Planificación urbana y la des-planificación ambiental del territorio en Costa Rica

Uno de los mayores problemas ambientales que afecta a Costa Rica y a otros muchos países es la ausencia de una correcta y efectiva planificación estratégica, incluyendo como parte de esta, el ordenamiento y la planificación territorial.

Hemos señalado en nuestros escritos previos (ver: www.allan-astorga.com) que esta es la herramienta fundamental para combatir el Cambio Climático y el deterioro de la Ecosfera terrestre. Además, es vital para la sobrevivencia humana y para garantizar el progreso de su economía con una verdadera sustentabilidad ambiental.

Planificación urbana: este tema, por su parte, es un asunto completamente diferente. Aunque originalmente se planteó de una forma disímil, se convirtió en una forma humanamente egoísta y avariciosa de ordenar y planificar el territorio con fines depredadores por parte de la actividad inmobiliaria y constructiva. Es decir, un desarrollo sin sustentabilidad ambiental real.

En Costa Rica se hace planificación urbana desde hace más de medio siglo. Los resultados están a la vista.

Situación del país: en la Gran Área Metropolitana (GAM) se han urbanizado y se siguen urbanizando las laderas de las montañas del sur y de norte del Valle Central. Esto, a pesar de que se trata de zonas de graves riesgos geológicos (terremotos, laderas inestables, fallas geológicas activas) y susceptibles a graves efectos del Cambio Climático (deslizamientos, inundaciones y flujos sedimentarios).

Cuando se advirtió eso, hace más de 10 años, con los estudios del PRUGAM (Plan regional urbano de la GAM), la presión de los sectores inmobiliarios y de construcción llevó a que el INVU no aprobara el PRUGAM a pesar de que había obtenido la aprobación ambiental por parte de la SETENA.

Se generó así un gran daño a la población de la GAM. Todo para que los intereses del sector inmobiliario y de la construcción se mantuvieran con sus objetivos de siempre.

La misma situación ocurre en todo el país. Incluyendo las llamadas ciudades intermedias como San Isidro de Pérez Zeledón, Ciudad Quesada, Turrialba, Limón, Guápiles, Gran Puntarenas y Liberia. Y también en los centros urbanos más pequeños la situación es muy similar.

Solo en la GAM, para el año 2008, identificamos más de 1.000 zonas críticas de construcciones en condiciones de alto y muy alto riesgo. Lugares como La Trinidad de Moravia, la urbanización Valladolid en Desamparados y la misma Quebrada Lajas de Escazú, donde un deslizamiento y el desarrollo de un flujo provocó la muerte de 24 personas incluyendo a cuatro niños.

Algo que pudo haberse evitado si los intereses económicos no fueran la única prioridad de la planificación urbana.

Condición de riesgo: la situación de peligro ante desastres de las construcciones en la GAM se ha agravado aún más en la última década. Ya para el 2008 nuestros estudios señalaban que cerca del 25 – 30 % de todas las edificaciones se encontraban en esas condiciones de alto y muy alto riesgo. Algo que ha subido en al menos un 10 % más en últimos 14 años.

Las construcciones se han seguido desarrollando en sitios no aptos. Con la enorme gravedad de hacer que las personas adquieran costosas y eternas (y heredables) hipotecas para adquirir una casa cuya seguridad es muy dudosa y que, en el caso de un evento de desastre que la afecte, haciéndola inhabitable, tendrán que seguir pagando a los bancos.

Bancos que ya le han cancelado a los inmobiliarios y los constructores quienes no se considerarán, salvo en raras excepciones, responsables de los daños y las consecuencias de esos desastres. Una clara muestra de los verdaderos intereses de esos sectores.

Interés económico predominante: intereses que ahora, nuevamente, van a hacer retroceder al país más de 25 años, restaurando por completo la planificación urbana de alto interés económico y enterrando el avance que había dado el país en materia de ordenamiento ambiental del territorio.
A tal grado de extremo cinismo ha llegado la posición de quienes defienden esos retrógrados intereses económicos de los sectores inmobiliarios y de construcción que lograron engañar a los magistrados de la Sala Constitucional. Les dijeron la mentira de que no había planes reguladores debido a la existencia de la metodología para introducir de la variable ambiental en los planes reguladores, vigente desde el 2006.

Algo absolutamente falso, pues mientras que la SETENA otorgó más de 45 viabilidades ambientales desde el 2006 a sendos planes de ordenamiento territorial, el INVU solo logró aprobar 7 planes reguladores, cuatro de ellos generados por el PRUGAM para los cantones de Paraíso, Oreamuno, El Guarco y Cartago. La evidencia es contundente.

