La falacia de la riqueza petrolera de Costa Rica

A propósito del inicio de recolecta de firmas para realizar un Referéndum a fin de que sociedad costarricense tome la decisión de que, nuevamente, se inicien labores de exploración y eventual explotación petrolera en país, así como por el hecho de que, se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, para, más bien, renunciar para siempre a esa actividad en nuestro país, como parte de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París del 2015 y en la Política de Descarbonización que ha desarrollado la actual administración del gobierno del bicentenario, se hace muy importante aclarar a los costarricense interesados algunos aspectos relevantes.

Potencial petrolero de Costa Rica: el autor de este artículo laboró para RECOPE como geólogo de exploración petrolera durante cerca de 15 años. Realicé exploración petrolera en Costa Rica y en el sur de Nicaragua, en coordinación con el gobierno de Nicaragua y la empresa petrolera noruega (Statoil). Contribuí con otros colegas petroleros a organizar la información de los bloques petroleros de Costa Rica, así como la compilación de información de casi 100 años exploración petrolera en Costa Rica. La información, para el año 1990 era que las cuencas sedimentarias de Costa Rica tenían algún tipo de potencial petrolero, por sus características geológicas. Incluso, como parte del modelado básico se hicieron estimaciones de que, bajo determinadas condiciones, aún no probadas, sino especulativas, en ese momento, se podrían encontrar determinados volúmenes de hidrocarburos en nuestras cuencas sedimentarias. Aclaro que se trata de una estimación de potencialidad, no se de seguridad de existencia de yacimientos, y menos de reservas probadas.

Este punto es particularmente importante de señalar, en la medida de que el señor Ingeniero Carlos Roldán, quien es responsable de la recolecta de firmas, en sus entrevistas, señala que esos estudios de Potencial Petrolero de Costa Rica concluyen, según él, que bajo el país hay una riqueza de yacimientos de petróleo con valor actual de 270 mil millones dólares y que con eso se podría pagar 10 veces la deuda del país. Cabe aclarar que es absolutamente falso y engañoso.

Costa Rica tiene un limitado potencial petrolero y no es cierto que se tengan yacimientos petroleros identificados y mucho menos reservas probadas con ese enorme valor económico. Viéndolo así, nos damos cuenta de que la base para argumentar la realización de un Referéndum no existe, es falsa y totalmente especulativa y, además, va a resultar onerosa para todos los costarricenses.

Costos de la exploración petrolera: la exploración petrolera es cara. Sobretodo en un país geológicamente complejo como lo es Costa Rica. Y esta es la “trampa” que tiene la Ley que se quiere aprobar por medio del Referéndum, pues la misma plantea que sea RECOPE la que haga la inversión en la exploración petrolera. Nos preguntamos: ¿Quiénes pagarán esos costos y por qué medio? ¿Sería con un aumento del precio de los combustibles? Y si no se encuentra petróleo ni gas natural,¿quién asumirá la responsabilidad por esa inversión que se habría realizado? Nuevamente, todos nosotros.

La otra alternativa, que es levantar la moratoria y permitir que sean las transnacionales petroleras las que realicen la exploración, tampoco es muy rentable, dado que en caso de que esas empresas hagan la inversión de la exploración y encuentren un yacimiento, se dejarían el 85 % del recurso. Esto sin contar, el costo ambiental que tendría para el país, el hecho de que se de una explotación petrolera. En este caso, cabe señalar que es mejor ver el reciente ejemplo del Ecuador y los daños ambientales que se han producido por la explotación petrolera en ese país que compararse con Noruega.

Como se puede ver, por cualquiera de los dos lados que se quiere mirar, el riesgo de aventurarse a realizar una exploración petrolera puede ser muy costoso y al final, puede que no de ningún resultado. En Costa Rica se hizo casi 100 años de exploración petrolera sin que se encontraran resultados positivos. No tenemos ninguna seguridad de que se van a encontrar yacimientos comerciales de petróleo. Todo es una absoluta especulación.

Dirección contraria: Costa Rica es reconocida a nivel internacional como un país líder en la protección del ambiente. La política de descarbonización que se está aplicando es tomada como ejemplo mundial de como se toma con seriedad la aplicación de los Acuerdos de París 2015. La economía debe descarbonizarse y alejarse de la dependencia de los hidrocarburos, para utilizar energías limpias. Desde esta perspectiva los costos directos e indirectos que tendría para el país, que Costa Rica cambie su política ambiental e intente desarrollar actividades extractivistas, como la minería metálica y la exploración y eventual explotación petrolera, pueden ser muy contraproducentes.

