Crucitas y nuestra institucionalidad democrática

Colaboración con: Jorge Lobo, biólogo, UCR y Yamileth Astorga, bióloga, UCR

A propósito de los bochornosos acontecimientos de que nos han informado algunos medios de prensa en los últimos días en relación a una filtración de un proyecto de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resulta indispensable ver en perspectiva lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, no solo en el ámbito de lucha contra la minería metálica, sino ahora en una dimensión mucho más importante todavía, como lo es la defensa de nuestra institucionalidad democrática.

Lucha desigual. Ante todo se debe recordar que la lucha de ideas que se ha dado en los últimos dos años alrededor del tema de la minería metálica en Costa Rica ha sido una lucha muy desigual. Mientras que la empresa ha contado con recursos económicos para pagar onerosos bufetes y costosísimas campañas publicitarias, para defender su posición legal y técnica, los grupos que se han opuesto a la actividad minera solo han contado con los recursos de su voluntad, convencimiento y sacrificio, para exponer ideas, ya sea en medios de comunicación como este, que permiten su publicación, o bien en foros en los que la empresa casi nunca quiso participar, o en las calles, haciendo caminatas y hasta huelgas de hambre frente a la Casa Presidencial.

Todavía están frescos los recuerdos de la inspección que realizaron en setiembre del 2009 dos magistrados de la Sala Constitucional al sitio del proyecto minero en Las Crucitas, y que ese trato desigual se puso de manifiesto en el hecho de que mientras los magistrados de la Sala y los representantes de la empresa se desplazaban en carros, los luchadores antimineros se tenían que desplazar a pie, por los soleados y enlodados caminos de la mina. Un principio tan elemental como el de igualdad entres las partes, en el acceso a los sitios, en el acceso a los magistrados durante esta diligencia, y en el acceso a la información de esta inspección (cronograma, sitios a visitar) se perdió en la improvisación que se puso de manifiesto ese día.

También, en la Vista realizada en noviembre del 2009 en la Sala Constitucional se pudo observar  cómo los representantes de las instituciones del Estado, como la SETENA, el MINAET, la Dirección de Geología, en vez de mantener una posición intermedia y neutral, parecían formar un único equipo de trabajo con los representantes de la empresa en defensa de lo actuado y de la supuesta “conveniencia nacional” basada en estudios de costo beneficio inexistentes, como se alegó, y lo reconoció más tarde al Tribunal Contencioso.

Durante el juicio en el Tribunal Contencioso iniciado el 4 de octubre del 2010, la lucha de ideas también fue desigual, pues mientras la empresa disponía de un costoso grupo legal de apoyo, que ocupaban mesa en conjunto con los abogados del Estado, en defensa de la posición de la minera y de lo actuado, del otro lado, los grupos antimineros estaban representados por un pequeño grupo de abogados sacrificados, cuyos únicos honorarios han sido la satisfacción de hacer una lucha llena de convicción, y de entrega en defensa de los principios en los que creen.

Lucha que se vio culminada con un rotundo éxito cuando el Tribunal Contencioso resolvió que la mayoría de sus argumentos eran ciertos y les dio la razón, durante la memorable tarde del 24 de noviembre vivida como una verdadera fiesta en todo el país.

Durante el último año, aunque para muchos pareciera que no ha ocurrido casi nada, la lucha y confrontación de ideas continuó en el silencio de la casación. Muchas horas de trabajo han invertido los abogados de la lucha antiminera para estudiar argumentos y presentar contraargumentos respecto al tema de Crucitas, sin remuneración alguna.

Todo esta confrontación de ideas y defensa de principios se ha dado dentro del marco del más absoluto respeto a la institucionalidad y de las reglas que establece su legislación.

Peligra la institucionalidad. Esa lucha desigual de confrontación de ideas y argumentos se ha podido dar porque en el fondo siempre ha existido una fuerte y sólida confianza en la institucionalidad de nuestro país y en particular, en la imparcialidad y honorable reputación de nuestros tribunales de justicia. Se tiene fe en que, a pesar del desequilibrio de fuerzas, particularmente en lo referente al poder económico y posiblemente también político de la minera, para los tribunales lo que cuenta es la verdad y el peso de las argumentaciones expuestas por las partes.

