Fracaso de las políticas ambientales en CR, causas y consecuencias

La caída de Costa Rica del lugar 5º (2012) al 54º (2014) en el Índice de Desempeño Ambiental  (EPI, en inglés), es la comprobación más contundente de que lo hecho hasta ahora en materia ambiental ha sido más un maquillaje que acciones sólidas y concretas.

Hace poco se dio a conocer el resultado del último Índice de Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Yale de los Estados Unidos de América.  El EPI es un instrumento de gran utilidad para medir y clasificar el rendimiento ambiental de las políticas de un país.  El EPI utiliza indicadores orientados hacia resultados, por lo que sirve como elemento de evaluación y comparación.

Hasta ahora se han publicado 5 informes que se iniciaron en el año 2006. Toma en cuenta una serie de variables que se dividen en dos grandes ámbitos: salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas. Se incluyen temas tales como: salud humana, agua potable y saneamiento básico, calidad del aire, recursos hídricos, bosques, agricultura, pesca, biodiversidad y hábitats y clima y energía.

Desde su inicio, el EPI ha valorado la mayoría de los países del mundo (más de 160). La posición de Costa Rica ha sido la siguiente: 15 (2006), 5 (2008), 3 (2010), 5 (2012) y 54 en el 2014, registrando así un descenso estrepitoso, que representa claramente una importante señal de alerta roja sobre la gestión ambiental que se realiza en el país, pese a que el Ministro René Castro trate de minimizar su alcance.

Un elemento clave para entender esta situación tiene que ver con el hecho de que el EPI tiene un proceso de mejora respecto a sus indicadores y la información de base. De manera que es posible afirmar que conforme evolucione el EPI en calidad y cantidad de información, más realista es el resultado respecto a mostrar el verdadero desempeño ambiental que tiene un país.

Esta situación explica los resultados del país durante las primeras evaluaciones, cuando las variables asociadas a bosques y biodiversidad tenían un mayor peso relativo. No obstante, conforme se incorporan nuevos factores y mejor información, la realidad se devela con total crudeza y certeza, como en el caso de Costa Rica.

Causas. Tomando en cuenta los factores por los que nuestro país cae tan abruptamente, que se pueden observar en la dirección http://epi.yale.edu/epi/country-rankings y que han sido objeto de alguna discusión en la prensa, resulta importante centrarse en la discusión de las causas de esa caída. Ello, con el fin de ser autocríticos y diseñar estrategias para revertir esta grave situación.

Es muy claro que el resultado del EPI 2014 pone de manifiesto que las políticas ambientales aplicadas en nuestro país durante los últimos años (no solamente dos, sino al menos durante los últimos 10 años) han sido un rotundo fracaso. Algo que debería llamarnos a reflexionar muy en serio, sobre el “camino” de desarrollo que llevamos y sobre quiénes son los responsables de este vertiginoso descenso.

Partiendo de la premisa lógica de que una eficiente Política Ambiental se traduce en acciones efectivas y concretas, y analizando la gestión ambiental pública de las últimas dos administraciones de gobierno, queda claro que se ha hecho prácticamente todo lo contrario, de manera que el resultado de la evaluación no resulta una sorpresa.

Al respecto, resulta importante enumerar solamente algunos ejemplos de esta absoluta falta de eficiencia en materia de gestión ambiental pública:

Bosques y áreas protegidas: a pesar de que las cifras oficiales dicen que la cobertura boscosa ha aumentado, es claro que eso no es del todo cierto y que no es suficiente para decir que todo se ha hecho bien, como ha pretendido hacerlo creer durante años el MINAE. La áreas protegidas, por el contrario, se han debilitado, e incluso ha sido blanco de reducción y se les plantea como fuente para extracción de recursos naturales (geotermia para empezar).

Energía y carbono neutralidad: mientras nos comprometemos con el mundo a ser Carbono Neutrales en el 2021, seguimos impulsado un modelo energético dependiente de los hidrocarburos. Todavía el año pasado se planteaba la construcción de la refinería china en Limón, como parte de esta seria contradicción defendida  a capa y espada por la actual administración.

Pesca y riqueza marina: a pesar de que la extensión marina es 10 veces mayor que la continental y de tener un gran potencial, la falta de visión, planificación y eficiente administración, ha llevado a que flotas extranjeras sobreexploten esas riquezas y lleven al empobrecimiento de nuestros mares.

