Uno de los mayores problemas ambientales que afecta a Costa Rica y a otros muchos países es la ausencia de una correcta y efectiva planificación estratégica, incluyendo como parte de esta, el ordenamiento y la planificación territorial.
Hemos señalado en nuestros escritos previos (ver: www.allan-astorga.com) que esta es la herramienta fundamental para combatir el Cambio Climático y el deterioro de la Ecosfera terrestre. Además, es vital para la sobrevivencia humana y para garantizar el progreso de su economía con una verdadera sustentabilidad ambiental.
Planificación urbana: este tema, por su parte, es un asunto completamente diferente. Aunque originalmente se planteó de una forma disímil, se convirtió en una forma humanamente egoísta y avariciosa de ordenar y planificar el territorio con fines depredadores por parte de la actividad inmobiliaria y constructiva. Es decir, un desarrollo sin sustentabilidad ambiental real.
En Costa Rica se hace planificación urbana desde hace más de medio siglo. Los resultados están a la vista.
Situación del país: en la Gran Área Metropolitana (GAM) se han urbanizado y se siguen urbanizando las laderas de las montañas del sur y de norte del Valle Central. Esto, a pesar de que se trata de zonas de graves riesgos geológicos (terremotos, laderas inestables, fallas geológicas activas) y susceptibles a graves efectos del Cambio Climático (deslizamientos, inundaciones y flujos sedimentarios).
Cuando se advirtió eso, hace más de 10 años, con los estudios del PRUGAM (Plan regional urbano de la GAM), la presión de los sectores inmobiliarios y de construcción llevó a que el INVU no aprobara el PRUGAM a pesar de que había obtenido la aprobación ambiental por parte de la SETENA.
Se generó así un gran daño a la población de la GAM. Todo para que los intereses del sector inmobiliario y de la construcción se mantuvieran con sus objetivos de siempre.
La misma situación ocurre en todo el país. Incluyendo las llamadas ciudades intermedias como San Isidro de Pérez Zeledón, Ciudad Quesada, Turrialba, Limón, Guápiles, Gran Puntarenas y Liberia. Y también en los centros urbanos más pequeños la situación es muy similar.
Solo en la GAM, para el año 2008, identificamos más de 1.000 zonas críticas de construcciones en condiciones de alto y muy alto riesgo. Lugares como La Trinidad de Moravia, la urbanización Valladolid en Desamparados y la misma Quebrada Lajas de Escazú, donde un deslizamiento y el desarrollo de un flujo provocó la muerte de 24 personas incluyendo a cuatro niños.
Algo que pudo haberse evitado si los intereses económicos no fueran la única prioridad de la planificación urbana.
Condición de riesgo: la situación de peligro ante desastres de las construcciones en la GAM se ha agravado aún más en la última década. Ya para el 2008 nuestros estudios señalaban que cerca del 25 – 30 % de todas las edificaciones se encontraban en esas condiciones de alto y muy alto riesgo. Algo que ha subido en al menos un 10 % más en últimos 14 años.
Las construcciones se han seguido desarrollando en sitios no aptos. Con la enorme gravedad de hacer que las personas adquieran costosas y eternas (y heredables) hipotecas para adquirir una casa cuya seguridad es muy dudosa y que, en el caso de un evento de desastre que la afecte, haciéndola inhabitable, tendrán que seguir pagando a los bancos.
Bancos que ya le han cancelado a los inmobiliarios y los constructores quienes no se considerarán, salvo en raras excepciones, responsables de los daños y las consecuencias de esos desastres. Una clara muestra de los verdaderos intereses de esos sectores.
Interés económico predominante: intereses que ahora, nuevamente, van a hacer retroceder al país más de 25 años, restaurando por completo la planificación urbana de alto interés económico y enterrando el avance que había dado el país en materia de ordenamiento ambiental del territorio.
A tal grado de extremo cinismo ha llegado la posición de quienes defienden esos retrógrados intereses económicos de los sectores inmobiliarios y de construcción que lograron engañar a los magistrados de la Sala Constitucional. Les dijeron la mentira de que no había planes reguladores debido a la existencia de la metodología para introducir de la variable ambiental en los planes reguladores, vigente desde el 2006.
