A las puertas de un grave error histórico

Al igual que en el libro de García Marquez “Crónica del una muerte anunciada”, el INVU y algunas autoridades de gobierno, a pesar de las advertencias realizadas en diversos medios, han seguido adelante con la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Area Metropolitana (Potgam) elaborado por el INVU, para sustituir el Plan GAM que data del año 1982. Su presidenta ejecutiva anunció en una reciente entrevista alSemanario Universidad su aprobación para antes de mayo próximo. Con mapas sin coordenadas y sin sobreponerlos a la zonificación ambiental ya aprobada para la GAM, desde el año 2009, estas autoridades arrastran consigo a algunas municipalidades, convenciéndolas de que la propuesta es “beneficiosa” y que representa el “rescate” del apoyo que dio la Unión Europea para el Plan Regional de la GAM. Algo que está completamente alejado de la verdad y la realidad.

Alcance ciudadano. Para los ciudadanos de la GAM, que representamos cerca del 60% de la población del país, la discusión referente al futuro del desarrollo urbano de la GAM, y su sostenibilidad ambiental, resulta algo muy técnico y hasta confuso, de manera que no han tenido posibilidad de ver el negativo alcance social y ambiental que tiene la propuesta que hace el INVU con el Potgam. De allí la importancia de ilustrar algunos de esos alcances de una manera más práctica.

En el caso del cantón de Alajuela, la expansión del anillo de contención propuesta por el Potgam que defiende el INVU cubriría todo el sector de relieve al sur de Turrúcares. Esto quiere decir que todas esas zonas quedarían sujetas a desarrollo urbano. Áreas vulnerables a fenómenos de deslizamiento estarían siendo objeto de construcciones durante los próximos años.

Los cantones de Escazú y Alajuelita, también serían afectados por una expansión urbana, hacia las zonas de montaña de la Precordillera. Aparte de que se dejan de lado los serios problemas sociales y ambientales que ya tiene Alajuelita (debido en parte, a la irresponsabilidad del INVU en no planificar adecuadamente su crecimiento), así como el hecho que estas zonas son de alta fragilidad ambiental y muy vulnerables a los desastres como el que ocurrió en Quebrada Lajas de Escazú, en noviembre del 2010.

La Loma Salitral y otras áreas de protección de Desamparados se incluyen como parte de la expansión urbana de la GAM. Con lo cual la legítima lucha para preservar la Loma Salitral de estos años, único pulmón de verdor en esta zona de la GAM, dejaría de tener razón de ser: ¡a urbanizarlo todo, gracias a los señores del INVU!

La Unión (Dulce Nombre y San Ramón), Montes de Oca (San Rafael), Goicoechea (Jaboncillo y Vista de Mar) y Moravia (Paracito), sufrirán una significativa expansión de su área de urbanización hacia sus zonas de montaña. En el caso de Montes de Oca, la casi totalidad del distrito de San Rafael, donde se presentan muchos manantiales, así como áreas de alta vulnerabilidad a deslizamientos, quedarían sujetos al desarrollo urbano. Esto sin contar que en el borde del nuevo anillo de contención, se planea construir una carretera nacional de 6 carriles que comunique a Paraíso con Turrúcares, atravesando las zonas de montaña del norte y el sur del Valle Central.

Siguiendo esta misma tendencia, el Potgam propone que el desarrollo urbano en el cantón de Coronado se extienda hasta San Pedro y San Rafael, haciendo que todas las áreas verdes que se presentan entre el actual límite de la mancha urbana y el nuevo anillo de contención, sean objeto de desarrollo urbano. Se ignora así que se trata de áreas ricas en manantiales y de alta y muy alta vulnerabilidad a los deslizamientos.

Los problemas de abastecimiento de cantones aguas abajo como Santo Domingo, ya detectados en este año 2010 con la contaminación del río Agrá, solo se agravarían más, pero esto a los señores del INVU parece tenerles sin mayor cuidado.

La gran mayoría de los cantones de Heredia, como Santo Domingo, San Pablo, San Rafael, Barva y Santa Bárbara, serán objeto de la misma expansión urbana en sus zonas de montaña, que representan áreas estratégicas para la recarga acuífera de la GAM y sus fuentes de agua subterránea. Aparte de que también son zonas vulnerables a las amenazas naturales (deslizamientos, avalanchas, inundaciones, fallas geológicas y peligros volcánicos).

