Opinión: Construyendo la Resiliencia (humana y natural)

Resiliencia, en psicología, es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. Por su parte, la Resiliencia natural es el término empleado en ecología de comunidades y ecosistemas para indicar la capacidad de estos de absorber perturbaciones, sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad; pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha terminado.

Resiliencia y Riesgo: en materia de ordenamiento ambiental del territorio y gestión preventiva del riesgo, para comprender mejor el contexto de la Resiliencia (humana y natural) debe tenerse claro el concepto de Riesgo, el cual, básicamente se relaciona a los conceptos de vulnerabilidad y amenaza.

La vulnerabilidad es la condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el grado de exposición y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados –la población, sus haberes, las actividades de bienes y servicios, el ambiente– y la limitación de su capacidad para recuperarse.

Por su parte, la Amenaza es el Peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre, capaz de producir efectos adversos en las personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente.

Así el Riesgo se define como la probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un período definido. Se obtiene al relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.

Un Desastre es una situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de origen natural, tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar, en una población, condiciones propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad, tales como pérdidas de vidas y de salud en la población, destrucción o pérdida de bienes de la colectividad y daños severos al ambiente.

Vemos entonces que los desastres producidos, por ejemplo, por geoamenazas naturales como los terremotos, las erupciones volcánicas o los tsunamis, entre otros; en su defecto los desastres producidos por los efectos del cambio climático (lluvias intensas, deslizamientos, sequías, inundaciones) o de tipo tecnológico (explosiones, incendios, por ejemplo), pueden afectar a las personas y sus bienes, así como a la infraestructura que da calidad de vida (carreteras, red eléctrica, de agua potable, etc.). Decimos entonces que tanto las personas, como la infraestructura sujeta a condiciones de riesgo, en particular, en condiciones de alto y muy alto riesgo a un desastre, requieren fortalecer su Resiliencia.

Resiliencia y desastres: como vemos, los desastres ponen a prueba la Resiliencia de las personas y de la infraestructura de una comunidad. En algunos casos, el desastre puede tener tal dimensión, que puede ser devastador y provocar severos daños a la vida de las personas y a la infraestructura. Por eso, para evitar que esa condición extrema llegue a darse, o en caso de que se diera, no provoque esos daños devastadores, se requiere trabajar en Prevención.

La prevención es la acción anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres; por su misma condición, estas acciones o medidas son de interés público y de cumplimiento obligatorio.

En materia de desastres producidos por efectos del cambio climático, la variabilidad climática y los GeoRiesgos, es la Gestión del Riesgo que se define como el proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.

De esta manera una correcta gestión preventiva es una forma efectiva de aumentar la Resiliencia de las personas y de la infraestructura ya existente y que se encuentra en condiciones de riesgo, alto y muy alto.
Por otro lado, realizar un cartografiado a detalle (1:25.000 o menos) de GeoRiesgos, permitiría, por medio de la Planificación Territorial, evitar que más personas y construcciones se puedan ubicar en zonas de riesgo alto y muy alto y, si no fuera posible, al menos se establecerían las medidas preventivas de diseño y educación ambiental para que se dispusiera de mayor resiliencia ante un desastre.

Gestionando la Resiliencia: como hemos dicho en otro de nuestros artículos (ver www.allan-astorga.com), debido a la falta de Ordenamiento Ambiental del Territorio y correcta Planificación Territorial, solo en la región del SICA (Centroamérica y República Dominicana) vivimos cerca de 20 millones de personas en condición de alto y muy alto riesgo. Por otro lado, cerca de un 35 % de la infraestructura existente se localiza en zonas de alto y muy alto riesgo. Como vemos, la ocurrencia de un desastre puede costar muchas vidas humanas y costosos daños a la infraestructura.

Ante este panorama, agravado por los crecientes y devastadores efectos del Cambio Climático, la gestión de la Resiliencia debe darse en varias fases. La primera de ellas es la preventiva, con el desarrollo un Reaseguro Regional para la zona del SICA y Seguros Paramétricos para obras de infraestructura existentes. En esta fase, también es indispensable, realizar educación ambiental, con las comunidades y por medio de aplicaciones que usen todos los sistemas de información disponibles para informar, educar y preparar a las personas sobre los tipos de riesgos a que están sometidos y cómo actuar ante un desastre. ¡Esto es indispensable para salvar vidas! De igual forma los sistemas de alerta temprana y la existencia de protocolos de acción elaborados por la misma comunidad con ayuda de autoridades.

