El delta San Juan–Colorado

En virtud de la decisión sobre medidas cautelares del pasado 8 de marzo de la Corte Interamericana de Justicia sobre el tema del río San Juan y la isla Calero, desde el punto de vista ambiental quedan significativos vacíos, que deberían ser retomados por las autoridades de ambos países para establecer el equilibrio natural y promover el desarrollo del delta binacional, San Juan – Colorado. Dentro de este contexto, el tema del dragado y su razón fundamental, requiere ser revisado, dado que la decisión de la Corte deja abierto que puede seguir haciéndose, no obstante que su alcance y objetivo no se encuentran del todo claros.

En virtud de la decisión sobre medidas cautelares del pasado 8 de marzo de la Corte Interamericana de Justicia sobre el tema del río San Juan y la isla Calero, desde el punto de vista ambiental quedan significativos vacíos, que deberían ser retomados por las autoridades de ambos países para establecer el equilibrio natural y promover el desarrollo del delta binacional, San Juan – Colorado. Dentro de este contexto, el tema del dragado y su razón fundamental, requiere ser revisado, dado que la decisión de la Corte deja abierto que puede seguir haciéndose, no obstante que su alcance y objetivo no se encuentran del todo claros.

Lo que dice Nicaragua: Como parte de los argumentos esbozados por los representantes de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, se recalcó el hecho de que este país requería de la realización del dragado en el río San Juan, debido a la colmatación producida por los sedimentos acarreados por los ríos costarricenses San Carlos y Sarapiquí. Se planteaba así una duda respecto al derecho de Nicaragua de resolver un efecto ambiental (sedimentológico) de tipo transnacional, producido en una cuenca binacional, y del cual, según el Gobierno de Nicaragua, está en todo su derecho de resolver.

Producto de esa afirmación, durante las últimas semanas, algunas investigaciones en el tema sedimentológico, permiten aclarar si esta afirmación tenía algún sustento científico.

Aporte de caudal y sedimentos: Tal y como fue señalado en un artículo anterior (La Nación, 17.12.2010) los ríos San Carlos y Sarapiquí aportan un importante volumen del caudal del río San Juan, en promedio cerca de 500 metros cúbicos por segundo. Producto de ello, es innegable que aportan también un importante volumen de sedimentos al río San Juan, cerca de un 60% de este, en particular porque drenan terrenos que ya no tienen bosques de cobertura, sino áreas de cultivos y de actividad agropecuaria.

Ante la afirmación anterior, en primera instancia, pareciera que esta le da pleno sustento a la argumento de Nicaragua. No obstante, se requiere analizar con un mejor detalle la situación para determinar si el argumento es realmente de recibo. Cuando se analiza el tipo de sedimento que acarrean los ríos costarricenses (San Carlos y Sarapiquí) al río San Juan, resulta que se trata mayoritariamente de mezclas de limos, arcillas y arenas de grano fino. Estos sedimentos requieren velocidades de corrientes bajas, del orden de 0,25 metros por segundo para desplazarse suspendidos en el agua del río. Siendo así, con el aumento del caudal producido por el aporte de los ríos costarricenses al río San Juan, este tiene capacidad para acarrear la nueva carga de sedimentos aportados, sin que gran parte de estos se acumulen en el fondo.

Esta circunstancia se puede comprobar con el análisis de la situación del cauce del río San Juan aguas abajo de las desembocaduras de los ríos San Carlos y Sarapiquí, particularmente por el estudio de fotografías aéreas e imágenes satelitales recientes, que se comparan con otras de mediados del siglo XX.

El resultado es que el río San Juan, después de la desembocadura del río San Carlos, y por un tramo de 40 kilómetros, hasta la boca del Sarapiquí, prácticamente aumenta el ancho y profundidad de su cauce, y aunque se muestran evidencias de sedimentación, esta siempre es de orden menor, con desarrollo de acumulaciones de sedimento en forma de barras o pequeñas islas dentro del cauce.

