Al elaborar un análisis de los efectos ambientales de la construcción y operación del Gran Canal de Nicaragua en el territorio costarricense, con particular énfasis en las aguas superficiales y subterráneas, hemos llegado a la conclusión de que existe una clara posibilidad de que ocurran importantes impactos ambientales transfronterizos que alcanzarían territorio costarricense, localizados en la parte baja de la Cuenca del Río San Juan y que son áreas de muy alta fragilidad ambiental.A diferencia del Canal de Panamá, en el caso del Canal de Nicaragua, Costa Rica sí sería afectado por efectos ambientales de éste, dado que cerca del 70% de este proyecto se localiza dentro de la Cuenca Transfronteriza del Río San Juan, una cuenca que en un 31% forma parte de Costa Rica, particularmente su parte baja que será la receptora de los efectos ambientales negativos de la construcción y operación del canal y sus proyectos asociados. Gran Canal de Nicaragua: a partir de la presentación oficial realizada hace unos meses por la empresa china concesionaria del megaproyecto, sobre la alternativa seleccionada de ruta del Canal, las características del mismo y sus obras relacionadas, es posible tener una idea básica de esta monumental obra. El Canal tendrá una longitud de 278 Km, con un tramo de 105 Km en el Lago de Nicaragua. Contempla dos megapuertos, en el Pacífico y el Caribe. El puerto Brito, en el Pacífico, sería el primero. Como parte del mismo se incluye una Zona de Libre Comercio con un área de 34.5 km2, así como un Complejo Turístico, que cubrirá una superficie de 6.94 km2. Se incluye también la construcción de un aeropuerto internacional en Rivas y la recuperación de la red vial que será cortada por el canal, así como la conexión con los subproyectos (plantas de electricidad, de acero y de cemento, entre otras). Según se ha anunciado, el canal tendrá un ancho de 230 a 520 metros y una profundidad es de 27.6 – 30 metros. Está planeado para el paso de portacontenedores de 25.000 TEU, barcos graneleros de 400 mil toneladas y petroleros de 320 mil toneladas. La capacidad del canal es de 5.100 barcos anuales, con 30 horas de tránsito por cada barco. El canal aprovechará principalmente el agua captada de la cuenca del Río Punta Gorda, la oferta de la cual, según el informe de diseño, “es suficiente para la operación del canal”. La construcción del Canal desarrollará 41 escombreras, con una superficie total de 158 km2. La carreteras asociadas al proyecto tienen una longitud total de 595.66 km. El proyecto contempla además una serie de complejos turísticos asociados al trazo del canal. El proyecto señala que tendrá una capacidad de población residencial de 140 mil y una capacidad de población empleada de 113 mil. Zona de influencia del Canal: cerca del 70% del recorrido del Canal se localizará dentro de la parte media de la cuenca transfronteriza del Río San Juan. Esta cuenca es la cuenca transfronteriza más grande de Centroamérica y es compartida por Nicaragua y Costa Rica. La obra del Canal pretende utilizar el Lago de Nicaragua, por lo que el mismo deberá ser adaptado para que alcance una profundidad apropiada para el paso de buques de gran calado, incluyendo grandes barcos petroleros (su profundidad promedio actual es de 13 metros, y el Canal requiere una de hasta 30 metros). ¡Se estima que se extraerán cerca de 500 millones de m3 de materia! Aparte de los impactos que se producirán durante la construcción y que podrían afectar directamente las aguas superficiales y subterráneas, durante la operación del canal y las obras asociadas, se darán muchas fuentes de impacto a los recursos hídricos. Impactos que afectarían las aguas del Lago de Nicaragua y del Río San Juan, y con él, las del Río Colorado, que funciona como una importante arteria fluvial que irriga cerca de 3000 km2 de humedales parálicos del noreste de Costa Rica. Humedales que en su gran mayoría se encuentran en régimen de protección, algunos de ellos, como humedales Ramsar, y que son de muy alta fragilidad ambiental, debido a su riqueza en biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan. Estos ecosistemas, además, han logrado proteger la costa de Costa Rica de la erosión marina, por lo que cualquier afectación produciría efectos en nuestro litoral y su paulatina reducción. Además, uno de los mayores riesgos que implica el Canal para estos ecosistemas localizados aguas abajo del mismo, y dentro de la misma cuenca hidrográfica, es un eventual accidente en un buque tanque petrolero, y el derrame de hidrocarburos en el lago, lo cual generaría daños ambientales irreversibles en los ecosistemas acuáticos de la cuenca, incluyendo los localizados en territorio costarricense. Aspecto que debe ser analizado de manera muy cuidadosa. En cuanto al acuífero transfronterizo existente, que los estudios del proyecto