Refinería: serias dudas ambientales

Como complemento a la larga serie de dudas técnicas y económicas planteadas por diversos profesionales a la propuesta de la nueva refinería en Limón, también se presentan importantes dudas ambientales, las cuales consideramos razonables, y que requieren ser consideradas como parte de la decisión. Remediación ambiental: un elemento que resulta clave en este asunto y que puede tener serias repercusiones en el costo final de la nueva refinería tiene que ver con el tema de la remediación ambiental. Ello, debido al hecho de que la nueva refinería se desarrollaría sobre y a lado de la antigua refinería, que tiene más de 50 años y que nunca realizó ningún estudio de impacto ambiental.

Hace poco tiempo se identificó contaminación del suelo y del agua subterránea bajo un tanque de almacenamiento, lo que obligó a realizar costosas labores de remediación. La pregunta es: ¿cuál es el estado ambiental del resto de la refinería y de sus diferentes componentes? ¿Qué seguridades tenemos para los acuíferos de la zona?

El desarrollo de una nueva refinería que aplicaría altos estándares ambientales (según nos afirma RECOPE) debería, como mínimo, implicar un saneamiento y remediación ambiental de toda el área del proyecto, cuyo costo no parece haberse incluido y que, dadas las dimensiones del mismo y la fragilidad ambiental del terreno en Moín, podría ser muy alto. Este aspecto debe ser incluido con total transparencia y ser considerado como parte del desarrollo de la nueva refinería, ya que de lo contrario podría ser objeto de desagradables sorpresas en el futuro.

Análisis integral: según afirma RECOPE, el proyecto realizó el trámite ambiental desde el año 2007 y durante los últimos años se han venido haciendo “agregados” a la propuesta original.

Esto significa que la evaluación ambiental de la nueva refinería se ha dado de forma segmentada y no integral, como realmente se requiere a fin de tener una idea clara de lo que se pretende desarrollar y su alcance ambiental.

Ese aspecto, que simula mucho lo que sucedió con la Mina en Crucitas, llena de dudas el proceso de evaluación de impacto ambiental realizado, y lleva a la conclusión de que requiere ser revisado detalladamente. No solo por una “comisión académica” de dos universidades públicas como lo son la UNA y el ITCR (no queda claro por qué se excluyen las otras universidades estatales, como la UCR), sino por cualquier ciudadano, organización y entidad interesados.

Vulnerabilidad ambiental: no basta que se diga que se van a cumplir estrictas medidas ambientales durante la construcción y la operación, cuando se sabe que a nivel nacional hay muy poca capacidad de control y fiscalización.

Más bien la SETENA, que sería el ente responsable del control ambiental, está intervenida desde hace meses, precisamente por su incapacidad de ejercer un efectivo control a cerca de 30.000 expedientes ambientales que ha tramitado de proyectos de mucho menos impacto ambiental.

Por otra parte, desafortunadamente el socio de aventuras de Recope, la empresa petrolera china, y el país China, como un todo, no son reconocidos en el mundo como grandes gestores ambientales, todo lo contrario, hoy China es el que más contribuye a la contaminación ambiental en el mundo. Un informe oficial reciente sobre contaminación de suelos ha sido incluso vetado por las mismas autoridades a la hora de dar a conocer los resultados, a manera de no entorpecer su imagen en el exterior.

Es claro entonces que esta combinación no parece dejar nada positivo respecto a cuál sería la condición ambiental de la nueva refinería.

Se debe recalcar que si realmente se integran los costos de la remediación ambiental y del estricto control ambiental del proyecto, dentro de la ecuación de equilibrio financiero de este, es altamente probable que se altere su sostenibilidad económica, de allí que existe el peligro de que estos costos ambientales sean sacrificados, a fin de que los números cuadren. Algo que en un tema de un proyecto de alto riesgo ambiental, en una zona de alta fragilidad ambiental como la zona de Limón, puede resultar contraproducente, en particular, porque esta zona ya presenta desarrollos de otros proyectos y megaproyectos.

Interés oculto: no se tiene claro cuál sería la vida útil de la Refinería desde la perspectiva de las reservas mundiales de petróleo. ¿Serían 15, 20, 25 años? O hay que preguntarse si detrás de la Refinería está el oculto interés de que en Costa Rica se realicen actividades de exploración y eventual explotación de hidrocarburos?

