Coyuntura de cambio en Costa Rica

A raíz de la polarización de nuestra sociedad que significó la discusión nacional en torno al TLC que se saldó con el resultado del referéndum del 7 de octubre del 2007, se hubiera esperado, por parte de las autoridades nacionales, que la discusión se profundizara un poco más, en razón de un resultado muy ajustado que dejó entrever la desconfianza generada por algunos sectores.

No obstante, el hecho de que se ganara por un estrecho margen (pero triunfo al fin), pareciera haberse interpretado como una “licencia absoluta” para hacer cualquier cosa que tuviera que ver con el desarrollo económico del país y la atracción de la inversión extranjera, a cualquier costo y, prácticamente, sin importar el tipo de actividad productiva.

Desarrollo insostenible. Para algunos dirigentes políticos, lo que importa es la inversión y el desarrollo, aprovechando los recursos disponibles en el país, sin importar en lo más mínimo su sostenibilidad ambiental ni tomar en cuenta la vulnerabilidad de sus suelos o de sus acuíferos, ni ponderar el tipo de empleos que generan estas inversiones de cara al desarrollo de las regiones en las que se instalan.

De esta manera, en la Administración anterior se suspende la moratoria minera vigente desde el 2002, se toleran prácticas insostenibles en materia de monocultivos y se buscar burlar la legislación ambiental con declaratorias de conveniencia nacional de dudosa procedencia y legalidad. Ello, sin importar en lo más mínimo las consecuencias ambientales de ese “desarrollo” desplanificado e improvisado.

Se declaró el desarrollo inmobiliario como un gran beneficio, e incluso se da declaratoria de conveniencia nacional a algunos proyectos de estos, sin considerar que el turismo da 10 veces más empleo que esta actividad.

Se llegó al punto de elaborar un proyecto de ley para disminuir y cambiar de categoría un parque nacional (el de Baulas) en busca del desarrollo inmobiliario en el área de Playa Grande. Además, se sacaron diversos decretos para reducir o eliminar áreas protegidas, todo para promover el desarrollo inmobiliario y hotelero sin control ni efectiva planificación.

Más dramático aún, y cuyos efectos se sintieron en noviembre pasado, con la muerte de 22 personas, tenemos el caso del Prugram: después de trabajarse 6 años en la planificación urbana de la GAM, con apoyo financiero de la Unión Europea, se rechaza el Prugam por parte del INVU, en abril del 2010, y como si estuviéramos en un viaje en el tiempo colectivo, el INVU retrocede al año 1968 y dice que ahora sí va a ponerse en serio a trabajar con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y los planes regionales y que sin esos planes, no va a aprobar planes reguladores, que hacen un larga fila de espera para aprobación, a pesar de la gran urgencia de contar con algún tipo de planificación que norme el uso de los terrenos.

Sin conciencia ambiental. Por inercia o por otras causas, la nueva Administración sigue la misma línea que la anterior sin planificación ni consideración ambiental. Se mantiene el decreto de conveniencia nacional para el megaproyecto hidroeléctrico Diquís, y más bien se le estrecha el cronograma de ejecución.

Se repite el esquema de imponer el desarrollo de un proyecto a costa de una correcta planificación y toma de decisiones para su ejecución. Uno hubiera pensado que la amarga experiencia de la necesitada, pero mal planificada carretera a Caldera hubiera servido de algo, pero pareciera que no.

También, sin una planificación regional, dentro de un contexto de evaluación ambiental estratégica, se declara de conveniencia nacional el desarrollo de un aeropuerto internacional en Osa. Aquí también, uno hubiera esperado que la cuestionable experiencia del aeropuerto en Guanacaste, en relación con los índices sociales de los cantones guanacastecos que siguen sumidos en la pobreza, hubiese servido de algo, pero nada.

