Nueva carretera de San Carlos: Un ejemplo de desplanificación que debemos superar

Debido a mis labores como consultor ambiental, a partir de una Auditoría Ambiental realizada a las planta de asfalto de la nueva carretera a San Carlos y de una actualización a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la misma que, incluye además, un estudio hidrogeológico detallado, he tenido posibilidad de recorrer durante varios meses el tramo de esta vía, que tiene varias décadas de construcción, y cuya finalización parece estar cada vez más lejana.

Esos recorridos y los estudios realizados me permiten hacer algunas observaciones, como ciudadano, geólogo y especialista ambiental, sobre la “nueva” carretera y la discusión que sobre el tema de su continuación se está dando en estos últimos días.

Geoaptitud: ante todo es importante aclarar una situación particular sobre el trazo de esta carretera, y que tiene que ver con la condición de geoaptitud del terreno por donde se dispone su trazo. Nótese que señalo la condición de geoaptitud, que agrupa aspectos geológicos, geotécnicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, de estabilidad de ladera y otras amenazas naturales.

Nuestra conclusión es que la geoaptitud de gran parte del trazo de la carretera es Baja hasta Muy Baja, lo cual quiere decir que la Fragilidad Ambiental es alta hasta muy alta. 

Y esto solo considerando aspectos de Geoaptitud, sin considerar, otros aspectos no menos relevantes, como los aspectos biológicos, edafológicos y hasta antrópicos. No obstante, en este caso, el tema de la Geoaptitud posiblemente sea el más crítico y determinante para la obra.

Esta condición de baja a muy baja Geoaptitud se origina por el tipo de formaciones geológicas que conforman el suelo y subsuelo superior de gran parte del trazo de la carretera, que están conformadas por depósitos volcánicos recientes, pero altamente alterados, lo cual hace que contengan altos contenidos de arcillas  y sean muy vulnerables a los procesos erosivos.

Si a esta baja condición “litopetrofísica” se suma la existencia de relieves volcánicos pronunciados y condiciones de altas precipitaciones, tenemos entonces las condiciones ideales para que se den serios problemas de estabilidad de taludes y de laderas naturales, en particular, si estas últimas han sido desprovistas de su cobertura boscosa natural para desarrollar potreros para la ganadería, lo cual pasa en una buena parte de los más de 20 kilómetros del esta carretera.

Obras de mitigación: pese a esa situación, la observación de las obras realizadas hasta ahora, en gran parte del tramo construido, deja ver que se han tomado importantes medidas para evitar que esa baja condición de Geoaptitud afecte el tránsito en la futura vía a San Carlos. Algo que la hace diferenciarse claramente de las rutas 32 (Braulio Carrillo) y 27 (carretera a Caldera). 

Medidas como el control de taludes de corte de baja pendiente, el desarrollo y control de drenajes de aguas pluviales en taludes, así como de cunetas y alcantarillas para el manejo de esas aguas, dejan ver que, en general, esta obra vial ha podido mitigar de forma positiva las limitantes técnicas que presenta al terreno de su trazo, al menos con relación al facto agua y la estabilización de taludes.

Trazo que, evidentemente, y como parece ser costumbre en nuestro país, no parece haberse realizado con un debido criterio de planificación y ordenamiento ambiental territorial.

Por la naturaleza técnica de los problemas de geoaptitud que se observan, se puede interpretar que, más bien, estos no fueron considerados nunca y que, como muchas veces sucede, alguien o algunos, decidieron el trazo esperando que “sobre la marcha” se fuesen resolviendo los problemas técnicos que fueran surgiendo, algo que a todas luces resulta contraproducente, pues precisamente, es altamente probable que esta fuera la razón de tanto atraso (técnico y administrativo), y que el costo de las obras se elevara de forma tan significativa.

No en vano, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo (como el BID) señalan claramente que es “ocho veces más caro remediar o corregir que prevenir”. Algo básico que, en este caso, parece haberse dejado de lado.

Gestión estratégica: si a los problemas técnicos antes señalados se suman otros surgidos, precisamente por el problema de una falta de una planificación estratégica de la obra, y por el tiempo que ha pasado, el asunto se complica aún más.