Calidad del aire y salud: la Gran Área Metropolitana (GAM), que abarca el 4 % del territorio y concentra a más de la mitad de la población del país, ha tenido un serio atraso en su ordenamiento y planificación urbana. La implementación del PRUGAM se ha atrasado por años a causa de la falta de visión de las autoridades y por la presión de grupos de interés, particularmente constructores e inmobiliarias. Desde el 2005 se comprobó que ese caos urbano se traduce en contaminación del aire y congestionamiento urbano, cuyo costo al valor actual es de ¡$ 2 millones diarios! Por su parte, el Proyecto TREM (Tren Eléctrico) se atrasó sin criterio.

Recursos hídricos y saneamiento: a pesar de la riqueza hídrica del país, el atraso en ordenamiento y planificación territorial ha llevado a que ese potencial se convierta en un obstáculo para el desarrollo sostenible del país. Por su parte, solo 3 % de las aguas residuales son tratadas, de manera que el resto termina contaminando los ríos y los acuíferos. Pese a esto, el modelo de repoblación urbana de San José se basa en permitir la construcción de grandes edificios sin plantas de tratamiento.

Plaguicidas y agricultura intensiva: el favorecimiento de ciertos sectores económicos, traducido en laxo control ambiental ha permitido una enorme expansión de los cultivos intensivos, como la piña, que además de los serios impactos ambientales producidos, requiere de un alto consumo de plaguicidas que al final se traduce en contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y daños a la salud de las comunidades aledañas a las plantaciones.

Gestión ambiental preventiva: durante los últimos 8 años, la SETENA, como autoridad de evaluación de impacto ambiental, ha estado intervenida políticamente. Las decisiones sobre viabilidad ambiental de proyectos han estado a la sombra de esa intervención, lo que la ha llevado a tomar decisiones contrarias a la protección ambiental. Crucitas y la Marina de Moín son solo dos de una larga lista de proyectos cuya viabilidad ambiental no se sustenta, necesariamente, en estrictos criterios técnicos. La Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y proyectos, no ha querido ser implementada, a pesar de la urgencia que se tiene de aplicaría como mecanismo para mejorar e impulsar la planificación del desarrollo sostenible. Gestión ambiental correctiva: la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) del MINAE, creada hace 10 años, no ha cumplido su objetivo primordial de control ambiental de actividades en operación. Prueba de ello es que a más de 18 años de haberse promulgado la Ley Orgánica del Ambiente, todavía sigue sin normarse el Transitorio II que tiene que ver con control y prevención de la contaminación.  Por su parte, el Tribunal Ambiental, lejos de ser fortalecido, ha sido debilitado hasta convertirse en un ente prácticamente paralizado por la carga de trabajo que ha acumulado: actualmente son tres los abogados que trabajan a tiempo completo, a cargo de más de 2800 expedientes.

Regulación ambiental: la mayoría de las normativas ambientales de la Ley Orgánica del Ambiente no se han emitido, a pesar de que se promulgó hace casi dos décadas. Y cuando se han generado, se han elaborado de forma parcial y pensando en la protección de intereses específicos. El reglamento de paisaje emitido en el 2010 es el mejor ejemplo de ello. La lista de casos y ejemplos puede ser extendida mucho más; empero con lo indicado se muestra que ese descenso en la calificación del EPI no es obra de la casualidad, sino que tiene un claro sustento en la ineficiencia de la administración ambiental que ha tenido el país.

Consecuencias: el pésimo resultado de Costa Rica en su desempeño ambiental tiene consecuencias muy serias, en particular, para un país que se expone en el exterior como de vanguardia en la protección del ambiente. Pero no solo se trata de imagen, sino también de resultados económicos, ya que el turismo, particularmente el ecoturismo, representa su principal fuente de ingresos.

Nuestro país ha estado viviendo de una renta obsoleta, al decir que tiene un cuarto de su territorio protegido, lo cual, para muchos, es suficiente para poder plantear que el “desarrollo” puede devastar el resto, con el objeto de producir ganancias altas y rápidas. Como hemos dicho ya, ese desarrollo es depredador del ambiente y tiene graves resultados como el que estamos viendo ahora.

Con lo señalado, resulta obvio que nuestro país no puede seguir por ese camino. Nos urge, ahora más que nunca, hacer cambios sustanciales y de fondo para, en primer lugar, detener esa estrepitosa caída y luego, poco a poco, revertir la tendencia. Para ello, la primera gran tarea que tenemos los costarricenses, aparte de tomar seria conciencia del problema, es poner en la administración ambiental del país a gente verdaderamente responsable y seria que pueda devolvernos el orgullo de ser un país que realmente protege la naturaleza.

No podemos darnos el lujo de más improvisaciones y ocurrencias como las que han caracterizado las últimas administraciones.

