Plan de energía y diálogo nacional

Las nuevas autoridades de gobierno han anunciado la apertura de un diálogo nacional para discutir el Plan Nacional de Energía. Se trata de una buena noticia que, aunada al informe de la Contraloría General de la República que señala “errores” en dicho Plan, promovido por las administraciones anteriores, abre una esperanza de que ahora si se tiene la intención de desarrollar un Plan energético, fruto de una discusión abierta, participativa y transparente. Algo que requiere ser apoyado para que se haga de la forma más correcta y completa a fin de que perdure por el suficiente tiempo para dar al país la urgente sostenibilidad energética que requiere. Errores del pasado. En varios artículos previos (www.allanastorga.com) hemos criticado la forma en que se ha realizado la “planificación estratégica” en nuestro país, al punto que hemos llegado a la conclusión de que más bien se trata de “desplanificación”.  Lo cual se debe a una serie de errores cometidos, y que requieren ser corregidos como parte de esta nueva oportunidad que se abre.

La planificación que se ha realizado hasta ahora se basa más en la imposición de una serie de lineamientos que el resultado de un verdadero análisis y discusión de alternativas y la toma de decisiones balanceadas en el marco de un derrotero común.

Imposición que parte de un “pequeño círculo técnico - político” que discute las propuestas, elabora el plan y lo lleva a “consulta” más bien cerrada, de actores relacionados (por no decir beneficiados) cuyo objetivo es que se valide la propuesta, la cual termina publicándose (a veces como decreto ejecutivo), y al que se le da el rimbombante nombre de Plan o Política Nacional (de energía, transporte, desarrollo hotelero, áreas protegidas, etc.).

Por lo general, cuando el plan se publica, poca gente se da cuenta de su existencia. Para algunos pocos, que tienen la oportunidad de conocerlo, una vez superada la sorpresa de su alcance, cuando lo analizan, empiezan a cuestionarlo y señalarle errores, dado su enfoque parcializado y falta de visión social y ambiental, algo común para planes realizados dentro de un ámbito “cerrado”.

En algunos casos, durante la elaboración del plan se abre el espacio para la “lluvia de ideas”. Esto se hace mediante foros presenciales y/o digitales de discusión de propuestas. Este proceso, aunque pareciera a primera vista más abierto, termina con un problema similar, pues al final es un pequeño círculo “técnico – político”, muy cerrado, el que toma las diferentes propuestas y sintetiza los lineamientos del nuevo plan.

Bajo esta modalidad la poca planificación estratégica que se ha realizado en nuestro país termina en un documento vacío, que pocos conocen y reconocen como suyo, razón por la cual su validez se pierde con facilidad, termina convirtiéndose en un documento más de poca incidencia en la realidad nacional y el desarrollo del país.  Es un claro ejemplo de como la ocurrencia se impone a la inteligencia.

Oportunidad. Las nuevas autoridades de gobierno, al menos en el ámbito del plan de energía, han anunciado que desean que se haga como producto de un diálogo abierto y ampliamente participativo, con representación de todos los sectores relacionados. Este planteamiento está más cercano a la forma en que se elabora un plan estratégico, pero todavía surge la duda de ¿cuál va a ser la base metodológica de ese diálogo abierto?

Se hace este cuestionamiento en razón de que si ese elemento esencial no se define de previo y de forma correcta, se corre el grave riesgo de que, por más buena intención con que se haga, se termine en el mismo producto de la imposición antes señalada. Además, se subraya que el riesgo sería muy grave, pues además de perder una valiosa y única oportunidad, se perdería también una gran cuota de credibilidad, algo que no es para nada conveniente, cuando todos reconocemos que nuestra sociedad quiere un verdadero cambio en nuestro país.

Como hemos señalado previamente, la metodología para realizar esa discusión ya existe y está en práctica en muchos países desde hace tiempo, corresponde con la denominada Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

La metodología está basada en un proceso de discusión abierta, ante diferentes representantes de diversos sectores del país: instituciones, empresarios, organizaciones ambientales y sociales, academia y comunidades, entre otras.   Ello, sin menoscabo de que se realice un proceso abierto de participación más amplio, en particular con el objeto de informar y tener ideas sobre planteamientos a realizar.

La entidad responsable de la EAE debe discutir la Política, Plan o Programa (PPP), considerando temas clave, basado en un diagnóstico general de la situación actual y su proyección futura, las alternativas a considerar, los alcances ambientales (incluyendo los sociales) estratégicos, la síntesis de PPP, los acuerdos de lineamientos de ejecución de la PPP y las salvaguardas ambientales y sociales que deberán ser implementadas como parte de la PPP.

