Conviviendo con el riesgo

Cada año la historia de las pérdidas de vidas y de bienes materiales así como obras de infraestructura vial se repite. Los eventos casi siempre son los mismos: se dan lluvias intensas y, como consecuencia de ello, se dan inundaciones y deslizamientos que provocan muchos daños, no solo en la GAM, sino también a lo largo de todo el país.

La causa original de esa situación encuentra la explicación en el hecho de que nuestro país es un territorio geológicamente muy activo, es decir, se presenta mucho relieve y formaciones geológicas inestables que, combinados con el hecho de que nos encontramos en una zona tropical, sujeta a muchos eventos hidrometeorológicos, da como resultado los desastres que cada año se repiten en todo el país.

Está demostrado, científicamente, que la mayoría de esos eventos naturales, aunque no se pueden evitar, en su gran mayoría si se pueden indicar como zonas de alta y muy alta amenaza en mapas de escala detallada. De forma tal que es posible evitar que las construcciones se desarrollen en esas zonas ya identificadas. Esto es una tarea de la Gestión Preventiva del Riesgo, tal y como lo establece nuestra Legislación.

En Costa Rica, desde el 2006, se cuenta con una metodología de zonificación ambiental (Decreto 32967 – MINAE) que, entre otras cosas, permite identificar las zonas de alta y muy alta amenaza. Esta metodología (los IFA) se ha aplicado en una importante cantidad de cantones del país, entre ellos los 31 cantones de la GAM.

En el caso de la GAM se generó cartografía a escala 1:10.000, una escala apropiada para la elaboración de planes reguladores de los 31 cantones de la GAM.  La misma puede ser consultada en la página electrónica: www.mivah.go.cr como los “productos del PRUGAM”.

Pero la información de los IFA de la GAM y de otras regiones del país, no solo permiten reconocer esas zonas de alta y muy alta amenaza (a inundaciones, deslizamientos, fallas geológicas, etc.), sino también han permitido identificar donde se presentan construcciones dentro de esas zonas, es decir, construcciones en condición de Alto y Muy Alto Riesgo.

Un ejemplo concreto de esto lo representa la cartografía de IFA Amenazas Naturales que se realizó para el cantón de Escazú. Es fácilmente comprobable el hecho de que el área afectada por una avalancha en Quebrada Lajas de Escazú, donde murieron 23 personas en noviembre del 2010, ya se había identificado e informado a la Municipalidad desde el año 2006. Desde ese año se le había indicado a la Municipalidad la importancia de que los pobladores de esa zona de muy alto riesgo fueran informados de su situación y que contaran con un plan de emergencia en caso de un evento. Desafortunadamente, nunca se hizo nada.

Los datos de los estudios del PRUGAM, realizados en el 2008, indicaban que ya para ese año cerca del 20% de la población de la GAM (aproximadamente 500.000 personas o 100.000 familias) vivían en construcciones localizadas en sitios de alto y muy alto riesgo. Casi 10 años después, y sin que se haya hecho mucho al respecto, es muy probable que esa porcentaje se haya elevado, con nuevas construcciones en esa condición.

Como se puede ver, es un tema muy delicado, en particular si se toma en cuenta que, además de las inundaciones y deslizamientos producidos durante periodos lluviosos, se puede sumar la posibilidad de la existencia de un terremoto que afecte el Valle Central. Algo que podría resultar muy dañino, para todas esas construcciones que se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.

Líneas de acción. La solución para esta seria situación en que se encuentra el país parte de dos líneas básicas.

La primera sería que las municipalidades de la GAM (y de otros cantones que tengan información de IFA Amenazas Naturales a escala apropiada: menor de 1:25.000) utilicen dichos datos para evitar que se desarrollen nuevas construcciones en sitios de alta y muy alta amenaza o que, en su defecto, las construcciones en cuestión contemplen diseños apropiados para disminuir su condición de riesgo, siempre que sea posible.

Es importante recalcar que esta tarea es indispensable, dado que, como ya se dijo, la cantidad de construcciones de alto y muy alto riesgo se sigue incrementando año con año, así como los daños que se producen. Al respecto, las municipalidades deben tomar una clara conciencia de actuar, no postergando el asunto a que se deben tomar acciones hasta que se cuente con planes reguladores aprobados. Lo más importante es considerar la información de zonificación ambiental existente y utilizarla como base para establecer Ordenanzas Municipales de Gestión del Riesgo, tal y como lo establece la Ley Planificación Urbana.

La segunda acción concreta tiene que ver con las construcciones que ya se encuentran en condiciones de alto y muy alto riesgo. Aquí también las municipalidades y las comisiones locales de emergencia juegan un papel importante en la tarea de establecer planes de prevención, de alerta temprana y de emergencia.  Pero esto no es suficiente. Dichas acciones deben acompañarse con un seguro de bajo costo, para desastres naturales.  De esta forma, los habitantes de estas zonas de alto y muy alto riesgo, en caso de ser afectados por un evento natural que les provoque daños a sus propiedades, podrían disponer de recursos para poder recuperarse, al menos en parte de su pérdida.