A todo esto se suman otros temas no menos relevantes, como la expansión piñera y su cultivo transgénico; la serie de errores sistemáticos cometidos con el desarrollo de las torres de telefonía celular, la posible reapertura de la Mina Bellavista en Miramar de Puntarenas y la exploración petrolera en la zona norte, solo para mencionar algunos temas álgidos recientes.

Esto, mientras en la Setena, siguen develándose, a costa de investigación y denuncia, cada vez más proyectos con inconsistentes evaluaciones de impacto ambiental, sin que todavía se quiera revisar de forma integral ese peligroso accionar que sí representa una verdadera inseguridad jurídica para los inversionistas.

Cambio de actitud. Nuestro país es un país pequeño, con una limitada capacidad de carga, y frágil ambientalmente; tiene recursos limitados y tiene que durar para siempre, de allí que la preocupación de no seguir desarrollando de forma impositiva proyectos y megaproyectos, o promoviendo leyes como la de electricidad o la de contingencia eléctrica, sin planificación bien sustentada, ni ordenamiento de los recursos, tiene un verdadero soporte y no debe calificarse como que es la intervención de sectores “radicales” u otros epítetos (el más reciente “noístas”) con que se ha encasillado a todos aquellos que se oponen a que se siga hipotecando el desarrollo del país y su futuro sin un plan bien definido y abiertamente discutido, a costa de los intereses particulares y cortoplacistas de unos cuantos.

Mientras el país se debata en este “pulso”, el avance hacia el desarrollo y progreso va a ser muy lento, o se estancará.

Es urgente hacer un alto en el camino, abrir los espacios a un verdadero diálogo, para que sean las decisiones racionales y bien balanceadas las que progresen y no las impuestas, que se maquillan por decreto ejecutivo inconsultos de “beneficiosos” para el país, cuando la verdad se busca el beneficio directo de un grupo en específico.

La presente coyuntura es de gran importancia para poder orientar esa situación de cambio hacia el progreso del país. De no hacerlo, y con la llegada de los aires electoreros que han empezado a soplar muy temprano, se perderá la oportunidad, y el país seguirá enrumbado hacia una polarización social cuyo escenario final es difícil de pronosticar, pero ante tantas malas noticias que aparecen todas las semanas, se puede augurar que no será nada positivo.

Todavía se está a tiempo de abrir espacios e iniciar el diálogo. La decisión está en nuestra dirigencia política que debe abrirse a un diálogo social amplio, que realmente permita tomar decisiones colectivas de interés nacional.

Todos debemos pensar el país que estamos heredando a las generaciones futuras.

Torres de telefonía celular: yerros sobre yerros

Colaboración del grupo: “Llamado urgente por el país”*

El tema de las torres de telefonía celular, al igual que otros muchos en nuestro país, es un buen ejemplo de cómo no se deberían hacer las cosas. Un ejemplo de improvisación y de cómo se intentan resolver las cosas “sobre la marcha”, donde los problemas de fondo quedan subordinados por la inmediatez y la urgencia. Es útil repasar su historia a ver si aprendemos y corregimos, de una vez por todas, esta forma de actuar.

La historia comienza en el 2009 en medio de la recién aprobada apertura telefónica, cuando el ICE le consulta a la SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) cuál debería ser el trámite de evaluación de impacto ambiental (EIA) que deberían cumplir las torres de telefonía celular. La SETENA, en vez de convocar la Comisión Mixta y llamar a diversos sectores de la misma para que le recomendaran el procedimiento técnico a seguir, decidió definir, por si sola, el procedimiento.

De esta manera, en vez de mantener como requisito el formulario D1, le fijó como requisito el instrumento de EIA más sencillo, el denominado D2, que es el mismo que se solicita para proyectos de bajo impacto ambiental, como casas de habitación grandes. En este punto es importante señalar que en dicho procedimiento la SETENA no da una justificación legal y técnica para solicitar este instrumento, pese a que el mismo parece contradecir lo que señala el mismo Reglamento General de EIA. Tampoco realiza alguna consulta sobre el efecto que pueda tener en la salud humana la colocación de estas torres en zonas de alta densidad poblacional o cerca de escuelas o colegios. Una decisión tomada sin ningún sustento técnico que obedece a la premura, sin más.