Dos ejemplos de esto son muy claros: a) por un lado, la presión de los ciudadanos de la zona norte que tienen décadas de estar a la espera de la nueva carretera y que, con toda razón, están agotados de estar escuchando que todos los candidatos les prometen que “ahora sí”, si “ellos ganan”, la nueva carretera “si se terminará”. 

Algo que parece que nunca termina; y b) el tema de los puentes, algunos de los cuales se construyeron para una carretera de dos carriles que, luego, se decidió que fuera de cuatro carriles (dado el tiempo transcurrido y la proyección de vehículos que se movilizarían por ella).

Así, en esta especie de claro ejemplo de “realismo mágico latinoamericano” resulta que ahora, cuando la carretera está cerca de ser por fin finalizada, surgen nuevos elementos que parecen llevar a que el asunto se alargue aún más. Esto, por cuanto la prensa recientemente señaló que el CONAVI está pensando en rescindir el contrato con la empresa constructora y desarrollar las obras que faltan, en partes, con otras empresas constructoras.

Solución: a criterio del suscrito, esto a todas luces resulta un grave error, cuando se antepone la prioridad de los ciudadanos de la zona norte y todo el país, de contar, en el menor plazo posible con una “nueva” carretera a San Carlos.  

Abrir un nuevo proceso, con licitaciones, apelaciones y judicialización de causas, con argumentaciones y contra argumentaciones, el único producto seguro que generará será el mayor retraso de una obra que tiene demasiadas décadas de atraso. 

Mantener vigente el contrato permite además mantener las responsabilidades y sancionar incumplimientos, si es que los hay. Recordemos que son dineros públicos los que están en juego, y que nuestro ordenamiento jurídico sanciona a quiénes hacen un mal uso de estos.

Respecto a las denuncias planteadas lo más recomendable es que se hagan las investigaciones que correspondan y, dado el caso, que se sancione a los responsables. Empero, utilizar ese argumento para atrasar más una obra tan necesaria y esperada es a todas luces un error, y como hemos dicho, no hace otra cosa más que seguir sumergiéndonos un poco más en el subdesarrollo.

Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?

Para los que trabajamos en temas ambientales, y tenemos años de estar discutiendo su problemática y los yerros que, con mucha frecuencia, se cometen sobre este tema en la diferentes administraciones de gobierno (ver: www.allan-astorga.com), llama la atención la forma en que los actuales candidatos a la presidencia tratan el tema “ambiental”.

Desafortunadamente, tenemos que empezar diciendo, que lo presentan como un simple instrumento para atraer votos, en particular el voto “joven” y de aquellos “no tan jóvenes”, pero que tienen una seria preocupación por lo que pasa con el ambiente. 

Con lo que dicen, y lo más grave, con lo que prometen, dejan ver que, en la mayoría de los casos, conocen muy poco del tema y su problemática, por lo que hacen promesas que, aunque suenan bien, dejan ver que no están respondiendo a las verdaderas prioridades que tiene la atención del problema ambiental, en nuestro país y en el mundo. Por eso es importante hacer un pequeño repaso, tanto para los candidatos como a los lectores, para tratar de saparar el “trigo de la paja”.

Problemática ambiental: no solo se refiere al Cambio y Variabilidad Climática y a la producción de emisiones. Dicho sea de paso, hemos sido muy críticos con el tema del Acuerdo de Paris del 2015, no por sus objetivos, como el de “Descarbonizar” (dejar de usar hidrocarburos), sino por los plazos planteados. Hemos señalado que esos plazos coinciden bastante con el momento en que los yacimientos de hidrocarburos en el mundo se agoten, algo que no tiene lógica cuando el problema de la cantidad de CO2 en la atmósfera planetaria ya ha alcanzado limites suficientemente altos y cuando los efectos del Cambio Climático se van acentuando y agravando año con año. 