El impostergable cambio que requiere Costa Rica

En época electoral, cada cuatro años, los candidatos nos hablan de lo bueno que pueden hacer por mejorar nuestro país. Algunos, ahora, nos dicen que incluso, a pesar de que se han cometido errores, se pueden hacer cambios hacia una senda de desarrollo. Las promesas y los compromisos surgen como el rocío de la mañana y, al igual que ese rocío, se evaporan cuando se pregunta cómo se van a resolver esos problemas.

El tema ambiental, visto desde una perspectiva amplia, no escapa a ese devenir de promesas y compromisos que, a la larga, no se cumplen, y que cada cuatro años, para una mayoría cada vez más creciente, nos plantean cuestionamientos cada vez mas agobiantes ante los embates inclementes de la naturaleza, que seguimos ignorando a la hora de tomar decisiones.

Situación. Dado quelos problemas socioeconómicos son serios –traducidos en la casi urgente necesidad de subir los impuestos–, así como también el índice de pobreza, el desempleo, la educación, la inseguridad y la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otros,los temas ambientales quedan en un segundo plano. Casi ni se mencionan, pese a que el análisis de las propuestas de los candidatos sobre esa problemática podría darnos una mejor luz sobre su verdadero compromiso para con el país. De ahí que hacer un rápido repaso de su situación puede ayudarnos a escoger mejor nuestra alternativa de cambio.

El tema ambiental tiene la ventaja (aunque para algunos es una desventaja) de que sus indicadores y, en particular, su tendencia de cambio son un fiel reflejo de cuán bien (o mal) se han hecho las cosas. Aunque en el pasado los indicadores ambientales no eran relevantes para valorar el grado de avance de una sociedad y de un país, ahora, en pleno siglo XXI, ignorar esos datos es suicida, pues una economía que crece a costa de un sacrificio socioambiental vive una fantasía temporal que, al terminar, se revierte con un costo muy alto.

Por eso, en el caso de Costa Rica, y desde hace algunos años, se han encendido señales de alerta que todavía muchos parecen ignorar, sin reconocer con verdadero tino que los signos de los tiempos nos piden a gritos un cambio en nuestro modelo de desarrollo.

Los indicadores que nos recuerda cada año el Informe del Estado de la Nación son muy claros.Nuestro modelo de desarrollo económico se ha hecho depredador de la naturaleza. Mientras nuestra huella ecológica se hace cada vez más negativa, nuestros indicadores sociales nos dicen que, en el campo de la disminución de la pobreza, no progresamos. La brecha entre los más ricos y los más pobres cada vez se abre más, convirtiéndose en un abismo que, tarde o temprano, podría tragarse los avances sociales del pasado.

Aunque nos propusimos ser carbono-neutrales para el 2021, nuestro modelo de desarrollo energético “avanza” en otra dirección.Nuestra Gran Área Metropolitana (GAM), urgida de orden y planificación, retrocede cada vez más hacia el caos urbano, el desperdicio y la contaminación, cuyo costo ya alcanza los ¢1.000 millones por día.

Y, como si eso fuera poco, la condición de riesgo ante las amenazas naturales de nuestra población crece día a día por falta de un certero y efectivo ordenamiento y planificación territorial. Ello, pese a que Costa Rica y Centroamérica califican como la zona del planeta más vulnerable a la variabilidad y el cambio climáticos, algo que deberíamos tomarnos muy en serio.

Y todavía hay más: nuestras áreas silvestres protegidas se han debilitado, nuestros mares se han empobrecido por la pesca indiscriminada y nuestra biodiversidad corre el grave riesgo de disminuirse por la falta de una efectiva política de protección ambiental. Además, nuestra enorme riqueza hídrica, particularmente subterránea, también está en peligro de convertirse, por nuestras propias decisiones (o falta de ellas), en nuestra principal traba al desarrollo.

Alternativas. En medio de esta situación que muchos prefieren ignorar para concentrarse en temas como los impuestos, la pobreza, el desempleo, la corrupción y la CCSS, las alternativas que se plantean son relativamente pocas y limitadas. Pocos nos plantean soluciones concretas y efectivas. Lo que sí debemos tener claro es que el país necesita un cambio para mejorar. Un cambio urgente y bien sustentado.

Seguir pensando que podemos alargar aún más el modelo de desarrollo desordenado y desequilibrado que hemos impulsado durante las últimas décadas,es seguir en lo mismo y significa no tener clara nuestra situación real.

