Las cumbres sobre Cambio Climático, como la COP 27 del año 2022 realizada en Egipto siguen teniendo, según nuestro criterio, un enfoque equivocado. No dudamos de que muchos de los participantes tienen la mayor y mejor voluntad de lograr avances. Más, sin embargo, todo parece indicar que se trata de un asunto de paradigma.
Hay una confusión de objetivos, prioridades y expectativas.La Crisis Climática no ha terminado y más bien está empeorando. Los recursos deben ser invertidos en acciones preventivas globales.Las acciones que apremia tomar deben ser locales, pero con visión planetaria, es decir, de acción ubicua. La efectividad de las acciones debe llevar como resultado dar insumos a los gobiernos locales para que, junto con sus comunidades, puedan tomar acciones concretas en sus territorios jurisdiccionales. Mientras esto no se haga no podemos decir que estamos avanzando.
Las cumbres sobre Cambio Climático, como la COP 27 del año 2022 realizada en Egipto siguen teniendo, según nuestro criterio, un enfoque equivocado. No dudamos de que muchos de los participantes tienen la mayor y mejor voluntad de lograr avances. Más, sin embargo, todo parece indicar que se trata de un asunto de paradigma.
Hay una confusión de objetivos, prioridades y expectativas.La Crisis Climática no ha terminado y más bien está empeorando. Los recursos deben ser invertidos en acciones preventivas globales.Las acciones que apremia tomar deben ser locales, pero con visión planetaria, es decir, de acción ubicua. La efectividad de las acciones debe llevar como resultado dar insumos a los gobiernos locales para que, junto con sus comunidades, puedan tomar acciones concretas en sus territorios jurisdiccionales. Mientras esto no se haga no podemos decir que estamos avanzando.
El bosque tropical es el bioma terrestre de mayor riqueza de vida en el planeta Tierra. Presenta una gran abundancia de plantas, animales y hongos, tanto en cantidad, como en diversidad. En este complejo y rico ecosistema cada animal y planta de la selva vive en una mutua interdependencia como parte de una cadena alimenticia, la cual es parte, a su vez, de una muy bien establecida red de relaciones ecológicas entre ellos desarrollada a lo largo de millones de años de evolución.
Quisiéramos que para conmemorar el Dia Mundial del Ambiente este 6 de junio del 2022 pudiéramos contar buenas noticias sobre la vida de la Ecosfera terrestre. En particular, desde un país como Costa Rica que ostenta una imagen internacional “prestigiosa” sobre la protección del ambiente. Pero la verdad es que no la tenemos, todo lo contrario, es una noticia que nos expone como país y nos genera mucha desilusión respecto a autoridades como el MINAE, el SINAC, los municipios y la misma SETENA.
No es sencillo establecer un balance equilibrado para una administración de gobierno que se enfrentó a la tarea de imponer un paquete de impuestos a la sociedad y, además, tuvo que enfrentar la Pandemia mundial por el SARS-COV 2. Afirmamos esto, en primer lugar, porque muchos opinarán que no es justo que se diga que el balance ambiental es negativo dadas esas circunstancias.
Sin embargo, no podemos dejar de lado que ninguna de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental del Estado cerró, ni perdió funcionarios, ni tampoco los salarios de los funcionarios públicos dejaron de pagarse. De allí que, a pesar de esos escollos es necesario hacer un análisis lo más objetivo posible, en el sentido del ambiente.
Por sus frutos los conoceréis y no por sus intenciones y, agregaríamos, además, tampoco por los premios internacionales recibidos ni por la cantidad de puestos, también internacionales, a los que se van algunos altos funcionarios de esta administración. La gestión ambiental de un Estado como Costa Rica no puede ser medida de esa manera.
Son muchos los temas que pudiéramos tratar a la hora de hacer un balance. Más, para no extendernos mucho, consideraremos los más relevantes sin que su orden implique ninguna categorización.
Ordenamiento y Planificación territorial: es claro que en este proceso se dio un fuerte retroceso. El MINAE cedió la rectoría al MIVAH y de allí se derivó la propuesta para sustituir el reglamento para la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores. Se sustituye un instrumento más objetivo en materia de protección ambiental, por otro que está hecho para favorecer un “desarrollo” urbano que cumple reglas de mercado inmobiliario y no de protección del ambiente. En esto, la administración Alvarado será recordada por un gran daño producido al país: retrocedemos hacia una planificación urbana realizada al gusto del cliente.
Planificación estratégica: al igual que en otras administraciones anteriores no se dio ningún avance. Esto, a pesar de que se tuvo la posibilidad de avanzar con el desarrollo de un reglamento sobre evaluación ambiental estratégica de políticas, planes y programas que la Contraloría General de la Repúblico ordenó que se elaborara desde el año 2017. La planificación estratégica, supra y sectorial es vital para el desarrollo sustentable de un país. Y también lo es para lucha contra el cambio climático y otras tareas ambientales y sociales como el alcanzar los objetivos 2030 del desarrollo sostenible de la ONU. Se perdieron cuatro años más y el país y su modelo de desarrollo estratégico sigue a la deriva movido por ocurrencias.