Considerando la cantidad de personas de solo la GAM, que se encuentran en condición de Alto y Muy Alto Riesgo a las amenazas naturales, existiría factibilidad para la creación de un seguro de este tipo, de manera que las personas afectadas puedan tener una base de inicio más sustentable que la que actualmente existe.

Finalmente, se impone una moratoria para nuevas construcciones en las partes altas de varias cuencas de ríos del Valle Central: la gran cantidad de agua que causa destrozos actualmente se debe a la impermeabilización de los suelos cuenca arriba de años atrás. 

Como se puede ver, aunque no podamos cambiar la condición de susceptibilidad que tiene nuestro país a las amenazas naturales, si podemos actuar con acciones muy concretas de Prevención del Riesgo, que permitan salvar vidas y mitigar los daños que cada año se siguen dando con una tendencia creciente. Ello sin hablar del costo económico que suponen estos daños recurrentes y la atención a los más vulnerables, cada vez más numerosos, por parte de un Estado con recursos cada vez más limitados.

“Interestelar” y la cruda realidad

Hace algunos pocos años se proyectó una película denominada “Interestelar”, puede que algunos o muchos la hayan visto. Es una película futurista y transmite un importante mensaje a la humanidad, sobre el valor de nuestro planeta Tierra y, particularmente, del equilibrio ambiental del mismo, como una forma de sustentar la vida de todo tipo.

En la película se parte del hecho de que en algún momento del siglo XXI la humanidad, por diversas causas, incluyendo las guerras, había terminado de afectar muy seriamente el clima del planeta, haciendo que este estuviera “enfermo” y que, en condición de desequilibrio, ya no tuviera capacidad para sostener la vida, incluyendo la de los seres humanos.

Como buena película de Hollywood, en ese caso, se encuentra una salida casi “milagrosa”. Seres extraterrestres del futuro colocan un “agujero negro” que sirve de puerta hacia otra galaxia, donde se puedan encontrar algunos planetas que puedan tener algunas condiciones para ser habitados por humanos, y así, poder continuar con la especie. 

Aparte de que permiten encontrar una solución para que los seres humanos puedan abandonar la Tierra para irse a vivir en instalaciones espaciales habitables.

En la vida real la posibilidad de la “ayuda extraterrestre” para resolver los problemas que nosotros mismos le hemos creado al planeta es absolutamente nula para no decir fantasiosa. La explicación para ello es sencilla: nuestro planeta, particularmente la que llamaremos la Ecosfera, que junta a la Atmósfera, la Hidrósfera (incluyendo los océanos) y la Biosfera, ha sido afectada, en tiempos geológicos, de forma cíclica. Se ha pasado por muchas crisis, algunas muy graves, con grandes extinciones masivas de especies y, sin embargo, a pesar de todo, la vida en general, con nuevas especies, ha sobrevivido.

El problema es que esa sobrevivencia o recuperación se da en “tiempos geológicos” que se mide en miles o decenas de miles de años, en el mejor de los casos o en millones de años, cuando la crisis ha sido muy grave. Ninguna de ellas se ha resuelto, por lo que se sabe, con la “ayuda extraterrestre”, y la crisis que se aproxima tampoco va a ser la excepción.

La cosa en común que tenemos con el tema de fondo de la película citada es que, efectivamente, en los tiempos actuales del siglo XXI nos encontramos ingresando en una fase de crisis de la Ecosfera. Crisis que ha sido catalizada por la misma humanidad, no solo en lo referente al incremento muy significativo relacionado con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (como CO2 que ya alcanza las 400 ppm en la atmósfera), sino por otros factores igual de graves, como la afectación de los biomas continentales y marinos, al punto de llevar a algunos hasta una condición de “límite crítico”.

En pocas palabras, como hemos señalado en un reciente artículo “La Tierra se nos agota” (ver: www.allan-astorga.com) y seguimos sin tener conciencia de ello, dado que, por un lado, la prensa nos informa y reinforma sobre lo que llamaríamos la “problemática humana” que ocupa muy diversos temas, desde sucesos hasta futbol, pasando por guerras, farándula y otras muchas cosas que llenan nuestra vida, sin que nos logremos ubicar en la real perspectiva en que nos encontramos.

A lo largo de lo que sigue del siglo XXI, los problemas ambientales de todo tipo se van a seguir incrementando y tarde o temprano van a llegar a afectar la calidad de vida de todos. De allí la enorme importancia de tomar medidas desde ahora.

Hemos sido insistentes en señalar este punto, dado que todavía es posible tomar acciones para mitigar los efectos de esta crisis de la ecosfera que se nos aproxima o que ya se ha iniciado. El grado de intensidad con que esa crisis ecosférica afectará cada país o territorio en el mundo va a ser diferente e inversamente proporcional al grado de preparación que tenga cada sociedad para enfrentar las diversas manifestaciones que se irán presentando.

Como hemos recalcado mucho, no es suficiente que nos comprometamos “voluntariamente” a reducir las emisiones a lo largo del siglo, para que la temperatura de la atmósfera no suba más de 2º Celsius. Se hace necesario atacar el problema de manera integral y en varios frentes.

Aunque es un problema global, y lo ideal sería que las soluciones también lo fueran, en la práctica, cada país debe realizar los mayores esfuerzos por trabajar en el tema para estar lo más preparado posible. 

