Adaptación evolutiva vs tramitomanía anquilosante

¿Cuál de esas dos situaciones es la que le conviene al país para salir adelante? Sobretodo en estos aciagos y extensos tiempos de Pandemia y sus consecuencias socioeconómicas. Ese es nuestro principal reto para coadyuvar con la reactivación de nuestro país.

La adaptación evolutiva es un rasgo que caracteriza a todos los seres vivos. En términos sencillos significa la capacidad de realizar cambios fisiológicos, de comportamiento y hasta de rutinas operativas que permitan al organismo y a su especie ajustarse a su medio ambiente y los cambios que puedan afectarlo. Es un mecanismo importantísimo para sobrevivir y permanecer como especie. Las especies que no logran adaptarse desaparecen de forma natural. Así sí funciona la naturaleza.

Tramitomanía anquilosante: existe un consenso general de que nuestro país se caracteriza, desde hace mucho, por tener un exceso de trámites administrativos que, conforme pasa el tiempo, lejos de simplificarse, cada día crecen en número y en requisitos. Los sectores productivos privados y, también, los públicos, saben esto muy bien. Se trata de un tema que se discute desde hace más de 20 años, sin que se solucione de forma integral.
El tema ambiental y sus diferentes matices han venido a incrementar aritméticamente, durante las últimas dos décadas, la cantidad de trámites y la han convertido en una lista casi interminable de requisitos.

El paso a las plataformas digitales que se ha realizado en los últimos años, aunque representan un importante esfuerzo, no ayudan a resolver el problema de raíz y más bien lo trasladan a otra parte del proceso, pero al final, el exceso de requisitos se mantiene y en el peor de los casos, se incrementa, solo que en formato digital.

Antes de que empezara la Pandemia, publicamos (ver: www.allan-astorga.com) la importancia de hacer evolucionar y avanzar nuestra normativa técnica y, de ser posible, nuestra propia legislación (ambiental, aunque la adaptación aplica para una gama mucho más amplia), a fin de ponerla al día, con la necesidad de los tiempos actuales. Con la Pandemia y sus secuelas la situación es todavía más apremiante. Si antes ya era una urgencia, ahora se ha convertido en una super urgente prioridad estratégica para el país, pues es una de las acciones más relevantes que se requieren para sacar al país adelante.

Lejos de eso, por diversas causas, la situación no ha avanzado. Todo lo contrario, a un año de Pandemia, no se observa que se estén realizando las acciones necesarias para generar un cambio efectivo y real. Con la disminución significativa que ha implicado la Pandemia para el trámite de nuevos proyectos de inversión ante las instituciones del Estado, podría pensarse que ese tiempo transcurrido y la posibilidad de desarrollar coordinación interinstitucional a distancia, hubiese servido para realizar efectivas y eficientes acciones concretas para la agilización de trámites, pero, desafortunadamente, no ha sido así.

La situación sigue igual, como si la Pandemia no hubiera y estuviera cambiando el mundo y haciendo que nuestro país completo se sumerja rápidamente en una profunda crisis de subdesarrollo. Así, hemos pasado de una simple tramitomanía excesiva y pesada, a una tramitomanía anquilosante que prácticamente está paralizando el motor del desarrollo que tiene el país y que es la principal esperanza para avanzar.

Algunos indicadores de anquilosidad: hay muchos ejemplos de la grave situación de exceso de normativa contradictoria que provoca una enorme inseguridad jurídica para quienes deseen hacer una inversión en nuevos proyectos de desarrollo (pequeños hasta muy grandes).

Uno de esos temas tiene que ver con los recursos hídricos, al cual ya nos hemos referido. Existe una normativa altamente contradictoria y abierta a la interpretación discrecional sobre radios de protección de manantiales o nacientes, protección de acuíferos, radios de operación de pozos, vulnerabilidad acuífera, sistemas de tratamiento de aguas residuales y vertidos en cuerpos de agua, entre otros, que puede arreglarse fácilmente desarrollando una sola normativa integradora que facilite la gestión del recurso. Lo increíble es que existe un borrador de propuesta desde el año 2005 y todavía hoy, lejos de haberse resuelto la situación, se sigue a la espera de una Ley de Aguas, cuya última versión, y archivada, no representaba la solución, sino un mayor anquilosamiento en el tema.

