Nueva ley del recurso hídrico es un innecesario monstruo de agua

Posiblemente pocos sepan que en la Asamblea Legislativa se está tramitando un proyecto de ley, con el número de expediente 20212, conocido como Ley para la gestión integrada del recurso hídrico (abreviada aquí, como “nueva ley de aguas”. Este proyecto de ley de encuentra en un estado avanzado de trámite y está pronto de ingresar al plenario para su aprobación en primer debate. Algo que, definitivamente, no debería suceder por varias y muy importantes razones que deseamos explicar aquí.

En primer lugar, hace algunos meses, por este mismo medio de comunicación y de su sección de opinión, señalé las grandes limitaciones técnicas que tenía el proyecto (ver: www.allan-astorga.com). En esa ocasión señale la enorme importancia que tenía el introducir algunos importantes ajustes a la ley en materia de la gestión de las aguas subterráneas. Paradójicamente, las aguas subterráneas son el recurso natural más importante que tiene el país y, sin embargo, la nueva ley de aguas la subordina en un segundo lugar, con lo cual se comete un primer gran error estratégico en lo referente al fondo del proyecto.

Al momento en que publiqué el artículo señalé, con ánimo proactivo, las correcciones básicas que era necesario introducir para lograr equilibrar el proyecto de ley y convertirlo en una ley moderna, del siglo XXI. Incluso, como siempre hago, ofrecí mi colaboración para mejorar el proyecto ley. No obtuve ninguna respuesta al respecto.

No obstante, he seguido revisando el proyecto de la nueva ley de aguas a la luz de otro tema que resulta altamente preocupante, la denominada Dirección Nacional de Aguas (DINA), que se crea en el Ley y que quedaría adscrita al MINAE como ente rector en materia de aguas, tanto superficiales como subterráneas. Y es precisamente en este punto en que he descubierto que la Asamblea Legislativa esta a punto de cometer un muy serio daño al país.

Monstruo del agua: a como está organizado y redactado el proyecto de nueva ley de recursos hídricos, la DINA se convertirá en un enorme, aparatoso y sumamente costoso Monstruo del Agua, algo de lo que todos nos arrepentiremos muy pronto cuando empiece a extender sus enormes tentáculos por todo el país.

Por las funciones y atribuciones que la nueva ley de la da a la actual Dirección de Agua del MINAE, la DINA se convertirá una superestructura burocrática, con sede en San José y varias oficinas regionales, similar al SINAC, pero mucho más grande. No dudamos que estará llena de funcionarios administrativos y técnicos, cuya misión será gestionar el agua del país. Con más funciones y atribuciones que RECOPE o el mismo SINAC, no dudamos que en pocos años la DINA tendrá miles de empleados cuyos salarios y beneficios tendremos que pagarlos todos los costarricenses, ya sea por los impuestos comunes o bien los cánones al uso del agua o por los vertidos. Estamos seguros que será una creatura verdaderamente enorme y lo más importante, absolutamente innecesaria.

Los antecedentes del monstruo del agua: el adagio popular señala que “por la víspera se saca el día”. Pues así sucede con la Dirección de Agua del MINAE. Si analizamos todo lo actuado por esta entidad, en materia de “protección” del agua, no damos cuenta que tiene unos antecedentes verdaderamente preocupantes que merecerían una profunda revisión por parte de la Contraloría General de la República y la misma Defensoría de los Habitantes. Veamos algunos botones de muestra.

Edificio de la corte en Ciudad Quesada: el que iba a ser el nuevo edificio de la Corte de Justicia de Ciudad Quesada, que no ha sido ocupado, después de varios años de haber sido construido, gracias a la participación de la DA del MINAE, casi fue ordenado que se demoliera, por el simple hecho de que durante la construcción del mismo se interceptó un brote de agua (localizado aguas arriba del edificio) subsuperficial y que la DA definió como una naciente permanente, en medio de Ciudad Quesada y le estableció un radio de protección de 100 metros.

Cuando se presentaron los estudios técnicos para demostrar que se trataba de flujo de agua subsuperficial, la DA hizo la inspección y concluyó que más bien había otra salida de agua con otro radio de protección de 100 metros en el mismo centro de Ciudad Quesada. Para los que conocen Ciudad Quesada saben que, por su condición topográfica y geológica, al localizarse al pie de monte del Volcán Platanar y su enorme área de recarga acuífera, las salidas de agua subsuperficial en la Ciudad son comunes y frecuentes. No obstante, con el pensamiento de la Dirección de Agua, todo lo que esté dentro de los radios de protección debería ser demolido, pues según ellos y una vetusta e incongruente interpretación de la Procuraduría General de la República, dentro de los radios de protección no debe haber construcciones ni ninguna otra actividad humana, como la agricultura o la ganadería.

Como se puede ver, la DA, con una rectoría que en la actualidad no está en la ley, ya empieza a generar grandes problemas con su criterio de los inamovibles radios de protección. No queremos imaginarnos cuando tenga miles de funcionarios haciendo lo mismo, y en consideración de una ley que la crea como un superministerio dentro del mismo MINAE. El monstruo va a tener garras, colmillos y tentáculos mucho más grandes.

Finca en Poás: este caso es diferente, pero deja ver lo grave que significa realizar una inadecuada gestión de los recursos hídricos. Se trata de un propietario privado de una finca de 3,3 hectáreas (33 mil m2) que solicita el uso del suelo a la Municipalidad de Poás para construir una casa dentro del terreno, según la normativa urbana vigente. La Municipalidad le responde que no es posible, pues casi el 100 % de la finca cae dentro de los radios de protección de varios manantiales captados y no captados localizados por la Dirección de Agua en su base de datos.