Esto, junto con la tarea de trabajar también en la mejoría de las condiciones de calidad de vida de su población y de su crecimiento económico. Por eso insistimos que se trata de nuestro principal reto, un reto que debe convertirse en el norte objetivo de nuestro modelo de desarrollo.

Modelo de desarrollo que, definitivamente, no puede estar basado solamente en “crecimiento económico” y “disminución de la pobreza”. Eso no es suficiente, aparte de que son los mismos argumentos que cada cuatro años, desde hace cerca de cuatro décadas, se levantan como principal consigna durante la época electoral.

Sobre esa “bandera de lucha” cada administración de gobierno, unas más que otras, lo que ha procedido a recetarnos es un sacrificio ambiental, aumentado el deterioro de nuestra Ecosfera y, lo peor de todo, sin cumplir los objetivos planteados. ¿Cómo es posible que la degradación de la calidad de vida de quienes vivimos en la GAM no sea objeto de discusión en una campaña electoral? 

Urgente. Cada año, desde hace más de 20, nos lo recuerdan los informes del Estado de la Nación y de la Región (centroamericana). Tampoco la situación se resuelve promoviendo una nueva Constitución. El reto que se enfrenta es un tema más serio que eso, y de allí que las soluciones se deben implementar en el menor plazo posible. Y siempre con visión de país y no de sectores particulares interesados. En el caso de Costa Rica, como hemos señalado, algunas de las soluciones prácticas y urgentes son las siguientes:

a.     Control ambiental eficiente y efectivo, de todas las actividades productivas, a fin de cumplir el Principio de Sustentabilidad Ambiental y de disminuir o eliminar la contaminación que todavía se produce en grandes cantidades.

b.     Ordenamiento y Planificación Territorial, a fin de gestionar temas clave como la protección y uso sustentable de los recursos hídricos, de las áreas silvestres protegidas, de las tierras para producción agrícola, del desarrollo costero y del desarrollo urbano ambiental y socialmente sustentable; así como la correcta gestión del riesgo y de la protección de la biodiversidad.

c.      Planificación Estratégica del desarrollo del país, con la dimensión ambiental integrada, según criterios de Evaluación Ambiental Estratégica. Algo que resulta urgente en temas de: energía, infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, así como en desarrollo turístico y de educación integral.

d.     Fortalecimiento del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y de la SETENA misma, para que, de forma efectiva, tutelen de forma eficiente el artículo 50 constitucional, bajo la aplicación del Principio de Sustentabilidad Ambiental, y

e.      Eficiente gestión de los recursos marinos de nuestro país, en su Zona Económica Exclusiva, cuya área es 10 veces mayor que el territorio continental y que se localiza en una de las zonas tropicales más biodiversas y ricas del mundo.

Con estos ejes estratégicos el país debe alinear su Modelo de Desarrollo, y de esta forma, garantizar la sustentabilidad ambiental de su crecimiento, cumpliendo los dos objetivos siempre planteados, pero poco cumplidos: crecimiento económico y combate de a la pobreza y el desempleo.

Ante la propuesta de un “Acuerdo Nacional” multipartidario para el “progreso del país” y al cual, por una razón que no entendemos, quedó fuera el tema ambiental, creemos que integrar lo aquí señalado resulta fundamental. Ello en aras de poder establecer un norte correcto para nuestro país que, como hemos dicho, tiene la oportunidad de avanzar y servir de ejemplo al mundo, en lo referente a cómo se debe afrontar el gran reto ecosférico del siglo XXI.

Ya es tiempo que el tema ambiental sea tema de campaña en Costa Rica. Ya es hora que dejemos de creer en las mismas frases vacías, y que tienen a nuestro país en la crítica situación que enfrenta desde la perspectiva ambiental.

La Tierra que se nos agota

En diversos escritos previos (ver www.allan-astorga.com) hemos insistido en un tema que consideramos fundamental para la humanidad: desde el 2015, se alcanzó, a nivel planetario, un límite crítico (o seguridad) de afectación de los ecosistemas terrestres, lo que hace que, desde hace dos años, estemos “empeñando” nuestro futuro, en particular el de nuestros niños y de las generaciones que todavía no han nacido.

Hemos sido insistentes en recalcar que este debería ser el problema más importante que deberíamos enfrentar como Humanidad. Es tan grave, como los mismos efectos del Cambio Climático.

Estudio global: el estudio realizado que llegó a esa grave conclusión fue realizado a nivel planetario (“http://Science.sciencemag.org/content/353/6996/288”), y se detectó que 9 o de los 11 Biomas existentes en nuestro planeta han sido significativamente dañados por la actividad humana (agricultura, agroindustria y desarrollo urbano de todo tipo). 

Los Biomas tropicales, los más biodiversos, son de los más afectados. El límite crítico se estableció en un valor cercano al 60 % de “daño” o “sacrificio” ambiental producido.

Se considera como un “limite crítico” en la medida  en que el daño producido  es tal que la capacidad de recuperación (resiliencia) del Bioma o de los ecosistemas no logrará darse en tiempos humanos(sino geológicos). Dicho en otras palabras se está entrando, por así decirlo, en una fase de “no retorno”.

