En razón de que tuve el honor de coordinar los estudios ambientales que sustentaron el Prugam, realizados entre 2007 y 2009 y entregados a las autoridades para su aprobación en noviembre del 2009, me fue solicitado, extraoficialmente, que revisara el documento titulado Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Area Metropolitana (Potgam) elaborado por el INVU y que se encuentra en revisión por parte de algunas instituciones gubernamentales.
Me he limitado básicamente a revisar el componente ambiental de la propuesta. Los resultados obtenidos, más que preocupación, deberían producir alarma, y de allí la necesidad de exponer a la ciudadanía algunos de ellos, a fin de que podamos encontrar una solución conjunta a este problema que arrastramos desde hace ya mucho tiempo.
Contradicciones. Llama poderosamente la atención el producto generado después de un año de trabajo y casi dos años desde que se rechazó el Prugam por parte del INVU, sin ninguna razón que justifique echar por la borda el producto de más de cinco años de estudios técnicos financiados por el Gobierno y la Unión Europea (UE) y que desembocaron en el Plan Prugam 2008-2030, amén de muchos otros resultados generados por dicho esfuerzo. Si bien el tamaño del documento no es sinónimo de calidad, las 114 páginas del Potgam en general dejan mucho que desear, y en particular en materia ambiental, en donde encontramos muchas contradicciones.
Por un lado, el documento repite con insistencia que se respetará la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) (entiéndase al Prugam); por otro lado, la propuesta general de ampliación del anillo, es absolutamente contradictoria. Veamos, para mejor comprensión, algunos hechos concretos.
La propuesta plantea la ampliación del anillo de contención urbano establecido en el año 1982 en muchos sectores de la GAM, pero es particularmente grande en el norte.
El anillo se estaría ampliando en un total de 14.979 hectáreas, o lo que es lo mismo, casi 150 km², afectando los siguientes cantones: Alajuela, Santa Bárbara, Barva, San Rafael, San Isidro, Heredia, San Pablo, Santo Domingo, Moravia, Coronado, Goicoechea, Montes de Oca, La Unión, Cartago, Oreamuno, Paraíso, El Guarco, Desamparados, Aserrí, Alajuelita y Mora, principalmente.
Lo grave de esta propuesta es que de ese total de hectáreas, más del 62% de estas corresponden a zonas de alta (5.220 ha) y muy alta fragilidad ambiental (4.137 ha), donde existen importantes zonas de recarga acuífera, de pendientes, de cobertura boscosa y de alta y muy alta vulnerabilidad a las amenazas naturales (deslizamientos, sismicidad, fallamiento geológico y peligros volcánicos).
No es secreto para nadie que debajo de los primeros nueve cantones citados se encuentra la principal fuente subterránea de agua que abastece a más del 70% de la población del Valle Central y que ya está sufriendo los embates de una urbanización descontrolada.
La propuesta ignora de forma sorprendente que existen ya más de 102 km² de construcción fuera del anillo de contención (con más de 500.000 personas viviendo en condiciones de muy alto riesgo), áreas que se han desarrollado durante los últimos 30 años, con complicidad del mismo INVU. Y ahora, de un plumazo, como si eso no fuera suficiente, se desea cercenar más de 150 km² de zonas de protección, convirtiéndolas en nuevas áreas urbanas.
Y eso no es todo, ya que la propuesta lleva un elemento adicional que resulta muy grave. En clara contradicción con el Plan Nacional de Transportes elaborado por el MOPT y la misma propuesta de vialidad del Prugam, el Potgam, plantea un nueva carretera nacional que se dispondría en el borde norte del anillo ampliado, desde Paraíso hasta Turrúcares, sin considerar el hecho de que se trata de zonas de muy alta fragilidad ambiental y que por sus condiciones y accidentes topográficos, su construcción implicaría mayores costos.
Esto ya resulta grave por sí solo, pero además por el hecho de que la sola expectativa de que se va a construir una carretera en esa zona, incrementaría la especulación inmobiliaria y con ello la existencia de más presión sobre las nuevas zonas fuera del anillo de contención que estarían “rayando” las laderas de los volcanes de la cordillera Volcánica Central.
