La perspectiva geológica de porqué Costa Rica no es, ni debe pretender ser, un país petrolero

Ante la discusión del proyecto de ley sobre la prohibición de la actividad petrolera (exploración y, eventual, explotación de petróleo y gas natural) en Costa Rica, se hace necesario dar un aporte desde un punto de vista más científico (geológico y ambiental) de porqué la aprobación de esa ley es importante para el país.

Potencial: la riqueza en un recurso natural como los hidrocarburos (petróleo y gas natural) se mide no por su potencial, sino por la cantidad y calidad de los yacimientos probados de hidrocarburos que se hayan identificado.

Así, por ejemplo, cuando se dice que un país tiene reservas petroleras de tantos miles de millones de barriles, solo se puede afirmar eso, si detrás de esa cifra, se presenta toda la información científica que demuestra, con el debido criterio y revisión apropiada, que se trata de reservas probadas y por tanto, que si existen desde el punto de vista objetivo.

Todo lo otro que se afirme, sobre los probables o posibles yacimientos de hidrocarburos, es un asunto especulativo y se resume como “potencial” en el contexto de llamar la atención para incentivar que se realice la inversión en la investigación necesaria, para saber si existe alguna posibilidad de que ese potencial, se convierta en reservas probadas y demostradas.

Como se puede ver, la diferencia entre “potencial” y “reservas probadas” es abismal y, claro está, muy importante de que sea comprendida por todos. En particular, por las autoridades políticas de turno y también por aquellos que pretenden algún puesto de poder político.

Como hemos señalado antes, no reconocer esa diferencia, resulta sumamente peligroso, pues confundir los conceptos, puede llevar a la especulación e, incluso, a hacer propuestas de soluciones socioeconómicas a la población que, no son ciertas y que, lejos de resolver problemas los puede incrementar de forma significativa.

En resumen, en Costa Rica no hay reservas probadas y demostradas de petróleo o de gas natural. No existe un solo yacimiento identificado, demostrado y comprobado con criterio científico. Todo lo que se ha dicho ha sido y es, absolutamente especulativo y, por eso, es incorrecto asumir como cierto que en el país tenemos riqueza petrolera o de gas natural. No es cierto.

Y a propósito de eso, debemos mencionar que durante casi todo el siglo XX se realizó exploración petrolera en Costa Rica sin que se encontrara un solo yacimiento comercialmente explotable. Algo que dice mucho sobre ese eventual potencial petrolero del país.

Inversión: para pasar del “potencial petrolero” a la demostración de la existencia de yacimientos explotables se requiere de una inversión económica muy importante (decenas o cientos de millones de dólares). Y en el caso de que se encuentre un eventual yacimiento de petróleo o gas natural, también se requiere de una gran inversión económica para extraer ese recurso.

Costa Rica dejó de hacer investigación petrolera hace casi 30 años. Casi todos los geólogos petroleros que se tenían están jubilados. Las nuevas generaciones de geólogos se han preparado en otras ramas de las ciencias geológicas. De manera que, para pasar a realizar investigación (exploración petrolera) y dado el enorme costo que tendría para el país, se requeriría activar la ley de hidrocarburos, eliminando la derogatoria vigente, para permitir que sean empresas petroleras trasnacionales las que realicen esos estudios.

Estudios que, tienen un costo muy alto y que, por las particularidades geológicas que tiene nuestro país, hacen que tiendan a ser más costosas que en otros lugares del mundo que son más atractivos desde el punto de vista de potencial.

Además de esto, cabe señalar que desde que empezó la aplicación del Acuerdo de París del 2015, muchas empresas petroleras han empezado a desistir de la búsqueda de nuevos yacimientos y, además, los bancos que financiaban esas actividades también están dejando de invertir en ellas.

Así las cosas, en el eventual caso de que una empresa petrolera extranjera descubriera, después de hacer una fuerte inversión económica en exploración, un yacimiento explotable, lo más lógico es que dicha empresa quisiera recuperar la inversión realizada y, además, obtener una ganancia. De allí que, en este modelo, el país no saldría beneficiado, pues las regalías que obtendrían no superarían el 15 % del valor del yacimiento. Esto, según lo establece el Ley de Hidrocarburos de Costa Rica.

A lo anterior se suma el hecho de que, los eventuales daños ambientales que se producirían por la actividad petrolera afectarían al país y si su costo ambiental se resta de esas ganancias, veríamos que al final, la rentabilidad de la eventual explotación, para el país, daría números negativos como ocurre en muchos países tropicales frágiles del mundo.

Como se puede ver, cuando analizamos con detalle la situación, no es tan fácil y más bien, nos damos cuenta que, meterse en ese asunto, puede tener un costo absolutamente negativo para el país. Costo negativo, no solo en el tema económico, sino también en el tema de imagen ambiental que se tiene y que, paradójicamente, es el que nutre la principal fuente de ingresos que se tiene y que corresponde con el ecoturismo.