Recordemos que la Ley de Hidrocarburos todavía está vigente y que la mal llamada "moratoria" petrolera emitida por René Castro finaliza el otro año.

Pocos beneficios ambientales: los beneficios ambientales netos, que según RECOPE, tendría la nueva refinería, no son para nada claros. Por un lado, compara el tema de emisiones y desechos que se producirían entre la nueva refinería y la refinería actual, con lo que pone en evidencia el hecho de que la refinería actual ha sido una seria fuente de contaminación ambiental, por muchos años, y que deberíamos agradecer que ha estado funcionando solo parcialmente durante mucho tiempo.

Por otro lado, se dice que con la nueva refinería se reducirían las emisiones, y que los combustibles que se producirían tendrían menos azufre, cumpliendo estándares ambientales de países del primer mundo. No obstante, resulta que esa es la misma calidad de combustibles que ya se están importando y que el consumidor en Costa Rica está pagando. De manera que el efecto ambiental neto no parece que sea muy significativo.

Contradicción: la propuesta de una Refinería contradice seriamente la intención mostrada por el país de ser Carbono Neutral en el año 2021. Con ese objetivo, la estrategia ambiental del país debe ser la reducción de su factura petrolera, buscando alternativas diferentes para el transporte, que es el que hace que tengamos mayor dependencia de los hidrocarburos.

Aunque no es un proceso rápido, urge desarrollar una estrategia nacional encaminada a disminuir el uso del diesel convencional por otras alternativas, como por ejemplo el biodiesel u otras tecnologías similares. Bajo esta perspectiva, es claro que ambas líneas de acción resultan altamente contradictorias y develan una seria debilidad en la ya cuestionada estrategia energética de nuestro país.

Pueden mencionarse más argumentos ambientales, pero con los indicados aquí queda claro que debe hacerse una profunda y detallada revisión de la propuesta. Los profesionales de la UCR esperamos ansiosos que RECOPE nos explique por qué la UCR fue excluida de la revisión del estudio de impacto ambiental que sí realizarán otras universidades públicas: desearíamos si no es mucho pedir conocer los términos de referencia de semejante "validación expresa" solicitada a la UNA y al ITCR.

Decisiones estratégicas y participación social

La decisión estratégica de escindir los parques nacionales para la producción de energía geotérmica, entre otras decisiones clave para nuestra sociedad como la reciente experiencia de la concesión de la vía a San Ramón, hace necesario recalcar la utilidad que tiene la realización de la denominada evaluación ambiental estratégica (EAE) como instrumento de participación social.

EAE: su objetivo es abrir el espacio para que la sociedad, debidamente representada, opine y participe, de forma previa, en la toma de la decisión. Algo que resulta fundamental para avanzar como país democrático.

Es una variante de la evaluación de impacto ambiental (EIA) que se aplica a decisiones estratégicas, particularmente a políticas, planes y programas. Fue establecida desde el año 2004 en el Reglamento General de Evaluación de impacto Ambiental. No obstante, el procedimiento específico para su aplicación está pendiente de ser reglamentado.

Bien aplicada, la EAE representa un mecanismo muy eficaz para agilizar y simplificar, con verdadero criterio técnico, los trámites de viabilidad ambiental de los proyectos específicos. Algo de gran utilidad cuando se desea incrementar la competitividad del país, agilizando trámites.

La diferencia sustancial entre la EAE y la EIA es que esta última es más detallada y se enfoca en particularidades específicas del proyecto, incluyendo e influyendo directamente en su diseño.

La EAE es de un ámbito más estratégico, vinculado a la decisión estratégica que se desea tomar sobre una política, un plan o un programa de desarrollo, discutiendo temas como: alternativas más viables, sus consecuencias ambientales (y sociales), la consistencia con otras acciones estratégicas similares y los condicionamientos y salvaguardas requeridos.

Utilidad: a través de la EAE, la sociedad deja de ser un ente pasivo y espectador de las decisiones que toman las autoridades políticas de turno.

La sociedad, representada por diferentes sectores, participa activamente, aportando criterio y enriqueciendo la toma de decisiones.

Costa Rica, como consecuencia de su inversión en educación y salud, está preparada desde hace tiempo para aplicar la EAE como un mecanismo de impulso a su desarrollo sostenible. Pese a esto, algunos políticos consideran que es un peligro abrir esos espacios de decisión a la participación organizada de la sociedad, cuando, en realidad, no visualizan que es la mejor alternativa para salir adelante del atascadero que ciertas decisiones arbitrarias han generado al país.