A nivel planetario, el problema ambiental está alcanzando cifras alarmantes. Existen varios indicadores clave que nos deben llamar la atención: a) la tasa de deforestación de bosques naturales, incluyendo la Amazonia, es de cerca de 5 millones de hectáreas al año (un territorio como el de Costa Rica), b) la gran pérdida de biodiversidad, tanto que nos encontramos inmersos en la VI Gran Extinción Masiva de Especies, la primera de origen antrópico, c) el rápido y desbalanceado crecimiento de la población mundial que indica que para el año 2050 la humanidad alcanzará la impresionante cifra de 10 mil millones de habitantes, concentrados en su gran mayoría en ciudades, d) la sobreexplotación y la severa contaminación marina que está debilitando, poco a poco, que los mares sigan aportando nutrientes a la humanidad (se estima que a partir del 2048 se alcanzará un límite critico) y,  e) el inexorable hecho de que, de forma global, la humanidad, desde marzo del 2015, alcanzó el limite crítico de la afectación de los biomas terrestres, superando su capacidad de resiliencia (capacidad de recuperarse), de forma tal que empezamos a vivir desde ese momento con la “tarjeta ecológica” en números rojos, dado que estamos dañando de forma irreversible la ecoesfera de nuestro planeta. Algo muy grave que, dado que su reacción se notará con los años, lentamente, a nadie parece importarle, en particular al comercio y la economía mundial que, son altamente depredadores del ambiente y cuyo objetivo son las ganancias rápidas, haciendo pensar que los recursos naturales y el ambiente, son casi infinitos. 

Problemática ambiental nacional: en ese contexto, debemos comprender el problema ambiental de un país como Costa Rica y no solo en el tema “de moda” que es el “Cambio Climático”.  Tan desubicados estamos que creemos que todo está casi solucionado, cuando nos autoengaños repitiendo que nuestro país es uno de los líderes en el mundo, dado que tiene su base de producción eléctrica en casi 100 % energías limpias. 

Los problemas ambientales verdaderamente serios no se relacionan directamente con el cambio climático, sino con otros ámbitos de la gestión ambiental de nuestro espacio geográfico continental y marino.  Veamos algunos de ellos: 

1. La vulnerabilidad de la población del país a los desastres (población en alto y muy alto riesgo) alcanza ya el 25 % y la tendencia es creciente. Esto es muy grave dado que el país se encuentra en la lista de los 15 países más vulnerables a los efectos del cambio climático (inundaciones, deslizamientos, avalanchas), y que, además, existe otros riesgos geológicos también importantes como los terremotos, la actividad volcánica y hasta los tsunamis. La única manera de atender esto es con Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial, algo en lo que hemos fallado todos y que urge corregir, empezando por aplicar la legislación ambiental vigente desde hace más de 10 años, y que sigue “opacada” por la legislación urbana, que es altamente permisiva y causante del caos urbano con que crecen las ciudades del país.

2. La Gran Área Metropolitana (GAM) en una urbe que concentra más de la mitad de la población del país en tan solo el 3,5 % de su territorio continental y que carece de cualquier tipo de planificación urbana. Es una urbe caótica, contaminada y atrofiada, cuya planificación ambiental territorial fue impedida por intereses económicos y políticos, quedando en el “limbo” mientras que la ciudad sigue creciendo, junto con las presas, la contaminación y el desorden urbano, que provoca mucho estrés, pérdida de tiempo y hasta enfermedades cuyo costo de atención es muy alto. El tema del transporte público sigue sin tener soluciones concretas y, mientras tanto, es el principal causante de la contaminación con CO2 y de que la factura petrolera del país se incremente año con año. Divisas que, con la correcta planificación energética, deberían quedarse en el país, produciendo empleo. El desorden urbano en la GAM tiene graves repercusiones en la economía, con un costo que se estima en $1.500 millones anuales.

3. Ausencia de Planificación Estratégica con la dimensión ambiental a mediano y largo plazo. El desarrollo e inversión en infraestructura sigue tomándose sobre la base de decisiones políticas caprichosas, que no toman en cuenta la base de información técnica y científica y llevan a que cada vez se dé más y más sacrificio ambiental, adicionado al desperdicio de importantes recursos económicos (frustrada refinería china, Trocha, caso de APMT, cementazo, etc.). A pesar de que el turismo representa la principal fuente de ingresos para el país, se ha continuado con el deterioro de la naturaleza, por lo que, si no hacemos algo, más temprano que tarde vamos a provocar el decaimiento irreversible de esta importante actividad económica para el país y que tanto empleo produce.

