Crucitas: “y sigue Petra con calentura”

Aunque el tema de la mina de oro en Crucitas para la gran mayoría de los costarricenses pareciera ser un recuerdo ya superado o una página a la que ya se le dio la vuelta, resulta que no es así. Desde hace un año está pendiente que la Sala Constitucional le dé trámite a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la empresa minera.

La Sala IV mantiene un extraño silencio y posiblemente nunca en la historia se haya tardado tanto para darle tramite a un recurso, lo cual ya en sí es altamente preocupante. La falta de acuerdo entre los 7 integrantes podría explicar esta preocupante espera que cumplió en estos días más de 1 año.

Otra explicación podría ser que en todo este tiempo no se haya logrado reunir los 4 votos por parte de un sector decidido a reabrir la discusión y que espera cambios en la composición de la Sala IV para este caso.

El tema del magistrado Cruz, desafortunadamente, no parece escapar a esta situación. Su presencia en la Sala IV constituye para algunos, en este como en otros temas, una “piedra en el zapato”. Llama la atención que este mismo magistrado fue recusado por parte de la empresa minera, tal como informaron los medios de prensa.

Los abogados de la parte demandante en el caso Crucitas han señalado por diversos medios, que, desde el punto de vista teórico, las consecuencias de que la Sala IV acoja la acción y le de lugar, serían pocas respecto a la resolución del juicio que se llevó a cabo ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).

No obstante, considerando lo que ha significado para la institucionalidad de nuestro país este proyecto minero, y cuya investigación en la Fiscalía todavía está en proceso (pese a cumplirse el 24 de noviembre 2 años del histórico fallo del TCA), es conveniente que nos mantengamos alertas.

Acoger alguno de los argumentos presentados por la empresa minera daría pie a una confusión legal, que algunos sectores podrían usar nuevamente para denunciar la “inseguridad jurídica”, esta vez con mayores argumentos que las enclenques manifestaciones usadas al darse a conocer el fallo del 24 de noviembre del 2010; pero, sobre todo, provocaría una evidente cacofonía entre jurisdicciones, de gran utilidad de cara a un eventual arbitraje internacional.

Fueron 4 años de luchas legales y confrontación de argumentos respecto al desarrollo o no de la mina de oro en Crucitas, con encuestas indicando que cerca del 90% de la sociedad costarricense está en contra y con el hecho de que en el 2010 se reactivó la moratoria minera y se aprobó una ley que declaró a Costa Rica un país libre de la minería de oro a cielo abierto. No obstante, el silencio de la Sala parece hacer caso omiso de todo ello y mantiene en vilo a un gran sector de la sociedad costarricense.

Para casi todos es conocido que el ambiente social que hay en el país, desafortunadamente, no es el más tranquilo y pacífico. Hay una seria polarización, y en particular, una fuerte desconfianza en las decisiones de las autoridades, que lejos de estar disminuyendo, parece que más bien, se exacerba cada vez más.

Argumentos contundentes. Durante el juicio contencioso se expusieron una importante serie de argumentos ambientales y técnicos con alcance legal que demostraron que durante el proceso permisológico del proyecto minero, se cometieron errores muy importantes.

El grado de detalle técnico, de los argumentos ambientales y legales analizados y discutidos en el marco del juicio contencioso e incluso en la apelación, son mucho mayores que lo que fue posible analizar en el contexto del recurso de amparo realizado ante la Sala IV. Incluso se adicionaron nuevos argumentos que no fueron objeto de análisis por dicha Sala.

El que la Sala Constitucional abra un espacio al tema de la mina, aunque en la práctica no necesariamente represente la posibilidad de una reapertura del trámite de la mina en Crucitas, si podría generar consecuencias muy importantes en el tema de una eventual demanda de la empresa para que le indemnicen, y cuenta para ello con desafortunadas declaraciones del vicepresidente Alfio Piva dadas a conocer el 27 de julio del 2010 en medios de prensa.

Como se ve, lo que está en juego en la Sala Constitucional no es un asunto simple.

Es algo que puede generar serias consecuencias para el país. Todo esto debería ser sopesado cuidadosamente por la Sala Constitucional.