Como parte del procedimiento, la SETENA les pide a las empresas que justifiquen el sitio seleccionado para colocar la torre, pero no les pone ningún requisito técnico o ambiental al mismo. Se pierde así la oportunidad de resolver la situación, bien y desde el principio, pues los sitios de las torres quedan definidos por las empresas “torreras” a su conveniencia y ¡no bajo un criterio técnico y ambiental!
Además, les establece algunos anexos técnicos que no se solicitan al D2, pero traslada el proceso de información a la comunidad cercana al sitio de la torre, para antes del inicio de la construcción, y no como parte del proceso de la toma de decisión de la viabilidad ambiental, tal y como la Ley Orgánica del Ambiente contempla. ¡Otro requisito legal no cumplido! Eso se hace en violación al derecho de información y participación ciudadana previo al otorgamiento del permiso ambiental, con lo cual se violentan principios de derecho ambiental básicos previstos incluso en varias declaraciones internacionales.

Debido a que el procedimiento que aplica la SETENA es el D2, esta entidad no necesariamente tiene que hacer la inspección del sitio donde se propone la torre, y tramita la viabilidad en un plazo de 10 días, con el agravante que dicha viabilidad no surge como una resolución de la Comisión Plenaria, sino como un oficio firmado por el Secretario General de la SETENA. ¡Nuevo yerro en el proceso!
¡En aproximadamente dos años, la SETENA, con ese particular procedimiento, otorga cerca de 2.000 viabilidades ambientales a sendas torres de telefonía celular!, cuando, en un período anterior (2005-2008) solo se habían otorgado permisos para menos de 500 torres de telefonía celular. Cabe señalar que este Grupo y el Colegio de Biólogos advirtió a los costarricenses sobre esta situación en julio del 2010 (http://www.diarioextra.com/2010/julio/06/opinion11.php).

Mientras tanto, una federación de municipalidades elabora, con apoyo de las empresas y de sectores interesados, un reglamento “machote” para facilitar el trabajo a las municipalidades y otorgar el uso del suelo conforme y el permiso de construcción de torres con un mínimo de 30 metros de altura. Se establece, nuevamente sin que se fije un debido fundamento técnico, el área mínima en que se instala la torre (6x6 m) y un área de amortiguamiento de 3 metros para torres de esa altura. Con este lineamiento y otros que establece ese reglamento, acogido por algunas municipalidades, parece dejarse de lado lo que establece el plan regulador, cuando existe, o bien lo que establece el reglamento de construcciones sobre obras de altura y sobre la calificación de las torres como una actividad industrial; con lo cual se acumula un nuevo yerro en el proceso.

Además de eso, a principios del 2011, el Ministerio de Salud, algo a destiempo, y más bien por la reacciones de oposición que muestran algunas comunidades, promueve un reglamento, adoptado de una norma internacional aceptada por no todos los países, para regular la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHZ, que tiene el inconveniente que norma el tema cuando los sitios de las torres han sido establecidos y ya tienen viabilidad ambiental. Con este proceder, el Ministerio de Salud parece ignorar los retiros que por ley se han adoptado, a modo preventivo, en varios países como Suiza, Chile, Alemania, Canadá, Australia, y que van hasta 400 metros a la redonda.