Lucha contra el Cambio Climático: al igual que en casi todo el resto del mundo se considera que esta tarea comprende: viajes que producen muchas emisiones de CO2, hospedajes en hoteles de lujo, reuniones de preparación, discusiones, discursos muy llamativos en un inglés muy ensayado, muchas e intensas negociaciones que no llegan a nada y muchas, muchas fotos y videos. Ah, y, además, hacer publicidad y, se si puede, recibir premios por cosas que han hecho otros en el pasado y cuya intención no era la lucha contra el cambio climático. Y, la cereza en el pastel es que el jerarca del MINAE sea premiado con un alto puesto en una organización internacional. Algunos dirán “misión cumplida”, “que gran esfuerzo”.
La verdad, ningún avance real: las emisiones crecen, la temperatura de la atmósfera aumenta, el deterioro planetario se incrementa y la vos de Costa Rica sigue metida en la burocracia de las COP que no representan un efectivo camino en la lucha contra el Cambio Climático.
El consumo de hidrocarburos de nuestro país se incrementa y como ya hemos notado, nuestros bosques y nuestra biodiversidad están siendo masacrados ante la inoperancia de las autoridades ambientales. El Tren Rápido de Pasajeros quedó pendiente para no sabemos cuándo ni cómo. Definitivamente, no se hizo nada, por el contrario, se retrocedió más.
Control ambiental eficiente: este tema es un absoluto desastre. Mientras las autoridades del SINAC dicen que están haciendo un gran esfuerzo por estar confiscando orquídeas de los carros que vienen del campo, cientos o miles de hectáreas de bosques han sido arrasadas para dar paso a zonas de cultivos intensivos o se han quemado, incluso en áreas silvestres protegidas debido a la legislación alcahuete que permite las quemas controladas que de control no tienen nada.
En las zonas urbanas la falta de control ambiental eficiente y efectivo hace que casi todas las actividades productivas (industria, comercio y servicios) no dispongan de buenos de sistemas de gestión ambiental e incumplen la legislación ambiental generando contaminación de aguas, suelos y del aire. Las ciudades son ruidosas, desordenadas y sucias.
Y si de expedientes ambientales en el Tribunal Ambiental Administrativo hablamos, el asunto es mucho más decepcionante.
Miles de expedientes trabados con años de espera a una justicia ambiental que, cuando se aplica, resulta insuficiente o hasta injusta debido a la contradictoria y hasta ilógica normativa que se aplica. En resumen, el control ambiental está muy mal.
Gestión de los recursos hídricos: “fatal” es la mejor palabra que describe lo que se ha hecho en estos últimos cuatro años. Por desidia o inoperancia del ejecutivo se dejó vencer el plazo para pasar una Ley de Aguas moderna y realmente efectiva. No, un obsoleto texto que se tenía de propuesta. La maraña de normativa que regula las aguas es un caos. No son reglamentos, se trata de ocurrencias, lineamientos y caprichosas órdenes emitidas en medio de un conflicto entre instituciones que, lejos de coordinar, compiten por ver cuál obstaculiza más que la otra. Sin contar que, con ello, se hace daño a una gran cantidad de gente y de proyectos, sin que por ello, se esté haciendo algo útil por el ambiente.
En tema de fuentes de agua para desarrollo urbano el asunto va de mal a peor, casi llegando a desastre. El AyA se ha burocratizado tanto que ahora disponer de agua para un proyecto es casi como si se obtuviera un premio nacional como el Magón o algo así. Los proyectos estratégicos para nuevas fuentes de agua, literalmente, se han ahogado en bur(r)ocracia y se han atrasado desesperadamente. La paradoja: se niega la disponibilidad de agua a un proyecto de inversión de decenas o cientos de millones de dólares, a pesar de que el terreno tiene en el subsuelo un acuífero de alta calidad que lo puede abastecer con el agua suficiente con solo hacer un pozo y sin que tuviera que cumplir una tramitomanía jubilativa (para los gestionantes y los funcionarios, por la cantidad de tiempo que se requiere).
Minería: el tema Crucitas quedó sin resolver. Más bien, la minería ilegal y artesanal se incrementó hacia otras áreas del país. La misma tramitología compleja y las leyes mal redactadas siguen sin permitir encontrar una solución técnica y ambiental para los pequeños mineros artesanales, algo que urge resolver de forma integral. Todavía se está al pendiente de una modernización integral del reglamento de minería. Quedan al pendiente proyectos de ley que pretenden volver a activar la minería metálica en el país. Se ha perdido tiempo en lograr hacer una verdadera acción con las comunidades para hacer conciencia sobre la inviabilidad ambiental de la explotación minera metálica en Costa Rica. En resumen, no se avanzó nada.
Matriz energética: en energía estamos atrapados en una red de energía marca ICE que no permite que se den otras iniciativas energéticas porque se corre el riesgo de que se desequilibren las balanzas de esa institución. Funciona como un gigantesco monopolio que se recicla a sí mismo y que no asume consecuencias, como lo fue el cierre tardío del P.H. Diquís a un costo de muchos millones de dólares y grandes daños ambientales en la cuenca del Térraba. Costa Rica tiene un enorme potencial de energías sustentables aparte de la hidroeléctrica, como por ejemplo la Geotermia de baja y media entalpía, algo que se puede abrir al desarrollo privado al menos para autogeneración y otros muchos usos. Pero en esta, como en otras muchas, se impone la posición de que no debe abrirse a la iniciativa privada para que el mercado de energía siga atrapado para el beneficio de algunos pocos y no necesariamente del país.