Para el que todavía pueda tener alguna duda sobre el grado de detalle y alcances de lo que se discutió en el juicio de Crucitas, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, puede revisarlo leyendo la sentencia que dictó este tribunal.

Y si todavía no le basta, puede leer los más de mil folios que presentó la empresa como parte de la apelación, así como la Resolución de la Sala Primera que terminó ratificando en todos sus extremos y con voto unánime, todo lo determinado por el Tribunal Contencioso.

Tratar de obviar todo ello y de aventurarse a un malabarismo jurídico podría tener implicaciones muy significativas para el futuro de nuestro país.

El PH Diquís: la carreta delante de los bueyes

El mega-Proyecto Hidroeléctrico Diquis (PHD) es el proyecto de generación hidroeléctrica más grande y ambicioso de Centroamérica. Pretende construir una gran presa en el río Grande de Térraba y un enorme embalse, con el que se podrán generar más de 640 Mw de energía. El proyecto pretende ser desarrollado por el ICE, a un costo que ya supera los $ 2.000 millones. En torno a este PH ha surgido un debate, que poco a poco se está convirtiendo en una problemática. Problemática que tiene que ver con una serie de yerros cometidos a la hora de tomar decisiones estratégicas, y que llevan a concluir que, nuevamente, las autoridades han hecho lo que parece convertirse en la regla en estos últimos años: poner la carreta por delante de los bueyes.

Aclaro al lector que no se está cuestionando aquí al ICE y su exitoso modelo de desarrollo energético impulsado hasta ahora. Pero eso no implica que haya hecho todo bien, y que por eso, no se le puedan señalar errores en el desarrollo de un proyecto como el PHD. En esto, es de esperar que el ICE esté a la altura de la imagen que tiene en la sociedad costarricense, y que, en vez de evadir el debate y los cuestionamientos, se abra a la discusión racional y tenga la apertura para escuchar otras opiniones aunque sean divergentes.

Se dan dos justificaciones principales para el desarrollo del PHD. La primera es que, al contar con un gran embalse, podrá generar energía durante el verano, con lo cual podrá disminuir el quemado de hidrocarburos de la generación térmica. La segunda es que se requiere para suplir las necesidades que tiene el país de energía, en virtud de su crecimiento. Existe, para algunos una tercera, como que permitirá al ICE exportar energía hacia el norte de Centroamérica, en virtud de la existencia de una línea de transmisión transistmica (Siepac) promovida y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que, casualmente, finan- ciaría también el PHD.

Yerros. La lista de errores estratégicos es bastante larga. Señalamos aquí, algunos de los principales. En primer lugar, el PHD obtuvo, vía decreto ejecutivo en el 2008, una Declaratoria de Conveniencia Nacional, sin que se hubiera realizado ningún estudio técnico de costo beneficio ambiental y social. Algo que ya se ha señalado como una ilegalidad, pues se decide dar un impulso político y económico al PHD sin saber, realmente, si el mismo es ambiental y socialmente viable.

Se toma así una decisión política arbitraria, que tiene un efecto técnico muy significativo: la construcción de un embalse en un sistema fluvial en cuya desembocadura se desarrolla el delta más grande del nuestro litoral pacífico, el humedal Térraba Sierpe. Un humedal RAMSAR de 36.000 hectáreas cuya subsistencia depende del aporte equilibrado de sedimento que le da el río, y sin el cual estaría condenado a un rápido deterioro ambiental. ¿Valdrá la pena sacrificar el humedal por el PH Diquís?

Se apuesta a la construcción de un gran embalse cuyo llenado va a depender de que se dé la suficiente precipitación lluviosa en la cuenca. Precipitación cuyo pronóstico es bastante reservado debido a la situación de vulnerabilidad de la zona al cambio climático. Es un factor bastante impredecible, pero esencial para el PHD. Sin lluvia no se podrá llenar el embalse y sin suficiente agua en el embalse, en particular durante la época seca, no se podrá generar suficiente electricidad. ¿Será el PH Diquís sostenible en el tiempo?