Conflicto. El hecho de que los ciudadanos de todos estos cantones, e incluso, sus gobiernos locales, no hayan tenido la oportunidad de analizar con detalle el alcance de la propuesta del Potgam, y cuya aprobación se anuncia para antes de mayo próximo, resulta un grave irrespeto al principio de participación ciudadana en un tema tan trascendental para su futuro. El INVU sigue en este sentido el mismo error de muchos de creer que una reunión con un concejo municipal y su alcalde dilucida todas las dudas, cuando la misma legislación exige consultas públicas. Algo que, de seguir así, tendría que ser ventilado, desafortunadamente, en los tribunales de justicia, con todo el proceso desgastante que eso implica y con el consecuente aplazamiento que representa para el ya seriamente atrasado proceso de ordenamiento y planificación territorial de la GAM.

No obstante, cuando se pregunta quién sale ganando con este atraso, la respuesta es simple: ¡los desarrolladores inmobiliarios! Su meta es que se urbanicen las zonas de montaña de la GAM, sin importar las consecuencias ambientales y sociales que eso pueda tener, como el hecho de que al menos un nuevo millón de habitantes se instalen en zonas de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales o que se dañen permanentemente las áreas de recarga y fuentes de agua que abastecen la urbe.

Mientras las 15.000 hectáreas con que amplía el Potgam el anillo de contención, a costa de áreas de protección definidas en el GAM de 1982, sean urbanizadas en los próximos 20 años, para satisfacer la avaricia de algunos pocos, no parece haber problema para estos desarrolladores inmobiliarios.

Oscura perspectiva. El hecho de que las autoridades de gobierno, e incluso algunos medios de opinión, hayan ignorado las observaciones técnicas y ambientales realizadas a la propuesta del Potgam del INVU, minimizándolas al calificarlas como “mera defensa de posiciones personales”, es un grave error, en particular cuando, sin que se haya dado un proceso de consulta social de la propuesta, se anuncia su aprobación.

Si el Potgam se aprobara, y mientras se establecen acciones legales contra él, para suspenderlo, todos aquellos proyectos urbanísticos que tramiten permisos para desarrollarse en esas nuevas zonas de expansión del anillo podrían hacerlo porque, se supone, lo han hecho de “buena fe”. Algo que ya ha sucedido en el pasado, con los tres intentos de ampliación del anillo que ha hecho el INVU y que la Sala Constitucional ha frenado.

“Derechos adquiridos de buena fe con base en una legalidad de dudosa procedencia” es un capítulo que deberíamos explorar, dado los innumerables ejemplos de los últimos años que evidencian que varios decretos ejecutivos vienen “con nombre y apellido”.

Sin un nuevo Plan Regional, seguiría vigente el Plan GAM de 1982, el cual los desarrolladores inmobiliarios pretenden que se anule en un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el argumento de que no hizo estudios ambientales.

Como se ve, la intención parece ser que no exista plan regional, ni tampoco planes reguladores cantonales, que están todavía lejos de ser aprobados por el mismo INVU.

Así, en medio de este caos, y en ausencia de regulaciones, aplicaría un simple reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones que aprobó el INVU en 1982, cuya falta de criterios ambientales permitiría la urbanización de las zonas de montaña de la GAM.

Por cualquier lado que se vea, las zonas frágiles de montaña parecen estar condenadas a ser urbanizadas y, con ello, aumentar la insostenibilidad ambiental de GAM.

Urge por eso que los ciudadanos tomemos medidas efectivas para que esto no se concrete.

Se debe exigir a nuestras autoridades que, antes de cualquier aprobación, se abra una amplia discusión del plan regional y que este respete y considere la zonificación ambiental de la GAM ya aprobada desde junio del 2009. No hacerlo representa un gravísimo error histórico, por el cual será recordada la actual administración de Gobierno.

Alarmante propuesta del INVU para el Plan de la GAM

En razón de que tuve el honor de coordinar los estudios ambientales que sustentaron el Prugam, realizados entre 2007 y 2009 y entregados a las autoridades para su aprobación en noviembre del 2009, me fue solicitado, extraoficialmente, que revisara el documento titulado Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Area Metropolitana (Potgam) elaborado por el INVU y que se encuentra en revisión por parte de algunas instituciones gubernamentales.

Me he limitado básicamente a revisar el componente ambiental de la propuesta. Los resultados obtenidos, más que preocupación, deberían producir alarma, y de allí la necesidad de exponer a la ciudadanía algunos de ellos, a fin de que podamos encontrar una solución conjunta a este problema que arrastramos desde hace ya mucho tiempo.