Mares: aunque se han gastado muchos recursos en publicitar que se ha trabajado duro en incrementar a un 30 % de áreas marinas protegidas, en la realidad no se ha realizado una tarea verdaderamente efectiva. Si en las mismas áreas protegidas marinas se da pesca ilegal y hasta aleteo del tiburón, por falta de control y recursos de las autoridades, es fácil concluir qué estará pasando en el resto de los mares patrimoniales que no están protegidos. Un simple festín de sobreexplotación pesquera (principalmente el atún aleta amarilla y el tiburón, entre otras especies) por parte de flotas extranjeras. La vida silvestre marina también es vida que requiere ser protegida y no abandonada a la suerte de instituciones como INCOPESCA que simplemente la ven como si fueran billetes de dólar de baja denominación flotando en el mar. El MINAE tiene que asumir una verdadera y efectiva tarea en proteger la biodiversidad marina y administrar esos recursos con un verdadero criterio de sustentabilidad. En resumen, muy poco avance a pesar de premios, distinciones y mucho autolaurel por una tarea muy mal hecha.
SETENA y evaluación de impacto ambiental (EIA): la administración Solís dejó firmado para publicar un reglamento integral de EIA auspiciado por la Cámara de Construcción y los inmobiliarios. La administración Alvarado, no lo publicó y se puso a hacer un diagnóstico que duró años y, no dudamos, costó muchos recursos. Al final, se elaboró una propuesta de nuevo reglamento, mucho más regresivo y desprotector del ambiente que el anterior. Su publicación tiene un gran significado pues demuestra con hechos concretos la falta de responsabilidad y verdadera conciencia ambiental de la administración de gobierno que se va. En la práctica la EIA queda solo de nombre y la protección ambiental preventiva queda atrás. Algo sumamente grave si se toma en cuenta que la verdadera tarea es buscar la sustentabilidad ambiental del desarrollo y no convertir la viabilidad ambiental en un simple trámite sin valor.
Areas silvestres protegidas: la administración de estas áreas, incluyendo los parques nacionales está en vías de un fracaso rotundo. Hay muy pocos guardaparques si se compara con la enorme burocracia que tiene el SINAC. La minería ilegal, la cacería, la extracción de especies, los incendios forestales, el narcotráfico y hasta la deforestación están deteriorando muy rápidamente uno de los mayores tesoros que tiene el país. Las comunidades cercanas están desconectadas de estas áreas porque las ven como si fueran “territorio enemigo”. Conforme pasa el tiempo el deterioro se incrementa y en esta administración se aceleró rápidamente. Por eso, hasta vergüenza da que al país se le premie, pues la verdad es que eso, lejos de ayudar empeora la situación ya que se invisibiliza la realidad. Se requiere un cambio radical de estrategia para proteger las áreas silvestres protegidas. Una estrategia que debe involucrar a las comunidades y los gobiernos locales y no a oficinas desde San José que no hacen casi nada. Y ni qué decir de los humedales que están abandonados a su suerte.
Tramitomanía ambiental: el sector ambiental, como otros sectores, se ha ido llenando de una compleja, densa y cada vez más grande maraña de trámites. Y no se trata solo de decretos ejecutivos, sino también de resoluciones, lineamientos, directrices, memorándums y otros instrumentos que, cuando se observan en conjunto, dejan ver una muy confusa serie de requisitos y trámites que no tienen sentido práctico alguno, salvo, eso sí, el de justificar el larguísimo tiempo que tardan los funcionarios en realizar una gestión administrativa. En este tema, durante la administración Alvarado, a pesar de que se diga que se trabajó en “desregular” la tramitomanía ambiental, más bien se incrementó notablemente. Algo que resulta muy grave en la medida de que debilita de forma muy profunda los objetivos de la verdadera gestión ambiental eficiente. Así, aunque se diga que se ha trabajado mucho en materia de administración ambiental, en la realidad se ha gastado tiempo y recursos y lejos de resolver problemas, se han empeorado. Quedamos al pendiente de que se investigue en que se gastaron los recursos de “Costa Rica fluye” y que resultados reales dejó.
Sistema digital: la moda en la Administración Alvarado fue el desarrollo de plataformas digitales y de sistemas de información digitales. Algo que se catalizó con lo de la Pandemia. No conocemos la cantidad de recursos invertidos para desarrollar esos sistemas digitales, pero no dudamos que han sido muchos cientos de millones o quizás miles de millones de colones. Sin embargo, no han resultado en una mejora cuantitativa de la gestión ambiental. Cada plataforma digital funciona como una isla con sus propias reglas. No hay interconexión y los criterios de calidad y de certidumbre de la información ambiental digital no existen. Así, conforme más información se sube, más complejidades les crean a los usuarios. De esta manera, lejos de alcanzarse el objetivo de incrementar y mejorar los servicios, se incrementa la tramitomanía y la ineficiencia de la gestión. En este tema, de verdad que se ha dado una gran pérdida de tiempo y recursos.
