Desastre de Otto y la oportunidad de mejorar gestión del riesgo

Con el ánimo de ser proactivo y autocrítico sobre las acciones tomadas por las autoridades de gobierno respecto a la emergencia del Huracán Otto, hay que iniciar por reconocer la positiva y dedicada gestión realizada, cuyo objetivo primordial se centró en salvaguardar la vida.

No obstante, también es importante analizar, en perspectiva, lo sucedido para promover mecanismos escalonados que nos permitan mejorar en un tema clave para nuestro país: la gestión del riesgo preventiva.

Gestión del riesgo: la Ley Nacional de Emergencias la define como: “Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.”

Como se puede ver, tiene dos componentes: la Preventiva y la Reactiva. Esta última es la que ocupa, hasta ahora, la mayor cantidad de esfuerzos de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE), tanto en su instancia central como a los comités locales.  Actúa cuando el evento que motiva la emergencia (desastre) está sucediendo o ha sucedido. Implica fundamentalmente acciones en la atención de los afectados.

La componente Preventiva es diferente, porque se tiene que desarrollar antes de que ocurra el desastre.  Como parte de la misma, y dada la naturaleza de evento que produce el desastre, puede implicar la acción de evacuación de los sujetos en el peligro inminente de los sitios, identificados, como de alto y muy alto riesgo.

Problema de escala de la Prevención: la reciente experiencia con lo del Otto ilustra esta situacion. Así, a nivel nacional, el Presidente mostraba un mapa del país con los cantones declarados en Alerta Roja, con lo cual se ordenaba a la gente evacuar los sitios de riesgo, como las áreas cercanas a los ríos o sitios propensos o vulnerables a los deslizamientos. 

Cabe decir que el lineamiento así emitido a escala nacional es correcto. No obstante, el problema es llevarlo a la escala local. Y este detalle de escala, podemos afirmar, es lo que desafortunadamente lleva a que se produzcan víctimas.

Ilustrémoslo con un ejemplo: como parte de los cantones la alerta roja por Otto se incluyó a Pérez Zeledón. Se trata de un cantón de casi 2000 km2 con un porcentaje significativo de población que reside en zona rural de montaña. ¿Debían todos ellos evacuar sus casas? ¿Hacia dónde deberían ir? ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál era su condición efectiva de riesgo y a qué factores: deslizamientos, inundaciones, avalanchas, etc.?

Como podremos notar, el tema clave aquí está en el detalle: en información y preparación a escala de casas, caseríos, barrios, distritos y el cantón mismo.  Una tarea que no se puede resolver en el momento de la emergencia, sino antes, como parte de una efectiva gestión preventiva del riesgo.

Esta es la llave para mejorar en la búsqueda de objetivo fundamental: salvar vidas y, también, las propiedades y la infraestructura vital.

¿Cómo lograrlo? La respuesta está en el uso combinado de la información de detalle que el mismo país ha generado durante, al menos, los últimos 10 años. Veamos:

Paso 1: Información cartográfica. el Programa de Regularización y Catastro generó, para una gran parte de país, muy valiosa información catastral y de imágenes de alta resolución. Son tan detalladas que, en muchos casos,  es posible ver  el techo de las casas de habitación con mucho detalle, tanto que hasta se podría “escribir” en ellos el nombre de quienes viven allí (datos de Censo y del Comité Local) y, sus números de teléfono celular para mensajes de urgencia.

Paso 2: Información de sitios de Alto y Muy Alto Riesgo a Amenazas Naturales.  Desde que la Sala Constitucional, en el año 2002, ordenó que los planes regulares realizaran “un examen de impacto ambiental”, esta información se ha venido generando con un detalle aceptable (escalas 1: 10.000 a 1: 25.000) por medio de la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE en los estudios para los planes reguladores u otro ordenamiento territorial y de evaluación del riesgo.  Los estudios de Zonificación de Fragilidad Ambiental o de identificación de sitios de riesgo a buena escala, realizados hasta ahora, cubren al menos 50 cantones, poco más de la mitad del país.

Paso 3: Cruce de información y desarrollo de planes locales de Gestión Preventiva del Riesgo. El producto principal de ese “cruce” de información es que permite identificar sobre mapas y ortofotos, con mucho detalle, qué casas y construcciones, en general, se encuentran en alto y muy alto riesgo.

Nótese que no se trata de todo el territorio del cantón, sino las áreas de este que caen es esa categoría. Como se ve, con esta plataforma de información, de escala detallada, es posible realizar una gestión verdaderamente efectiva y preventiva. 