A diferencia de los referendos, donde al final hay un grupo perdedor y otro ganador, con lo cual se acrecienta la polarización, con la EAE se llega a soluciones más intermedias que, a la postre, permiten el destrabamiento y el desarrollo de la sociedad.

Las autoridades políticas deben entender que, en una gran medida, lo que ellos llaman ingobernabilidad surge, precisamente, por la manera arbitraria en que se toman las decisiones estratégicas, dirigidas, más bien, a cumplir objetivos sectoriales específicos, más que al beneficio de la colectividad, en razón de lo cual se genera desconfianza en esas decisiones y su judicialización, que, a la postre, es lo que entraba el desarrollo.

Agenda de EAE: hay una serie de decisiones estratégicas que deberían ser objeto de una EAE. La explotación geotérmica de los parques nacionales, englobada como parte del Plan Nacional de Energía, es un ejemplo evidente y concreto.

La decisión de abrir los parques nacionales, sustituyendo sus territorios, para la explotación de recursos naturales, no es un tema que debería ser decidido sin una amplia discusión socialmente abierta y ordenada por medio de una EAE.

Existen otros temas sujetos a una EAE, como, por ejemplo, el entrabado Plan de Ordenamiento Territorial de la GAM. Además: el Plan Nacional de Desarrollo Turístico, así como el modelo de desarrollo de la región sur del país, en la perspectiva del Megaproyecto Diquís y el aeropuerto internacional de Osa. El desarrollo portuario y la refinería en Limón, así como Plan Nacional de Infraestructura Vial, también debería ser objeto de una EAE.

Esos son algunos de los elementos que esperan que se tomen decisiones estratégicas, en aplicación de tres principios fundamentales de participación, información y transparencia.

Para aquellos que objeten que este proceso atrasa el desarrollo, los invito a observar la experiencia de países más avanzados y con experiencia en el tema, pues una vez tomada la decisión estratégica, la ejecutan y desarrollan dentro de un marco ordenado, menos cuestionado y entrabado técnica y jurídicamente.

En el marco de la apertura al diálogo señalado por la Presidencia de la República, representaría un importante avance normar la EAE e iniciar su aplicación en algunos temas clave.

Solo así podremos avanzar como país.

Vulnerabilidad hídrica y gestión ambiental del Estado

Como ya se ha mencionado previamente (vea www.allanastorga.com ), nuestro país es un territorio bendecido en materia de riqueza de recursos hídricos. En particular, es un territorio rico en aguas subterráneas. Hemos estimado que aproximadamente el 76 % del país presenta acuíferos subterráneos, lo que implica una reserva potencial de aproximadamente 20.000 metros cúbicos de agua subterránea por habitante. Empero, eso no significa que dicha riqueza se distribuya de forma similar en todo el país y que se vaya a mantener para siempre pues es claro que las reservas de agua subterránea también son vulnerables a la variabilidad climática y los impactos ambientales generados por una ineficiente planificación territorial.

Asimismo, se debe tener claro que una cosa es la disposición y otra es su administración, que precisamente es el tema en el que estamos fallando de forma impresionante. Para ser más exactos, incluso, una cosa es la bendición con la que la naturaleza nos ha deparado tanta agua, otra lo que pareciera ser la imprecación de tener decisores políticos con una visión tan limitada sobre este tema fundamental para el desarrollo de cualquier país.

Indicadores. El caso de la Gran Área Metropolitana (GAM) es la mejor muestra de que la administración de los recursos hídricos están fallando. Veamos algunos elementos indicadores.

En primer lugar, a pesar de saberse desde hace mucho que las áreas de recarga de sus estratégicos acuíferos (Barva, Colima Inferior y Colima Superior) que suministran hasta el 70 % del agua de la GAM, se localizan en la cordillera Volcánica Central, en particular del volcán Barva, resulta que seguimos urbanizándolas, provocando con ello la pérdida de bosques y cobertura vegetal que favorecen la infiltración y la sustituimos con construcciones que impermeabilizan los terrenos, debilitando los acuíferos y secando, poco a poco, los manantiales y nacientes que fluyen de estos. Esto a pesar de que el Plan GAM de 1982, modificado en 1997, establece este territorio como una “Zona Especial de Protección”. Entonces, ¿por qué seguimos urbanizándola?