Al revisar la situación y aplicar las denominadas áreas de captura inmediata que consiste en definir los llamados tubos de flujo de los manantiales, nos damos cuenta que cerca del 85 % de la finca (28 mil m2) pueden quedar liberados y pueden usarse en desarrollo urbano o bien actividades agrícolas y ganaderas, sin que impliquen, en ningún momento, potencial de afectación de las fuentes de agua.

La estimación de esas áreas de captura inmediata, que ha sido avalada por la Sala Constitucional, se realiza por metodologías científicas, hidrogeológicas que tienen más de 40 años de aplicarse a nivel internacional. Sin embargo, resulta que la DA no acepta que se reduzcan los radios de protección, a pesar de eso, y, por tanto, para la DA, los radios de protección es lo único que existe.

Como se ve, ese accionar confiscatorio de la DA resulta hasta inconstitucional pues parece violatorio del artículo 45 de la constitución, ya que, aunque el propietario puede ser dueño de la finca, el Estado no está obligado a indemnizarle el que no pueda hacer nada en ella, ni siquiera una pequeña casa.

Cuando revisamos con cuidado lo que dice la nueva ley de aguas nos llevamos la infortunada sorpresa de que, en caso de que se aprobara, estaría consolidando ese errático accionar de la DA del MINAE, con lo cual, estaríamos a las puertas de un verdadero desastre, pues no debemos olvidar que Costa Rica es muy rico en aguas subterráneas y que, casi en todo lado, hay nacientes, manantiales y peor aún, brotes de agua subsuperficial que para la DA también son nacientes.

Soluciones a la mano: al revisar la legislación vigente en materia de aguas subterráneas, acuíferos y manantiales, descubrimos que la solución a toda esta problemática ya existe. Resulta sumamente barata y se apoya en una importante base científica. Y, sobre todo, no se tiene que consolidar una legislación equivocada como hasta ahora se ha hecho ni tampoco crear un enorme, costoso e innecesario monstruo del agua como la DINA.

La Ley del Colegio de Geólogos de Costa Rica establece claramente desde principios de la década de los años 70 que los geólogos son los profesionales que deben gestionar los acuíferos y las aguas subterráneas. Algo que resulta absolutamente lógico pues para hacerlo se requiere conocer las formaciones geológicas donde se albergan los acuíferos. Dicha ley señala además que un estudio público o privado realizado por un geólogo, deber ser revisado y avalado por otro geólogo. Esto al amparo de la ley y el reglamento del Colegio de Geólogos, como del Código de Ética que norma esa profesión.

El profesional en geología que revisa y dado el caso, avala el informe de otro geólogo, no debe, necesariamente, laborar para una institución del Estado, solo se ocupa que esté habilitado por el CGCR para revisar el estudio y que asuma la responsabilidad de esa tarea.

Siendo así, las Municipalidades y gobiernos locales del país, no necesitan de una superdirección de agua. Lo que ocupan es cumplir la normativa señalada que norma el accionar de los geólogos y un detallado y bien redactado Reglamento de Uso, Manejo y Protección de las Aguas Subterráneas en Costa Rica. Reglamento que es posible realizar sin una nueva ley de aguas, dado que con la legislación existente (Ley de aguas de 1942, ley de aguas, ley de salud, ley de planificación urbana y ley forestal, principalmente), es posible lograrlo.

Las municipalidades pueden perfectamente asumir el rol de autoridades en materia de aguas superficiales y subterráneas por una simple razón y es que, la gestión del agua afecta directamente el uso del suelo que es precisamente lo que las municipalidades administran por un mandato constitucional y con autonomía.

Como se ve, no existe necesidad de crear un monstruo del agua que saldrá muy caro, no solo económicamente para el país, sin para el progreso del país a todo nivel, urbano, industrial, agrícola, agropecuario y demás.

Los recursos hídricos se pueden gestionar y proteger sin necesidad de crear más burocracia pesada y cara. Es hora que aprovechemos al máximo los instrumentos que ya tenemos y ordenemos el tema de la Gobernanza del Agua.

En resumen, si una nueva ley de recursos hídricos, lejos de resolver los problemas que ya tenemos en materia de agua, los va a complicar, lo mejor sería no promulgarla y que el Poder Ejecutivo norme verdaderas reglas de uso, manejo y protección de las aguas subterráneas apoyado en la gestión de las municipalidades y la legislación ya señalada. Resulta más claro y estamos seguros, protegerá mejor este valioso recurso que tiene nuestro país.

PhD. Allan Astorga Gättgens
Doctor en Ciencias Naturales

La crisis por la pandemia: a grandes males, grandes remedios

Para todos casi todos, es claro que el manejo de la Pandemia por Sars – Cov2 en nuestro país se ha traducido en una grave crisis socioeconómica, de educación y salud metal. En unos meses, en medio de la alarma de salud, los gastos del Estado se incrementaron significativamente para atender la emergencia, mientras que el desempleo alcanzó cifras récord, así como el trabajo en la informalidad que ya, de por sí, era inadecuadamente alto antes de la crisis.

Como señalamos en uno de mis últimos artículos de opinión (ver:www.allan-astorga.com) la población laboral del país se dividió básicamente en dos grandes grupos: a) los sin salario, ni pensión, ni ingresos fijos, es decir los “Trabajadores Sin Ingreso Fijo”, que llamaremos los “TraSIF”; y los b) los con salarios del Estado, o de empresas privadas que han logrado salir adelante en medio de la crisis y, claro está, los pensionados, es decir las “Personas Con Ingreso Fijo” a los que llamaremos los “PerCIF”.