Desde que se publicó el Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE y, especialmente, desde que se otorgó la viabilidad ambiental al PRUGAM, hemos dado una desigual lucha contra esos intereses económicos por mantener en vigencia el Ordenamiento Ambiental y la Planificación Territorial. Sin embargo, ahora parece que los sectores inmobiliarios y de construcción han ganado.

Un nuevo decreto ejecutivo será publicado para instaurar una metodología que sustituya la de los índices de Fragilidad Ambiental (IFA). Y aunque, en dicha metodología, se hable del tema ambiental y del Cambio Climático, la verdad es que se está restaurando, nuevamente, la simple planificación urbana para satisfacer los intereses de los inmobiliarios y los constructores. A este respecto llama mucho la atención el papel que ha jugado el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y no así, del Ministerio de Ambiente y Energía. Algo que nos debería llamar la atención de por dónde va el interés con esta metodología sustitutiva.

Tutela constitucional de protección del ambiente: la metodología sustitutiva es tan permisiva que, si los cráteres de los volcanes no fueran parques nacionales, posiblemente serían urbanizados.

La situación señalada deja en un lugar muy incómodo a los gobiernos locales y sus comunidades, sobre todo aquellos que tienen mayor conciencia por la protección del ambiente y los recursos naturales. Ahora, como sustituto de los reglamentos urbanos del INVU y que siguen la línea del “desarrollo urbano” a mansalva, tendrán planes reguladores al gusto de los intereses de los sectores inmobiliarios y de la construcción. Es decir, prácticamente se quedan sin alternativa, salvo que, por autonomía municipal, fijen sus propios lineamientos según lo permite la Ley de Planificación Urbana.

Los planes reguladores serán prácticamente impuestos, según una metodología de integración de la variable ambiental que, a todas luces, desprotege el ambiente y favorece un desarrollo urbano basado en la especulación inmobiliaria y el desarrollo indiscriminado de construcciones donde “exista más plusvalía” y, no necesariamente, menor fragilidad ambiental.

Sobre este asunto, el autor escribió, en noviembre del 2021, a todas las municipalidades del país para llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo y explicando la gravedad que implica el cambiar la metodología de integración de la variable ambiental en los planes reguladores. Al respecto, es de gran importancia que los ciudadanos y sus gobiernos locales reflexionen sobre el futuro de su cantón o distrito y equiparen el derecho de la naturaleza al de las comunidades. No hacerlo representa sacrificar el futuro de su hogar común.

Decepcionante paradoja: llama poderosamente la atención que una administración de gobierno que se ha ufanado de ser protectora del ambiente venga ahora, precisamente, al final de su gestión ha lograr una acción tan decepcionante y desafortunada. Algo por lo cual será recordada para siempre, incluso por las generaciones futuras.

Y resulta paradójica en la medida de que, como hemos señalado insistentemente, la forma de salvar y ayudar a la vida de la Ecosfera terrestre y a luchar, de forma seria, contra el Cambio Climático, es el Ordenamiento y la Planificación Ambiental del Territorio. Sin este proceso, debidamente bien realizado, no se va a lograr ralentizar o revertir el desastre que se aproxima.

Oportunidad de modernización total: pese a eso, y en medio del desastre, se abre una oportunidad de cambiar ese grosero error y cambiar todo el sistema imperante, para, no solo, reestablecer el Ordenamiento y la Planificación Ambiental del Territorio de forma correcta, sino, también, para agilizar e impulsar el desarrollo socioeconómico sustentable de nuestro país. Se trata de un tema de gran visión y de inteligencia, características que, desafortunadamente, las autoridades que pronto se van, parecen tener una seria limitación.

Municipalidades y responsabilidades socioambientales

La Constitución Política señala que los gobiernos locales tienen autonomía para tomar decisiones en su territorio. El Código Municipal establece el marco con el que las municipalidades deben gestionar las acciones de administración de ese territorio. Este marco legal representa la “caja de herramientas” para la gestión municipal. Pero esas no son las únicas herramientas, pues se tiene que dar cumplimiento al marco legal nacional, incluidos los preceptos constitucionales.

Uso de suelo (o de la tierra): es uno de las principales funciones de las municipales, así como los permisos de construcción. Es muy importante, dado que define el desarrollo socioeconómico del cantón. Se sigue la lógica de que a mayor cantidad de construcciones, mayor desarrollo tendrá el gobierno local, sin valorar la situación de colapso de un cantón debido a un número elevado de construcciones (en particular en territorios pequeños). Como construcciones se incluyen: casas, desarrollos industriales o agroindustriales, obras de infraestructura y de desarrollo urbano en general.