Una situación similar ocurre con la desembocadura del río Sarapiquí. Nuevamente el cauce del San Juan se hace más ancho, e incluso, por un tramo de 22 kilómetros tiene un curso más rectilíneo, con lo que aumenta su poder de transporte de sedimentos.

Causa de la colmatación del río San Juan: La situación progresiva de ensanchamiento del San Juan, cambia radicalmente en sus últimos 31 kilómetros de recorrido hacia el mar Caribe. Efectivamente, se muestra una situación de colmatación de sedimentos en el cauce del San Juan, pero la causa, NO es el aporte de los ríos costarricenses, sino la combinación de dos fenómenos naturales.

El primero de ellos, y posiblemente de mayor relevancia, es que precisamente 31 kilómetros antes de la desembocadura, el río San Juan se bifurca, y gran parte de su caudal (cerca del 80 %) pasa hacia el río Colorado de Costa Rica. Esta situación ocurre de forma natural, debido a que a partir de este punto se inicia la construcción natural del delta del Colorado – San Juan, cuya parte “emergida” corresponde con un sistema parálico (lagunas, pantanos, canales fluviales y áreas bajas inundables, catalogadas todas como humedales de gran valor ecológico). Así como pasa gran parte del caudal, también pasa gran parte del sedimento que acarrea el río San Juan. No obstante, al tener mayores dimensiones el sistema deltaico en la parte de Costa Rica (cerca del 75 % del total), y mayor sistema de canales, ese sedimento se dispersa en los humedales que funcionan como una especie de trampa que los acumula.

En el sector del río San Juan y la parte del delta del lado de Nicaragua, la situación es algo diferente. Es una zona sujeta a una situación geológica que no permite que el río San Juan se bifurque y disperse el sedimento, sino que lo acumula a lo largo del cauce propiciando su colmatación en el fondo de este, y en barras de meandros. Esto ocurre por una causa natural, en razón de que es una parte del delta que presenta una menor velocidad de “hundimiento” respecto al sector de Costa Rica, donde la subsidencia o hundimiento es más rápida.

Efectos del dragado: Con lo indicado previamente, queda claro que la causa de la colmatación del río San Juan, en sus últimos 31 km, no es el aporte de sedimentos de los ríos costarricenses, sino un fenómeno geológico natural que ya se había detectado, incluso a mediados del siglo XIX por parte de varios exploradores, y se va a seguir dando, con o sin dragado. El dragado de esa parte del cauce del río San Juan, es solo una solución temporal, pero que no puede contrarrestar los cambios naturales que se dan el delta del San Juan desde hace miles de años.

De manera que para mantener el cauce en condiciones de navegabilidad se requeriría hacer un dragado continuo, de cientos de miles de metros cúbicos de sedimento por año solo para profundizar y mantener el cauce 1 metro más profundo. Esto, como ya se ha analizado, tiene enormes consecuencias ambientales, no solo en el cauce mismo, sino en los bosque que los bordean (como muestran las últimas imágenes satelitales de mediados de febrero), así como en los ecosistemas de humedales de todo el Delta y el litoral Caribe Norte de Costa Rica, donde se concentran sitios de anidación de tortugas y arrecifes de coral que serán afectados por los sedimentos llevados allí por las corrientes marinas.

Urgencia de un plan binacional para el delta: Se concluye entonces que este dragado planteado por el Gobierno de Nicaragua en el río San Juan, no tiene mayor sustento técnico ni de sostenibilidad y que, lejos de resolver los problemas sociales de las comunidades humanas del delta, las va a agravar, tanto del lado tico como del nica.

Según estos argumentos, y los ya señalados previamente sobre la apertura del canal artificial en la isla Calero, en territorio costarricense, resulta claro que es urgente replantear las labores de dragado, y corregir lo hecho con el “canal Pastora”. Mientras tanto, ambos países, sobre la base de criterios técnicos y científicos, deben crear las condiciones para el establecimiento de un plan binacional de manejo y desarrollo sostenible para el territorio del delta. No hacerlo significaría condenar a esta importante región del Caribe a un daño ambiental irreversible y muy severo, y de enormes costos para ambos países.