Balance final: aunque existen otros temas que se pueden desarrollar, como, por ejemplo, el enorme consumo per cápita de agroquímicos que tiene el país, el que los ríos urbanos sigan igual o más contaminados y el que no se haya dado un verdadero impulso al desarrollo de la agricultura y ganadería regenerativa, algo estratégico para Costa Rica; con lo que hemos visto, podemos llegar a la triste conclusión de que la gestión ambiental realizada fue sumamente ineficiente. Algo que es muy grave por el “estado de salud” en que se encuentra nuestro planeta y por el hecho de que nuestro país tiene una gran responsabilidad internacional por su reputación en el tema ambiental y, también, por el hecho de que su principal fuente de ingresos (el turismo) se desarrolla como consecuencia de esa “fama ambiental” que tiene Costa Rica.
Aclaramos que con este balance no está dirigido a las personas, sino a los cargos que asumieron y con ello, la responsabilidad que eso implica. No es de recibo, como hemos dicho, que después se argumente que “no se sabía que el asunto era tan complejo” o que “no se tenía el conocimiento suficiente”. No se vale. La responsabilidad del cargo lleva implícito el que se tenga claro cuál es el problema para resolver y como atenderlo. Para ello, es vital que el jerarca esté abierto a escuchar opiniones de todos las partes y buscar soluciones equilibradas.
En la coyuntura actual en que se encuentra nuestro mundo, perder cuatro años y grandes recursos sin que se diera un avance real en la protección del ambiente y, más grave aún, se diera un retroceso, no es perdonable. Sabemos bien que no ha sido la única administración que ha hecho esto, pero conforme más pasa el tiempo, más pesados y graves son los yerros. La administración Alvarado nos deja una deuda muy grande por su enorme falta de visión y claridad en la forma en que tenía que atender al país en materia ambiental. Esperamos que eso no se repita nunca más.
En un artículo previo (ver: www.allan-astorga.com: “Matriz del Senara (2017): aportes para lograr un balance”, Página Abierta, 9 de marzo del 2018) habíamos señalado las inconsistencias técnicas que tiene esa Matriz y su Guía metodológica de aplicación.
Se define como una Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, con un alcance nacional, por lo que su implementación tiene muy serias consecuencias para el país, ya que afecta a todos los proyectos, obras o actividades de casi todo tamaño (incluyendo casas de habitación individuales y movimientos de tierra de más de 200 m³).
Según la Guía metodológica, todos los proyectos tendrían que presentar un estudio hidrogeológico detallado al Senara, en el que obligatoriamente se debe incluir la realización de un pozo de investigación de 20 metros de profundidad, cuyo costo mínimo es de $5.000.
De manera que dichos estudios, dependiendo de la cantidad de pozos que se establezcan por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del Senara, tendrían un costo mínimo superior a $5.000, pudiendo llegar hasta los $100.000.
La realización del estudio hidrogeológico detallado no garantiza que el proyecto en cuestión se pueda desarrollar, ya que la Matriz del 2017 es, en muchos casos, prohibitiva del uso del suelo, o bien, altamente restrictiva, con lo cual, además de generar un requisito nuevo y adicional al que ya establece la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), resulta irracional, dado que solo en limitados casos permite que, por medio de aplicación de medidas tecnológicas, el proyecto pueda ser desarrollado. Algo que contraviene la función fundamental de la EIA que, de paso, tiene normado el tema hidrogeológico desde el 2005; de este modo, lo que hace el Senara es una repetición de un trámite ambiental ya existente y formalizado por decretos ejecutivos.
Ante esta situación, y los últimos acontecimientos acaecidos, como fue la suspensión por seis meses de la Matriz (2017) que emitió en septiembre la Junta Directiva del Senara y los recursos y acciones planteadas ante la Sala Constitucional contra esa suspensión, se ha hecho necesario profundizar un poco más en el origen de esa Matriz Genérica nacional y su sustento jurídico y técnico.
DESACATO CONSTITUCIONAL
Resulta que, de acuerdo con la DIGH del Senara, el principal sustento jurídico para emitir la Matriz Genérica nacional del 2017 se encuentra en la Resolución 2012-8892 de la Sala Constitucional de junio del 2012. No obstante, cuando se lee dicha Resolución con el debido cuidado y se investiga la situación, se descubre que más bien la Sala Constitucional, con esta resolución, anula la orden del Gerente del Senara a la DIGH para que elabore una Matriz Genérica nacional de protección de acuíferos.
Lo anterior queda absolutamente claro cuando se lee el oficio GE-850-09 del 21 de setiembre del 2009, cuya disposición la Sala Constitucional anula.
En esencia ese oficio señala textualmente lo siguiente: “con el propósito de cumplir con acuerdos de Junta Directiva, le solicito tenga a bien abocarse a la preparación de una nueva matriz de criterios de vulnerabilidad con carácter genérico, que pueda ser utilizada en todo el territorio nacional y en función de los mapas de vulnerabilidad que se presenten a la consideración de la Junta Directiva”.