Cerca de un tercio del territorio que cubre el embalse se circunscribe en territorios indígenas. Estas poblaciones fueron irrespetadas por el ICE que ingresó a realizar obras y estudios para el PH Diquís en su territorio. Somos posiblemente el único país del mundo en el que un relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas se siente obligado a venir dos veces en menos de un año a recordar a nuestras autoridades que hay una obligación de consulta a estas poblaciones. Como resultado, se le ha solicitado al ICE la realización de una consulta cuyo resultado es de pronóstico reservado. Algunos grupos indígenas reclaman que deben ser socios del proyecto y otros se oponen. Pocos lo favorecen sin exigir nada a cambio. Todavía hace falta que se conozca más el alcance ambiental y social del PH Diquís. ¿Beneficia realmente el PH Diquís a las comunidades indígenas y no indígenas de la zona sur?

El PH Diquís es un megaproyecto estratégico que se plantea como un impulso al desarrollo socioeconómico de la zona sur del país. Zona donde también se plantea un Aeropuerto Internacional en Osa, como se hizo con Guanacaste hace unos años. El Daniel Oduber es sin lugar a dudas muy práctico para los turistas que nos visitan, pero las poblaciones de Guanacaste siguen sumisas en la pobreza y los Índices de Desarrollo Humano lo confirman año tras año.

Tanto para el aeropuerto en Osa como para el PH Diquís, se evidencia la ausencia de una evaluación ambiental estratégica (EAE) que permita a las comunidades de la zona sur discutir, de manera informada, abierta y transparente, las alternativas y las condiciones para ese “desarrollo”.

Nuevamente se impone a las comunidades las “soluciones”, sin que ellas participen efectivamente en las decisiones estratégicas. ¿Cuál es la opinión de las comunidades del sur, respecto al modelo de desarrollo de su región?

Con el P.H Diquís, el ICE ha desbordado sus responsabilidad y se ha asumido un peligroso y contraproducente papel de “juez y parte”. El ICE es diseñador del proyecto, elabora los estudios de línea base ambiental y social, así como el Estudio de Impacto Ambiental, y además, toma parte de la decisión sobre la viabilidad ambiental en la Setena, donde tiene un representante en su Comisión Plenaria, y además será el constructor del proyecto. El ICE “repica y da la misa”, algo que no es conveniente porque hace que se pierda imparcialidad y visión crítica. ¿Es de confiar la visión de los mismos funcionarios del ICE sobre la evaluación ambiental del PH Diquís?

Peligrosa apuesta. Con lo sucedido en el PH Pirrís, los altos costos del PH Reventazón y la arriesgada propuesta del PH Diquís, el ICE está apostando casi todo el futuro energético del país al desarrollo hidroeléctrico. Con ello, está poniendo “todos los huevos en el mismo canasto”, ¡algo que ante el cambio climático puede resultar sumamente peligroso!

La decisión final, sobre el PH Diquís, y sobre el modelo de desarrollo energético del país debe ser tomada por la sociedad en el marco de una evaluación ambiental estratégica y no solo basada en criterios técnicos o económicos, que solo ven una parte limitada de la ecuación a tomar en cuenta.

Seguir por ese camino, haciendo oídos sordos a las numerosas sugerencias de abrir espacio técnico de discusión, podría resultar altamente contraproducente para el ICE y para todos los costarricenses.

Contraloría, INVU y planificación territorial

El informe de la Contraloría General de la República (CGR), DFOE AE IF 06 2012 del 31 de julio pasado, sobre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, es, desafortunadamente, sumamente decepcionante. Aclaro que no lo es tanto por el esfuerzo y dedicado trabajo de la Contraloría en el proceso de auditoría, sino por el hecho de que en sus conclusiones deja entrever una evidente falta de perspectiva. No es la primera vez que la CGR audita al INVU en el tema. Hay dos importantes informes previos, de 1999 y del 2003 que la misma Contraloría parece obviar. En el primero señalaba que el INVU era el principal corresponsable del incumplimiento del Plan GAM de 1982 y por tanto del caos urbano que ya se estaba dando en el aquel tiempo. En el segundo, se recalcaba la misma posición e incluso se recomendaba al Poder Ejecutivo que mejor conformara una autoridad con mayor músculo político para encargarse de esa tarea.