La reciente decisión de la Corte de La Haya debería servir de acicate a las autoridades de ambos países y, en particular, a sus científicos y organizaciones ambientales, a reunirse a discutir abiertamente la situación y plantear un plan de manejo integral para el delta, poniendo como primer objetivo el desarrollo sostenible de las comunidades humanas que lo habitan.

Las dos Costa Rica

A propósito de los acontecimientos “políticos” del mes de enero pasado, particularmente los acaecidos en nuestra cada vez mas sorprendente Asamblea Legislativa, es posible llegar a la conclusión de que en nuestro país, desde el punto de vista de reacción ante los acontecimientos, tenemos dos extremos, algo así como si fuéramos dos países en uno.

Hay, por un lado, una Costa Rica, de la gente que ve “los toros desde la barrera”. Es la que lee, ve o escucha las noticias, se da cuenta de que algo está sucediendo, reflexiona un rato, pero no reacciona. Prefiere no opinar. Duda de la información, no por la información en sí, si no porque cree que viene sesgada o porque “malinterpretan” las palabras del personaje central de la noticia.

Es una Costa Rica que todavía cree, confiada, que esos personajes son como héroes que salen a la arena política, sacrificando sus vidas privadas, en pos del bienestar común. Es una Costa Rica, que permanece silenciosa, sin cuestionar públicamente a nadie, y que prefiere pasar la página, olvidar el mal rato que esos personajes pudieran pasar, para luego, seguir “como antes”, dejando que sus “héroes” sigan dirigiendo su destino, sin importar cuál va a ser este.

Pero también hay otra Costa Rica de gente un poco menos confiada, que se informa un poco más, y que, cruzando información aquí y allá logra deducir fácilmente la forma en que se le trata e irrespeta. Es la Costa Rica que se indigna y exige sin tapujos que se haga algo, que se investigue lo que se cuestiona, que se aclaren las cosas hasta las últimas consecuencias, que se corrija lo que se tiene que corregir. Es la Costa Rica, que, sin necesariamente dudar de todos sus dirigentes políticos, les exige públicamente transparencia y rendición de cuentas. Que ve en el Congreso, un sitio donde sus “representantes” deben y tienen que hacer su trabajo por la patria, y en donde el país debe iniciar la senda de su progreso.

Entre esas dos Costa Rica se debate nuestra realidad. Incluso la de los medios noticiosos, que investigan y sacan a la luz una exclusiva, que provoca esa doble reacción. Por un lado, unos que prefieren que pase uno o dos días, para que la noticia se olvide, como casi ha sido una tradición en nuestro país por mucho tiempo, y por otro lado, otro grupo que prefiere que se llegue al fondo, y que realmente se establezcan soluciones y cambios.

Realismo y surrealismo. Nuestro país se ha debatido durante mucho tiempo entre esos dos extremos: una especie de realidad surrealista que todo lo olvida y una grupo realista que se frustra y molesta cuando, con un mínimo de información, razonamiento lógico, sentido común o datos científicos, se da cuenta de cómo los gobernantes nos fabrican problemas en vez de soluciones.

Los políticos de carrera, saben que estos son los extremos de comportamiento de nuestra sociedad y saben que mientras la Costa Rica pasiva y que rápido olvida, represente la mayoría de la sociedad, las cosas van a poder seguir como hasta ahora. Tienen así asegurados más “negocios”, resolverán sus problemas a punta de de telefonazos, poniendo a correr entidades públicas en la satisfacción de intereses particulares, y nos llenaremos de más avergonzantes autopistas del Sol, de más desgastantes Crucitas en los tribunales, y también de más muertes y pérdidas con cada aguacero de temporada debido a la falta de planificación del riesgo en la GAM.