Como hemos dicho, la EAE de la PPP se basa en tres principios fundamentales: información, participación y transparencia. Puede ser ejecutada en pocos meses y su producto final genera un Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) que registra todo el proceso, los acuerdos y también los disensos. Dicho ISA pasa por la autoridad ambiental para su registro y viabilidad ambiental, a fin de que sirva de instrumento de control y seguimiento por parte de la sociedad civil.

La EAE puede ser actualizada periódicamente sobre la base de una metodología como la que se ha explicado. Con el uso de facilidades digitales de comunicación, se puede garantizar la información, participación y transparencia de ese proceso de mejora continua.

Solución pendiente. Como hemos señalado previamente el Reglamento General de Procedimientos de evaluación de impacto ambiental (Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) de 2004 establece que: ”la Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivo integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país. Se aplica a los planes, programas y políticas de desarrollo nacional, regional y local; generados en municipios, cuencas hidrográficas y regiones específicas; y cuyo fin sea el planeamiento del uso del suelo, el desarrollo de infraestructura (urbana, vial, portuaria, comunicaciones, energética, turística y agrícola, entre otros), o bien el aprovechamiento de los recursos naturales (minería, energía, hidrocarburos, agua, flora y fauna). “.

Lo que todavía está pendiente es que el Poder Ejecutivo emita el reglamento que norme los detalles de la metodología, cuyo borrador está en posesión de la SETENA desde hace cinco años!

En materia del plan de energía, su elaboración es indispensable realizarla dentro de una correcta EAE, con un amplio proceso de participación, información y transparencia. Solo así se podrá garantizar que se trata de Plan que emerge de la misma sociedad y no de una acción política de visión parcializada.

Elementos tales como las alternativas a la nueva refinería, el uso de biocombustibles, la apertura controlada a la generación de energía privada, el uso de biocombustibles, la disminución de la factura petrolera, el ahorro energético, la estrategia de carbono neutralidad, el desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos estratégicos considerando el tema de cambio y variabilidad climática, el desarrollo de proyectos de energía alternativa (solar, eólica y a partir de biomasas), y la estrategia de producción de energía geotérmica de alta y baja entalpía, entre otros muchos elementos, deben ser considerados como parte del nuevo Plan Nacional de Energía a discutirse y generarse por medio de una EAE.

No sobra decir que una correcta EAE de este Plan abre el espacio para que se emule en otras PPP de valor estratégico para el desarrollo del país.

De allí que nos encontremos en una coyuntura muy importante, cuya valiosa oportunidad no debe perderse. Darse el lujo de menospreciar la EAE es propio de políticos irresponsables garantes del problema que hereda la actual administración del Presidente Solís.

Diálogo y electricidad

A propósito del tema de las leyes de electricidad o de contingencia eléctrica que se ha discutido y se discuten en la Asamblea Legislativa, nuevamente surge el tema de la necesidad de la realización de un diálogo sano, técnico y transparente a fin de buscar soluciones sostenibles y realmente efectivas a este tema.

Al analizar en retrospectiva la información que se ha suministrado, salta a la luz, un elemento negativo y es que los datos con que se ha querido justificar la aprobación “urgente” de la ley, no son del todo ciertos, incluso algunos son exagerados; con lo cual, lejos de que se establezca una base sólida para tomar decisiones, lo que surge es la ya existente y creciente desconfianza en las autoridades de gobierno y en algunos políticos que defienden posiciones que privilegian a unos cuantos y no al colectivo como un todo.

Como plataforma de toma de discusión y de toma de decisiones, existe una realidad irrefutable que algunos, en medio de obtener sus objetivos particulares, parecen olvidar, o mejor dicho, quieren obviar. Vale la pena recordarlo.

En primer lugar, es claro que el modelo energético de nuestro país ha sido un éxito, a pesar de que, como toda obra humana, puede tener errores. No obstante, esos errores no ocultan el hecho de que más del 90 % de la energía del país se produce desde fuentes más sostenibles, como la hidroelectricidad, eólica y geotérmica. Desde este punto de vista, nuestro país es un ejemplo para el mundo y en eso el modelo del ICE como generador y administrador de la energía del país ha funcionado muy bien por más de 60 años. El ICE, artífice de este modelo, debiera ser consolidado como tal, y no debilitado como ha venido estándolo en los últimos años. Incluso debiera esta entidad ser proyectada fuera de nuestras fronteras como un socio fiable al que puedan otros países solicitarle la ejecución de grandes proyectos de producción energética.

En segundo lugar, y a pesar de que al ICE como generador de energía se le pusieron, durante muchos años, numerosos obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos, hasta ahora, se ha podido suplir a satisfacción los requerimientos de electricidad del país. Todavía recordamos cómo en la década de los noventas, se debilitó al ICE en pos de promover la generación eléctrica privada, sin mencionar al tristemente célebre “combo del ICE” hace 10 años.