Algo absolutamente falso, pues mientras que la SETENA otorgó más de 45 viabilidades ambientales desde el 2006 a sendos planes de ordenamiento territorial, el INVU solo logró aprobar 7 planes reguladores, cuatro de ellos generados por el PRUGAM para los cantones de Paraíso, Oreamuno, El Guarco y Cartago. La evidencia es contundente.
Desde que se publicó el Decreto Ejecutivo 32967 – MINAE y, especialmente, desde que se otorgó la viabilidad ambiental al PRUGAM, hemos dado una desigual lucha contra esos intereses económicos por mantener en vigencia el Ordenamiento Ambiental y la Planificación Territorial. Sin embargo, ahora parece que los sectores inmobiliarios y de construcción han ganado.
Un nuevo decreto ejecutivo será publicado para instaurar una metodología que sustituya la de los índices de Fragilidad Ambiental (IFA). Y aunque, en dicha metodología, se hable del tema ambiental y del Cambio Climático, la verdad es que se está restaurando, nuevamente, la simple planificación urbana para satisfacer los intereses de los inmobiliarios y los constructores. A este respecto llama mucho la atención el papel que ha jugado el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y no así, del Ministerio de Ambiente y Energía. Algo que nos debería llamar la atención de por dónde va el interés con esta metodología sustitutiva.
Tutela constitucional de protección del ambiente: la metodología sustitutiva es tan permisiva que, si los cráteres de los volcanes no fueran parques nacionales, posiblemente serían urbanizados.
La situación señalada deja en un lugar muy incómodo a los gobiernos locales y sus comunidades, sobre todo aquellos que tienen mayor conciencia por la protección del ambiente y los recursos naturales. Ahora, como sustituto de los reglamentos urbanos del INVU y que siguen la línea del “desarrollo urbano” a mansalva, tendrán planes reguladores al gusto de los intereses de los sectores inmobiliarios y de la construcción. Es decir, prácticamente se quedan sin alternativa, salvo que, por autonomía municipal, fijen sus propios lineamientos según lo permite la Ley de Planificación Urbana.
Los planes reguladores serán prácticamente impuestos, según una metodología de integración de la variable ambiental que, a todas luces, desprotege el ambiente y favorece un desarrollo urbano basado en la especulación inmobiliaria y el desarrollo indiscriminado de construcciones donde “exista más plusvalía” y, no necesariamente, menor fragilidad ambiental.
Sobre este asunto, el autor escribió, en noviembre del 2021, a todas las municipalidades del país para llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo y explicando la gravedad que implica el cambiar la metodología de integración de la variable ambiental en los planes reguladores. Al respecto, es de gran importancia que los ciudadanos y sus gobiernos locales reflexionen sobre el futuro de su cantón o distrito y equiparen el derecho de la naturaleza al de las comunidades. No hacerlo representa sacrificar el futuro de su hogar común.
Decepcionante paradoja: llama poderosamente la atención que una administración de gobierno que se ha ufanado de ser protectora del ambiente venga ahora, precisamente, al final de su gestión ha lograr una acción tan decepcionante y desafortunada. Algo por lo cual será recordada para siempre, incluso por las generaciones futuras.
Y resulta paradójica en la medida de que, como hemos señalado insistentemente, la forma de salvar y ayudar a la vida de la Ecosfera terrestre y a luchar, de forma seria, contra el Cambio Climático, es el Ordenamiento y la Planificación Ambiental del Territorio. Sin este proceso, debidamente bien realizado, no se va a lograr ralentizar o revertir el desastre que se aproxima.
Oportunidad de modernización total: pese a eso, y en medio del desastre, se abre una oportunidad de cambiar ese grosero error y cambiar todo el sistema imperante, para, no solo, reestablecer el Ordenamiento y la Planificación Ambiental del Territorio de forma correcta, sino, también, para agilizar e impulsar el desarrollo socioeconómico sustentable de nuestro país. Se trata de un tema de gran visión y de inteligencia, características que, desafortunadamente, las autoridades que pronto se van, parecen tener una seria limitación.