Al final, es fácil de gobernar un grupo que no cuestiona y que fácilmente, se conforma con explicaciones, aunque estas no tengan mucho sentido, ni mayor sustento técnico, como el hecho de que se compre una carretera a precio de primer mundo, pero su calidad sea de un país del tercer mundo (y que para colmo, obliga a que las radiales mal concebidas por subestimar el factor lluvia en un país tropical como el nuestro, ahora deban ser reparadas con el erario público ante la mirada indiferente de la opinión).

Lograr un cambio. Solución: ambas Costa Rica son las que eligen a los gobernantes, y solo con un cambio, en donde la Costa Rica que cuestiona, que persiste, relaciona hechos, que pregunta, que exige cuentas, sea la que domine, no se va a lograr el verdadero cambio de rumbo en el destino de nuestro golpeado país.

Durante el transcurso del presente año 2011, hay una oportunidad de que, los costarricenses, conocedores de esta realidad, presionemos para que impulsemos esa transformación. Lo único que se ocupa es olvidar nuestra vieja costumbre de “cambiar la página”, de olvidar el problema como si con eso lo resolviéramos. Lo que necesitamos es, simplemente, exigir explicaciones claras. Transparencia y rendición de cuentas, y también, muy importante, que los responsables asuman las responsabilidades no asumidas y dejen de formar parte de nuestra realidad como si fueran los únicos “héroes” que nos pudieran hacer progresar.

La tecnología de hoy nos da muchas herramientas para alzar nuestra voz.

Lo único que tenemos que hacer es cobrar conciencia de nuestro verdadero poder y, en particular, de nuestra responsabilidad como ciudadanos de esta nuestra única patria.

Larga fila en planes reguladores

El ordenamiento del territorio, entendido como el desarrollo social, ambiental, cultural y económico de una región, dentro de un marco de planificación equilibrada y sostenible, es un tema clave para el progreso de una nación. Su no realización o su rezago es lo que constituye la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados.

En países como Costa Rica, el ordenamiento territorial (OT), bien hecho, cuando toma en cuenta la variable ambiental, incluyendo la gestión del riesgo, deja de ser solo un paso para el desarrollo, sino una urgencia, para poder salvar personas y bienes, incluyendo la infraestructura que tanto años y esfuerzos ha costado a los costarricenses de varias generaciones.

Con la llegada de la Administración Chinchilla, se abrieron expectativas sobre un verdadero avance en materia de ordenamiento del territorio. No obstante, al leer lo que se dice sobre el mismo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011 – 2014, la decepción e incluso, la preocupación por un retroceso, surgen conforme se avanza en su lectura y metas.

Enfoque del problema: el PND deja claro el problema en materia de OT, cuando señala como responsables, la falta de acciones coordinadas de las instituciones del Estado y la inadecuada Gestión del Riesgo. Señala estos dos factores, como los responsables de las disparidades en progreso de las regiones del país y del aumento de la vulnerabilidad de la población.

No obstante, preocupa la expectativa que deja el mismo plan, al señalar que “no se puede hacer mucho debido al desfinanciamiento de las instituciones encargadas de darle seguimiento al cumplimiento de la normativa relacionada con el ordenamiento territorial”. La preocupación no surge por el siempre ubicuo faltante de recursos, sino por la visión del ordenamiento del territorio que se apoya en las instituciones, olvidando que se trata de un proceso, en el que la función del Estado y sus instituciones es fijar reglas claras y fiscalizar su cumplimiento. No debe enfocarse al Estado como protagonista principal, pues allí estriba el principal problema.

Propuesta del PND: Las soluciones que plantea el PND tienen la cualidad de que empiezan de “cero”, como si antes no se hubiese hecho nada. Esta extraña omisión constituye uno de los principales defectos de los planes nacionales de desarrollo, que olvidan el pasado y lo avanzado, y, por tanto, la continuidad.