Contradicciones. Llama poderosamente la atención el producto generado después de un año de trabajo y casi dos años desde que se rechazó el Prugam por parte del INVU, sin ninguna razón que justifique echar por la borda el producto de más de cinco años de estudios técnicos financiados por el Gobierno y la Unión Europea (UE) y que desembocaron en el Plan Prugam 2008-2030, amén de muchos otros resultados generados por dicho esfuerzo. Si bien el tamaño del documento no es sinónimo de calidad, las 114 páginas del Potgam en general dejan mucho que desear, y en particular en materia ambiental, en donde encontramos muchas contradicciones.

Por un lado, el documento repite con insistencia que se respetará la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) (entiéndase al Prugam); por otro lado, la propuesta general de ampliación del anillo, es absolutamente contradictoria. Veamos, para mejor comprensión, algunos hechos concretos.

La propuesta plantea la ampliación del anillo de contención urbano establecido en el año 1982 en muchos sectores de la GAM, pero es particularmente grande en el norte.

El anillo se estaría ampliando en un total de 14.979 hectáreas, o lo que es lo mismo, casi 150 km², afectando los siguientes cantones: Alajuela, Santa Bárbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Heredia, San Pablo, Santo Domingo, Moravia, Coronado, Goicoechea, Montes de Oca, La Unión, Cartago, Oreamuno, Paraíso, El Guarco, Desamparados, Aserrí, Alajuelita y Mora, principalmente.

Lo grave de esta propuesta es que de ese total de hectáreas, más del 62% de estas corresponden a zonas de alta (5.220 ha) y muy alta fragilidad ambiental (4.137 ha), donde existen importantes zonas de recarga acuífera, de pendientes, de cobertura boscosa y de alta y muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales (deslizamientos, sismicidad, fallamiento geológico y peligros volcánicos).

No es secreto para nadie que debajo de los primeros nueve cantones citados se encuentra la principal fuente subterránea de agua que abastece a más del 70% de la población del Valle Central y que ya está sufriendo los embates de una urbanización descontrolada.

La propuesta ignora de forma sorprendente que existen ya más de 102 km² de construcción fuera del anillo de contención (con más de 500.000 personas viviendo en condiciones de muy alto riesgo), áreas que se han desarrollado durante los últimos 30 años, con complicidad del mismo INVU. Y ahora, de un plumazo, como si eso no fuera suficiente, se desea cercenar más de 150 km² de zonas de protección, convirtiéndolas en nuevas áreas urbanas.

Y eso no es todo, ya que la propuesta lleva un elemento adicional que resulta muy grave. En clara contradicción con el Plan Nacional de Transportes elaborado por el MOPT y la misma propuesta de vialidad del Prugam, el Potgam, plantea un nueva carretera nacional que se dispondría en el borde norte del anillo ampliado, desde Paraíso hasta Turrúcares, sin considerar el hecho de que se trata de zonas de muy alta fragilidad ambiental y que por sus condiciones y accidentes topográficos, su construcción implicaría mayores costos.

Esto ya resulta grave por sí solo, pero además por el hecho de que la sola expectativa de que se va a construir una carretera en esa zona, incrementaría la especulación inmobiliaria y con ello la existencia de más presión sobre las nuevas zonas fuera del anillo de contención que estarían “rayando” las laderas de los volcanes de la cordillera Volcánica Central.

La eventual aprobación del Potgam, parece llenar todas las expectativas de las inmobiliarias y de algunas empresas asesoras de estas, que desde hace más de 10 años vienen presionando de distintas maneras por la ampliación del anillo de contención fijado en el Plan GAM 82 (aún vigente) y reestructurado en la propuesta del Prugam, con base en criterios ambientales.

El INVU ha hecho eco de esta presión, pues durante esos 10 años ha realizado tres diversos intentos de ampliar el anillo, acciones que han sido frenadas gracias a la intervención de organizaciones ambientales y a resoluciones de la Sala Constitucional. Esto, no sin antes favorecer ciertos proyectos específicos que han logrado aprobarse, en algunos casos de forma increíblemente acelerada, durante el intervalo de tiempo en que el decreto cuestionado estuvo vigente. En algunos casos, es latente que estos decretos vinieron con “nombre y apellido” para favorecer ciertos proyectos y darles una legalidad de dudosa procedencia.

Pareciera entonces que el rechazo del Prugam y su sustitución por el Potgam surge como una oportunidad de oro para sectores inmobiliarios y recuperar tiempo perdido por los tres fallidos intentos de ampliar el anillo de contención de la GAM.