En materia de evaluación de impacto ambiental, la situación no está muy lejos. Resulta que el 95 % del total de proyectos que se realizan en Costa Rica, no pasan por la SETENA, debido a que son menores de 500 metros. El porcentaje es mayor si nos referimos a los proyectos que no hacen una EIA completa con el formulario D1. Esto es un claro indicador de que el instrumento no está funcionando, pues no logra cubrir ni el 5 %, y, a esos que cubre les genera un complejo y largo proceso de trámite, a pesar de la plataforma digital que se ha abierto y que, se supone, agiliza el trámite. Ahora lo engorroso es poder cumplir con todos los requisitos de esa plataforma digital.

Este tema de la EIA y su funcionalidad tiene una solución bastante simple y para la cual ya habíamos hecho una propuesta (ver: www.allan.astorga.com). Se basa en el hecho de que los municipios dispongan de planes reguladores con variable ambiental debidamente integrada y que, con la aplicación de un algoritmo de agilización de trámite de EIA, la mayoría de los proyectos que no generen impacto significativo puedan tramitar sus permisos directamente en la Municipalidad y no en la SETENA. Esto, siempre que se ubiquen en áreas cuyos estudios de fragilidad ambiental determinen que tienen condiciones para ello o que se demuestre que se están aplicando las medidas tecnológicas para adaptarse a las condiciones de fragilidad ambiental que fueron determinadas. De esta manera se podría agilizar mucho el sistema sin desproteger el ambiente. El trámite ambiental se puede reducir de 20 meses (promedio) a solo un mes.

Existen otros muchos indicadores, pero por un asunto de espacio no es posible detallarlos todos. Sin embargo, estos que indicamos dan una clara idea de la situación en la que nos encontramos.

Gran reto: para que el país pueda salir a adelante requiere inversión y desarrollo. Para eso, debe mejorar la seguridad jurídica a los proyectos de todo tipo. Ello, sin desproteger el ambiente y garantizando la sustentabilidad del desarrollo.

Aunque para algunos no parezca posible, pues se debaten entre una apertura sin regulación alguna o un proteccionismo ambiental extremo, si existe una solución. Consiste en eliminar, con el debido criterio técnico, la tramitomanía anquilosante que se ha creado a lo largo de los años. Solo se requiere adaptar la normativa a la nueva realidad que tenemos que enfrentar.

Si es posible proteger el ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, sin que entre en contradicción con el impulso al desarrollo y la inversión de proyectos. Es vital lograr este objetivo por el bienestar de todos.

Modelo de desarrollo y sustentabilidad ambiental

Los muchos diagnósticos realizados, en particular, por el Estado de la Nación, nos afirman que durante los últimos 30 años la economía del país ha crecido, pero el porcentaje de pobreza se ha estancado, lo que significa, que ahora hay más pobres. El “progreso” económico no ha permeado, los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han mantenido o se han hecho más pobres. El coeficiente Gini que mide la desigualdad se ha disparado en Costa Rica en los últimos 8 años.

Mientras tanto, de forma recurrente, nos siguen insistiendo que para salir de la pobreza hay que crear más empleo. Se nos afirma que para crear más empleo, hay que firmar más tratados y dejar que los inversionistas vengan a hacer negocio en el país.

También nos dicen que para que la inversión se haga más rápido, hay que quitar obstáculos a la misma. Hay que eliminar o simplificar trámites. Dentro esos trámites se incluye el tema ambiental.

Sacrificio Ambiental: como parte del tema ambiental, está la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que se ha convertido en un mero trámite. Esta figura usada en los países desarrollados, aquí en Costa Rica ha perdido su objetivo fundamental. Se ha convertido en una herramienta de Sacrificio Ambiental del país, dizque para “vencer la pobreza”, que sigue estancada o crece.

Ese sacrificio ambiental es acumulativo y, conforme seguimos haciendo eso, nuestra naturaleza es y sigue siendo dañada.  La salud de los costarricenses también.  La calidad de vida se va desmejorando notablemente.  