Costa Rica se ha desarrollado sin una actividad extractivista que es muy dañina al ambiente, sobretodo en un país tropical y ambientalmente frágil. Además, en el contexto de tres alertas mundiales establecidas por las Naciones Unidas durante el último año: Desastres por Cambio Climático, Extensión de Especies y Peligro de no producir alimentos como productos del deterioro de la Ecosfera terrestre; plantear la realización de actividades como la minería metálica y la exploración petrolera, resulta absolutamente contradictorio y hasta irresponsable.

Alternativas energéticas: el quemado de los hidrocarburos y del carbón son los principales responsables de la aceleración artificial (antropogénica) del Cambio Climático y la Variabilidad Climática. Es hasta inconsciente que un país como Costa Rica, plantee volver al pasado para intentar usar hidrocarburos a pesar la grave situación ambiental que está pasando nuestro planeta. Costa Rica debe servir de ejemplo y ser líder en el proceso de cambio que urge realizar. Para eso debe buscar nuevas alternativas energéticas.

Una de esas energías alternativas es la Geotermia de baja y media entalpía (fuera de los parques nacionales). Nuestro país tiene un gran potencial, aproximadamente el 40 % de su territorio tiene potencial geotérmico de baja y media entalpia. Es una energía limpia, sustentable y firme. Es la energía del futuro para nuestro país, junto con otras alternativas como el hidrógeno y los biocombustibles.

Nuestro país tiene la responsabilidad moral y ambiental de ser líder en el planeta para avanzar hacia el futuro, haciendo lo cambios para evitar que nuestro sistema colapse. Es posible hacerlo, pero se ocupa hacerlo pronto. Por eso, el planteamiento de estas ideas retrógradas sobre la minería metálica o los hidrocarburos, nos hacen perder tiempo valioso, que no tenemos. Es hora de avanzar de forma sustentable hacia el futuro y no volver al pasado