La gente que vive en esos sitios debe ser informada y capacitada. Además, de forma participativa, deben diseñar su plan de emergencia y evacuación e, incluso, en casos necesarios, sus sistemas de alerta temprana. 

Todos pueden tener tras la puerta de sus casas el Protocolo de Emergencia (adaptado a sus condiciones) que deben aplicar si se declara Alerta Roja. Así, no tendrán que esperar a que lleguen a buscarlos, haciendo que se pierda tiempo valioso. Además, con el tiempo necesario,  se  resuelve mejor lo que hay que hacer para atender a las personas con limitaciones de movilidad e, incluso, a los animales (mascotas y de granja).  

El protocolo puede incluir el sitio donde debe desplazarse por seguridad que, no necesariamente, tiene que ser un albergue, sino un lugar previamente definido y acordado por los vecinos. 

¿Que se requiere para implementarlo? Solo la voluntad y disposición de las autoridades para orientar esfuerzos y recursos en esa dirección. Ya, desde el 2011 se dispone de una propuesta de Proyecto conjunto entre el IFAM y la CNE. Solo se ocupa de reactivarlo y ponerlo en marcha.

Historia reciente y retos:  la revisión de los desastres naturales principales (fenómenos hidrometeorológicos o terremotos) que han provocado muertes de personas en el país durante los últimos 30 años nos dicen que ocurre, en promedio, uno cada 3 años. Es decir que, cada administración de gobierno enfrenta al menos una crisis de emergencia por desastre natural. 

Lo malo es que el tema se atiende y la imagen política se mejora, empero no se hace nada más. La página se pasa con facilidad y rápido se entra en la rutina de siempre, dejando la amarga experiencia de muerte en el olvido, sin que el sacrificio de esas vidas perdidas tuviera alguna utilidad. Algo que a todas luces no es correcto, en particular, porque sí es posible hacer algo.

Pero el asunto no termina allí. La combinación de tres realidades concretas, también deberían llevarnos a reaccionar lo antes posible:

1. Vivimos en un país geológicamente muy activo, donde se presenta toda la lista de fuentes de amenazas naturales, como en libro de texto. Solo que con la gran bendición de que en un 90% son reconocibles y mapeables.

2. La variabilidad climática y el Cambio Climático hacen de Centroamérica, Costa Rica incluida,  la región del mundo más vulnerable. Algo que deberíamos tomarnos muy en serio para tomar medidas concretas.

3. Por la ausencia de Planificación Territorial y Estratégica, combinada con la existencia de una excesivamente laxa normativa de uso de suelo, tenemos muchas construcciones en sitios de alto y muy alto riesgo (20 % en la GAM, al menos).

Por todo esto es que requerimos actuar pronto, desarrollando las bases de un proceso de mejoramiento continuo que logre resolver el problema de escala entre el nivel nacional y el nivel local. Algo que, en definitiva, ayudara mucho a cumplir el sagrado objetivo de salvar cada vez más vidas.

La actual administración de gobierno tiene, a raíz de lo sucedido con el Huracán Otto, la valiosísima oportunidad de cambiar la historia y avanzar en la dirección correcta. Para ese fin, me pongo a su entera disposición para trabajar juntos. Nuestro país se lo merece.

Costa Rica necesita investigación geológica, no explotación petrolera

Ante la reciente publicación de la Junta Directiva del Colegio de Geólogos de Costa Rica, titulada “Posición del Colegio de Geólogos de Costa Rica –CGCR- ante la Exploración y Producción del Petróleo y Gas Natural en Nuestro País”, y en razón de que el autor no comparte esa posición y, debido a que el tema podría ser del interés de la sociedad, se hace necesario presentar de forma pública los argumentos de ese disentimiento.

En primer lugar, debo señalar que conozco del tema en razón de haberme desempeñado como geólogo de exploración petrolera (en Costa Rica y Nicaragua) para RECOPE, durante más de 10 años. De igual manera, contribuí con la Dirección General de Hidrocarburos en la elaboración del Cartel de Licitación de Bloques Petroleros del país y de una publicación de síntesis sobre el Potencial Petrolero de Costa Rica. Todo esto entre los años 1984 y 1995, cuando comencé a trabajar más en el área de evaluación de impacto ambiental.

Posición gremial: respecto a la publicación del CGCR se hace necesario realizar algunas precisiones:

En Costa Rica no existen reservas de petróleo y gas natural probadas, de manera que no es posible hablar de explotación de esos recursos. En razón de ello, todo lo que se afirme sobre este tema es absolutamente especulativo y, por tanto, no resulta correcto generar la expectativa de que en el subsuelo de nuestro país hay reservas explotables de hidrocarburos.