4. A lo anterior se suma el serio y sistemático deterioro de nuestras áreas silvestres protegidas, incluyendo los parques nacionales, no solo por la mala gestión realizada (mucha burocracia), sino por la falta de guardaparques y su correcto equipamiento, para que puedan proteger la flora y fauna silvestre, no solo de los cazadores ilegales, sino también de los narcotraficantes, los mineros ilegales, y hasta de los incendios forestales provocados por gente irresponsable.

5. A pesar de que se nos dice, con mucho orgullo, de que el país ha “recuperado su masa boscosa”, la realidad es que, desde hace algunos años, precisamente debido a la falta de una efectiva gestión ambiental institucional del país, se ha estado dando una sistemática pérdida de biodiversidad continental y marina. El censo agropecuario del 2015 del MAG indicando la existencia de 37.200 hectáreas de piña debe contraponerse a un estudio reciente con fotos satelitales en las que ascienden a más de 58.000: una diferencia que hace ver el poco control y fiscalización del Estado, y el alcance de un monocultivo implantado con fuerza a partir del 2007 y que debe ser considerado como una verdadera vergüenza social y ambiental.

6. Nuestros mares se encuentran sobreexplotados y descuidados, con tendencia a seguir deteriorándose por la falta de acciones estratégicas que consideren su situación ambiental. El aleteo del tiburón sigue dándose debido a la falta de una estrategia sustentable que fije prioridades y cree soluciones para los pescadores artesanales, no así a las grandes empresas que lucran con el negocio. Lo mismo sucede con el tema de la pesca de arrastre, algo absolutamente inadmisible en estos tiempos.

7. Es claro que existe una clara y evidente ausencia de un control ambiental efectivo. Existen instituciones ambientales y pocas acciones concretas. Cada vez hay más burocracia y el sacrificio ambiental se incrementa. Existe un interés manifiesto de debilitar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con el pretexto de “fortalecer” a la SETENA en su tarea de que se convierta en una simple oficina administradora de permisos para aumentar el ya severo sacrificio ambiental que tiene el país. Vamos en dirección contraria en la búsqueda de soluciones sobre este tema, lo cual, tiene como consecuencia que se dé más desempleo y mayor daño ambiental al país. La judicialización de procesos está en incremento.

8. En las zonas rurales los problemas no son menores, sino peores. Basta ver la forma, casi exponencial, del crecimiento de las plantaciones intensivas de piña, que se suman a las de otros cultivos como el banano, el arroz, la caña, el melón y otros, en los cuales se usan paquetes tecnológicos de agroquímicos (muchos de ellos tóxicos y prohibidos en otros países) y que llevan a que, a la larga, se contaminen los suelos y los acuíferos del país, precisamente uno de los recursos naturales más importantes de que se dispone.

Aunque hay más indicadores, con los señalados es más que suficiente para darse cuenta que tenemos una seria, muy seria problemática ambiental que debemos atender y que requiere convertirse en el eje de una propuesta de una nueva gestión administrativa del Estado.  Dejarla por fuera, considerando que otros temas como el empleo, la brecha social, la corrupción, los impuestos y la seguridad, son temas más importantes, es un grave error; dado que la coyuntura actual exige soluciones integrales, serias y debidamente sustentadas.  Para usar una metáfora, es como si nos estuviéramos preocupando por pintar la casa y ponerle rejas, cuando la casa entera está a punto de deslizarse o de ser arrastrada por un río.

A los candidatos, el mensaje es claro: la situación amerita que se defina un eje que conforme la columna vertebral de la estrategia de acción. Algo que realmente enrumbe al país hacia su desarrollo sustentable, en cumplimiento del Principio de Sustentabilidad Ambiental, y que le de esperanza a las nuevas generaciones de que si hay posibilidad de tener un país mejor y líder en el mundo, como ejemplo de desarrollo sustentable. 

Los otros temas de siempre lo único que hacen es recordarnos que los políticos lo único que quieren es nuestro voto, para seguir accionando en algo que nos daña a todos: sumergirnos un poco más, a la gran mayoría, en el subdesarrollo, mientras sus amigotes hacen fiesta con nuestros recursos naturales.

