La importancia de los ecosistemas de humedal y la estrategia de su recuperación

Marzo 19, 2023 4:38 am

En esta sexta entrega de los documentos de SALVETERRA® analizaremos el tema de los ecosistemas de humedal, en particular su gran importancia ecológica y la estrategia a seguir para su recuperación. Un asunto clave en la lucha contra el Cambio Climático y la recuperación del equilibrio de la Ecosfera terrestre.

Al respecto, no solo es suficiente hacer un recuento de todos los beneficios ecológicos que nos dan los humedales. Tenemos que ser realistas para ubicarnos de forma objetiva. No para lamentarnos, sino para tomar acciones concretas y efectivas para su recuperación y fortalecimiento.

El agua es el elemento clave de los humedales: existen diversas variantes de humedales, tanto de agua dulce como salada. En ambientes continentales pueden variar desde cuerpos de agua, como ríos, lagunas, pantanos o suampos, hasta terrenos boscosos con suelos inundados o saturados en agua durante largos periodos de tiempo.

El agua puede provenir del mar, de los ríos, las lluvias o de los mantos de aguas subterráneas. Los humedales se distinguen también por las características particulares de sus suelos y por la presencia de plantas y animales adaptados a las condiciones de inundación o de alternancia de períodos de anegamiento y sequía. De esta manera, los humedales no son necesariamente transiciones entre los sistemas acuáticos y terrestres, sino que poseen características estructurales y funcionales propias, que los diferencian de unos y otros.

Pero es importante comprender que no todo terreno afectado por estancamiento de aguas superficiales, en particular si el mismo se debe al desarrollo de inadecuados drenajes, es un humedal. Este aspecto puede a llevar a que las autoridades cometan muchas injusticias.

Situación global: en la actualidad los humedales cubren, aproximadamente, 12,1 millones de kilómetros cuadrados. El informe de Ramsar denominado Perspectiva Mundial sobre los Humedales, del año 2018, señala que los humedales han disminuido en un 35 % desde el año 1970. De acuerdo con un informe de la Naciones Unidas del año 2018, los humedales desaparecen tres veces más rápido que los bosques, los cuales tienen tasas de pérdida anual del orden de las 60 mil hectáreas.

Los humedales incluyen algunos de los ecosistemas con mayor densidad de CO2 de nuestro planeta, como las marismas saladas, las praderas marinas y los manglares. Las turberas, que representan sólo el 3 % de la superficie terrestre del mundo, almacenan el doble de CO2 que todos los bosques del planeta, y desempeñan un papel fundamental para lograr los compromisos mundiales para el cambio climático, el desarrollo sostenible y la biodiversidad.

Por esta razón, la recuperación, restauración y protección de los ecosistemas de humedal es una tarea estratégica en materia de la lucha contra el Cambio Climático.

Los humedales también contribuyen a reducir el riesgo de desastres, ya que mitigan las inundaciones y protegen las costas.

A pesar de su papel esencial en la regulación del clima mundial, los humedales siguen estando infravalorados por los responsables de políticas y de la toma de decisiones en los planes nacionales, particularmente de ordenamiento territorial.

La pérdida o degradación de los humedales tiene efectos negativos en la naturaleza y las personas. Las principales presiones sobre los humedales se relacionan con cambios en el uso del suelo (urbanización, construcción de infraestructura como carreteras, deforestación, rellenos, etc.), alteraciones en la dinámica del agua (por extracción, intercepción, desvíos, etc.), extracciones (pesca, maderas, pasturas, etc.), contaminación (agrícola, industrial y doméstica), introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático.

Humedales en Costa Rica: en nuestro país hay avances y retrocesos en materia de protección de los humedales.

Con la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente (1995) los humedales adquirieron la categoría de áreas silvestres protegidas.  Pese a eso, al no disponerse de una cartografía oficial que identificara todos los humedales del país, fueron los humedales que estaban inscritos en el Convenio Ramsar o bien que estaban explícitamente definidos, los que tenían mayor protección.

En el año 2010, con la promulgación de algunos ajustes a la Ley de Vida Silvestre la situación de los humedales empeoró. Se introdujo un artículo que señala que hay pena de cárcel a quien dañe un humedal si no cuenta con la autorización por parte del Sistema Nacional de Areas de Protección (SINAC). De esta manera se abrió la puerta para afectar los humedales vía un permiso que otorga esta entidad, siempre que se cuente con viabilidad ambiental.