En segundo lugar, en el año 2006, el Senara detectó que en la GAM estábamos sobreexplotando los acuíferos, al extraer de estos más agua de la que naturalmente se infiltra en ellos, tornándose insostenible a mediano y largo plazo seguir perforando con nuevos pozos estos acuíferos. La pregunta entonces es esta: ¿Qué se ha hecho para establecer una solución integral a esta situación?

En tercer lugar, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, se está dando una significativa sobrexplotación de los acuíferos estratégicos en la zona de la meseta del Valle Central. Solo en parte de la hoja cartográfica Abra, en un territorio de 400 km2, se registran oficialmente varios miles de pozos de extracción de aguas subterráneas. A esos pozos, sobre los cuales existe un exiguo control de la extracción de aguas y a los que se cobra un canon poco valorado, se suma una cantidad no definida (pero posiblemente similar a las de los pozos registrados) de pozos ilegales. De esta manera, la extracción de agua de los acuíferos presenta una debilitada administración debido al aprovechamiento ilegal, factor que altera por completo los balances hídricos que se puedan hacer y que son claves, para determinar el potencial disponible.

En cuarto lugar, disponemos de una bastante obsoleta y superada ley de aguas que data del año 1942. Esta antigua ley se ha visto actualizada con algunos artículos incorporados en otras leyes, y un sinnúmero de resoluciones y pronunciamientos de entes jurídicos y administrativos (Sala Constitucional, Procuraduría General de la República, Contraloría General, entre otras) que, en sumario, conforman un complejo y, en algunos casos, un contradictorio marco legal para los recursos hídricos.

Por eso, es necesario actualizar de manera integral el tema: a este respecto llevamos un largo periodo de espera de más de 12 años por una nueva ley de aguas y con la situación generada por la resolución 2012-08892 de la Sala Constitucional sobre la Matriz del Senara; la situación adquiere ya una condición de crisis en el sector de recursos hídricos.

Matriz del Senara. En este tema, la fuente del problema, no es que no se tome en cuenta la vulnerabilidad hidrogeológica de los terrenos, a fin de fijar condiciones técnicas a las actividades productivas que se van a instalar en dichos espacios geográficos, sino más bien que la misma contenga parámetros de desarrollo urbano (cobertura y densidad), sin considerar otros factores ambientales (pendiente, amenazas naturales, cobertura boscosa, etc.), como sí lo considera la zonificación de fragilidad ambiental establecida en el Decreto Ejecutivo No. 32967 Minae.

La contradicción en este caso es que la Matriz del Senara, con los parámetros urbanos que dispone, hace que muchos terrenos aptos para desarrollo urbano según aspectos de fragilidad ambiental no lo sean según sus condiciones de vulnerabilidad hidrogeológica.

Esto, pese a que el tema hidrogeológico ya se ha tomado en cuenta como parte del análisis de esa fragilidad ambiental. En este aspecto, definitivamente, hemos llegado a una condición extrema, con lo cual, paradójicamente, estamos atrasando el avance del ordenamiento y planificación territorial. Situación que no solo ocurre en la GAM, sino en todo el país.

Soluciones. Bajo el marco anterior es claro que urgen soluciones para esta crisis administrativa del manejo y protección de los recursos hídricos que, como hemos señalado desde hace tiempo, se están convirtiendo en una verdadera “bomba de tiempo”.

En primer lugar, el camino que se ha tomado no parece ser el correcto, pues los últimos meses se han invertido en preparar un decreto ejecutivo para establecer un nuevo requisito ambiental, como lo es que una serie de proyectos, de previo a realizar la evaluación ambiental ante la Setena, primero realicen un trámite hidrogeológico ante el Senara, como si la Setena no tuviera la potestad legal para solicitar al Senara que la apoye con recursos humanos en el proceso de análisis de la evaluación ambiental que realiza.

Por otro lado, se está trabajando con una nueva versión de la Matriz por parte del Senara, la cual no necesariamente tiene garantía de resolver la situación, cuando la verdadera solución es sustituir los parámetros urbanos que tiene la actual matriz, por limitantes y condicionantes técnicas a las actividades humanas que se pretendan desarrollar en las diferentes zonas de vulnerabilidad hidrogeológica.