Desde principios del siglo XX se encontraron evidencias de hidrocarburos en varios lugares de país. No obstante, el hecho de que los análisis de los mismos indiquen que son de buena “calidad” no significa, para nada, que se encuentren en cantidades suficientes para formar reservas explotables. 

Cuando se habla de que por medio de las tecnologías actuales los yacimientos que antes eran “invisibles” ahora son “visibles”, sería de gran relevancia que se indique primero que todo: ¿quién ha generado esa información?, ¿cuál es el respaldo científico de la misma?, ¿dónde están los informes técnicos recientes que respaldan eso? y ¿qué entidad oficial los ha revisado y avalado? Mientras eso no se indique, nos mantenemos en el campo de la simple especulación

Al amparo de la Ley de Hidrocarburos la actividad petrolera sería realizada por empresas petroleras transnacionales, por lo que se tiene que tener claro que el único beneficio directo para el país serían las regalías que representarían hasta el 15 % de lo explotado (en caso de que se explotara algún hidrocarburo), de manera que el país tendría la opción de comprar el resto del “petróleo o gas natural nacional” al precio del mercado internacional. Un negocio que no suena nada bien si contemplamos que los costos de los daños ambientales residuales, igual que en minería, se quedan en el país.

Justificar la actividad petrolera bajo el pretexto de que Costa Rica compra hidrocarburos a los países productores no es suficiente dado que, como se indicó antes, siempre tendría que comprar los hidrocarburos nacionales y, además, por otro lado, el objetivo que se persigue es hacer la economía nacional cada vez menos dependiente de los hidrocarburos (descarbonización de la economía según los Acuerdos de París del 2015).

El país está apostando a una estrategia de ser Carbono Neutral en el 2021 y de sustituir, gradualmente, los hidrocarburos (que se queman principalmente por el parque automotor) por otras fuentes de energía como los biocombustibles, el hidrógeno y la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Por eso, es mejor citar el VII Plan Nacional de Energía del país, que las palabras del Ministro Edgar Gutiérrez en el marco de justificar la fracasada nueva refinería china de RECOPE.

La actividad petrolera, definitivamente, sí genera impactos ambientales negativos y hasta daños ambientales muy serios a los ecosistemas, el aire, el suelo, el agua, los acuíferos y al subsuelo. Si no que lo digan los ecuatorianos con lo que está pasando con la explotación petrolera que se está dando en sus áreas protegidas. Y justificar que con una EIA aprobada por la SETENA se garantizaría una buena gestión ambiental no es en absoluto suficiente (ver: Página Abierta, 05.07.2016: “Control ambiental y complicidad institucional”). Hasta que el país no haya resuelto el tema de la SETENA y su mejora estructural integral, es mejor no usar ese argumento para defender las actividades productivas y menos la petrolera.

Finalmente, afirmar que en esa materia nuestro país podría seguir el ejemplo de Noruega también es bastante iluso por muchas razones, pero sobretodo porque aquí no tenemos reservas probadas, ni tan grandes (en caso de que existieran) como las de ese país, ni tampoco tenemos ni la institucionalidad técnica y ambiental, ni la normativa, ni el control ambiental para poder hacer lo que ese país ha logrado. En eso es mucho más probable que seguiríamos los ya bastantes negativos ejemplos latinoamericanos, como nos ilustra la pesadilla de don Thelmo Vargas (La Nación, 30.09.2016: ¿Petróleo en subsuelo tico?).

Alternativas: En razón de esos argumentos es que señalamos que para Costa Rica no es para nada conveniente apostar por la actividad petrolera con el objetivo de explotarlo (en caso de que existieran yacimientos), en el marco de una ley obsoleta y entreguista como lo es la Ley de Hidrocarburos. 

A pesar de que el país todavía debe afinar mejor su modelo de desarrollo económico para que sea de verdad sustentable ambientalmente y más equitativo socialmente, el modelo de país ecoturístico y de producción diversificada (con más de 4.000 productos de exportación, incluyendo productos tecnológicos) es un camino menos arriesgado y más apto para nuestra nación.

En esa vía, los geólogos tenemos mucho que aportar y de allí que afirmemos que, antes que explotación petrolera, los más importante es avanzar en investigación geológica para dar esa sustentabilidad al desarrollo de nuestro país. 