Es comprensible que en un cantón o distrito se desee desarrollo constructivo y productivo.  No obstante, el alcance del gobierno local no se puede limitar únicamente a aumentar el número de construcciones.  La responsabilidad es más integral y tiene ver con el hecho de que las zonas donde se van a dar sean espacios geográficos seguros y aptos para albergar esas actividades.  Esto es muy importante, dado que también el gobierno local tiene responsabilidad en materia de la protección del ambiente, de los recursos naturales y, en particular, de la vida de sus habitantes. Algo que en momentos en que la humanidad, a modo global, ha alcanzado el limite crítico de la resiliencia de los ecosistemas y, todavía, continúa con un fuerte sacrificio ambiental de la Ecosfera (ver: www.allan-astorga.com), resulta imperativo de tomar en cuenta.

Zonas Especiales: las zonas que no son seguras o que tienen limitaciones importantes para su uso, están definidas como Zonas Especiales por la Ley de Planificación Urbana en su artículo 25 que dice:  “figurarán como zonas especiales, las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo, como en el caso de los aeropuertos, los sitios con importancia histórica o los recursos naturales conservables y las áreas demarcadas como inundables, peligrosas o necesarias al propósito de contener el crecimiento urbano periférico”.

El territorio de un cantón o distrito debería tener, como mínimo, una identificación de esas zonas especiales. De esta manera tendría una base técnica para definir usos del suelo y, dado el caso, permisos de construcción. Dada la naturaleza de esas zonas especiales, estas se podrían definir incluso sin tener que esperar a contar con un plan regulador aprobado. El Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana y la jurisprudencia constitucional dan el fundamento para que los gobiernos locales, que cuenten con los estudios técnicos, promulguen ordenanzas municipales que permitan mejorar la base con que se establecen los usos del suelo en sus territorios.

Ordenanzas municipales: hemos señalado (ver: www.allan-astorga.com) que al menos 50 municipios cuentan, de forma parcial o total, con una zonificación ambiental por Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) o al menos de IFA por amenazas naturales, a una escala apropiada, que permitirían establecer ordenanzas municipales en diversos temas.

Esto es importante para aquellos cantones o distritos que no disponen de Plan Regulador sin la variable ambiental integrada. Las ordenanzas municipales tendrían vigor de ley en el territorio jurisdiccional y determinarían los alcances del uso del suelo que otorgaría la Municipalidad. Como tal, la Ordenanza Municipal debe ser debidamente aprobada por el Concejo y debería estar sujeta, de previo, a un proceso de consulta, via el procedimiento de la evaluación ambiental estratégica (EAE) local o a una audiencia pública.

Los temas de las ordenanzas municipales pueden ser diversos, según la situación de realidad de cada territorio, al incluir: amenazas naturales y gestión del riesgo, gestión de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, protección de biotopos, contención urbana, construcción vertical y sus límites de altura, conservación de suelos y gestión del paisaje, entre otros.

Ordenanzas y planes reguladores: como es bien sabido, el tiempo que puede llevar la oficialización de un plan regulador puede ser de años, incluso, décadas.  Con el agravante de que, en ausencia de un plan regulador, lo que aplican son dos reglamentos del INVU: a) Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, y b) Construcciones, los cuales, aunque en un 95% son útiles desde el punto de vista técnico, en un 5  son altamente permisivos desde el punto de vista ambiental. Al ser ese 5% de la normativa urbana inapropiado y obsoleto, representa una de las principales fuentes de los problemas ambientales que tiene nuestro país, caracterizado por la desplanificación urbana y territorial.

Esos reglamentos del INVU, elaborados en los años ochenta, contradicen la legislación ambiental desarrollada en el país después del año 1995. Por eso, los gobiernos locales, que disponen de zonificación ambiental y/o de amenazas naturales debidamente realizadas, tienen la responsabilidad de actuar en procura de acelerar el desarrollo sustentable de sus territorios jurisdiccionales.

Dentro de esos 50 cantones, se encuentran los 31 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM), para los cuales se emitió, desde el 2012, la Directriz 35–MIVAH–PLAN, aún vigente, que señala: “en toda política, plan, programa o proyecto relacionado con materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Gran Área Metropolitana se deben tomar en consideración como insumos los productos generados por el ‘Proyecto de Planificación Urbana Regional de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica (PRUGAM)’, que se encuentran disponibles en el siguiente sitio electrónico: http://www.mivah.go.cr/PRUGAM_Productos.shtml”.

Fuera de la GAM, hay otros cantones que tienen zonificación de amenazas naturales cuya información, a una escala apropiada, se encuentra en la CNE. Además, hay otros municipios con los IFA aprobados, por lo que sí es posible avanzar.

Lo único que se ocupa es tomar conciencia de las posibilidades que cada gobierno local tiene no solo para su desarrollo económico, si no también, sobre todo, para un desarrollo sustentable: a mediano y largo plazo, esto último es el que los volverá mucho más atractivos para la inversión.