Pensar que el mercado nos resolverá los grandes problemas de sostenibilidad ambiental tampoco es una alternativa correcta, en la medida en que representa profundizar todavía más las desacertadas decisiones que se han tomado en los últimos años. Crucitas, expansión piñera desenfrenada, desarrollo costero descontrolado y exploración petrolera son algunas de las aristas más visibles de una pésima lectura de la apertura a la inversión extranjera en el país, al creer que toda inversión es buena en sí misma, sin discernir claramente la que es deseable y la que no lo es.

El camino del cambio debe ser inclusivo en la medida en que debe tomar en cuenta a toda la sociedad, y no solamente a unos cuantos sectores, al momento de tomar decisiones estratégicas para el país.

Las soluciones para los problemas de Costa Rica, no solo las ambientales, sino todas en general, deben partir de un proceso de discusión abierta y de toma de decisiones estratégicas, fundamentado en tres principios fundamentales: transparencia, información y participación. Solo así, nuestro país podría enrumbarse hacia la corrección de sus errores y definir un norte claro hacia donde avanzar, según un esquema propio, no importado, sino nacional y autóctono. Como hemos dicho ya, nuestra sociedad está lista para ello desde hace tiempo. La inversión en educación y salud que permitió la abolición del ejército no debe ser ignorada o subestimada.

Decisión. Lo que también es fundamental para los ciudadanos en esta coyuntura política es que debemos ser parte de la solución analizando las alternativas y participando en las elecciones.

Es nuestra obligación como ciudadanos y debemos escoger la alternativa que más seguridades nos ofrezca respecto a un verdadero cambio para avanzar como país. Las alternativas están abiertas y la decisión es nuestra.

El ambiente en el debate electoral: Preguntas sin responder

Como parte del proceso electoral y dado que el tema ambiental ha quedado relegado en los debates y foros realizados con los candidatos, se hace necesario plantear a los ciudadanos algunas preguntas clave en el tema ambiental, a fin de que consideren si existe o no  respuesta de esos candidatos ante las mismas. Aunque el ambiental parece ser secundario ante temas como los impuestos, la reducción del desempleo, la corrupción, la reducción de la pobreza, la CCSS y la mejora de la infraestructura, la verdad es que el tema ambiental es un eje transversal que de alguna u otra manera también se vincula a ellos.

He aquí algunas de las preguntas principales y su fundamento:

Planificación: A sabiendas de que la planificación en nuestro país se hace a muy corto plazo, dentro de los ciclos políticos de 4 años, lo que se traduce más bien en desplanificación y consecuentemente, en atraso y retroceso al desarrollo, ¿cuál es la propuesta concreta que se hace para corregir esta situación? ¿Cómo se puede  resolver de manera clara y acertada el que el país decida y planifique su modelo de desarrollo, con una visión social amplia, para un periodo de mediano y largo plazo?

El desastre ambiental de la GAM con sus consecuencias sobre nuestra calidad de vida, sobre la destrucción de la infraestructura vial y el costo del sistema de salud en atender sus efectos es muestra de lo oneroso que resulta la ausencia total de planificación.

Energía: Conociendo que el país necesita consolidar un certero plan nacional de energía, enmarcado en la meta de carbono neutralidad y la disminución de la dependencia a los hidrocarburos, ¿cuál sería la forma en que se plantea el modelo de decisiones estratégicas para elaborar dicho plan de desarrollo? ¿Cuáles serían los principios que rigen esa toma de decisiones y de qué manera se proyecta ese desarrollo para el bienestar de toda la sociedad y no solo de un sector económico particular? ¿Está de acuerdo con seguir el modelo de dependencia de los hidrocarburos, de continuar con una nueva refinería, sin solucionar a fondo los grandes problemas de transporte que tiene nuestro país? ¿Debe abrir el país a la explotación de otro hidrocarburo como el gas natural?

Ordenamiento territorial: En el entendido de que un país no puede pretender ser desarrollado, sin contar con un eficiente y efectivo ordenamiento y planificación territorial, cuáles son las acciones concretas que se plantean para resolver el gran atraso que tiene el país en este tema? ¿Considera que es necesario crear una nueva entidad que se encargue integralmente del asunto? ¿Estaría de acuerdo en transformar el IFAM en un ente moderno que se encargara del ordenamiento y planificación territorial del país, que viniera a sustituir lo que en esa materia no ha hecho, por más de 40 años, el INVU?

Gestión del riesgo: La información disponible nos dice que solo enla GAM, cerca el 25 % de la población vive en condiciones de alto y muy alto riesgo a diversos tipos de amenazas naturales; por otro lado, también se nos dice que nuestro país, como el resto de Centroamérica, es la región del mundo más vulnerable a las amenazas naturales intensificadas por la variabilidad climática y el cambio climático.