La solución integral a este problema, que lejos de disminuirse con el tiempo, se va haciendo cada vez más grande, a pesar de la reciente creación del Viceministerio de Aguas y Mares, es la actualización, discusión pública y publicación, en el menor plazo posible, del Reglamento para el “Manejo, uso y protección de recursos hídricos subterráneos” entregado al despacho del ministro de Ambiente desde el año 2007 y que desde hace ya 6 años sigue metido en una gaveta del Minae. Una nueva muestra de que las soluciones técnicas a los problemas existen, pero que a los políticos no les interesa mayormente resolverlos. Al respecto, es necesario que el Poder Ejecutivo se haga cargo de esta situación en serio y en el menor plazo posible.

Finalmente, las comunidades y los ciudadanos en general tenemos que asumir aún más nuestro papel vigilante, dada la irresponsabilidad manifiesta de algunas de nuestras autoridades y su total ineficiencia para preservar algo tan preciado como el agua: las comunidades organizadas en el norte de Heredia o en Sardinal, en este sentido constituyen una valiosa muestra de lo que se puede hacer desde el plano local.

Y ya no solamente como usuarios del recurso, sino también, como ciudadanos que escogemos a las autoridades, hay que buscar la forma de llamarles la atención a los que han incumplido con su responsabilidad de dar una eficiente y efectiva administración de los recursos hídricos, que es un bien colectivo, tanto de las generaciones actuales como de las futuras.

Evaluación ambiental y competitividad

De acuerdo con la Sala Constitucional, y también con la Procuraduría General de la República, la evaluación de impacto ambiental (EIA) es el principal instrumento que tienen el Estado y la sociedad para tutelar el mandato constitucional del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50). Pese a ello, para algunos, ambiente y desarrollo no riman y malinterpretan el concepto competitividad, considerando que el tema ambiental representa un obstáculo al desarrollo económico, por lo que, según ellos, debería eliminarse como parte de los trámites a cumplir. En razón de esto, se requiere hacer algunas aclaraciones importantes para que el país no siga por este camino que tanto daño nos ha hecho en los últimos años.

Doble función. A diferencia de los países desarrollados, en nuestro país y otros muchos países en vías de desarrollo, la EIA cumple una doble función. Por un lado, analiza las condiciones técnicas y ambientales de un proyecto, para determinar bajo qué condiciones es viable ambientalmente. Por otro, debe suplir, al menos puntualmente, la ausencia de ordenamiento territorial, para valorar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y determinar, si el mismo es apto o no para la ejecución del mismo. No es igual una planta asfáltica en Santo Domingo de Heredia que la misma ubicada en una zona industrial alejada de urbanizaciones.

Esta situación explica el hecho de que se presenten diferencias tan notables entre ambos grupos de países. Así, como ejemplo, mientras en Holanda se realizan varios cientos de EIA por año, en Costa Rica se hacen varios miles de EIA, muchos de ellos tramitados “a la carrera”, sin una detallada evaluación técnica por parte de la Setena.

Desafortunadamente, esta situación no podrá cambiarse de forma eficiente hasta que nuestro país disponga de entidades técnicas independientes de la órbita política y hasta que contemos con un efectivo ordenamiento territorial y una mejor normativa técnica ambiental que regule el desarrollo de las actividades humanas.

Objetivo. El objetivo fundamental de la EIA es considerar el medio ambiente en la planificación, diseño y ejecución de las actividades humanas, de forma tal que los proyectos que se ejecuten se realicen de la forma ambientalmente más equilibrada.

Para algunos, que ignoran este objetivo, la EIA se considera simplemente como un trámite, un requisito más que implica un papeleo y una “pérdida de tiempo” para desarrollar el proyecto. A estos señores les recomendamos ir a Sardinal a ver qué pasaría si se aprueban (como se han ido aprobando) una gran cantidad de proyectos que necesitan grandes volúmenes de agua en una región que tiene limitaciones de fuentes de agua. O que nos digan quiénes van a compensar el costo de cada camión cisterna que abastece diariamente a más de 6.000 personas en el Cairo y Milano de Siquirres desde julio del 2007, cuando la contaminación de sus acuíferos por parte de empresas piñeras se evidenció.