Sobre la base de este artículo se promulgó un decreto ejecutivo que regulaba el desarrollo de infraestructura vial en zonas de humedal. Parte de los argumentos esbozados por el MOPT – CONAVI de ese momento, era que construir una carretera por zonas de humedal era más cómodo, debido a que no había que hacer expropiaciones.

El autor participó en una acción de inconstitucionalidad contra ese decreto ejecutivo que, finalmente, la Sala Constitucional, declaró sin lugar, con lo cual se consolidó la situación de desorden en el tema de la protección de los humedales en el país.

Como parte de las discusiones que se dieron alrededor de esa acción de inconstitucionalidad, llamó mucho la atención la posición de la Procuraduría General de la República que afirmó que había dos “tipos” de humedales desde el punto de vista jurídico: los de propiedad privada y los de propiedad pública, como si esa situación implicara que unos son más susceptibles de ser impactados o dañados que otros.

Recientemente, en el año 2018, el SINAC elaboró el primer mapa de humedales de Costa Rica. Este instrumento representa un gran avance, dado que incluye todas las categorías de humedales del país a una escala suficientemente satisfactoria para gestionar su protección.

Pérdida de bosques húmedos del Humedal Caribe: por medio del estudio comparado de imágenes satelitales de diversos años, el autor ha podido identificar la desaparición de cientos de hectáreas de bosques del Humedal Caribe.  Esto llevó a la realización de una denuncia ante el Ministerio Público (ver el siguiente enlace).

La tendencia de desaparición de los bosques de humedal se ha acelerado desde el año 2014 con el inicio de construcción de la Terminal de APM en Moín. Se observó un patrón con un proceso de deforestación del bosque de humedal, el drenaje de las aguas y un proceso de disecación para el desarrollo de nuevas construcciones. El asunto es seria pues sucede a lo largo de Humedal Caribe desde Tortuguero hasta Cahuita, como mínimo.

Se trata de una situación muy grave y es posible que, en otras áreas del país, también se pueda estar dando.

Búsqueda de soluciones: son varias las acciones concretas que se deben implementar urgentemente para detener el daño a los humedales del país. Las principales son las siguientes:

1. Fortalecer al SINAC y la Dirección de Humedales para que puedan ejercer un mayor control de la situación de humedales en el país. Esto lleva por una revisión detallada del decreto ejecutivo que establece la metodología para definir zonas de humedal y que a criterio del autor tiene serias limitaciones técnicas.

2. Fortalecer a la unidad ambiental del Organismo de Investigación Judicial que realiza investigaciones y levantamiento de prueba sobre daño ambiental a humedales.

3. Equipar a la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público para que pueda disponer de fuentes de información satelital sobre los cambios de uso del suelo en zonas de bosques de humedal y en bosques en general en el país, donde se está dando una fuerte presión por el cambio de uso del suelo, como en el caso de Humedal Caribe.

4. Sustituir o modificar el decreto ejecutivo que permite el desarrollo de construcciones en zonas de humedal por un instrumento jurídico más moderno y que fije reglas técnicas más claras sobre la protección de humedales y el desarrollo de un sistema de compensación ambiental para los casos especiales en que sea necesario el desarrollo de obras estratégicas. También debe integrar lineamientos concretos para la recuperación de humedales dañados ilegalmente o bien, como parte de la lucha contra el Cambio Climático con el desarrollo de sumideros de carbono.

5. Impulsar el desarrollo de planes de ordenamiento territorial en todo el país, dentro de los cuales se delimiten y fijen las zonas de humedal a fin de que sean protegidos de forma más sólida con la participación de los gobiernos locales. De igual forma, estos planes deben establecer, donde se presenten las condiciones, las zonas de restauración de ecosistemas de humedal.

Con el desarrollo de estas acciones concretas sería posible cambiar el rumbo al proceso de deterioro que está afectando a los humedales del país.

Como hemos dicho antes, Costa Rica tiene el potencial de convertirse en un país líder en el mundo que, con el ejemplo, puede mostrar el correcto camino hacia la protección del ambiente, incluyendo los importantes sistemas de humedal tropicales.

a.astorga.g@gmail.com

Contradictorio rumbo ambiental del gobierno

A tan solo 10 meses de administración de gobierno de Luis Guillermo Solís y dada la seriedad de las contradicciones que se han dado en materia ambiental, entre otros muchos temas, se hace necesario hacer una valoración del inadmisible rumbo que están haciendo tomar a nuestro país, algo que todos debemos comprender para poder actuar en consecuencia.  