El estudio científico en cuestión, tiene sus limitantes e incertidumbres y señala la gran importancia de seguir completando información en todo el planeta, a fin de completarlo y mejorarlo. No obstante,  constituye una llamada de atención, que esperamos aún estamos a tiempo de tomar en cuenta. En particular a la hora de tomar decisiones “estratégicas” respecto al tipo de “Modelo de Desarrollo” que planteamos, de forma individual, para nuestros territorios: el país completo, o los cantones o partes de estos; como en el caso de Costa Rica. Donde también debemos tener en cuenta el tema de la Gestión del Riesgo, como complemento.

Situación de Costa Rica: en el caso de nuestro país, medir el grado de afectación que los seres humanos hemos hecho a los ecosistemas no es tan sencillo, en particular, porque se pone enfrente el argumento de que el país en las últimas décadas ha recuperado los bosques y que ahora tiene un 52 % de cobertura boscosa. Además, complementan esto, con señalar que aproximadamente una cuarta parte de nuestro territorio continental se encuentra en algún régimen de área silvestre protegida.

Sobre este esquema se nos vende la idea de que la “Costa Rica Esencial” es verde y que se encuentra muy bien con el “medio ambiente”, en particular, porque la mayoría de la electricidad que consumimos proviene de fuentes renovables.

No obstante, esos datos tienen que ser mejor respaldados y detallados para poder conocer si, en nuestro país, estamos en una tendencia de mejoraría desde el punto de vista ambiental, o si, como el resto del mundo, nos encontramos en un proceso de deterioro.

Para revisar esos datos, hemos utilizado alguna información ambiental existente, vinculada al tema de la zonificación de fragilidad ambiental, y a uno de los instrumentos que permiten detectar el grado de “sobreuso ambiental” que estamos dando a nuestro territorio. Los datos indican que en el caso de la Gran Área Metropolitana (GAM) ese sobreuso alcanza en promedio un 41 %, con datos particulares para algunos cantones, que tienen datos de sobreuso de hasta un 70%.

Son cantones que, a la postre, se hundirán ellos mismos en una acelerada desmejoría de la calidad de vida de sus habitantes, y dejarán de tener atractivo alguno.

En el caso de un Litoral Pacífico, donde también fue posible realizar un estudio regional de zonificación ambiental, se encuentra que ese sobreuso ambiental actual alcanza un valor de 25 %, en promedio. En el caso de Limón, un cantón verde, el sobreuso alcanza el 17 %.

Aclaro que esos estudios tienen varios años de haber sido realizados, de manera que cualquiera de las dos circunstancias podrían estar sucediendo, que el sobreuso haya aumentado (algo muy probable), o que haya bajado. Nuevos estudios serían necesarios para determinar esta situación.

Lo que sí parece confirmarse es que sí existe una significativa afectación de los ecosistemas terrestres y que, muy probablemente, esa afectación se encuentre con una tendencia creciente, es decir, de deterioro.

La información sobre el hecho de que, por ejemplo, la expansión piñera en el país ha generado la pérdida de casi 5 mil hectáreas de bosque en una década es un “botón” de muestra de esta tendencia. A ese respecto el dato de 37.200 hectáreas de piña que proyecta el último censo agropecuario del MAG (2016) debe ser contrapuesto a las 38.000 hectáreas registradas en el 2008, cuando la piña generaba tan solo $487 millones. Algo extraño que ninguna regla de tres soportaría y que llama poderosamente la atención. 

Falta de conocimiento: se suma el hecho de que nuestras autoridades anuncian proyectos de ley para generar más “sacrificio ambiental” de nuestros ya debilitados ecosistemas. Proyectos que pretenden construir carreteras en zonas de humedales, o infraestructura vial nueva en áreas silvestres protegidas de cualquier categoría, o para meter tractores en parques nacionales para producir energía geotérmica, extraer recursos hídricos o construir un megapuerto como el del Canal Seco.

No tomar en cuenta el dato global y nacional de que los ecosistemas de nuestro planeta se están agotando, y que se está cerca de llegar a un punto crítico, es sumamente grave, pues para muchos, incluyendo importantes autoridades judiciales, legislativas y del Poder Ejecutivo, se sigue con la idea de que tenemos “una gran Naturaleza” y que sus recursos son “prácticamente inagotables”. Cuesta creer, por ejemplo, que nuestras autoridades no sepan del valor ecológico de los manglares  de nuestros litorales, que cumplen una importantísima función ecosistémica.

Como podemos ver, la realidad nos dice que eso no es así y que, en pocos años, o a lo sumo décadas, de seguir por esta grave tendencia, llegaremos a un punto de no retorno, que tendrá muy serias consecuencias para todos: pérdida de biodiversidad, crisis en la producción de alimentos (cantidad y calidad) provenientes del agro, alteración del paisaje y contaminación de recursos clave, como las aguas subterráneas, entre otros factores.

Como hemos señalado, dañar la Naturaleza es, por definición, una forma de dañarnos a nosotros mismos. De allí que urge tomar acciones concretas para detener el deterioro y, más bien, tratar de revertir la situación. Se lo debemos a nuestros niños y a las generaciones futuras.