En busca de soluciones. Urge un verdadero diálogo nacional para encontrar una solución sostenible y duradera al problema del ordenamiento territorial de la GAM y del resto del país. No es posible que el desarrollo urbano de esta se vuelva a plantear según el Potgam, en detrimento de las áreas de protección y de alta fragilidad ambiental, así como de falta de resguardo de los acuíferos, que abastecen a más del 70% de nuestra población en el Valle Central.

Las organizaciones ambientales y sociales de la GAM deben tomar conciencia de la enorme importancia que tiene la coyuntura actual y del papel que deben jugar en este momento. La GAM, que ya de por sí es una metrópoli desordenada y ambientalmente insostenible debido a su huella ecológica, lejos de mejorar, va a empeorar su situación si se aprueba una propuesta como la del Potgam.

Los ciudadanos de la GAM y del país entero debemos involucrarnos seriamente en lo que está pasando. Debemos preocuparnos por lo que estamos heredando a las generaciones futuras. No puede ser que sigamos avanzando por el inadecuado camino que hemos transitado en los últimos 20 años.

Hay soluciones racionales para este problema, y ya fueron planteadas por el mismo Prugam. Dentro de las zonas de potencial urbano todavía hay poco más de 9000 hectáreas por desarrollar, las ciudades existentes representan un alto potencial de regeneración urbana y, además, contando con los estudios respectivos, se plantea la alternativa de ampliar la GAM hacia las zonas de meseta del noroeste del Valle Central.

No es posible que a estas alturas, por razones más inmobiliarias que técnicas se quieran urbanizar las zonas de montaña de la GAM, donde se encuentran los pocos bosques de la zona, sus fuentes de agua y las zonas de mayor vulnerabilidad a las amenazas naturales.

Con la propuesta del Potgam queda claro que el INVU no parece estar interesado en respetar los estudios ambientales de la GAM, y que más bien sigue en la posición asumida desde hace años, de seguir promoviendo una ciudad insostenible y altamente vulnerable. Al INVU le parece importar poco el caos vial y el desorden de la GAM. Sigue tomando decisiones erradas que complican los problemas acumulados en vez de solventarlos.

¿Será en estos temas que el Prugam se quedó corto?

Siendo así, la solución para el ordenamiento territorial de la GAM y del resto del país no parece que deba pasar por el INVU.

Urge cumplir la recomendación hecha por la Contraloría General de la República hace más de 10 años, en que le señala al Poder Ejecutivo que se debe conformar una entidad de ordenamiento territorial nueva, que asuma de verdad, esa tarea con responsabilidad y criterio técnico. Entidad que debería provenir de una transformación institucional, siendo que gran parte del ordenamiento territorial y urbano compete a las municipalidades, bien podría pensarse en la opción de transformar al IFAM.

Amenazas Naturales y Desastres

Nuestro país cuenta con una Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos desde el año 2005, cuyo objetivo primordial es “reducir las causas de las pérdidas de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico, así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en casos de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción”.

El espíritu fundamental de la gestión de riesgo es la prevención, es decir, identificar las fuentes de amenaza y los peligros que puedan darse, a fin de tomar medidas concretas para evitar un desastre y la pérdida de vidas y de bienes materiales.

Gestión de riesgo. En materia de planificación urbana o, de manera más amplia, de ordenamiento territorial, eso implica conocer con detalle las condiciones técnicas de los terrenos que se definan como aptos para el desarrollo de las ciudades y sus construcciones, de manera que aquellas que se autoricen para ese fin presenten las condiciones más seguras posibles para las personas que vayan a vivir o laborar allí.

Para conocer las condiciones de vulnerabilidad que presenta un terreno, se deben hacer diversos estudios técnicos (geología, geomorfología, de estabilidad de ladera, de diversos tipos de amenazas naturales e incluso de hidrogeología), además de las condiciones de pendientes y espesor de suelos, entre otros).

Debido a que Costa Rica es un país geológicamente activo, localizado en una zona de choque de placas tectónicas, presenta una extensa gama de fuentes de amenazas naturales originadas por estos factores.

El Valle Central, donde vive más de la mitad de la población del país, es una cuenca de origen tectónico, todavía activa, que presenta vulnerabilidad a una serie de fuentes de amenazas naturales. Entre ellas se encuentran las inundaciones o avalanchas (como la que cobró la vida a 23 personas en noviembre del 2010 en Escazú), deslizamientos, sismos fuertes y fenómenos asociados, como la amplificación sísmica o la licuefacción, las fallas geológicas activas y su potencial de ruptura en superficie, así como los peligros volcánicos asociados a la eventual entrada en actividad de uno de los cuatro colosos que forman parte del borde norte del Valle.