En el caso de la ocurrencia de un Desastre, el tema de la atención de las personas es muy importante, en particular los niños, las personas de la tercera edad y los que tengan limitaciones. Los primeros auxilios sicológicos son muy importantes para estabilizar a las personas traumadas por los efectos del desastre. De igual forma, planes de atención a las mascotas resulta una tarea muy importante.

La existencia de un Fondo especial para la atención de desastres es fundamental, para poder hacer inversión rápida en la recuperación de línea vitales (energía, agua, internet, sistema de transporte, abastecimiento de alimentos, etc.). También para ayudar a los afectados para que puedan tener un nuevo principio. Depender de los recursos del Estado, es un problema, pues casi nunca los hay, y el desarrollo económico del país, más bien retrocede.

La restauración de las condiciones a la normalidad en el menor plazo posible es muy importante tarea para que se gane optimismo y se aumente la Resiliencia.

Como podemos ver, construir Resiliencia es una tarea ardua y sistemática. No se trata solo de hacer simulacros. Se trata de educar a saber convivir con el riesgo y a estar preparados y, actuar correctamente, ante un evento de desastre. Es una tarea que debemos emprender lo antes posible.

Allan Astorga Gättgens
Ex Catedrático de Geología Ambiental y Sedimentaria de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Licenciado en Geología de la Universidad de Costa Rica. Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Experto en Ordenamiento Ambiental del Territorio y Gestión Preventiva del Riesgo. Colaborador científico del Sistema para la Integración de Centroamérica y República Dominicana (SICA).

Opinión: Recomendaciones estratégicas para elegir las autoridades municipales que necesitamos

Se aproximan las elecciones municipales. Todos los ciudadanos podremos ejercer el derecho democrático de ir a votar y escoger las nuevas autoridades municipales o reelegir aquellas que se lo merezcan. Se hace importante, por ello, hacer algunas recomendaciones muy respetuosas a los candidatos, los munícipes (ciudadanos del municipio), a la prensa preocupada por esas elecciones y, en general, a todos los que estén preocupados por el futuro de nuestra humanidad en los próximos años.

Grave coyuntura: aunque posiblemente muchos no están enterados, nos encontramos en una condición de alerta roja planetaria. La vida de nuestro planeta Tierra, está en peligro, incluyendo la nuestra, como humanidad. Durante el último año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido tres alertas rojas que deberían ser más discutidas por la prensa y por las autoridades responsables.

Las tres alertas rojas son las siguientes: a) efectos negativos por el Cambio Climático, principalmente desastres, b) acelerada extinción de especies, es decir, perdida de la biodiversidad, incluyendo las abejas que son la responsables de la polinización de casi el 60 % de los alimentos provenientes de la agricultura y c) grave peligro de no disponer de suficientes alimentos para una humanidad con una población creciente (9 mil millones en el 2050), debido a la pérdida de suelos y falta de agua para el desarrollo de cultivos, así como la pérdida de producción de alimentos del mar, como consecuencia de la contaminación. El punto de No Retorno, es decir, de inicio de extinción de la humanidad, se señala para el 2050, aunque algunos científicos opinan, con buen criterio, que esa es una visión optimista y que ese punto de no retorno se encuentra mucho más cerca de nuestro tiempo.

Descarbonizar la economía no es suficiente para no llegar a ese punto de no retorno. Evitar que la temperatura de los océanos y la atmósfera no suba, es una medida positiva para disminuir los efectos negativos del Cambio Climático, empero no es suficiente. Hay otras medidas que tomar, respecto a los ecosistemas de la Ecosfera que se encuentran en peligro de extinción y con nuestra economía depredadora, que se basa en una falsa premisa de que los recursos naturales son infinitos e inagotables (una vieja idea de principios del siglo XIX).

