Insumos útiles para nuestra decisión electoral

Un buen e importante número de compatriotas estamos preocupados por quién debería ser el líder de la nueva administración de gobierno 2022 – 2026. Para muchos de nosotros hay algo claro: no podemos darnos el lujo de votar por un “nuevo experimento” para ver qué pasa. Sería muy difícil que nuestro país pudiera soportar más letargo e indecisión en la toma de decisiones estratégicas con una verdadera visión de desarrollo sustentable y progreso humano.

Es claro que no soy politólogo o político, todo lo contrario, soy un ciudadano y científico muy preocupado por la grave crisis de la Ecosfera terrestre planetaria y que, como muchos, hace lo mejor que puede por defender y proteger la naturaleza y el ambiente, sin perder la perspectiva de que se debe realizar dentro de un marco equilibrado de sustentabilidad con el progreso humano.
Dentro de este contexto, y como parte de mis razonamientos en la búsqueda de cuál sería nuestra mejor alternativa a elegir como presidente, se me ha ocurrido recordar y contar mi experiencia como secretario general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) de hace 25 años.

Asumí como secretario general de la SETENA, no por un favor o elección político-administrativa, simplemente fue por ser un técnico que, para ese entonces, tenía 4 años de experiencia en evaluación de impacto ambiental (EIA) y que había sido el presidente de la Comisión de EIA anterior a la SETENA. Tomé el cargo, en enero de 1997, siendo muy joven para la responsabilidad que implicaba y, además, prácticamente el mismo día que se publicaba el primer reglamento de EIA que se promulgaba en el marco de la ley orgánica del ambiente del año 1995.

Durante el año 1997 se dieron una serie de circunstancias importantes cuyo contexto, en el momento, no comprendí bien, pero que tendrían transcendencia para el futuro del país y su modelo de desarrollo.

Tramitomanía y planificación territorial: la primera de esas circunstancias tenía que ver con un tema del que hemos escrito previamente y que tiene con ver con la tramitomanía y el exceso de trámites. La salida del reglamento de EIA en enero del 1997 inició una discusión que aún no termina. Como hemos señalado, ya para ese momento, el inventario de requisitos a cumplir para el desarrollo de una empresa grande, era de aproximadamente 180. Algo que, hoy 25 años después, es de más de 300 y que lleva una cantidad de tiempo al menos tres veces mayor que lo que se necesitaba en el año 1997. Durante ese mismo periodo la cantidad de instituciones públicas prácticamente se duplicó, lo cual explica, el crecimiento de requisitos y el importante crecimiento en la cantidad de funcionarios públicos. Cuando asumí la SETENA la cantidad de funcionarios no llegaba a 15, hoy tiene cerca de 100. Esto, pese a que la cantidad de trámites de EIA por año no ha cambiado mucho.

Es claro que el exceso de trámites es sumamente grave y es un mal que carcome las entrañas del país, que auspicia el cáncer de la corrupción y que lo tiene totalmente frenado en todo lo que tiene que ver con el impulso al desarrollo e inversión de proyectos sustentables. Por eso, desde el mismo mes de enero de 1997 se empezó a discutir el tema de la “desregulación” o la mejora regulatoria para impulsar la inversión y el desarrollo. Desde la SETENA, durante ese mismo año, pude desarrollar la primera fase de lo que fue el Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) y el ordenamiento del sistema de procedimientos cuyo manual se publicó en la Gaceta en noviembre de 1997. El cambio de gobierno en 1998 no nos dio tiempo de continuar con nuestro planteamiento de integrar el ordenamiento y la planificación territorial como base para agilizar todo el sistema de trámites. Algo que, hasta ahora, no ha sido posible retomarlo, pues la casi totalidad de las administraciones ulteriores o no lo comprendieron o no tuvieron el mínimo interés en trabajar en esa dirección.

Crucitas y la sanción a la actividad minera de exploración: tal vez para pocos es conocido que, en el año 1997, la SETENA procedió a sancionar la actividad de exploración minera metálica que realizaba la empresa minera canadiense en Crucitas. Esto, como consecuencia de que la unidad de control y seguimiento ambiental de dicha Secretaría Técnica había detectado una serie de incumplimientos a los compromisos ambientales adquiridos en el estudio de impacto ambiental de la fase exploratoria.