Hay soluciones: como también hemos dicho, Costa Rica, como potencia mundial en biodiversidad, puede mostrar al mundo el camino a seguir para revertir esta grave situación de orden global.  Las acciones a tomar no son caras ni complejas: Ordenamiento y Planificación Territorial y Estratégica de nuestro desarrollo, Control Ambiental de las actividades ya existentes, dar un uso más eficiente de la Evaluación de Impacto Ambiental como verdadera herramienta de implementación del Principio de Sustentabilidad Ambiental y promover la Evaluación Ambiental Estratégica, para la toma de decisiones estratégicas de desarrollo socioeconómico del país. Sobre este último punto hay un dato interesante: pese a existir un Decreto Ejecutivo para normar la Evaluación Ambiental Estratégica desde el 2004, todavía hoy no se ha normado, a pesar de existir un propuesta desde el año 2009.

El tiempo que queda para accionar en esa dirección y tratar de revertir este gravísimo problema es relativamente poco, algunos años a lo sumo. Por eso, la gran importancia de cobrar conciencia de la situación y de empezar lo antes posible. No se trata de generar alarmas, se trata de hacer conciencia y de actuar.

Acciones que, como es de esperar, también son de gran relevancia de realizar en nuestros océanos, donde también se ha registrado un gradual deterioro de los ecosistemas marinos como producto de la sobreexplotación pesquera, aleteo del tiburón, la pesca de arrastre y de la contaminación ambiental.

Es importante tener claro que, aunque se han dado esfuerzos por parte de las autoridades, no solo nacionales, sino alrededor del mundo, para tratar de mitigar esta situación, dichos esfuerzos son laxos y lentos, es decir, que no son suficientes. Esto, por cuanto, el modelo de desarrollo que se impulsa, sigue sobre la premisa equivocada, y antes señalada, de que “nuestra naturaleza y sus recursos son casi inagotables”. Algo que, ya durante el resto de este siglo,  iremos descubriendo dolorosamente que no es así.

A propósito de las elecciones que se avecinan para el año 2018, este tema debería ser el eje fundamental, para hacer propuestas concretas para la mejora del futuro del país en todos los sectores de desarrollo: desde educación hasta la lucha contra la pobreza y el desempleo. Nuestro modelo de desarrollo debe ajustarse a esta cruda realidad para que sea verdaderamente sustentable ambiental y socialmente.

Uso de la Tierra y la prevención de los desastres

Los recientes desastres ocurridos al norte de Perú y en Mocoa (Colombia), tienen mucho en común con los desastres de Upala y Bagaces dejados por el Huracán Otto y, también con el desastre de Calle Lajas de Escazú del 2010, entre otros muchos, en el mundo.

En esta semana en la que se celebra el Día Mundial de la Tierra, el hecho que todos esos desastres cobren la vida de muchas personas, y de muchos animales domésticos y silvestres, así como los heridos y el enorme costo de las pérdidas materiales producidas, hace que tengamos que seguir insistiendo en la urgencia imperativa de realizar una gestión preventiva de riesgo  a partir del conocimiento científico que se tiene de los suelos.

Recalcamos el concepto de preventivo en la medida  en que tenemos que diferenciarlo muy bien de la acción de la atención "correctiva" del riesgo, es decir, cuando el evento (desastre) ya ha ocurrido y lo que se hace es atender la emergencia. Algo en que nos hemos especializado (particularmente la Comisión Nacional de Emergencias: CNE), pero que tiene un gran defecto, pues no evita que se pierdan o dañen vidas y bienes materiales, con cada evento metereológico o geológico que nos impacte.

Gestión de riesgo: la Ley Nacional de Emergencias y Gestión del Riesgo (Ley 8488 de enero del 2006), define este último concepto como el “proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias”.

Queda claro que, el espíritu fundamental de la Ley es la prevención, utilizando como herramienta fundamental la planificación territorial y estratégica (sectorial y socioeconómica). Algo en lo que, aunque se ha trabajado, el mismo Estado y sus instituciones, han impedido que se implemente de forma efectiva.

En el mes de mayo del 2006, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto 32967 – MINAE (procedimiento para introducir la variable ambiental en los planes reguladores y cualquier otro tipo de planificación de uso del suelo). Como parte de esta metodología (resumida como los IFA), se integró el tema de las Amenazas Naturales (deslizamientos, inundaciones, sismicidad -respuesta del suelo a los sismos-, fallas geológicas activas, avalanchas y flujos, peligros volcánicos, tsunamis -en zonas costeras- y licuefacción, principalmente).

De esta manera, los IFA, permiten generar una zonificación de fragilidad ambiental que, entre otras variables del medio físico, biológico y social, incluyen la zonificación de zonas de alta y muy alta amenaza a fuentes de origen geológico. Algo que resulta de gran utilidad para la realización de la gestión preventiva del riesgo tal y como lo señala a Ley.

Es importante subrayar que esa zonificación ambiental ante las amenazas naturales debe ser realizada a una escala apropiada, es decir, que tenga el suficiente detalle para poder aplicarla en los trámites de usos del suelo que deben realizar los gobiernos locales. La escala ideal es de 1:10.000 o más detallada, aunque para cantones de grandes extensiones, la escala 1:25.000 también resulta de utilidad.