Setena. La mayoría conoce que en nuestro país la entidad que administra la EIA es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), creada por el Ley Orgánica del Ambiente en el 1995. En razón de ello, también para muchos la EIA y la Setena son prácticamente lo mismo, con lo cual los defectos y virtudes de uno se atribuyen al otro, algo que a todas luces es un grave error de apreciación, pero que para algunos es común.

La Setena, como otras oficinas gubernamentales, ha enfrentado una evolución y crecimiento; no obstante, enfrenta limitaciones que le generan significativos problemas de gestión. El principal de estos problemas, que no es nuevo y que existe desde antes de su creación, es la sobrecarga de trabajo.

Un reciente análisis hecho por el autor muestra que el personal técnico de que dispone la Setena apenas alcanza para responder la mitad de la carga de trabajo que tiene. Esta brecha de carga es la causante de una gran cantidad de defectos señalados, como los tiempos de respuesta, los errores que se cometen por el intento de realizar trámites rápidos y, en particular, por su mayor problema, la imposibilidad de realizar un proceso de control y seguimiento ambiental a los varios miles de proyectos aprobados durante las últimas dos décadas.

Ante esta situación, no es extraño que en el año 2010 la Contraloría General de la República “regañara” a la Setena, exigiéndole realizar mejoras sustanciales en los instrumentos y procedimientos de EIA, a fin de que ésta sea más rigurosa y detallada. Algo que parece todo un reto, si no se mejora la capacidad real de respuesta que tiene esta institución.

Competitividad. En medio de este panorama surge el tema de “competitividad” y la necesidad de mejorar los plazos de trámite de EIA, a fin de acortar el tiempo acumulativo total que requiere una actividad productiva para poder concretarse. Y, aunque el objetivo que se pretende podría calificarse como positivo, la forma en que se quiere concretar debe ser analizada con sumo cuidado.

La solución para el problema de gestión en EIA no puede partir de la base de eximir a una serie de actividades de realizar el trámite, a fin de disminuir la carga de trabajo de la Setena, y darle más capacidad de respuesta. Hacer esto, sin mayor criterio técnico, lejos de resolver los problemas, los agravaría de forma muy seria.

La solución real para el tema de EIA es aumentar la eficiencia de la Setena y no debilitarla. Para ello, es muy importante que los instrumentos y procedimientos de EIA se modernicen sobre la base de la realidad del país, de la ausencia o limitada planificación y ordenamiento territorial y de las condiciones de vulnerabilidad a las amenazas naturales que tiene nuestro territorio.

En este ámbito, es clave fortalecer la Setena con más recursos, dándole mayor autonomía técnica, para que sus decisiones se basen en criterios técnicos, con la menor interferencia política.

Finalmente, es clave que las mejoras en los instrumentos y procedimientos de EIA y de la misma Setena surjan como producto de una discusión y análisis técnico y social amplio, informado y transparente, y no necesariamente de una visión política y económica unilateral que ha demostrado en los últimos años ser un camino incorrecto.

El capítulo ambiental del Estado de la Nación lo evidencia año tras año, en particular el último, cuya lectura se recomienda a todos los que siguen creyendo que hacer el país competitivo es eliminar trámites claves que garantizan la sostenibilidad del país a mediano y largo plazo.

No es el qué hacer,sino el cómo hacerlo

Como preludio antes de la puesta en escena final, en estos tiempos preelectorales, los costarricenses empezamos a enterarnos por diversos medios, cual lluvia de información, de las propuestas que hacen los políticos que quieren obtener el poder, según ellos, para “arreglar las cosas” de este, nuestro bastante golpeado país. Subrayo la palabra “golpeado” porque no se puede llegar a otra conclusión, después de leer y releer el reciente informe del Estado de la Nación.

Hay una realidad que es irrefutable, la pobreza sigue estancada, casi sin disminuir, el número de pobres ya supera el millón de habitantes. El porcentaje de familias pobres prácticamente no cambia desde los últimos 20 años, con un agravante que no dejan ver los porcentajes, y es que nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido a tantas familias sumidas en la pobreza. Esto a pesar de que durante las últimas décadas esos políticos nos afirman, cada cuatro años, que la atención de la pobreza será su prioridad y que tienen la fórmula para iniciar su solución.