Uno de los mayores problemas que tenemos para cobrar conciencia de que nos encontramos en una crisis planetaria, se debe a que los efectos negativos de las tres alertas de la ONU, se dan durante varios años o hasta décadas. Siendo así, los problemas rutinarios de la economía, de los impuestos, del costo de la vida, de la educación, de la salud y otros más, resultan mucho más importantes. No solo para la gente común, sino también para la prensa y las mismas autoridades de gobierno, tanto central como municipal. Parece que nada está pasando, mientras sentimos la brisa que acaricia nuestro rostro al caer en un profundo precipicio y en cuyo fondo, encontraremos nuestra extinción.

Así como se pueden tomar medidas globales para mitigar nuestra crisis planetaria, como por ejemplo los Acuerdos de París del 2015, hay otra serie de medidas urgentes que deben tomarse desde ya, y cuyo efecto más directo y efectivo es que se tomen desde lo local, en cada territorio, cuya administración ya está asignada constitucionalmente al Gobierno Municipal. De allí la enorme importancia de que las autoridades municipales y todos los habitantes de cada municipio, tomen conciencia de la urgencia de priorizar acciones y ejecutarlas.

Medidas estratégicas a escala local: cada municipio representa una especie de célula de un enorme organismo vivo que conforma la Ecosfera terrestre continental. Así como las células tienen un sistema autónomo de funcionamiento y de supervivencia, así deben actuar los municipios dentro de sus territorios, para revertir el daño producido por la humanidad. Es el único camino, pues no hay una solución mágica. Se requiere de mucho trabajo a escala local con el compromiso de las autoridades municipales, munícipes, educadores, empresarios y productores, academia, profesionales independientes y la población en general.

Como hemos señalado anteriormente, las medidas clave a tomar son: a) Ordenamiento Ambiental del Territorio a una escala detallada (1:25.000 o menos), b) Categorización de los usos del suelo: urbano, agrícola-agropecuario y de conservación, con un claro balance de los tres componentes, c) recuperación de territorios degradados con reforestación estratégica y natural para la mejora de los ecosistemas, d) rápida transición del modelo productivo en las actividades agrícolas y agropecuarias hacia una visión de agricultura y ganadería regenerativa, no contaminante, con el uso de tecnología de avanzada, e) desarrollo urbano ambientalmente sustentable, no contaminante y de incentivo a la producción sostenible que brinde oportunidades de desarrollo económico a la comunidades humanas para erradicar la pobreza y la brecha social, f) corrección y prevención de la contaminación, g) rápida transición hacia el uso de energías más sostenibles y seguras, como la geotermia y h) planificación estratégica del desarrollo enfocado en un aumento de la Resiliencia humana y natural.

La ventaja de accionar todas estas medidas, lo antes posible, es que permite que cada municipio, aumente su Resiliencia y pueda promover un desarrollo humano y natural, más acelerado, pero ambientalmente sustentable. Por esta razón, los candidatos a ser autoridades municipales y los munícipes tienen que tener muy claro todo esto.

Un candidato a autoridad municipal, que desconozca la situación en la que nos encontramos como humanidad, y las acciones urgentes y prioritarias, no debería ser elegido pues, sin querer, estaría generando una pérdida de tiempo, que es un lujo que no podemos ni debemos darnos.

La acción individual de cada municipio -gobierno municipal y munícipes -, pero todos con el mismo norte, permitirá que “célula por célula” nuestra Ecosfera sane y podamos evitar el punto de no retorno. Como podemos ver, es una tarea de todos y por eso ocupamos autoridades municipales claramente conscientes y responsables de las urgentes tareas que deben emprenderse.

Acciones nacionales y planetarias: autoridades de gobierno central deben promover acciones estratégicas nacionales que faciliten a los municipios la aplicación de medidas locales en el menor plazo posible. En muchos casos, el marco jurídico vigente debe ser cambiado para adaptarse a la condición de crisis en la que nos encontramos. Las mismas medidas estratégicas señaladas, aplican a un marco nacional que defina una política de gestión para salvar la Ecosfera terrestre.