Poder ciudadano: el caso Sardinal

Hemos señalado e insistido de forma reiterada en la importancia que tiene el hecho de que la Decisión Estratégica se fundamente en una acertada, objetivamente elaborada y bien sustentada Información Técnica y en un correcto diálogo social.

Empero esa decisión estratégica no puede, ni debe, ser tomada solo por un círculo de técnicos y, menos, por un grupo de políticos con cargos como funcionarios públicos.  La transparencia, la información y la participación deben ser la guía que lleve a tomar la decisión estratégica, ya sea de ámbito local, regional o nacional.

Poder Ciudadano: los ciudadanos, entendidos estos como los vecinos potencialmente afectados, las comunidades y la población en general, manifestada en todos sus diferentes sectores (de izquierda a derecha y de abajo para arriba), deben tener un papel protagónico en la toma de decisiones estratégicas. Y no todo lo contrario, es decir, como simples espectadores de la toma de decisiones desacertadas para posteriormente sufrir los efectos directos de las mismas con sacrificio ambiental y pagando el costo económico de las mismas.

Siguiendo un adagio popular que dice que el que "paga la música manda la fiesta", vemos que quien en realidad debe mandar es lo que vamos a llamar el Poder Ciudadano (PC).

Y ese PC no solo puede ser ejercido durante las elecciones. Eso ya no es realista por tres razones clave: 1. Considerando la abstención y el cada vez más creciente multipartidismo, el candidato del partido que se elija no representa más de 25% de la ciudadanía, o sea una minoría, lo cual es contradictorio con el criterio de una representación en democracia. 2. El candidato que se elige no necesariamente representa lo que quiere la ciudadanía que lo eligió, y menos el balance del 100% de la ciudadanía total, con lo cual ya entramos en contradicción directa respecto a las decisiones estratégicas que deben y tienen que tomarse, sin postergaciones. 3. La participación ciudadana no se limita solo a ejercer el voto. La legislación establece que los ciudadanos pueden y deben participar de forma activa en la toma de decisiones. Pero que se entienda no en un formato del tipo "operación embarre" (con talleres informativos, con encuestas o recolección de firmas), sino con instrumentos más proactivos y efectivos, como por ejemplo: la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).

Como hemos explicado ampliamente (ver: www.allan-astorga.com) la EAE es un instrumento de participación ciudadana muy ágil y efectivo. Los representantes de los diferentes sectores interesados (comunidades, ambientalistas, empresarios, académicos e institucionales, entre otros) se reúnen en una "mesa de diálogo", cumpliendo una serie de pasos metodológicos para sustentar una decisión estratégica (Política, Plan o Programa) para el país. La decisión puede generar lineamientos (como en el reciente caso de la Mesa de Diálogo sobre el régimen de pensiones de la CCSS y de salvaguardas que establecen el marco en que se puede hacer posible la acción planteada.

La EAE, como hemos dicho también, da transparencia y agiliza las acciones a ejecutar. Bien hecho hasta simplifica la tramitomanía de muchos proyectos. La EAE es diferente a la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental), porque se complementa la planificación estratégica en un contexto socioambiental general.

La EAE no es un "invento" nuevo. Se aplica con éxito en muchos países, aunque, a veces, con nombres diferentes. Suiza es un buen ejemplo de cómo el PC con visión de país es el que realmente toma las decisiones estratégicas para el desarrollo sustentable de la nación.

No toda PPP estaría sujeta a una EAE, pero si las más importantes. El mismo PC debería establecer la priorización.

Según nuestra reglamentación vigente, la EAE no solo se aplica a nivel nacional, se puede aplicar también a nivel regional (cuenca hidrográfica conformada por varios municipios) o a nivel cantonal o distrital (gobierno local).  El objetivo es siempre el mismo: la participación ciudadana en las decisiones estratégicas.

Sardinal: este caso es un buen ejemplo de cómo se hacen mal las cosas. Su experiencia es para escribir un libro, para no repetir los errores cometidos. Se trata de una comunidad (Sardinal) que se opone a una decisión estratégica que consiste en extraer agua del Acuífero de Sardinal para abastecer proyectos inmobiliarios y hoteleros desarrollados en las playas del Coco y Panamá. Proyectos impulsados sin una correcta planificación estratégica, sino en medio de una burbuja inmobiliaria anterior al año 2008. 