De modo paradójico y ejemplificante, el día domingo 02.10.2016 en el diario La Nación, en la misma página 10.A en que se coloca la citada “posición del CGCR”, en la parte superior, se da la noticia de que “Paraíso frena la construcción de urbanizaciones por falta de agua”, algo que también representa un problema geológico (particularmente en lo referente a aguas subterráneas) y que es mucho más urgente que invertir los limitados recursos del CGCR en promover la eliminación de una Moratoria a la Actividad Petrolera para permitir el ingreso de empresas petroleras al país. 

Existen problemas ambientales y geológicos más apremiantes para el país y para lo cual el CGCR debería ser más proactivo, como lo es, por ejemplo, la creación del Servicio Geológico de Costa Rica.

Rellenos sanitarios vrs incineradoras: ¿Qué es más conveniente para nuestro país?

Debido a que se está dando un debate respecto a este tema, y dada su importancia para la gestión ambiental de los residuos sólidos, se hace necesario ordenar algunos conceptos.

Incineradoras: esta propuesta se ha planteado como una solución moderna, tecnológica y, también, como “altamente” rentable. 

La premisa es que, con la incineración, se podrá reducir la casi totalidad de los residuos y, además, se podrá generar electricidad. Se afirma que, prácticamente, las municipalidades “no tendrían que pagar por cada tonelada de residuos que se incinere” y “hasta podrían recibir un pago”.

Se asegura que la incineración es “poco contaminante” y que estaría bajo estricto control ambiental, por lo que “no hay por qué preocuparse”.

Visto así, el planteamiento resulta “atractivo”. Por eso, algunos alcaldes la ven como la gran solución y, como una forma de “olvidarse de los rellenos sanitarios”.

No obstante, como hemos dicho antes (Página Abierta, 16.02.2016: Cuidado con la incineración), en este tema “no todo lo que brilla es oro”. Hay varias objeciones:

Se requiere una inversión inicial muy alta: varias decenas de millones dólares para una planta pequeña.

Requiere consumir la mayor cantidad de residuos combustibles, por lo que los residuos que son objeto de reciclaje son “atractivos”, así, de forma directa o indirecta, la incineración afecta el proceso de reciclaje y, todas las actividades económicas relacionadas.

Contradice la jerarquización que establece la Ley para el Gestión Integral de Residuos Sólidos, por lo que la incineración de todos los residuos podría ser ilegal y hasta inconstitucional.

La incineración sí produce contaminación: emisiones y residuos sólidos (dioxinas), por lo que se requiere de una fuerte inversión en medidas tecnológicas de prevención ambiental que son muy caras.

El Control Ambiental también es muy caro, dado que se requiere estar revisando las emisiones que se producen y lo que se hace con residuos muy tóxicos que quedan.

No está claro aún qué valor le establecería la ARESEP al KW generado por incineración, de manera que, hasta que eso no se haga, estaríamos especulando. No obstante, nótese que apostar por que va a ser alto y que, por eso, la plata va a alcanzar para todos, incluso para los municipios, no solo es iluso, sino altamente riesgoso. Ello, dado que, de previo, las municipalidades estarían obligadas a firmar contratos en que se comprometen a entregar todos los residuos sólidos, por periodos mínimos de 20 años. O sea, primero se les pide que se comprometan y luego se ve el riesgo que eso implica: ¿una trampa?

Las incineradoras se utilizan en países desarrollados del “primer mundo”, como una alternativa diferente a los rellenos sanitarios, particularmente para áreas urbanas muy pobladas donde esa solución técnica no es posible de implementar. Además, se debe tener claro que los residuos sólidos de esos países son bastante diferentes, respecto a los nuestros, donde casi el 65 % de los residuos son de tipo orgánico (restos de material vegetal), que son muy húmedos y tienen poco poder calorífico. Algo que presiona aún más el quemado de materiales que se reciclan: papel, cartón, plástico, entre otros.

Rellenos sanitarios: ese tipo de solución tecnológica ha sido “satanizada” y minimizada por muchos, en particular por los “adeptos a la incineración” y también, hay que reconocerlo, por la muy mala reputación que tienen algunos botaderos a cielo abierto, así como rellenos sanitarios mismos, que en realidad no lo son, dado que no cumplen a cabalidad con los requisitos técnicos de este tipo de solución tecnológica. No obstante, un relleno sanitario, bien manejado y sujeto a un efectivo proceso de control ambiental, si puede representar una alternativa apropiada y, comparativamente, más barata, que la incineración. Veamos: 

Un relleno bien manejado representa un encapsulado de los residuos sólidos que, bien realizado, garantiza que los residuos, como el plástico que tanto daño le produce a la vida de los ríos, las playas y a nuestros océanos, sean concentrados en un solo sitio, por muchas décadas o varios siglos, hasta que se degraden o se puedan procesar con otro tipo de tecnología más avanzada.