Sin embargo, ahora en el 2012, cuando se suman casi 10 años más de desaciertos y de probada incapacidad, termina la CGR urgiendo al INVU para que se “apure” y le pone plazos para que genere productos, dejando de lado la perspectiva real y concreta de la situación: el INVU no ha cumplido con su responsabilidad durante 44 años; la mejor prueba es que ni el 5 % del territorio nacional cuenta con planes reguladores aprobados.

Así, la CGR lejos de resolver el gran problema planteado, contribuye a que se haga más grande, pues le trasmite al INVU el mensaje de que “no importa su evidente incapacidad institucional, siga adelante”. Desgraciadamente para el país, eso no conduce al desarrollo, sino a todo lo contrario, nos sumerge en el subdesarrollo.

Auditoría en perspectiva. La falta de perspectiva es la confusión que tienen la CGR y otras muchas entidades y ciudadanos, al creer que el INVU es la autoridad en materia de ordenamiento territorial, ¡y NO es así!

El INVU tiene una tarea exclusiva en materia de planificación urbana, no de planificación territorial. Este grave error de “raíz” es lo que induce a considerar el reciente informe de la Contraloría como un serio desliz.

Confundir la planificación urbana con la planificación territorial no es culpa de la CGR, pues al igual que muchos, es inducida al error. Pero urge que eso se aclare por el bien de todos.

La misma Ley de Planificación Urbana (Ley 4240 de 1968) define la planificación urbana como “el proceso continuo e integral de análisis y formulación de planes y reglamentos sobre desarrollo urbano, tendiente a procurar la seguridad, salud, comodidad y bienestar de la comunidad”. Es claro que no es una ley de ordenamiento y planificación territorial.

De ahí que regulaciones y actuaciones derivadas de esta ley, como el Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones (de 1982) estén tan desactualizado respecto a la legislación ambiental más moderna: Ley Orgánica del Ambiente (1995), Ley Forestal (1996), Ley de Biodiversidad (1998), Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (1998), Ley Nacional de Emergencias (2006), entre otras.

Muchos fallos. La CGR, en su informe, señala muchos nuevos errores del INVU:

a) Más de ¢10.300 millones invertidos en casi 12 años, sin que todavía no se tenga ningún Plan GAM aprobado.

b) Las observaciones efectuadas por el INVU para objetar el PRUGAM, son subsanables, o sea que no había necesidad de hacer un POTGAM.

c) No se ha cumplido con los mismos plazos que el INVU le presentó a la CGR.

d) Ni siquiera se ha elaborado un reglamento para el cobro de tarifas del INVU para la revisión de planes reguladores, a pesar de que, como reconoce el mismo INVU, hay planes reguladores costeros atrasados por que las municipalidades no han pagado.

e) Para colmo de males, el INVU está pidiendo más de ¢1000 millones más al BID para seguir haciendo el Plan GAM y el Plan Pacífico Central.

No parece darse cuenta la CGR que, sin querer, la están llevando a justificar más prórrogas que conllevan más tiempo y dinero, y el mantenimiento de un statu quo al que algunos parecieran sacarle buen provecho.

Es una historia de 44 años que parece extenderse todavía más cuando la CGR le da nuevos plazos al INVU. En esto la CGR peca de inocente, como le pasa con el tema del anillo de contención, pues señala que el nuevo anillo de contención que propone el INVU en el POTGAM es más pequeño que el del Plan GAM 82, algo que está totalmente alejado de la realidad.

Urgen soluciones concretas. Seguir insistiendo en que el INVU haga ordenamiento territorial, elabore un buen Plan GAM y trabaje con cronómetro en mano, en un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, no tiene sentido. La misma CGR lo reconoció en el 2003 y, por eso, le indicó al Poder Ejecutivo que mejor creara una nueva instancia que se encargara del tema.

Una carta reciente a la señora presidenta Chinchilla de parte de un grupo de ciudadanos profesionales vinculados al tema de la planificación territorial, le propone una serie de medidas muy concretas y acertadas para resolver este asunto de raíz.