Más aun, el Ministerio deja ver la posibilidad de que hay dudas en el tema y deja abierto que en caso de que se den nuevos estudios, “el Ministerio de Salud actualizará los límites para campo electromagnético, establecidos en este reglamento, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) demuestren que estos límites deben variar, para proteger la salud pública”. ¿Será que el Ministerio de Salud procederá a desplazar estas torres de su lugar cuando los estudios de la OMS demuestren con mayor certeza que existen posibles daños a la salud humana?
Por su parte, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) ha estado generando lineamientos sobre las torres, así como el mismo Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET). Elementos que nuevamente tienen la característica de que se dan a “destiempo”, como reglas de juego algo tardías, cuando ya hay miles de viabilidades ambientales otorgadas, e incluso muchas torres ya construidas. A esto se suma el hecho de que se han planteado serias dudas sobre la potencia real de emisión de las antenas, que incluso no parece que estén cumplimiento el reglamento del Ministerio de Salud y los retiros mínimos. Una duda seria, que requiere ser aclarada.

Finalmente, como para ponerle la “cereza al pastel”, a este mar de regulaciones, normas y lineamientos a “destiempo”, el Poder Ejecutivo crea una “supercomisión” liderada para el Viceministro de Energía del MINAET, para que visite municipio por municipio y les explique que no hay que tener temor y que se debe agilizar el otorgamiento de permisos de construcción y de operación a las torres.

Como puede verse, si desde el principio, cuando la SETENA fijó lineamientos, se hubiera dado una discusión técnica abierta y detallada, y se hubieran fijado las reglas del juego, claras para todos, las cosas no hubieran evolucionado hasta la situación actual. Una situación verdaderamente imperdonable, debido a que ya existe mucha información y experiencia en el mundo sobre este tema. Pese a esto, muchos lotes han sido adquiridos, muchos contratos firmados, muchos gastos realizados, muchas dudas todavía persisten y ahora hay fechas y plazos que rigen, con multas incluidas. En síntesis, un desorden que nadie sabe cómo resolver, salvo señalar que “todo se ha hecho bien”, que “no hay de qué preocuparse”.

Debido a que el problema ha crecido, en vez de resolverse, su solución ya no parece que sea integral, con reglamentos o sin ellos, pues serán las comunidades y los vecinos quienes, en definitiva, en medio de todo ese caos de normas improvisadas y de incumplimientos legales, técnicos y ambientales, los que deberán cuestionar y tomar las acciones legales y técnicas del caso, para resolver, una a una, la situación de las torres que les quieran colocar en su vecindad.

En definitiva, otro claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. ¡Parece que para nuestras autoridades, esto se está haciendo costumbre!

* Dr. Allan Astorga, geólogo, UCR; Dr. Rafael Arce Mesen, geógrafo, docente-investigador, UCR; M.Sc. Mario Arias Salguero, hidrogeólogo, CIG, UCR; M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, Bióloga, (PROGAI), UCR; M.Sc. Javier Baltodano Aragón, biólogo, Coeco Ceiba; Dr. Nicolás Boeglin, profesor, Facultad de Derecho, UCR; M.Sc. Rolando Castro, abogado, CEDARENA; M.Sc., Dr. Rafael González Ballar , abogado, Facultad de Derecho, UCR; M.Sc. Raúl Guevara, abogado; Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta , biólogo, Escuela Biología, UCR; Dr. Jorge Lobo Segura, biólogo, Escuela Biología, UCR; Lic. Patricia Madrigal, abogada, CoopeSolidar; M.Sc. Jorge Mora Portuguez , abogado, FANCA/ARCA; Dr. Carlos Quesada Mateo, ingeniero civil, CCT; Dr. Guillermo Quirós, oceanógrafo, UNA; M.Sc. Alvaro Sagot Rodríguez, abogado, UNA; M.Sc. Vivienne Solís Rivera, bióloga, CoopeSolidar; M.Sc. Luis Villalobos , médico salubrista, investigador, UCR; M.Sc. Anais Villalobos Kong, economista, especialista en Riesgos, Banca y Mercado de Capital.

Protección del ambiente y actividad petrolera

Colaboración con Claudio Monge, diputado.