TraSIF: es claro que las personas de este grupo se incrementaron de forma muy acelerada durante la crisis, en particular el sector turismo que es la principal industria verde del país y su primera fuente de ingresos. En este momento los TraSIF representan un porcentaje muy alto de la población laboral del país y, básicamente, somos, pues formo parte de ese grupo desde que renuncié a la UCR en agosto de 2019; quienes hemos tenido que soportar el mayor embate de la crisis. La afectación por las crisis nos ha obligado a “sobrevivir” sin dejar de ayudar a otros en situaciones de mayor sobrevivencia. Aunque se han dictado algunas medidas para ayudar a paliar la crisis, este sector, definitivamente ha sido el más golpeado y el que mas ha sufrido las consecuencias. Paradójicamente, como hemos dicho, son los que menos (o ninguna) representación tienen al momento de tomar decisiones sobre la atención de la crisis, incluso al momento de crear un “dialogo nacional”, no son tomados en cuenta, pues no están representados por organizaciones, más, sin embargo, no significa que no existan.

PerCIF: por su parte, son un grupo bastante privilegiado, dado que a pesar de la crisis continuó recibiendo sus ingresos fijos mensuales, representados por salarios y pensiones. Como señalamos hay PerCIF del sector público que no solo vienen del gobierno central, sino de alrededor de las 390 instituciones públicas que tiene el país como parte del gobierno centralizado y dejando al lado los gobiernos locales. Conozco muy bien lo que es ser un PerCIF, pues trabajé varias décadas, en el ICE, RECOPE, SETENA y la UCR, por lo que sé muy bien lo que significa ser un trabajador privilegiado que recibe un ingreso mensual fijo que se incrementa anualmente por una serie de beneficios adicionales que se obtienen.

Crisis económica: prefiero llamarle así que “fiscal”, porque este último adjetivo da la impresión de que es un problema económico del Estado, respecto a sus ingresos y sus gastos, cuando en realidad es de la gran mayoría de toda su población y en particular de los TraSIF que están, apenas, sobreviviendo ante esta lamentable situación que no termina.

Cuando nos preguntamos, como se ha estado manejando esta crisis de la Pandemia y económica y quiénes son los que han tomado decisiones estratégicas y quiénes están pagando “los platos rotos” de esas decisiones, nos damos cuenta que la diferencia arriba señalada se vuelve más palpable. Resulta que todas las decisiones han sido tomadas por los PerCIF y quienes pagan las consecuencias son los TraSIF. Incluso ahora que se plantean soluciones a la crisis fiscal, resulta que la gran mayoría de las soluciones que se plantean es que sean los TraSIF lo que terminen pagando, de alguna forma, gran parte de los costos económicos que se requieren para aminorar la crisis económica actual y futura.

Y aquí viene el punto, pues la pregunta es lógica: ¿y que sacrificio están dispuestos a hacer los PerCIF para solventar la crisis económica más grande que hayamos enfrentado como país? La lógica dicta que este debería ser la premisa fundamental para empezar a construir una verdadera y sólida solución a los problemas de nuestro país.

Cuestionamientos lógicos: y claro está, empieza a caer una lluvia de preguntas muy serias: ¿se requieren tantas instituciones con tanto personal?, ¿se requieren tantos empleados públicos?, ¿se requieren tanto privilegios?, ¿se requiere tanta burocracia?, un estudio de la Universidad de Oxford señala que el 50 % de los empleos realizados por humanos será sustituido (en la década 2020 – 2030) por un sistema de automatizado y, dado que la Pandemia ha acelerado esa tendencia: ¿por qué en nuestro país no estamos hablando de eso como parte a la solución de la crisis fiscal? En resumen: ¿porqué, en medio de un gran mal como el que nos agobia, no empezamos a hablar de grandes soluciones, como una significativa reducción del Estado y sus instituciones?

Existen muchos datos e indicadores que podrían reforzar esto, si se pudiera conversar de forma transparente y abierta, sin temor a represalias de los TraSIF, incluyendo las organizaciones que los representan. Pero cuando los gastos en educación señalan que aparentemente, el Estado gasta más en un estudiante de escuela o colegio público en promedio anual que lo que gasta una familia en un estudiante en escuela o colegio privado, queda claro que estamos ante una situación de umbral crítico que señala que es momento de generar grandes y profundos remedios.

Se requiere tanto personal en RECOPE o con un sistema automatizado se podría reducir a solo un 10 por ciento del total. Requiere tanto personal el ICE para dar servicio de electricidad y telefonía o con un sistema automatizado se puede adelgazar notablemente. Y así como podemos seguir dando muchos ejemplos, grandes y pequeños: la misma CCSS requiere tano personal administrativo, el INS, o en el gobierno central: el MEP, el SINAC, la Dirección de Aguas, la SETENA y muchos, muchos ejemplos más. Lo que sabemos es que, en materia de procesos de trámites y permisos, un sistema de automatización de datos con “machine learning” podría reducir a la mitad o menos el personal necesario.

Tratar de superar la crisis económica acelerada por la Pandemia en 10 meses y que volvamos a la “normalidad” con solo el sacrificio de los TraSIF y dejando a los PerCIF intactos y con sus privilegios, no es justo, correcto y sobretodo, es imposible, dado que no hay sustentabilidad real en eso. Se requiere una profunda reforma que lleve a una muy drástica reducción del gasto para solventar la enorme crisis en que nos sumergieron los PerCIF con sus muchas desacertadas e inconsultas decisiones.

Para mí, como ex Catedrático de la UCR ha sido decepcionante y aleccionador el ver como entidades que deberían ser objetivas y altamente críticas como la Academia incluyendo entidades como el Estado de la Nación, asumen posiciones complacientes, incluso usando datos de la ciencia, para dar el respaldo a esas desacertadas decisiones. Es una de las únicas cosas positivas que ha dejado esta extraña crisis pandémica, que se ha podido diferenciar, por sus intereses “la brizna del trigo”.