Impactos ambientales transfronterizos del Gran Canal de Nicaragua

Al elaborar un análisis de los efectos ambientales de la construcción y operación del Gran Canal de Nicaragua en el territorio costarricense, con particular énfasis en las aguas superficiales y subterráneas, hemos llegado a la conclusión de que existe una clara posibilidad de que ocurran importantes impactos ambientales transfronterizos que alcanzarían territorio costarricense, localizados en la parte baja de la Cuenca del Río San Juan y que son áreas de muy alta fragilidad ambiental.A diferencia del Canal de Panamá, en el caso del Canal de Nicaragua, Costa Rica sí sería afectado por efectos ambientales de éste, dado que cerca del 70% de este proyecto se localiza dentro de la Cuenca Transfronteriza del Río San Juan, una cuenca que en un 31% forma parte de Costa Rica, particularmente su parte baja que será la receptora de los efectos ambientales negativos de la construcción y operación del canal y sus proyectos asociados. Gran Canal de Nicaragua: a partir de la presentación oficial realizada hace unos meses por la empresa china concesionaria del megaproyecto, sobre la alternativa seleccionada de ruta del Canal, las características del mismo y sus obras relacionadas, es posible tener una idea básica de esta monumental obra. El Canal tendrá una longitud de 278 Km, con un tramo de 105 Km en el Lago de Nicaragua. Contempla dos megapuertos, en el Pacífico y el Caribe. El puerto Brito, en el Pacífico, sería el primero. Como parte del mismo se incluye una Zona de Libre Comercio con un área de 34.5 km2, así como un Complejo Turístico, que cubrirá una superficie de 6.94 km2. Se incluye también la construcción de un aeropuerto internacional en Rivas y la recuperación de la red vial que será cortada por el canal, así como la conexión con los subproyectos (plantas de electricidad, de acero y de cemento, entre otras). Según se ha anunciado, el canal tendrá un ancho de 230 a 520 metros y una profundidad es de 27.6 – 30 metros. Está planeado para el paso de portacontenedores de 25.000 TEU, barcos graneleros de 400 mil toneladas y petroleros de 320 mil toneladas. La capacidad del canal es de 5.100 barcos anuales, con 30 horas de tránsito por cada barco. El canal aprovechará principalmente el agua captada de la cuenca del Río Punta Gorda, la oferta de la cual, según el informe de diseño, “es suficiente para la operación del canal”. La construcción del Canal desarrollará 41 escombreras, con una superficie total de 158 km2. La carreteras asociadas al proyecto tienen una longitud total de 595.66 km. El proyecto contempla además una serie de complejos turísticos asociados al trazo del canal. El proyecto señala que tendrá una capacidad de población residencial de 140 mil y una capacidad de población empleada de 113 mil. Zona de influencia del Canal: cerca del 70% del recorrido del Canal se localizará dentro de la parte media de la cuenca transfronteriza del Río San Juan. Esta cuenca es la cuenca transfronteriza más grande de Centroamérica y es compartida por Nicaragua y Costa Rica. La obra del Canal pretende utilizar el Lago de Nicaragua, por lo que el mismo deberá ser adaptado para que alcance una profundidad apropiada para el paso de buques de gran calado, incluyendo grandes barcos petroleros (su profundidad promedio actual es de 13 metros, y el Canal requiere una de hasta 30 metros). ¡Se estima que se extraerán cerca de 500 millones de m3 de materia! Aparte de los impactos que se producirán durante la construcción y que podrían afectar directamente las aguas superficiales y subterráneas, durante la operación del canal y las obras asociadas, se darán muchas fuentes de impacto a los recursos hídricos. Impactos que afectarían las aguas del Lago de Nicaragua y del Río San Juan, y con él, las del Río Colorado, que funciona como una importante arteria fluvial que irriga cerca de 3000 km2 de humedales parálicos del noreste de Costa Rica. Humedales que en su gran mayoría se encuentran en régimen de protección, algunos de ellos, como humedales Ramsar, y que son de muy alta fragilidad ambiental, debido a su riqueza en biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan. Estos ecosistemas, además, han logrado proteger la costa de Costa Rica de la erosión marina, por lo que cualquier afectación produciría efectos en nuestro litoral y su paulatina reducción. Además, uno de los mayores riesgos que implica el Canal para estos ecosistemas localizados aguas abajo del mismo, y dentro de la misma cuenca hidrográfica, es un eventual accidente en un buque tanque petrolero, y el derrame de hidrocarburos en el lago, lo cual generaría daños ambientales irreversibles en los ecosistemas acuáticos de la cuenca, incluyendo los localizados en territorio costarricense. Aspecto que debe ser analizado de manera muy cuidadosa. En cuanto al acuífero transfronterizo existente, que los estudios del proyecto minero de Crucitas pusieron en evidencia, es muy probable que guarde relación con las aguas del Lago, por lo que afectar el equilibrio de este último significaría afectar este acuífero transfronterizo y posiblemente los acuíferos ubicados del lado costarricense que tienen alguna relación con él. Papel de Costa Rica: es claro que la totalidad de la obra del Canal de Nicaragua, se localiza en territorio de ese país y que esa nación tiene el derecho de promover un proyecto de esa naturaleza, en particular si se plantea como una fuente de desarrollo económico y social. No obstante, dada la envergadura de este macroproyecto y su localización en un 70% de su recorrido en la Cuenca binacional del Río San Juan, sería estratégicamente deseable que Costa Rica tome un papel aún más activo en todo lo referente a la evaluación de impacto ambiental del canal. Al respecto, hay que recordar que ambos países reconocen en su legislación ambiental interna la figura del estudio de impacto transfronterizo. Hay una serie de preguntas clave que surgen en este momento y que requieren ser respondidas por las autoridades nicaragüenses: ¿se está haciendo una evaluación ambiental estratégica paralela al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)?, ¿se están analizando, además de los impactos en suelo nicaragüense, los impactos transfronterizos?,  ¿cuáles son los términos de referencia que se han seguido o se seguirán para realizar el EsIA?, ¿cuál es el área de influencia (directa e indirecta) que se ha definido para el Estudio de Impacto Ambiental y con qué criterio fue establecida?,  ¿cuál es el equipo consultor que está realizando el EsIA y cuál es la información de Línea Base que se usa como referencia (en particular, la de Costa Rica)? y ¿cuál será el procedimiento de revisión que se dará al EsIA? La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un instrumento de gestión ambiental cuyo principal objetivo es incidir en el diseño y planeamiento de un proyecto, a fin de que, como parte del mismo, se integren todas las medidas ambientales fundamentales, incluyendo un efectivo análisis de riesgo ambiental y una correcta valoración de costo beneficio ambiental.  La lógica exige que precisamente cuando se está elaborando la EIA es cuando se debe dar la mayor discusión sobre la incorporación de medidas de diferente naturaleza. Esperar que el EsIA esté listo para opinar sobre el mismo, en algunos casos puede ser demasiado tarde, en particular, si ya se han tomado las decisiones clave sobre el diseño y planeación de obras, y sobre sus costos y financiamiento. En consideración de esto, lo idóneo sería que Nicaragua le brinde a Costa Rica la oportunidad de participar en el proceso de evaluación ambiental, con el objeto de formar parte proactiva de la aportación de datos, la evaluación ambiental y el establecimiento de correctas medidas preventivas, correctivas y compensatorias. De hecho ambos Estados tienen a mano la herramienta técnica que desde hace muchos años se ha ido implementando en Europa a través de la Convención de Espoo sobre el EIA transfronterizo. Esta sería una mejor alternativa a seguir en largos y costosos procesos judiciales ante la Corte Internacional de Justicia, pero sobre todo demostraría que Nicaragua se toma en serio sus compromisos ambientales y de buena vecindad.