La ley orgánica del ambiente establece que la SETENA en una entidad de desconcentración máxima, es decir, que tiene autonomía técnica en la toma de decisiones. Y eso fue lo que se hizo con este caso de Crucitas. Puedo dar fe de que la decisión que se tomó fue propia de la SETENA, sin consultas ni solicitud de autorizaciones ante otras autoridades del Poder Ejecutivo. Todo lo contrario, una vez que se tomó la decisión, se contó con todo el apoyo de las autoridades del gobierno.

Algunos podrían decir que es lo normal, no obstante, visto en perspectiva y conociendo la ulterior historia de la SETENA, es un punto importante de señalar y de recalcar. Se debe recordar que ya, para ese entonces, se conocía que Crucitas estaba visualizado como el proyecto de explotación minera a cielo abierto más grande de Centroamérica. Lo especial en este caso era que la administración de gobierno mostró un gran respeto por la posición técnica y ambiental de la SETENA y nunca interfirió a favor de la actividad minera metálica. Algo que vale la pena anotar.

Intel y la propuesta de modelo de desarrollo para el país: de forma contemporánea y circunstancial, mientras la SETENA gestionaba una sanción a la minería metálica de Crucitas, también tramitaba la evaluación de impacto ambiental de Intel en Costa Rica. Cabe señalar que ese trámite ambiental de Intel no fue sencillo ni simple. Se presentaron muchas oposiciones y dudas, en particular en el cantón de Belén, donde finalmente se instaló la planta.

Debido al desconocimiento técnico de lo que se iba a hacer, se interpretaba que se trataba de una industria peligrosa y contaminante que iba a dañar las nacientes de agua cercanas. Se decía que en la producción de los componentes electrónicos se manejaban muchas sustancias peligrosas y que se iban a producir emisiones, vertidos y residuos muy tóxicos. Fue un proceso de EIA con participación social que desembocó en la creación de una Comisión Mixta de control y seguimiento de la actividad industrial de Intel en Costa Rica. La primera que funcionó con total éxito y que permitió a la comunidad reconocer qué era lo que hacía Intel.

En este punto, también vale la pena anotar que siempre hubo un gran respeto de parte de las autoridades del poder ejecutivo respecto a la autonomía técnica de la SETENA. Nunca se dio presión de ningún tipo y siempre se respetaron los procedimientos que se establecieron.

El proceso no fue fácil, pero al final, la SETENA otorgó la Viabilidad Ambiental al proyecto de Intel en Costa Rica. Algo que simbolizó un hito para el país, no solo por el proyecto que implicaba una inversión aproximada de $ 500 millones y la apertura de poco más de dos mil empleos directos, sino porque significaba introducir al país en el camino de la industria de la alta tecnología. Algo que, con los años, significó un muy importante avance y crecimiento para Costa Rica.

Estos dos temas, el de Crucitas e Intel, tienen un significado histórico especial, pues sin saberlo, marcaban un derrotero muy significativo para nuestro país. Formamos parte de esa historia sin tener claro ese significado. E insisto en anotar algo que para mi fue muy importante, el hecho de que la administración de gobierno de ese entonces siempre respetó la posición técnica de la SETENA y, además, tuvo una gran visión al impulsar el camino del país hacia la alta tecnología y no hacia la actividad minera metálica. De alguna forma, desde 1997 el país tomó un rumbo hacia el desarrollo sustentable y fijó un derrotero que todavía perdura y que, ahora más que nunca, urge retomar.

Visión ambiental actual: otro elemento que resulta de gran relevancia para el autor es el hecho de que quien llegue a Casa Presidencial este año, tiene que cumplir un requisito indispensable en materia ambiental: tener clara, muy clara, la situación ambiental global y no solo la de Costa Rica. Hemos escrito mucho al respecto (ver:www.allan-astorga.com) en especial sobre la crisis de la Ecosfera Terrestre y sobre la grave coyuntura en que nos encontramos a escala planetaria.

Es vital que el nuevo presidente de Costa Rica, de un país líder en el mundo en materia de protección del ambiente y de la búsqueda de la sustentabilidad, no solo conozca de la situación, sino que juegue un papel mucho más importante en la propuesta de soluciones concretas a la crisis ambiental global. Soluciones que, por añadidura, acarrearán al país grandes beneficios, no solo en materia de turismo sino, también, en otros ámbitos económicos y de progreso humano. Nuestro país tiene mucho que aportar en este tema, empero se hace necesario contar con un líder de verdadera visión global y no un administrador que solo quiera apagar incendios.