Camino a seguir: el viejo refrán de nuestros abuelos de que “a grandes males, grandes remedios” se hace, hoy más que nunca necesario. No asumir esa responsabilidad histórica podría acarrear muy serias consecuencias sociales para el país.

La solución aquí planteada, como un eje estratégico para empezar a salir de la crisis, complementado con un verdadero impulso al desarrollo socioeconómico acelerado y sostenible del país, son indispensables. Al respecto, le hemos hecho numerosas propuestas al gobierno (HAGA CLIC AQUÍ). Y no me refiero a soluciones ilusas y fatuas como explotar o “empeñar” el oro de Crucitas, o la riqueza minera metálica de existencia NO probada del resto del país, o la existencia no probada de una dizque riqueza petrolera. Nos referimos a un impulso al desarrollo económico del país, basado en una debida y correcta planificación estratégica de sus recursos y de su manejo sustentable: bosques, biodiversidad, suelos, agua subterránea, mares, entre otras.

Debemos y tenemos que ser creativos para desarrollar empleos que si se necesiten para impulsar el desarrollo sustentable y acelerado de nuestro país. Este es el momento de generar el cambio, pues todavía se pueden reducir al máximo los efectos colaterales.

Dejarse llevar por el ritmo electoral y cálculos político – electoreros no sería correcto y lo único que hará será alargar y agravar la crisis para el país y para quien asuma el poder en poco menos de dos años. No tiene sentido esperar, pues los grandes remedios ante los grandes males, nunca deben esperar.

Pandemia por Sars-cov 2: observaciones lógicas

Aclaro que no soy médico, sin embargo, soy científico y, por tanto, tengo la experiencia de aplicar el método científico y, por ello he querido presentar algunas observaciones lógicas al tema de la Pandemia por el Sars – Cov 2 que nos ha afectado, prácticamente, durante todo los más de 10 meses que llevamos del año 2020. También, deseo recalcar que toda vida es importante y valiosa y, claro está, todo deceso es lamentable, en particular, para sus familiares.

Pandemia: llama mucho la atención que, aparentemente, en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificó la definición de Pandemia. Le eliminó el concepto de una mortalidad significativamente alta y la dejó centrada en una enfermedad de rápida transmisión en varios países.

Al suprimirse ese concepto, se eliminó el elemento que conducía a definir la Pandemia sobre una base numérica y no solo por el hecho de que tuviera una rápida propagación. Y sobre este dato de los números, vale la pena ver algunos que se presentan en la página de “Worldometer” que lleva al pulso de los principales indicadores del mundo.

Números del mundo: para el momento en que redacto este escrito (23.10.2020: 6:58 pm), la población mundial es de 7,820,577,665 personas, es decir, más de 7,820 millones. Los nacimientos durante este año alcanzan la cifra de 113,909,050 (más de 113 millones).

Las muertes totales suman 47,821,793 (más de 47 millones) durante este año 2020. La cantidad de muertes por infecciones (sin considerar la Covid – 19) alcanza 10,554,715 (más de 10,5 millones). Las muertes de niños menores de cinco años son de 6,180,000 (más de 6 millones). Los abortos superan los 34 millones (34,604,579) solo durante este año. Las muertes durante este año, producidas por infecciones de HIV/SIDA alcanza 1,366,785 (más de 1,3 millones). Otros datos del 2020: muertes causadas por fumado: 4,064,459; muertes causadas por consumo de alcohol: 2,033,513; suicidios: 871,873 y muertes por accidentes de tránsito: 1,097,535.

Coronavirus: para el mismo momento de los datos previos y de la misma fuente, la cantidad de casos por Sars-cov 2 en el mundo, durante este año, es de 42,461,687. El total de decesos es de 1,148,694 y la cantidad de recuperados es de 31,417,538, existiendo un total de 9,896,816 casos activos.

Si se asocian los datos globales del Coronavirus con respecto a los datos de población mundial, se encuentran datos interesantes. En lo que respecta a la población mundial, el porcentaje de personas infectadas es de 0,005 % en aproximadamente 10 meses de propagación del virus en casi todos los países. Por su parte, la cantidad de decesos, respecto a la población mundial es de 0,0001 %, mientras que el total de muertes, respecto al registro de personas infectadas es de 0,027 %, es decir que de cada 350 personas que se contagian del Covid -19, muere una persona, aproximadamente.

Ante este dato, y las consecuencias en la salud mental de la población de muchos países y en la mayoría de las economías de los países, en particular los menos desarrollados, cabe hacerse el cuestionamiento científico si las medidas establecidas han sido correctamente proporcionales, en particular si se comparan con los decesos que se producen por otras causas en todo el mundo.

Un elemento que podría servir para construir una respuesta a esa interrogante es la observación de la curva acumulativa del crecimiento de infectados y decesos por Covid – 19. Los datos de la fuente citada muestran que el crecimiento es lineal desde principios del mes de abril, por lo que su crecimiento no ha sido exponencial, algo que pareciera que debería ser el principal criterio para definir la Pandemia.

Grado de certidumbre: como es conocido, existen algunos elementos adicionales que hacen concluir que el grado de certidumbre de los datos aquí analizados son relativamente bajos. Uno de esos elementos tiene que ver con el hecho de que no se conoce con precisión el total de casos de personas que han sido infectados por el Covid 19. Esto, por cuanto los datos de contagios parten, principalmente, de los resultados de los positivos de las pruebas realizadas. Los estudios efectuados en países como España, dan indicios de que la cantidad total de personas infectadas puede ser hasta 5 veces más que el dato de personas infectadas con pruebas positivas, con lo cual el porcentaje de decesos puede ser mucho menor que el indicado (podría ser hasta un deceso por cada 1,000 o 1,500 contagiados).