Ante la reciente publicación del director ejecutivo del Colegio de Geólogos de Costa Rica (La Nación, 19/06/2011: “Podemos explorar y preservar el ambiente”), se hace necesario establecer algunos puntos fundamentales que refieren a la relación entre explotación de hidrocarburos y protección del medioambiente.

Ante todo, la actividad petrolera sí produce efectos ambientales negativos en el ambiente. Aunque la labor prospectiva inicial es de bajo impacto, cuando la exploración requiere del desarrollo de perforaciones exploratorias o de extracción del yacimiento, al igual que la minería metálica, se requiere realizar obras, como la eliminación de bosque, cambios en el uso del suelo, apertura de caminos, que provocan efectos negativos en el ambiente.

Aunado a ello, en el caso de que se encuentre un yacimiento y se explote, se inicia otra cadena de impactos vinculados al almacenaje y transporte, vinculado a derrames que afectan el aire, el suelo, las aguas superficiales y, en particular, los acuíferos. Estos últimos, altamente vulnerables a una contaminación, se encontrarían más expuestos en las zonas en que se extraiga eventualmente hidrocarburos. Sin contar que, si la exploración o explotación se da en el mar, los efectos en el agua y la vida marina pueden ser devastadores, como ocurrió el año 2010 en el golfo de México, por el accidente del pozo de la British Petroleum.

Daños ambientales. Hay otros ejemplos de los daños ambientales producidos por la actividad petrolera en países tropicales tales como Ecuador y Nigeria, y el caso de la Exxon en el primer país delata el tipo de maniobras para ocultar un daño ambiental por parte de estas compañías. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de que esta actividad produce daños ambientales muy significativos en países con alta fragilidad ambiental. Recientemente, la Sala Constitucional reprendió a Recope, por omitir informar por el derrame de 441.000 litros de combustible bajo un tanque de almacenamiento de hidrocarburos (La Nación, 25/05/2011), lo que provocó la contaminación del Acuífero Moín.

Este daño ambiental pasó totalmente inadvertido para la Setena y para todas nuestras entidades fiscalizadoras en temas ambientales, lo cual evidencia la falta de capacidad del Estado costarricense de fiscalizar debidamente este tipo de actividad en suelo nacional. Mejor ni nos arriesguemos a pensar lo que pudiera ocurrir en zonas inhóspitas en la zona norte o en el mar. En el caso de la Setena, según la Ley Orgánica del Ambiente, esta entidad es corresponsable por el daño por no ejercer el control apropiado.

Además, el costo de la remediación de la contaminación producida por los hidrocarburos es muy alto. Recientemente se informó que limpiar 14.000 litros de combustible del Pozo AB – 1089, en Barrial de Heredia, tardó 6 años y tuvo un costo superior a los 2 millones de dólares (La Nación, 04/06/2011).

Protocolos sin control. Se dice que hay protocolos y regulaciones ambientales que cumplir, tanto nacionales, como internacionales. No obstante, ese no parece ser el problema. El problema real es la falta de capacidad de las instituciones de fiscalización y control ambiental, como la Setena o el mismo Minaet, para realizar verdaderas acciones preventivas que eviten que se produzcan costosos daños al ambiente.

La Ley de Hidrocarburos, como la Ley de Minería, son leyes que prácticamente “regalan” el recurso petrolero que eventualmente se pudiera hallar en el territorio nacional. Basta leer su artículo 48 para darse cuenta de que la empresa obtiene, como mínimo, el 85% de los beneficios de la extracción y al país, en el mejor de los casos, le queda solo un 15%, a pesar de que es el que corre los mayores riesgos por los efectos ambientales de la actividad. Es claro que el balance costo beneficio socioambiental no fue tomado en cuenta cuando se promulgó dicha ley. Son muchos los ejemplos de países en vías de desarrollo que explotan hidrocarburos, que no se han beneficiado de él; por el contrario, a la larga, la población pobre se incrementa.