Decisión estratégica: en los próximos días los costarricenses debemos tomar una decisión muy importante. Debemos escoger entre un abultado número de candidatos al nuevo presidente del país en medio de, posiblemente, la peor coyuntura ambiental y socioeconómica que ha pasado, no solo el país, sino el mundo entero.

Como hemos dicho, no podemos ni debemos experimentar. Requerimos de un líder con experiencia, conocimiento, visión y con la humildad suficiente para reconocer sus limitaciones y apoyarse en un equipo sólido que permita que podamos salir del enorme atolladero en que nos encontramos y que podamos progresar hacia un desarrollo verdaderamente sustentable.

Cada uno de nosotros debe meditar muy bien su voto. En mi caso, he decidido aportar el presente insumo como un elemento a tomar en cuenta y considerarlo como parte de ese proceso reflexivo. Nuestro país merece un futuro de real progreso humano y ambiental

Reactivación de la Minería metálica a cielo abierto es una peligrosa “caja de Pandora”

En razón de la actividad minera ilegal en Crucitas y los acontecimientos publicados en la prensa durante las últimas semanas, se hace necesario hacer una advertencia muy respetuosa a los señores diputados de nuestra Asamblea Legislativa y a la sociedad en general. Esto, por cuanto además de una propuesta de ley para legalizar la explotación minera de oro en Crucitas, hay al menos dos proyectos de ley para reactivar la minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional.

En medio de la situación económica que se ha agravado como consecuencia de la Pandemia por la Covid-19, algunas organizaciones y personas han venido señalando que la explotación minera metálica, principalmente del oro, sería la alternativa para “sacar el país adelante”. Algo que, aunque parece escucharse tentador cuando se habla de toneladas de oro, puede convertirse en un verdadero desastre ambiental para el país, pues se corre el riesgo de abrir una enorme “caja de Pandora”.

Crucitas: como hemos indicado en anteriores ocasiones, la discusión sobre la posibilidad de legalizar la explotación minera de oro en ese lugar fronterizo de nuestro país, en medio de un Arbitraje Internacional sobre el tema, y que puede costar al país cerca de US$ 400 millones, no es para nada recomendable a la luz de los árbitros que tienen que tomar esa decisión.

Se debe recordar que fue el Poder Judicial, tanto por el Tribunal Contencioso Administrativo, como por la Sala Primera el que anuló todos los permisos y autorizaciones que tenía la empresa Industrias Infinito para explotar el oro en Crucitas. El primero señaló que se había dado toda “una orquestación de voluntades” en los trámites de esos permisos. Permisos que derivaron en un grave daño ambiental con la deforestación de cerca de 90 hectáreas de bosque en octubre del 2009 en la zona de Crucitas.

Como consecuencia de todo eso, el país, por medio de su Asamblea Legislativa en noviembre del 2010 modificó el Código de Minería y prohibió la minería metálica a cielo abierto en todo el país. Legislación que todavía está vigente y que, visionariamente, ha salvado al país de un verdadero desastre ambiental.

Como hemos señalado en diversos foros, el tema de la explotación minera ilegal en Crucitas es complejo desde muchos puntos de vista y requiere una solución de ámbito legal y ambiental, pero no minero. Sobre todo, es un tema de seguridad que requiere ser resuelto en el menor plazo posible y cuyo origen requiere ser investigado con toda profundidad.

La minería ilegal en Crucitas no es caótica y desordenada como la minería ilegal que ocurre en la Amazonía de varios países de América del Sur, sino que es ordenada y da la apariencia de ser planificada, pues lo sitios de explotación minera son precisos para alcanzar los lugares donde más oro se presenta. Algo que no parece ser obra de la casualidad. Como tampoco lo pareciera el hecho de que dicha explotación ilegal se inicie en el año 2017, mientras se hablaba del juicio por el tema de Crucitas y se había iniciado el Arbitraje Internacional por la demanda de Infinito Gold a Costa Rica.

Reactivación de la minería metálica a cielo abierto: el tema de Crucitas ha llevado que un problema puntual que representa 50 hectáreas de daños ambientales producidos por la minería ilegal se pase a hablar de un tema mucho más grande y grave, como lo es, la reactivación de la minería a cielo abierto en todo el territorio nacional.