En materia de ordenamiento territorial, la Iniciativa Paz con la Naturaleza, avanzó durante 4 años en una propuesta de política en ese tema, que al final no fue posible concretar precisamente por falta de voluntad política. No obstante, como si ese esfuerzo no contara, en el PND, se plantea trabajar en una nueva política. La pregunta es si se va a gastar nuevamente todo el tiempo de la administración en su discusión y elaboración, para dejar nuevamente la tarea inconclusa.

La respuesta la trae el mismo PND, que contiene una disculpa adelantada por su posible no elaboración, al decir que “se trata de un proceso complejo que exige una gran inversión de esfuerzos y recursos, que convoca a una gran diversidad de actores y que finalmente, se operacionaliza en una multiplicidad de agendas, algunas de ellas ajenas a las competencias del Poder Ejecutivo y del marco temporal de esta Administración”.

Plan Nacional de Desarrollo Urbano: de esta manera, nuestras autoridades se están olvidando que han pasado más de 42 años desde que se aprobó la Ley de Planificación Urbana y de que el INVU, ha fracasado en su desarrollo e implementación, incluso en el cumplimiento del GAM de 1982, que a pesar de su buen planteamiento inicial, fue irrespetado por el mismo INVU, de manera que se permitió el desarrollo urbano caótico y desordenado de hasta 102 km² fuera del anillo de contención y que han convertido a la GAM en un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de ordenamiento territorial.

Estas mismas autoridades están así obviando los diversos informes de la Contraloría General de la República sobre la responsabilidad del INVU en esa materia, resulta que se le da a esta entidad, como si nada hubiera pasado, la tarea de aprobar el Plan Regional de la GAM, que no necesariamente es el Prugam que el INVU rechazó en abril del 2010. Y más aún, se le da otra tarea al INVU, “con el fin de responder a la presión sobre el territorio y recursos ambientales experimentados en la región Chorotega, se impulsará la elaboración y aprobación de un Plan Regional de desarrollo urbano y costero de la Provincia de Guanacaste”.

Planes reguladores: el asunto, se hace más complejo, pues se deja subordinada la aprobación de los planes reguladores cantonales y costeros, a esos “planes regionales”, al señalar: “como un resultado potenciado por la etapa previa de elaboración y aprobación de Planes Regionales, se espera avanzar en la gestión del territorio, impulsando la implementación de planes reguladores cantonales y costeros”.

El asunto parece claro, el INVU no va a tramitar planes reguladores cantonales o costeros, hasta tanto no se cumplan los criterios de calidad técnica de los planes regionales y posteriormente de los planes reguladores. Y aquí, es precisamente donde, de cumplirse esto, tendríamos un verdadero retroceso en lo relativamente poco avanzado en materia de ordenamiento territorial, ya que cerca de 40 planes reguladores cantonales elaborados en el marco del Prugam y del Programa de Regularización y Catastro en Guanacaste, sin contar con otros planes reguladores ya elaborados o en elaboración, tendrán que hacer una larga y muy lenta fila para que puedan ser revisados y tal vez, finalmente aprobados por el INVU, a riesgo de que cuando sean revisados ya estén desactualizados.

Retroceso: como se ve, el plan en materia de ordenamiento del territorio, no se apega a la realidad de un país, que acaba de pasar por una época lluviosa que produjo decenas de pérdidas de vidas y generó cientos de millones de dólares en pérdidas de bienes e infraestructura.

Anteponer la aprobación de los planes reguladores que ya cuentan con la variable ambiental aprobada y que sirve de mecanismo de estandarización entre los diferentes planes reguladores, a que primero estén unos planes regionales, a los que también habría que integrar la variable ambiental tal y como ya la Sala Constitucional lo ha señalado respecto al Decreto Chorotega, no tiene ningún sentido y lo único que provocará es que la solución de los problemas de uso del territorio, se postergue, y atrase por muchos años más.