El relleno sanitario no contradice el sistema de jerarquización que establece nuestra legislación, ya que, de previo a la disposición final, los entes generadores, las municipalidades y en el mismo Relleno, pueden reducir, reutilizar y reciclar, así como compostar.

Los rellenos no contradicen, ni compiten, contra el Sistema de Reciclado que existe en el país desde hace 20 años.

El costo del tratamiento de los residuos en un relleno es más barato, lo que se ajusta a la realidad económica de nuestro país y de nuestros municipios, en particular por el sistema de cobro de la basura, que se basa en un mecanismo indirecto y no por el tipo, peso y volumen de residuos.

Si el sitio donde se ubica el relleno sanitario cumple, de forma efectiva, con estrictos requisitos técnicos y ambientales, particularmente de Geoaptitud, la actividad no debería representar una fuente de contaminación ambiental al suelo, ni a las aguas subterráneas.

Si el Relleno, incluyendo sus caminos de acceso y el camiones de transporte, están sujetos a un estricto proceso de control ambiental, como el que nuestra legislación permite, pero que nuestras autoridades ambientales no utilizan (ver Página Abierta, 05.07.2016: “Control ambiental y complicidad institucional”), no debería representar una fuente de contaminación al aire (por olores y emisiones) o a las aguas.

Balance: ante esta situación, debemos tener claro que no podemos ignorar el problema. Tampoco resulta apropiado pensar que “otros deben ver cómo solucionan ese tema”. Se trata de un problema de todos, ya que todos producimos residuos. 

También, tenemos que tener claro que la solución debe lograr un correcto y equilibrado balance entre el costo del tratamiento, su potencial de contaminación y el proceso de control ambiental que se requiere. Y es, precisamente, en este aspecto en que los incineradores no parecen llevar la ventaja a los rellenos sanitarios bien manejados.

Nótese que se recalca que el relleno sanitario debe ser bien manejado, que lleva implícito que su localización debe cumplir estrictas condiciones de geoaptitud y, además, su diseño y operación estar sujetos a un muy estricto control ambiental. Algo que si es posible lograr, dado que la legislación así lo permite, y que, para implementar, lo único que se requiere es una correcta gestión de nuestras instituciones y de las empresas que deben operar esos rellenos.

Apostar por la incineración tiene como consecuencia el que, en la práctica, se abandone la posibilidad de utilizar rellenos sanitarios bien manejados en el futuro, algo que podría resultar altamente contraproducente para el ambiente y la calidad de vida de todos en el país.

Por todo eso, y en concordancia con lo planteado en nuestra Acción de Inconstitucionalidad contra el decreto de co-incineración promovido por el Poder Ejecutivo en septiembre del 2015, nuestra posición es que el país debería decidir por el desarrollo de rellenos sanitarios bien manejados como solución al tema de los residuos sólidos. 

Rellenos sanitarios, cuyas propuestas actuales y futuras deberían ser revisados con un estricto criterio técnico ambiental, para garantizar que su localización y operación sean correctas y que se garantice una correcta sustentabilidad ambiental en el manejo de los residuos sólidos.

Modelo de desarrollo y sustentabilidad ambiental

Los muchos diagnósticos realizados, en particular, por el Estado de la Nación, nos afirman que durante los últimos 30 años la economía del país ha crecido, pero el porcentaje de pobreza se ha estancado, lo que significa, que ahora hay más pobres. El “progreso” económico no ha permeado, los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han mantenido o se han hecho más pobres. El coeficiente Gini que mide la desigualdad se ha disparado en Costa Rica en los últimos 8 años.

Mientras tanto, de forma recurrente, nos siguen insistiendo que para salir de la pobreza hay que crear más empleo. Se nos afirma que para crear más empleo, hay que firmar más tratados y dejar que los inversionistas vengan a hacer negocio en el país.

También nos dicen que para que la inversión se haga más rápido, hay que quitar obstáculos a la misma. Hay que eliminar o simplificar trámites. Dentro esos trámites se incluye el tema ambiental.

Sacrificio Ambiental: como parte del tema ambiental, está la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que se ha convertido en un mero trámite. Esta figura usada en los países desarrollados, aquí en Costa Rica ha perdido su objetivo fundamental. Se ha convertido en una herramienta de Sacrificio Ambiental del país, dizque para “vencer la pobreza”, que sigue estancada o crece.