Pero no solo se trata de la inversión extranjera, sino también de los empresarios nacionales que se quejan de que hay “muchos obstáculos” y abogan por que se les eliminen y simplifiquen, incluyendo como parte de los mismos, los requisitos en materia ambiental.

Mientras tanto, también, desde hace cerca de 30 años (¿casualidad?), dejamos de hacer planificación de mediano y largo plazo. Nos damos el lujo de archivar en el 2010 el resultado de estudios técnicos que nos costaron  cerca de $ 20 millones invertidos en el PRUGAM, y que podemos volver a leer una y otra vez ante el caos vial,  urbanístico, la escasez de agua y muchos otros efectos negativos que afectan la vida de la mitad de la población que habita la GAM. Así, quedamos y seguimos sujetos al vaivén de los ciclos políticos (o poliqueros) en los que se definen los planes de gobiernos, que son las promesas de campaña maquillados según la realidad encontrada por la nueva administración de gobierno.

Sin planificación hay desorden, y con el desorden, el sacrificio ambiental es mayor. Así, estamos en un círculo perverso de “lucha contra la pobreza = sacrificio ambiental” que se traduce, de paso,  en mayor enriquecimiento de los sectores privilegiados.

Mientras tanto, nuestra Naturaleza y Recursos Naturales siguen perdiéndose y deteriorándose de forma muchas veces irreversible. La contaminación aumenta y nuestros índices ambientales, continentales y marinos, siguen retrocediendo.

¿País ecológico?: el colmo es que nuestro país se vende y se ha vendido al mundo como una “país verde”, “ecológico”, “esencial”, natural, “sin ingredientes artificiales”.

Los turistas que visitan el país, vienen, en su gran mayoría, a buscar eso. Y todavía lo encuentran, principalmente en nuestras casi olvidadas y debilitadas áreas silvestres protegidas, pero mezclados con imágenes de nuestra realidad cotidiana: ríosy playas contaminados con basura, coliformes fecales y químicos, contaminación del aire en las ciudades, arteroescloresis vial y caótica, suelos contaminados con agroquímicos, acuíferos sobreexplotados y/o contaminados, y deterioro del paisaje por un desarrollo urbano descontrolado, entre otros muchos males ambientales que nos aquejan.

El turismo se ha posicionado como la principal fuente de ingreso, por encima de la exportación de piña, banano, café y de los productos industriales.  La Naturaleza nos envía un mensaje que todavía no logramos comprender.

La pregunta es: ¿hasta cuándo soportará ese modelo insostenible de desarrollo que tenemos?

Los primeros que deberían luchar porque ese modelo de deterioro ambiental del país cambie es el sector turístico del país. Empero, parece que para ellos, como a otros muchos, son los “pequeños detalles” los que importan, como: ahorrar el agua y la energía, sembrar algunos árboles, el reciclado de los desechos y el tratamiento de las aguas, entre otros, que aunque son acciones importantes, no son suficientes, dado que el verdadero problema es otro.

El deterioro del ambiente y la naturaleza en nuestro país no solo se logra con esas loables acciones.

Soluciones: detener el deterioro de la naturaleza y del ambiente, por el sacrificio ambiental al que nos empuja nuestro depredador modelo de desarrollo, es vital.  No solo para fortalecer y hacer crecer nuestra principal fuente de ingresos, sino por la salud de la población y para evitar que la pobreza siga creciendo con todos los problemas sociales que lleva consigo. 

Para lograr el verdadero desarrollo no necesitamos sacrificar el ambiente. Todo lo contrario de lo que hemos hecho durante los últimos 30 años y que todavía estamos haciendo, con cada vez más celeridad, como si nuestra naturaleza, el ambiente y los recursos naturales, fueran inagotables.

En síntesis, nuestro modelo de desarrollo  es defectuoso y se sustenta sobre una premisa absolutamente falsa, que parte de la presunción de que nuestra naturaleza es capaz de soportar todo el sacrificio que le impongamos en pos de un crecimiento económico que, para colmo, no se traduce en verdadera y efectiva mejora económica para los sectores más necesitados.