Otro elemento de incertidumbre tiene que ver con el hecho de que los decesos atribuidos al Covid-19 no serían corroborados al 100 % por medio de una autopsia u otros mecanismos de verificación. La carencia de este dato, de forma precisa, hace que exista la duda de si el total de decesos corresponde a este Coronavirus o es más bien menor.

Casos por países: el análisis individual de los diferentes países deja ver notables diferencias entre ellos. Si se utiliza como el indicador comparativo de porcentaje de decesos respecto al número de afectados, para 12 países de muestra se tienen los siguientes datos: República Dominicana: 0,018; Guatemala: 0,035; Costa Rica: 0,012; Panamá: 0,021; USA: 0,026; India: 0,015; España: 0,037; Italia: 0,076; Alemania: 0,024; Uruguay: 0,019 y Taiwán: 0,013. Como indicamos para el mundo entero es de 0,029. Es importante recalcar que las tendencias de porcentajes de decesos respecto a la cantidad de infectados muestran con el tiempo, una tendencia a disminuir.

La diferencia entre los diferentes países parece estar relacionada con un triada vinculada a los siguientes factores: a) E/Rp: Educación y Responsabilidad de la Población, b) Cr-SS: Capacidad de respuesta de los sistemas de salud y, c) R/Vp: Resiliencia y vulnerabilidad de la población.

La forma en cada país ha manejado esta triada ha determinado no solo los resultados del número de infectados y de decesos, sino también los efectos económicos que ha tenido en el país y en su población. Así, los países que apostaron por la Educación y la Responsabilidad de la Población, como Uruguay y Taiwán, no tuvieron efectos severos en la economía y han tenido resultados muy positivos respecto los indicadores clave. Por su parte, países que apostaron por un confinamiento severo de la población, como España e Italia no han tenido resultados tan positivos como lo que apostaron por la Educación y la Responsabilidad de Población. Aclaro que es una observación general y que abre una gran gama de temas que discutir. No obstante, no deja de llamar la atención hacer dicha observación después de 10 meses de toda esta situación.

Enseñanzas: después de 10 meses y a fin de estar más preparados para el futuro, da la impresión que se hace necesario definir con mayor precisión el concepto de Pandemia. Por otro lado, es claro que el trabajo con la Educación y la Responsabilidad de la Población resulta un elemento muy importante en el tema de que los efectos económicos y otras consecuencias directas e indirectas no sean tan severas. Otra enseñanza importante es que las medidas más efectivas, como el uso de las mascarillas y el desarrollo de actividades en espacios abiertos o bien ventilados parece ser la clave para controlar el contagio. Medidas que en algunos países se tomaron muchos meses después de que se recomendaron, particularmente por China, donde aparecieron los primeros casos.

La forma en que las autoridades de gobierno de muchos países y la gran mayoría de los medios de comunicación han atendido el tema ha carecido de un orden sistemático. Prácticamente se ha actuado como en una situación de pánico y terror, lo cual es lo menos recomendable. Hemos sido testigos de muchas contradicciones e incluso medidas que no tienen mucha lógica, como, por ejemplo, en Costa Rica donde se ha permitido que se abran los bares y casinos, mientras que los parques públicos siguen cerrados.

Existe mucho que revisar sobre todo lo actuado para evitar que una situación similar se repita en el futuro. Por ahora, la gran enseñanza que, en muchos casos, de forma muy dolorosa, se ha aprendido es que este tipo de situación puede ser maneja usando como eje estratégico la educación y la responsabilidad de la población. Es el principal fundamento para poder convivir y gestionar cualquier tipo de riesgo. Una enseñanza que jamás deberíamos olvidar.

Publicación Original: Noviembre 1, 2020 4:32 am

No a la pesca de arrastre del camarón y alternativas de desarrollo para las zonas costeras

Ante el debate que se ha abierto la reciente aprobación de la ley que reactiva la pesca de arrastre del camarón en Costa Rica y la expectativa que existe sobre si el señor presidente refrendará o no dicha ley, se hace necesario presentar diversos argumentos que ayuden a que se tome la decisión más acertada posible por el bien del país y de su población.

No sustentabilidad ambiental de la pesca a arrastre: aunque algunos científicos (biólogos) han levantado su vos para señalar que con nuevas técnicas (como la red doble A) y otras medidas, si es posible reducir el porcentaje de la fauna de acompañamiento (peces, tortugas, delfines y otras muchas especies) que es literalmente masacrada durante el arrastre y que con eso se le da sustentabilidad ambiental a dicha actividad altamente depredadora de los fondos marinos, la verdad es no hay manera de que sea sostenible.

El principal argumento es que se puede lograr reducir el porcentaje de la fauna de acompañamiento de un 60 % a aproximadamente un 30 % o cuando mucho un 40 %. En ciencia esos porcentajes siguen siendo todavía muy altos y realmente significativos. No se puede negar que, definitivamente, la pesca de arrastre genera un impacto ambiental negativo muy significativo.

Pero el asunto no se queda allí. Resulta que durante a la actividad se produce una nube de sedimento del fondo marino (nube nefeloide) que produce un grave daño al plancton y, además, hay un efecto ambiental acumulativo de la pesca de arrastre que afecta amplias áreas del piso marino de nuestra plataforma continental. Piso marino que tardaría de 2 o 3 años en empezar a restaurarse a su condición natural. Desde cualquier punto de vista que lo veamos la pesca de arrastre no es sostenible y por eso, nuestra recomendación al señor presidente es que no refrende la ley y abra el espacio para implementar mejores y más sostenibles soluciones al problema social que significaría dicho veto.