Emergencia: la ausencia de planes reguladores vigentes en los diferentes cantones del país, debería considerarse una verdadera situación de emergencia cantonal y nacional. Ante ello, el hecho de que el Plan Regulador disponga ya de la variable ambiental aprobada, debería hacer que el Plan Regulador en cuestión, entre en vigencia según las potestades que la Constitución le da a las municipalidades en el ámbito de la administración de su territorio, y hasta tanto sea revisado y aprobado por el INVU como lo establece la Ley de Planificación Urbana, o bien, por una instancia que asuma esa tarea de forma emergente y que pueda cumplir la meta de que al menos 40 planes reguladores estén vigentes para el 2014.

Postergar más estas transcendentales decisiones podrían costarnos muy caro a todos los costarricenses, no solo en dinero, sino en vidas humanas.

Por eso, urge corregir el rumbo.

Isla Calero: costos de los daños ambientales

Las labores de canalización artificial que realiza el Gobierno de Nicaragua al extremo norte de la isla Calero, en territorio costarricense, ha producido y está produciendo daños ambientales irreversibles en tres escalas diferentes.

La escala local se refiere al área de 60 Ha donde se realiza específicamente el canal de trasvase entre el río San Juan y la laguna Los Portillos. La escala subregional comprende un área de 650 hectáreas (400 en Costa Rica y 250 en Nicaragua), que ha empezado a ser impactada como consecuencia del paso de aguas del río San Juan a la laguna Los Portillos.

La escala regional, abarca el impacto que se produciría si se draga a profundidad el río San Juan y se disminuye de forma significativa el caudal del río Colorado. En este caso el impacto afectaría cerca de 3.000 hectáreas del Caribe norte de Costa Rica.

En todos los casos, se trata de zonas de humedales que tienen un gran valor ecológico por los bienes y servicios ambientales que aportan.

Importancia de humedales. Los humedales son muy importantes para la reproducción de gran cantidad de especies (peces, aves, moluscos, crustáceos, entre otras), lo que permite la continuidad de ciclos ecológicos y evolutivos. Contribuyen de manera importante a la captura de carbono de la atmósfera y liberación de oxígeno a través de la fotosíntesis. Además, su diversidad biológica y genética abre un importante camino hacia la bioprospección.

También son importantes en los procesos hidrológicos al ser sitios de evaporación del agua que más adelante forma nubes y cae como lluvia en el lugar y en otros ecosistemas. Proveen de productos comestibles como camarón y almejas así como productos para artesanía y son fuente de actividad ecoturística y deportiva (pesca). Además, al ser los humedales el lugar de desarrollo de un 90% de las especies marino-costeras, la pesca, tanto industrial como artesanal, depende de ellos.

La belleza escénica y la recreación son también servicios ambientales sumamente importantes, ya que en los humedales se puede observar y disfrutar de la naturaleza a través de la fotografía, el buceo, los recorridos terrestres o acuáticos así como la observación de flora y fauna.

Específicamente para fines económicos los humedales son aprovechados por sus características como proveedores de alimentos, materiales, oxígeno, agua y recreación, y eventualmente podrían tener un gran interés para la industria farmacéutica. Por estas características peculiares sirven también de santuario y refugio a muchas especies, algunas de ellas en vías de extinción.

Un estudio de la Universidad de Rhode Island y de la USAID (Olsen, S. 2003. Crafting Coastal Governance in a Changing World. CRC – University of Rhode Island and the USAID. 378 p.) analiza el valor económico de los servicios ambientales que brindan diferentes ecosistemas de humedales, costeros y marinos. El valor se establece en dólares americanos por hectárea.

Se indica así que los estuarios tienen un valor por hectárea de $22.832, mientras que zonas de pastos marinos y de algas verdes de $19.004, los arrecifes coralinos de $6.075, los pantanos y las zonas inundadas de $19.580.

