En razón de dos noticias recientes, por un lado, la entrega del estudio de impacto ambiental del aeropuerto internacional de Osa por parte de la Dirección de Aviación Civil a la Setena y, por otro lado, el anuncio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de Osa, sobre la devastación de cerca de 2.000 hectáreas del humedal Térraba-Sierpe, como producto de la expansión de cultivos intensivos, principalmente el arroz y la palma, se hace necesario retomar el tema de la planificación estratégica del desarrollo de la zona sur-sur del país. El desarrollo de un aeropuerto internacional en Osa surgió, en principio, con la idea de promover la activación y el desarrollo económico del sur-sur del país, bajo un modelo similar al que se supone que sucedió en Guanacaste con el aeropuerto internacional Daniel Oduber. Se parte de la presunción de que el aeropuerto facilitará la llegada de visitantes extranjeros y, con ello, se promoverá el turismo y, por tanto, una mayor actividad económica en la zona.
El caso de Guanacaste. No obstante, cuando se analiza lo sucedido en esta provincia, se observa que los resultados no han sido ni fueron los que realmente se esperaban. Debido a que no se realizó ninguna planificación estratégica, en el marco de una efectiva y eficiente evaluación ambiental estratégica (EAE), Guanacaste fue objeto de un caótico desarrollo inmobiliario que ha traído consigo una seria y negativa cadena de impactos ambientales muy negativos.
Algunos de esos problemas son el desplazamiento y desarraigo de comunidades costeras; desarrollo inmobiliario descontrolado por encima del desarrollo turístico (que da 10 veces más empleo); serios conflictos por el agua que, lejos de resolverse, cada día se agravan más; pérdida de bosques naturales y manglares en la zona costera, y, en general, incremento de la huella ecológica negativa, de la mano de una mayor diferencia social entre los estratos más ricos y los más pobres de la población Guanacaste.
En resumen, es posible afirmar que el “efecto de desarrollo” del aeropuerto en Guanacaste benefició a unos cuantos que se metieron en el tema de la especulación inmobiliaria, mientras que al grueso de la población guanacasteca de menores recursos no le generó beneficios y, en muchos casos, los hundió más en la pobreza. No en pocos casos pasaron de propietarios de terrenos costeros a empleados de “desarrollos” costeros, con salarios modestos: la mayoría de los cuadros superiores e intermedios de la actividad hotelera, por ejemplo, son extranjeros o costarricenses del Valle Central.
Zona sur-sur. Después de lo ocurrido en Guanacaste, llama poderosamente la atención cómo nuestras autoridades, en vez de aprender de esa experiencia, quieren ahora repetir la fórmula y promover la actividades económicas de la zona, bajo una premisa evidentemente equivocada y con la perspectiva de provocar daños ambientales y sociales aún más severos, debido a la ya frágil situación ambiental que tiene ese territorio. Ello, sin contar el flagelo del tráfico de drogas que está desbordando a nuestras autoridades.
No debemos olvidar que, en esta misma zona, todavía está latente la sombra del megaproyecto Diquís, lo cual, sumado a la caótica y descontrolada expansión de cultivos intensivos (piña, arroz, palma) y a la ausencia de ordenamiento y planificación territorial y del desarrollo sectorial de políticas, planes y programas, sugiere que, de aprobarse el estratégico proyecto del aeropuerto en Osa, se iniciaría nuevamente el ciclo de “desarrollo desequilibrado” que se dio en Guanacaste, con todas las consecuencias negativas que tiene en el entorno social y ambiental.
Una simple prueba de ello es que, ya en Internet, se puede ver la gran especulación inmobiliaria que se está dando, con el ofrecimiento de propiedades frente al “futuro” lago de Diquís o dentro del humedal Térraba-Sierpe. En esto, el mercado siempre va varios años por delante de la toma de decisiones sobre proyectos como el aeropuerto de Osa. De ahí que la decisión sobre su ejecución no puede desligarse de una correcta planificación estratégica del desarrollo, que evite y controle los grandes efectos negativos que tiene ese mercado especulativo.
Buscando soluciones. Durante años hemos insistido (ver www.allanastorga.com) a las autoridades de gobierno sobre la importancia que tiene la implementación de la EAE como instrumento para ordenar y programar el desarrollo económico del país y sus diferentes regiones. El reglamento que norma la EAE está vigente desde el 2004 (decreto ejecutivo 31849-Minae-Salud-MOPT-MAG-MEIC), pero sin usar: un lujo raramente visto para un país que tanto pregona por el mundo en materia ambiental y en materia de desarrollo sostenible.
Este texto promueve, bajo la aplicación de los principios de información, transparencia y participación, que los representantes de los diferentes sectores sociales puedan participar y ser actores clave en la toma de decisiones para su región.
Es claro que la zona sur-sur de nuestro país requiere planificar su desarrollo dentro de una efectiva EAE, a fin de que se tomen las decisiones estratégicas de forma sostenible y previendo, mediante correctas salvaguardas, que no se repitan los errores del pasado en otras regiones del país.
En razón de ello, y siguiendo los pasos de lo ocurrido con lo de la carretera aSan Ramón, resulta lógico recomendar la creación urgente de un foro social del sur-sur que llame a discutir, de forma abierta y participativa, la planificación de su desarrollo a corto, medio y largo plazo. El Foro de Occidente es una hermosa experiencia de una comunidad organizada que logra proponer alternativas a un parco aparato estatal incapaz de tan solo esbozarlas por su propia cuenta: la experiencia merece ser replicada en otras partes del país (como Limón) ante la terquedad de nuestras autoridades, incapaces de aprender de sus propios yerros.
Dentro de este contexto, lo primero que debe hacerse es detener el trámite ambiental del aeropuerto de Osa hasta que la EAE esté hecha y los grandes lineamientos estratégicos y salvaguardas del desarrollo de la zona sur estén definidas por sus propios actores y estén documentadas mediante un informe de sostenibilidad que debe servir como ruta de trabajo para promover, de verdad y con total seriedad, el desarrollo social y sostenible de esta importante región del país.
Seguir por el camino que proponen las actuales autoridades de gobierno es seguir por el camino del modelo económico que favorece a unos cuantos, mientras se depreda y destruye el ambiente, y los sueños de mejora de las comunidades del país.
Generar daño ambiental y desigualdad social ha demostrado ser un rotundo fracaso que afecta gravemente al país como tal: se recomienda a nuestras autoridades leerse el último informe del Estado de la Nación. Si son algo curiosas, pueden también analizar el descenso pronunciado del Índice de Desarrollo Humano (IDH) sufrido por Costa Rica desde el 2007. Un cambio es necesario ante tanta ceguera.