Plan GAM 2013 a 2030 y la infortunada herencia de la administración Chinchilla: en artículos anteriores (ver: www.allanastorga.com) advertimos a la actual administración de que le estaban heredando un “confite envenenado” que tiene una larga historia: desde que la administración Arias rechazó el PRUGAM en abril del 2010 hasta la publicación del manipulado y poco sustentado ambientalmente Plan GAM 2013 a 2030, publicado el 2 de mayo del 2014.  Hay que recordar que como intermedio la Administración Chinchilla se inventó el denominado POTGAM, con el  cual nuestras montañas estarían ahora urbanizándose todavía más intensamente. La actual administración ha hecho oídos sordos a las advertencias, más bien recontrató al personal relacionado con el tema de la anterior administración y le subió la “categoría”. De paso, ha llamado “necios” a quienes hemos insistido en el error, lo que nos ha llevado al extremo de presentar una acción de inconstitucionalidad que ha detenido la aplicación de ese Plan.  La solución era sencilla: actualizar y aprobar el PRUGAM que es el que tiene debido sustento técnico y ambiental, a costa de que la UCCAEP y la Cámara de la Construcción no quedaran “contentas”. Mientras tanto, nuestra GAM sigue desplanificada y envuelta en un caos vial que se traduce un alto costo económico, ambiental y de salud para todos.  Como vemos, aquí no ha habido cambio alguno, salvo seguir hundiéndonos en la inoperancia y en  la desplanificación.

La SETENA y la conveniencia de no renovarla: una expectativa lógica de un gobierno “del cambio” era la urgente y completa renovación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en particular de su ente de toma de decisión, la Comisión Plenaria. Sobre esto las organizaciones ambientales han sido particularmente insistentes, pues es claro que la SETENA  estuvo bajo un claro control político durante las administraciones Arias y Chinchilla. Pese a eso, con el nuevo gobierno, muy poco cambió en la SETENA, se ha dado un claro continuismo, lo cual no parece casual cuando se ve el accionar de esta entidad durante el año 2014 y, en particular, respecto al tema de la Terminal de Contenedores de Moín (APM): el control político para descartar criterios técnicos es latente, poniendo en riesgo la credibilidad en la ya golpeada institucionalidad ambiental de nuestro país.  El hecho de que no se diera ningún cambio, a pesar de las muy serias irregularidades que se dieron durante las últimas administraciones y que no se abriera el espacio para la búsqueda de sus mejoras por medio de la Comisión Mixta, deja ver un “doble discurso” de la actual administración.

APM y el conveniente olvido del enorme sacrificio ambiental que implica: sobre este tema hemos escrito mucho, con el ánimo de explicar que el proyecto tal y como fue planteado desde el 2008 fue una imposición, sin ningún criterio ambiental. Planteamos que era posible buscar una solución alternativa para la construcción de la Terminal en una condición ambientalmente más sostenible y menos impactante. Durante casi dos años se ha hecho oídos sordos a estos planteamientos y la actual administración, lejos de asumir un papel más proactivo y analítico en la búsqueda de una solución, más bien profundizó la posición “cerrada” y ha hecho “todo lo posible” para mantener el planteamiento original. Esto aunque signifique ignorar las muy graves consecuencias ambientales que se darán, no solo en el Humedal Caribe, sino que particularmente, en la parte marina de nuestro litoral limonense. Esos daños ambientales se darán por años, produciendo afectación a la toda la vida marina, a la pesca, al turismo e incluso a nuestras costas por erosión. Todo esto a pensar que existía una mejor alternativa. Así, las autoridades ambientales, como el MINAE y la SETENA, se alejan de su función primordial y pasan a convertirse en un simple instrumento para el beneficio de una empresa transnacional. Se está jugando gravemente con el Caribe costarricense, algo que no deja de sorprender profundamente.