A nivel mundial, también urgen acciones estratégicas. Una de las más importantes es salvar los océanos y la vida que en ellos reside. Es vital, pues la Ecosfera marina también se encuentra en un grave peligro. También es urgente integrar el Principio de Sustentabilidad Ambiental (ver www.allan-astorga.com) en la Economía, pues de lo contrario, el sistema económico se volverá un gran obstáculo global para que podamos evitar llegar al punto de no retorno.

Las acciones y programas de la ONU deben ser reforzados y acelerados, como por ejemplo los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Urge hacer inversión en estos programas globales. Menos gastos en armas y guerras y más inversión en salvar la Ecosfera planetaria.

Hay más medidas y acciones a tomar, pero aquí hemos enunciado las principales. Con esta base, será sencillo hacer una serie de preguntas a los candidatos y candidatas para saber si de verdad están preparados para asumir los enormes retos que tendrán que enfrentar.

¿Tendrán los candidatos y candidatas, aspirantes a gobernar en el Bicentenario de nuestra independencia; claridad de la magnitud de su responsabilidad en la determinación de acciones y decisiones impostergables; al asumir un gobierno local con competencia territorial, con personalidad jurídica propia, con potestades públicas frente a sus munícipes, con potestad para operar de manera descentralizada frente al Gobierno de la República y de ejercer plenamente la autonomía constitucionalmente garantizada y reforzada con basta jurisprudencia constitucional; para tomar las decisiones urgentes que salvaguarden la vida en su cantón, en el país y en el planeta?

La falacia de la riqueza petrolera de Costa Rica

A propósito del inicio de recolecta de firmas para realizar un Referéndum a fin de que sociedad costarricense tome la decisión de que, nuevamente, se inicien labores de exploración y eventual explotación petrolera en país, así como por el hecho de que, se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, para, más bien, renunciar para siempre a esa actividad en nuestro país, como parte de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París del 2015 y en la Política de Descarbonización que ha desarrollado la actual administración del gobierno del bicentenario, se hace muy importante aclarar a los costarricense interesados algunos aspectos relevantes.

Potencial petrolero de Costa Rica: el autor de este artículo laboró para RECOPE como geólogo de exploración petrolera durante cerca de 15 años. Realicé exploración petrolera en Costa Rica y en el sur de Nicaragua, en coordinación con el gobierno de Nicaragua y la empresa petrolera noruega (Statoil). Contribuí con otros colegas petroleros a organizar la información de los bloques petroleros de Costa Rica, así como la compilación de información de casi 100 años exploración petrolera en Costa Rica. La información, para el año 1990 era que las cuencas sedimentarias de Costa Rica tenían algún tipo de potencial petrolero, por sus características geológicas. Incluso, como parte del modelado básico se hicieron estimaciones de que, bajo determinadas condiciones, aún no probadas, sino especulativas, en ese momento, se podrían encontrar determinados volúmenes de hidrocarburos en nuestras cuencas sedimentarias. Aclaro que se trata de una estimación de potencialidad, no se de seguridad de existencia de yacimientos, y menos de reservas probadas.

Este punto es particularmente importante de señalar, en la medida de que el señor Ingeniero Carlos Roldán, quien es responsable de la recolecta de firmas, en sus entrevistas, señala que esos estudios de Potencial Petrolero de Costa Rica concluyen, según él, que bajo el país hay una riqueza de yacimientos de petróleo con valor actual de 270 mil millones dólares y que con eso se podría pagar 10 veces la deuda del país. Cabe aclarar que es absolutamente falso y engañoso.

Costa Rica tiene un limitado potencial petrolero y no es cierto que se tengan yacimientos petroleros identificados y mucho menos reservas probadas con ese enorme valor económico. Viéndolo así, nos damos cuenta de que la base para argumentar la realización de un Referéndum no existe, es falsa y totalmente especulativa y, además, va a resultar onerosa para todos los costarricenses.

Costos de la exploración petrolera: la exploración petrolera es cara. Sobretodo en un país geológicamente complejo como lo es Costa Rica. Y esta es la “trampa” que tiene la Ley que se quiere aprobar por medio del Referéndum, pues la misma plantea que sea RECOPE la que haga la inversión en la exploración petrolera. Nos preguntamos: ¿Quiénes pagarán esos costos y por qué medio? ¿Sería con un aumento del precio de los combustibles? Y si no se encuentra petróleo ni gas natural,¿quién asumirá la responsabilidad por esa inversión que se habría realizado? Nuevamente, todos nosotros.