Factura petrolera: algunas opiniones respetables sustentan la propuesta de permitir la actividad petrolera en el hecho de que el país consume hidrocarburos con un costo anual de cerca de US$ 2 mil millones.

Dicho razonamiento tiene lógica, pero la misma se debilita notablemente si nos damos cuenta que no tenemos yacimientos probados y que el país, no puede, por si solo, hacer ni siquiera la inversión para profundizar las investigaciones para saber si, tal vez, existe algún yacimiento explotable.

Como se ve, nuevamente el asunto no es tan sencillo como lo “pintan” algunos. Es mucho más complejo y de allí la necesidad de que se revise con el debido criterio científico y de la forma más objetiva posible.
Lo que, si deja claro lo de la factura petrolera que paga el país, es la necesidad de acelerar el proceso de descarbonización y, en particular, del sistema de transporte y el abastecimiento de energía de muchas industrias. Eso es vital y estratégico.

Existen muchas alternativas que, incluso ya se están explorando, pero que urge acelerar: tren eléctrico, buses y camiones eléctricos o movidos por hidrógeno, uso de la geotermia de baja y media entalpía, entre otros.

Conveniencia: en la perspectiva aquí analizada y sin apasionamientos de ningún tipo, queda claro que a un país como Costa Rica no le es conveniente desgastarse en activar una actividad petrolera que no tiene ninguna garantía de éxito y que, lejos de proporcionarle eventuales recursos económicos al país, le podría generar muchos problemas ambientales y llevarla a situaciones de mayor empobrecimiento.

Tampoco es racional ni lógico, plantear que solo se prohíba la exploración y explotación de petróleo y permitir la del gas natural. Esto, por cuanto, en la naturaleza dichos hidrocarburos, con mucha frecuencia, se presentan juntos. De manera que separar, por una ley, uno del otro, contradice los criterios científicos y de lógica.

Costa Rica no es Noruega, no solo porque se tienen condiciones geológicas muy diferentes, sino también, porque tienen modelos de desarrollo y realidades muy diferentes.

No debemos dejarnos engañar por las promesas de prosperidad y progreso basados en datos especulativos y sin ningún asidero científico.

Resulta mucho más importante para nuestro país, concentrar esfuerzos en activar la economía por medio más realistas y al alcance real de nuestro país y de nuestra sociedad. Existen muchas alternativas de desarrollo, lo único que ocupamos es ordenar, planificar y agilizar la inversión y el desarrollo sustentable de forma eficiente y efectiva.

Por todo eso, es altamente conveniente prohibir la actividad petrolera, derogar la ley de hidrocarburos y transferir toda la información geológica de exploración petrolera a las universidades para que hagan investigación geocientífica cada vez más precisa.

Ley de Resiliencia contra Desastres

Para casi todos es claro que la frecuencia con que se presentan los desastres, como consecuencia de los efectos del Cambio Climático (sequías, incendios forestales, lluvias intensas, inundaciones y flujos, entre otros) o de los GeoRiesgos (terremotos, sismos, fallas geológicas, deslizamientos, hundimientos, actividad volcánica, tsunamis en costas, entre otros) se están incrementando de forma notable. Su crecimiento en número y daños a la infraestructura empieza a tener una tendencia exponencial.

Hay regiones en el mundo más vulnerables que otras. Centroamérica es un muy buen ejemplo de ello, pues además de que se encuentra en una zona con un fuerte choque de placas tectónicas que provoca frecuentes terremotos y actividad volcánica, así como otros georiesgos, también, es una de las zonas del mundo más vulnerables al Cambio Climático.

Así las cosas, el futuro cercano y de mediano plazo, se nos presenta como un enorme reto, en el sentido de aumentar la Resiliencia Humana y de Infraestructura y, además, garantizar el progreso y sustentabilidad del desarrollo socioeconómico. Es claro que ese futuro no lo podemos enfrentar con improvisación, solo reaccionando ante la emergencia de un desastre que ya está ocurriendo y esperando que “Dios nos proteja”, pues para los que son creyentes, bien se sabe que Dios ayuda de muchas formas y una de ellas es usando las herramientas para que hagamos algo.

Resiliencia: en varios de nuestros escritos previos hemos explicado su significado (ver: este link). En breve, significa nuestra capacidad para resistir el embate de un evento y de sobreponernos al mismo. Como cuando un árbol es afectado por un fuerte e intenso vendaval y que logra sobrevivir al mismo y seguir adelante recuperando, poco a poco, las ramas y las hojas perdidas.
A diferencia del árbol, los seres humanos tenemos la capacidad y la tecnología para saber, de forma bastante aproximada, donde pueden ocurrir los desastres y por eso, podemos planificar y tomar medidas para aumentar la Resiliencia.