Quienes promueven esta “reactivación” lo plantean como una medida para solucionar los problemas económicos del país, algo que tiene poco sustento en razón de que el mayor beneficio económico de una explotación la obtendrían las empresas mineras y no el país, con el agravante de que los daños ambientales producidos por la actividad perdurarían, por mucho tiempo, una vez que el oro se termine y la empresa minera cierre sus operaciones.

Pero el verdadero y muy serio peligro lo representa el hecho de que, al reactivarse esa actividad, también se daría el proceso de prospección y exploración minera. Esta labor geológica que requiere estudios detallados e inversión económica, permite identificar los sitios donde existen yacimientos minerales con potencial de ser explotados. Si esta información técnica “se filtra”, como parece haber sucedido en el caso de Crucitas, podría iniciar una actividad minera ilegal explosiva y prácticamente “infrenable”.

La minería metálica ilegal en la Amazonía, desde hace ya varios años, se ha convertido en un total y completo cáncer destructor de los bosques, la biodiversidad, de los recursos hídricos y el paisaje en varios países de América del Sur. En el caso de Colombia, un informe de la Contraloría General de la República de ese país, de febrero del 2020, señala que el 80 % de la minería metálica es ilegal.

Es claro que esa minería se inicia porque la información de la existencia de los yacimientos pasa a manos inapropiadas y una vez que se ha iniciado la actividad ilegal se inicia un encadenamiento enorme de actuaciones ilegales que incluyen la deforestación, la explotación de personas y el narcotráfico, entre otras consecuencias altamente negativas. Incluso países con ejércitos como Perú, reconocen que están perdiendo la batalla contra la minería ilegal. Así de grave es la situación.

Por eso es que afirmamos que plantear la reactivación de la minería metálica en Costa Rica podría significar abrir una enorme y peligrosa caja de Pandora que si podría representar un enorme y verdadero desastre ambiental que afectaría parques nacionales y reservas indígenas. Si Crucitas se ha convertido en un dolor de cabeza, nos preguntamos, qué significaría entonces tener decenas de explotaciones mineras ilegales en todo el país.

No dudamos que hay diputados de la República que tienen buena fe al considerar esa reactivación de la minería metálica como una supuesta solución a los problemas económicos del país, más, sin embargo, es una decisión sumamente delicada, pues lejos de resolver un problema se puede convertir en todo lo contrario y llevarnos a una situación que nadie desea para Costa Rica.

Por todo ello, se debe meditar mucho la decisión e informarse con detalle de lo que está pasando en América del Sur con la minería metálica ilegal en la Amazonía. Los recursos naturales más importantes de nuestro país, no son los minerales metálicos, ni los hidrocarburos, son sus bosques, la bio y geodiversidad, sus fértiles suelos, sus aguas, sus mares y sobretodo, su gente.

El modelo de desarrollo de nuestro país debe partir del uso sostenible y planificado de estos recursos y no de unos recursos efímeros como los que provienen de la explotación minera o petrolera, que en general, no contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de los países tropicales donde se dan.

Publicación Original Agosto 31, 2020 4:32 am

Crucitas: “y sigue Petra con calentura”

Aunque el tema de la mina de oro en Crucitas para la gran mayoría de los costarricenses pareciera ser un recuerdo ya superado o una página a la que ya se le dio la vuelta, resulta que no es así. Desde hace un año está pendiente que la Sala Constitucional le dé trámite a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la empresa minera.

La Sala IV mantiene un extraño silencio y posiblemente nunca en la historia se haya tardado tanto para darle tramite a un recurso, lo cual ya en sí es altamente preocupante. La falta de acuerdo entre los 7 integrantes podría explicar esta preocupante espera que cumplió en estos días más de 1 año.

Otra explicación podría ser que en todo este tiempo no se haya logrado reunir los 4 votos por parte de un sector decidido a reabrir la discusión y que espera cambios en la composición de la Sala IV para este caso.

El tema del magistrado Cruz, desafortunadamente, no parece escapar a esta situación. Su presencia en la Sala IV constituye para algunos, en este como en otros temas, una “piedra en el zapato”. Llama la atención que este mismo magistrado fue recusado por parte de la empresa minera, tal como informaron los medios de prensa.