Las fuentes de amenazas naturales no ocurren todas juntas, ni tampoco cubren la totalidad del territorio. Se presentan en zonas específicas. Incluso, la forma en que se presentan puede variar según las condiciones locales en varias escalas, es decir, desde una muy baja hasta una muy alta amenaza.

En consideración de todo ello, resulta muy importante, para todos, conocer el grado de vulnerabilidad que tiene el terreno donde vivimos, o donde queremos vivir. De igual manera, las autoridades responsables de definir el uso del suelo que va a tener un terreno, como ya vimos, y según la Ley Nacional de Emergencias, están obligadas a utilizar la información técnica disponible, o bien a realizar los estudios necesarios, para que, al momento de definir los usos del suelo, los hagan para terrenos seguros con el menor grado de vulnerabilidad posible, y para que quienes van a construir en esos sitios, tomen medidas técnicas concretas para garantizar la seguridad de las obras a realizar.

No hacerlo es exponer inútilmente a ciudadanos a riesgos conocidos por las autoridades, con posibles acciones legales en caso de que se verifique su negligencia y se deba compensar daños sufridos.

Lo avanzado. En nuestro país, desde el año 2006 se dispone de una metodología estandarizada, publicada mediante un decreto ejecutivo (DE 32967 – Minae) para realizar este tipo de estudios.

La metodología fue desarrollada como consecuencia de una resolución de la Sala Constitucional del año 2002, que señaló la obligación que tienen las municipalidades de realizar una evaluación ambiental de su plan regulador o de ordenamiento territorial.

Hasta el día de hoy, más de 50 municipios, durante los últimos años, han elaborado o se encuentran elaborando informes ambientales de sus planes de ordenamiento del territorio.

De acuerdo con la Setena, 16 de esos municipios, ya cuentan con viabilidad ambiental.

En el caso de la Gran Área Metropolitana (GAM), los estudios realizados por el Prugam (Planificacion Regional y Urbana de la Gran Área Metropolitana) permitieron elaborar un mapa de amenazas y peligros naturales a una escala bastante detallada (1:10.000), útil para la elaboración de los planes reguladores. Además de eso, se hizo una zonificación de fragilidad ambiental. Esta información fue revisada y aprobada por la Setena, desde junio del 2009, mientras que el Reglamento de Zonificación Ambiental y de Desarrollo Sostenible de la GAM fue aprobado en noviembre del 2009 y se encuentra vigente.

Aunque puede haber todavía algunas limitaciones, y la información podría ser mejorada, mediante estudios más detallados, esos resultados representan la mejor aproximación realizada, y por ello, es indispensable que se tomen en cuenta para la toma de decisiones de usos del suelo y permisos de construcción a nivel de planes reguladores, como de lineamientos generales a nivel de plan regional.

Potgam. Cuando se revisa la propuesta del Potgam 2030 (Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana) y su intención de ampliar el anillo de contención urbano en 15.000 hectáreas (150 km²) en sustitución del Plan Prugam y el hecho de que el 62% de esa ampliación se localiza en zonas de alta y muy alta fragilidad, y de alta y muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales, se concluye que existe una serie y peligrosa contradicción, entre ambas propuestas.

Esto, por cuanto el Potgam estaría afectando aún más las ya impactadas áreas de protección de la GAM, sino que usando números conservadores, se estaría induciendo a que 1 millón de personas se instalarán en condiciones de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales.

Ese millón de personas, como mínimo, se instalaría a los largo de las próximas dos décadas en zonas inseguras y de riesgo, sumándose al medio millón que ya vive en esas condiciones. De manera que para el 2030 sería la mitad de la población de la GAM, y no como ahora que es el 20%, los que vivirían en condiciones de riesgo alto a muy alto a las amenazas naturales.

El Prugam, por el contrario, regula sin impedir del todo el desarrollo en dichas zonas y lanza el reto de impulsar ciudades compactas en las zonas urbanas potenciales (áreas construidas y sin construir).

Concluimos, entonces, que la eventual aprobación y puesta en vigencia del Potgam, en materia de gestión de riesgo, no representa ningún avance, por el contrario es un enorme y grave retroceso que condenaría aún más a la GAM hacia el subdesarrollo, la insostenibilidad y la vulnerabilidad de sus habitantes.

Y, con la GAM, es todo el país el que seguiría asfixiándose en un impasse y atrasos por carecer de un ordenamiento territorial y sus consecuencias económicas. Según los más recientes datos de Mideplán en torno al costo de atender las emergencias naturales, ronda los $2.000 millones, un peso económico a todas luces insostenible.

