Colaboración con: Ana C. Jenkins, Giovanni Varela,
La Gestión del Riesgo es definida por la Ley como un “proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente”. Significa corregir la situación de riesgo de quien ya vive en ella, como la gente que vive cerca de los ríos, y de prevenir, para que nueva gente no entre en esa condición. No se trata solo de ayudar a los afectados por una inundación.
La Gran Área Metropolitana (GAM) comprende el 3,5 % del territorio del país. Allí vive el 60 % de la población. Durante las últimas décadas, por el rápido crecimiento urbano, la ausencia de una efectiva e integral planificación territorial y el débil control urbano se han urbanizado zonas vulnerables a amenazas naturales (erosión e inundación fluvial, deslizamientos, sismicidad, volcanismo y fallas geológicas activas).
La erosión e inundación fluvial durante los meses de mayores lluvias se torna grave, en particular porque afecta casas en las orillas de las quebradas y ríos. Con un dato serio: menos cantidad de agua causa cada vez mayores daños.
Alta fragilidad ambiental. Los estudios del PRUGAM (Programa Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana) identificaron una zona ambiental, la I – B: de muy alta fragilidad ambiental. Son terrenos afectados por la erosión e inundación fluvial asociada a cauces fluviales.
La zona I – B se identificó a escala 1:10.000, en un territorio de 1.750 km2, que abarca 31 cantones. Se realizó durante 18 meses, con datos de campo de geología, geomorfología y fotointerpretación. Representa la mejor aproximación realizada hasta ahora. La zona I-B cubre 3.230,8 hectáreas, es decir, el 1,8 % de la GAM. Se extiende más allá del área de protección de los ríos, por lo cual, sin el adecuado ordenamiento territorial, termina siendo objeto de permisos para construcciones.
Los datos de PRUGAM indican que un total de 132.4 hectáreas de esta zona están urbanizadas, con residencias. Esto se presenta en los 31 cantones de la GAM en los que destacan: Desamparados, Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Escazú, Heredia, La Unión y San José. Se trata de una población de 50 a 100 mil personas.
Ante esto, el PRUGAM estableció en su Reglamento de Desarrollo Sostenible, lineamientos para atenuar el riesgo y medidas para evitar construcciones en esa zona. Ese reglamento fue aprobado por la SETENA el 18 de noviembre del 2009 (Resolución 2748) y es de acatamiento obligatorio para todas las partes, según la Ley Orgánica del Ambiente.
En abril pasado el INVU rechazó el Plan PRUGAM, a pesar de haber tenido un representante durante todo su desarrollo y un año de revisión. Esto generó, entre otras cosas, un gran atraso en la oficialización de los planes reguladores de los cantones de la GAM, elaborados según los lineamientos de ese Plan Regional y su reglamento, provocando que las acciones correctivas para estas zonas de riesgo no se estén implementando. Más bien, es probable que se estén dando permisos de construcción en esta zona I – B. Por tanto, lejos de estarse mitigando el problema, se está incrementando.
Como si nada se hubiera hecho. Así, sorprende escuchar a las autoridades diciendo que la solución es el ordenamiento territorial y los planes reguladores que “hay que hacer”, como si no se hubiera hecho nada hasta ahora. Es preocupante que se ignoren los resultados de los estudios técnicos y no se cumplan los lineamientos correctivos que ya cuentan con viabilidad ambiental. ¿Qué más deberá suceder para que sean considerados y respetados antes de seguir exponiendo a la población?
Deberían sentarse las responsabilidades políticas, e incluso legales, ante los daños cada vez más grandes generados por esta situación.
Es urgente que, por encima de los intereses particulares, se antepongan los intereses de la población. Tienen la palabra las autoridades de gobierno y en particular las municipalidades.