Cuando a las autoridades municipales se les ofrece la atractiva oferta de que, en vez de pagar por disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario, se les va a pagar por cada tonelada que entregan a una planta incineradora que no va contaminar, obviamente que suena como la mejor solución al eterno problema de la “basura”. Pero cuidado, como dicen nuestros abuelos, “no hay almuerzo gratis”.
En efecto, se trata de una velada “trampa”, la cual puede tener muy severas y negativas consecuencias para el ambiente y la salud en general, de todo el país.
El tema de la incineración quedaría solo como una simple propuesta “comercial” más, si el Poder Ejecutivo no hubiese generado una “decisión estratégica” de publicar el decreto ejecutivo No. 39135 S MINAE (Coincineración), el pasado 1 de septiembre del 2015.
Con este decreto, el Estado costarricense, sin contar con los estudios técnicos que sustentaran dicha decisión, sin prever recursos para monitorear desde el punto de vista químico las partículas producidas en una planta incineradora, y menos todavía, sin que se haya realizado el análisis estratégico (informado, participativo y transparente) de esa decisión, ha abierto la puerta a proyectos de plantas incineradoras de residuos sólidos en Costa Rica. Algo sumamente grave, según los argumentos que veremos a continuación.
Incineración y sus costos. Para tener una mejor visión del tema, se debe observar que las plantas incineradoras que operan en la actualidad lo hacen cerca de grandes ciudades de países desarrollados (Europa, EE.UU. y China). Allí la incineración cumple su objetivo primordial, que es reducir el volumen de los residuos sólidos, por la gran cantidad con que se producen. Pero y ¿a qué costo es que se lleva a cabo la incineración.
La respuesta que se obtiene es variable, dependiendo del tamaño de la planta de incineración y del tipo de incineración que se va a aplicar. No obstante, resulta que la inversión inicial para instalar una incineradora de pequeñas dimensiones, que vaya a procesar cerca de 90.000 toneladas al año, es de más de $50 millones, con la característica de que, además, el costo de tratamiento de cada tonelada sería de cerca de $80.
Cuando se habla de una planta de mayores dimensiones, para unos 300 a 350.000 toneladas anuales, la inversión puede superar los $100 millones y el costo de cada tonelada sería de alrededor de $60.
Como se puede ver, el costo de la aplicación de la incineración es muy alto, lo cual explica la razón por la cual es una alternativa que prácticamente solo se usa en países desarrollados y, especialmente, en urbes muy pobladas.
Un estudio de Greenpeace en España recalca esta situación referente al alto costo de la incineración, por encima de otros sistemas de tratamiento, y al hecho de que los costos de los efectos ambientales negativos que produce también son muy altos, del orden de $44 por cada tonelada de residuos incinerada.
¿Trampa? Aunque en nuestro país no se han hecho pruebas concretas y sistemáticas sobre la capacidad de combustión que tienen los residuos sólidos ordinarios que se producen (recordemos que entre un 60 y 75% de los residuos sólidos residenciales son desechos orgánicos y muy húmedos), resulta que a las municipalidades se les atrae diciéndoles que la totalidad de los residuos serían incinerados.
Tanto es así, que existe un Convenio firmado entre la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que esta entidad o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) compren la electricidad generada por incineración a las plantas. El costo de cada kilovatio de electricidad lo establecería la ARESEP, según una ecuación que esta entidad tendría que definir y que por ahora no se conoce.
El Convenio señalado permite que cualquier municipalidad del país se pueda adherir al mismo, pero con una condición: tiene que firmar un contrato en que se comprometa a entregar la cantidad de residuos sólidos ordinarios que se establezca ¡por un periodo mínimo de 20 años!
Nótese que este contrato se firmaría sin conocer cuánta energía se podría producir de la incineración, ni cuál sería el costo a pagar por la misma, ni cuanto sería la tasa de armotización de la inversión realizada y el pago del tratamiento de cada tonelada de residuo entregada por el municipio a incineración. Con toda esta incertidumbre se quiere convencer a las municipalidades que firmen un compromiso por 20 años. Algo que podría calificarse como una especie de “trampa”.
Grave contradicción. Pero la situación no termina allí. La peor consecuencia que tiene la emisión del decreto que abre las puertas a la incineración es la gravísima contradicción que tiene con la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
El espíritu de esa Ley, promulgada en el año 2010, es la gestión integral de los residuos, de allí que su elemento más significativo lo represente la jerarquización que establece su artículo 4. En síntesis, la jerarquización establece que, en estricto apego al ciclo del proceso de generación de residuos, se aplique la siguiente secuencia lógica: a) Evitar la generación en su origen, b) Reducir al máximo la generación de residuos en su origen, c) Reutilizar los residuos generados, d) Valorizar los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, el reensamblaje u otro procedimiento técnico que permita la recuperación del material y su aprovechamiento energético, e) Tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición final, y f) Disponer la menor cantidad de residuos, de manera sanitaria, así como ecológicamente adecuada.
La contradicción estriba en el hecho de que la incineración requiere de la mayor cantidad de residuos, preferentemente aquellos que tienen posibilidad de combustión, como el papel, el cartón y el plástico que, si se aplica la jerarquización de los residuos de forma correcta, no los obtendría.
Siendo así, promover la incineración con “trampas”, como la firma de contratos con las municipalidades para que entreguen sus residuos por periodos mínimos de 20 años, llevaría a que la jerarquización no se pudiera cumplir, dado que se requeriría que la mayor cantidad de residuos sean entregados a la incineradora.
De esta manera, abrir la puerta a la incineración por medio del Decreto emitido lleva consigo el debilitamiento del incipiente Sistema Integral de Residuos Sólidos, que tanto tiempo y esfuerzo le ha costado al país desarrollar. Algo que el país no puede darse el lujo de sacrificar, dado que en el caso de que la incineración no llegara a funcionar, no se tendría un sistema alternativo para el manejo de los residuos.
Alternativas. La emisión del decreto de incineración es otro ejemplo más de la forma desacertada con que se toman decisiones estratégicas en nuestro país. Seguimos con esta mala costumbre heredada de administraciones anteriores: decretos inconsultos según las ocurrencias de algún sector económico interesado en beneficiarse con algún tipo de proyecto, sin realizar un balance entre costos y beneficios para el país.
La incineración debería estar restringida únicamente al tratamiento de los residuos sólidos peligrosos, dado que, en este ámbito, el país tiene un serio vacío, ya que dichos residuos se disponen junto con los ordinarios.
El cumplimiento de la Ley de Residuos y su Jerarquización debería llevar a establecer un serio fortalecimiento del Sistema Integrado, encaminado a evitar la generación, reducir, reciclar, reutilizar, de forma tal que se deba tratar la menor cantidad posible de residuos, en un sistema de relleno sanitario bien manejado y eficientemente ubicado.
Pensemos en varias asociaciones de mujeres que ya logran producir artesanía a partir de desechos y venderlos en ferias y exhibiciones. Pensemos también en el beneficio que se podría extraer de un 60 a 75% de cada bolsa plástica si las municipalidades adoptaran un mecanismo de colecta para abastecer un depósito de compost municipal o de producción de abono mediante lombricultura.
Apostar por la incineración sin mayores estudios es un grave error que conllevaría un serio retroceso del avance que ha tenido el país en materia del manejo integral de los residuos sólidos. De allí que alertemos a las municipalidades de que mejor analicen con mucho cuidado las tentadoras ofertas que les hacen aquellos adeptos a la incineración.