No obstante, las noticias de los últimos días, además de producir nauseas y molestia, por una actuación sumamente cuestionable, nos conducen esta vez a revelar lo que un Magistrado de la Sala Primera designó como un “verdadero atentado a la juricidad de nuestro país y a los cimientos de la República”. En aras de lograr sus objetivos, pareciera que algunos están dispuestos incluso a socavar los principales pilares de nuestra institucionalidad democrática.

No se trata, como algunos creen, de una simple filtración de información. Es mucho más que eso. Es la confianza en nuestras instituciones y en el cumplimiento de los principios democráticos y de justicia que norman nuestro democracia que no es una democracia cualquiera, es la democracia más antigua de Latinoamérica y que se sustenta en principios que se han tenido que defender a costa de sangre y sudor de nuestros abuelos y padres. Y el grave peligro que puede significar el aceptar recursos planteados ante la Sala IV con base en un documento filtrado.

Todos los costarricenses deberíamos denunciar esta nueva burla a nuestra institucionalidad y manifestarnos esta vez con mucha mayor vehemencia. Es hora de que algunos de nuestros políticos - sospechosamente discretos desde hace una semana- comprendan que los tiempos han pasado y que nuestro país ya no es una hacienda donde manda el caporal a su gusto. La Constitución y las leyes están hechas para ser respetadas y cumplidas.

Coyuntura de cambio en Costa Rica

A raíz de la polarización de nuestra sociedad que significó la discusión nacional en torno al TLC que se saldó con el resultado del referéndum del 7 de octubre del 2007, se hubiera esperado, por parte de las autoridades nacionales, que la discusión se profundizara un poco más, en razón de un resultado muy ajustado que dejó entrever la desconfianza generada por algunos sectores.

No obstante, el hecho de que se ganara por un estrecho margen (pero triunfo al fin), pareciera haberse interpretado como una “licencia absoluta” para hacer cualquier cosa que tuviera que ver con el desarrollo económico del país y la atracción de la inversión extranjera, a cualquier costo y, prácticamente, sin importar el tipo de actividad productiva.

Desarrollo insostenible. Para algunos dirigentes políticos, lo que importa es la inversión y el desarrollo, aprovechando los recursos disponibles en el país, sin importar en lo más mínimo su sostenibilidad ambiental ni tomar en cuenta la vulnerabilidad de sus suelos o de sus acuíferos, ni ponderar el tipo de empleos que generan estas inversiones de cara al desarrollo de las regiones en las que se instalan.

De esta manera, en la Administración anterior se suspende la moratoria minera vigente desde el 2002, se toleran prácticas insostenibles en materia de monocultivos y se buscar burlar la legislación ambiental con declaratorias de conveniencia nacional de dudosa procedencia y legalidad. Ello, sin importar en lo más mínimo las consecuencias ambientales de ese “desarrollo” desplanificado e improvisado.

Se declaró el desarrollo inmobiliario como un gran beneficio, e incluso se da declaratoria de conveniencia nacional a algunos proyectos de estos, sin considerar que el turismo da 10 veces más empleo que esta actividad.

Se llegó al punto de elaborar un proyecto de ley para disminuir y cambiar de categoría un parque nacional (el de Baulas) en busca del desarrollo inmobiliario en el área de Playa Grande. Además, se sacaron diversos decretos para reducir o eliminar áreas protegidas, todo para promover el desarrollo inmobiliario y hotelero sin control ni efectiva planificación.

Más dramático aún, y cuyos efectos se sintieron en noviembre pasado, con la muerte de 22 personas, tenemos el caso del Prugram: después de trabajarse 6 años en la planificación urbana de la GAM, con apoyo financiero de la Unión Europea, se rechaza el Prugam por parte del INVU, en abril del 2010, y como si estuviéramos en un viaje en el tiempo colectivo, el INVU retrocede al año 1968 y dice que ahora sí va a ponerse en serio a trabajar con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y los planes regionales y que sin esos planes, no va a aprobar planes reguladores, que hacen un larga fila de espera para aprobación, a pesar de la gran urgencia de contar con algún tipo de planificación que norme el uso de los terrenos.