Ahora, casi 10 años después, y sin que todavía se cuente con la base técnica suficiente para definir una política de manejo del agua del Acuífero Sardinal, se han reiniciado las obras que corresponden a ese proyecto. Algo a lo que, lejos de resolver el problema, lo exacerba.

Los estudios técnicos realizados por el mismo MINAE y sus instituciones sobre las proyecciones de los efectos del Cambio Climático en el país, señalan claramente que el Pacífico Norte de Costa Rica es una de las zonas más vulnerables a los efectos de la Variabilidad Climática, principalmente con problemas de sequías extensas y las consecuencias de ello, como lo es, una reducción del reservorio de los acuíferos.

Visto en esta perspectiva, es claro que la Comunidad de Sardinal tiene el legítimo derecho a exigir que las decisiones estratégicas sobre el Acuífero del cual obtienen el agua dispongan de estudios técnicos completos y actualizados que incluyan, además, la componente de la Vulnerabilidad al Cambio Climático con una proyección de al menos 15 años.  Considerar que la simple medición de cambios en el nivel de aguas subterráneas de los pozos para un periodo de pocos años es suficiente para establecer de forma “unilateral” una decisión estratégica, como la de trasvasar 70 litros de agua por segundo hacia Playas del Coco y Panamá, no es suficiente. Máxime que no se hace bajo un marco de efectiva PC, algo que resulta paradójico en un gobierno cuyo partido ha levantado como bandera de lucha la “acción ciudadana”.

Soluciones: el caso de la Mesa de Diálogo del régimen de pensiones es, como hemos comentado, algo muy positivo, en medio de tantas malas noticias que recibimos a diario. Es un ejemplo de que las soluciones a la gran mayoría de los problemas de nuestro país deben surgir de un diálogo transparente entre todos los sectores de la sociedad, siguiendo reglas básicas de EAE.

Ya la Contraloría General de la República le ha ordenado al Poder Ejecutivo que reglamente, por fin, después de 13 años, el procedimiento para realizar la EAE para las políticas, planes y programas. La legislación vigente señala que la misma se puede aplicar tanto a nivel local, como regional y hasta nacional.

Esto no se debe ver como una complicación, todo lo contrario, se debe ver como una “luz al final del túnel” en la medida de que es la posibilidad de que el PC, por la vía del diálogo abierto, transparente, informado, participativo y, sobretodo, realista, el que proponga las soluciones concretas a nuestros problemas. Soluciones basadas en un sólido y objetivo criterio técnico.

Este proceso de EAE es la solución lógica y racional. No se requieren líderes salvadores o dictadores impositivos, lo único que se requiere es de un marco político que abra los espacios para que sea el PC el que plantee las soluciones a los grandes problemas nacionales. El caso específico de la valiente comunidad de Sardinal debería ser el primero en resolverse por esa vía, y no por la de la imposición, que tanto daño le hace a nuestra sociedad.

Piña vs agua: El costo del sacrificio ambiental

Ante un reciente reportaje del Programa “7Días” sobre pros y contras del cultivo de piña intensiva en Costa Rica, y dadas las imprecisiones allí manifestadas, se hace necesario hacer algunas aclaraciones.

Efectivamente, los cultivos intensivos de piña producen una serie de impactos ambientales. Entre ellos se cita la afectación de áreas de protección cauces, la corta de árboles, el incremento exponencial del factor erosión de los suelos, el aporte de sedimentos a los ríos y un serio impacto en el paisaje.

Pero esos impactos no son los principales, el más importante y de verdadero efecto negativo se refiere a la afectación de las aguas subterráneas o los acuíferos. En efecto, la Piña “Sweet Gold” o MD2 requiere de una gran cantidad de sustancias químicas que se infiltran en el suelo (Nota 1).

Para comprender bien esto hay que saber que en nuestro país hay muchos acuíferos. Posiblemente se trata de uno de los recursos naturales más importantes que tenemos. Pero, además, es un recurso estratégico, porque las aguas subterráneas aportan un porcentaje muy alto del agua para el consumo humano (cerca del 70 %).