El delta San Juan–Colorado

En virtud de la decisión sobre medidas cautelares del pasado 8 de marzo de la Corte Interamericana de Justicia sobre el tema del río San Juan y la isla Calero, desde el punto de vista ambiental quedan significativos vacíos, que deberían ser retomados por las autoridades de ambos países para establecer el equilibrio natural y promover el desarrollo del delta binacional, San Juan – Colorado. Dentro de este contexto, el tema del dragado y su razón fundamental, requiere ser revisado, dado que la decisión de la Corte deja abierto que puede seguir haciéndose, no obstante que su alcance y objetivo no se encuentran del todo claros.

En virtud de la decisión sobre medidas cautelares del pasado 8 de marzo de la Corte Interamericana de Justicia sobre el tema del río San Juan y la isla Calero, desde el punto de vista ambiental quedan significativos vacíos, que deberían ser retomados por las autoridades de ambos países para establecer el equilibrio natural y promover el desarrollo del delta binacional, San Juan – Colorado. Dentro de este contexto, el tema del dragado y su razón fundamental, requiere ser revisado, dado que la decisión de la Corte deja abierto que puede seguir haciéndose, no obstante que su alcance y objetivo no se encuentran del todo claros.

Lo que dice Nicaragua: Como parte de los argumentos esbozados por los representantes de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, se recalcó el hecho de que este país requería de la realización del dragado en el río San Juan, debido a la colmatación producida por los sedimentos acarreados por los ríos costarricenses San Carlos y Sarapiquí. Se planteaba así una duda respecto al derecho de Nicaragua de resolver un efecto ambiental (sedimentológico) de tipo transnacional, producido en una cuenca binacional, y del cual, según el Gobierno de Nicaragua, está en todo su derecho de resolver.

Producto de esa afirmación, durante las últimas semanas, algunas investigaciones en el tema sedimentológico, permiten aclarar si esta afirmación tenía algún sustento científico.

Aporte de caudal y sedimentos: Tal y como fue señalado en un artículo anterior (La Nación, 17.12.2010) los ríos San Carlos y Sarapiquí aportan un importante volumen del caudal del río San Juan, en promedio cerca de 500 metros cúbicos por segundo. Producto de ello, es innegable que aportan también un importante volumen de sedimentos al río San Juan, cerca de un 60% de este, en particular porque drenan terrenos que ya no tienen bosques de cobertura, sino áreas de cultivos y de actividad agropecuaria.

Ante la afirmación anterior, en primera instancia, pareciera que esta le da pleno sustento a la argumento de Nicaragua. No obstante, se requiere analizar con un mejor detalle la situación para determinar si el argumento es realmente de recibo. Cuando se analiza el tipo de sedimento que acarrean los ríos costarricenses (San Carlos y Sarapiquí) al río San Juan, resulta que se trata mayoritariamente de mezclas de limos, arcillas y arenas de grano fino. Estos sedimentos requieren velocidades de corrientes bajas, del orden de 0,25 metros por segundo para desplazarse suspendidos en el agua del río. Siendo así, con el aumento del caudal producido por el aporte de los ríos costarricenses al río San Juan, este tiene capacidad para acarrear la nueva carga de sedimentos aportados, sin que gran parte de estos se acumulen en el fondo.