Información especulativa. La noticia sobre la posible firma del contrato dada a conocer por este diario el 6 de junio pasado, tomó por sorpresa a la gran mayoría de la población. Como parte de ella se informa, sin que se haya hecho exploración, que “se podría extraer de la zona norte suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda anual del país”. E incluso, se dan cifras aventuradas, de que la “extracción oscilaría entre 5 millones y los 25 millones de barriles por año”.

Es importante señalar que dicha información se hace pública, sin que se haya otorgado ningún tipo de exploración en los últimos 20 años y sin que exista un validación científica y técnica de ella. Con ello, dicha información solo se puede calificar de especulativa, e incluso inapropiada, dado que se utiliza como plataforma para solicitar que se firme el contrato.

El desarrollo energético del país, no se debe sustentar en los hidrocarburos, debido a que es un recurso natural que se agota y que produce efectos ambientales negativos; incluso el gas natural, que aunque menos dañino que el quemado de los derivados del petróleo, también produce algún tipo de contaminación.

Por el contrario, la seguridad energética del país debe sustentarse en una efectiva estrategia que inicie por el ahorro y el cambio de tecnologías en todos los sectores, en particular el transporte, así como en un abanico de alternativas de energía renovable que incluyan la energía eólica, la geotérmica, los biocombustibles que no compitan con la producción agroalimentaria y la hidroeléctrica bien planificada y programada, para que no impacte las cuencas hidrográficas y los sistemas costeros, entre otras fuentes.

La exploración del subsuelo nacional debe ser realizada solo por nuestras instituciones nacionales (Recope, ICE y universidades estatales) a fin de determinar, con criterio científico y técnico, su naturaleza, estructura y potencial como parte de un proceso bien planeado que permita tomar decisiones estratégicas para el mediano plazo.

En ese sentido, cabe recordar que Costa Rica tiene un serio atraso en su desarrollo geológico, denotando así la grave laguna que algunas entidades a la fecha no han querido superar. El conocimiento de nuestro subsuelo es, por supuesto, altamente necesario, pero realmente no necesitamos de compañías extranjeras para hacerlo.

Actividad petrolera en Costa Rica: Riesgos y desaciertos

A raíz de las últimas noticias dadas a conocer sobre la exploración petrolera en Costa Rica y el artículo publicado en este diario por el señor César Monge el pasado 9 de junio, se hace importante argumentar algunos puntos.

Al igual que la minería, la actividad petrolera es de muy alto impacto ambiental y por tanto de muy alto riesgo. La misma exploración petrolera entra en esta categoría, debido a que durante la misma se pueden realizar perforaciones que podrían desembocar en el hallazgo de un yacimiento, que podría generar un derrame de petróleo en la superficie.

Los costos de los daños ambientales generados por la contaminación por hidrocarburos son muy altos. Costa Rica no está exenta de ellos, como lo demuestran las recientes noticias sobre el derrame, desde el 2008, de 441.000 de combustible bajo un tanque en la Refinería en Limón, o el costo (por más por ¢1.120 millones) de sanear el Pozo AB-1089 en Barreal de Heredia, contaminado con hidrocarburos, que tardó varios años. En este tema la prevención es clave dado que el costo de la reparación de los daños puede alcanzar cifras muy altas, astronómicas; en particular para territorios tan frágiles ambientalmente como nuestro país. El hecho que las autoridades nacionales ignoraran, gracias al silencio de RECOPE, que desde el 2008 este derrame se da, muestra la falta de capacidad del Estado para fiscalizar debidamente este tipo de actividades
Argumentar, como lo hace el señor Monge, que por un asunto de ganancias y empleo debemos aceptar cualquier negocio de la industria petrolera, incluyendo la exploración petrolera en la zona norte del país, es anteponer los intereses meramente económicos y cortoplacistas a un asunto de interés nacional y visión de país, que es la protección de nuestro ambiente y los recursos naturales.