Considerando que la zona de la Isla Calero afectada por la tres escalas antes mencionadas, se presentan diversos ecosistemas de humedal, y tomando un valor promedio de $20.000 por hectárea al año, es posible proyectar los costos de los daños ambientales que se están produciendo.

Costo del daño ambiental. Debido a que los ecosistemas afectados dan servicios ambientales de forma permanente, a través de los años, la forma más simple de valorar el costo de daño es determinar el valor económico del servicio ambiental que dejaría de obtenerse, como mínimo durante el tiempo que perdure la actividad que lo impacta, es decir su vida útil.

Esto, aunque el daño ambiental pueda considerarse de tipo irreversible, dado que una vez que se ha afectado el ecosistema de forma sustancial, la restauración de los ecosistemas a sus condiciones iniciales antes de su afectación, puede no ser posible, o en su defecto, necesitar de un gran esfuerzo y recurso económico.

Debido a que los daños identificados son de tres tipos, local, subregional y regional, se generan tres costos del daño ambiental. Para ello se establece un margen de temporal de 10 años y 100 años. Este último caso, considerando la vida útil de un canal interoceánico. Siendo así, la estimación del valor del daño ambiental para la situación local a 10 años sería de $12.000.000 y a 100 años de $ 240.000.000; mientras que para la situación subregional a 10 años sería de $130.000.000 y a 100 años de $2.600.000.000, y finalmente, para la situación regional a 10 años sería de $600.000.000 y a 100 años de $120.000.000.000 (ciento veinte mil millones de dólares).

A estas cifras de daños se les tendrían que sumar la cuantificación de los efectos socieconómicos, entre otros, disminución de capacidad productiva, caída del ingreso familiar y consecuente desmejora en sus condiciones de vida, que se darían en las comunidades humanas que subsisten de las zonas de humedal, que a escala regional, solo en el Caribe Norte de Costa Rica, alcanzan hasta 40.000 habitantes. Además, los efectos en la actividad turística y de pesca deportiva que ya ha generado daños durante los últimos meses y que se incrementaría en un futuro cercano. También queda pendiente sumar los daños ambientales que se producirían en los ecosistemas costeros del Caribe de Costa Rica, como la afectación de la anidación de tortugas, disminución de pesca y afectación de arrecifes y comunidades coralinas.

Prioridad. Debido a la cadena de impactos ambientales que se están produciendo como consecuencias de las obras de dragado y canalización en la isla Calero, es claro que la prioridad fundamental es la prevención. Esto significa que se detengan de inmediato las obras y que se proceda a reponer los daños producidos.

El desarrollo del ecosistema del delta San Juan – Colorado, requiere una acción conjunta y coordinada de ambos países, cuya prioridad es el desarrollo sostenible de la zona, para el beneficio de las comunidades partiendo de un aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ambientales de los humedales de la zona, no de su destrucción.

La Setena: el frío no está en las cobijas

Uno de los efectos importantes de la resolución del Tribunal Contencioso sobre Crucitas, es que dejó claro que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) falló en su función de actuar con eficiencia y estricto cumplimiento a la legislación y a los procedimientos técnicos que la rigen.

El proyecto Crucitas es solo la punta del iceberg. Sonados casos como La Arboleda en Desamparados, Mar Serena en Guanacaste, proyectos en la Fila Costeña, la cementera en San Rafael de Alajuela,y una larga lista de proyectos con viabilidades ambientales inconsistentes señaladas por la Contraloría General de la República (DFOE-AE-IF-01-2010 de septiembre del 2010), forman parte del problema.

Pero el asunto no se queda aquí; hay que incluir el “particular” procedimiento “voluntario” que desarrolló la Setena para dar viabilidades ambientales a los proyectos que no cumplieron con el trámite de EIA y que requerían la viabilidad ambiental, como las piñeras, y otros proyectos, en contradicción con lo que establece el transitorio II de la Ley Orgánica del Ambiente.

