En razón de la reciente ampliación (hasta el 2021) de la moratoria a la exploración y explotación de hidrocarburos emitida por la actual administración de gobierno, han surgido algunas opiniones señalando que constituye una contradicción. Se señala que si el país explotara sus hidrocarburos, se lograría bajar el precio de los combustibles, e incluso tendría una fuente (gas natural) para generar electricidad a un precio más bajo y con menos contaminación ambiental. Aunque este razonamiento pareciera lógico, existen varias aristas que deben ser analizadas a fin de buscar una solución concreta al tema de si nuestro país debe o no explorar su potencial en recursos hidrocarburíferos. Potencial petrolero: primero que todo es relevante señalar que como producto de las actividades de exploración petrolera realizadas durante la década de los años ochenta del siglo pasado por RECOPE y de otras realizadas previamente durante el Siglo XX, es claro que Costa Rica tiene las condiciones básicas de potencial de hidrocarburos, en casi todas sus cuencas sedimentarias. Ese potencial petrolero se presenta tanto en territorio continental, como en el mar, tanto en el Caribe, como en el Pacífico.
Ninguna de las actividades realizadas hasta ahora ha encontrado yacimientos comercialmente explotables de petróleo o gas natural. Pero las investigaciones geológicas realizadas con nuevas tecnologías de exploración petrolera, más modernas que las que se usaron hace ya más de 20 años, indican que podrían encontrarse potenciales yacimientos susceptibles de ser explotados. Por las características geológicas de nuestro país, existe la posibilidad de que sea más probable encontrar yacimientos de gas natural que de petróleo líquido, aunque este aspecto debe ser comprobado por investigaciones geológicas más detalladas.
La importante actividad de exploración realizada por RECOPE se finalizó, más por razones políticas que por razones técnicas, a principios de los años noventa. En su lugar, se aprobó una Ley de Hidrocarburos, que abría el espacio para que empresas petroleras extranjeras pudieran entrar al país a realizar exploración y, dado el caso, la explotación de hidrocarburos. El país fue dividido en cerca de 30 bloques de unos 2000 km2 cada uno, que se ofrecieron internacionalmente, para ser concesionados.
Para principios de la década pasada, el asunto culminó con la no aprobación de la viabilidad ambiental de una propuesta de perforación exploratoria en Moín, la amenaza de una demanda internacional por parte de la empresa petrolera y el desarrollo de una “moratoria tácita” por parte de la Administración Pacheco. Desde hace casi 12 años no se ha vuelto a realizar ninguna actividad formal de investigación sobre el potencial petrolero. Mientras tanto, el gran acervo de información compilado por RECOPE se deteriora con el paso de tiempo, sin que se le dé ninguna aplicación práctica, a pesar de su gran valor geológico.
Ante el hecho de que el país consume más de $ 2000 millones por año en factura petrolera, resulta paradójico que no haga esfuerzos concretos para profundizar en conocer su potencial petrolero, y dado el caso, aprovecharlo para disminuir al menos parcialmente esa factura. El problema que se presenta para que no lo haga tiene dos variantes. En primer lugar, la posición de las grupos ambientalistas que se oponen a esta actividad, por el potencial riesgo ambiental que implica y la falta de una normativa ambiental más rigurosa.
En segundo lugar, tiene que ver con la ley de hidrocarburos, dado que la exploración, en principio, la harían empresas petroleras que, en caso de encontrar petróleo, lo explotarían dando al país una regalía no mayor del 15 % de lo encontrado y vendiéndole al país al crudo a precio del mercado internacional. Mal negocio que considerando lo limitado de nuestro territorio y sumándolo a la preocupación ambiental, lleva a que se presente una fuerte oposición social al desarrollo de esta actividad.
Precisamente, esta encrucijada ha llevado a que, lejos de que se planteen soluciones concretas, se de una prórroga a la moratoria hasta el año 2021, algo que, como señalamos, resulta ilógico, dados los problemas actuales que en el campo energético tiene nuestro país.
Posible solución: una solución a la alternativa a la moratoria es que el país retome el proceso de exploración y eventual explotación por su cuenta. En un artículo previo del 2012 (ver www.allanastorga.com), el autor recomendó la estrategia a seguir: a) derogar la ley de hidrocarburos y paralelamente, b) crear el Servicio Geológico de Costa Rica, dándole como parte de sus funciones la tarea de poder realizar investigaciones geológicas en el ámbito del potencial petrolero del país. Adicionalmente: c) adicionar lineamientos de control ambiental más estrictos a la actividad.
Para ello deberá reprocesarse, con nuevas tecnologías de investigación, como la estratigrafía secuencial, la totalidad del acervo de información geológica hasta ahora acumulado, y la posibilidad de hacer alianzas estratégicas con entidades petroleras estatales, tal y como lo hizo RECOPE en la década de los ochenta.
La creación del Servicio Geológico de Costa Rica es una tarea pendiente que tiene nuestro país desde hace mucho tiempo. Es paradójico que se tenga una Escuela Centroamericana de Geología desde hace más de 40 años y que todavía no se tenga un Servicio Geológico formal. Servicio que no solo tendría tareas en el ámbito de potencial petrolero, sino también en temas relevantes tales como el cartografiado geológico para el ordenamiento territorial y la gestión preventiva del riesgo ante las amenazas naturales, entre otros.
La Escuela de Geología de la UCR, durante los últimos años, está graduando entre 10 y 15 nuevos geólogos por año. Geólogos que tienen la capacitación básica para asumir las tareas que se asignen al Servicio Geológico y que podrían iniciar un importante aporte para el desarrollo de nuestro país, incluyendo el campo de la exploración petrolera.
La actividad petrolera no es exclusiva de las empresas petroleras transnacionales privadas. La experiencia existente en el país y la posibilidad de alianzas estratégicas con empresas estatales latinoamericanas, que apliquen estrictas medidas ambientales, podría permitir avanzar en esa dirección, sin necesidad de seguir postergando decisiones que deben ser tomadas en el momento actual. Al respecto, la reciente experiencia de Ecuador en este tema, debería ser aleccionadora. Tienen la palabra nuestras autoridades de gobierno.