Y lo peor de todo es que con ese pretexto, prácticamente nos han dicho que hay que “hacer un sacrificio”, en particular en el campo ambiental, debido a que se ocupa “desarrollo” para abrir empleos y así vencer la pobreza. Pero sin contestarnos por qué cantones que reciben una gran inversión extranjera (Guanacaste, por ejemplo) siguen con índices de desigualdad y pobreza; o por qué cantones donde se expande la piña por doquier seguimos con pobreza y más pobreza.

Con esa dizque justificación en la mano, se han tomado unilateralmente decisiones estratégicas que finalmente se las han impuesto a la sociedad como la eventual solución.

Así, mientras los índices ambientales siguen decayendo, y nuestra huella ecológica sigue incrementándose, bajo el pretexto de progreso y desarrollo, los índices de desarrollo humano siguen bajos y cayendo, lo que lleva solo a una conclusión: ese progreso y desarrollo parece haberse concentrado solamente en una parte de la sociedad, en un pequeño sector privilegiado, que está cómodo con que esa situación siga y permanezca por la mayor cantidad de tiempo posible.

Error. Dentro de este marco, que se activa cada cuatro años, surgen ahora propuestas para “arreglar las cosas”. Propuestas que dicen ser la gran solución para llevar al país hacia el desarrollo. Pero que tienen todas, sin importar la orientación política, el mismo común denominador: y es que la propuesta de solución ya viene “cocinada”, viene elaborada, según dicen, solo para implementarla.

Y este es precisamente el mismo error que se ha repetido numerosas veces en el pasado y que, lejos de resolverse, parece que cada vez se incrementa más.

El problema no está en el qué se debe hacer para progresar y desarrollar el país, la clave está en el cómo, y ese cómo no puede ser impuesto por el mismo sector que se ve privilegiado de la situación que impera. Esta es, posiblemente, la principal razón de que la situación a la larga no mejore.

La solución, para un país como el nuestro, en donde el Ejército se abolió hace más de 60 años para invertir en educación y salud, que tiene una buena parte de la sociedad preparada, está en la apertura a la participación de esa sociedad en la búsqueda e implementación activa de soluciones a sus grandes problemas nacionales.

No se trata de una participación difusa, como las que están de moda, a modo de encuesta, en la que se le pide a la gente que dé ideas para que luego alguien, o un grupo, las resuma en una propuesta. Es una participación más activa y concreta.

Participación. Se requiere una participación social representativa de los diferentes sectores de la sociedad, inclusiva, con los sectores productivos, ambientales, sociales, académicos, discutiendo alternativas de solución y generando propuestas concretas que sirvan de base para la toma de decisiones estratégicas.

No es un tema nuevo, como lo hemos dicho antes, ya en los países desarrollados se implementa desde hace décadas. La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), entendida como la introducción de la dimensión ambiental (y social) en la planificación estratégica, es un muy buen ejemplo de ello.

En un país como el nuestro, donde se dejó de hacer planificación de mediano y largo plazo hace mucho tiempo, comenzar por este paso es fundamental para direccionar correctamente su desarrollo.

La sociedad costarricense ha avanzado y se encuentra preparada para participar de forma directa y activa en el diseño de las soluciones a sus problemas nacionales.

El hecho de que durante los últimos años se hayan incrementado de forma muy significativa las protestas sociales, así como el protagonismo de las universidades públicas en apoyar las reivindicaciones sociales, es una clara evidencia de ello.

La sociedad clama y reclama por participar. Los universitarios (y el país en general) no entienden que las decisiones políticas se tomen sin ningún criterio técnico, o con una tecnicidad de dudosa procedencia incapaz de resistir a un debate público: la tónica de nuestras autoridades en estos últimos años ha sido el de rehuir sistemáticamente el debate, y esto sí es indignante.

Nuestra sociedad ya no es un ente pasivo, que espera a que surja un líder que le dé soluciones. Eso es parte del pasado. Nuestra sociedad organizada es la que debe definir el rumbo y establecer las acciones concretas que nos encaminen al desarrollo.

Los líderes políticos que entiendan esto y que se conviertan en facilitadores auténticos de este proceso, serán los que verdaderamente tendrán derecho a dirigir la administración pública.

Ojalá que ya estemos a las puertas de este cambio. Las generaciones futuras no entenderían, ni perdonarían, que les hayamos heredado un país hecho añicos. Hoy, más que nunca, nuestro país urge y merece un cambio en ese sentido.