Hemos señalado e insistido de forma reiterada en la importancia que tiene el hecho de que la Decisión Estratégica se fundamente en una acertada, objetivamente elaborada y bien sustentada Información Técnica y en un correcto diálogo social.
Empero esa decisión estratégica no puede, ni debe, ser tomada solo por un círculo de técnicos y, menos, por un grupo de políticos con cargos como funcionarios públicos. La transparencia, la información y la participación deben ser la guía que lleve a tomar la decisión estratégica, ya sea de ámbito local, regional o nacional.
Poder Ciudadano: los ciudadanos, entendidos estos como los vecinos potencialmente afectados, las comunidades y la población en general, manifestada en todos sus diferentes sectores (de izquierda a derecha y de abajo para arriba), deben tener un papel protagónico en la toma de decisiones estratégicas. Y no todo lo contrario, es decir, como simples espectadores de la toma de decisiones desacertadas para posteriormente sufrir los efectos directos de las mismas con sacrificio ambiental y pagando el costo económico de las mismas.
Siguiendo un adagio popular que dice que el que "paga la música manda la fiesta", vemos que quien en realidad debe mandar es lo que vamos a llamar el Poder Ciudadano (PC).
Y ese PC no solo puede ser ejercido durante las elecciones. Eso ya no es realista por tres razones clave: 1. Considerando la abstención y el cada vez más creciente multipartidismo, el candidato del partido que se elija no representa más de 25% de la ciudadanía, o sea una minoría, lo cual es contradictorio con el criterio de una representación en democracia. 2. El candidato que se elige no necesariamente representa lo que quiere la ciudadanía que lo eligió, y menos el balance del 100% de la ciudadanía total, con lo cual ya entramos en contradicción directa respecto a las decisiones estratégicas que deben y tienen que tomarse, sin postergaciones. 3. La participación ciudadana no se limita solo a ejercer el voto. La legislación establece que los ciudadanos pueden y deben participar de forma activa en la toma de decisiones. Pero que se entienda no en un formato del tipo "operación embarre" (con talleres informativos, con encuestas o recolección de firmas), sino con instrumentos más proactivos y efectivos, como por ejemplo: la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
Como hemos explicado ampliamente (ver: www.allan-astorga.com) la EAE es un instrumento de participación ciudadana muy ágil y efectivo. Los representantes de los diferentes sectores interesados (comunidades, ambientalistas, empresarios, académicos e institucionales, entre otros) se reúnen en una "mesa de diálogo", cumpliendo una serie de pasos metodológicos para sustentar una decisión estratégica (Política, Plan o Programa) para el país. La decisión puede generar lineamientos (como en el reciente caso de la Mesa de Diálogo sobre el régimen de pensiones de la CCSS y de salvaguardas que establecen el marco en que se puede hacer posible la acción planteada.
La EAE, como hemos dicho también, da transparencia y agiliza las acciones a ejecutar. Bien hecho hasta simplifica la tramitomanía de muchos proyectos. La EAE es diferente a la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), porque se complementa la planificación estratégica en un contexto socioambiental general.
La EAE no es un "invento" nuevo. Se aplica con éxito en muchos países, aunque, a veces, con nombres diferentes. Suiza es un buen ejemplo de cómo el PC con visión de país es el que realmente toma las decisiones estratégicas para el desarrollo sustentable de la nación.
No toda PPP estaría sujeta a una EAE, pero si las más importantes. El mismo PC debería establecer la priorización.
Según nuestra reglamentación vigente, la EAE no solo se aplica a nivel nacional, se puede aplicar también a nivel regional (cuenca hidrográfica conformada por varios municipios) o a nivel cantonal o distrital (gobierno local). El objetivo es siempre el mismo: la participación ciudadana en las decisiones estratégicas.
Sardinal: este caso es un buen ejemplo de cómo se hacen mal las cosas. Su experiencia es para escribir un libro, para no repetir los errores cometidos. Se trata de una comunidad (Sardinal) que se opone a una decisión estratégica que consiste en extraer agua del Acuífero de Sardinal para abastecer proyectos inmobiliarios y hoteleros desarrollados en las playas del Coco y Panamá. Proyectos impulsados sin una correcta planificación estratégica, sino en medio de una burbuja inmobiliaria anterior al año 2008.
Ahora, casi 10 años después, y sin que todavía se cuente con la base técnica suficiente para definir una política de manejo del agua del Acuífero Sardinal, se han reiniciado las obras que corresponden a ese proyecto. Algo a lo que, lejos de resolver el problema, lo exacerba.
Los estudios técnicos realizados por el mismo MINAE y sus instituciones sobre las proyecciones de los efectos del Cambio Climático en el país, señalan claramente que el Pacífico Norte de Costa Rica es una de las zonas más vulnerables a los efectos de la Variabilidad Climática, principalmente con problemas de sequías extensas y las consecuencias de ello, como lo es, una reducción del reservorio de los acuíferos.
Visto en esta perspectiva, es claro que la Comunidad de Sardinal tiene el legítimo derecho a exigir que las decisiones estratégicas sobre el Acuífero del cual obtienen el agua dispongan de estudios técnicos completos y actualizados que incluyan, además, la componente de la Vulnerabilidad al Cambio Climático con una proyección de al menos 15 años. Considerar que la simple medición de cambios en el nivel de aguas subterráneas de los pozos para un periodo de pocos años es suficiente para establecer de forma “unilateral” una decisión estratégica, como la de trasvasar 70 litros de agua por segundo hacia Playas del Coco y Panamá, no es suficiente. Máxime que no se hace bajo un marco de efectiva PC, algo que resulta paradójico en un gobierno cuyo partido ha levantado como bandera de lucha la “acción ciudadana”.
Soluciones: el caso de la Mesa de Diálogo del régimen de pensiones es, como hemos comentado, algo muy positivo, en medio de tantas malas noticias que recibimos a diario. Es un ejemplo de que las soluciones a la gran mayoría de los problemas de nuestro país deben surgir de un diálogo transparente entre todos los sectores de la sociedad, siguiendo reglas básicas de EAE.
Ya la Contraloría General de la República le ha ordenado al Poder Ejecutivo que reglamente, por fin, después de 13 años, el procedimiento para realizar la EAE para las políticas, planes y programas. La legislación vigente señala que la misma se puede aplicar tanto a nivel local, como regional y hasta nacional.
Esto no se debe ver como una complicación, todo lo contrario, se debe ver como una “luz al final del túnel” en la medida de que es la posibilidad de que el PC, por la vía del diálogo abierto, transparente, informado, participativo y, sobretodo, realista, el que proponga las soluciones concretas a nuestros problemas. Soluciones basadas en un sólido y objetivo criterio técnico.
Este proceso de EAE es la solución lógica y racional. No se requieren líderes salvadores o dictadores impositivos, lo único que se requiere es de un marco político que abra los espacios para que sea el PC el que plantee las soluciones a los grandes problemas nacionales. El caso específico de la valiente comunidad de Sardinal debería ser el primero en resolverse por esa vía, y no por la de la imposición, que tanto daño le hace a nuestra sociedad.