El 90 % de los desastres producidos por efectos del Cambio Climático y los GeoRiesgos pueden ser identificados en mapas de escala detallada antes de que ocurra un desastre. La comparación de esos mapas, particularmente, las zonas calificadas como alta y muy alta amenaza, con las imágenes satelitales donde se presenta infraestructura humana de todo tipo, permite identificar las zonas de alto y muy alto riesgo. Esa información permite empezar a trabajar de forma preventiva, antes de que ocurra el desastre. Se pueden salvar muchas vidas (humanas y de animales) y se puede reponer, al menos en parte, las pérdidas económicas de los bienes materiales que se dañen o sean destruidos por un desastre.

Educación para los desastres: en Japón, donde se tiene una amplia y muy antigua experiencia en el tema de los desastres, se maneja una sabia filosofía sobre como aprender a convivir con el riesgo. Es algo muy importante que los seres humanos, particularmente aquellos que vivimos en zonas muy vulnerables, tenemos que hacer.

El conocimiento de las diferentes tipos de amenazas y sus grados de peligro, como también, saber cómo se detonan y los efectos que pueden producir, no es algo que debe obviarse y dejarse al azar. Es de gran relevancia que toda la gente, desde los niños en las escuelas, conozcan del tema y sepan las formas de protegerse y actuar antes los diferentes tipos de desastres que se pueden presentar. Eso es vital para aumentar la resiliencia y para actuar de forma correcta ante un evento de desastre.

Los medios tecnológicos actuales permiten que este objetivo se pueda alcanzar por muchos medios, incluyendo el uso de aplicaciones bien diseñadas para que informen y permitan a las personas interactuar e investigar de forma amena sobre el tema. Existe todo un vasto abanico de posibilidades.

La clave para su implementación, es obtener información detallada que realmente le sea útil al usuario y su realidad particular y local. La información general sobre zonas muy amplias en condiciones de alerta, aunque útil como dato general, no resuelve el vacío de información a tiempo real que requiere un usuario en una situación particular. La potencia y utilidad de la aplicación se encuentra allí.

La información detallada y apropiada, no solo sirve para formar a las personas sobre las amenazas naturales o antrópicas que los puedan afectar, sino, también, sobre como actuar en el caso de un evento, según elementos básicos de un plan de emergencia local y puntual. Esto es muy importante para salvar vidas por medio de una acción temprana y correcta de tomar decisiones de protección.

Disponer de un plan de evacuación, conocer los sitios seguros hacia donde desplazarse, reconocer los elementos de alerta temprana, contar con un correcto plan de emergencia, poder actuar con criterio sin depender de, a veces, tardías señales de emergencia; son elementos clave de una correcta gestión preventiva del riesgo y de atención de las emergencias. En el ámbito personal, familiar y comunitario.

Seguros: es claro que el objetivo primordial de la acción ante un desastre es salvar la vida. Empero, también la vida depende de que se tengan los medios necesarios para la subsidencia y el progreso. De allí que proteger los bienes materiales también es un elemento muy importante de la gestión preventiva del riesgo.

Esa protección se debe dar por medio de seguros y sus diferentes modalidades: seguros contra desastres basado en criterios paramétricos, reaseguros contra desastres, entre otros elementos. En medio del contexto actual y futuro, este tipo de seguros adquiere una importancia relevante.

Nuestras investigaciones sobre este tema, nos han llevado a concluir que existe la necesidad de desarrollar una importante modernización del sistema de seguros convencional sobre desastres. Se hace necesario cambiar la regla básica de que las construcciones que se encuentran en alto o muy alto riesgo no son sujetas a ser cubiertas por un seguro contra desastres. Con esta regla, se deja desprotegido, precisamente a quien más lo necesita.

También, es de enorme importancia que la sociedad completa adopte una cultura sobre los seguros contra desastres. Es claro que, conforme más usuarios existan, más amplia es la cobertura y los costos de los seguros son más razonables.

La norma se comprende en la lógica de la empresa aseguradora, empero, cuando se consideran elementos tales como el porcentaje de construcciones en alto y muy alto riesgo, el hecho de que no todos los eventos de desastre ocurren al mismo tiempo y que existe la posibilidad de establecer seguros paramétricos basados en estudios de cartografía del riesgo de alto detalle, así como reaseguros regionales, entonces la situación puede tomar, incluso, matices de un buen negocio para todas las partes.

Ley de Resiliencia contra Desastres: en vista de todo lo anterior, y a fin de establecer una base jurídica moderna y definitivamente adaptada a la situación de Crisis Climática y vulnerabilidad a los georiesgos, es urgente trabajar en dicha ley. Desde hace más de dos años, el autor hizo la propuesta a las autoridades del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para empezar a trabajar en un borrador ya redactado sobre la misma. No hubo respuesta positiva en ese momento, más nunca es tarde para corregir el camino.