Se empieza por quitar al INVU la responsabilidad del ordenamiento territorial por su “probada incapacidad funcional”, y agregaría por la falta de sustento legal. Se promueve de urgencia una ley para crear una instancia nueva, técnica, para que se encargue del ordenamiento territorial y, mientras tanto, y conforme con la artículo 169 constitucional, se da postestad a las municipalidades que cuentan con viabilidad ambiental para sus planes reguladores a ponerlos en vigencia con la aprobación de sus concejos municipales.

Es un principio de solución que es verdaderamente razonable y acorde con el tamaño del problema que tenemos. Hubiera sido bueno que la CGR planteara soluciones en un sentido parecido, en vez de recetarnos algo más de lo mismo. La caótica situación de la GAM y el impacto que ello le significa al país en términos de costos, merecía algo mucho más novedoso.

Vivienda, riesgo y simplificación de trámites

La Ley que protege al administrado del exceso de trámites ante el Estado (Ley 8220 y sus modificaciones) implica la simplificación y agilización de trámites. Lo que pretende es ordenar los requisitos para que sean lógicos, no así a eliminarlos a pesar de que se ocupen. Para algunos equivocados, ese es su objetivo y cuando eso se plantea a los permisos de construcción, se corre el riesgo de contradecir la Ley Nacional de Emergencias y su objetivo fundamental, la gestión preventiva del riesgo. La gestión del riesgo, en el ámbito preventivo, según la Ley 8488, es el “un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias”.

Implica que se deben conocer muy bien las condiciones del terreno para la construcción, a fin de poder establecer si el terreno en cuestión es apto o no para ese fin.

Esa información no se refiere solo al sitio de la construcción, sino a un área más grande, que deberían estar resueltos mediante un buen procedimiento de ordenamiento y planificación del territorio.

Por ello es clave que se tenga una zonificación de fragilidad ambiental que señale las limitantes técnicas del terreno y las condicionantes para la construcción. Sin eso, plantear una construcción en un terreno vulnerable a ciertas amenazas naturales (deslizamientos, inundaciones, fallas geológicas) puede resultar altamente peligroso.

Durante las últimas décadas y todavía en la actualidad, debido aplicación de un obsoleto reglamento nacional de fraccionamiento y urbanizaciones, una importante cantidad de construcciones se localizan en zonas de alto riesgo. Los datos indican que más de 500.000 personas en la Gran Área Metropolitana (GAM) viven bajo esas condiciones.

Los procedimientos de evaluación de impacto ambiental (EIA) solicitan estudios técnicos geológicos, de ingeniería y arqueología a los proyectos de construcción mayores de 1000 m2. A las construcciones menores de ese límite y hasta 500 m2 se les solicita un formulario ambiental pero no dichos estudios. Mientras que a las construcciones menores de 500 m2, que abarcan la casi totalidad de las viviendas, no se les solicita ningún tipo de estudio técnico ni trámite de EIA.

De esta manera, la localización de las construcciones menores de 1000 m2, es decir, la totalidad de viviendas, no realizan los estudios técnicos necesarios para saber si el sitio seleccionado es apto o no, y en particular, qué grado de vulnerabilidad tiene a las amenazas naturales. Y es precisamente a este sector al que se le ha establecido un sistema de “simplificación de trámites” para obtener el permiso de construcción.

Este tema se podría resolver, al menos en parte, si se tomara en cuenta la zonificación ambiental realizada para los planes reguladores cantonales, que ya ha sido aprobada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). No obstante, por un extraño procedimiento a las 16 viabilidades ambientales que hasta ahora ha dado la SETENA a sendas municipalidades, les ha señalado que “que no pueden usar dicha zonificación hasta tanto el plan regulador sea aprobado”, de manera que los usos del suelo y los permisos de construcción, en la mayoría de esos cantones, se sigue dando sin considerar la zonificación ambiental.

En ausencia de plan regulador aplica el denominado Reglamento nacional de fraccionamiento y urbanizaciones. Un reglamento promovido por el INVU, como acuerdo de Junta Directiva en 1982. Desde el punto de vista ambiental es un verdadero desastre, pues nunca ha sido actualizado respecto a la legislación ambiental de los últimos 20 años. Tiene un buen número de “portillos” que permiten que prácticamente en cualquier lugar se pueda plantear el desarrollo de una construcción dejando de lado, entre otras cosas, el tema de la vulnerabilidad a las amenazas naturales.