Esta circunstancia se puede comprobar con el análisis de la situación del cauce del río San Juan aguas abajo de las desembocaduras de los ríos San Carlos y Sarapiquí, particularmente por el estudio de fotografías aéreas e imágenes satelitales recientes, que se comparan con otras de mediados del siglo XX.

El resultado es que el río San Juan, después de la desembocadura del río San Carlos, y por un tramo de 40 kilómetros, hasta la boca del Sarapiquí, prácticamente aumenta el ancho y profundidad de su cauce, y aunque se muestran evidencias de sedimentación, esta siempre es de orden menor, con desarrollo de acumulaciones de sedimento en forma de barras o pequeñas islas dentro del cauce.

Una situación similar ocurre con la desembocadura del río Sarapiquí. Nuevamente el cauce del San Juan se hace más ancho, e incluso, por un tramo de 22 kilómetros tiene un curso más rectilíneo, con lo que aumenta su poder de transporte de sedimentos.

Causa de la colmatación del río San Juan: La situación progresiva de ensanchamiento del San Juan, cambia radicalmente en sus últimos 31 kilómetros de recorrido hacia el mar Caribe. Efectivamente, se muestra una situación de colmatación de sedimentos en el cauce del San Juan, pero la causa, NO es el aporte de los ríos costarricenses, sino la combinación de dos fenómenos naturales.

El primero de ellos, y posiblemente de mayor relevancia, es que precisamente 31 kilómetros antes de la desembocadura, el río San Juan se bifurca, y gran parte de su caudal (cerca del 80 %) pasa hacia el río Colorado de Costa Rica. Esta situación ocurre de forma natural, debido a que a partir de este punto se inicia la construcción natural del delta del Colorado – San Juan, cuya parte “emergida” corresponde con un sistema parálico (lagunas, pantanos, canales fluviales y áreas bajas inundables, catalogadas todas como humedales de gran valor ecológico). Así como pasa gran parte del caudal, también pasa gran parte del sedimento que acarrea el río San Juan. No obstante, al tener mayores dimensiones el sistema deltaico en la parte de Costa Rica (cerca del 75 % del total), y mayor sistema de canales, ese sedimento se dispersa en los humedales que funcionan como una especie de trampa que los acumula.

En el sector del río San Juan y la parte del delta del lado de Nicaragua, la situación es algo diferente. Es una zona sujeta a una situación geológica que no permite que el río San Juan se bifurque y disperse el sedimento, sino que lo acumula a lo largo del cauce propiciando su colmatación en el fondo de este, y en barras de meandros. Esto ocurre por una causa natural, en razón de que es una parte del delta que presenta una menor velocidad de “hundimiento” respecto al sector de Costa Rica, donde la subsidencia o hundimiento es más rápida.

Efectos del dragado: Con lo indicado previamente, queda claro que la causa de la colmatación del río San Juan, en sus últimos 31 km, no es el aporte de sedimentos de los ríos costarricenses, sino un fenómeno geológico natural que ya se había detectado, incluso a mediados del siglo XIX por parte de varios exploradores, y se va a seguir dando, con o sin dragado. El dragado de esa parte del cauce del río San Juan, es solo una solución temporal, pero que no puede contrarrestar los cambios naturales que se dan el delta del San Juan desde hace miles de años.

De manera que para mantener el cauce en condiciones de navegabilidad se requeriría hacer un dragado continuo, de cientos de miles de metros cúbicos de sedimento por año solo para profundizar y mantener el cauce 1 metro más profundo. Esto, como ya se ha analizado, tiene enormes consecuencias ambientales, no solo en el cauce mismo, sino en los bosque que los bordean (como muestran las últimas imágenes satelitales de mediados de febrero), así como en los ecosistemas de humedales de todo el Delta y el litoral Caribe Norte de Costa Rica, donde se concentran sitios de anidación de tortugas y arrecifes de coral que serán afectados por los sedimentos llevados allí por las corrientes marinas.

Urgencia de un plan binacional para el delta: Se concluye entonces que este dragado planteado por el Gobierno de Nicaragua en el río San Juan, no tiene mayor sustento técnico ni de sostenibilidad y que, lejos de resolver los problemas sociales de las comunidades humanas del delta, las va a agravar, tanto del lado tico como del nica.