Como puede observarse, solo este hecho debería llevarnos a revisar con sumo cuidado las propuestas, sin dejar de alternativas, como por ejemplo expandir la GAM, hacia el noroeste, donde se presentan zonas de menor fragilidad ambiental y vulnerabilidad, tema igualmente planteado por el Prugam para su respectivo estudio.

No es justo, ni correcto, que se esté condenando a vivir en condiciones de riesgo a la mitad de la población futura de la GAM. El Potgam dice reconocer la viabilidad ambiental del Prugam, pero la irrespeta en beneficio de otros particulares.

Quienes deciden no deben hacer a un lado los estudios técnicos sobre vulnerabilidad de la GAM y exponer peligrosamente el futuro de la región urbana más importante de nuestro país.

No a la urbanización de las montañas del Valle Central

La Planificación Urbana, y de manera más amplia, el ordenamiento del territorio, es una actividad cuyos resultados no se ven de “inmediato”, por el contrario, tardan años, haciendo que lentamente vaya cambiando el paisaje que conocemos.

Por esa razón, para muchos ciudadanos y la esfera política es un tema que pasa inadvertido o simplemente no resulta importante. 
No obstante, es de trascendental relevancia para todos, en especial para los que vivimos en una área determinada de la cual no pensamos salir por los años que nos queda de vida,  así como para nuestros niños y adolescentes y las generaciones futuras, quienes van a heredar el producto de las buenas o malas decisiones que se están tomando ahora.

En razón de esto, resulta indispensable que todos los habitantes de nuestro país tomemos conciencia de lo que pasa y externemos opinión sobre las trascendentales decisiones que se podrían estar tomando en los próximos meses. Estas decisiones pueden afectar nuestras vidas y la de nuestros hijos durante mucho tiempo, con el agravante de que, una vez definida la política, sus consecuencias pueden llegar a ser irreversibles.

POTGAM 2030: El denominado Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana fue elaborado por el INVU durante el año 2011 y se encuentra en revisión por parte de algunas instituciones nacionales. 
Esta nueva propuesta surge como consecuencia de que el INVU, en abril del 2010, rechazó el Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana (PRUGAM 2008– 2030), en el que se tardó casi una década en elaborarlo, se gastaron casi $25 millones con fondos de la Unión Europea y del país, y se realizaron más de 20 detallados estudios técnicos, aparte de que fue revisado y avalado por diversos expertos internacionales.

Según el INVU, el PRUGAM “no dio la talla” o “se quedó corto” en la propuesta, de allí que no se aprobara y se tuviera que sustituir, después de un año de trabajo, y de invertir cerca de 190 millones de colones, por el así llamado POTGAM 2030.

Como he señalado ya en otro artículo previo (LN, 02.02.2012), debido a que coordiné los estudios ambientales para el PRUGAM, he realizado un análisis comparativo entre lo que propone el POTGAM con respecto a la zonificación ambiental que fue aprobada por la SETENA para el PRUGAM en noviembre del 2009. 
El resultado es sencillamente alarmante dado que, en síntesis, el POTGAM lo que propone es expandir en casi 150.000 hectáreas (150 km2) el anillo de contención urbano establecido en 1982 a costa de sacrificar las áreas de protección de la GAM.

Lo que quiere decir la propuesta del INVU es que las zonas de montaña, tanto del sur como del norte del Valle Central, serían urbanizadas durante los próximos 20 años, siguiendo la misma tendencia que el INVU ha venido impulsando y “alcahueteando” durante los últimos 20 años.

Es una propuesta sumamente grave, en la medida de que más de dos tercios de  esas zonas de montaña que se pretende urbanizar son de alta y muy alta fragilidad ambiental.

Esa fragilidad surge por la presencia de zonas de pendientes y la cobertura vegetal, incluyendo bosques. Además, porque se trata en particular de la presencia en la zona norte, de las áreas de recarga acuíferas estratégicas para los acuíferos del Valle Central, con lo que se suministra de agua a un alto porcentaje de la población de la GAM.

La consecuencia podría ser quedarnos sin agua ¿o pensarán los responsables que el agua embotellada es la opción? Sobre este último punto ya SENARA en el 2006 detectó una sobre-explotación de nuestros acuíferos, y la Sala IV ordenó a ocho cantones elaborar mapas de vulnerabilidad hidrogeológica, previo a cualquier desarrollo urbano, en una decisión de agosto del 2008. Se le ordenó también al MINAET delimitar la Zona Inalienable que fue decretada visionariamente por nuestros antepasados en 1888. Cuatro años después, este voto ha sido parcialmente acatado por las autoridades recurridas.