Sin conciencia ambiental. Por inercia o por otras causas, la nueva Administración sigue la misma línea que la anterior sin planificación ni consideración ambiental. Se mantiene el decreto de conveniencia nacional para el megaproyecto hidroeléctrico Diquís, y más bien se le estrecha el cronograma de ejecución.

Se repite el esquema de imponer el desarrollo de un proyecto a costa de una correcta planificación y toma de decisiones para su ejecución. Uno hubiera pensado que la amarga experiencia de la necesitada, pero mal planificada carretera a Caldera hubiera servido de algo, pero pareciera que no.

También, sin una planificación regional, dentro de un contexto de evaluación ambiental estratégica, se declara de conveniencia nacional el desarrollo de un aeropuerto internacional en Osa. Aquí también, uno hubiera esperado que la cuestionable experiencia del aeropuerto en Guanacaste, en relación con los índices sociales de los cantones guanacastecos que siguen sumidos en la pobreza, hubiese servido de algo, pero nada.

A todo esto se suman otros temas no menos relevantes, como la expansión piñera y su cultivo transgénico; la serie de errores sistemáticos cometidos con el desarrollo de las torres de telefonía celular, la posible reapertura de la Mina Bellavista en Miramar de Puntarenas y la exploración petrolera en la zona norte, solo para mencionar algunos temas álgidos recientes.

Esto, mientras en la Setena, siguen develándose, a costa de investigación y denuncia, cada vez más proyectos con inconsistentes evaluaciones de impacto ambiental, sin que todavía se quiera revisar de forma integral ese peligroso accionar que sí representa una verdadera inseguridad jurídica para los inversionistas.

Cambio de actitud. Nuestro país es un país pequeño, con una limitada capacidad de carga, y frágil ambientalmente; tiene recursos limitados y tiene que durar para siempre, de allí que la preocupación de no seguir desarrollando de forma impositiva proyectos y megaproyectos, o promoviendo leyes como la de electricidad o la de contingencia eléctrica, sin planificación bien sustentada, ni ordenamiento de los recursos, tiene un verdadero soporte y no debe calificarse como que es la intervención de sectores “radicales” u otros epítetos (el más reciente “noístas”) con que se ha encasillado a todos aquellos que se oponen a que se siga hipotecando el desarrollo del país y su futuro sin un plan bien definido y abiertamente discutido, a costa de los intereses particulares y cortoplacistas de unos cuantos.

Mientras el país se debata en este “pulso”, el avance hacia el desarrollo y progreso va a ser muy lento, o se estancará.

Es urgente hacer un alto en el camino, abrir los espacios a un verdadero diálogo, para que sean las decisiones racionales y bien balanceadas las que progresen y no las impuestas, que se maquillan por decreto ejecutivo inconsultos de “beneficiosos” para el país, cuando la verdad se busca el beneficio directo de un grupo en específico.

La presente coyuntura es de gran importancia para poder orientar esa situación de cambio hacia el progreso del país. De no hacerlo, y con la llegada de los aires electoreros que han empezado a soplar muy temprano, se perderá la oportunidad, y el país seguirá enrumbado hacia una polarización social cuyo escenario final es difícil de pronosticar, pero ante tantas malas noticias que aparecen todas las semanas, se puede augurar que no será nada positivo.

Todavía se está a tiempo de abrir espacios e iniciar el diálogo. La decisión está en nuestra dirigencia política que debe abrirse a un diálogo social amplio, que realmente permita tomar decisiones colectivas de interés nacional.

Todos debemos pensar el país que estamos heredando a las generaciones futuras.

Las dos Costa Rica

A propósito de los acontecimientos “políticos” del mes de enero pasado, particularmente los acaecidos en nuestra cada vez mas sorprendente Asamblea Legislativa, es posible llegar a la conclusión de que en nuestro país, desde el punto de vista de reacción ante los acontecimientos, tenemos dos extremos, algo así como si fuéramos dos países en uno.

Hay, por un lado, una Costa Rica, de la gente que ve “los toros desde la barrera”. Es la que lee, ve o escucha las noticias, se da cuenta de que algo está sucediendo, reflexiona un rato, pero no reacciona. Prefiere no opinar. Duda de la información, no por la información en sí, si no porque cree que viene sesgada o porque “malinterpretan” las palabras del personaje central de la noticia.