Según estos argumentos, y los ya señalados previamente sobre la apertura del canal artificial en la isla Calero, en territorio costarricense, resulta claro que es urgente replantear las labores de dragado, y corregir lo hecho con el “canal Pastora”. Mientras tanto, ambos países, sobre la base de criterios técnicos y científicos, deben crear las condiciones para el establecimiento de un plan binacional de manejo y desarrollo sostenible para el territorio del delta. No hacerlo significaría condenar a esta importante región del Caribe a un daño ambiental irreversible y muy severo, y de enormes costos para ambos países.

La reciente decisión de la Corte de La Haya debería servir de acicate a las autoridades de ambos países y, en particular, a sus científicos y organizaciones ambientales, a reunirse a discutir abiertamente la situación y plantear un plan de manejo integral para el delta, poniendo como primer objetivo el desarrollo sostenible de las comunidades humanas que lo habitan.

Isla Calero: costos de los daños ambientales

Las labores de canalización artificial que realiza el Gobierno de Nicaragua al extremo norte de la isla Calero, en territorio costarricense, ha producido y está produciendo daños ambientales irreversibles en tres escalas diferentes.

La escala local se refiere al área de 60 Ha donde se realiza específicamente el canal de trasvase entre el río San Juan y la laguna Los Portillos. La escala subregional comprende un área de 650 hectáreas (400 en Costa Rica y 250 en Nicaragua), que ha empezado a ser impactada como consecuencia del paso de aguas del río San Juan a la laguna Los Portillos.

La escala regional, abarca el impacto que se produciría si se draga a profundidad el río San Juan y se disminuye de forma significativa el caudal del río Colorado. En este caso el impacto afectaría cerca de 3.000 hectáreas del Caribe norte de Costa Rica.

En todos los casos, se trata de zonas de humedales que tienen un gran valor ecológico por los bienes y servicios ambientales que aportan.

Importancia de humedales. Los humedales son muy importantes para la reproducción de gran cantidad de especies (peces, aves, moluscos, crustáceos, entre otras), lo que permite la continuidad de ciclos ecológicos y evolutivos. Contribuyen de manera importante a la captura de carbono de la atmósfera y liberación de oxígeno a través de la fotosíntesis. Además, su diversidad biológica y genética abre un importante camino hacia la bioprospección.

También son importantes en los procesos hidrológicos al ser sitios de evaporación del agua que más adelante forma nubes y cae como lluvia en el lugar y en otros ecosistemas. Proveen de productos comestibles como camarón y almejas así como productos para artesanía y son fuente de actividad ecoturística y deportiva (pesca). Además, al ser los humedales el lugar de desarrollo de un 90% de las especies marino-costeras, la pesca, tanto industrial como artesanal, depende de ellos.

La belleza escénica y la recreación son también servicios ambientales sumamente importantes, ya que en los humedales se puede observar y disfrutar de la naturaleza a través de la fotografía, el buceo, los recorridos terrestres o acuáticos así como la observación de flora y fauna.

Específicamente para fines económicos los humedales son aprovechados por sus características como proveedores de alimentos, materiales, oxígeno, agua y recreación, y eventualmente podrían tener un gran interés para la industria farmacéutica. Por estas características peculiares sirven también de santuario y refugio a muchas especies, algunas de ellas en vías de extinción.

Un estudio de la Universidad de Rhode Island y de la USAID (Olsen, S. 2003. Crafting Coastal Governance in a Changing World. CRC – University of Rhode Island and the USAID. 378 p.) analiza el valor económico de los servicios ambientales que brindan diferentes ecosistemas de humedales, costeros y marinos. El valor se establece en dólares americanos por hectárea.

Se indica así que los estuarios tienen un valor por hectárea de $22.832, mientras que zonas de pastos marinos y de algas verdes de $19.004, los arrecifes coralinos de $6.075, los pantanos y las zonas inundadas de $19.580.

Considerando que la zona de la Isla Calero afectada por la tres escalas antes mencionadas, se presentan diversos ecosistemas de humedal, y tomando un valor promedio de $20.000 por hectárea al año, es posible proyectar los costos de los daños ambientales que se están produciendo.