De esta manera, resulta importante aclarar que muchos de los mapas que la misma CNE ha elaborado, por usar una escala más regional (1:50.000) no son satisfactorios ni lo suficientemente útiles para ser aplicados en trámites de uso del suelo.

No obstante, desde que se promulgó el Decreto de los IFA, aproximadamente el 60 % del territorio del país (cerca de 60 cantones) cuentan con zonificación de amenazas naturales y de otros factores ambientales, a la escala apropiada. Alguna de esa información generada por la misma CNE, pero sin la debida divulgación. Como parte de esa zonificación se incluye el territorio de la GAM, incluyendo 31 cantones, que es donde residimos cerca de la mitad de la población del país.

Cabe señalar que los mapas detallados de amenazas naturales son útiles no solo para identificar espacios geográficos no aptos para promover nuevas construcciones, sino también para verificar qué construcciones se localizan en esas zonas. Esto, a fin de establecer efectivos Planes locales de Gestión del Riesgo y de Emergencias, algo que, de haber existido en Quebrada Lajas de Escazú, y en Upala y Bagaces con el Huracán Otto, hubiera evitado la pérdida de vidas, como las que se dieron. Aspecto que también es relevante, en materia de desarrollo de seguros contra desastres naturales.

Usos de la tierra (suelo) para desarrollo urbano: como hemos señalado antes (ver:www.allan-astorga.com), el hecho de que no se disponga de planes reguladores o planes de ordenamiento territorial (POT), con la variable ambiental integrada, resulta nefasto en materia de gestión preventiva del riesgo. Estamos construyendo potenciales desastres en vez de evitarlos.

Esto es así, en razón de que en ausencia de un POT, aplican dos reglamentos del INVU: a) Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y b) Reglamento de Construcciones, y que se encuentran absolutamente desactualizados en materia ambiental y de gestión del riesgo. Son dos reglamentos altamente permisivos,  adoptados en una época (1982) en la que las preocupaciones ambientales eran inexistentes, que permiten el desarrollo de construcciones casi en cualquier parte, siempre que se cumplan unos requisitos muy simples, y para los cuales los gobiernos locales, en principio, no pueden poner ninguna objeción.

Esos reglamentos del INVU, todavía están vigentes, y aplican para casi el 97 % del territorio del país sujeto a desarrollo urbano. Como se verá, en mucho esto explica la razón por la cual, a algunos sectores no les conviene que se aprueben los POT con variable ambiental integrada.

Si a esa circunstancia, como hemos dicho, se suma el hecho de que cerca de la mitad de los proyectos que se tramitan en la SETENA, se realizan por medio de un Formulario D2, que no realiza estudios técnicos en los terrenos, nos damos cuenta que tenemos una formula casi perfecta para el desastre. Ello, por cuanto muchas de las construcciones menores de 1000 m2, se localizan prácticamente sin ningún estudio técnico que determine si el terreno donde se localiza es de alto riesgo o no. Cabe aclarar que hacer que esos proyectos no se tramiten ante la SETENA, no es la solución, todo lo contrario, la solución es hacer que hagan una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) más detallada.

Para el año 2008, los datos del PRUGAM indicaban que cerca del 20 % de todas las construcciones en la GAM, se localizaban en áreas de alta a muy alta amenaza natural, es decir, que se encontraban en condición de alto o muy alto riesgo. Como el modelo urbano caótico ha continuado, es altamente probable que ese porcentaje se haya incrementado en los últimos 10 años.

Un aspecto que termina de agravar la situación es el hecho de que, como parte de las variables a incluir en la estimación del costo de un terreno, no se incluye su grado de susceptibilidad a las amenazas naturales. Algo que, podría afirmarse, representa una verdadera “estafa” al comprador, pues adquiere una “verdadera bomba de tiempo” a un precio muy alto.

Soluciones: los cambios que son necesarios, posibles y fáciles de realizar son los siguientes:

a)      Utilizar, por parte de los gobiernos locales, la información de zonificación ambiental (IFA) generada y disponible para cerca de 60 cantones. De acuerdo a la Ley de Planificación Urbana, las municipalidades pueden, sin contar con POT, establecer ordenanzas concretas en materia de gestión preventiva del riesgo y tramite de usos del suelo; así como en el desarrollo de Planes de Contingencia y Emergencia para los casos de construcciones que ya existan en zonas de alto y muy alto riesgo.

b)     Aplicar el artículo 2 de Reglamento General de EIA  respecto a que primero, los proyectos realicen la EIA antes de solicitar el uso del suelo ante el gobierno local.

c)      Actualizar y completar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, intensificando el proceso de control ambiental de su aplicación para los proyectos pequeños que no realizan la EIA.

d)     Completar los requisitos del Formulario D2 para que el área del proyecto sea objeto de análisis ambiental como parte del trámite de la Viabilidad Ambiental, para todos los proyectos que se localicen en cantones sin POT con variable ambiental.

e)      Acelerar el proceso de que haya POT con variable ambiental en los próximos años y no como hasta ahora ya que entre el 2010 y 2016, la SETENA rechazó y archivó el 75 % de todos los POT que se le presentaron. Si, aunque parezca un chiste, la realidad es que no lo es.