Los eventos de desastre que ocurren cada vez con más frecuencia nos recuerdan la importancia de emitir una ley que modernice el sistema de seguros contra desastres, brinde más herramientas para la planificación y la prevención y, además, que facilite el aumento de la resiliencia humana y de la infraestructura.

Es claro y evidente que las herramientas de que disponemos en la actualidad no son suficientes y que, de seguir así, la situación va a continuar empeorando. Es de gran relevancia, que desarrollemos un sistema de protección de la población que no solo se limite a atender las necesidades más apremiantes de los damnificados durante la emergencia y que después se dejen a la “buena de Dios” para que tengan que empezar sus vidas nuevamente.

Existen las herramientas para poder hacer que las cosas puedan ser mejores. Solo se requiere de actuar y planificar en las épocas más tranquilas a fin de estar mucho mejor preparados para atender las situaciones durante las crisis de un evento de desastre.

No solo se trata de tener voluntad política, sino, más bien, de tener una clara visión de nuestra realidad inmediata y de lo que se nos viene a futuro. Se trata de una sabia decisión estratégica.

¿Hacia dónde “fluye” Costa Rica?

A poco más de un año de que se haya iniciado el proyecto denominado “Costa Rica Fluye” y analizando con detenimiento los resultados mostrados se hace importante hacer algunas observaciones sobre el tema y cuestionarnos hacia dónde fluye nuestro país. Esto, dentro del contexto de lo señalado previamente por el autor  y en particular considerando la grave situación económica que está pasando nuestro país y con ella una gran parte de la población.

Visión de la crisis: como hemos mencionado previamente  la situación de la crisis en que se encuentra nuestro país, antes de la Pandemia y durante la misma es vista de forma muy diferente por la población. Es como si existieran dos Costa Rica.

Para una parte de la población la crisis no parece ser tan significativa. Ello, en razón de que sus ingresos (por salario, pensión o ingresos por negocios no afectados por la Pandemia) no han sido afectados. Por eso, para esa población, la situación no es tan grave y la coyuntura actual es interpretada como “temporal”.

Para otra parte de la población, que no tiene ingreso fijo ni estable (porque está desempleado, trabaja en la informalidad o porque sus negocios son altamente vulnerables a la situación económica), la situación es muy seria y grave, con el agravante de que ya es mucho tiempo acumulado y de que, todavía, no se ve la “luz al final del túnel”.

Siendo así que existe una gran mayoría de la población (al menos la mitad) que está pasando por una situación muy seria y que el mismo Estado tiene, también un problema fiscal muy serio, es claro concluir que el país se encuentra en una situación socioeconómica muy seria y que requiere una solución profunda e integral.
Por tanto, la búsqueda de soluciones para reactivar la economía del país tiene que tener muy claro esa visión de la crisis y plantearse de forma muy seria, crear soluciones realmente proporcionales a la misma.

Es muy importante no crear falsas expectativas. Como, por ejemplo, decir que podemos resolver todos nuestros problemas con la explotación de hidrocarburos o de minería metálica de yacimientos no probados e inexistentes. Hacer eso es altamente contraproducente y puede afectar aún más la gobernabilidad de nuestro país.
Costa Rica fluye: este proyecto tiene como objetivo contribuir con esa reactivación económica del país por medio de un proceso de agilización del trámite de permisos o autorizaciones que se requieren para emprender o desarrollar actividades productivas. Esta financiado, en gran parte, por la Fundación CRUSA y cuenta con un decreto ejecutivo que lo declara de interés público.

El objetivo planteado para el proyecto es clave en la medida de que, como hemos señalado, es de enorme importancia impulsar un acelerado y potente desarrollo socio ambientalmente sustentable para el país.

Costa Rica tiene recursos y potencial para ello. No obstante, el mayor problema que tiene es la tramitomanía (o tramitología) que es tan complicada y llena de requisitos que, es casi imposible, predecir cuanto puede tardar y costar empezar a ejecutar un determinado proyecto de inversión y desarrollo. Lo que se sabe es que no es fácil y que el tiempo se mide en años. Bajo esas condiciones es, prácticamente, imposible impulsar una rápida reactivación productiva del país. De allí la importancia de hacer fluir a Costa Rica.

No obstante, cuando se revisa el detalle del alcance planteado al proyecto referido, no podemos más que decepcionarnos. Resulta que los mismos gestores del proyecto reconocen que en el país hay cerca de 300 procesos de tramites que requieren ser mejorados, pero el proyecto solo va a atender, en dos años, 25 de esos procesos, es decir, un 8 % del total. Una cantidad poco significativa.