Es decir que, cuando el Senara fue notificado de esta Resolución 2012-8892 de la Sala Constitucional, debió haber obedecido la orden judicial y dejar de elaborar una Matriz Genérica nacional que finalmente oficializó en el 2017, es decir que prácticamente perdió el tiempo durante más de cinco años, cuando lo correcto era que trabajara con matrices individuales para los once cantones a los cuales la Sala Constitucional les ordenó que tenían que hacer mapas de vulnerabilidad hidrogeológica de previo a oficializar su plan regulador.
Como se puede concluir, se podría interpretar que se dio un evidente y manifiesto desacato a la Sala Constitucional por parte de la DIGH del SENARA y de su anterior Junta Directiva. Además, es claro que lo que correspondía hacer por la actual Junta Directiva era acatar lo señalado por la Sala Constitucional en la Resolución citada, y proceder a anular la Matriz del 2017, por improcedente y por no contar con el asidero jurídico constitucional correspondiente.
SERIAS CONSECUENCIAS
La forma en que fue impuesta la Matriz de Senara (2017) no solo ha tenido serias consecuencias para todos los proyectos, incluyendo los de baja inversión económica, como las residencias individuales, sino que también ha tenido y tendría muy serias consecuencias para el desarrollo de nuevos planes reguladores. Esto por cuanto el INVU, en enero del 2018, publicó, junto con la Setena y el Senara, un nuevo “Manual para la elaboración de Planes Reguladores”, en el que solicita que todas las municipalidades que deseen que la Dirección de Urbanismo del INVU les revise el plan regulador deben llevar la Viabilidad Ambiental de la Setena y la aprobación del Estudio Hidrogeológico del plan regulador, con la aplicación de la Matriz del 2017, por parte del Senara.
Esta disposición del INVU, en la práctica, hará casi imposible que haya nuevos planes reguladores, dado que, por los requisitos que pone la DIGH del Senara de contar al menos con un pozo de investigación cada kilómetro cuadrado (con un costo de $5.000 c/u), el cumplimiento de ese requisito de Senara tendría un costo muy alto.
Como se ve, desacatar la orden de la Sala Constitucional y mantener vigente la Matriz del Senara del 2017 implicaría, en la práctica, que el país estaría condenado a no tener planes reguladores con variable ambiental integrada, por lo que el desorden imperante en el desarrollo de construcciones en sitios ambientalmente inadecuados y de alto riesgo seguiría dándose, provocando con ello más daños ambientales.
La Matriz del SENARA (2017) tiene más consecuencias ambientales negativas, pero el espacio no permite desarrollarlas. No obstante, como punto final, se hace indispensable señalar que la mejor alternativa a seguir es cumplir el mandato dado por la Sala Constitucional al Minae, desde el 2004, para que emita un reglamento integral y nacional que norme todo lo referente a la protección, uso y manejo de las aguas subterráneas. Una tarea que es urgente.
Conforme pasan los años, las quejas contra la Setena se incrementan. Tienen que ver con su "eficiencia" y, vienen desde muchos lados que, para abreviar, diríamos que vienen de los dos extremos: los empresarios y los ambientalistas.
Casi a todos les falla: en proyectos o grupos de proyectos, por cómo se tramita (algunos proyectos que pasan de forma "express") y a otros que los mete en viacrucis de trámites que prácticamente los estrangula hasta casi extinguirlos por desidia.
Pero, es común que confundamos lo que hace la Setena como tal y lo que es el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Son dos cosas, muy, pero, muy diferentes.
Setena: es una institución del Estado que, tiene "desconcentración máxima" (o independencia de criterio), algo que casi todos han olvidado (y aplicado). Su responsabilidad es gestionar, como ente técnico, en teoría, ajeno a presiones políticas, de forma eficiente la EIA. Lo ha hecho de forma tan cuestionable, que no son pocos los que "quieren cerrar".
La SETENA tiene poco más de 100 funcionarios, pero menos de la mitad trabajan en el proceso de EIA, la gran mayoría realiza otras labores de índole burocrática. Tramita entre 3 a 3.5 mil proyectos por año. Casi toda la inversión que represente una construcción mayor de 300 m2, tiene que pasar por la SETENA.
Y esto último, no es antojadizo, parte de la forma en que está redactado el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y la interpretación que del mismo, ha hecho la Sala Constitucional. Casi cualquier tipo de actividad humana es susceptible de realizar una EIA.
Por eso, el Modelo de EIA que debe aplicar la SETENA y que fue elaborado por una Comisión Mixta desde el 2002 a 2007, parte de la aplicación de los principios de proporcionalidad y de prevención, a partir del cual, se equipó a la SETENA, de un Reglamento General de EIA, y un conjunto de instrumentos y procedimientos técnicos, denominado Manual de EIA, que se divide en 5 partes diferentes. Cabe aclarar que, en este punto, la SETENA es una de las pocas instituciones del Estado, que cumple con la Ley 8820 sobre la publicación de sus procedimientos e instrumentos técnicos.