minero de Crucitas pusieron en evidencia, es muy probable que guarde relación con las aguas del Lago, por lo que afectar el equilibrio de este último significaría afectar este acuífero transfronterizo y posiblemente los acuíferos ubicados del lado costarricense que tienen alguna relación con él. Papel de Costa Rica: es claro que la totalidad de la obra del Canal de Nicaragua, se localiza en territorio de ese país y que esa nación tiene el derecho de promover un proyecto de esa naturaleza, en particular si se plantea como una fuente de desarrollo económico y social. No obstante, dada la envergadura de este macroproyecto y su localización en un 70% de su recorrido en la Cuenca binacional del Río San Juan, sería estratégicamente deseable que Costa Rica tome un papel aún más activo en todo lo referente a la evaluación de impacto ambiental del canal. Al respecto, hay que recordar que ambos países reconocen en su legislación ambiental interna la figura del estudio de impacto transfronterizo. Hay una serie de preguntas clave que surgen en este momento y que requieren ser respondidas por las autoridades nicaragüenses: ¿se está haciendo una evaluación ambiental estratégica paralela al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)?, ¿se están analizando, además de los impactos en suelo nicaragüense, los impactos transfronterizos?, ¿cuáles son los términos de referencia que se han seguido o se seguirán para realizar el EsIA?, ¿cuál es el área de influencia (directa e indirecta) que se ha definido para el Estudio de Impacto Ambiental y con qué criterio fue establecida?, ¿cuál es el equipo consultor que está realizando el EsIA y cuál es la información de Línea Base que se usa como referencia (en particular, la de Costa Rica)? y ¿cuál será el procedimiento de revisión que se dará al EsIA? La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un instrumento de gestión ambiental cuyo principal objetivo es incidir en el diseño y planeamiento de un proyecto, a fin de que, como parte del mismo, se integren todas las medidas ambientales fundamentales, incluyendo un efectivo análisis de riesgo ambiental y una correcta valoración de costo beneficio ambiental. La lógica exige que precisamente cuando se está elaborando la EIA es cuando se debe dar la mayor discusión sobre la incorporación de medidas de diferente naturaleza. Esperar que el EsIA esté listo para opinar sobre el mismo, en algunos casos puede ser demasiado tarde, en particular, si ya se han tomado las decisiones clave sobre el diseño y planeación de obras, y sobre sus costos y financiamiento. En consideración de esto, lo idóneo sería que Nicaragua le brinde a Costa Rica la oportunidad de participar en el proceso de evaluación ambiental, con el objeto de formar parte proactiva de la aportación de datos, la evaluación ambiental y el establecimiento de correctas medidas preventivas, correctivas y compensatorias. De hecho ambos Estados tienen a mano la herramienta técnica que desde hace muchos años se ha ido implementando en Europa a través de la Convención de Espoo sobre el EIA transfronterizo. Esta sería una mejor alternativa a seguir en largos y costosos procesos judiciales ante la Corte Internacional de Justicia, pero sobre todo demostraría que Nicaragua se toma en serio sus compromisos ambientales y de buena vecindad.
Canal interoceánico en el San Juan
Con el anuncio reciente del Gobierno de Nicaragua de que va a iniciar las labores de dragado del río San Juan en el tramo donde este se bifurca y se abre el río Colorado y el anuncio de que varios países, entre ellos Rusia, apoyarían la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, se hace necesario aclarar algunos aspectos importantes, sobre temas de caudales y viabilidad técnica de este viejo proyecto que ronda en Nicaragua desde mediados del siglo XIX.
La cuenca del río San Juan es binacional, es decir que tiene parte importante en territorio nicaraguense (24.500 km²) y otra parte algo más pequeña en Costa Rica (14.000 km²). Esta relación en materia de extensión territorial, sin embargo, no se traduce en las mismas proporciones en cuanto a caudales se refiere.
Debido a que en la parte de Costa Rica (que se extiende desde las Cordilleras de Guanacaste y del Valle Central hasta las llanuras del norte) llueve más, el aporte de agua (fluvial) por los ríos que van hacia el río San Juan representa el 83 % del total del caudal del río San Juan (equivalente a 894 m³/s) a la altura de su respectiva desembocadura.
Es decir, poco más de 4 quintas partes del caudal del río San Juan es aportado por los sistemas fluviales de Costa Rica.
Solamente los ríos San Carlos (246 m³/s) y Sarapiquí (231 m³/s), según datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aportan cerca de 500 metros cúbicos por segundo de agua al río San Juan, un aspecto relevante a tomar en cuenta.