De todos esos 300 procesos hay al menos una 50, cuya mejora integral y sustancial es vital. La mayoría de ellos se refiere a temas ambientales en un sentido amplio. No obstante, cuando se revisan los procesos que están siendo atendidos por el proyecto, solamente uno de ellos está siendo gestionado. Se trata del todos los procesos de permisos y autorizaciones técnicas que tiene que emitir el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Así, desde la perspectiva del Proyecto Costa Rica “fluye” se requerirían más de 20 años para atender todos los procesos que tienen que ser mejorados y una importante inversión económica (más de 10 mil millones) para lograrlo. Se detecta así un fallo sustancial en el planteamiento que creemos que debería ser profundamente revisado.
Por otro lado, desde el punto de vista ambiental también resulta cuestionable el hecho de que sea una Asociación de Empresarios Privados (Horizonte+) y no de expertos técnicos los que están tratando de arreglar la compleja tramitomanía anquilosante que afecta nuestro país.

Decimos que “desde el punto de vista ambiental”, en la medida de que el proceso de mejora de la tramitomanía debería desarrollarse con atinado criterio ambiental y social, de manera tal que, no provoque dudas en los sectores ambientales y sociales y que los haga pensar que el sector empresarial está jugando un papel de “juez y parte” para regular en su “propio beneficio”.

Por situaciones como estas es que surgen paradójicos conflictos como el de la no ratificación del Acuerdo de Escazú. Precisamente porque surge una profunda desconfianza entre los sectores y los lleva a tomar posiciones polarizadas. Algo que para nada beneficia al país y que se resuelve llevando transparencia donde hoy existe cierto grado de opacidad.

Solución y futuro: la situación coyuntural del país es absolutamente extraordinaria y por eso, se requiere de una solución proporcional. Solo así se puede garantizar un futuro de progreso socioeconómico que, de forma indispensable, tiene que ser ambientalmente sustentable. Es nuestro criterio que, hacia ese derrotero no nos estamos dirigiendo. Necesitamos hacer mucho más.

Nos urge avanzar hacia lo que denominamos un Permiso Ambiental Integral (PAI) que utilice todo el potencial tecnológico disponible y fundamentado en un sistema automatizado basado en inteligencia artificial (IA) y en información ambiental inteligente y absolutamente transparente y objetiva. Debemos que aclarar que, aunque algunos cuestionan el uso de la IA, no podemos negar que es el futuro y que en esa dirección se está moviendo el mundo desarrollado. La incorporación a la OCDE nos empuja y acelera en esa dirección.

Un eficiente y completo sistema de algoritmos bien desarrollado y controlado, puede resultar mucho más eficiente y efectivo para agilizar la tramitomanía que un complicado sistema de permisos que requiere de muchas decisiones humanas y, que, como hemos visto con el caso de “La Cochinilla”, puede corromperse de forma tan profunda que puede poner en peligro la integridad institucional de todo un país.

Necesitamos avanzar en una dirección mejor planificada y con objetivos más claros. No podemos darnos el lujo de postergar más algo que debimos empezar a corregir hace muchos años.

Costa Rica tiene el potencial para lograr un PAI transparente y efectivo que, verdaderamente, active el desarrollo y la inversión socio ambientalmente sustentable. Solo tenemos que hacerlo, pues las herramientas ya existen y están disponibles.

La grave situación del ambiente nos debe llevar a cambiar las prioridades

La conmemoración del Dia Mundial del Ambiente 2021 en estos aciagos tiempos de pandemia mundial debe llevarnos a la reflexión. Ignorar la situación del ambiente planetario no nos llevará a encontrar las soluciones. El conocimiento detallado de ese “estado de situación” debemos verlo como un reto para afrontar los problemas y para cambiar las prioridades de los problemas humanos hacia los problemas más globales que implican salvar la vida de la Ecosfera terrestre.

Una estrategia bien planteada puede, incluso, llevarnos a transformar la economía y a encontrar soluciones a los grandes problemas humanos, como la salud, la sustentabilidad, el progreso real y el empleo.

Situación: durante los últimos 40 años la población de la humanidad casi que se duplicó de 4,5 a 7,8 miles de millones de personas. Esta situación y, particularmente, el grado de consumo de los países ricos, genera una fuerte y creciente presión hacia la Ecosfera terrestre y su equilibrio.

Datos de enero del 2020 señalan que la “producción de alimentos a nivel mundial solo alcanza para alimentar el 44 % de la población”. El resto de alimentos se produce a costa de los límites planetarios según un análisis del sistema agrícola global, realizado por científicos del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), en Alemania. Según el estudio, se asigna demasiada tierra para cultivos y ganado, se fertiliza demasiado y se consume mucha agua en irrigación.

En materia de explotación de los océanos, según la FAO, desde 1950 hasta el 2020 la captura de especies marinas se quintuplicó, pasando de 20 millones de toneladas a cerca de 100 millones de toneladas por año. La pesca biológica no sostenible se ha incrementado en las últimas décadas y muestra una tendencia preocupante al punto de que se considera que los océanos están sobreexplotados y cerca de su límite crítico. También preocupa la acuicultura ambientalmente no sustentable, que es la más abundante. Se suma la contaminación por químicos, micro plásticos y las afectaciones por efectos de cambio climático. Los arrecifes de coral están en proceso de extinción en casi todo el planeta.