La eventual aprobación del Potgam, parece llenar todas las expectativas de las inmobiliarias y de algunas empresas asesoras de estas, que desde hace más de 10 años vienen presionando de distintas maneras por la ampliación del anillo de contención fijado en el Plan GAM 82 (aún vigente) y reestructurado en la propuesta del Prugam, con base en criterios ambientales.
El INVU ha hecho eco de esta presión, pues durante esos 10 años ha realizado tres diversos intentos de ampliar el anillo, acciones que han sido frenadas gracias a la intervención de organizaciones ambientales y a resoluciones de la Sala Constitucional. Esto, no sin antes favorecer ciertos proyectos específicos que han logrado aprobarse, en algunos casos de forma increíblemente acelerada, durante el intervalo de tiempo en que el decreto cuestionado estuvo vigente. En algunos casos, es latente que estos decretos vinieron con “nombre y apellido” para favorecer ciertos proyectos y darles una legalidad de dudosa procedencia.
Pareciera entonces que el rechazo del Prugam y su sustitución por el Potgam surge como una oportunidad de oro para sectores inmobiliarios y recuperar tiempo perdido por los tres fallidos intentos de ampliar el anillo de contención de la GAM.
En busca de soluciones. Urge un verdadero diálogo nacional para encontrar una solución sostenible y duradera al problema del ordenamiento territorial de la GAM y del resto del país. No es posible que el desarrollo urbano de esta se vuelva a plantear según el Potgam, en detrimento de las áreas de protección y de alta fragilidad ambiental, así como de falta de resguardo de los acuíferos, que abastecen a más del 70% de nuestra población en el Valle Central.
Las organizaciones ambientales y sociales de la GAM deben tomar conciencia de la enorme importancia que tiene la coyuntura actual y del papel que deben jugar en este momento. La GAM, que ya de por sí es una metrópoli desordenada y ambientalmente insostenible debido a su huella ecológica, lejos de mejorar, va a empeorar su situación si se aprueba una propuesta como la del Potgam.
Los ciudadanos de la GAM y del país entero debemos involucrarnos seriamente en lo que está pasando. Debemos preocuparnos por lo que estamos heredando a las generaciones futuras. No puede ser que sigamos avanzando por el inadecuado camino que hemos transitado en los últimos 20 años.
Hay soluciones racionales para este problema, y ya fueron planteadas por el mismo Prugam. Dentro de las zonas de potencial urbano todavía hay poco más de 9000 hectáreas por desarrollar, las ciudades existentes representan un alto potencial de regeneración urbana y, además, contando con los estudios respectivos, se plantea la alternativa de ampliar la GAM hacia las zonas de meseta del noroeste del Valle Central.
No es posible que a estas alturas, por razones más inmobiliarias que técnicas se quieran urbanizar las zonas de montaña de la GAM, donde se encuentran los pocos bosques de la zona, sus fuentes de agua y las zonas de mayor vulnerabilidad a las amenazas naturales.
Con la propuesta del Potgam queda claro que el INVU no parece estar interesado en respetar los estudios ambientales de la GAM, y que más bien sigue en la posición asumida desde hace años, de seguir promoviendo una ciudad insostenible y altamente vulnerable. Al INVU le parece importar poco el caos vial y el desorden de la GAM. Sigue tomando decisiones erradas que complican los problemas acumulados en vez de solventarlos.
¿Será en estos temas que el Prugam se quedó corto?
Siendo así, la solución para el ordenamiento territorial de la GAM y del resto del país no parece que deba pasar por el INVU.
Urge cumplir la recomendación hecha por la Contraloría General de la República hace más de 10 años, en que le señala al Poder Ejecutivo que se debe conformar una entidad de ordenamiento territorial nueva, que asuma de verdad, esa tarea con responsabilidad y criterio técnico. Entidad que debería provenir de una transformación institucional, siendo que gran parte del ordenamiento territorial y urbano compete a las municipalidades, bien podría pensarse en la opción de transformar al IFAM.