El ordenamiento del territorio, es un proceso político, económico, social, ambiental y cultural encaminado a determinar los usos de los espacios geográficos de un territorio, a fin de dar sostenibilidad al desarrollo y al manejo sustentable de los recursos naturales. Es uno de los indicadores que mejor identifica el grado de desarrollo que tiene un país, ya que una nación que no cuente con una efectiva y eficiente planificación del territorio no puede pretender llegar a ser un país desarrollado. En esta materia, Costa Rica enfrenta grandes desafíos a corto, mediano y largo plazo.
Resulta sorprendente que después de 43 años de vigencia de la Ley de Planificación Urbana, tan solo un 5% del territorio haya sido objeto de planificación urbana. A esto se suma que la planificación urbana de la Gran Área Metropolitana, aprobada en el año 1982 y designada como Plan GAM 1982, fue severamente irrespetado a lo largo de la década de los años ochenta y noventa. En particular, esto ocurrió por el impulso a la construcción de vivienda social, dado por la primera administración Arias.
El resultado fue que para el año 2004 se habían construido fuera del anillo de contención más de 10.200 hectáreas, pese a que dentro del anillo queda un área similar con potencial de ser urbanizada. Este hecho ha convertido a la Gran Área Metropolitana (GAM) en una ciudad desarticulada, disfuncional y altamente estresante, todo lo contrario de lo que debería ser.
Para resolver la ausencia de planes reguladores, en el año 1982, el INVU, promulgó un Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Este reglamento, que pudo ser útil en ese momento, con los años se ha convertido en una fuente de muchos problemas, dado que al amparo del mismo se han dado muchos abusos en el tema del desarrollo inmobiliario. Los “parcelamientos agrícolas” que plantea ese reglamento han representando una ventana legal para el desarrollo de condominios, incluso en zonas de montaña y bosque, afectando territorios de las zonas costeras de Guanacaste y la Fila Costeña en Osa y en el Caribe. Ese reglamento tiene fuertes inconsistencias desde el punto de vista ambiental y es posible que sea el principal responsable de la contaminación de las aguas subterráneas por el uso indiscriminado de tanques sépticos que promueve.
Desde el año 1995, con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente, se definen nuevos lineamientos en materia de ordenamiento del territorio. Así, durante los últimos 16 años han surgido nuevas leyes en materia forestal, de suelos, de biodiversidad, de emergencias y de residuos sólidos que le han dado una nueva dimensión al ordenamiento del territorio. A esto se suma el hecho de que la Sala Constitucional, en al año 2002, señaló que todos los planes reguladores deberían ser objeto de una evaluación ambiental, lo que motivó a que el poder ejecutivo en el 2006 publicara una metodología para introducción de la variable ambiental en el ordenamiento territorial, la cual hoy ha sido y está siendo aplicada por cerca de 50 cantones en el país.
Durante 6 años, y con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Ministerio de Vivienda impulsó el Prugam (Planificación Regional y Urbana en la GAM), como una forma de actualizar y modernizar el Plan GAM de 1982, y su modificación de 1997. No obstante, y a pesar de obtener aprobación ambiental en el año 2009, el Plan GAM fue rechazado por el INVU en abril de 2010. Su futuro todavía es incierto, dado que el mismo INVU es el que se encuentra haciendo su “corrección”.
A esta situación se suma que hay una larga fila de espera para la revisión y aprobación de planes reguladores por parte del INVU, lo que hace pensar que se va a requerir mucho tiempo para que entre en vigencia esa planificación.
Mientras tanto, las municipalidades deben seguir dando usos del suelo y permisos de construcción, en muchas ocasiones, en áreas no aptas, incrementando así la condición de riesgo en la que vive al menos el 20% de la población de la GAM. Esta situación representa una “bomba de tiempo” debido a condiciones de cambio climático y la ocurrencia cada vez más frecuente de desastres.
Es claro que en este tema hay muchas instituciones que siguen actuando como hace 40 años y no han determinado la importancia de impulsar de forma acelerada el ordenamiento territorial. Mientras esto siga así, el país seguirá estancado y haciendo que su huella ecológica se incremente.
Urge tomar medidas correctivas, dentro de las que la promulgación de una decreto de emergencia que agilice y priorice la entrada en vigencia de numerosos planes reguladores, en particular aquellos que ya disponen de viabilidad ambiental. Solo así se podría enmendar parte de los grandes yerros cometidos hasta ahora.