Es una Costa Rica que todavía cree, confiada, que esos personajes son como héroes que salen a la arena política, sacrificando sus vidas privadas, en pos del bienestar común. Es una Costa Rica, que permanece silenciosa, sin cuestionar públicamente a nadie, y que prefiere pasar la página, olvidar el mal rato que esos personajes pudieran pasar, para luego, seguir “como antes”, dejando que sus “héroes” sigan dirigiendo su destino, sin importar cuál va a ser este.

Pero también hay otra Costa Rica de gente un poco menos confiada, que se informa un poco más, y que, cruzando información aquí y allá logra deducir fácilmente la forma en que se le trata e irrespeta. Es la Costa Rica que se indigna y exige sin tapujos que se haga algo, que se investigue lo que se cuestiona, que se aclaren las cosas hasta las últimas consecuencias, que se corrija lo que se tiene que corregir. Es la Costa Rica, que, sin necesariamente dudar de todos sus dirigentes políticos, les exige públicamente transparencia y rendición de cuentas. Que ve en el Congreso, un sitio donde sus “representantes” deben y tienen que hacer su trabajo por la patria, y en donde el país debe iniciar la senda de su progreso.

Entre esas dos Costa Rica se debate nuestra realidad. Incluso la de los medios noticiosos, que investigan y sacan a la luz una exclusiva, que provoca esa doble reacción. Por un lado, unos que prefieren que pase uno o dos días, para que la noticia se olvide, como casi ha sido una tradición en nuestro país por mucho tiempo, y por otro lado, otro grupo que prefiere que se llegue al fondo, y que realmente se establezcan soluciones y cambios.

Realismo y surrealismo. Nuestro país se ha debatido durante mucho tiempo entre esos dos extremos: una especie de realidad surrealista que todo lo olvida y una grupo realista que se frustra y molesta cuando, con un mínimo de información, razonamiento lógico, sentido común o datos científicos, se da cuenta de cómo los gobernantes nos fabrican problemas en vez de soluciones.

Los políticos de carrera, saben que estos son los extremos de comportamiento de nuestra sociedad y saben que mientras la Costa Rica pasiva y que rápido olvida, represente la mayoría de la sociedad, las cosas van a poder seguir como hasta ahora. Tienen así asegurados más “negocios”, resolverán sus problemas a punta de de telefonazos, poniendo a correr entidades públicas en la satisfacción de intereses particulares, y nos llenaremos de más avergonzantes autopistas del Sol, de más desgastantes Crucitas en los tribunales, y también de más muertes y pérdidas con cada aguacero de temporada debido a la falta de planificación del riesgo en la GAM.

Al final, es fácil de gobernar un grupo que no cuestiona y que fácilmente, se conforma con explicaciones, aunque estas no tengan mucho sentido, ni mayor sustento técnico, como el hecho de que se compre una carretera a precio de primer mundo, pero su calidad sea de un país del tercer mundo (y que para colmo, obliga a que las radiales mal concebidas por subestimar el factor lluvia en un país tropical como el nuestro, ahora deban ser reparadas con el erario público ante la mirada indiferente de la opinión).

Lograr un cambio. Solución: ambas Costa Rica son las que eligen a los gobernantes, y solo con un cambio, en donde la Costa Rica que cuestiona, que persiste, relaciona hechos, que pregunta, que exige cuentas, sea la que domine, no se va a lograr el verdadero cambio de rumbo en el destino de nuestro golpeado país.

Durante el transcurso del presente año 2011, hay una oportunidad de que, los costarricenses, conocedores de esta realidad, presionemos para que impulsemos esa transformación. Lo único que se ocupa es olvidar nuestra vieja costumbre de “cambiar la página”, de olvidar el problema como si con eso lo resolviéramos. Lo que necesitamos es, simplemente, exigir explicaciones claras. Transparencia y rendición de cuentas, y también, muy importante, que los responsables asuman las responsabilidades no asumidas y dejen de formar parte de nuestra realidad como si fueran los únicos “héroes” que nos pudieran hacer progresar.

La tecnología de hoy nos da muchas herramientas para alzar nuestra voz.

Lo único que tenemos que hacer es cobrar conciencia de nuestro verdadero poder y, en particular, de nuestra responsabilidad como ciudadanos de esta nuestra única patria.