La otra alternativa, que es levantar la moratoria y permitir que sean las transnacionales petroleras las que realicen la exploración, tampoco es muy rentable, dado que en caso de que esas empresas hagan la inversión de la exploración y encuentren un yacimiento, se dejarían el 85 % del recurso. Esto sin contar, el costo ambiental que tendría para el país, el hecho de que se de una explotación petrolera. En este caso, cabe señalar que es mejor ver el reciente ejemplo del Ecuador y los daños ambientales que se han producido por la explotación petrolera en ese país que compararse con Noruega.

Como se puede ver, por cualquiera de los dos lados que se quiere mirar, el riesgo de aventurarse a realizar una exploración petrolera puede ser muy costoso y al final, puede que no de ningún resultado. En Costa Rica se hizo casi 100 años de exploración petrolera sin que se encontraran resultados positivos. No tenemos ninguna seguridad de que se van a encontrar yacimientos comerciales de petróleo. Todo es una absoluta especulación.

Dirección contraria: Costa Rica es reconocida a nivel internacional como un país líder en la protección del ambiente. La política de descarbonización que se está aplicando es tomada como ejemplo mundial de como se toma con seriedad la aplicación de los Acuerdos de París 2015. La economía debe descarbonizarse y alejarse de la dependencia de los hidrocarburos, para utilizar energías limpias. Desde esta perspectiva los costos directos e indirectos que tendría para el país, que Costa Rica cambie su política ambiental e intente desarrollar actividades extractivistas, como la minería metálica y la exploración y eventual explotación petrolera, pueden ser muy contraproducentes.

Costa Rica se ha desarrollado sin una actividad extractivista que es muy dañina al ambiente, sobretodo en un país tropical y ambientalmente frágil. Además, en el contexto de tres alertas mundiales establecidas por las Naciones Unidas durante el último año: Desastres por Cambio Climático, Extensión de Especies y Peligro de no producir alimentos como productos del deterioro de la Ecosfera terrestre; plantear la realización de actividades como la minería metálica y la exploración petrolera, resulta absolutamente contradictorio y hasta irresponsable.

Alternativas energéticas: el quemado de los hidrocarburos y del carbón son los principales responsables de la aceleración artificial (antropogénica) del Cambio Climático y la Variabilidad Climática. Es hasta inconsciente que un país como Costa Rica, plantee volver al pasado para intentar usar hidrocarburos a pesar la grave situación ambiental que está pasando nuestro planeta. Costa Rica debe servir de ejemplo y ser líder en el proceso de cambio que urge realizar. Para eso debe buscar nuevas alternativas energéticas.

Una de esas energías alternativas es la Geotermia de baja y media entalpía (fuera de los parques nacionales). Nuestro país tiene un gran potencial, aproximadamente el 40 % de su territorio tiene potencial geotérmico de baja y media entalpia. Es una energía limpia, sustentable y firme. Es la energía del futuro para nuestro país, junto con otras alternativas como el hidrógeno y los biocombustibles.

Nuestro país tiene la responsabilidad moral y ambiental de ser líder en el planeta para avanzar hacia el futuro, haciendo lo cambios para evitar que nuestro sistema colapse. Es posible hacerlo, pero se ocupa hacerlo pronto. Por eso, el planteamiento de estas ideas retrógradas sobre la minería metálica o los hidrocarburos, nos hacen perder tiempo valioso, que no tenemos. Es hora de avanzar de forma sustentable hacia el futuro y no volver al pasado

Planes de ordenamiento territorial y futuro ambiental del país

Este mes de noviembre del 2018, se conmemoran 50 años de la Ley de Planificación Urbana. Una ley visionaria para su tiempo que, desafortunadamente, no ha podido alcanzarse en todos sus lineamientos, como el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, debido a una serie de factores adversos, entre los que, lamentablemente, debemos incluir la existencia de intereses particulares y muy influyentes, que visualizan los planes reguladores como un freno para sus pretensiones y beneficios.