La salud de la Ecosfera terrestre es tan importante para evitar las zoonosis que son las fuentes de pandemias humanas, como lo es para la misma economía: el 55 % del PIB mundial depende de los servicios de los ecosistemas, según datos del Grupo Swiss Re Institute. Alimentos, seguridad del agua, calidad del aire, entre otros, son los principales factores que mantienen la salud de las comunidades y la estabilidad de las economías. Y las estamos comprometiendo cada día, dado que no las estamos gestionando eficientemente.

El Índice Planeta Vivo (IPV) indica que las poblaciones mundiales de especies de vertebrados han disminuido una media del 68% desde los años setenta. Las principales causas son la agricultura insostenible, la deforestación y el tráfico ilegal de especies. La pérdida de biodiversidad en ecosistemas de agua dulce es mucho mayor: el IPV ha disminuido un promedio del 84%. En Latinoamérica y Caribe la situación es especialmente alarmante, ya que se ha producido un descenso medio del 94% de las poblaciones analizadas. Según las estimaciones, las tasas de extinción actuales son aproximadamente mil veces más altas que antes de que aparecieran los humanos.

Las selvas tropicales están disminuyendo rápidamente en todo el mundo. La Amazonía es un claro ejemplo de ello. En 2019, el Amazonas perdió más de 1,7 millones de hectáreas de bosque primario, según datos producidos por el sistema de monitoreo de la Universidad de Maryland y publicados por Global Forest Watch. Más que la deforestación, el efecto más grave que ocurre en la selva, es la degradación del bosque, que se genera como producto de los eventos climáticos, como las sequías y también por la acción humana, como las quemas o la tala ilegal de madera, con lo cual se arrebata a las selvas sus funciones vitales. Considerando la tala y la degradación de los bosques, más del 50 % del Amazonas ya no cumple sus servicios ambientales al clima de la región.

El suelo es un recurso natural no renovable del que depende la vida en nuestro planeta. Representa una fuente de alimento, fibras textiles y madera; es la red más amplia de purificación e infiltración del agua superficial hacia los acuíferos y un hábitat en el que proliferan los microorganismos que mantienen en funcionamiento los ciclos biogénicos que permiten mantener la vida. Casi 2 tercios del suelo fértil de nuestro planeta se ha desertificado o está en proceso de desertificación. Las causas subyacentes de la degradación del suelo son los estilos de vida de alto consumo en las economías más desarrolladas, combinados con el aumento del consumo en las economías emergentes y en vías de desarrollo. Tras analizar 870 millones de hectáreas de ecosistemas en todo el mundo que se han convertido en tierras de cultivo, se concluyó que si se logran restaurar el 15% de estas tierras se evitaría el 60 % de las extinciones.

Los humedales son las áreas del planeta más afectadas por la degradación del suelo: el 87 por ciento se ha perdido en todo el mundo en los últimos 300 años. Desde el año 1900 se ha perdido el 54 por ciento.

Los bosques boreales (Taiga) también presentan un estado deterioro acelerado, por factores humanos (contaminación, incendios), con tasas similares a las de los bosques tropicales como la Amazonía.

Dentro de los suelos congelados (permafrost), que ocupan cerca de un cuarto de la superficie de la Tierra continental, se encuentran grandes cantidades de CO2 y metano que, debido al calentamiento global, se están derritiendo y devolviendo esos gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, acelerando aún más el cambio climático.

Cambio de prioridades: como hemos mencionado previamente (www.allan-astorga.com), el cambio climático no es el único verdadero problema. El problema ambiental real es el daño que se le ha infringido a la vida de la Ecosfera terrestre y, a la cual estamos vinculados de forma vital e inexorablemente.

No cobrar conciencia de ese problema multidimensional y global y creer que con tomar medidas como la descarbonización de la economía o ampliar la cantidad de áreas silvestres protegidas, es suficiente, estamos muy equivocados. A este respecto, parece que los “problemas humanos” en los que estamos sumergidos profundamente, no nos permiten ver la perspectiva real de las cosas y por eso, nuestras prioridades están muy confundidas. Incluso, un tema como el de la pandemia por el Sars Cov 2 parece tener una explicación ambiental clara, pues mientras la salud de la vida de la Ecosfera terrestre esté dañada, la salud de la misma humanidad también lo estará. En esto, no hay lugar a dudas.

Aunque las medidas que se están tomando para enfrentar el cambio climático, en general, son acertadas, no son para nada suficientes, cuando de atender la salud de la vida de la Ecosfera terrestre se trata. Se requieren medidas más intensas, sistemáticas y locales, pero de alcance global.

Medidas ambientales estratégicas: un tema fundamental para mejorar la salud de la Ecosfera terrestre parte por el hecho de revertir la situación ambiental de las regiones tropicales. Es vital lograr tres objetivos.