En este contexto, es indispensable e impostergable, hacer un cambio sustancial en nuestras premisas de desarrollo.  Urge tomar nuevas decisiones estratégicas, que no necesariamente significan una nueva Constitución, ya que lo que se requiere es darle Sustentabilidad al desarrollo socioeconómico del país, anteponiendo la protección y salvaguarda de los dos recursos más valiosos que tiene nuestro país: la naturaleza y sus recursos naturales y su gente, su pueblo.

Ya en el pasado, el país tomó muy importantes decisiones estratégicas, como el impulso a la educación pública, la seguridad social y la abolición del ejército, entre otros. Es hora de que, sobre la base de un serio y efectivo proceso de diálogo nacional, tomemos nuevas decisiones estratégicas que impulsen un verdadero y efectivo desarrollo sustentable para nuestra nación. Es indispensable que lo hagamos lo antes posible, por amor a la vida y a nuestros niños y jóvenes, y también por aquellos que todavía no han nacido. 

Plan nacional de energía: Urge evaluación ambiental estratégica

La evaluación ambiental estratégica (EAE) es una variante de la evaluación de impacto ambiental que se aplica a políticas, planes  y programas de desarrollo, es decir, a decisiones estratégicas de determinados sectores productivos del quehacer nacional. Su objetivo es considerar el tema ambiental (incluyendo la componente social) en la planificación estratégica de un determinado sector, de previo a la toma de una decisión fundamental de desarrollo como, por ejemplo, la adopción por parte del Estado de un plan nacional de energía.

Los pilares fundamentales de la EAE son la participación, transparencia y la información. Sus lineamientos básicos de ejecución comprenden un diagnóstico del sector, el análisis de alternativas, identificación de impactos y medidas estratégicas, así como la definición de los principios, premisas, condicionantes y de lineamientos estratégicos a cumplir como parte de la decisión que se recomiende.

La EAE se aplica en los países desarrollados (Europa y EE.UU.) desde hace más de 30 años, y podemos adelantar desde ya que constituye la base de su desarrollo: se elabora, diseña, discute y se aprueba (en vez de decretar de manera inconsulta las cosas como nos ha sucedido en el pasado). Bien hecha comprende una herramienta de gran utilidad para agilizar el trámite ambiental de los proyectos específicos, es decir, el desarrollo sectorial de un país.

En Costa Rica la EAE se estableció desde el año 2004, mediante Decreto Ejecutivo 31849 – MINAE- SALUD-MOPT-MAG-MEIC, gracias a la Sala Constitucional, que amplío la visión de la evaluación de impacto ambiental dado en la Ley Orgánica del Ambiente, al ámbito de las decisiones estratégicas, particularmente de los planes de ordenamiento territorial.

En América Latina la EAE ha encontrado un duro camino debido a que la planificación estratégica (de mediano y largo plazo, principalmente) dejó de hacerse desde hace décadas. Costa Rica no ha escapado de esto, salvo muy contadas excepciones.

La gran limitante de este tipo de "planificación estratégica" es que se hace dentro de un ámbito “cerrado”, poco transparente, es decir, con solo los sectores (económicos) interesados y, en la mayoría de los casos, sin salir de la esfera política de una decisión predeterminada.

Este tipo de "planificación estratégica" de alguna manera ya viene dirigida a cumplir un objetivo predeterminado, en muchos casos por un ente financiero internacional, con la respectiva venia política del caso. Como dirían nuestros abuelos, se trata de un asunto que está “casi cocinado” desde el principio.

La EAE, por el contrario, hace que esa “cocción” se de con la participación de otros sectores de la sociedad, y en una cocina abierta, como en un viejo trapiche, y no detrás de unos muros cerrados a los que pocos, muy pocos, tienen acceso.

A diferencia de la EIA, la EAE no desarrolla necesariamente foros públicos abiertos y extensos, pero si abre la discusión de la decisión estratégica alrededor de mesas amplias, donde convergen representantes de diversos sectores directamente involucrados e interesados: organizaciones sociales, comunales y ambientales, ONG, academia, institucionales y de los sectores productivos, entre otros.

También, a diferencia de la EIA, la EAE puede ser desarrollada en poco tiempo (meses), en vez de años que puede tardar la primera.