Evaluación de Impacto Ambiental: a diferencia de la SETENA, la EIA es un instrumento internacional de la Gestión Ambiental que tiene casi 50 años de existir. Aunque, para algunos resulte increíble, se visualiza como una herramienta económica, pues parte del principio de que es ocho veces más barato prevenir que corregir. Por eso la banca internacional, la solicita como un requisito fundamental para la aprobación de un proyecto.
Nuestro país se ha comprometido, desde los Acuerdos de Río de 1992 a aplicar la EIA como parte de la gestión del Estado. Algo que se fue plasmado en la Ley Orgánica del ambiente de 1995 y otras leyes sectoriales.
La EIA en breve, comprende tres pasos: a) la EIA inicial, con la cual se cruza el proyecto respecto a la característica ambiental del terreno y se determina la Significancia del Impacto Ambiental (SIA) a producir. Si la SIA es baja se aprueba. Si es moderada o alta, se pasa a la siguiente etapa: b) la realización de un estudio más detallado, o sea un Plan de Gestión o bien un Estudio de Impacto Ambiental. La fase final: c) es el más importante, pues comprende el Control y Seguimiento Ambiental de todas las actividades, obras o proyectos que obtengan Viabilidad Ambiental.
La EIA bien realizada, tal y como la gestionan la mayor parte de los países desarrollados, debe tener como meta la aplicación del Principio de Sustentabilidad Ambiental (ver: www.allan-astorga.com), y no, como algunos creen en Costa Rica, lograr que todos los proyectos se aprueben, como si fuera un simple sello de autorización. A estos últimos los remitimos a las buenas prácticas empresariales que se someten a la muy completa legislación ambiental elaborada por la Unión Europea.
Defectos de la gestión en Costa Rica por parte de la SETENA: el macroproceso actual de EIA, parte del fundamento de que el proyectista contrata y paga al equipo consultor para que le haga, tramite y justifique la EIA del proyecto ante la SETENA. La SETENA cobra, desde hacer 10 años, un monto por hacer el análisis de los documentos técnicos.
Pero este esquema ha producido dos serios defectos: a) la gran mayoría de los consultores al ser pagados por el mismo ente a cargo de un proyecto, se parcializan hacia este y su proyecto, con lo cual la EIA se debilita. Esto ha sido documentado por el autor en un reciente artículo publicado en la Revista Geológica de América Central (volumen: 55: “Los problemas de efectividad del proceso de EIA deCosta Rica…”:195 - 203) y; b) los proyectos entran a la SETENA en un estado “muy maduro”, es decir, con certificación de uso del suelo de la Municipalidad, diseño final, todos los servicios (agua, luz, pluviales, etc.) autorizados y, además, en la mayoría de los casos, con el financiamiento listo; razón por la cual la SETENA y la EIA, se convierten en un “obstáculo” para la inversión.
Como se ve, en la práctica, el sistema actual resulta perverso, no solo para el ambiente, sino también, para los mismos empresarios, los consultores y la misma SETENA que, al final, no queda bien “ni con Dios, ni con el diablo”, pero hay una sencilla y muy simple solución.
Soluciones: para resolver esta situación que agrava la imagen de la SETENA y debilita el proceso de EIA, la misma legislación ya vigente permite hacer los ajustes correctivos necesarios que serían los siguientes:
a) Hacer cumplir el artículo 2 del Reglamento General de EIA, vigente desde el 2004, para que el trámite de EIA se realice, de previo al trámite de uso del suelo, de forma tal que los municipios dispongan de la información técnica suficiente para dar el certificado del uso conforme del suelo.
b) Cumplir el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, referente a que el costo de las EIA, corre a “cuenta del interesado”. Sobre esta base, y en consideración de que el Reglamento General de EIA señala que debe haber un grupo de consultores ambientales acreditados por el Ente Costarricense de la Acreditación, la SETENA puede, basado en tablas estandarizadas, fijar el costo de la EIA a realizar y solicitar al desarrollador que se deposite ese monto a una cuenta del Fondo Nacional Ambiental, de manera que sea la SETENA la que pague a los consultores que realizan la EIA y no el desarrollador. De esta manera se elimina el vínculo “desarrollador – consultor” que tanto problema genera.
Sobre el tema de los servicios, no existe problema, en el marco de que se cumpla la Cláusula de Compromiso Ambiental Fundamental de manera que más bien los proyectos se pueden agilizar.
Además de que la EIA se puede hacer con verdadera mejor calidad y eficiencia, la misma SETENA podría hacerse más ágil, en la medida de que otorga plazos concretos a los consultores acreditados para generar la EIA y de una vez, el dictamen que determine si el proyecto es viable o no, y si lo es, bajo que condicionantes ambientales.
Lo único que se ocupa para implementar estas soluciones, es organizarse con la ECA para que acredite consultores o a que asigne un ente que lo haga. Lo otro es emitir el Decreto Ejecutivo que norme sobre el proceso de cobro para la realización de la EIA y emitir, un Código de Etica del Gestor Ambiental que está pendiente de ser realizado desde hace 13 años.
Como se ve, soluciones existen y son fáciles de implementar. Solo se ocupa voluntad política para convocar a la Comisión Mixta Asesora de la SETENA para que discuta y haga las propuestas concretas en un plazo de pocos meses y en un claro marco de transparencia.