Costo del daño ambiental. Debido a que los ecosistemas afectados dan servicios ambientales de forma permanente, a través de los años, la forma más simple de valorar el costo de daño es determinar el valor económico del servicio ambiental que dejaría de obtenerse, como mínimo durante el tiempo que perdure la actividad que lo impacta, es decir su vida útil.

Esto, aunque el daño ambiental pueda considerarse de tipo irreversible, dado que una vez que se ha afectado el ecosistema de forma sustancial, la restauración de los ecosistemas a sus condiciones iniciales antes de su afectación, puede no ser posible, o en su defecto, necesitar de un gran esfuerzo y recurso económico.

Debido a que los daños identificados son de tres tipos, local, subregional y regional, se generan tres costos del daño ambiental. Para ello se establece un margen de temporal de 10 años y 100 años. Este último caso, considerando la vida útil de un canal interoceánico. Siendo así, la estimación del valor del daño ambiental para la situación local a 10 años sería de $12.000.000 y a 100 años de $ 240.000.000; mientras que para la situación subregional a 10 años sería de $130.000.000 y a 100 años de $2.600.000.000, y finalmente, para la situación regional a 10 años sería de $600.000.000 y a 100 años de $120.000.000.000 (ciento veinte mil millones de dólares).

A estas cifras de daños se les tendrían que sumar la cuantificación de los efectos socieconómicos, entre otros, disminución de capacidad productiva, caída del ingreso familiar y consecuente desmejora en sus condiciones de vida, que se darían en las comunidades humanas que subsisten de las zonas de humedal, que a escala regional, solo en el Caribe Norte de Costa Rica, alcanzan hasta 40.000 habitantes. Además, los efectos en la actividad turística y de pesca deportiva que ya ha generado daños durante los últimos meses y que se incrementaría en un futuro cercano. También queda pendiente sumar los daños ambientales que se producirían en los ecosistemas costeros del Caribe de Costa Rica, como la afectación de la anidación de tortugas, disminución de pesca y afectación de arrecifes y comunidades coralinas.

Prioridad. Debido a la cadena de impactos ambientales que se están produciendo como consecuencias de las obras de dragado y canalización en la isla Calero, es claro que la prioridad fundamental es la prevención. Esto significa que se detengan de inmediato las obras y que se proceda a reponer los daños producidos.

El desarrollo del ecosistema del delta San Juan – Colorado, requiere una acción conjunta y coordinada de ambos países, cuya prioridad es el desarrollo sostenible de la zona, para el beneficio de las comunidades partiendo de un aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales de los humedales de la zona, no de su destrucción.

Canal interoceánico en el San Juan

Con el anuncio reciente del Gobierno de Nicaragua de que va a iniciar las labores de dragado del río San Juan en el tramo donde este se bifurca y se abre el río Colorado y el anuncio de que varios países, entre ellos Rusia, apoyarían la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, se hace necesario aclarar algunos aspectos importantes, sobre temas de caudales y viabilidad técnica de este viejo proyecto que ronda en Nicaragua desde mediados del siglo XIX.

La cuenca del río San Juan es binacional, es decir que tiene parte importante en territorio nicaraguense (24.500 km²) y otra parte algo más pequeña en Costa Rica (14.000 km²). Esta relación en materia de extensión territorial, sin embargo, no se traduce en las mismas proporciones en cuanto a caudales se refiere.

Debido a que en la parte de Costa Rica (que se extiende desde las Cordilleras de Guanacaste y del Valle Central hasta las llanuras del norte) llueve más, el aporte de agua (fluvial) por los ríos que van hacia el río San Juan representa el 83 % del total del caudal del río San Juan (equivalente a 894 m³/s) a la altura de su respectiva desembocadura.

Es decir, poco más de 4 quintas partes del caudal del río San Juan es aportado por los sistemas fluviales de Costa Rica.

Solamente los ríos San Carlos (246 m³/s) y Sarapiquí (231 m³/s), según datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aportan cerca de 500 metros cúbicos por segundo de agua al río San Juan, un aspecto relevante a tomar en cuenta.

El caudal promedio anual del río San Juan, a la altura de su bifurcación hacia el río Colorado es de 1.170 m³/s. Con un máximo de 3980 m³/s y un mínimo de 353 m³/s durante varios meses al año. Por su parte, según los datos hidrológicos del ICE, el río Colorado tiene un caudal promedio de 1000 a 1500 m³/s. Un primer esfuerzo de un posible “enfoque integral” se había logrado con el proyecto Pro Cuenca auspiciado por la OEA, el Minaet y Marena entre 1993 y 1997, entablado de manera conjunta y sugiriendo a ambos Estados buscar mecanismos para una gestión ambiental conjunta de una zona sumamente rica en biodiversidad y altamente vulnerable a la vez.