Ese sacrificio ambiental es acumulativo y, conforme seguimos haciendo eso, nuestra naturaleza es y sigue siendo dañada.  La salud de los costarricenses también.  La calidad de vida se va desmejorando notablemente.  

Pero no solo se trata de la inversión extranjera, sino también de los empresarios nacionales que se quejan de que hay “muchos obstáculos” y abogan por que se les eliminen y simplifiquen, incluyendo como parte de los mismos, los requisitos en materia ambiental.

Mientras tanto, también, desde hace cerca de 30 años (¿casualidad?), dejamos de hacer planificación de mediano y largo plazo. Nos damos el lujo de archivar en el 2010 el resultado de estudios técnicos que nos costaron  cerca de $ 20 millones invertidos en el PRUGAM, y que podemos volver a leer una y otra vez ante el caos vial,  urbanístico, la escasez de agua y muchos otros efectos negativos que afectan la vida de la mitad de la población que habita la GAM. Así, quedamos y seguimos sujetos al vaivén de los ciclos políticos (o poliqueros) en los que se definen los planes de gobiernos, que son las promesas de campaña maquillados según la realidad encontrada por la nueva administración de gobierno.

Sin planificación hay desorden, y con el desorden, el sacrificio ambiental es mayor. Así, estamos en un círculo perverso de “lucha contra la pobreza = sacrificio ambiental” que se traduce, de paso,  en mayor enriquecimiento de los sectores privilegiados.

Mientras tanto, nuestra Naturaleza y Recursos Naturales siguen perdiéndose y deteriorándose de forma muchas veces irreversible. La contaminación aumenta y nuestros índices ambientales, continentales y marinos, siguen retrocediendo.

¿País ecológico?: el colmo es que nuestro país se vende y se ha vendido al mundo como una “país verde”, “ecológico”, “esencial”, natural, “sin ingredientes artificiales”.

Los turistas que visitan el país, vienen, en su gran mayoría, a buscar eso. Y todavía lo encuentran, principalmente en nuestras casi olvidadas y debilitadas áreas silvestres protegidas, pero mezclados con imágenes de nuestra realidad cotidiana: ríosy playas contaminados con basura, coliformes fecales y químicos, contaminación del aire en las ciudades, arteroescloresis vial y caótica, suelos contaminados con agroquímicos, acuíferos sobreexplotados y/o contaminados, y deterioro del paisaje por un desarrollo urbano descontrolado, entre otros muchos males ambientales que nos aquejan.

El turismo se ha posicionado como la principal fuente de ingreso, por encima de la exportación de piña, banano, café y de los productos industriales.  La Naturaleza nos envía un mensaje que todavía no logramos comprender.

La pregunta es: ¿hasta cuándo soportará ese modelo insostenible de desarrollo que tenemos?

Los primeros que deberían luchar porque ese modelo de deterioro ambiental del país cambie es el sector turístico del país. Empero, parece que para ellos, como a otros muchos, son los “pequeños detalles” los que importan, como: ahorrar el agua y la energía, sembrar algunos árboles, el reciclado de los desechos y el tratamiento de las aguas, entre otros, que aunque son acciones importantes, no son suficientes, dado que el verdadero problema es otro.

El deterioro del ambiente y la naturaleza en nuestro país no solo se logra con esas loables acciones.

Soluciones: detener el deterioro de la naturaleza y del ambiente, por el sacrificio ambiental al que nos empuja nuestro depredador modelo de desarrollo, es vital.  No solo para fortalecer y hacer crecer nuestra principal fuente de ingresos, sino por la salud de la población y para evitar que la pobreza siga creciendo con todos los problemas sociales que lleva consigo. 

Para lograr el verdadero desarrollo no necesitamos sacrificar el ambiente. Todo lo contrario de lo que hemos hecho durante los últimos 30 años y que todavía estamos haciendo, con cada vez más celeridad, como si nuestra naturaleza, el ambiente y los recursos naturales, fueran inagotables.

En síntesis, nuestro modelo de desarrollo  es defectuoso y se sustenta sobre una premisa absolutamente falsa, que parte de la presunción de que nuestra naturaleza es capaz de soportar todo el sacrificio que le impongamos en pos de un crecimiento económico que, para colmo, no se traduce en verdadera y efectiva mejora económica para los sectores más necesitados.

