A raíz de un editorial reciente titulado “Excusa Ambiental” en el que se menciona que la señora Presidente, en una gira a Limón en la que se llevó la batería de argumentos presentados contra el desarrollo del proyecto de la Terminal de Contenedores de APM en Moín, resulta conveniente analizar mejor el origen de esta situación, al menos desde el punto de vista ambiental. Ello con la finalidad de realizar un examen autocrítico y valorar si el país puede aprender de sus propios yerros. Judicialización: lo primero que debemos reconocer es que efectivamente esa forma de actuar, referente a la presentación de recursos administrativos y legales contra un proyecto, que podríamos resumir como su “judicialización”, representa un escollo para su desarrollo. Lamentablemente, constituye el último recurso que tiene una parte de la sociedad, según el marco jurídico vigente, para reclamar por sus derechos y no solo eso, para ser escuchados por las autoridades.
Hay muchos ejemplos recientes de esta realidad, pero posiblemente el caso más conspicuo es el de Crucitas. Para muchos de nosotros todavía están frescas en la memoria las declaraciones del expresidente Óscar Arias, cuando decía que se había dado la declaratoria de conveniencia nacional al proyecto minero más grande de Centroamérica, porque todo se había hecho en cumplimiento de la ley (“by the book”).
Los argumentos presentados por la sociedad civil, por un proceso espontáneo, que llevó a la judicialización del proyecto, también se hubiera podido representar con una o dos cajas llenas de argumentos.
Como es conocido, el Poder Judicial terminó dando la razón a la sociedad civil y señalando de forma lapidaria que el citado “by the book” no era otra cosa que una “una orquestación de voluntades”. Finalmente todos los permisos otorgados fueron anulados por ser inconsistentes con la misma legislación, y hoy nos enfrentamos a una demanda internacional por $94 millones que todavía debe resolverse, y una Fiscalía investigando cómo funcionó la orquesta además de sus primeros violines.
Desconfianza: hay más ejemplos recientes (grandes y pequeños) de esa misma situación, como la Concesión a San Ramón que ya nos costó $34 millones pagados a OAS, la Refinería China (que ya va costando $50 millones), la Carretera 32 con un costo no revelado todavía, el Megaproyecto Diquís (cuya inversión prematura también es de varios millones de $) y otros más haciendo fila para seguir el mismo camino, como el aeropuerto en Osa y la explotación geotérmica en parques nacionales.
Todos con el mismo factor común denominador: la imposición del proyecto por parte de las autoridades a la sociedad y la falta de confianza que tiene ésta de esas autoridades, ante tal imposición.
Pero hay un trasfondo más amplio en todo este asunto y se refiere a la ausencia de planificación estratégica y de participación activa de la sociedad en la toma de esas decisiones transcendentales. Algo que, como hemos dicho, tiene solución, pero que requiere un verdadero cambio en la forma de hacer las cosas y de promover el desarrollo en nuestro país.
Al respecto, el tema del urgente Plan de desarrollo de Limón - Moín es un clarísimo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Este Plan, conformado por varios grandes proyectos, no articulados entre sí, como la Refinería China, la ampliación portuaria de Moín y Limón, y el proyecto Limón Ciudad Puerto, tomaron fuerza desde el periodo 2006-2008. ¡Hace ya 6 años!
A pesar de existir fondos, desde hace mucho tiempo, del Banco Mundial para hacer los estudios socioambientales de ese Plan Estratégico y de existir un marco jurídico para realizar una EAE (evaluación ambiental estratégica) del Plan, como forma de ordenar y socializar el plan de manera participativa, informada y transparente, las autoridades tomaron el camino equivocado, como fue el imponer uno a uno esos proyectos, incluyendo el de la Ruta 32, y queriendo pasar a “golpe de tambor” sus respectivas aprobaciones e inicios de construcción.
En el caso de la terminal de contenedores de APM en Moín, que tiene un serio y sustentado cuestionamiento respecto a su localización y diseño que, desafortunadamente, 6 años después, hace que se deba cuestionar su viabilidad ambiental, todo lo ocurrido podría haberse solucionado con una correcta planificación (socio) ambiental estratégica (EAE): ¿Quién dice que la alternativa seleccionada por las autoridades en el 2008 resultaba la única y la mejor para este proyecto? ¿Cuándo se discutió y analizó abiertamente? ¿Por qué una alternativa diferente, de un proyecto mixto entre una empresa extranjera y Japdeva no podría haber sido una mejor solución? La imposición se dio de una forma arbitraria e inconsulta, como ha sido la norma durante al menos los últimos 8 años.
Cambio y solución: ante todo esto, no es casual que la sociedad costarricense, en su gran mayoría quiera un cambio en la forma de hacer las cosas. Pero ese cambio no se resuelve con solo dar el poder a nuevas autoridades, se requiere modificar las prácticas hasta ahora aplicadas y hacer uso efectivo de los instrumentos de participación que nos da nuestra legislación.
Para no repetir los errores del pasado, y empezar bien desde el principio, resulta de transcendental importancia ponernos serios en el proceso de toma de decisiones estratégicas con abierta participación social. Participación que en el caso de proyectos estratégicos, así como políticas, planes y programas fundamentales, debe enmarcarse en una correcta y efectiva EAE, que desemboque en un Informe de Sostenibilidad Ambiental que sirva de hoja de ruta para la ejecución de los proyectos.
Ese informe de sostenibilidad debe incluir el marco en que se toman las decisiones, las condiciones de ejecución de los proyectos y las salvaguardas ambientales y sociales que deberán ser respetadas. Así, la misma sociedad civil podrá vigilar el cumplimiento de esas condiciones durante la ejecución de los proyectos.
Como hemos dicho ya, la EAE es un instrumento que se usa correctamente en muchos países desde hace décadas. Su ejecución no es difícil, ni lleva largos tiempos, pues a diferencia de la evaluación de impacto ambiental (EIA), no requiere de una extensa y detallada información base. Puede ser realizada en pocos meses. Además, como también hemos dicho, la EAE, a diferencia de los referéndums, no genera dos extremos: perdedores y ganadores, sino que representa el espacio de negociación para que los diferentes sectores de la sociedad puedan incidir en una decisión estratégica para el desarrollo del país.
Son varios los temas que deberían ser sujetos a una EAE en los próximos meses y ya los hemos enlistado previamente: Plan Nacional de Energía (geotermia en parques nacionales, refinería china, el camino a la carbono neutralidad), Plan de Desarrollo de Limón – Moín, Plan de Desarrollo del Sur – Sur (P.H. Diquís, Aeropuerto en Osa), Plan Nacional de Turismo, Plan Nacional de Infraestructura Vial y Ferroviaria, entre los más importantes. El procedimiento pendiente de cómo realizar la EAE en nuestro país está elaborado y “durmiendo el sueño de los justos” en una gaveta de la SETENA desde hace 5 años: un lujo o más bien... un desdeño hacia una herramienta técnica que pocos países se han recetado.
Las nuevas autoridades de gobierno tienen la oportunidad de corregir la senda equivocada por la que en los últimos 8 años las autoridades han llevado a nuestro golpeado país, y establecer los fundamentos del desarrollo sobre la base de la participación, transparencia e información técnica validada y no amañada. Perder esta oportunidad y seguir por el camino de la imposición inconsulta sería un grave error.