Contexto planetario: en los últimos 40 años la humanidad ha extinguido cerca del 60 % de todas las especies vivientes en el planeta, tanto en tierra como en el mar. Hemos destruido casi dos tercios de las tierras fértiles y de los bosques. Estamos bajo alerta mundial de la ONU desde hace dos años y en cuenta regresiva, no solo en la lucha contra el Cambio Climático, sino para ralentizar el punto de no retorno con el que se iniciaría la extensión misma de la humanidad, cuando por sobrepoblación, nuestro mismo planeta Tierra, y en particular, su Ecosfera terrestre, no nos pueda seguir alimentado como lo ha hecho hasta ahora. Nos encontramos con un futuro bastante incierto que nos obliga a tomar medidas muy serias para corregir los errores cometidos y hacer enormes e ingentes esfuerzos por garantizar la supervivencia de la humanidad.

Ante esto, un país conocido mundialmente como un baluarte en la protección de la naturaleza y el ambiente, que es ejemplo reconocido por la recuperación de sus bosques durante los últimos 40 años y por su riqueza en biodiversidad marina y terrestre que venga ahora a promover una actividad altamente depredadora como la pesca de arrastre, es absolutamente contradictorio. Estamos seguros que esa nefasta decisión tendrá serias repercusiones en el respeto y posición internacional de nuestro país. Algo que hoy más que nunca, no deberíamos poner en riesgo.

Rápidas soluciones alternativas: existen y muchas. Lo único que se ocupa es que tomadores de decisiones, tanto en el Poder Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa se enteren de la información técnica disponible que tenemos sobre nuestra potencial y desarrollemos soluciones concretas y rápidas para crear y desarrollar sectores productivos ambientalmente sustentables.

En el tema de la producción del camarón, es perfectamente posible promover una legislación que para que la misma se pueda desarrollar en zonas de antiguas salinas dentro de zonas de manglar que ya han sido impactadas desde hace décadas. Los estudios coordinados por el autor tanto para el Programa de BID Catastro como para el ICT permitieron identificar todas esas áreas y no solo eso, sino también determinar sus condiciones ambientales. Con dicha información técnica sería posible plantear el desarrollo de amplias zonas de cultivo del camarón regulado por una normativa ambiental amparada a normativa ya existente y que permite establecer guías de buenas prácticas ambientales para la ubicación, planificación, construcción y operación de actividades productivas, siendo una de ellas el cultivo del camarón. Solo se ocupa la voluntad política, pues la información técnica ya existe, y también se ocupa que se agilice todo el sistema de trámites, para que estos proyectos se puedan empezar a ejecutar en plazos de meses y no de años, como normalmente ocurre en nuestro país. Al respecto, las autoridades del poder ejecutivo como legislativo pueden contar con todo nuestro apoyo.

Otro elemento de promoción de desarrollo en las zonas costeras tiene que ver con el hecho de que, desde hace 10 años, realizamos los estudios de fragilidad ambiental de una franja de 5 Km del litoral costero desde la frontera con Nicaragua hasta la frontera con Panamá. Además de una franja de 1 Km del litoral marino. Esta información ya se encuentra aprobada por la SETENA. Dada la escala de detalle que tiene, con esa información sería posible promover planes de ordenamiento territorial regionales o cantonales para todos los municipios costeros a fin de promover el desarrollo turístico, comercial, urbano – inmobiliario y hasta industrial para todas esas zonas. Es posible hacerlo en muy poco tiempo (meses) solo se ocupa de la voluntad política de las autoridades. Incluso, la información es tan detallada que me llevó a proponerle hace casi un año a las autoridades (ver www.allan-astorga.com) el desarrollo de un decreto ejecutivo que permita agilizar todos los trámites de permisos ambientales para desarrollos productivos que se localicen en zonas de moderada fragilidad ambiental. Esto al amparo de lo que ha señalado la misma Sala Constitucional.

También, se tiene información de detalle sobre las zonas litorales aptas para el desarrollo de marinas turísticas, y el potencial es muy alto para promover este tipo de actividades en nuestras costas, también con trámites de permisos muy rápidos dado que la información técnica más importante ya se realizó.

Por otro lado, en los acantilados de nuestras costas, particularmente del Pacífico se encuentran grandes maravillas geológicas expuestas como afloramientos rocosos que representan geositios y geotopos de gran interés y potencial geoturístico. Organizar la información para que las comunidades costeras de pescadores usen sus pangas y botes como instrumentos para llevar turistas a conocer esos geositios y geotopos, bajo una correcta normalización de la actividad (seguros), no es complido y solo llevaría pocos meses. Nuevamente solo se ocupa de voluntad política.

Finalmente, es importante mencionar que en nuestros mares tenemos todavía un enorme potencial. Costa Rica tiene una mar patrimonial 10 veces más grande que su territorio continental. Y dentro de esa Zona Marítima Exclusiva que limita con las Galápagos en Ecuador, tenemos un enorme domo térmico que es una Zona de Muy Alta Productividad Biológica Marina. Es una verdadera maravilla de la Ecosfera terrestre, pues allí se produce mucha vida marina. Se trata del segundo sitio en importancia en producción de atún aleta amarilla del planeta.

Esa riqueza marina no la estamos aprovechando, prácticamente la estamos regalando a flotas pesqueras extranjeras que usan sistemas de alta tecnología para llevarse nuestra riqueza. Ante esto, es claro que necesitamos realizar todo un cambio de paradigma, modernizando nuestra legislación encaminada a convertir a Costa Rica en una potencia mundial en la producción de atún de forma ambientalmente sustentable. Es posible y, nuevamente, solo se requiere de visión estratégica y verdadera y valiente voluntad política.