En este contexto, es indispensable e impostergable, hacer un cambio sustancial en nuestras premisas de desarrollo.  Urge tomar nuevas decisiones estratégicas, que no necesariamente significan una nueva Constitución, ya que lo que se requiere es darle Sustentabilidad al desarrollo socioeconómico del país, anteponiendo la protección y salvaguarda de los dos recursos más valiosos que tiene nuestro país: la naturaleza y sus recursos naturales y su gente, su pueblo.

Ya en el pasado, el país tomó muy importantes decisiones estratégicas, como el impulso a la educación pública, la seguridad social y la abolición del ejército, entre otros. Es hora de que, sobre la base de un serio y efectivo proceso de diálogo nacional, tomemos nuevas decisiones estratégicas que impulsen un verdadero y efectivo desarrollo sustentable para nuestra nación. Es indispensable que lo hagamos lo antes posible, por amor a la vida y a nuestros niños y jóvenes, y también por aquellos que todavía no han nacido. 

A las nuevas autoridades municipales de la GAM

Ante todo se hace necesario extenderles a nuestras nuevas autoridades municipales una sincera felicitación por el cargo y el deseo ferviente de que cumplan con sus importantes responsabilidades con todo éxito. Éxito a labrar con esfuerzo, sacrificio, honradez y transparencia, después de 6 largos años de yerros y de extrañezas detectadas en algunas municipalidades y en nuestras autoridades nacionales en materia de ordenamiento territorial.

Debido al hecho de que el principal instrumento para realizar una eficiente gestión municipal lo representa un buen plan regulador se han presentado diversas especulaciones sobre este tema, vinculadas a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el autor de esta nota junto con el abogado ambientalista Alvaro Sagot. Debido a estas especulaciones de valía bastante limitada, se hace necesario hacer una serie de aclaraciones. 

Aclaraciones que consideramos podrían ser de gran utilidad para aquellas municipalidades de la Gran Área Metropolitana (GAM) que todavía no tienen viabilidad ambiental para su plan regulador:

1. De los 31 cantones que forman la GAM, un número importante de ellos tienen viabilidad ambiental de la SETENA. Dichos cantones son: Paraíso, Alvarado, Cartago, El Guarco, La Unión, Curridabat, Goicoechea, Moravia, Alajuelita, Tibás, Escazú, Atenas, Oreamuno y San Pablo (14). Algunos de ellos tienen ya su plan regulador debidamente aprobado por el INVU y operando en sus territorios. 

2. Las viabilidades ambientales a esos planes reguladores se tramitaron con el apoyo del Ministerio de Vivienda, por medio del Plan Regional y Urbano de la GAM, el denominado PRUGAM. Eso sucedió entre el año 2008 hasta principios del 2010.

3. Los cantones de la GAM que todavía no tienen viabilidad ambiental son: Desamparados, Flores, Poas, Alajuela, Santa Ana, Aserrí, San Rafael, Belén, Mora, Montes de Oca, Coronado, Santo Domingo, San Isidro, Heredia, Barva y Santa Bárbara (16).

4. El PRUGAM, a pesar de considerarse como un Plan Regional, planteó como una de sus tareas fundamentales el realizar los planes reguladores de todos los cantones de la GAM. Así se propuso elaborar la parte ambiental, es decir, la Zonificación de los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA), a la misma escala que se requiere para los planes reguladores, o sea, a escala 1:10.000. Esto es muy importante que se sepa, pues se han diseminado algunas especulaciones y confusiones sobre este preciso punto. El PRUGAM, bajo la coordinación técnica de este autor, quien trabajó con un grupo multidisciplinario de profesionales, elaboró los IFA de los 31 cantones a escala 1:10.000! El Plan Regional del PRUGAM se conformó por la unión de todas esas zonificaciones ambientales de los 31 cantones que conforman la GAM.

5. La zonificación de IFA elaborada por el PRUGAM cumple con el procedimiento técnico establecido por el Decreto Ejecutivo No. 32967 MINAE, prueba de ello lo representa el hecho de que el PRUGAM recibió Viabilidad Ambiental de la SETENA en el año 2009.

6. Además de los IFA, el PRUGAM elaboró el Análisis de Alcance Ambiental que establece dicho decreto de los IFA, y no solo eso, también se elaboró el Reglamento de Desarrollo Sostenible de la GAM, que fue aprobado por la SETENA en noviembre del 2009.

7. Como producto de la zonificación de IFA, se identificaron un total de 15 zonas de fragilidad ambiental para la GAM. Para todas y cada una se identificaron las limitantes y potencialidades técnicas, así como las recomendaciones de uso del suelo que fueron formalizadas por la SETENA cuando otorgó la viabilidad ambiental (Resolución No. 1532 – 2009), y además, aprobó el Reglamento de Desarrollo Sostenible de la GAM (Resolución No. 2748 – 2009).