Sabiendo esto y que el costo en % del PIB por desastres nos hunde en la pobreza y el subdesarrollo, ¿cuáles serían las acciones concretas y específicas que se emprenderían para revertir esta situación y llevar al país hacia una gestión preventiva del riesgo y estar mejor preparado para los desastres?

Protección del mar:  Sabiendo que el futuro de la humanidad está en el cuidado de los mares, y que el 90 % del  espacio geográfico del país está en el mar que hasta ahora ha sido prácticamente ignorado y expoliado de sus riquezas biológicas marinas, ¿qué acciones específicas y concretas (sin que sean mero maquillaje como un viceministerio de aguas y mares sin estructura operativa) se tomarían para cambiar esta situación y que hagan que la riqueza de nuestros mares fortalezca realmente el desarrollo social y ambiental del país?

SETENA y EIA:  Ante el fracaso sostenido que han tenido las últimas dos administraciones de gobierno respecto al control político de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y del instrumento de evaluación de impacto ambiental (EIA), que lejos de ayudar a favorecer el desarrollo sostenible del país, han favorecido el crecimiento de la inseguridad jurídica y su falta de competitividad, fomentando el subdesarrollo y atraso del país, ¿qué medidas concretas plantea para resolver de raíz esa situación para que la EIA se utilice de forma eficiente para dar verdadera y sólida sostenibilidad ambiental al desarrollo del país? ¿Qué se piensa hacer con un Tribunal Administrativo Ambiental convertido en un hazmerreír de tribunal, con una nómina de 10 abogados que pasó a 4 en esta administración, evidencia de la política de desmantelamiento de todos los órganos de fiscalización ordenada por el Gobierno?

Biodiversidad y turismo:  Conociendo que el sistema de áreas silvestres protegidas del país se ha estado debilitando de forma sostenida durante los últimos años y de que es la biodiversidad y el ecoturismo, la principal fuente de ingresos que tiene el país, ¿cuáles serían las acciones específicas que se tomarían para cambiar el panorama de deterioro actual y revertirlo para que Costa Rica recupere el lugar privilegiado en el mundo, como el país más avanzado en la protección de la biodiversidad y del desarrollo sostenible?

Exploración petrolera:  Con el fin de la falsa moratoria petrolera decretada en esta administración, se abre la interrogante de qué hacer; ¿está de acuerdo en abrir la exploración petrolera para que empresas transnacionales busquen hidrocarburos en el país, o por el contrario favorece que sea una tarea realizada por las instituciones nacionales, liderada por un Servicio Geológico Nacional, cuya creación urge para resolver muchos de las grandes tareas que en materia de geología tiene nuestro país?

Monocultivos y transgénicos:  en momentos en que el mundo busca alternativas al uso intensivo e insostenible de los suelos, nos hemos convertido en el consumidor más alto de pesticidas y agroquímicos en el mundo por hectárea (varios de ellos incluso prohibidos como el Paraquat), con un sector piñero depredador que campea en zonas de alta vulnerabilidad desde el 2007, y que se expande año tras año  con la venia de la SETENA ¿estaría dispuesto un gobierno a prohibir la importación de sustancias altamente tóxicas prohibidas en muchos países, exigir a las piñeras una EIA como manda la Ley Orgánica del Ambiente de 1995, y decretar una moratoria a  la expansión piñera?

Agua y sociedad: La ley de aguas actual es del año 1942 y durante los últimos 10 años ha habido diversos intentos de modernizarla, pero sin que se concrete, aunado a esto, el tema de la Matriz de SENARA y la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos se ha convertido en una auténtica bomba de tiempo para el desarrollo del país; así mismo, el caótico desarrollo urbano nos lleva a perder cada vez más las fuentes de agua, que de por sí, están en peligro por la variabilidad climática y el cambio climático;  ¿cuáles entonces son las acciones concretas que deben emprenderse para resolver esta grave situación y que logre un verdadero equilibrio en el uso y la protección sostenible del agua?

Sostenibilidad del desarrollo: Los indicadores ambientales y de desarrollo dan resultados muy preocupantes, en la medida en que el desarrollo económico que no se traduce en disminución de la pobreza y del desempleo, y sí se transforma en una mayor huella ecológica negativa, con lo que llegamos a la conclusión de que urge hacer cambios sustanciales para revertir esa situación; ¿qué medidas se plantean para hacer ese cambio y que realmente signifiquen compromisos concretos de las autoridades y la sociedad, a fin de no dañar aún más el ambiente y los recursos naturales de las futuras generaciones?