El primero es recuperar y rehabilitar bosques tropicales y sus ecosistemas a fin de salvar y recuperar la biodiversidad y revertir la ecuación lo referente a la captura de carbono. En este punto es vital que los países ricos y de mayor consumo de recursos, comprendan el valor ecosistémico real que tiene cada hectárea de bosque tropical conservado o recuperado. Solo así será posible que se de inversión en este objetivo estratégico y con ello, se abran muchos nuevos puestos de trabajo para la población humana de los países tropicales que se deben convertir en recuperadores de bosques y biodiversidad.

El segundo objetivo vital consiste en el impulso a la agricultura y ganadería regenerativa como una alternativa ambientalmente sustentable de la agricultura y ganadería convencionales. Por las condiciones de suelo de las regiones tropicales esta acción es vital en las mismas. Primero, debería desarrollarse en terrenos ociosos para que no compita con los sistemas productivos convencionales, sino que los complemente. Tampoco debe competir con la recuperación de bosques y ecosistemas. Desde el punto de vista de sustentabilidad, es la mejor alternativa para la mejora de suelos y la producción de alimentos vegetales y animales que, gradualmente, deben ir sustituyendo los alimentos que tienen un alto costo ambiental y que son consumidos, principalmente, por los países más ricos. Esta actividad también produce una gran cantidad de puestos de trabajo para los países.

El tercer objetivo y de igual importancia que los anteriores, comprende la recuperación y uso sustentable de los océanos, particularmente en las regionales costeras. Es vital recuperar la biodiversidad de los ecosistemas marinos, regular y controlar la pesca y reducir a cero la contaminación que se produce desde los continentes y por las mismas embarcaciones, principalmente por residuos sólidos y sustancias químicas. También es fundamental dar sustentabilidad ambiental a la acuacultura para que deje de ser una fuente de contaminación y de otros serios problemas ambientales.

Aunque hay más medidas que deben ser aplicadas, las mencionadas son estratégicas y vitales para la supervivencia de la vida de la Ecosfera terrestre y de la humanidad. En la práctica, la forma de alcanzar esos objetivos es por medio de un correcto y eficiente ordenamiento ambiental del territorio y por una avanzada planificación territorial que logre un equilibrio real en el uso del espacio geográfico. Ello, aunado a una efectiva gestión ambiental de las actividades humanas contaminantes. Como hemos dicho, es una tarea global, pero que debe realizarse a la escala de los municipios de todo el mundo. Al respecto, no hay fórmulas mágicas de solución.

Aunque el tiempo se agota y corre en nuestra contra, todavía existe la posibilidad de hacer mucho. Los cambios necesarios solo pueden ser logrados si realmente se realiza un cambio en las prioridades y nos enfocamos en atender los problemas ambientales, además de los problemas humanos. No ver la perspectiva y no actuar, o actuar tardíamente, tendría consecuencias muy negativas para todos.

Adaptación evolutiva vs tramitomanía anquilosante

¿Cuál de esas dos situaciones es la que le conviene al país para salir adelante? Sobretodo en estos aciagos y extensos tiempos de Pandemia y sus consecuencias socioeconómicas. Ese es nuestro principal reto para coadyuvar con la reactivación de nuestro país.

La adaptación evolutiva es un rasgo que caracteriza a todos los seres vivos. En términos sencillos significa la capacidad de realizar cambios fisiológicos, de comportamiento y hasta de rutinas operativas que permitan al organismo y a su especie ajustarse a su medio ambiente y los cambios que puedan afectarlo. Es un mecanismo importantísimo para sobrevivir y permanecer como especie. Las especies que no logran adaptarse desaparecen de forma natural. Así sí funciona la naturaleza.

Tramitomanía anquilosante: existe un consenso general de que nuestro país se caracteriza, desde hace mucho, por tener un exceso de trámites administrativos que, conforme pasa el tiempo, lejos de simplificarse, cada día crecen en número y en requisitos. Los sectores productivos privados y, también, los públicos, saben esto muy bien. Se trata de un tema que se discute desde hace más de 20 años, sin que se solucione de forma integral.
El tema ambiental y sus diferentes matices han venido a incrementar aritméticamente, durante las últimas dos décadas, la cantidad de trámites y la han convertido en una lista casi interminable de requisitos.

El paso a las plataformas digitales que se ha realizado en los últimos años, aunque representan un importante esfuerzo, no ayudan a resolver el problema de raíz y más bien lo trasladan a otra parte del proceso, pero al final, el exceso de requisitos se mantiene y en el peor de los casos, se incrementa, solo que en formato digital.