Los abogados de la parte demandante en el caso Crucitas han señalado por diversos medios, que, desde el punto de vista teórico, las consecuencias de que la Sala IV acoja la acción y le de lugar, serían pocas respecto a la resolución del juicio que se llevó a cabo ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

No obstante, considerando lo que ha significado para la institucionalidad de nuestro país este proyecto minero, y cuya investigación en la Fiscalía todavía está en proceso (pese a cumplirse el 24 de noviembre 2 años del histórico fallo del TCA), es conveniente que nos mantengamos alertas.

Acoger alguno de los argumentos presentados por la empresa minera daría pie a una confusión legal, que algunos sectores podrían usar nuevamente para denunciar la “inseguridad jurídica”, esta vez con mayores argumentos que las enclenques manifestaciones usadas al darse a conocer el fallo del 24 de noviembre del 2010; pero, sobre todo, provocaría una evidente cacofonía entre jurisdicciones, de gran utilidad de cara a un eventual arbitraje internacional.

Fueron 4 años de luchas legales y confrontación de argumentos respecto al desarrollo o no de la mina de oro en Crucitas, con encuestas indicando que cerca del 90% de la sociedad costarricense está en contra y con el hecho de que en el 2010 se reactivó la moratoria minera y se aprobó una ley que declaró a Costa Rica un país libre de la minería de oro a cielo abierto. No obstante, el silencio de la Sala parece hacer caso omiso de todo ello y mantiene en vilo a un gran sector de la sociedad costarricense.

Para casi todos es conocido que el ambiente social que hay en el país, desafortunadamente, no es el más tranquilo y pacífico. Hay una seria polarización, y en particular, una fuerte desconfianza en las decisiones de las autoridades, que lejos de estar disminuyendo, parece que más bien, se exacerba cada vez más.

Argumentos contundentes. Durante el juicio contencioso se expusieron una importante serie de argumentos ambientales y técnicos con alcance legal que demostraron que durante el proceso permisológico del proyecto minero, se cometieron errores muy importantes.

El grado de detalle técnico, de los argumentos ambientales y legales analizados y discutidos en el marco del juicio contencioso e incluso en la apelación, son mucho mayores que lo que fue posible analizar en el contexto del recurso de amparo realizado ante la Sala IV. Incluso se adicionaron nuevos argumentos que no fueron objeto de análisis por dicha Sala.

El que la Sala Constitucional abra un espacio al tema de la mina, aunque en la práctica no necesariamente represente la posibilidad de una reapertura del trámite de la mina en Crucitas, si podría generar consecuencias muy importantes en el tema de una eventual demanda de la empresa para que le indemnicen, y cuenta para ello con desafortunadas declaraciones del vicepresidente Alfio Piva dadas a conocer el 27 de julio del 2010 en medios de prensa.

Como se ve, lo que está en juego en la Sala Constitucional no es un asunto simple.

Es algo que puede generar serias consecuencias para el país. Todo esto debería ser sopesado cuidadosamente por la Sala Constitucional.

Para el que todavía pueda tener alguna duda sobre el grado de detalle y alcances de lo que se discutió en el juicio de Crucitas, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, puede revisarlo leyendo la sentencia que dictó este tribunal.

Y si todavía no le basta, puede leer los más de mil folios que presentó la empresa como parte de la apelación, así como la Resolución de la Sala Primera que terminó ratificando en todos sus extremos y con voto unánime, todo lo determinado por el Tribunal Contencioso.

Tratar de obviar todo ello y de aventurarse a un malabarismo jurídico podría tener implicaciones muy significativas para el futuro de nuestro país.

Requisitos técnicos y presunta inseguridad jurídica

La reciente publicación por parte de la empresa Cementos David en la que indica que se va del país por un asunto de inseguridad jurídica, así como el hecho de que en la Sala IV se encuentra bajo estudio si se acoge una acción de inconstitucionalidad sobre el caso Crucitas, entre otros, nos lleva a hacer algunas valoraciones desde la perspectiva técnica. Aunque en primera instancia no parece haber ninguna relación entre ambos casos y otros similares, en realidad sí la hay. Ambos fueron objeto de recursos de amparo, con sendas resoluciones de la Sala Constitucional en los que, en esencia, se señalaba que desde el punto de vista constitucional no había incumplimiento y, por tanto, por decirlo en palabras sencillas, ambos proyectos podían seguir.

