400 entre el 2005 y el 2008), como el reglamento de Femetrom –que obvió el tema de las antenas radiantes, concentrándose solo en las torres que son el elemento inerte–, el reglamento del Ministerio de Salud –con sus muy tolerantes niveles de emisión– o las “buenas prácticas” de Sutel resultan insuficientes, e incluso, en algunos casos contradictorias entre sí, debido a que tratan de justificar un sin sentido, que fue la forma en que la Setena, no estableció reglas, sino que dejó que fuera el desarrollador de la antena y la torre el que “justificara por qué el sitio seleccionado”, lo cual a todas luces obedecía a un asunto de red y de costos (los más bajos posibles) de alquiler de la propiedad.

De esta manera, un tema que en otros países han sabido organizar y programar mejor, para fijar reglas claras para todos desde el principio, en nuestro país, debido a un error de raíz cometido por la Setena, se ha convertido en un enorme árbol de problemas y conflictos, que lejos de resolverse se está complicando cada día más.

Adicionalmente a ello, se está dando el problema del efecto de estas torres sobre el paisaje, la calidad de vida de un vecindario y la belleza natural que lo rodea, con la consiguiente devaluación que nadie está dispuesto a sufrir. Varias residenciales en partes semi- altas o altas ven ahora la vista paisajística (principal atractivo a la hora de comprar un terreno) interrumpida por una torre. ¿Quién se hará cargo de compensar la pérdida del valor del terreno debido a estas torres?

La solución no es decir que todo está bien y que no hay por qué preocuparse y traer a expertos y consultores internacionales cuando las autoridades se muestran incapaces de responder a estos cuestionamientos. Eso no ha sido suficiente, ya que la confianza en las autoridades se ha socavado, precisamente por la forma en que han actuado en esta materia. Han, como ya lo hemos visto en muchos otros ámbitos, privilegiado el interés de fuertes grupos económicos sobre los derechos de las comunidades y han vaciado de contenido la legislación ambiental vigente. Urge establecer soluciones claras, con la participación de todas las partes. Algo que nuestras autoridades ignoran convenientemente.