No podemos decir que estas son todas las preguntas, es muy probable que falten más. No obstante, la respuesta que de ellas hagan los candidatos, y la forma en que especifiquen el CÓMO resolver dichas interrogantes, deberían llevarnos a meditar sobre su grado de seriedad, conocimiento y en particular, de compromiso para con la solución de los problemas que enfrenta nuestra sociedad en el tiempo actual.

Respuestas genéricas y evasivas, al mejor estilo de  las últimas autoridades "ambientales" de nuestro país desde el año 2006, solo significarán que se conoce poco del asunto y que no se tiene disposición de asumir compromisos concretos que es lo que se hoy ocupamos para enrumbar a nuestro país en la dirección correcta en materia ambiental.

Megaproyecto de APM Terminals: Interrogantes ambientales y alternativas de solución

Problemas ambientales: primero, debo explicar que en el 2012 fungí como testigo perito de la empresa holandesa, en el juicio en el que se cuestionaba la “viabilidad ambiental potencial” dada por la SETENA al Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín presentado por Japdeva. Por: Allan Astorga Gättgens.

La Terminal de Contenedores de Moín (TCM) es un megaproyecto portuario de aproximadamente $1000 millones de inversión, dada en concesión (30 años) por el gobierno de Costa Rica a una empresa holandesa (licitación con un solo oferente, lo cual es un aspecto de cierto cuidado para el Estado Costarricense). Se pretende construir una isla artificial (como la Sabana), en el sector oeste de la Bahía de Moín. Pese a que hay un contrato firmado, el único compromiso pendiente por parte de la empresa concesionaria es demostrar que dicho megaproyecto es ambientalmente viable, algo que, desafortunadamente para muchos especialistas, tiene serios cuestionamientos.

Problemas ambientales: primero, debo explicar que en el 2012 fungí como testigo perito de la empresa holandesa, en el juicio en el que se cuestionaba la “viabilidad ambiental potencial” dada por la SETENA al Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín presentado por Japdeva. En ese caso expliqué lo que significaba dicha viabilidad potencial al plan, y subrayé la relevancia de que eso no implicaba que el megaproyecto se pudiera construir, sino que su compromiso era realizar un detallado y completo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que demostrara su viabilidad.

En otros artículos he insistido también en la necesidad de hacer una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) al Plan de desarrollo portuario Limón – Moín, hasta el punto de que colaboré con el Estado (ad honoren y por responsabilidad profesional) en la preparación de los términos de referencia para su realización. Algo que, después de años, sigue sin realizarse, lo cual es sumamente frustrante: el país sigue creándose problemas teniendo herramientas técnicas para evitárselos.

Precisamente por esa responsabilidad profesional me di a la tarea de revisar con sumo cuidado y detalle el extenso EsIA presentado por la empresa y elaborado por el Centro Científico Tropical. Es un documento de 1200 páginas y una gran cantidad de anexos técnicos. Como producto de esa revisión llegué a la conclusión de que el EsIA no logra demostrar la viabilidad ambiental del megaproyecto. Por el contrario, a pesar de ciertas limitaciones que tiene el Estudio, deja en evidencia que su eventual aprobación, con el diseño que tiene, significaría grandes daños ambientales a la costa caribeña de gran parte de la provincia de Limón, haciendo que los beneficios del megaproyecto sean mucho menores que el costo ambiental de los daños que podría producir.

Los impactos ambientales negativos que se producirían son muchos, pero hay unos que son críticos y que hacen que el balance costo beneficio ambiental del megaproyecto tenga un cotejo claramente negativo. Algunos de esos grandes impactos incluyen: a) el dragado de más de 10 millones de m3 de lodos marinos que serían desechados en el mar, frente a Limón, y que provocarían una cadena de impactos ambientales negativos, como el arrastre del sedimento hacia la costa caribeña sur (Cahuita, Manzanillo y Gandoca, con posibilidad incluso de llegar hasta Bocas del Toro en Panamá, causando un daño transfronterizo); b) ese impacto tiene el agravante de que, solo para la primera etapa del megaproyecto, perduraría por 3 años, con lo cual se afectarían durante un largo tiempo los ya impactados arrecifes coralinos de la costa del Caribe al Sur de Limón, la pesca y también las actividades turísticas de la zona que dependen de la buena salud de estos arrecifes; c) desarrollo de 11 tajos submarinos para extraer más 5 millones de m3 de arena para rellenar la isla artificial, que además de los impactos en los ecosistemas marinos provocará: d) afectación del equilibrio ambiental de la costa Caribe Norte, particularmente de las áreas de Tortuguero y de los sitios de anidación de tortugas; e) afectación por procesos erosivos de varios kilómetros de la costa de Moín, con afectación de los ecosistemas marinos y f) afectación en el río Moín y los humedales que lo colindan, entre otros.