Además de eso, son zonas muy vulnerables a las amenazas naturales, como los sismos, deslizamientos, peligros volcánicos, procesos erosivos y fallamiento geológico superficial.

Como se ve, son zonas con muchas limitaciones técnicas y ambientales para ser urbanizadas que, con buena razón, fueron calificadas como zonas de protección desde el año 1982, y que ahora el mismo INVU pretende liberar para que se urbanicen, poniendo en peligro no solo las aguas subterráneas del Valle Central, sino a los futuros pobladores de esas nuevas zonas.

Municipalidades afectadas. Como consecuencia directa de lo que propone el INVU con el POTGAM, muchas municipalidades de la GAM se verán seriamente afectadas, dado que el trabajo que han venido haciendo durante los últimos años en elaborar sus planes reguladores tendría que ser desechado.

Esto es sumamente grave, porque se trata de un gran esfuerzo de más de 5 años, realizado con la ayuda del PRUGAM y ahora, en caso de aprobarse el POTGAM, tendría que empezarse nuevamente, con todo lo que eso implica.

Lo más indignante de esto no es solo que se pierde el trabajo de años realizado y la inversión económica, sino que mientras los nuevos planes reguladores son elaborados y puestos a funcionar, lo cual puede tardar muchos años, como el caso de San Ramón, que tardó ocho años en ser aprobado por el INVU, resulta que la zonificación urbana que se aplicaría sería la del POTGAM, contrariamente a lo aprobado por SETENA para el PRUGAM.

Como se puede concluir es un asunto sumamente grave y serio, y requiere de la mayor atención de todos los ciudadanos, quienes debemos exigir a las autoridades del INVU y del MIVAH, su ente rector, explicaciones claras y transparentes sobre las razones por las cuales la propuesta del POTGAM contradice flagrantemente la zonificación ambiental aprobada para la GAM en noviembre del 2009.

Se debe investigar y aclarar qué hay y quiénes están detrás de todo esto. Y los “nombres y apellidos" de proyectos que esperan insaciables extender sus urbanizadoras en zonas con tantas limitaciones, frenados ya en tres ocasiones por la Sala IV en relación con la expansión del anillo de contención de la GAM.

Soluciones urgentes. Debemos reflexionar sobre el modelo de crecimiento urbano impulsado en las tres últimas décadas, período en que se ha extendido la ciudad en condiciones de baja densidad, irrespeto al ordenamiento ambiental y empobrecimiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

Por el contrario, mejorar las áreas urbanas existentes, dotar de mejores infraestructuras y servicios las ciudades, propiciar mayor densidad poblacional, entre otras soluciones, podría conducirnos a proteger las zonas de alto riesgo y vulnerabilidad e impulsar una verdadera ciudad.

Un planeamiento de esta naturaleza ayudaría a disminuir las deseconomías de escala que, como bien lo apuntó el estudio económico de la Universidad Nacional para el PRUGAM, representan el 4.24% del PIB ($840 millones en el 2005), sencillamente por tener una gran ciudad regional que no funciona. ¿Gracias a quién?
Por eso, en primer lugar, debemos levantar la voz para que se evite la aprobación del POTGAM 2030 y evitar así condenar a la ruina ambiental y urbana a la GAM. En segundo lugar, debemos solicitar que el INVU no participe más en la elaboración de una propuesta de planificación de la GAM.

La vía paralela al río San Juan y especulaciones

Ante las especulaciones y preocupaciones ambientales que se han dado durante las últimas semanas, particularmente a nivel de redes sociales, derivadas de fotografías publicadas, principalmente por diarios nicaraguenses, sobre los alcances y efectos ambientales producidos por un camino que se ha estado construyendo de forma paralela al río San Juan; y en razón de la reciente visita de campo realizada por el suscrito, como geólogo sedimentológico y especialista en evaluación ambiental, he considerado oportuno ventilar a la luz pública los resultados de lo observado, a fin de aportar en la discusión, pero con alguna información técnica y científica, imparcial, que dé mejor sustento a lo que se pueda opinar.

Obra realizada.

Ante todo, se debe aclarar que las obras públicas realizadas no solo implican la apertura de un vía paralela al Río San Juan y al resto de la frontera entre Los Chiles y Delta Costa Rica, sino también la mejora de los caminos de acceso desde Costa Rica, como el de Boca Tapada a Boca San Carlos. El trazado de la obra ha seguido el criterio de ampliar caminos, pequeños o medianos, preexistentes y que se encontraban en mal estado, o bien pequeños trillos y pasos que unen poblados costarricense rivereños y fronterizos con el río San Juan.