Hora de tomar decisiones estratégicas: la situación económica en que se encuentra el país como producto de todo lo sucedido en los últimos años y en particular, en el 2020, nos debe llevar a hacer un cambio radical en la forma en que tomamos decisiones. No podemos seguir teniendo solo una miope mirada con alcance de cuatro años y periodos electorales. Estamos obligados a tener una visión verdaderamente estratégica y pensar en mediano y largo plazo. Solo así podremos salir del atascadero en que nos encontramos hace tiempo. Hemos ofrecido y recalcamos nuestra total disposición de colaborar con las autoridades. Debemos pensar en el futuro y como Costa Rica se puede convertir en un verdadero ejemplo ante el mundo de como se promueve acelerado desarrollo socioeconómico y a la vez, se protege y recupera la Ecosfera terrestre.

Publicación Original: Octubre 30, 2020 4:28 am

Amplia participación, transparencia e información: las bases de un verdadero dialogo nacional

En medio de esto convulsos y aciagos tiempos “pandémicos” por los que estamos pasando, esos tres requisitos de un proceso de diálogo abierto y amplio, se vuelven indispensables. A ellos podemos sumar, también la prudencia, la flexibilidad y el respeto por todas las partes, algo que también es indispensable para un diálogo.
EAE: los lineamientos señalados no son un invento del autor, están establecidos en el artículo 63 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) vigente desde el año 2004. Se norma así, la evaluación ambiental estratégica para políticas, planes y programas, incluyendo decisiones estratégicas que debe tomar la sociedad.

Sobre este tema he escrito varios artículos durante los últimos 10 años (ver: www.allan-astorga.com) con el ánimo que el Poder Ejecutivo estableciera la reglas para desarrollar la EAE de políticas, planes y programas en el país. Es importante, no confundirlo con la EIA de proyectos, dado que la EAE se concentra en desarrollar las normas que regulan la amplia participación de la sociedad, por medio de representantes, para que discutan los pro y contras de una política (por ejemplo, económica y social) y logren por medio de una metodología estandarizada en muchos países del mundo un producto que represente el criterio más equilibrado de la mayoría.

Se llama EAE por que surgió de la EIA desde hacer varias décadas, pero básicamente es un instrumento normalizado de diálogo social, amplio, transparente e informado que permite derivar recomendaciones para decisiones estratégicas. Dado que es un procedimiento estandarizado en muchos países del mundo, no hay que “inventar el agua tibia” para normalizarlo.
Larga lucha por su normalización: después de varias acciones planteadas a la Sala Constitucional durante el periodo 2010 – 2015 para que le ordenara al Poder Ejecutivo que se normara, fructificó una denuncia del suscrito ante la Contraloría General de la República. Así, en julio del 2017, dicha entidad emite el Informe DFOE – AE – IF – 00008 – 2017, disponiendo lo siguiente: “Al Ministro de Ambiente y Energía en su calidad de rector del sector ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial, o a quien en su lugar ocupe el cargo: 4.4 Elaborar una propuesta de lineamientos que direccione el enfoque, los fines y el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica en el país…” De acuerdo CGR el instrumento debería ser remitido a esta entidad a más tardar el 22 de enero del 2018.

Como respuesta a esto, la administración Solís – Rivera elaboró la Directriz No. 3 – 2018 – MINAE en la que se señalan ciertos lineamientos para la EAE de PPP, algunos de ellos contradictorios con el Reglamento General de EIA antes citado y en la que, además de mostrar una clara ignorancia sobre el tema de la EAE, le da una “especie de patada a la bola”, cuando señala: “Artículo 5.- Del plazo. Para cumplir con el diseño y elaboración del reglamento de evaluación ambiental estratégica para políticas públicas conforme a los lineamientos acá establecidos, se le solicita a la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) presentar al Ministerio de Ambiente y Energía en los próximos seis meses la propuesta de los reglamentos, instrumentos y metodología requerida. Deberán incluir un transitorio que indique (que) el reglamento entrará en vigencia hasta que se consolide la Oficina de Evaluación Ambiental Estratégica dentro de la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA) y se cuente con los recursos materiales y humanos respectivos para su adecuado financiamiento”.

Decimos que hay una gran ignorancia y hasta decidía para normalizar el instrumento, dado que se ignora que ya la SETENA tiene un Departamento de EAE y que, por normativa, le corresponde a esta Secretaría Técnica atender el tema de la EAE de PPP, que dicho sea de paso, consiste simplemente en verificar que la normativa se cumplió. No hace falta crear una oficina y crear más plazas para que atienda algo que la SETENA puede atender. Por lo que se veía, la administración Solís – Rivera no tenía mucho interés en implementar la EAE de PPP, como tampoco parece haber sido el interés de la actual administración, pues hasta ahora no se ha avanzado casi nada sobre la reglamentación.

Importante instrumento de diálogo nacional: el hecho de que esa normativa de EAE no se hubiese formalizado en el país, resulta un grave error por parte del Poder Ejecutivo, particularmente del MINAE y la SETENA. La existencia de ese instrumento de dialogo social para decisiones estratégicas permitiría, en una coyuntura como la actual, establecer un proceso de participación amplio y proporcional que cumpla los objetivos de la EAE aplicado a la Política Fiscal que requiere el país. Esto sin que el “diálogo” se convierta en una “especie de operación embarre” o en un mecanismo de filtro para ciertos sectores como sucedió con el instrumento que propuso el Estado de la Nación.