El atraso en el trámite de los planes reguladores y la evidente falta de decisión para resolver problemas.  Para abril del 2014 la SETENA, por medio de su Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), anunciaba que para el periodo 2010 al 2014 el 73% del total de los informes de planes reguladores había sido rechazado. Hay municipalidades que tienen más de 8 años de tramitar la viabilidad ambiental ante esa entidad, algo inverosímil si se tiene claro que el objetivo fundamental de la metodología que establece el decreto 32967 (de los IFA) es generar una zonificación ambiental que sirva de base para hacer una propuesta de uso del suelo. Es evidente que en más que obstáculos técnicos, lo que ha imperado es la intransigencia y la falta de visión clara. A esto se ha sumado un conflicto artificial con el uso de la Matriz del SENARA y los mapas de vulnerabilidad, algo para lo cual también hay una solución sencilla. Al final se observa que más que problemas técnicos, es un problema de actitud de parte de las autoridades, lo cual se podría resolver con facilidad si las autoridades realmente se interesaran en que los municipalidades contaran con planes reguladores que dicten reglas algo más claras para la definición del uso del suelo, en contraposición al statu quo actual que favorece principalmente a los desarrolladores inmobiliarios y las empresas constructoras.  A pesar de la urgencia de resolver el asunto, hasta hace poco se conformó una comisión para buscar una solución entre las diferencias de criterio entre la SETENA y el SENARA. Búsqueda que no se sabe cuánto durará ni en qué terminará. Tampoco aquí se vislumbran cambios reales.

La refinería china y el terco camino hacia una dependencia de los hidrocarburos. De forma sorprendente, el MINAE ha señalado que seguirá adelante con la Refinería china,  a la cual le ha agregado el calificativo de “refinería verde”, dado que dedicará parte de la misma para biocombustibles.  Posiblemente en este tema es cuando se observa una de las mayores contradicciones de la actual administración, pues mientras el mismo Presidente reafirma ante la ONU el compromiso de ser carbono neutral en el 2021, por otro lado sigue adelante con un proyecto sumamente oneroso para el país y que, lejos de solventar nuestra dependencia de los hidrocarburos, la profundizará. Se pierde tiempo valioso en buscar soluciones realmente sostenibles y viables para Costa Rica como un tren eléctrico, una mejora sustancial al sistema de transporte y un verdadero impulso a un programa de biocombustibles.

La Ruta 32 y la irresponsabilidad ambiental de la legislación que la ampara. La recién aprobada ley para articular el contrato con China sobre el préstamo para ampliar la Ruta 32 a Limón lleva consigo una seria contradicción, no solo técnica, sino también ambiental. Otro ejemplo de improvisación y más que eso, de cómo se considera el tema ambiental como algo secundario, casi sin importancia: un error que podría costar muy caro al país. La Ruta 32 es problemática, pero el sector del Zurquí no está contemplado dentro de este proyecto. Recordemos a este respecto que el proyecto inicial de los años ochenta preveía cinco túneles y que decisores políticos optaron por descartar estos cinco túneles: el resultado está a la vista.  Ampliar una carretera de 2 a cuatro carriles a partir de Río Frío es una operación que técnicamente no requiere de asesoría externa ingenieril y que en nada remedia el problema que tenemos en el Zurquí con la Ruta 32.

El aleteo del tiburón y el “interés nacional” por una transnacional: los mares y nuestras áreas silvestres  siguen cada vez menos protegidas. En completa contradicción con los compromisos internacionales adquiridos por el país, se toma la decisión, por parte de INCOPESCA, el SINAC y el MINAE, de permitir la exportación de aleta de tiburón a China. Aunque se usa de pretexto que es para beneficiar a los pescadores nacionales, llama la atención que las autoridades técnicas y ambientales en la materia tomen semejante decisión, en la medida de que contradice los principios de protección ambiental y de la biodiversidad que el mismo país defiende a nivel nacional e internacional. Pero el asunto no solo queda allí, también se da una severa pérdida de credibilidad, muy difícil de recuperar, en particular porque se entremezcla con un regalo de $ 24 millones que el gobierno chino recientemente hizo al gobierno de Costa Rica. Nos preguntamos: ¿por qué no usan parte de esos recursos para ayudar económicamente a los pescadores que pierden por la no exportación de aleta de tiburón a China y para fortalecer las áreas silvestres protegidas terrestres y marinas: nuestro verdadero tesoro nacional? ¿No sería eso una mejor decisión? Las contradicciones prevalecen y el cambio no se nota.

El común denominador de todos estos temas es el mismo: la falta de una verdadera y seria revisión del problema, los oídos sordos para escuchar otras opiniones, la creencia de que al fungir como autoridad se tiene la libertad de hacer lo que les parezca y la búsqueda de una “solución” que termina siendo una “imposición” de una decisión desacertada que al final beneficia a un sector muy privilegiado en detrimento de los intereses colectivos. En síntesis: una administración que, en materia ambiental, es una continuidad de las administraciones Arias y Chinchilla. Sorprendente conclusión a la que uno es llevado en tan solo 10 meses de administración.

*Geólogo Ambiental, profesor UCR.