Lastimosamente, las actitudes de las autoridades a partir de 1998 de ambos países dieron al traste con esta primera iniciativa y optaron por enfrascarse en una “sanjuanización” de sus relaciones que duró hasta el 13 de julio del 2009, fecha del fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Río Colorado y humedales del Caribe norte. La bifurcación del río San Juan y el paso de gran parte de su caudal hacia el río Colorado es una condición natural, debido a que se trata de un delta binacional, cuya parte parálica cubre cerca de 500 Km², perteneciendo cerca de 300 Km² de ellos al territorio costarricense, donde, en su gran mayoría, corresponden con áreas silvestres protegidas e importantes sitios Ramsar internacionalmente reportados.

El caudal de agua del río Colorado es de gran importancia para el sostenimiento de la calidad ambiental de los ecosistemas de esos 350 Km² de humedales y áreas protegidas. La disminución significativa de su caudal, a causa del dragado en el río San Juan para ampliar el ancho y profundidad del San Juan, podría en serio peligro estos importantes ecosistemas del Caribe norte de Costa Rica.

Como se puede ver, el planteamiento de un posible canal interoceánico que aproveche las aguas del río San Juan, debido al caudal que aporta Costa Rica y los derechos de navegación que se tienen según los tratados y laudos, hace indispensable que exista coordinación en cualquier acción encaminada a esta obra. Incluso si se tratara solamente de un dragado que puede disminuir de forma significativa el caudal al río Colorado. Dicha coordinación no se refiere a acuerdos políticos en el marco diplomático, sino a detallados y profundos estudios técnicos y de evaluación ambiental, que determinen si existe alguna viabilidad de la propuesta y, dado el caso, establezcan efectivas medidas preventivas y correctivas.

La no consideración de Costa Rica en el solo planteamiento de un eventual canal interoceánico en el río San Juan, además de un irrespeto a lo que establecen los tratados y laudos, y violentar los más elementales principios de buena vecindad y cooperación entre Estados ribereños, le quita una base técnica esencial al proyecto, que es la relevancia del aporte fluvial que da nuestro país.

Alternativa de respuesta de Costa Rica. A modo de ejemplo de la no consideración de nuestro país en el tema, y solo para mostrar la carencia de sustento técnico y lo enclenque de la propuesta del canal interoceánico, y anteponiendo el interés nacional de salvar y salvaguardar los humedales del Caribe norte, podría plantearse un solución técnica “alternativa”.

Esta “solución” podría implicar la construcción de un canal –sí, otro canal– que trasvase las aguas del río San Carlos y del Sarapiquí directamente al río Colorado, sin pasar por el río San Juan. Es solo una hipótesis técnica para ilustrar la debilidad y total falta de seriedad del planteamiento de un canal interoceánico sin considerar a Costa Rica.

Ese canal, que podríamos llamar el “canal de la Dignidad”, estoy seguro sería apoyado por la inmensa mayoría de la población de Costa Rica, que hasta ahora ha observado impotente cómo se realizan obras en el extremo norte de la isla Calero y se provocan daños ambientales en nuestro territorio; pues en vez de “volar bala” para defender nuestro territorio y sus ecosistemas, lo que tendríamos que hacer es “volar pala”.

Urgencia de medidas cautelares. Para evitar que se sigan dando daños ambientales, y que estos sigan creciendo, alcanzando dimensiones desproporcionadas y condiciones de irreversibilidad, urge que se detengan y reviertan las obras del canal artificial que aceleradamente Nicaragua está llevando a cabo en nuestro territorio y también del dragado del río San Juan, hasta tanto se aclaren las verdaderas intenciones del Gobierno de Nicaragua y, dado el caso, hasta que se efectúen serios y detallados estudios de evaluación ambiental, con la participación de entes técnicos y académicos de ambos países. Seguir con esta escalada de acciones podría obligar a Costa Rica a convertir la hipótesis aquí planteada del “canal de la Dignidad” en un eventual proyecto de salvación de los humedales del Caribe norte.