Bajo todo esto es claro que simplificar por simplificar los trámites de las construcciones de vivienda, lejos de resolver un problema, lo va a agravar. El problema en sí no es la simplificación del trámite, sino la no aplicación de una zonificación de fragilidad ambiental que determine las limitantes técnicas del terreno y oriente sobre su uso.

Soluciones. Urge que la SETENA rectifique su andar y señale a los municipios con viabilidad ambiental a sus planes reguladores, que dicha información debe ser utilizada como criterio técnico para establecer usos del suelo y permisos de construcción, a pesar de que el Plan Regulador no esté aprobado todavía.

Para el resto de los municipios de la GAM deben utilizar la zonificación de fragilidad ambiental aprobada por la SETENA desde el 2009 para el PRUGAM (Planificación Regional Urbana de la GAM).

Finalmente, urge hacer un ajuste ambiental integral al Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, a fin de que se actualice a la nueva legislación ambiental del país, y en particular al concepto de gestión del riesgo de la Ley Nacional de Emergencias del 2006. Seguir usando este obsoleto reglamento en el resto del país es continuar agravando los problemas ambientales y de riesgo de nuestras comunidades.

Nuestra agenda ambiental

El recuento de nuestra situación ambiental a propósito de la Cumbre de Río +20, el inicio prematuro de la campaña electoral, y considerando que el eje ambiental, como el social y económico, es clave para nuestro futuro, nos llevan a revisar “la agenda ambiental nacional”. Hay que repasar de dónde venimos para orientar el futuro. Es importante disponer de una referencia, para comparar las propuestas que hagan los precandidatos en los próximos meses. Áreas silvestres protegidas. A pesar de ser la principal fuente de ingresos del país, por turismo, con un promedio de $2000 millones por año y de los esfuerzos realizados por la actual administración, las áreas silvestres protegidas siguen vulnerables y necesitando recursos para garantizar su sostenibilidad. Plantear bajar de categoría parques nacionales, como en el caso de baulas en Guanacaste para promover el desarrollo inmobiliario en las costas, no es ninguna solución.

Es urgente que todas estas áreas protegidas dispongan de sus planes de manejo y que la red de corredores biológicos cuente con una base jurídica de protección.

Todavía hay una importante tarea de recuperar suelos y bosques en áreas de aptitud forestal, desprovistas de árboles desde hace mucho tiempo. Solo la GAM tiene un déficit del 350 km² (55% de tierras de aptitud forestal). El sistema de pago por servicios ambientales debe atender estas zonas también como mecanismo para prevenir la desertificación ante el cambio climático.

Bosques y humedales. Desde el 2005, los bosques ha aumentado un 1 %, para alcanzar casi la mitad del país. Pero, en algunas costas, por el desarrollo inmobiliario más bien se perdieron bosques.

Los humedales importantes como el de Caño Negro y el Térraba–Sierpe han sido seriamente afectados, por sedimentación, como consecuencia de la agricultura intensiva (piña, principalmente).

Se requiere incrementar la política para controlar y dar sostenibilidad ambiental a esas actividades agrícolas, cuya inversión en materia ambiental y social debe ser mayor, a fin de corregir los efectos ambientales negativos que produce.

Ordenamiento territorial. En abril del 2010 el INVU rechazó el Prugam. Con eso, se hizo retroceder al país por lo menos 10 años en ese tema. Ahora, dos años después, todavía se discute un plan “sustituto” elaborado por el INVU y que tiene serios cuestionamientos ambientales.

En este tema se requiere una agenda clara, que pase por la conformación de una entidad que se encargue de forma integral del ordenamiento territorial. Se ha sugerido la transformación y renovación del IFAM, al igual que se hizo, hace poco, con el IDA. Sería importante, escuchar propuestas concretas en esta materia.

Protección de nuestros mares. La incansable y casi heroica lucha de los ambientalistas contra el aleteo de tiburones y en defensa de las especies marinas requiere ser reforzada con una política y legislación certera y severa de protección y manejo sostenible de nuestros recursos marinos.