A las nuevas autoridades municipales de la GAM

Ante todo se hace necesario extenderles a nuestras nuevas autoridades municipales una sincera felicitación por el cargo y el deseo ferviente de que cumplan con sus importantes responsabilidades con todo éxito. Éxito a labrar con esfuerzo, sacrificio, honradez y transparencia, después de 6 largos años de yerros y de extrañezas detectadas en algunas municipalidades y en nuestras autoridades nacionales en materia de ordenamiento territorial.

Debido al hecho de que el principal instrumento para realizar una eficiente gestión municipal lo representa un buen plan regulador se han presentado diversas especulaciones sobre este tema, vinculadas a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el autor de esta nota junto con el abogado ambientalista Alvaro Sagot. Debido a estas especulaciones de valía bastante limitada, se hace necesario hacer una serie de aclaraciones. 

Aclaraciones que consideramos podrían ser de gran utilidad para aquellas municipalidades de la Gran Área Metropolitana (GAM) que todavía no tienen viabilidad ambiental para su plan regulador:

1. De los 31 cantones que forman la GAM, un número importante de ellos tienen viabilidad ambiental de la SETENA. Dichos cantones son: Paraíso, Alvarado, Cartago, El Guarco, La Unión, Curridabat, Goicoechea, Moravia, Alajuelita, Tibás, Escazú, Atenas, Oreamuno y San Pablo (14). Algunos de ellos tienen ya su plan regulador debidamente aprobado por el INVU y operando en sus territorios. 

2. Las viabilidades ambientales a esos planes reguladores se tramitaron con el apoyo del Ministerio de Vivienda, por medio del Plan Regional y Urbano de la GAM, el denominado PRUGAM. Eso sucedió entre el año 2008 hasta principios del 2010.

3. Los cantones de la GAM que todavía no tienen viabilidad ambiental son: Desamparados, Flores, Poas, Alajuela, Santa Ana, Aserrí, San Rafael, Belén, Mora, Montes de Oca, Coronado, Santo Domingo, San Isidro, Heredia, Barva y Santa Bárbara (16).

4. El PRUGAM, a pesar de considerarse como un Plan Regional, planteó como una de sus tareas fundamentales el realizar los planes reguladores de todos los cantones de la GAM. Así se propuso elaborar la parte ambiental, es decir, la Zonificación de los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA), a la misma escala que se requiere para los planes reguladores, o sea, a escala 1:10.000. Esto es muy importante que se sepa, pues se han diseminado algunas especulaciones y confusiones sobre este preciso punto. El PRUGAM, bajo la coordinación técnica de este autor, quien trabajó con un grupo multidisciplinario de profesionales, elaboró los IFA de los 31 cantones a escala 1:10.000! El Plan Regional del PRUGAM se conformó por la unión de todas esas zonificaciones ambientales de los 31 cantones que conforman la GAM.

5. La zonificación de IFA elaborada por el PRUGAM cumple con el procedimiento técnico establecido por el Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE, prueba de ello lo representa el hecho de que el PRUGAM recibió Viabilidad Ambiental de la SETENA en el año 2009.

6. Además de los IFA, el PRUGAM elaboró el Análisis de Alcance Ambiental que establece dicho decreto de los IFA, y no solo eso, también se elaboró el Reglamento de Desarrollo Sostenible de la GAM, que fue aprobado por la SETENA en noviembre del 2009.

7. Como producto de la zonificación de IFA, se identificaron un total de 15 zonas de fragilidad ambiental para la GAM. Para todas y cada una se identificaron las limitantes y potencialidades técnicas, así como las recomendaciones de uso del suelo que fueron formalizadas por la SETENA cuando otorgó la viabilidad ambiental (Resolución No. 1532 – 2009), y además, aprobó el Reglamento de Desarrollo Sostenible de la GAM (Resolución No. 2748 – 2009).

8. Para cada cantón, se elaboraron los mapas que solicita el decreto  de lo IFA, derivando el Mapa de zonificación de IFA, con la respectiva Tabla de Limitantes Técnicas.  Esta información puede ser consultada por las municipalidades en la página electrónica del MIVAH (www.mivah.go.cr/PRUGAM.shtml). Es muy importante señalar que esa información sigue vigente y puede ser utilizada por cualquiera de las municipalidades de la GAM que todavía no tenga viabilidad ambiental y plan regulador aprobado.

9. El Decreto 39150, promulgado por el Poder Ejecutivo en setiembre del 2015, para “agilizar el trámite de los planes reguladores”, todavía está vigente. Solo fueron impugnados, ante la Sala Constitucional, algunos artículos que dicha Sala suspendió. No obstante, muchos de los artículos que permiten agilizar el trámite de los planes reguladores están vigentes y se pueden aplicar.

