Colaboración con: Mario Arias.
Durante las últimas semanas, algunos empleados del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) han estado denunciando que se está dando un traslado "forzado" de funciones e información de su Dirección de Investigación y Recursos Hídricos, que administra el tema de las aguas subterráneas, a la Dirección de Aguas del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), creada el año pasado.
Este traslado paulatino se da, además, a la sombra de unos decretos ejecutivos emitidos en los últimos días de la administración Arias, objetados desde un inicio y actualmente ante la Sala IV, y bajo una "comisión de coordinación", no técnica, donde destaca la casi olvidada Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
La justificación principal esgrimida para dicho traslado es que existe una supuesta duplicidad de funciones entre ambas instancias y, por eso, la intención de prácticamente cerrar las funciones de una instancia (Senara) y trasladarlas a otra instancia (Minaet), aun cuando esto violente la misma ley de creación del Senara, varias resoluciones de la Sala Constitucional y varias recomendaciones de la Contraloría General de la República en relación con el "manejo" por parte del Minaet de acuíferos costeros. No obstante, es importante analizar esta situación con más cuidado, pues existe un gran riesgo con eso de poner todos los huevos en el mismo canasto.
Valor estratégico. Las aguas subterráneas contenidas dentro de las rocas del subsuelo del territorio continental del país son, muy probablemente, uno de los recursos naturales más importantes que tiene el país, en particular ante la amenaza del cambio climático: podemos adelantar que estamos ante un recurso nacional que se volverá con el tiempo cada vez más estratégico.
Una primera estimación de las reservas de aguas subterráneas en el país nos indica que son de cerca de 400.000 millones de metros cúbicos. Se trata de una reserva estratégica, similar al tanque de agua dulce y limpia que puede tener una casa de habitación, que se utiliza cuando hay racionamiento. Pero, siguiendo esa analogía, no es un tanque con tapa, es vulnerable a la contaminación, donde la única acción válida es la prevención. Además, depende de que se recargue anualmente, con las lluvias que caen y se infiltran en sus áreas de recarga, que no solo son las zonas montañosas altas, sino también las áreas bajas, donde se desarrollan actividades agrícolas y urbanas.
De esta manera, el manejo, uso y protección de las aguas subterráneas es un asunto de gran relevancia para el país, pero sobretodo al ser un tema altamente geocientífico requiere que su administración sea realizada de manera altamente técnica, sin interferencia política de ningún tipo, como la que se evidenció en el caso de Sardinal, de Baulas o de Crucitas.
En efecto, un manejo antojadizo, desordenado, sin planificación y sin efectivos criterios técnicos, podría llevar a que se produzca explotación incontrolada del recurso o bien, su contaminación e inutilización, lo cual resultaría nefasto para un país que es altamente privilegiado en este recurso natural, pero que ya muestra alarmantes señales en cuanto a la planificación de su abastecimiento futuro.
Investigación vs. concesiones. Al presentarse las aguas subterráneas dentro de las formaciones geológicas del subsuelo, cuyas extensiones, características, estructura y parámetros hidrogeológicos, son determinantes para conocer las dimensiones, potencial y vulnerabilidad de un acuífero, el tema de las aguas subterráneas se convierte en un tema geológico y de alto valor técnico. De esta manera, el conocimiento sobre el potencial de recursos de aguas subterráneas va apegado a la investigación geológica que se haga en el país, y a los estudios técnicos hidrogeológicos que se realicen.
Este tema de la investigación sobre el potencial de aguas subterráneas, al ser un elemento técnico, requiere estar separado, de la parte administrativa y política del otorgamiento de las concesiones de agua. Hacer que la parte de investigación y desarrollo quede subordinada a la parte administrativa y política puede representar un serio peligro para el recurso, dado que una visión cortoplacista de desarrollo, como la que impera en algunas partes del país, puede acarrear problemas de sobreexplotación o contaminación, que pueden ser irreversibles, sobre todo ante la amenaza que representa la cambiante condición climática. Como ejemplo, un estudio de la UCR sobre modelizaciones de cara a este fenómeno indica que, en el caso del acuífero de Santa Cruz, un 15% menos de precipitaciones (rango conservador) le significará a ese acuífero una reducción de un 61,86% de sus aguas.
La administración y otorgamiento de concesiones de uso de aguas subterráneas, en particular, para el desarrollo inmobiliario, deben partir de un estricto conocimiento técnico y científico de las condiciones geológicas e hidrogeológicas de los recursos de aguas subterráneas y no, de los requerimientos de agua del mercado. Hacerlo de esa manera, constituye un grave error que debe evitarse a toda costa.
Por esta razón, trasladar las funciones de aguas subterráneas que tiene Senara a la Dirección de Recursos Hídricos del Minaet, se considera un error que parece ir en la dirección antes indicada y que representa un serio riesgo para la preservación de este recurso natural. Nos podríamos preguntar qué habría pasado con el tema del agua en Sardinal, o de la sobreexplotación de pozos en la GAM, si esta situación ya se hubiera dado.
Alternativa de solución. Si realmente se desea mejorar en el tema técnico y científico y fortalecer el componente de aguas subterráneas del Senara, y hacer que el país avance por la senda adecuada, la verdadera solución sería conformar el Servicio Geológico Nacional, y trasladar allí las funciones de investigación en aguas subterráneas, con otras funciones que tiene la Dirección de Geología y Minas, del Minaet.
De esta manera, el Servicio Geológico desarrollaría, de forma técnica e independiente, la investigación e información técnica que se requiere para aportarla a los órganos de administración y manejo de concesiones.
Se garantizaría así un mecanismo de control y manejo equilibrado y apropiado, sin que se corra el riesgo de que todas las funciones estén concentradas en un único ente.
La futura discusión sobre el proyecto de ley de recursos hídricos, cuyos primeros proyectos ya llevan casi 10 años engavetados, debería servir de base para resolver esta situación de una vez por todas, no para agravar la ya frágil situación existente. Las autoridades no deberían proceder a traslados de competencias hasta tanto no se adopte primero una nueva ley al respecto: ¡primero los bueyes, después la carreta!