Desde mayo del 2014, el denominado "Gobierno del cambio" no ha hecho nada para rectificar el peligroso rumbo de la SETENA, heredado de las administraciones 2006-2010 y 2010-2014: nunca en la historia vivimos tantos escándalos ambientales, todos originados en la SETENA. Una verdadera lástima para nuestro país y para las futuras generaciones a las cuales habrá que explicarles que el "cambio" fue, en materia ambiental, un simple eslogan de campaña y nada más.
Ante el “anuncio” publicado en La Nación (18.02.2017) sobre la intención de cambiar la reglamentación de la SETENA, con el argumento de que esta entidad se encuentra “sobrecargada”, razón por la cual, se pretende “agilizar” su gestión, estableciendo umbrales y evitando que hasta un 50 % de los proyectos que actualmente realizan trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ya no tengan que hacerlo, surge la necesidad de aportar, de forma proactiva, algunas aclaraciones y aportes sobre como “si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el Ambiente”.
EIA vs SETENA: lo primero que hay que aclarar es que, una cosa es el proceso de EIA y, otra cosa, es la SETENA. Para ilustrarlo mejor, podríamos decir que la SETENA es como un “obrero” que tiene que realizar un trabajo que implica el uso de una “caja de herramientas” para lograr un objetivo, en este caso, una correcta y eficiente EIA. Por eso, es importante dejar claro que la SETENA y la EIA, son dos cosas diferentes, tanto como el carpintero y su caja de herramientas.
La SETENA, fue establecida por la Ley Orgánica del Ambiente como un órgano de desconcentración máxima; lo cual significa que tiene total independencia de criterio, en las decisiones que tiene que tomar. Algo que, muchos políticos, particularmente en los últimos 10 años, no han entendido. Por eso, ha sido “intervenida” en varias ocasiones, al punto de que, se ha afirmado que se encuentra “totalmente politizada” y ello, desde hace años.
Por su parte, la EIA es, como ha dicho la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, el principal instrumento que tiene el Estado (y la sociedad costarricense) para tutelar el artículo 50 constitucional, sobre el derecho que toda persona tiene a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Además, es importante aclarar que, a nivel internacional, la EIA, tiene un procedimiento estandarizado y ordenado según un criterio técnico y científico. El cual se basa, fundamentalmente, en relacionar la condición de fragilidad ambiental del terreno con respecto a las características ambientales del proyecto. El resultado, la Significancia del Impacto Ambiental, determina la profundidad de la EIA que debe ser realizada.
EIA y Planificación Territorial: la principal limitante de la EIA es que es un instrumento de gestión de “segundo piso”. Siendo, el “primer piso”, la Planificación Territorial, algo de lo que cerca del 97 % de nuestro país, adolece. Esto hace que la EIA, tenga que resolver casi todos los problemas ambientales que puedan presentarse, lo cual, generalmente, no se logra hacer.
En Costa Rica se ha intentado de resolver esta situación con la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores y otros tipos de planificación de usos del suelo. Empero, en esto, la SETENA nos ha fallado, pues mientras entre el 2006 y el 2009, se aprobó el 65 % de los informes ambientales de los planes reguladores, entre el 2009 y el 2015, se rechazaron el 70 % de todos esos informes (¡80 informes de 50 cantones!).
El Reglamento General de EIA, actualmente vigente, tiene contemplado, el desarrollo automático de la agilización de los trámites de EIA, ante la SETENA, para todos los proyectos que se localizan en cantones con planes reguladores que tengan viabilidad ambiental aprobada. Con ello se cumpliría lo ordenado por la Sala Constitucional, de eximir del trámite de EIA, cuando se dispusiera del debido fundamento técnico, y no, por la vía arbitraria de establecer umbrales. Algo que parece haberse olvidado del todo, incluyendo nuestras actuales autoridades políticas del dizque "Gobierno del cambio": hay que señalar que en esto y muchas otras cosas, se parecen cada vez más a las de las dos anteriores administraciones.
Si la SETENA no hubiera hecho lo que hizo desde el 2009, es decir, rechazar y archivar 80 planes reguladores (cantonales y costeros), no se tendría tanto problema de sobrecargo del sistema de EIA, como se dice que se tiene hoy.
Modelo de EIA en peligro: la solución a los problemas de EIA, que algunos llaman “estancamiento” o “entrabamiento”, no debe partir de cambiar el Modelo de EIA vigente (caja de herramientas), con el simple pretexto de “agilizar”, pues eso, en concreto, significaría promover más daño y Sacrificio Ambiental, algo que, a estas alturas, representa un lujo que nuestro país no se puede dar, pues representa, a la larga, como una especie de “suicidio” en la medida de que nuestro desarrollo socioeconómico depende de que nuestro ambiente esté sano y ecológicamente equilibrado.
Cambiar el Modelo de EIA es un asunto muy serio y no puede ser tomado a la ligera. Siempre es posible mejorar, pero respetando el Principio de No Regresión y buscando un mejoramiento continuo.