El caudal promedio anual del río San Juan, a la altura de su bifurcación hacia el río Colorado es de 1.170 m³/s. Con un máximo de 3980 m³/s y un mínimo de 353 m³/s durante varios meses al año. Por su parte, según los datos hidrológicos del ICE, el río Colorado tiene un caudal promedio de 1000 a 1500 m³/s. Un primer esfuerzo de un posible “enfoque integral” se había logrado con el proyecto Pro Cuenca auspiciado por la OEA, el Minaet y Marena entre 1993 y 1997, entablado de manera conjunta y sugiriendo a ambos Estados buscar mecanismos para una gestión ambiental conjunta de una zona sumamente rica en biodiversidad y altamente vulnerable a la vez.
Lastimosamente, las actitudes de las autoridades a partir de 1998 de ambos países dieron al traste con esta primera iniciativa y optaron por enfrascarse en una “sanjuanización” de sus relaciones que duró hasta el 13 de julio del 2009, fecha del fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Río Colorado y humedales del Caribe norte. La bifurcación del río San Juan y el paso de gran parte de su caudal hacia el río Colorado es una condición natural, debido a que se trata de un delta binacional, cuya parte parálica cubre cerca de 500 Km², perteneciendo cerca de 300 Km² de ellos al territorio costarricense, donde, en su gran mayoría, corresponden con áreas silvestres protegidas e importantes sitios Ramsar internacionalmente reportados.
El caudal de agua del río Colorado es de gran importancia para el sostenimiento de la calidad ambiental de los ecosistemas de esos 350 Km² de humedales y áreas protegidas. La disminución significativa de su caudal, a causa del dragado en el río San Juan para ampliar el ancho y profundidad del San Juan, podría en serio peligro estos importantes ecosistemas del Caribe norte de Costa Rica.
Como se puede ver, el planteamiento de un posible canal interoceánico que aproveche las aguas del río San Juan, debido al caudal que aporta Costa Rica y los derechos de navegación que se tienen según los tratados y laudos, hace indispensable que exista coordinación en cualquier acción encaminada a esta obra. Incluso si se tratara solamente de un dragado que puede disminuir de forma significativa el caudal al río Colorado. Dicha coordinación no se refiere a acuerdos políticos en el marco diplomático, sino a detallados y profundos estudios técnicos y de evaluación ambiental, que determinen si existe alguna viabilidad de la propuesta y, dado el caso, establezcan efectivas medidas preventivas y correctivas.
La no consideración de Costa Rica en el solo planteamiento de un eventual canal interoceánico en el río San Juan, además de un irrespeto a lo que establecen los tratados y laudos, y violentar los más elementales principios de buena vecindad y cooperación entre Estados ribereños, le quita una base técnica esencial al proyecto, que es la relevancia del aporte fluvial que da nuestro país.
Alternativa de respuesta de Costa Rica. A modo de ejemplo de la no consideración de nuestro país en el tema, y solo para mostrar la carencia de sustento técnico y lo enclenque de la propuesta del canal interoceánico, y anteponiendo el interés nacional de salvar y salvaguardar los humedales del Caribe norte, podría plantearse un solución técnica “alternativa”.
Esta “solución” podría implicar la construcción de un canal –sí, otro canal– que trasvase las aguas del río San Carlos y del Sarapiquí directamente al río Colorado, sin pasar por el río San Juan. Es solo una hipótesis técnica para ilustrar la debilidad y total falta de seriedad del planteamiento de un canal interoceánico sin considerar a Costa Rica.
Ese canal, que podríamos llamar el “canal de la Dignidad”, estoy seguro sería apoyado por la inmensa mayoría de la población de Costa Rica, que hasta ahora ha observado impotente cómo se realizan obras en el extremo norte de la isla Calero y se provocan daños ambientales en nuestro territorio; pues en vez de “volar bala” para defender nuestro territorio y sus ecosistemas, lo que tendríamos que hacer es “volar pala”.
Urgencia de medidas cautelares. Para evitar que se sigan dando daños ambientales, y que estos sigan creciendo, alcanzando dimensiones desproporcionadas y condiciones de irreversibilidad, urge que se detengan y reviertan las obras del canal artificial que aceleradamente Nicaragua está llevando a cabo en nuestro territorio y también del dragado del río San Juan, hasta tanto se aclaren las verdaderas intenciones del Gobierno de Nicaragua y, dado el caso, hasta que se efectúen serios y detallados estudios de evaluación ambiental, con la participación de entes técnicos y académicos de ambos países. Seguir con esta escalada de acciones podría obligar a Costa Rica a convertir la hipótesis aquí planteada del “canal de la Dignidad” en un eventual proyecto de salvación de los humedales del Caribe norte.