El objetivo es claro, que la decisión estratégica que se analiza sea enriquecida con la opinión y visión de los diferentes sectores, de manera que logre convertirse en una propuesta que represente la visión más equilibrada posible de la sociedad, incluyendo los consensos y disensos.

La propuesta así elaborada se eleva a las instancias políticas para la decisión correspondiente. El proceso permite su revisión periódica, ajustándose a la dinámica de nuestro mundo moderno.

Plan Nacional de Energía: nuestro país cuenta con un plan para energía, pero este no ha sido objeto de una EAE. Las opiniones divergentes que hemos podido conocer durante los últimos años y meses son un claro ejemplo de que la decisión estratégica sobre ese importante plan no fue realizada dentro de un verdadero ámbito de análisis y discusión de alternativas viables.

Temas como el desarrollo o no de un megaproyecto como el Diquís no pueden limitarse únicamente a una consulta con las poblaciones indígenas y un proceso de EIA limitado territorialmente.  Requiere de un proceso más abierto de discusión, con reglas bien definidas, que contemple el modelo de desarrollo de la región sur del país, la estrategia pensada para el desarrollo de la Zona Sur, o la propuesta de la UNESCO de diseñar un parque de esferas como atractivo mundial. Lo mismo podríamos decir del proyecto de un Aeropuerto Internacional de Osa, que se ubicaría en una zona de gran atractivo pero de muy alta fragilidad como la del Sierpe.

El modelo energético del país también debe ser objeto de análisis. Por un lado, algunas autoridades de gobierno nos dicen que urge aprobar importantes proyectos como el de contingencia eléctrica. o de apertura de los parques nacionales para la producción de energía geotérmica, basados en el hecho de que “nos estamos quedando sin energía”, y en los que se abre la producción de energía a un mercado privado, cuyo objetivo primordial, aparte de la producción de ganancias rápidas, no está claro para muchos.

Por otro lado, se levantan voces técnicas que sostienen que no hay motivos reales para hacer sonar las alarmas, y que lo que se ocupa, más bien, es abrir espacios de análisis más amplios. Incluso, algunas otras voces plantean que replanteemos el modelo de producción de energía y redirijamos el sistema hacia estrategias ambientalmente más sostenibles.

Por su parte, y con justa razón, las cooperativas nos indican que no se valora su contribución al modelo energético actual, ni tampoco sus proyectos innovadores como el Parque Eólico desarrollado en la región de Los Santos.  Estas y muchas más voces apuntan a un mismo problema: la falta de diálogo participativo de los diversos sectores interesados.

Buscando soluciones: es claro que en el de energía, como en otros temas claves del país (infraestructura pública, desarrollo urbano, turismo, entre otros), hace falta que las decisiones estratégicas sean tomadas en un ámbito más abierto, transparente y participativo, como lo definen las reglas de la EAE.

Un país como Costa Rica que apostó por fortalecer la educación y la salud de su población, en vez de financiar un ejército, no puede esperar que 60 años después de esa decisión  siga teniendo una población pasiva, que no opina y que solo espera que sus dirigentes políticos de gobierno tomen las decisiones importantes.

Con creces los últimos años nos demuestran de lo que han sido capaces nuestros dirigentes a la hora de tomar decisiones: un burdo intento de beneficiar a ciertos sectores en detrimento del desarrollo de las comunidades. La vertiginosa caída de nuestro Índice de Desarrollo Humano (IDH) en los últimos 7 años es una muestra, entre muchas más, que evidencia que las ganancias generadas no significan desarrollo.

La crisis de indecisión de la que algunos políticos hablan, insinuándose ellos mismos como los “grandes solucionadores”, no surge por la falta de ideas de solución, por el contrario, surgen porque hay posiciones divergentes precisamente porque la sociedad ha avanzado, y ya no es un ente pasivo que no cuestiona la decisiones que se toman “entre muros”.

Seguir por ese camino, con políticos que se consideran ungidos para dirigir un país, y que creen contar con una población sumisa o “domesticada”, desinformada y pasiva, no es la ruta correcta.

Por el contrario, lo que se ocupa son alternativas que involucren a la sociedad en la creación de soluciones participativas para sus mayores problemas. La EAE, en este aspecto, ha demostrado que es una útil herramienta que el país debe aprovechar, y ello independientemente de nuestros políticos de turno.