Pero también, en este mes, se toma una decisión trascendental en nuestra Sala Constitucional. 

Se emitirá resolución sobre la Acción de Institucionalidad presentada por el autor junto con el abogado Álvaro Sagot contra algunos artículos del Decreto Ejecutivo No. 39150 promulgado el 3 de septiembre del 2015.

Flexibilización transitoria: ese decreto, denominado “Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes Reguladores”, aunque tenía algunos lineamientos útiles para agilizar los planes reguladores durante cinco años, tenía una serie de defectos en materia ambiental que resultaban altamente peligrosos para todos.

Uno de ellos, posiblemente el más serio, es que permitía que no se hiciera un cartografiado de zonas con amenazas naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad, fallas geológicas, avalanchas, riesgo volcánico, licuefacción, entre otros), a la misma escala del plan regulador, como está establecido en la Metodología para Introducir la Variable Ambiental en los planes reguladores desde el 2006 por medio del Decreto Ejecutivo No. 32967-MINAE. 

En su sustitución se planteaba que se usaran mapas de amenazas naturales de la Comisión de Emergencias realizados a otra escala y con mayor grado de imprecisión.

Aprobar planes reguladores con esa flexibilización, que de paso es regresiva y contraviene la legislación vigente, significaría un asunto muy grave, dada la naturaleza geológica e hidrometeorológica particularmente activa de nuestro país. 

No hace falta mencionar la gran cantidad de deslizamientos y desbordes de ríos y muchos otros eventos que nos exigen, como país, ser mucho más prevenidos con el otorgamiento de permisos de uso de suelo por parte de los entes municipales.

Este decreto flexibilizante podría incluso llevarnos a la siguiente situación: que los municipios, con un Plan Regulador así aprobado, otorguen permisos de construcción en sitios muy vulnerables y que, más tarde, cuando se hagan los mapas de amenazas naturales con detalle, descubran que permitieron construcciones en zonas no aptas, donde hay vidas e infraestructura en riesgo. 

A este resultado totalmente ilógico es a lo que llegaríamos con esta flexibilización irresponsable intentada por las autoridades en el 2015. 

Nos preguntamos: ¿cómo se resolverían estos casos? ¿Con demandas hacia las municipalidades? ¿Cuánto podría costar?

Grave trasfondo: Cuando se revisa con cuidado el articulado del Decreto 39150, queda a la luz su verdadero objetivo, altamente negativo para el Ordenamiento Ambiental Territorial del país y su futuro. 

En primer lugar, sin dar ninguna justificación, e ignorando la legislación actual, establece que la Metodología de Introducción de la Variable Ambiental vigente desde el 2006 y protegida por el Principio de No Regresión, debe ser sustituida en un plazo de dos años. 

Algo que significaría un muy serio retroceso al avance del ordenamiento ambiental del territorio en Costa Rica, pues desde el 2006 existen 36 planes de ordenamiento territorial con viabilidad ambiental y, si 15 cantones de la GAM pudieran “heredar la viabilidad ambiental” del PRUGAM, lo cual es absolutamente posible, dado que el cartografiado ambiental se hizo a la misma escala del plan regulador, serían un total de 51 cantones. 

Se ve así que la Metodología ha sido funcional y por tanto aplicable.

Pero el asunto no se limita a este aspecto únicamente: resulta que en el Decreto 39150 se introduce un elemento sumamente anómalo en el inciso c del artículo 23. 

Se dice que las municipalidades podrán utilizar metodologías sustitutivas diferentes a la que establece la Metodología de la Variable Ambiental del DE 32967, pese al hecho de que esta metodología es clara en que se podrán usar otras metodologías solo de modo complementario y no de forma sustitutiva.

Cuando revisamos el posible origen de este inciso encontramos una situación bastante “sospechosa”. Resulta que en un oficio (IC-ProDUS-0632 2015) del 19 de junio del 2015, el coordinador de ProDUS UCR le indica al alcalde del cantón de Flores que están atrasados en el ingreso a la Setena, porque ProDUS UCR utilizó una metodología sustitutiva y que están a la espera de que se promulgue el decreto que resuelve esa situación. 