Mejoramiento que debería hacerse de forma efectivamente participativa, considerando a los diferentes sectores de la Sociedad. Razón por la cual, el mismo Reglamento General de EIA, desde el 2004 creo una Comisión Mixta, aún vigente y que, es la entidad correcta para discutir el tema. Esta Comisión nunca fue convocada desde el 2007 (con algún intento de René Castro en el 2012 que el mismo “abortó”) y el actual Gobierno de la "participación ciudadana" pareciera querer seguir ignorando que existe.
Agilización de EIA con criterio: pero si de lo que se trata es agilizar el proceso de EIA y “aliviar” a la SETENA de su “sobrecarga”, hay otras soluciones más claras y rápidas que se pueden implementar en muy corto tiempo, veamos:
a. Los recursos para la SETENA se pueden incrementar con facilidad. Lo único que se ocupa es modificar y ampliar el Decreto Ejecutivo 34536 – MINAE del 5 de junio del 2008, en el que se establecen las tarifas que cobra la SETENA por realizar la revisión de los instrumentos de EIA. El mismo tiene fundamento en el señalado en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente. No resulta lógico que la SETENA cobre $ 200 por el trámite de un D1 o $ 500 si tiene un Plan de Gestión Ambiental, a un proyecto de varias decenas de millones de dólares de inversión. ¡La revisión del Estudio de APM que tardó años en al SETENA, costó $ 3000! Como se puede ver, aumentando el costo de los procesos de revisión y aplicando el Principio de Proporcionalidad, la SETENA podría disponer de más recursos humanos para atender el trabajo que tiene que hacer.
b. El actual Reglamento de EIA contempla, además, la figura de los consultores externos acreditados (por el Ente Costarricense de Acreditación - ECA-), para que puedan servir como apoyo a la SETENA en el análisis de EIA o hasta, por encargo de este, realizar las EIA que se les señale de manera que se separe el vínculo (a veces vicioso) entre el desarrollador y su equipo consultor. Esto se resuelve con un decreto ejecutivo que lo norme y que incluya un Código de Ética del Gestor Ambiental ya planteado desde el 2004, pero todavía pendiente de elaborar.
c. Desarrollo de Guías de Buenas Prácticas Ambientales para los diferentes sectores productivos, en particular los que mayor trabajo le dan a la SETENA (construcción, minería, industria, entre otros). El decreto ejecutivo 34522 – Minae (del 16 de junio del 2008) referente al “Reglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas productivas y de desempeño coeficiente”, todavía está vigente, pero no se ha utilizado. Con esas guías oficializadas, muchos proyectos solo tendrían que presentar un formulario ambiental y los estudios complementarios a la SETENA (para demostrar que el área del proyecto tiene la condición ambiental adecuada), y la adopción de las medidas ambientales de la guía por medio de una Declaración Jurada. Y en el caso de que se localicen en un plan regulador con viabilidad ambiental, el sistema seria todavía más ágil para los proyectos de alto impacto.
d. Desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica a algunas políticas, planes y programas (PPP) como mecanismo para agilizar el desarrollo sustentable del país y de ciertos sectores estratégicos como los de Salud, Educación, Energía, Telecomunicaciones, Red de Agua Potable y Alcantarillado e Infraestructura vial (incluyendo puentes, entre otros). Así los proyectos individuales de muchos programas de desarrollo, no tendrían que hacer una EIA individual, sino que el Programa haría una EAE rápida que, con la ayuda de las guías ambientales, permitiría que las aprobaciones, en conjunto, se pudieran dar de forma muy rápida, casi automática, pero de forma eficiente y efectiva, es decir, protegiendo el ambiente y la inversión a realizar.
Las soluciones existen: de esta manera, con unos pequeños cambios de unos 2 o 3 decretos ejecutivos clave, que complementen la Caja de Herramientas existente, elaborados de forma participativa por la Comisión Mixta, con el visto bueno de la SETENA y aprobados por el Presidente y el Ministro del MINAE se resolverían muchos de los problemas de la SETENA (el Carpintero). Esto, sin sacrificar el Modelo de EIA vigente, sustituyéndolo por algo que, como hemos dicho, solo va a incrementar aún más el daño y el Sacrificio Ambiental.
Las ventajas de seguir este camino sugerido es que de verdad se puede mejorar en calidad y cantidad el sistema de EIA que administra la SETENA, disminuyendo al Sacrificio del Ambiente y disminuyendo los procesos de judicialización de los trámites ambientales de los proyectos.
Tomar el camino equivocado, como se pretende, además de poner en aun mayor riesgo el Ambiente, la Naturaleza y la vida de nuestro país, implica una gran pérdida de tiempo, dado que es como si se estuviera retrocediendo 20 años en el tiempo, y que se produzca más y más entrabamiento por la judicialización de procesos que la discrecionalidad que se quiere dar a la SETENA pudiera producir.
En necesario abrir espacios de diálogo y acuerdo que son la única solución para que el país verdaderamente progrese en un marco de Sustentabilidad Ambiental. Han pasado casi tres años del pretendido “Gobierno del Cambio", pero, a decir verdad, se sigue jugando con el Ambiente de Costa Rica.