10.    Uno de esos corresponde con el inciso “a” del artículo 23, que establece que las municipalidades de la GAM cubiertas por el PRUGAM pueden hacer uso de los “insumos del PRUGAM”.  Dentro de esos insumos se encuentra, además de la zonificación de IFA, el Análisis de Alcance Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible y la misma viabilidad ambiental!

Esto último es muy importante, ya que bajo esa premisa, y sobre la base de la aplicación del Decreto de “agilización de los planes reguladores”, las municipalidades de la GAM que no tengan todavía viabilidad ambiental para sus planes reguladores podrían solicitar que se les aplique la Viabilidad del PRUGAM. Para ello la recomendación es que la Municipalidad respectiva le informe a la SETENA que quiere hacer uso de ese insumo y que el Plan Regulador se va a circunscribir al mismo territorio que fue objeto de la zonificación de IFA elaborada por el PRUGAM para ese cantón.

Así, en principio, la Municipalidad lo que debería presentar a la SETENA sería una actualización del Análisis del Alcance Ambiental y del Reglamento de Desarrollo Sostenible elaborado por el PRUGAM, pero adaptado al cantón respectivo y a la propuesta de Plan Regulador, al cual debe realizar examen ambiental de “sobreuso potencial”, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 32967MINAE. Dichos documentos están en poder del MIVAH y también pueden ser consultados en la SETENA.

Cabe aclarar también que para el año 2009 el PRUGAM elaboró las propuestas de una gran cantidad de planes reguladores para casi todos los cantones de la GAM. Unos de ellos finalmente fueron aprobados, otros fueron entregados a las municipalidades, pero no fueron tramitados por éstas. A pesar de eso, esos documentos podrían ser de utilidad para tramitar las nuevas propuestas del Plan Regulador de los cantones que así lo deseen. 

Aprovechar oportunidad. Como se puede ver, aprovechar esa oportunidad podría permitir cumplir con el objetivo y el espíritu del decreto y promover una agilización efectiva de los planes reguladores. Esto, sin tener que realizar grandes inversiones, ni “empezar de nuevo todo el proceso”,  pues de lo que se trata es que se aproveche la inversión realizada por el Estado con la ayuda de la Unión Europea por medio del PRUGAM. 

Finalmente, para los cantones que se encuentran fuera de la GAM, y que también elaboraron planes reguladores que se encuentran en un “limbo tramitológico” derivado del rechazo u archivo de sus expedientes, hemos presentado una solicitud a la Contraloría General de la República en la que se presentan los argumentos para pedir que el proceso de dichos expedientes se debería retrotraer hasta el momento previo en que la SETENA los archivó o rechazó: ello con el fin de que se pueda continuar con su trámite a partir de ese momento.

Esta gestión también obedece al hecho que los argumentos utilizados por la SETENA para el archivo o rechazo podrían tener serios vicios de ilegalidad en razón de que se utilizaron instrumentos no contemplados en la normativa vigente. Esperamos, por tanto, que la intervención de la CGR pueda resolver esta grave situación que afecta a tantos cantones del país.

El suscrito desea dar a conocer esta información con el ánimo de que las nuevas autoridades municipales dispongan de datos que puedan ser útiles para la gestión de sus planes reguladores, y a fin de que se aproveche al máximo lo que ya existe y está formalmente aprobado por la SETENA.

‘Arteriosclerosis’ urbana en la GAM

Aunque el término “arterioesclerosis” es de uso médico, resulta muy útil para sintetizar la situación de “salud” en la que se encuentra nuestra Gran Área Metropolitana (GAM). Algo que no solo es anecdótico, sino que, todo lo contrario, representa una voz de alarma que nos obliga, de forma urgente, a tomar conciencia de la grave situación en la que nos encontramos y de la prioridad que se le debe dar a la búsqueda de soluciones para evitar que colapse. De los muchos enfoques que podemos dar a esta situación, analizaremos aquí el problema del tránsito vehicular frente a la red vial disponible contextualizado dentro del caótico y desplanificado desarrollo urbano y territorial de la GAM.

Aunque existen más problemas, la atención estratégica de este asunto clave podría ayudar a empezar a solucionar parte de la grave enfermedad urbana que afecta a la GAM y causa estragos en la salud de sus habitantes, incluyendo su salud mental.

Cada vez más carros y menos calles: en eso se podría resumir la grave situación que caracteriza a la GAM. La flota vehicular subió de 180.000 en 1980 a 1.300.000 en el 2013. Los datos para el 2014 señalaban que el parque automotor del país aumentó en 34.000 autos nuevos y cerca de 20.000 usados.

Así, para principios de este 2015 (antes de la Expomóvil), la cantidad aproximada de vehículos era cercana a 1,4 millones. Como mínimo, la mitad (750.000, aunque puede ser mayor) se movilizan principalmente en la GAM, es decir, ¡en tan solo 3,5 % del territorio continental del Costa Rica!