También, el procedimiento de viabilidad ambiental a miles de torres de telefonía celular, que no cumple con el reglamento general de EIA. Y la lista sigue, incluso para proyectos cuyos EIA deben ingresar próximamente, como el mega- proyecto hidroeléctrico Diquís, en el que ya la Setena ha definido un procedimiento de revisión a todas luces ilegal y que, de no corregirse, puede llevar al traste a este ambicioso proyecto.

Rumbo perdido. Desde el 2007, coincidiendo con la intención de la administración Arias Sánchez de “fortalecer” la Setena, tarea encargada al exministro de competitividad Jorge Woodbridge, esta entidad, a la que le dieron un bonito edificio y más personal, perdió el rumbo técnico y se “politizó”.

La decisión que mejor simboliza esta pérdida de norte técnico, lo representa el hecho de que no se volvió a convocar la Comisión Mixta Asesora de la Setena, creada por decreto desde el 2004 y que fungió del 2002 al 2007, como responsable de elaborar las los reglamentos y procedimientos técnicos que rigen la EIA en el país. Esta grave omisión atenta contra los más elementales principios de participación pública en materia de reglas atinentes a la protección del ambiente.

La decisión política de no convocar más a esa Comisión Mixta, de amplia participación, que incluye representantes de diversos sectores productivos, institucionales, ONG y ambientales, y que representa a la sociedad costarricense, simboliza no solo la pérdida de rumbo de la Setena, sino de todo un país, en donde se cambió el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas por la imposición de decisiones arbitrarias, inconsultas, sustentadas en una supuesta legalidad de dudosa procedencia.

Hasta hoy, ese rumbo sigue perdido, e incluso es posible que haya empeorado. Basta ver su página web (www.setena.go.cr ), en cuya portada aparece la foto de un viceministro del Minaet dejando claro el gran control político que se ejerce por la administración. Este Viceministro lleva varios meses como Secretario General a. í., como si el perfil para ocupar este puesto fuese imposible de encontrar. Este “interinazgo a perpetuidad” ignora así que la Setena es un ente técnico y de desconcentración máxima, con independencia absoluta en sus decisiones, según reza la casi olvidada Ley Orgánica del Ambiente.

Recuperar la credibilidad. La solución de los problemas de la Setena no se centra, al contrario de lo que concluyó la Contraloría General, en modificar y cambiar los reglamentos que elaboró la Comisión Mixta. El frío no está en las cobijas. Cambiar los instrumentos técnicos elaborados hasta el 2007 por la Comisión Mixta no es la solución; por el contrario, hacerlo de forma arbitraria e inconsulta como se ha hecho desde el 2007 hasta ahora puede empeorar aún más la profunda crisis que vive la Setena.

Al corto plazo, la solución urgente pasa por despolitizar a la Setena. Urge nombrar un secretario general, técnico, no político. Renovar su Comisión Plenaria –en la que no participa ningún representante de las universidades públicas desde casi un año, por una extraña omisión que las autoridades deberían esclarecernos–. Capacitar su personal y convocar a la Comisión Mixta para que repare los grandes desaciertos en procedimientos emitidos durante los últimos 3 años y complete la “caja de herramientas técnicas” con que debe trabajar la Setena.Es un inicio, para dar el mensaje al país, de que se busca el diálogo y la negociación transparentes y firmes.

A largo plazo, la solución de la Setena y otras 15 entidades de control ambiental del Estado costarricense pasan por una profunda reforma legislativa, que cree de una vez por todas el Sistema Integrado de Protección Ambiental (SIPA) del país, con el fin de ir resolviendo la serie de incongruencias, contradicciones y complejos procedimientos que reinan en Costa Rica, por contar con numerosos y diversos entes ambientales cuyas decisiones, en muchos casos, se sustentan más en “ocurrencias” que en verdaderos y consistentes criterios técnicos.

Nuestro país está listo para avanzar desde hace tiempo, algo que nuestros políticos parecen haber olvidado.