Y efectivamente, tres meses después se promulga el decreto con esa “excepción” sobre las metodologías sustitutivas.

Lo que llama la atención de esto es que el jerarca del ProDUS UCR antes de mayo del 2014 fue nombrado jerarca del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y que es uno de los ministros que firman el Decreto 39150.

Además, resulta que 20 días después de publicarse el DE 39150 se genera un comunicado del Poder Ejecutivo a todos los alcaldes, alcaldesas y concejos municipales e intendentes en que se señala el orden con que la Setena y el INVU van a revisar los planes reguladores. 

Resulta que en la Tabla que se presenta, con los grupos de planes reguladores que van a ser revisados primero, aparecen entre seis o siete planes reguladores realizados por ProDUS UCR, en algunos de los cuales el mismo señor Ministro de Vivienda habría fungido como coordinador y director del Plan Regulador, entre ellos: Santa Ana, Alajuela, Flores, San Carlos e Isla Chira.

De esta manera queda en evidencia que el DE 39150 tiene un trasfondo que “no huele bien” y por eso fue objeto de impugnación y, además de la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, que ha evolucionado hacia una investigación por presunto prevaricato contra los cinco ministros que firmaron el oficio y el Decreto 39150, así como una investigación en la Procuraduría de la Ética Pública. 

Algo sobre lo cual la UCR debería también dar claras explicaciones, en particular a las municipalidades con las que ha firmado contratos por decenas y cientos de millones de colones.

Futuro: como se puede ver, el futuro de lo que va a suceder con el Ordenamiento Ambiental del Territorio en nuestro país está en este momento en nuestra Sala Constitucional y se resolverá el próximo 1 de diciembre. 

Esperamos que los artículos impugnados del decreto sean declarados como regresivos y, por tanto, inconstitucionales. 

De esta manera, nuestro país podrá seguir haciendo el trabajo de ordenar su territorio con criterio ambiental en cumplimiento del artículo 50 constitucional y la amplia legislación ambiental territorial establecida después de los Acuerdos de Río de 1992, según lo ha ordenado la misma Sala Constitucional desde el 2002.

Matriz Senara (2017), ¿inconstitucional?

En un artículo previo (ver: www.allan-astorga.com: “Matriz del Senara (2017): aportes para lograr un balance”, Página Abierta, 9 de marzo del 2018) habíamos señalado las inconsistencias técnicas que tiene esa Matriz y su Guía metodológica de aplicación.

Se define como una Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, con un alcance nacional, por lo que su implementación tiene muy serias consecuencias para el país, ya que afecta a todos los proyectos, obras o actividades de casi todo tamaño (incluyendo casas de habitación individuales y movimientos de tierra de más de 200 m³).

Según la Guía metodológica, todos los proyectos tendrían que presentar un estudio hidrogeológico detallado al Senara, en el que obligatoriamente se debe incluir la realización de un pozo de investigación de 20 metros de profundidad, cuyo costo mínimo es de $5.000. 

De manera que dichos estudios, dependiendo de la cantidad de pozos que se establezcan por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del Senara, tendrían un costo mínimo superior a $5.000, pudiendo llegar hasta los $100.000.

La realización del estudio hidrogeológico detallado no garantiza que el proyecto en cuestión se pueda desarrollar, ya que la Matriz del 2017 es, en muchos casos, prohibitiva del uso del suelo, o bien, altamente restrictiva, con lo cual, además de generar un requisito nuevo y adicional al que ya establece la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), resulta irracional, dado que solo en limitados casos permite que, por medio de aplicación de medidas tecnológicas, el proyecto pueda ser desarrollado. Algo que contraviene la función fundamental de la EIA que, de paso, tiene normado el tema hidrogeológico desde el 2005; de este modo, lo que hace el Senara es una repetición de un trámite ambiental ya existente y formalizado por decretos ejecutivos.

Ante esta situación, y los últimos acontecimientos acaecidos, como fue la suspensión por seis meses de la Matriz (2017) que emitió en septiembre la Junta Directiva del Senara y los recursos y acciones planteadas ante la Sala Constitucional contra esa suspensión, se ha hecho necesario profundizar un poco más en el origen de esa Matriz Genérica nacional y su sustento jurídico y técnico.