Mientras tanto, la red vial pavimentada de la GAM no crece, todo lo contrario, se deteriora con rapidez. Así, la conclusión es clara: nuestras calles están completamente saturadas de vehículos. Durante las horas pico es absolutamente evidente, y si ocurre cualquier pequeño percance, el sistema colapsa y el entrabamiento se vuelve un martirio.

A quienes son conductores de la GAM (al menos unos 750.000), no hay que explicarles mucho esta grave y creciente “enfermedad” que padece nuestra urbe.

Dicha “enfermedad” nos está llevando a una situación crítica y nos empieza a comparar con las urbes urbanas con mayores problemas de tránsito, como México DF y Los Ángeles.

El indicador práctico más claro es el tiempo que se tarda en atravesar la ciudad, por ejemplo, entre Curridabat y Escazú, durante las horas pico, se está incrementando notablemente. Hace 10 años era de, aproximadamente, 30 minutos, ahora, con suerte, es de mínimo una hora.

No es solo el tiempo del conductor o su cantidad de consumo de gasolina y diésel, o la cantidad de gases y toxinas que respira detrás de su volante, a la que nos venimos acostumbrando como parte de nuestra rutina diaria.

En efecto, a estos problemas de los que manejan deben añadírseles otras “enfermedades” urbanas como el deterioro de la calidad del aire de la ciudad, los niveles de metales como el plomo y otras sustancias que todos respiramos (incluyendo, por ejemplo, a niños en escuelas y colegios y a sus docentes), el exceso de quemado de hidrocarburos, la aportación de gases de efecto invernadero a la atmósfera y la principal, la gran pérdida de tiempo, energía y salud, incluida la mental, de todos los usuarios de las calles de la GAM.

Conductores y no conductores, incluidos también todos los que utilizan el servicio de buses, sufren de los efectos de la arterioesclerosis urbana.

Estos daños pueden cuantificarse y ello ha sido objeto de estudio en varias ocasiones. En el 2005, se calculó que esta “deseconomía” bien equivale a unos $500 millones anuales. En la actualidad, ese monto es, probablemente, cercano al doble.

Las soluciones para esta grave enfermedad de nuestra urbe tienen que ser a corto, mediano y largo plazo. Entre estas últimas se incluyen una correcta planificación urbana y vial, así como el desarrollo de sistemas de transporte público, como un tren eléctrico que permita sustituir el uso de los vehículos individuales. Soluciones que, dicho sea de paso, fueron planteadas por el Prugam 2008-2030, después de cinco años de estudios técnicos, las cuales fueron desechadas por el INVU en el 2010, incluido el Proyecto del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) que, de haberse impulsado, habría entrado a funcionar antes que la primera fase del metro en Panamá.

Lo anterior debería llamarnos la atención sobre la forma en que estamos haciendo las cosas en nuestro país. En particular, si analizamos que después del rechazo al Prugam, lejos de ver presentadas mejores propuestas, la situación se ha agravado: primero con una aberrante propuesta llamada Potgam, en la que se gastaron varios años valiosos, y, luego, con el denominado Plan GAM 2013-2030, que ha resultado ser un verdadero “confite envenenado” en la medida que representa una especie de “Potgam vestido con piel de oveja”.

Mientras esto sucede y la verdadera planificación urbana a mediano y largo plazo sigue postergándose, cada vez más, las soluciones a corto plazo avanzan demasiado lento o prácticamente no dan, y así el grave problema del tránsito urbano empeora cada día.

Así las cosas, nuestra urbe sigue sufriendo de una grave arterioesclerosis, en espera de que nuestras autoridades planteen verdaderas soluciones, que no sea aumentar, aún más, la restricción vehicular, que lejos de resolver el problema causa mayor gasto de combustible, debido a que los usuarios tienen que buscar otras opeciones para llegar a su destino, una contradicción al objetivo de la misma restricción vehicular.

Urge poner en marcha soluciones concretas, como agilizar la construcción de la Circunvalación norte y la conexión entre la carretera a Cartago y la radial de Zapote; mejorar las conexiones viales dentro de la GAM fuera de la Circunvalación para facilicar el uso de vías alternativas de mejor calidad y seguridad; y, en particular, acelerar el desarrollo del tren eléctrico para que los usuarios dispongamos de un servicio público complementario que permita disminuir el uso de los vehículos individuales.

Como solución a mediano y largo plazo, urge retomar el Prugam, actualizarlo y echarlo a andar como instrumento de planificación a mediano y largo plazo. Las soluciones existen, lo que se necesita es mayor celeridad y voluntad de parte de nuestras autoridades. A menos que estas se estén conformando con ver cómo, día tras día, nos hundimos un poco más como país (en el subdesarrollo) y cómo se deteriora la salud de nuestra sociedad.

