Uno de los efectos importantes de la resolución del Tribunal Contencioso sobre Crucitas, es que dejó claro que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) falló en su función de actuar con eficiencia y estricto cumplimiento a la legislación y a los procedimientos técnicos que la rigen.
El proyecto Crucitas es solo la punta del iceberg. Sonados casos como La Arboleda en Desamparados, Mar Serena en Guanacaste, proyectos en la Fila Costeña, la cementera en San Rafael de Alajuela,y una larga lista de proyectos con viabilidades ambientales inconsistentes señaladas por la Contraloría General de la República (DFOE-AE-IF-01-2010 de septiembre del 2010), forman parte del problema.
Pero el asunto no se queda aquí; hay que incluir el “particular” procedimiento “voluntario” que desarrolló la Setena para dar viabilidades ambientales a los proyectos que no cumplieron con el trámite de EIA y que requerían la viabilidad ambiental, como las piñeras, y otros proyectos, en contradicción con lo que establece el transitorio II de la Ley Orgánica del Ambiente.
También, el procedimiento de viabilidad ambiental a miles de torres de telefonía celular, que no cumple con el reglamento general de EIA. Y la lista sigue, incluso para proyectos cuyos EIA deben ingresar próximamente, como el mega- proyecto hidroeléctrico Diquís, en el que ya la Setena ha definido un procedimiento de revisión a todas luces ilegal y que, de no corregirse, puede llevar al traste a este ambicioso proyecto.
Rumbo perdido. Desde el 2007, coincidiendo con la intención de la administración Arias Sánchez de “fortalecer” la Setena, tarea encargada al exministro de competitividad Jorge Woodbridge, esta entidad, a la que le dieron un bonito edificio y más personal, perdió el rumbo técnico y se “politizó”.
La decisión que mejor simboliza esta pérdida de norte técnico, lo representa el hecho de que no se volvió a convocar la Comisión Mixta Asesora de la Setena, creada por decreto desde el 2004 y que fungió del 2002 al 2007, como responsable de elaborar las los reglamentos y procedimientos técnicos que rigen la EIA en el país. Esta grave omisión atenta contra los más elementales principios de participación pública en materia de reglas atinentes a la protección del ambiente.
La decisión política de no convocar más a esa Comisión Mixta, de amplia participación, que incluye representantes de diversos sectores productivos, institucionales, ONG y ambientales, y que representa a la sociedad costarricense, simboliza no solo la pérdida de rumbo de la Setena, sino de todo un país, en donde se cambió el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas por la imposición de decisiones arbitrarias, inconsultas, sustentadas en una supuesta legalidad de dudosa procedencia.
Hasta hoy, ese rumbo sigue perdido, e incluso es posible que haya empeorado. Basta ver su página web (www.setena.go.cr ), en cuya portada aparece la foto de un viceministro del Minaet dejando claro el gran control político que se ejerce por la administración. Este Viceministro lleva varios meses como Secretario General a. í., como si el perfil para ocupar este puesto fuese imposible de encontrar. Este “interinazgo a perpetuidad” ignora así que la Setena es un ente técnico y de desconcentración máxima, con independencia absoluta en sus decisiones, según reza la casi olvidada Ley Orgánica del Ambiente.
Recuperar la credibilidad. La solución de los problemas de la Setena no se centra, al contrario de lo que concluyó la Contraloría General, en modificar y cambiar los reglamentos que elaboró la Comisión Mixta. El frío no está en las cobijas. Cambiar los instrumentos técnicos elaborados hasta el 2007 por la Comisión Mixta no es la solución; por el contrario, hacerlo de forma arbitraria e inconsulta como se ha hecho desde el 2007 hasta ahora puede empeorar aún más la profunda crisis que vive la Setena.
Al corto plazo, la solución urgente pasa por despolitizar a la Setena. Urge nombrar un secretario general, técnico, no político. Renovar su Comisión Plenaria –en la que no participa ningún representante de las universidades públicas desde casi un año, por una extraña omisión que las autoridades deberían esclarecernos–. Capacitar su personal y convocar a la Comisión Mixta para que repare los grandes desaciertos en procedimientos emitidos durante los últimos 3 años y complete la “caja de herramientas técnicas” con que debe trabajar la Setena.Es un inicio, para dar el mensaje al país, de que se busca el diálogo y la negociación transparentes y firmes.
A largo plazo, la solución de la Setena y otras 15 entidades de control ambiental del Estado costarricense pasan por una profunda reforma legislativa, que cree de una vez por todas el Sistema Integrado de Protección Ambiental (SIPA) del país, con el fin de ir resolviendo la serie de incongruencias, contradicciones y complejos procedimientos que reinan en Costa Rica, por contar con numerosos y diversos entes ambientales cuyas decisiones, en muchos casos, se sustentan más en “ocurrencias” que en verdaderos y consistentes criterios técnicos.
Nuestro país está listo para avanzar desde hace tiempo, algo que nuestros políticos parecen haber olvidado.