La clave para acelerar el desarrollo sostenible

A raíz de las declaraciones, en días pasados, del expresidente Arias sobre el “entrabamiento” del desarrollo del país, se hace necesario plantear el tema desde la perspectiva técnica y ambiental. Ante todo, es importante establecer la premisa de que todos queremos el desarrollo del país, con un objetivo fundamental: disminuir o eliminar la pobreza, distribuyendo mejor la riqueza. El problema es qué entendemos como desarrollo y el cómo nos enrumbamos hacia él.

La visión de desarrollo que tienen algunos políticos no necesariamente es la visión de desarrollo que tiene una gran parte de la población. En nuestro país, por su cultura y tradición, es posible afirmar que la mayoría quiere un desarrollo sostenible que no sea depredador de los recursos naturales y que deje a las generaciones futuras sin recursos, por crear riqueza a corto plazo y beneficiando solo a unos cuantos, causando estragos con los que cargarán las futuras generaciones.

La forma para no actuar de manera depredatoria ante el ambiente es con una correcta y eficiente planificación y de un balance efectivo en el uso de los recursos, dentro de un modelo bien definido y no uno improvisado en función de ambiciones voraces de unos cuantos. Eso implica diálogo, discusión, balance y negociación, no solo en el ámbito político, sino técnico, con participación, transparencia e información. Requiere además una visión estratégica sobre las características propias de nuestra geografía, permitiendo distinguir entre lo que conviene y lo que no le conviene a nuestro país atraer desde el exterior.

En el mundo desarrollado, se han creado, desde hace décadas, diversas herramientas para ello. Una de ellas es la evaluación ambiental estratégica (EAE) que es clave para insertar la dimensión ambiental y social, en las decisiones estratégicas, políticas, planes y programas. Su efectivo uso da mayor sostenibilidad al desarrollo, con la ventaja de que permite agilizar mucha tramitomanía de los proyectos individuales. Esta herramienta está instaurada en nuestro país desde hace 7 años, y sigue sin utilizarse, por miopía recurrente de nuestras autoridades.

Tiempos de cambio. Efectivamente, el tiempo ha pasado, y la sociedad y el mundo han cambiado. Muchos políticos no parecen haberse dado cuenta de esto y pretenden que el país y sus recursos naturales se administren como hace 50 años, sin la participación activa de la sociedad y basado en decisiones inconsultas y unilaterales. Inclusive, en temas tan conflictivos como la minería y los hidrocarburos, basándose en leyes obsoletas que establecen ridículos cánones que dejan al país en una clara condición de riesgo e indefensión. La información fluida, las redes sociales, la educación de la sociedad y la preocupación de muchos sectores conscientes, por la falta de diálogo, racionalidad, consulta y criterio de las decisiones que se toman, lleva a cuestionarlas y con mucha razón.

Hay muchos ejemplos recientes que se pueden enumerar solo para la administración anterior: del 2006 al 2010 las piñeras duplicaron su área sin control ambiental efectivo (y la Setena revisó a la baja las exigencias normativas, dejando de exigirles un EsIA), se dio declaratoria de conveniencia nacional a Crucitas, la carretera a Caldera se hizo “a la carrera”, hubo un desarrollo inmobiliario descontrolado, se dieron muchas viabilidades ambientales cuestionadas, se rechazó la planificación regional de la GAM y se desprotegieron áreas silvestres. En ese tiempo, mientras Panamá avanzó con la ampliación del Canal y la construcción de un metro, en nuestro país no se pudo reparar el puente de la “platina” y en vez de promover un tren eléctrico moderno, planificado para el 2011, reactivamos un pesado ferrocarril del siglo pasado.

El país no avanza con la celeridad que se requiere, porque en la mayoría de los casos, las decisiones que se toman y se defienden, solo producen beneficio a ciertos sectores y no a la colectividad. Algunas además terminan en los tribunales porque carecen de sustento legal. De allí que la desconfianza crezca y la polarización aumente. Esta es la verdadera fuente de la “ingobernabilidad” y no, como se ha insinuado, que se debe al marco jurídico y técnico que ha creado el país.