DESACATO CONSTITUCIONAL

Resulta que, de acuerdo con la DIGH del Senara, el principal sustento jurídico para emitir la Matriz Genérica nacional del 2017 se encuentra en la Resolución 2012-8892 de la Sala Constitucional de junio del 2012. No obstante, cuando se lee dicha Resolución con el debido cuidado y se investiga la situación, se descubre que más bien la Sala Constitucional, con esta resolución, anula la orden del Gerente del Senara a la DIGH para que elabore una Matriz Genérica nacional de protección de acuíferos. 

Lo anterior queda absolutamente claro cuando se lee el oficio GE-850-09 del 21 de setiembre del 2009, cuya disposición la Sala Constitucional anula. 

En esencia ese oficio señala textualmente lo siguiente: “con el propósito de cumplir con acuerdos de Junta Directiva, le solicito tenga a bien abocarse a la preparación de una nueva matriz de criterios de vulnerabilidad con carácter genérico, que pueda ser utilizada en todo el territorio nacional y en función de los mapas de vulnerabilidad que se presenten a la consideración de la Junta Directiva”.

Es decir que, cuando el Senara fue notificado de esta Resolución 2012-8892 de la Sala Constitucional, debió haber obedecido la orden judicial y dejar de elaborar una Matriz Genérica nacional que finalmente oficializó en el 2017, es decir que prácticamente perdió el tiempo durante más de cinco años, cuando lo correcto era que trabajara con matrices individuales para los once cantones a los cuales la Sala Constitucional les ordenó que tenían que hacer mapas de vulnerabilidad hidrogeológica de previo a oficializar su plan regulador.

Como se puede concluir, se podría interpretar que se dio un evidente y manifiesto desacato a la Sala Constitucional por parte de la DIGH del SENARA y de su anterior Junta Directiva. Además, es claro que lo que correspondía hacer por la actual Junta Directiva era acatar lo señalado por la Sala Constitucional en la Resolución citada, y proceder a anular la Matriz del 2017, por improcedente y por no contar con el asidero jurídico constitucional correspondiente.

SERIAS CONSECUENCIAS

La forma en que fue impuesta la Matriz de Senara (2017) no solo ha tenido serias consecuencias para todos los proyectos, incluyendo los de baja inversión económica, como las residencias individuales, sino que también ha tenido y tendría muy serias consecuencias para el desarrollo de nuevos planes reguladores. Esto por cuanto el INVU, en enero del 2018, publicó, junto con la Setena y el Senara, un nuevo “Manual para la elaboración de Planes Reguladores”, en el que solicita que todas las municipalidades que deseen que la Dirección de Urbanismo del INVU les revise el plan regulador deben llevar la Viabilidad Ambiental de la Setena y la aprobación del Estudio Hidrogeológico del plan regulador, con la aplicación de la Matriz del 2017, por parte del Senara.

Esta disposición del INVU, en la práctica, hará casi imposible que haya nuevos planes reguladores, dado que, por los requisitos que pone la DIGH del Senara de contar al menos con un pozo de investigación cada kilómetro cuadrado (con un costo de $5.000 c/u), el cumplimiento de ese requisito de Senara tendría un costo muy alto.

Como se ve, desacatar la orden de la Sala Constitucional y mantener vigente la Matriz del Senara del 2017 implicaría, en la práctica, que el país estaría condenado a no tener planes reguladores con variable ambiental integrada, por lo que el desorden imperante en el desarrollo de construcciones en sitios ambientalmente inadecuados y de alto riesgo seguiría dándose, provocando con ello más daños ambientales.

La Matriz del SENARA (2017) tiene más consecuencias ambientales negativas, pero el espacio no permite desarrollarlas. No obstante, como punto final, se hace indispensable señalar que la mejor alternativa a seguir es cumplir el mandato dado por la Sala Constitucional al Minae, desde el 2004, para que emita un reglamento integral y nacional que norme todo lo referente a la protección, uso y manejo de las aguas subterráneas. Una tarea que es urgente.