Una EAE bien desarrollada puede generar producto muy rápido (semanas), sobre todo si se tiene un grupo de apoyo técnico que brinde datos sólidos y concretos que faciliten el proceso de tamizado, selección, análisis de alternativas y valoración comparativa, análisis de consistencia, valoración de consecuencias de corto, mediano y largo plazo, salvaguardas y mecanismos de verificación de cumplimiento por parte de la Sociedad.

Otro elemento importante en la EAE de PPP y decisiones estratégicas es que las autoridades de gobierno son un sector más y no el que controla el proceso. Para ello se busca una entidad facilitadora neutral y objetiva que conozca la aplicación de las fases de la EAE. Esto es vital, para que los productos sean obtenidos por consensos de los diferentes sectores y no como una imposición de algunos de ellos.

Aclaro, generar el reglamento, usando los estándares internacionales sería posible en pocos días, siempre que exista verdadera y transparente voluntad política. Al respecto las autoridades de gobierno pueden contar con nuestro sincero apoyo.

Participación amplia de todos los sectores: las acciones violentas ya no son una solución, todo lo contrario, exacerban ánimos y generan más violencia en una espiral creciente cuya cúspide es ignota y sumamente peligrosa. Igual de nociva resulta el involucramiento de partidos políticos o de políticos cuyos objetivos no parecen ser muy claros cuando hablan de un diálogo y tratan de vetar sectores.

A nuestro criterio, el mecanismo de participación en una EAE, como la que se debería realizar en esta coyuntura en el país y sobre el tema fiscal, debe partir de una clara visión de lo que está pasando a la sociedad. Por eso, aunque creemos que hay muchos polos de opinión, si vemos el asunto en perspectiva, nos podemos dar cuenta (de forma sorpresiva, para muchos), que en realidad solamente hay dos polos que se anteponen.

Ante la crisis económica, social y de salud (incluso mental) en que ha caído nuestra sociedad, debido a la Pandemia por el Covid – 19, resulta que nuestra sociedad se ha dividido, especialmente, la comunidad laboralmente activa.

Por un lado, están los “trabajadores” que se encuentran sin empleo o que tienen un trabajo muy frágil. Incluyo dentro de este grupo la gran cantidad de personas laboralmente activas, pero que están desempleadas que en nuestro país ya supera los 500 mil. Incluyo dentro de este grupo no solo hay todo tipo de trabajadores “asalariados”, sino también todo tipo de empresarios (micro, medio y grandes). Si, incluso los grandes empresarios que sufren por la situación, pues salvo algunas actividades que han prosperado en condiciones de Pandemia, la gran mayoría de los empresarios viven una condición de incertidumbre y preocupación por el futuro inmediato, pues no hay seguridad de que la situación mejore a futuro.
También forman parte de este grupo todos los agricultores, los pescadores, los empresarios turísticos y personas que, numerosamente, se dedican a actividades informales.

Todos los que no recibimos un ingreso fijo, sufrimos de esa incertidumbre y falta de seguridad respecto a nuestro futuro y de los seres que dependen de nosotros. Algo para lo cual se requiere comprensión y tolerancia.

Por otro lado, están las personas que reciben un ingreso fijo, con o sin Pandemia. Me refiero a los empleados del Estado, instituciones autónomas del Estado y de los gobiernos locales. También forman parte de este grupo los pensionados por los diversos regímenes que tiene el Estado. Aunque todas estas personas también tienen preocupación e incertidumbre por la Pandemia, es claro que tienen una situación más privilegiada y de confort respecto al primer grupo.

Así las cosas, resulta justo que, si nuestra sociedad se encuentra dividida entre esos dos grandes grupos, se hace necesario que ambos grupos participen por igual en la búsqueda de alternativas de solución al serio problema económico por la que estamos pasando como sociedad. No resulta justo ni apropiado que solo sea uno de esos grupos, particularmente aquellos que resultan más privilegiados, el que plantea la soluciones a la situación de crisis que está pasando nuestro país. Ambos grupos tienen derecho de opinar y buscar soluciones consistentes por medio de diálogo efectivo y objetivo.

La selección de los representantes de los diferentes sectores de la sociedad no debe tener un límite bajo. Una EAE puede ser desarrollada con más de 30 representantes como en la que el suscrito tuvo el honor de participar en El Salvador donde se realizó la EAE de la minería metálica y en donde se dio una participación amplia con más de 100 representantes de la sociedad salvadoreña.

Poner limites y hacer cálculos para ver que sector tiene mayoría, no es funcional. Lo que se requiere es que todos los sectores tengan vos y voto, incluso aquellos que no parecen tener a nadie que los defienda como los desempleados y los que trabajan en la informalidad, entre otros.

Urge actuar: el hecho de que los diferentes sectores, presionados por la situación económica que tiene y las preocupaciones que los aquejan, se traten de reunir y discutir alternativas, no es negativo. Todo lo contrario, es un proceso de construcción. No obstante, se requiere que el proceso de diálogo se amplíe y sea más inclusivo, pero es clave que no sea protagonizado por las autoridades de gobierno. Debe ser facilitado por un ente externo no involucrado con ninguno de los sectores y que permita desarrollar todas las fases del proceso de EAE de la decisión estratégica hasta llegar a los puntos de consenso necesarios para emitir una recomendación.

El tiempo apremia y es hora de que nuestro país utilice las herramientas técnicas para avanzar y dejar de estar estancados en la falta de decisiones estratégicas, no solo para tratar de resolver la seria situación fiscal, sino para impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Hay mucho por hacer y no debemos perder el tiempo más.

Publicación Original: Octubre 22, 2020 4:32 am