8. Para cada cantón, se elaboraron los mapas que solicita el decreto  de lo IFA, derivando el Mapa de zonificación de IFA, con la respectiva Tabla de Limitantes Técnicas.  Esta información puede ser consultada por las municipalidades en la página electrónica del MIVAH (www.mivah.go.cr/PRUGAM.shtml). Es muy importante señalar que esa información sigue vigente y puede ser utilizada por cualquiera de las municipalidades de la GAM que todavía no tenga viabilidad ambiental y plan regulador aprobado.

9. El Decreto 39150, promulgado por el Poder Ejecutivo en setiembre del 2015, para “agilizar el trámite de los planes reguladores”, todavía está vigente. Solo fueron impugnados, ante la Sala Constitucional, algunos artículos que dicha Sala suspendió. No obstante, muchos de los artículos que permiten agilizar el trámite de los planes reguladores están vigentes y se pueden aplicar.

10.    Uno de esos corresponde con el inciso “a” del artículo 23, que establece que las municipalidades de la GAM cubiertas por el PRUGAM pueden hacer uso de los “insumos del PRUGAM”.  Dentro de esos insumos se encuentra, además de la zonificación de IFA, el Análisis de Alcance Ambiental y el Reglamento de Desarrollo Sostenible y la misma viabilidad ambiental!

Esto último es muy importante, ya que bajo esa premisa, y sobre la base de la aplicación del Decreto de “agilización de los planes reguladores”, las municipalidades de la GAM que no tengan todavía viabilidad ambiental para sus planes reguladores podrían solicitar que se les aplique la Viabilidad del PRUGAM. Para ello la recomendación es que la Municipalidad respectiva le informe a la SETENA que quiere hacer uso de ese insumo y que el Plan Regulador se va a circunscribir al mismo territorio que fue objeto de la zonificación de IFA elaborada por el PRUGAM para ese cantón.

Así, en principio, la Municipalidad lo que debería presentar a la SETENA sería una actualización del Análisis del Alcance Ambiental y del Reglamento de Desarrollo Sostenible elaborado por el PRUGAM, pero adaptado al cantón respectivo y a la propuesta de Plan Regulador, al cual debe realizar examen ambiental de “sobreuso potencial”, según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 32967MINAE. Dichos documentos están en poder del MIVAH y también pueden ser consultados en la SETENA.

Cabe aclarar también que para el año 2009 el PRUGAM elaboró las propuestas de una gran cantidad de planes reguladores para casi todos los cantones de la GAM. Unos de ellos finalmente fueron aprobados, otros fueron entregados a las municipalidades, pero no fueron tramitados por éstas. A pesar de eso, esos documentos podrían ser de utilidad para tramitar las nuevas propuestas del Plan Regulador de los cantones que así lo deseen. 

Aprovechar oportunidad. Como se puede ver, aprovechar esa oportunidad podría permitir cumplir con el objetivo y el espíritu del decreto y promover una agilización efectiva de los planes reguladores. Esto, sin tener que realizar grandes inversiones, ni “empezar de nuevo todo el proceso”,  pues de lo que se trata es que se aproveche la inversión realizada por el Estado con la ayuda de la Unión Europea por medio del PRUGAM. 

Finalmente, para los cantones que se encuentran fuera de la GAM, y que también elaboraron planes reguladores que se encuentran en un “limbo tramitológico” derivado del rechazo u archivo de sus expedientes, hemos presentado una solicitud a la Contraloría General de la República en la que se presentan los argumentos para pedir que el proceso de dichos expedientes se debería retrotraer hasta el momento previo en que la SETENA los archivó o rechazó: ello con el fin de que se pueda continuar con su trámite a partir de ese momento.

Esta gestión también obedece al hecho que los argumentos utilizados por la SETENA para el archivo o rechazo podrían tener serios vicios de ilegalidad en razón de que se utilizaron instrumentos no contemplados en la normativa vigente. Esperamos, por tanto, que la intervención de la CGR pueda resolver esta grave situación que afecta a tantos cantones del país.

El suscrito desea dar a conocer esta información con el ánimo de que las nuevas autoridades municipales dispongan de datos que puedan ser útiles para la gestión de sus planes reguladores, y a fin de que se aproveche al máximo lo que ya existe y está formalmente aprobado por la SETENA.