Diálogo, clave de solución. Algunos consideran que la solución a esta situación es un cambio de la estructura política. Empero, con o sin ella, hay un tema de transfondo fundamental, y es que se ocupan instancias asertivas y efectivas de diálogo que lleve a plantear soluciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo. Es urgente definir un derrotero común, y no un norte sectorizado por una visión parcial de la realidad nacional. Alejarse de ese camino del diálogo abierto y transparente, creyendo que la solución es imponer las decisiones de forma unilateral, como si la sociedad no tuviera voz y opinión, es agravar aún más la ya frágil situación imperante.

En nuestro país, disponemos de las herramientas y la disposición de casi todas las partes para dialogar e iniciar una discusión abierta y concreta para definir acciones encaminadas al desarrollo sostenible del país que, lejos de estancarse, requiere que se acelere.

Lo único que se ocupa es que las autoridades políticas abran esos espacios y, con seriedad, permitan que lejos de acumularse resentimientos, se creen soluciones.

Tenemos desde hace años herramientas para avanzar, pero lo que no tenemos es la voluntad de nuestros políticos para actuar.

Actividad petrolera y evaluación ambiental

A raíz de las interpretaciones y denuncias sobre la actividad petrolera y la evaluación de impacto ambiental (EIA), es importante hacer una serie de aclaraciones técnicas para aportar elementos de modo a solucionar la situación que se está haciendo más enmarañada y compleja.

Legislación. El tema de los hidrocarburos se rige mediante la ley 7399 (de 1994) y su reglamento (Decreto Ejecutivo N.º 24735-Minaet de 1995). Ambos instrumentos fueron elaborados antes de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554 (de 1995), con el objetivo de fomentar la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, donde el tema ambiental quedaba sujeto al cumplimiento del requisito de estudio de impacto ambiental (EsIA) subordinado a la ejecución de la actividad.

El Decreto Ejecutivo 26759 Minae (Reglamento para la realización de EsIA para los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos), fue precisamente promulgado en el año 1998 a fin de intentar solventar un problema técnico de la Ley de Hidrocarburos y su reglamento, que no concordaba con el proceso de EIA que establecía la Ley Orgánica del Ambiente (y que requería, por tanto, un ajuste para darle un fundamento técnico y jurídico consistente).

El artículo 266 del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, que fue derogado por el decreto mencionado, establecía que antes de la firma del contrato, se debería presentar el EsIA, y que una vez firmado el contrato, se debería actualizar anualmente o a solicitud del Ministerio del Ambiente.

Se trataba así de facilitar a las empresas su actividad, al exigirles un simple EsIA válido para todos sus sitios de exploración y eventual explotación, sin importar cuál fuera su ubicación, acompañándolo de una simple actualización posterior. Por la naturaleza de la EsIA, que es de carácter predictivo y se focaliza en la evaluación ambiental de actividades, obras o proyectos concretos, el hecho de que se “actualizara” periódicamente no tiene sentido, en particular si la actividad en cuestión ya está en ejecución.

Como puede verse, esta situación dejaba al país en un estado de “indefensión”, dado que de previo al contrato se tenía que aprobar el EIA completo, que se actualizaría anualmente una vez firmado éste, sin tener claro los sitios precisos de explotación.

Además, se debe tomar en cuenta que según la Ley de Hidrocarburos (artículo 21) el EsIA, no es un estudio multidisciplinario, dado que podría estar firmado por único profesional. Señala la Ley, además, que el dicho estudio sería revisado y aprobado por la misma Dirección de Hidrocarburos. Como puede verse, con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente, se hacía urgente corregir estas graves inconsistencias, así como las que contenía el reglamento a la Ley, en dichos temas.

Es precisamente con el fin de resolver esa inconsistencia técnica por lo que surgió la necesidad de corregir esa situación, estableciendo fases de la actividad de exploración petrolera, con lo cual la EsIA sí se podría aplicar de forma específica a una actividad, obra o proyecto concreto planteado por la entidad que realizara la actividad petrolera.

Fases de la exploración petrolera. De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 25759 Minae, independientemente de si es una entidad nacional o extranjera la que desee realizar la exploración petrolera, debe ejecutar dos fases diferentes en esta materia.