El mayor problema con estos impactos es que se darían durante mucho tiempo para cada una de las fases del proyecto, por lo que muchos de ellos, por su duración y magnitud, tendrían que ser calificados como daños ambientales irreversibles. Esta situación de deterioro ambiental que se daría en la costa Caribeña debe balancearse respecto a la apertura de menos de 500 plazas de trabajo que ofrece el megaproyecto.

Esta situación llevó al autor, junto con el abogado Alvaro Sagot y el geógrafo Mauricio Álvarez, a presentar ante la SETENA (el 03.09.2013), una Petitoria de No Otorgamiento de Viabilidad Ambiental. En ese documento aclaramos que no se trata de estar en contra del desarrollo socioeconómico de Limón y de la infraestructura portuaria del país. Todo lo contrario. Pero dicho desarrollo no debe significar un sacrificio ambiental tan grande para Limón y para el país, e incluso más allá de las fronteras, hacia Panamá.

Consecuencias: el asunto es sumamente delicado, pues mientras la viabilidad ambiental (VA) no se otorgue, nuestro país no tiene responsabilidad, no obstante, al momento en que dicha VA se apruebe, el contrato de concesión ya firmado se revierte, y hace que el país asuma casi toda la responsabilidad en el caso de que el megaproyecto no pudiera ejecutarse por alguna causa ambiental.

Así, nuevamente el país se expone a una demanda, como en el caso de Crucitas o de OAS (carretera a San Ramón), solo por mencionar las dos más recientes y llamativas. La conducta de nuestras autoridades en relación a la refinería china se puede añadir a esta larga lista de infortunios.

Ante esto, es claro que la decisión sobre la VA del megaproyecto, y los daños y sacrificios ambientales que significa, requiere ser revisada con sumo cuidado y de la manera más transparente y abierta, y no solo por un ente técnico de la SETENA o un grupo de entidades escogidas “a dedo” para que revisen el EsIA, algunas de las cuales con solo limitarse a señalar “que cumple con los términos de referencia de la SETENA”, como hizo la UNA, lo cual no es suficiente.

Alternativas de solución: al analizar con detalle el megaproyecto y sus consecuencias ambientales, es claro que el diseño original del mismo, respecto a su ubicación, contiene un grave error. No se contempló la imponderable de que el sitio seleccionado no parece ser apto para la ubicación de la megaestructura, lo cual hace que sus efectos ambientales adquieran grandes dimensiones. Si un fondo marino no es rocoso, sino lodoso, no hay estudio técnico que valga, y todo se resume a una cuestión de sentido común del que parecen adolecer nuestras autoridades ambientales desde hace ya varios años.

No obstante, hay vías de solución, que incluso pueden aprovechar gran parte de los estudios técnicos hechos hasta ahora para plantear un diseño diferente, que cambie de ubicación el muelle artificial y lo localice sobre un sustrato más duro. Es decir, como una prolongación de los muelles actuales. En este caso, se limitaría mucho el aporte de sedimento y el megaproyecto podría “sembrar” arrecifes como medida compensatoria. Inclusive, la alternativa debería llevar a que el megapuerto sea desarrollado de forma conjunta entre el Estado y la empresa, de manera que se eviten las confrontaciones que se han dado hasta ahora, que lejos de incluir, han sido excluyentes. La posibilidad de entrar a discutir el rediseño del megaproyecto debería emparejarse con la realización de la EAE del Plan de Desarrollo Portuario de Limón – Moín, de manera que la sociedad debidamente representada sea protagonista de las decisiones estratégicas, incluyendo las ambientales. Solo así podremos hacer avanzar y progresar a Limón y al país.

Una y otra vez nuestras autoridades se están convirtiendo en hacedoras de problemas en vez de solucionarlos con las herramientas técnicas que tienen a su disposición. Tienen la palabra. *Geólogo, exsecretario general de la SETENA.

Son 75 años de minería y poco de geología

En el transcurso del presente mes de julio la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) conmemoró su aniversario 75. Ante el tema planteado: “Proyectando a los desafíos de Costa Rica”, y el hecho de que el suscrito ha sido crítico de las decisiones históricas tomadas en materia de minería y geología, se hace necesario hacer un comentario con el ánimo de aportar de forma constructiva a la mejora y corrección de camino hasta ahora seguido.