Instituciones como el MINAE, el MIVAH, el INVU, el IFAM y la misma SETENA tienen en sus manos la responsabilidad de corregir el equivocado rumbo que tiene el país en esta materia. Responsabilidad que implica salvar vidas y bienes materiales. Por su parte, entidades como la CGR, PGR y la Defensoría de la Habitantes, deberían tomar partido en este importante y grave asunto que es de vital importancia para el país, y que permitiría evitar nuevas tragedias en el futuro.

SETENA: si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el Ambiente

Ante el “anuncio” publicado en La Nación (18.02.2017) sobre la intención de cambiar la reglamentación de la SETENA, con el argumento de que esta entidad se encuentra “sobrecargada”, razón por la cual, se pretende “agilizar” su gestión, estableciendo umbrales y evitando que hasta un 50 % de los proyectos que actualmente realizan trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), ya no tengan que hacerlo, surge la necesidad de aportar, de forma proactiva, algunas aclaraciones y aportes sobre como “si es posible mejorar, pero jamás sacrificando el Ambiente”.

EIA vs SETENA: lo primero que hay que aclarar es que, una cosa es el proceso de EIA y, otra cosa, es la SETENA. Para ilustrarlo mejor, podríamos decir que la SETENA es como un “obrero” que tiene que realizar un trabajo que implica el uso de una “caja de herramientas” para lograr un objetivo, en este caso, una correcta y eficiente EIA. Por eso, es importante dejar claro que la SETENA y la EIA, son dos cosas diferentes, tanto como el carpintero y su caja de herramientas.

La SETENA, fue establecida por la Ley Orgánica del Ambiente como un órgano de desconcentración máxima; lo cual significa que tiene total independencia de criterio, en las decisiones que tiene que tomar. Algo que, muchos políticos, particularmente en los últimos 10 años, no han entendido. Por eso, ha sido “intervenida” en varias ocasiones, al punto de que, se ha afirmado que se encuentra “totalmente politizada” y ello, desde hace años.

Por su parte, la EIA es, como ha dicho la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, el principal instrumento que tiene el Estado (y la sociedad costarricense) para tutelar el artículo 50 constitucional, sobre el derecho que toda persona tiene a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Además, es importante aclarar que, a nivel internacional, la EIA, tiene un procedimiento estandarizado y ordenado según un criterio técnico y científico. El cual se basa, fundamentalmente, en relacionar la condición de fragilidad ambiental del terreno con respecto a las características ambientales del proyecto. El resultado, la Significancia del Impacto Ambiental, determina la profundidad de la EIA que debe ser realizada.

EIA y Planificación Territorial: la principal limitante de la EIA es que es un instrumento de gestión de “segundo piso”. Siendo, el “primer piso”, la Planificación Territorial, algo de lo que cerca del 97 % de nuestro país, adolece. Esto hace que la EIA, tenga que resolver casi todos los problemas ambientales que puedan presentarse, lo cual, generalmente, no se logra hacer.

En Costa Rica se ha intentado de resolver esta situación con la introducción de la variable ambiental en los planes reguladores y otros tipos de planificación de usos del suelo. Empero, en esto, la SETENA nos ha fallado, pues mientras entre el 2006 y el 2009, se aprobó el 65 % de los informes ambientales de los planes reguladores, entre el 2009 y el 2015, se rechazaron el 70 % de todos esos informes (¡80 informes de 50 cantones!).

El Reglamento General de EIA, actualmente vigente, tiene contemplado, el desarrollo automático de la agilización de los trámites de EIA, ante la SETENA, para todos los proyectos que se localizan en cantones con planes reguladores que tengan viabilidad ambiental aprobada. Con ello se cumpliría lo ordenado por la Sala Constitucional, de eximir del trámite de EIA, cuando se dispusiera del debido fundamento técnico, y no, por la vía arbitraria de establecer umbrales. Algo que parece haberse olvidado del todo, incluyendo nuestras actuales autoridades políticas del dizque "Gobierno del cambio": hay que señalar que en esto y muchas otras cosas, se parecen cada vez más a las de las dos anteriores administraciones.

Si la SETENA no hubiera hecho lo que hizo desde el 2009, es decir, rechazar y archivar 80 planes reguladores (cantonales y costeros), no se tendría tanto problema de sobrecargo del sistema de EIA, como se dice que se tiene hoy.

Modelo de EIA en peligro: la solución a los problemas de EIA, que algunos llaman “estancamiento” o “entrabamiento”, no debe partir de cambiar el Modelo de EIA vigente (caja de herramientas), con el simple pretexto de “agilizar”, pues eso, en concreto, significaría promover más daño y Sacrificio Ambiental, algo que, a estas alturas, representa un lujo que nuestro país no se puede dar, pues representa, a la larga, como una especie de “suicidio” en la medida de que nuestro desarrollo socioeconómico depende de que nuestro ambiente esté sano y ecológicamente equilibrado.

Cambiar el Modelo de EIA es un asunto muy serio y no puede ser tomado a la ligera. Siempre es posible mejorar, pero respetando el Principio de No Regresión y buscando un mejoramiento continuo.