No obstante, ambos proyectos fueron remitidos ante una instancia mucho más exigente en cuanto a la posibilidad de contradictorio y de evacuar prueba, como lo es el Tribunal Contencioso Administrativo. En ambos casos, los resultados fueron similares: se llegó a la conclusión de que no había efectivo cumplimiento de los procedimientos técnicos para el otorgamiento de los permisos ante algunas autoridades del Estado y que, por tanto, dichas autorizaciones debían anularse.

En ambos casos, a lo largo de sendos juicios de meses y declaraciones de testigos de las dos partes, se expuso ante los jueces algo relativamente simple: por un lado, lo que dice nuestra legislación sobre procedimientos técnicos a cumplir, es decir, las reglas que debían haberse cumplido y, por otro lado, lo que había hecho el proyecto respecto a ese cumplimiento.

Crucitas: se expuso que los requisitos presentados para obtener la primera viabilidad ambiental en el año 2005 no se cumplieron a cabalidad; así como el hecho de que la viabilidad ambiental a la ampliación del proyecto por parte de la SETENA en el año 2008 tampoco cumplió los procedimientos técnicos vigentes en la materia. Además, se señaló que la concesión minera se otorgó mientras todavía estaba vigente una moratoria a la minería, y que la declaratoria de conveniencia nacional se dio sin contar con la debida base técnica de costo beneficio ambiental que se requiere. Como se ve, se trata de asuntos evidentes para los que se preocupan por el efectivo cumplimiento de la legalidad existente.

Estas y otras razones llevaron a que el Tribunal concluyera que las viabilidades ambientales debían anularse, así como la concesión minera, la declaratoria de conveniencia nacional, y el permiso de tala que el SINAC de la región Arenal-Huetar Norte otorgó a unas pocas horas de publicarse en La Gaceta el decreto de conveniencia nacional para la mina de Crucitas.

Cementera: el tema de cumplimiento se centró fundamentalmente en el uso del suelo y el permiso de construcción otorgado por la Municipalidad de Alajuela. En este caso resulta elocuente lo que señala el Tribunal Contencioso en su resolución: “Probablemente, las cosas hubieran tenido un resultado diferente, si desde un inicio, la empresa hubiera respetado los procedimientos de rigor citados, gestionando un uso del suelo para construir una cementera y presentando el proyecto en su totalidad”.

Se indica además que a criterio del Tribunal, “lo ocurrido fue una distracción de la información relevante de este proyecto, a efecto de obtener licencias parciales con base en las cuales pretendieron legitimar la construcción de un proyecto de mayor envergadura”, concluyendo que “si los trámites hubieran sido respetados, el estudio de la regulación aplicable sólo hubiera permitido arribar a la conclusión de que en San Rafael de Alajuela, a pesar de ser una zona industrial, no es posible operar una cementera”.

Común denominador: Como puede verse, para ambos casos la situación tiene un común denominador, que es el cumplimiento de la normativa vigente, vinculado al hecho de que la misma se efectuó de forma parcial o segmentada, de manera que al final, aunque parece que se ha cumplido a modo de “un viacrucis” como la definen algunos empresarios, resulta que cuando se observa en su conjunto se ha dado un incumplimiento que puede anular todo lo actuado por parte de las autoridades.

En el caso de Cementos David los empresarios decidieron cerrar la Cementera y trasladarse fuera del país. En el caso de Crucitas se presentó un recurso de casación ante la Sala Primera que, después de un año, confirmó lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo. En este caso, la empresa también cerró sus instalaciones y ya hasta se ha avanzado en la valoración del daño ambiental provocado por las acciones de la minera en la zona de Crucitas, que deberá de indemnizar a la sociedad costarricense, sin hablar del daño social aún pendiente de ser evaluado, y el daño a la imagen internacional de nuestro país, una tarea pendiente que debiera de interesar a nuestras autoridades.