Costa Rica no puede evitar que Panamá y Nicaragua tomen decisiones sobre el tema petrolero, incluso si estas son de alto o muy alto riesgo; pero si puede exigir que, en virtud de los impactos transfronterizos que pudieran darse, se extremen medidas de seguridad ambiental, a fin de evitar que se den daños en nuestro territorio.

Una trampa. Lo discutido hasta ahora sobre el tema de la actividad petrolera en Costa Rica, así como sobre la minería metálica, a propósito de Crucitas y ahora Bellavista, debería llevar a nuestra sociedad a discutir sobre su modelo de desarrollo. Para algunos, pareciera que el único modelo que es válido es el de corto plazo, de ganancias rápidas y que el país crezca al ritmo que el mercado le imponga, sin importar qué actividades se realizan. Ello, haciendo a un lado lo que se van a llevar en ganancias las compañías extranjeras y lo que estas le pagaran al Estado: sea minería, sea extracción petrolera o de gas, nuestros país sigue usando cánones ridículos que entregan nuestros recursos a cambio de poco, muy poco y sin mecanismos efectivos para compensar en caso de accidente o derrame a Costa Rica.  
Las consecuencias de ese tipo de estrategia, cuando no importa el “cómo se hacen las cosas”, sino que se hagan, es decir, con mucha improvisación y falta de planificación, son muy costosas y son lo que realmente nos impide salir del subdesarrollo económico y mental que nos cobija cada vez más. Ejemplos hay muchos, uno de los más recientes es la carretera a Caldera, pero si miramos al pasado hay muchos más (expansión piñera, apertura telefónica, desarrollo inmobiliario, etc.), sin contar los que ya se avecinan, como el Proyecto Hidroeléctrico Diquis.

Decir sí con esa misma visión a una empresa petrolera, que explore el norte del país, es un error, en particular porque se hace en virtud de una información especulativa sobre un potencial petrolero no demostrado. También es un error decir que la actividad se concentre solo en el tema del gas natural y no en el petróleo, pues aparte de que no tiene sustento científico, es caer en la trampa de la información no sustentada y especulativa que se está argumentando.

Norte claro. La gran mayoría de la sociedad costarricense tiene claro el modelo de desarrollo económico que se quiere para nuestro país, que no incluye actividades de alto impacto como la petrolera o la minera metálica y que, por lo contrario, busca preservar el prodigio de la Naturaleza en nuestro país que le ha generado ingresos mayores a cualquier tipo de industria. Aunado a ello, nuestro modelo de desarrollo se basa de igual manera en aprovechar al máximo nuestras mayores fortalezas, como son la educación y creatividad de su población, que es clave para participar en una economía de alta tecnología y en la que nuestro país tiene un enorme potencial, que requiere ser mejor aprovechado. También sus riquezas naturales, como sus aguas y acuíferos, sus bosques y biodiversidad, su paisaje y geodiversidad, que son valores estratégicos claves que también deben ser aprovechados para mostrar y enseñar al mundo, por medio del turismo y el ejemplo, lo que significa el desarrollo sustentable y en armonía con la naturaleza.

A diferencia de lo que muchos políticos creen nuestro país tiene su norte bien definido. Lo malo es que algunos creen que ese norte es el que ellos se imaginan, y no el que el colectivo de la sociedad ha venido construyendo.