Contradictorio rumbo ambiental del gobierno

A tan solo 10 meses de administración de gobierno de Luis Guillermo Solís y dada la seriedad de las contradicciones que se han dado en materia ambiental, entre otros muchos temas, se hace necesario hacer una valoración del inadmisible rumbo que están haciendo tomar a nuestro país, algo que todos debemos comprender para poder actuar en consecuencia.  

Plan GAM 2013 a 2030 y la infortunada herencia de la administración Chinchilla: en artículos anteriores (ver: www.allanastorga.com) advertimos a la actual administración de que le estaban heredando un “confite envenenado” que tiene una larga historia: desde que la administración Arias rechazó el PRUGAM en abril del 2010 hasta la publicación del manipulado y poco sustentado ambientalmente Plan GAM 2013 a 2030, publicado el 2 de mayo del 2014.  Hay que recordar que como intermedio la Administración Chinchilla se inventó el denominado POTGAM, con el  cual nuestras montañas estarían ahora urbanizándose todavía más intensamente. La actual administración ha hecho oídos sordos a las advertencias, más bien recontrató al personal relacionado con el tema de la anterior administración y le subió la “categoría”. De paso, ha llamado “necios” a quienes hemos insistido en el error, lo que nos ha llevado al extremo de presentar una acción de inconstitucionalidad que ha detenido la aplicación de ese Plan.  La solución era sencilla: actualizar y aprobar el PRUGAM que es el que tiene debido sustento técnico y ambiental, a costa de que la UCCAEP y la Cámara de la Construcción no quedaran “contentas”. Mientras tanto, nuestra GAM sigue desplanificada y envuelta en un caos vial que se traduce un alto costo económico, ambiental y de salud para todos.  Como vemos, aquí no ha habido cambio alguno, salvo seguir hundiéndonos en la inoperancia y en  la desplanificación.

La SETENA y la conveniencia de no renovarla: una expectativa lógica de un gobierno “del cambio” era la urgente y completa renovación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en particular de su ente de toma de decisión, la Comisión Plenaria. Sobre esto las organizaciones ambientales han sido particularmente insistentes, pues es claro que la SETENA  estuvo bajo un claro control político durante las administraciones Arias y Chinchilla. Pese a eso, con el nuevo gobierno, muy poco cambió en la SETENA, se ha dado un claro continuismo, lo cual no parece casual cuando se ve el accionar de esta entidad durante el año 2014 y, en particular, respecto al tema de la Terminal de Contenedores de Moín (APM): el control político para descartar criterios técnicos es latente, poniendo en riesgo la credibilidad en la ya golpeada institucionalidad ambiental de nuestro país.  El hecho de que no se diera ningún cambio, a pesar de las muy serias irregularidades que se dieron durante las últimas administraciones y que no se abriera el espacio para la búsqueda de sus mejoras por medio de la Comisión Mixta, deja ver un “doble discurso” de la actual administración.

APM y el conveniente olvido del enorme sacrificio ambiental que implica: sobre este tema hemos escrito mucho, con el ánimo de explicar que el proyecto tal y como fue planteado desde el 2008 fue una imposición, sin ningún criterio ambiental. Planteamos que era posible buscar una solución alternativa para la construcción de la Terminal en una condición ambientalmente más sostenible y menos impactante. Durante casi dos años se ha hecho oídos sordos a estos planteamientos y la actual administración, lejos de asumir un papel más proactivo y analítico en la búsqueda de una solución, más bien profundizó la posición “cerrada” y ha hecho “todo lo posible” para mantener el planteamiento original. Esto aunque signifique ignorar las muy graves consecuencias ambientales que se darán, no solo en el Humedal Caribe, sino que particularmente, en la parte marina de nuestro litoral limonense. Esos daños ambientales se darán por años, produciendo afectación a la toda la vida marina, a la pesca, al turismo e incluso a nuestras costas por erosión. Todo esto a pensar que existía una mejor alternativa. Así, las autoridades ambientales, como el MINAE y la SETENA, se alejan de su función primordial y pasan a convertirse en un simple instrumento para el beneficio de una empresa transnacional. Se está jugando gravemente con el Caribe costarricense, algo que no deja de sorprender profundamente.