Mientras tanto, nuestros mares, por falta de una estrategia acertada y de la implementación de acciones concretas de protección, siguen siendo despojados por flotas extranjeras y también por la flota nacional, en detrimento del sostén de muchos pescadores nacionales artesanales.

Huella ecológica y energía. Los informes de los últimos años del Estado de la nación no dejan lugar a dudas: Costa Rica presenta una huella ecológica negativa, es decir, consumimos más recursos naturales de los que disponemos.

Nuestro modelo económico se ha convertido en depredador de los recursos naturales. Mientras tanto, algunos proponen “urgentes” proyectos de ley, que provocarían el desmantelamiento de uno de los más exitosos modelos energéticos del mundo, como el que ha desarrollado el ICE.

A cambio de eso, se dice que se abra el desarrollo eléctrico al mercado privado, sin que se haya dado un verdadero proceso de discusión por medio de una evaluación ambiental estratégica del Plan Nacional de Energía, ni se cuente con un efecto ordenamiento y planificación del territorio que priorice cuencas y defina reglas claras.

Tratar de modificar el modelo, solo con la vista al proceso de exportación de energía y de la ganancia rápida a costa de nuestros ecosistemas, no es conveniente para nadie.

Recursos hídricos. Nuestra huella hídrica también es negativa, es decir, que estamos consumiendo mucha agua, más de que la que disponemos por captación y manejo.

En vez de proteger nuestras áreas de recarga acuífera y sus fuentes, se plantea urbanizarlas, como si el agua existiera para siempre y como si una urbe como la GAM, pudiese existir sin este preciado líquido.

En Guanacaste se promovió el desarrollo inmobiliario y hotelero, sin garantizar el efectivo acceso al agua, algo que ha acarreado serios conflictos sociales.

Minería e hidrocarburos. Todos recordamos la reactivación, de forma ilegal, según la resolución de la Tribunal Contencioso Administrativo, de la Mina en Crucitas. No solo en lo referente a la Setena, sino también en la declaratoria de “conveniencia nacional”, la concesión minera y hasta el permiso de tala. Fue, según el Tribunal, una “orquestación de voluntades”.

La sociedad costarricense en un 90 %, rechazó el proyecto minero y a una parte de ella luchó hasta que el mismo fue cerrado.

Durante la presente administración se restauró la moratoria y pasó una ley que prohíbe la minería de oro a cielo abierto, pero todavía hay concesiones mineras viejas vigentes.

¿Cuál es la posición de los candidatos y precandidatos respecto a este tema? ¿Se va a repetir la historia de Crucitas? Y en el tema de hidrocarburos, recordemos que hay una moratoria vigente hasta el 2014. ¿Cuáles son las propuestas políticas sobre este tema?

Retos. El Estado de la región nos anuncia que Centroamérica es la región del mundo más vulnerable al cambio climático, en lo referente al tema de desastres ocasionados por amenazas naturales.

Los efectos ya se dejan sentir. Los escenarios proyectados para países como Costa Rica y Panamá, para el 2020 indican que se trata de un problema serio que requiere ser atendido desde ya.

Hay mucha población en condiciones de alto y muy alto riesgo, incluso en nuestro país. Un reciente informe de la ONU, alerta “sobre cambios sin precedentes” en la Tierra, donde se pone de manifiesto un claro retroceso ambiental. Centroamérica, incluido nuestro país, es un claro ejemplo de ello.

En el caso de Costa Rica, se nos anuncia que los efectos del cambio climático en poco tiempo van a generar impactos significativos en nuestro territorio, como que vamos a tener dos épocas lluviosas y dos épocas secas. Las inundaciones y las sequías se sucederán con más frecuencia.

Ante esto nos preguntamos si en la última década no hemos sufrido esos efectos y nuestros índices ambientales han decaído, entonces: ¿Qué nos espera? ¿Cuál es nuestro plan estratégico para mitigar eso?

Ante ello, no nos sirve que se mencione la palabra “ecología” y que nos presenten un lindo paisaje verde en un anuncio. Eso no es suficiente; necesitamos escuchar posiciones y propuestas de solución concretas, no solo promesas vagas.

Requerimos de verdaderas y sólidas propuestas que definan un norte hacia donde poder dirigirnos.