No obstante, en el caso de Crucitas todavía se está a la espera de que la Sala IV resuelva sobre la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. Al respecto nos preguntamos: ¿qué pasaría si la Sala admite la acción? ¿En qué quedaría todo lo demostrado técnicamente en el juicio contencioso y la casación ante la Sala Primera? No me refiero a la parte jurídica pura, sino a temas técnicos claves, como el hecho de la afectación del bosque, de las aguas superficiales y los acuíferos bajo el proyecto, o la condición de riesgo por el manejo de cianuro en las cercanías del Río San Juan. O el hecho de que el Estudio de Impacto Ambiental se presentó incompleto y segmentado, o bien la concesión minera que tiene serias contradicciones con respecto al trámite ambiental que se cumplió.

Confianza y credibilidad en juego. Ante esto, los costarricenses nos encontramos frente a una situación sumamente delicada. Está en juego la confianza en la institucionalidad judicial de nuestro país que, como hemos dicho, es la base de nuestra democracia. Democracia en la cual todavía creemos y defendemos, a pesar de que hay muchos que la socaban todos los días con actos cuestionables y dirigidos a privilegiar intereses específicos por encima del bien colectivo. También, está en juego la credibilidad en los magistrados de la Sala IV.

Los costarricenses, que en un 90 % ha estado en desacuerdo con el desarrollo de la minera en Crucitas y de la minería metálica en nuestro país, debemos estar muy atentos sobre la decisión que debe tomar la Sala Constitucional.

La comprobación detallada del incumplimiento técnico de los procedimientos tiene un enorme peso, y representa una realidad irrefutable que no puede ni debe ser ignorada por nadie.

A estas alturas, acoger por parte de la Sala IV la acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa Industrias Infinito podría tener repercusiones muy graves para nuestro país.

Lo que sigue después de Crucitas

La reciente sentencia de la Sala I sobre Crucitas, además de finalizar un largo proceso legal y de marcar un hito histórico en el país, tiene otra implicación muy importante, que requiere un análisis algo más cuidadoso, como lo son las consecuencias respecto a los procesos de permisos que se tramitan para casos similares.

La Sala I, al ratificar en todos sus alcances la sentencia emitida hace un año por el Tribunal Contencioso Administrativo, no hizo más que confirmar la serie de “deficiencias” cometidas en el planteamiento del proyecto por parte de la empresa, como el trámite que las diferentes autoridades le dieron a los permisos solicitados.

La primera viabilidad ambiental, otorgada a mediados de diciembre del 2005, la forma en que se tramitó la modificación del proyecto por parte de la Setena en diciembre del 2007, la concesión minera otorgada por parte de la Presidencia y del Minaet de abril del 2008 (cuya firma fue negada públicamente por uno de sus firmantes), la declaratoria de interés público y de conveniencia nacional que otorgó el Poder Ejecutivo de octubre del 2008 y la autorización de cambio de uso del suelo y permiso de tala de bosque por parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinac): todos estos actos se declararan jurídicamente nulos.

Y ello evidencia que, durante varios años, tanto la empresa como las autoridades se dejaron llevar más por otra cosa y no por el fiel y estricto cumplimiento de los procedimientos.

En lo referente a las autoridades señaladas, la situación en este caso deja en evidencia que se han dado y se estarían dando serios problemas con el trámite de los proyectos, en la medida de que si estos llegan con un grado importante de “bendición política” la rigidez con que se debe verificarse el cumplimiento de los procedimientos establecidos parece quedar en un segundo plano, tras el hecho de que existe un “interés político” de que el trámite se realice y finalice positivamente.

Presiones políticas. En este sentido, en el caso de Crucitas, la investigación que realiza la Fiscalía debería ampliarse hacia personajes políticos cuyos nombres no aparecen en los documentos pero que parecen haber jugado un papel importante. Algunos de los llamados a declarar saben quiénes son esos personajes políticos que les hacían presión y que son, en gran parte, los verdaderos responsables de lo sucedido.

Empero, y ante todo esto, surge una inevitable duda: Crucitas ¿será el único proyecto ante esta situación, o por el contrario, es solo la “punta de un gran iceberg” de proyectos con similares condiciones de aprobación?

Ante la “serie negra” de proyectos que han sido cuestionados en los últimos años, y cuya lista es larga, parece que la situación es seria y requiere de una intervención pronta y efectiva, pero al estilo de una cirugía mayor. Intervención que se hace urgente, cuando la ubicamos en la situación actual, ya que están a punto de entrar en trámite ambiental, proyectos como el megaproyecto Diquís, el aeropuerto de Osa, la refinería china de Recope, el puerto concesionado y ampliado de Moín, y otros proyectos estratégicos, incluyendo también la posibilidad de proyectos de generación geotérmica en los parques nacionales.