Antes de que empezara la Pandemia, publicamos (ver: www.allan-astorga.com) la importancia de hacer evolucionar y avanzar nuestra normativa técnica y, de ser posible, nuestra propia legislación (ambiental, aunque la adaptación aplica para una gama mucho más amplia), a fin de ponerla al día, con la necesidad de los tiempos actuales. Con la Pandemia y sus secuelas la situación es todavía más apremiante. Si antes ya era una urgencia, ahora se ha convertido en una super urgente prioridad estratégica para el país, pues es una de las acciones más relevantes que se requieren para sacar al país adelante.

Lejos de eso, por diversas causas, la situación no ha avanzado. Todo lo contrario, a un año de Pandemia, no se observa que se estén realizando las acciones necesarias para generar un cambio efectivo y real. Con la disminución significativa que ha implicado la Pandemia para el trámite de nuevos proyectos de inversión ante las instituciones del Estado, podría pensarse que ese tiempo transcurrido y la posibilidad de desarrollar coordinación interinstitucional a distancia, hubiese servido para realizar efectivas y eficientes acciones concretas para la agilización de trámites, pero, desafortunadamente, no ha sido así.

La situación sigue igual, como si la Pandemia no hubiera y estuviera cambiando el mundo y haciendo que nuestro país completo se sumerja rápidamente en una profunda crisis de subdesarrollo. Así, hemos pasado de una simple tramitomanía excesiva y pesada, a una tramitomanía anquilosante que prácticamente está paralizando el motor del desarrollo que tiene el país y que es la principal esperanza para avanzar.

Algunos indicadores de anquilosidad: hay muchos ejemplos de la grave situación de exceso de normativa contradictoria que provoca una enorme inseguridad jurídica para quienes deseen hacer una inversión en nuevos proyectos de desarrollo (pequeños hasta muy grandes).

Uno de esos temas tiene que ver con los recursos hídricos, al cual ya nos hemos referido. Existe una normativa altamente contradictoria y abierta a la interpretación discrecional sobre radios de protección de manantiales o nacientes, protección de acuíferos, radios de operación de pozos, vulnerabilidad acuífera, sistemas de tratamiento de aguas residuales y vertidos en cuerpos de agua, entre otros, que puede arreglarse fácilmente desarrollando una sola normativa integradora que facilite la gestión del recurso. Lo increíble es que existe un borrador de propuesta desde el año 2005 y todavía hoy, lejos de haberse resuelto la situación, se sigue a la espera de una Ley de Aguas, cuya última versión, y archivada, no representaba la solución, sino un mayor anquilosamiento en el tema.

En materia de evaluación de impacto ambiental, la situación no está muy lejos. Resulta que el 95 % del total de proyectos que se realizan en Costa Rica, no pasan por la SETENA, debido a que son menores de 500 metros. El porcentaje es mayor si nos referimos a los proyectos que no hacen una EIA completa con el formulario D1. Esto es un claro indicador de que el instrumento no está funcionando, pues no logra cubrir ni el 5 %, y, a esos que cubre les genera un complejo y largo proceso de trámite, a pesar de la plataforma digital que se ha abierto y que, se supone, agiliza el trámite. Ahora lo engorroso es poder cumplir con todos los requisitos de esa plataforma digital.

Este tema de la EIA y su funcionalidad tiene una solución bastante simple y para la cual ya habíamos hecho una propuesta (ver: www.allan.astorga.com). Se basa en el hecho de que los municipios dispongan de planes reguladores con variable ambiental debidamente integrada y que, con la aplicación de un algoritmo de agilización de trámite de EIA, la mayoría de los proyectos que no generen impacto significativo puedan tramitar sus permisos directamente en la Municipalidad y no en la SETENA. Esto, siempre que se ubiquen en áreas cuyos estudios de fragilidad ambiental determinen que tienen condiciones para ello o que se demuestre que se están aplicando las medidas tecnológicas para adaptarse a las condiciones de fragilidad ambiental que fueron determinadas. De esta manera se podría agilizar mucho el sistema sin desproteger el ambiente. El trámite ambiental se puede reducir de 20 meses (promedio) a solo un mes.

Existen otros muchos indicadores, pero por un asunto de espacio no es posible detallarlos todos. Sin embargo, estos que indicamos dan una clara idea de la situación en la que nos encontramos.

Gran reto: para que el país pueda salir a adelante requiere inversión y desarrollo. Para eso, debe mejorar la seguridad jurídica a los proyectos de todo tipo. Ello, sin desproteger el ambiente y garantizando la sustentabilidad del desarrollo.

Aunque para algunos no parezca posible, pues se debaten entre una apertura sin regulación alguna o un proteccionismo ambiental extremo, si existe una solución. Consiste en eliminar, con el debido criterio técnico, la tramitomanía anquilosante que se ha creado a lo largo de los años. Solo se requiere adaptar la normativa a la nueva realidad que tenemos que enfrentar.

Si es posible proteger el ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, sin que entre en contradicción con el impulso al desarrollo y la inversión de proyectos. Es vital lograr este objetivo por el bienestar de todos.