Los expertos nos dicen que el modelo energético desarrollado por el ICE está cumpliendo a cabalidad con satisfacer la creciente demanda nacional de electricidad. Incluso con el desarrollo de los nuevos proyectos hidroeléctricos, sin contar Diquís y Reventazón, la demanda de 3 a 4 % anual de crecimiento está satisfecha para los próximos años. De manera que esta realidad, debería estar clara, en el sentido de que no debería haber alarma y alarmismo de que nos vamos a quedar sin electricidad.

Potencial del país. Existen otras verdades que muchos conocen pero que evitan discutir abiertamente.

Nuestro país, por su característica geológica y geomorfológica, y su condición climática, tiene una alto potencial para la generación de electricidad con energías renovables (hídrica, eólica, geotérmica, y otras más). Desde este punto de vista, y considerando el hecho de que en el norte de Centroamérica y el sur de México, existe un gran requerimiento de energía proveniente de fuentes que no quemen hidrocarburos, es claro que existe un “negocio potencial” para nuestro país. Negocio que se ve complementado con el hecho de que ya existe una vía de transmisión de energía (Siepac) que permitiría exportar con rapidez el exceso de energía eléctrica que se genere.

El problema entonces es cómo conciliar todas estas realidades para desarrollar un modelo energético nacional, que garantice el abastecimiento eléctrico del país, proteja al ICE de una competencia externa, y además, permita de que de forma transparente se pueda generar un mercado de generación público y privado que promueva la exportación de energía y el desarrollo sostenible del país.

Lo primero que no se debe hacer, y que parece haber sido la regla, es ocultar esas verdades a la sociedad o decírselas “a medias”, envueltas de un falso alarmismo en el sentido de que, si no aprobamos ciertas leyes hechas a la medida de unos cuantos, entonces nos quedaremos sin electricidad en el verano. Esto es parte de un discurso abusivo que busca evitar la discusión serena y desregular nuestro marco regulatorio cuanto antes, con la aprobación “a golpe de tambor” de nuevas normas.

Seguir ese camino, de las “verdades a medias”, de las expectativas alarmistas, de la improvisación, de la falta de planificación y de desorden y de la falta de transparencia, es seguir por el camino “del río revuelto” que solo beneficia a unos cuantos, y condena al resto de la sociedad a “seguir perdiendo riqueza colectiva”, quedando como único consuelo, el quejarse de sus autoridades y seguir acumulando, desconfianza y resentimiento.

Es posible crear soluciones equilibradas y apropiadas, dentro de un marco de sustentabilidad del modelo energético, con participación privada, pero dentro de marco de fortalecimiento y crecimiento de todo lo bueno que hemos desarrollado como colectividad hasta ahora, y no de su detrimento o eliminación.

Camino del diálogo. Urge avanzar en un verdadero diálogo nacional para encontrar soluciones verdaderas y que encaminen al país por un desarrollo verdaderamente sustentable en el tema de energía.

Ese diálogo, como hemos señalado en otras ocasiones, no debe partir de una consulta anónima y dirigida a un objetivo previamente planeado.

Por el contrario, debe fundamentarse en un procedimiento técnico y científico sustentado y que sea apoyo real para la toma de decisiones, como lo es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento que existe en la regulación nacional desde hace 7 años y que sigue sin ser utilizado (cfr. Decreto Ejecutivo31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC).

La discusión de un Plan Nacional de Energía, por medio de una efectiva EAE, debe considerar, además de los elementos ya señalados, otros clave como la importancia de estimular otras fuentes diferentes de energía, emparejar el desarrollo hidroeléctrico y el ordenamiento del territorio, con particular énfasis en la obtención de un equilibrio con la verdadera capacidad de carga de las cuencas y los bienes y servicios ambientales que brindan; el uso público del potencial geotérmico de los parques nacionales, el desarrollo de biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria como fuente para reducir la factura petrolera y un más agresivo plan de ahorro energético en particular para las horas pico y la época seca.

Seguir retrasando la apertura al diálogo real y bien sustentado, creyendo a que nuestra sociedad se le puede seguir imponiendo “soluciones” a sus problemas, basado en criterios discutidos solo parcialmente y con objetivos prefijados y determinados a satisfacer la avaricia de un sector privilegiado, es un tremendo error y que más tarde que temprano puede costarle muy caro a quienes lo promueven.

Urge que se haga un real cambio de rumbo. Nuestras autoridades todavía están a tiempo pero deben actuar cuanto antes.