El atraso en el trámite de los planes reguladores y la evidente falta de decisión para resolver problemas.  Para abril del 2014 la SETENA, por medio de su Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), anunciaba que para el periodo 2010 al 2014 el 73% del total de los informes de planes reguladores había sido rechazado. Hay municipalidades que tienen más de 8 años de tramitar la viabilidad ambiental ante esa entidad, algo inverosímil si se tiene claro que el objetivo fundamental de la metodología que establece el decreto 32967 (de los IFA) es generar una zonificación ambiental que sirva de base para hacer una propuesta de uso del suelo. Es evidente que en más que obstáculos técnicos, lo que ha imperado es la intransigencia y la falta de visión clara. A esto se ha sumado un conflicto artificial con el uso de la Matriz del SENARA y los mapas de vulnerabilidad, algo para lo cual también hay una solución sencilla. Al final se observa que más que problemas técnicos, es un problema de actitud de parte de las autoridades, lo cual se podría resolver con facilidad si las autoridades realmente se interesaran en que los municipalidades contaran con planes reguladores que dicten reglas algo más claras para la definición del uso del suelo, en contraposición al statu quo actual que favorece principalmente a los desarrolladores inmobiliarios y las empresas constructoras.  A pesar de la urgencia de resolver el asunto, hasta hace poco se conformó una comisión para buscar una solución entre las diferencias de criterio entre la SETENA y el SENARA. Búsqueda que no se sabe cuánto durará ni en qué terminará. Tampoco aquí se vislumbran cambios reales.

La refinería china y el terco camino hacia una dependencia de los hidrocarburos. De forma sorprendente, el MINAE ha señalado que seguirá adelante con la Refinería china,  a la cual le ha agregado el calificativo de “refinería verde”, dado que dedicará parte de la misma para biocombustibles.  Posiblemente en este tema es cuando se observa una de las mayores contradicciones de la actual administración, pues mientras el mismo Presidente reafirma ante la ONU el compromiso de ser carbono neutral en el 2021, por otro lado sigue adelante con un proyecto sumamente oneroso para el país y que, lejos de solventar nuestra dependencia de los hidrocarburos, la profundizará. Se pierde tiempo valioso en buscar soluciones realmente sostenibles y viables para Costa Rica como un tren eléctrico, una mejora sustancial al sistema de transporte y un verdadero impulso a un programa de biocombustibles.

La Ruta 32 y la irresponsabilidad ambiental de la legislación que la ampara. La recién aprobada ley para articular el contrato con China sobre el préstamo para ampliar la Ruta 32 a Limón lleva consigo una seria contradicción, no solo técnica, sino también ambiental. Otro ejemplo de improvisación y más que eso, de cómo se considera el tema ambiental como algo secundario, casi sin importancia: un error que podría costar muy caro al país. La Ruta 32 es problemática, pero el sector del Zurquí no está contemplado dentro de este proyecto. Recordemos a este respecto que el proyecto inicial de los años ochenta preveía cinco túneles y que decisores políticos optaron por descartar estos cinco túneles: el resultado está a la vista.  Ampliar una carretera de 2 a cuatro carriles a partir de Río Frío es una operación que técnicamente no requiere de asesoría externa ingenieril y que en nada remedia el problema que tenemos en el Zurquí con la Ruta 32.

El aleteo del tiburón y el “interés nacional” por una transnacional: los mares y nuestras áreas silvestres  siguen cada vez menos protegidas. En completa contradicción con los compromisos internacionales adquiridos por el país, se toma la decisión, por parte de INCOPESCA, el SINAC y el MINAE, de permitir la exportación de aleta de tiburón a China. Aunque se usa de pretexto que es para beneficiar a los pescadores nacionales, llama la atención que las autoridades técnicas y ambientales en la materia tomen semejante decisión, en la medida de que contradice los principios de protección ambiental y de la biodiversidad que el mismo país defiende a nivel nacional e internacional. Pero el asunto no solo queda allí, también se da una severa pérdida de credibilidad, muy difícil de recuperar, en particular porque se entremezcla con un regalo de $ 24 millones que el gobierno chino recientemente hizo al gobierno de Costa Rica. Nos preguntamos: ¿por qué no usan parte de esos recursos para ayudar económicamente a los pescadores que pierden por la no exportación de aleta de tiburón a China y para fortalecer las áreas silvestres protegidas terrestres y marinas: nuestro verdadero tesoro nacional? ¿No sería eso una mejor decisión? Las contradicciones prevalecen y el cambio no se nota.

El común denominador de todos estos temas es el mismo: la falta de una verdadera y seria revisión del problema, los oídos sordos para escuchar otras opiniones, la creencia de que al fungir como autoridad se tiene la libertad de hacer lo que les parezca y la búsqueda de una “solución” que termina siendo una “imposición” de una decisión desacertada que al final beneficia a un sector muy privilegiado en detrimento de los intereses colectivos. En síntesis: una administración que, en materia ambiental, es una continuidad de las administraciones Arias y Chinchilla. Sorprendente conclusión a la que uno es llevado en tan solo 10 meses de administración.

*Geólogo Ambiental, profesor UCR.