Desafíos en ordenamiento del territorio

El ordenamiento del territorio, es un proceso político, económico, social, ambiental y cultural encaminado a determinar los usos de los espacios geográficos de un territorio, a fin de dar sostenibilidad al desarrollo y al manejo sustentable de los recursos naturales. Es uno de los indicadores que mejor identifica el grado de desarrollo que tiene un país, ya que una nación que no cuente con una efectiva y eficiente planificación del territorio no puede pretender llegar a ser un país desarrollado. En esta materia, Costa Rica enfrenta grandes desafíos a corto, mediano y largo plazo.
Resulta sorprendente que después de 43 años de vigencia de la Ley de Planificación Urbana, tan solo un 5% del territorio haya sido objeto de planificación urbana. A esto se suma que la planificación urbana de la Gran Área Metropolitana, aprobada en el año 1982 y designada como Plan GAM 1982, fue severamente irrespetado a lo largo de la década de los años ochenta y noventa. En particular, esto ocurrió por el impulso a la construcción de vivienda social, dado por la primera administración Arias.
El resultado fue que para el año 2004 se habían construido fuera del anillo de contención más de 10.200 hectáreas, pese a que dentro del anillo queda un área similar con potencial de ser urbanizada. Este hecho ha convertido a la Gran Área Metropolitana (GAM) en una ciudad desarticulada, disfuncional y altamente estresante, todo lo contrario de lo que debería ser.
Para resolver la ausencia de planes reguladores, en el año 1982, el INVU, promulgó un Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Este reglamento, que pudo ser útil en ese momento, con los años se ha convertido en una fuente de muchos problemas, dado que al amparo del mismo se han dado muchos abusos en el tema del desarrollo inmobiliario. Los “parcelamientos agrícolas” que plantea ese reglamento han representando una ventana legal para el desarrollo de condominios, incluso en zonas de montaña y bosque, afectando territorios de las zonas costeras de Guanacaste y la Fila Costeña en Osa y en el Caribe. Ese reglamento tiene fuertes inconsistencias desde el punto de vista ambiental y es posible que sea el principal responsable de la contaminación de las aguas subterráneas por el uso indiscriminado de tanques sépticos que promueve.
Desde el año 1995, con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente, se definen nuevos lineamientos en materia de ordenamiento del territorio. Así, durante los últimos 16 años han surgido nuevas leyes en materia forestal, de suelos, de biodiversidad, de emergencias y de residuos sólidos que le han dado una nueva dimensión al ordenamiento del territorio. A esto se suma el hecho de que la Sala Constitucional, en al año 2002, señaló que todos los planes reguladores deberían ser objeto de una evaluación ambiental, lo que motivó a que el poder ejecutivo en el 2006 publicara una metodología para introducción de la variable ambiental en el ordenamiento territorial, la cual hoy ha sido y está siendo aplicada por cerca de 50 cantones en el país.
Durante 6 años, y con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Ministerio de Vivienda impulsó el Prugam (Planificación Regional y Urbana en la GAM), como una forma de actualizar y modernizar el Plan GAM de 1982, y su modificación de 1997. No obstante, y a pesar de obtener aprobación ambiental en el año 2009, el Plan GAM fue rechazado por el INVU en abril de 2010. Su futuro todavía es incierto, dado que el mismo INVU es el que se encuentra haciendo su “corrección”.
A esta situación se suma que hay una larga fila de espera para la revisión y aprobación de planes reguladores por parte del INVU, lo que hace pensar que se va a requerir mucho tiempo para que entre en vigencia esa planificación.
Mientras tanto, las municipalidades deben seguir dando usos del suelo y permisos de construcción, en muchas ocasiones, en áreas no aptas, incrementando así la condición de riesgo en la que vive al menos el 20% de la población de la GAM. Esta situación representa una “bomba de tiempo” debido a condiciones de cambio climático y la ocurrencia cada vez más frecuente de desastres.
Es claro que en este tema hay muchas instituciones que siguen actuando como hace 40 años y no han determinado la importancia de impulsar de forma acelerada el ordenamiento territorial. Mientras esto siga así, el país seguirá estancado y haciendo que su huella ecológica se incremente.
Urge tomar medidas correctivas, dentro de las que la promulgación de una decreto de emergencia que agilice y priorice la entrada en vigencia de numerosos planes reguladores, en particular aquellos que ya disponen de viabilidad ambiental. Solo así se podría enmendar parte de los grandes yerros cometidos hasta ahora.