Nuestro país no puede darse el lujo de que muchos de esos proyectos, por falta cumplimiento de procedimientos técnicos, terminen en juicios contenciosos como el de Crucitas.

Debemos rectificar la situación que se ha instaurado durante los últimos años, donde las autoridades técnicas parecen haberse subordinado cada vez a los lineamientos políticos y los intereses económicos de corto plazo.

Uno de los últimos ejemplos de esto lo representa el acuerdo n.° 4230 de la junta directiva del Senara, promovido por el viceministro de Energía del Minaet, por medio del cual se exime, ni más ni menos, de trámite ambiental e hidrogeológico, la sustitución de tanques de combustibles de miles de sitios en el país, evitando que se hagan evaluaciones de contaminación y que se tomen medidas concretas de corrección y prevención, con lo cual se pone en un grave peligro los acuíferos de nuestro país.

Posiblemente el señor Andrei Bourrouet desconoce la gravedad de una contaminación de hidrocarburos que resulta para las aguas subterráneas y no le basta el ejemplo de Barreal de Heredia, ocurrido hace 7 años, o lo recientemente denunciado en relación a una contaminación de Recope en Moín y el de la gasolinera en Tilarán. En caso de “desastre”, posiblemente oigamos algún representante hablarnos de la “mano de Dios” como ocurrió recientemente ante la Comisión de Ambiente en relación con el desastre anunciado de Bellavista en Miramar de Puntarenas ocurrido en octubre del 2007.

La promulgación reciente de una modernización a ley de simplificación de trámites ha sido mal entendida por unos, en la medida de que se cree que es una forma de eliminar trámites y no, como verdaderamente es, de fijar y publicar las reglas que operan en cada procedimiento. El simple hecho de que esta ley fortalece la figura del silencio positivo y aumenta la presión hacia las instituciones y los resultados de una reciente encuesta de la UCR sobre los porcentajes de corrupción que imperan, representan catalizadores que terminan de agravar el escenario expuesto.

Las advertencias, año tras año, del Estado de la Nación sobre nuestra incapacidad gubernamental a garantizar nuestra sostenibilidad ambiental pareciera enfrentar una ceguera recurrente de nuestras autoridades, las cuales parecen ignorar por completo que Costa Rica se sitúa en una de las zonas del mundo que más sufrirá los efectos del cambio climático.

Planteando soluciones. Las autoridades no pueden seguir actuando como simples espectadores de la situación, como si el tema de Crucitas fuese un caso aislado. Urge recuperar la confianza y evitar a toda costa que se repita esta triste historia para bien de nuestras instituciones, y de la recuperación de la confianza de nuestra sociedad en ellas. Admitir lagunas y vacíos, errores y negligencias y buscar cómo superarlas es la tarea siguiente a la sentencia de la Sala Primera.

Por ello, es urgente no tanto promulgar leyes nuevas, sino cumplir con las existentes en aras de garantizar la autonomía y los recursos a la Setena y al Tribunal Ambiental, reforzar los controles internos dentro de las instituciones, en vez de desmantelarlos, buscar mecanismos a los que se puedan unir, como insumo técnico, las universidades públicas y entidades de investigación: es anormal que tengamos a un laboratorio de material como el Lanamme premiado como el mejor de América Latina conviviendo con proyectos de carreteras pésimamente diseñadas por empresas, sin el debido control de calidad por parte de las autoridades. Lanamme por un lado, Autotrochas del Sol por otro.

Pero más importante aún es que se deje a los técnicos de las entidades públicas hacer su trabajo correctamente, y para ello es necesario devolver a la Setena, al TAA, a Senara, y muchas entidades independencia técnica y política. Además, urge cumplir con la Ley 8220 para que todas las autoridades ordenen con criterio lógico y técnico las reglas de los procedimientos a cumplir y que los publiquen, junto con los plazos de trámite, a fin que se pueda eliminar la discrecionalidad y, con ella, la subjetividad que norman la mayoría de los trámites que se deben realizar.

Un país que sabe reconocer sus propios errores puede superarse. Uno que los ignora está condenado al fracaso.

Tienen la palabra nuestras autoridades.