Mejoramiento que debería hacerse de forma efectivamente participativa, considerando a los diferentes sectores de la Sociedad. Razón por la cual, el mismo Reglamento General de EIA, desde el 2004 creo una Comisión Mixta, aún vigente y que, es la entidad correcta para discutir el tema. Esta Comisión nunca fue convocada desde el 2007 (con algún intento de René Castro en el 2012 que el mismo “abortó”) y el actual Gobierno de la "participación ciudadana" pareciera querer seguir ignorando que existe.

Agilización de EIA con criterio: pero si de lo que se trata es agilizar el proceso de EIA y “aliviar” a la SETENA de su “sobrecarga”, hay otras soluciones más claras y rápidas que se pueden implementar en muy corto tiempo, veamos:

a.     Los recursos para la SETENA se pueden incrementar con facilidad. Lo único que se ocupa es modificar y ampliar el Decreto Ejecutivo 34536 – MINAE del 5 de junio del 2008, en el que se establecen las tarifas que cobra la SETENA por realizar la revisión de los instrumentos de EIA. El mismo tiene fundamento en el señalado en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ambiente. No resulta lógico que la SETENA cobre $ 200 por el trámite de un D1 o $ 500 si tiene un Plan de Gestión Ambiental, a un proyecto de varias decenas de millones de dólares de inversión. ¡La revisión del Estudio de APM que tardó años en al SETENA, costó $ 3000! Como se puede ver, aumentando el costo de los procesos de revisión y aplicando el Principio de Proporcionalidad, la SETENA podría disponer de más recursos humanos para atender el trabajo que tiene que hacer.

b.     El actual Reglamento de EIA contempla, además, la figura de los consultores externos acreditados (por el Ente Costarricense de Acreditación - ECA-), para que puedan servir como apoyo a la SETENA en el análisis de EIA o hasta, por encargo de este, realizar las EIA que se les señale de manera que se separe el vínculo (a veces vicioso) entre el desarrollador y su equipo consultor. Esto se resuelve con un decreto ejecutivo que lo norme y que incluya un Código de Ética del Gestor Ambiental ya planteado desde el 2004, pero todavía pendiente de elaborar.

c.     Desarrollo de Guías de Buenas Prácticas Ambientales para los diferentes sectores productivos, en particular los que mayor trabajo le dan a la SETENA (construcción, minería, industria, entre otros). El decreto ejecutivo 34522 – Minae (del 16 de junio del 2008) referente al “Reglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas productivas y de desempeño coeficiente”, todavía está vigente, pero no se ha utilizado. Con esas guías oficializadas, muchos proyectos solo tendrían que presentar un formulario ambiental y los estudios complementarios a la SETENA (para demostrar que el área del proyecto tiene la condición ambiental adecuada), y la adopción de las medidas ambientales de la guía por medio de una Declaración Jurada. Y en el caso de que se localicen en un plan regulador con viabilidad ambiental, el sistema seria todavía más ágil para los proyectos de alto impacto.

d.     Desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica a algunas políticas, planes y programas (PPP) como mecanismo para agilizar el desarrollo sustentable del país y de ciertos sectores estratégicos como los de Salud, Educación, Energía, Telecomunicaciones, Red de Agua Potable y Alcantarillado e Infraestructura vial (incluyendo puentes, entre otros). Así los proyectos individuales de muchos programas de desarrollo, no tendrían que hacer una EIA individual, sino que el Programa haría una EAE rápida que, con la ayuda de las guías ambientales, permitiría que las aprobaciones, en conjunto, se pudieran dar de forma muy rápida, casi automática, pero de forma eficiente y efectiva, es decir, protegiendo el ambiente y la inversión a realizar.

Las soluciones existen: de esta manera, con unos pequeños cambios de unos 2 o 3 decretos ejecutivos clave, que complementen la Caja de Herramientas existente, elaborados de forma participativa por la Comisión Mixta, con el visto bueno de la SETENA y aprobados por el Presidente y el Ministro del MINAE se resolverían muchos de los problemas de la SETENA (el Carpintero). Esto, sin sacrificar el Modelo de EIA vigente, sustituyéndolo por algo que, como hemos dicho, solo va a incrementar aún más el daño y el Sacrificio Ambiental.

Las ventajas de seguir este camino sugerido es que de verdad se puede mejorar en calidad y cantidad el sistema de EIA que administra la SETENA, disminuyendo al Sacrificio del Ambiente y disminuyendo los procesos de judicialización de los trámites ambientales de los proyectos.

Tomar el camino equivocado, como se pretende, además de poner en aun mayor riesgo el Ambiente, la Naturaleza y la vida de nuestro país, implica una gran pérdida de tiempo, dado que es como si se estuviera retrocediendo 20 años en el tiempo, y que se produzca más y más entrabamiento por la judicialización de procesos que la discrecionalidad que se quiere dar a la SETENA pudiera producir.

En necesario abrir espacios de diálogo y acuerdo que son la única solución para que el país verdaderamente progrese en un marco de Sustentabilidad Ambiental. Han pasado casi tres años del pretendido “Gobierno del Cambio", pero, a decir verdad, se sigue jugando con el Ambiente de Costa Rica.