La primera, se define como la fase I y corresponde la prospección petrolera. Esta actividad se refiere a una serie de actividades de bajo impacto, geológicas y geofísicas, así como de procesado de información disponible, cuyo objetivo principal es analizar el potencial petrolero e identificar, dentro de un determinado bloque de exploración, con áreas promedio de 2.000 km², sitios de exploración intensiva.

De esta manera, podría darse el caso que, dentro de esa zona de 2.000 km², finalmente se identifique una o varias áreas, de por ejemplo, 2 hectáreas, donde se debe realizar una exploración intensiva.

La fase II se refiere a la exploración intensiva, que si implica actividades que generan impactos ambientales significativos, que cuando se realizan en tierra, podrían implicar la apertura de trochas, la eliminación de bosque y la preparación del suelo; así como la valoración de los potenciales impactos en caso de que se detecte un yacimiento de hidrocarburos en el subsuelo del sitio. Cuando la actividad se produce en el mar, también implica impactos ambientales significativos que requieren un EsIA detallado.

Trámite de EsIA. Debido a que la Ley de Hidrocarburos establece que se debe realizar un EsIA para la exploración petrolera y en razón de que el EsIA para los sitios de exploración intensiva, solo se puede realizar cuando la Fase I o de prospección se realice, es que el cuestionado decreto ejecutivo divide dicho estudio, como mínimo, en dos partes.

La primera parte, corresponde al EsIA para la fase prospectiva, que cubre las actividades de bajo impacto, según la lista que el decreto señala, para la totalidad del área solicitada para exploración. No incluye, como es de esperar, los sitios donde se realizaría la exploración intensiva, debido a que los mismos no se conocen todavía. De esta manera, el EsIA, para esta fase, es general y no puede entrar en detalles sobre los impactos específicos.

El decreto señala que si se obtiene la viabilidad ambiental para esta primera fase, de prospección, se puede firmar el contrato de exploración. No obstante, eso no significa en ningún momento que se está aprobando la realización de la exploración intensiva, sin cumplir con el trámite de un estudio de impacto ambiental detallado para esta.

En eso, el decreto es claro y contundente, pues en su artículo 6 se señala que “ningún concesionario podrá pasar de la fase I a la fase II sin la debida valoración ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y previa solicitud de la Dirección General de Hidrocarburos”.

En el caso de que, como producto de la prospección, se identificara un sitio de exploración intensiva, antes de que se realice cualquier actividad que genere impactos al ambiente, como abrir una trocha, cortar un solo árbol, o preparar el terreno para una perforación, deberá realizarse un Estudio de Impacto Ambiental completo para esa exploración intensiva, y deberá obtenerse la viabilidad ambiental, para poder ejecutar esa actividad.

Como parte de la elaboración y análisis de ese EsIA, deberán cumplirse las fases de participación y consulta pública que establece la Ley Orgánica del Ambiente.

La no obtención de la viabilidad ambiental para la exploración intensiva, o dado el caso para la explotación petrolera, no tendría consecuencias para el país, en la medida que esa viabilidad es parte intrínseca del contrato, tal y como lo establece el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos.

La existencia del decreto protege los intereses ambientales del país, en cumplimiento de la legislación y de los intereses colectivos por encima de los intereses particulares.

Importancia de tomar decisiones. Al no existir un contrato firmado, no existe un compromiso que obligue al Estado costarricense a realizar una eventual exploración petrolera por medio de una empresa extranjera.

Las condiciones ambientales y sociales del país han cambiado notablemente en los últimos 14 años.

La gran mayoría de la sociedad costarricense no está de acuerdo con la realización de actividades mineras metálicas o petroleras. Es deber de las autoridades escuchar esas voces.

En consideración de todo esto, y tomando en cuenta el marco con que fue elaborada y aprobada la Ley de Hidrocarburos, la solución final a la situación planteada no es derogar un decreto cuya finalidad fue darle coherencia al proceso de EsIA, sino que debería ser la derogatoria de dicha ley y su sustitución, por una ley que promueva la investigación científica del subsuelo, por medio de un servicio geológico nacional, con el apoyo de las instituciones públicas y las universidades.