Además de la vía propiamente dicha, se ha abierto un derecho de vía, cuyo ancho total alcanza en promedio los 20 metros. La longitud de la obra se estima en poco más de 120 kilómetros. La obra se encuentra bastante avanzada, tiene varios meses en construcción. Es una obra de interés público y su desarrollo está amparado a un decreto de emergencia aprobado en febrero del 2011, motivado por la invasión nicaraguense a isla Calero y otras amenazas a la seguridad nacional. Las fuentes de materiales para la obra han provenido de materiales minerales extraídos de tajos temporales abiertos en sitios a lado de la obra misma, lo cual se ampara a la urgencia con que el camino se ha trabajado.

Efectos ambientales.

Como es de esperar, el desarrollo de cualquier camino puede generar efectos ambientales en diversos factores del medio. El paso por algunas zonas boscosas implica la afectación de estas a lo largo de derecho de vía, lo que requiere medidas de compensación. La apertura de los tajos, como fuentes temporales, también produce efectos en el ambiente, particularmente en el paisaje, que cambia significativamente. Esto también es remediable mediante acciones correctivas y de revegetación.

Pese a que se han aplicado algunas medidas, es claro que todavía faltan más para poder equilibrar de forma apropiada la condición ambiental de la vía y su área de influencia inmediata. Entiendo que el Gobierno lo sabe y ha manifestado su compromiso de llevarlas a cabo.

No obstante, es importante señalar que todos esos impactos se limitan únicamente a territorio costarricense, de manera que no es posible afirmar que se esté generando un impacto transfronterizo que esté afectando al río San Juan.

A fin de disponer de alguna base para análisis, he hecho una estimación preliminar de la superficie de terreno expuesta y vulnerable a erosión temporal, mientras se finalizan las obras y se implementan medidas, respecto a la extensión del río San Juan que corre de forma paralela y su caudal promedio para este periodo del año.

El resultado de la estimación muestra que incluso en el peor escenario posible, el aporte de sedimento al río por las aguas de escorrentía seguiría siendo insignificante respecto a la cantidad de sedimento que el río transporta, de manera que es prácticamente imposible que se genere daño ambiental al mismo, como se ha especulado hasta ahora.

Alcance social.

La posibilidad de acceder a los diferentes sitios por donde se desarrolla la obra paralela al río, así como la de los caminos de acceso, deja ver que es una obra altamente esperada y esperanzadora para las comunidades fronterizas. Y es que la obra no solo implica la posibilidad de que se pueda ingresar a esas zonas por vehículo de forma directa, con comodidad y rapidez, sino también el hecho de que se está electrificando la zona, haciendo que llegue energía eléctrica a zonas antes inaccesibles, así como sistemas de telecomunicaciones.

Siendo así, la obra pública en cuestión tiene un importante interés y beneficio social a las comunidades fronterizas y abre esperanzas para un mejor desarrollo socioeconómico para esa zona, la cual tiene un alto potencial agrícola, agropecuario y también turístico que podría ser mejor aprovechado ahora que tiene comunicación vial con el resto del país.

Medidas a tomar.

Hay medidas ambientales, preventivas, correctivas, mitigativas y de compensación que implementar, y confiamos en que se llevarán a cabo. Todas en el área de la obra y su zona de afectación inmediata, pero todas en territorio costarricense.

Terraceo de taludes, compactación de rellenos, revegetación de áreas expuestas, compensación de áreas boscosas afectadas y control de drenajes, son algunas de las medidas que deben seguir implementándose e intensificándose.

No solo para mejorar la calidad ambiental de la obra, sino para garantizar su sostenibilidad y durabilidad en el tiempo, a fin de que esta sea funcional por muchos años, y no una mera obra temporal.

Ante esto, los costarricenses debemos cerrar filas para garantizar la sostenibilidad ambiental de la obra y que sus beneficios perduren por mucho tiempo, particularmente porque comprendo que ella se realiza para proteger la integridad territorial del país.Es una responsabilidad de todos, y en particular de las autoridades responsables.

Pese a que hasta ahora he mantenido y mantengo una posición crítica ante las autoridades, con el ánimo de señalar errores y encontrar soluciones, en este caso me parece importante, dada la trascendencia nacional y estratégica de la obra, ponerme a disposición de las autoridades para, desde una perspectiva técnica y científica, objetiva e independiente, contribuir con la implementación de medidas y garantizar su sostenibilidad ambiental.