En el comunicado de la DGM, denominado “Geología Al día”, y que en honor a la verdad debería llamarse “Minería al día”, se hace un repaso de los logros alcanzados durante esas más de siete décadas de trabajo.

Llama la atención el hecho de que en su gran mayoría esos logros o avances se refieren principalmente a productos alcanzados en el campo de minería, especialmente de la minería metálica. Cosa que no debe extrañar, pues en gran parte del siglo XX, en la mayoría de los países del “tercer mundo”, la geología que se hacía se fundamentaba esencialmente en la exploración (y dado el caso, explotación) de los recursos mineros y petroleros.

Esas labores se realizaban primordialmente por empresas mineras y petroleras transnacionales provenientes de países del “primer mundo”, que se apoyaban en oficinas mineras y petroleras (más que geológicas) nacionales.

La meta de ello era clara, la identificación de yacimientos comercialmente explotables, para que fueran explotados para el beneficio de esas empresas extranjeras.

La DGM, desafortunadamente, no escapa a esa historia. Dentro de ese ámbito surgió y se desarrolló.

Por eso, a criterio del autor, su nombre correcto debió ser Dirección de Minería, y no tanto de Geología. Y es que no se trata de un asunto de mera semántica, sino de aplicación práctica y en qué se gastaban y se gastan los recursos de esa entidad.

Como se ha señalado previamente, la oportunidad histórica de un cambio positivo para el país se dio en el año 1982, cuando la Asamblea Legislativa aprobó el denominado Código de Minería.

Con la promulgación de ese Código, como sucedió en otros países de América Latina y otros lugares del “mundo subdesarrollado”, se consolidaron los intereses de las grandes mineras transnacionales (cabe señalar que en muchos casos fueron las que redactaron las propuestas de esas leyes mineras), en el sentido de que se crearan oficinas nacionales que promovieran y estimularan la actividad minera, algo que deja muy bien plasmado nuestro Código de Minería.

La historia va desde el año 1982 hasta el año 2010 y 2011, en que se dan dos eventos históricos en nuestro país: a) la promulgación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y b) la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo anulando todo lo actuado sobre el proyecto en Crucitas; es una “tragihistoria” minera (Codesa, Macacona, Minasa, Beta Vargas, Bellavista, Crucitas, etc.), con muy pocos resultados en materia geológica (durante todo ese tiempo la DGM no oficializó un solo mapa geológico para el país). De allí la franca autocrítica.

El error histórico cometido en el año 1982 fue que en vez de crearse una Dirección de Minería, debió promulgarse la conformación de un Servicio Geológico Nacional, con funciones muy específicas en el campo de la cartografía geológica del país (multiescala), la investigación en el campo hidrogeológico (en vez del SENARA), la gestión preventiva del riesgo, la aportación de información clave para planificación urbana y el ordenamiento territorial, y la investigación nacional de los georecursos estratégicos para su aprovechamiento nacional y sostenible, en particular, la posibilidad de gas natural (hoy muy en boga en razón de ser una alternativa útil y menos impactante que los derivados del petróleo).

Posibilidad de enmienda. A pesar de esa pérdida de tiempo estratégico para el país, de casi 30 años, todavía hay posibilidad de enmendar el asunto, y por eso, el tema del aniversario 75 de la DGM, sobre los nuevos desafíos, debería concentrarse de manera prioritaria en corregir ese yerro histórico y luchar por la creación, vía legal, del Servicio Geológico Nacional.

Como hemos propuesto, en la misma ley en que se derogue la Ley de Hidrocarburos se debería crear dicho Servicio, y aglomerar en esa entidad técnica, con independencia política, entes como la DGM y la misma Dirección de Investigación de Recursos Hídricos del SENARA, muy en auge ahora que empiezan a criticarla con intenciones de acallarla, trasladándola a una “super Dirección de Agua” (subordinada al MINAE) a crearse por la controversial y poco discutida nueva ley de recursos hídricos, que está en agenda en la Asamblea Legislativa.

Un país como Costa Rica, donde la geología, y no la minería (metálica), juega un papel clave para su desarrollo, requiere de serias y profundas transformaciones. No se requieren parches, ni tampoco maquillaje que haga parecer que se avanza, cuando en realidad se pone en evidencia que los errores históricos cometidos, en vez de corregirse, se siguen consolidando y repitiendo.

Es hora de hacer cambios verdaderamente atinados que generen réditos útiles y prácticos a la sociedad costarricense y a su futuro.