Lo otro que hay que comprender es que los acuíferos son vulnerables a la contaminación. Contaminación que proviene de las actividades que se dan en la superficie. Una de ellas es la agricultura y en particular la agroindustria como el cultivo intensivo de la piña.

El problema que existe con la piña agroindustrial o su cultivo intensivo no es que se siembre o no, sino el “paquete tecnológico” que utiliza para la producción. Revisando ese paquete tecnológico propuesto por la misma empresa Pindeco en el estudio de impacto ambiental (EIA) de la controvertida piñera en Osa, muestra que el 80% de los agroquímicos que utiliza son tóxicos y contaminantes al suelo y las aguas (superficiales y subterráneas).

El problema es que esos agroquímicos se aplican durante toda la “vida útil” de la piñera, que puede ser muchas décadas. Este hecho produce un efecto ambiental acumulativo que se traduce en contaminación y daño ambiental a los acuíferos.

En el caso de la piñera en Osa, el mismo estudio hidrogeológico presentado como parte del EIA a la SETENA señala que sí se va dar contaminación al acuífero. Y, además, señala que se producirá una pluma de contaminación de 4.000 metros de ancho y 1.500 metros de longitud, moviéndose hacia el Humedal Térraba Sierpe, con el cual el Acuífero tiene conexión hidráulica, es decir, que tarde temprano la contaminación podría llegar al Humedal.

A los empresarios de la piña, a las cámaras y a la misma gente del MAG, para defender la actividad, les gusta a menudo usar números. Dicen que produce empleo (se estima que dos trabajadores por hectárea) e importantes ingresos por exportaciones, así como el pago de impuestos. Así, suena como un muy “buen negocio”. No obstante, cuando se les cuestiona sobre el Índice de Desarrollo Humano Cantonal (IDH) en los cantones piñeros, ahí, los señores empresarios se muestran más evasivos: son los cantones con el menor IDH comparados con cantones sin piña.

Pero también, desde el punto de vista ambiental, se pueden hacer números. La pregunta sería cuál es el costo aproximado del potencial daño ambiental a un acuífero. A modo de ejemplo, en el caso de la piñera en Osa, considerando el mismo estudio hidrogeológico aportado por la empresa, y usando un espesor de 30 metros para el acuífero y un 25 % de porosidad, nos damos cuenta que el volumen de agua que se contaminaría sería de 45 millones de metros cúbicos. Si estimamos el costo de depuración de esa agua subterránea contaminada (aproximadamente $500 / m3), sería de algo más de $20.000 millones.

Como se puede ver el costo beneficio socioeconómico no está bien hecho (aunque lo haga una entidad muy cercana al gremio empresarial como el INCAE), si no considera el tema del costo ambiental. No estamos muy seguros que el INCAE incorpore en sus programas a especialistas en gestión y evaluación ambiental, por lo que su estudio sobre la piña puede adolecer de algunos importantes vacíos. 

Visto desde un enfoque mucho más integral, el negocio no parece ser tan bueno para el país, pues los beneficios socioeconómicos que se obtienen se hacen a costa de un grave sacrificio ambiental. Uno más, que se suma a otros muchos sacrificios ambientales que se originan cuando las decisiones políticas se imponen a las decisiones técnicas y científicas. Por lo visto, muchos de nuestros políticos ignoran, cuando toman decisiones, lo que dice el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, que señala que se debe cumplir con principios de lógica, ciencia y técnica.

Vías de solución: nuevamente, no se trata de que no se haga nada, sino que las actividades productivas se realicen cumpliendo el Principio de Sustentabilidad Ambiental (ver: www.allan-astorga.com). En el caso de la piña, hay dos alternativas: la primera que la producción de la fruta modifique el paquete tecnológico para producir una piña más ecológica que realmente represente la “marca país”. La otra solución es que, con criterios de ordenamiento ambiental territorial (ver Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE), se localicen terrenos realmente aptos para el cultivo de piña intensiva, y se descarten otros donde el impacto sería mayor. A la fecha no se cuenta con alguna clasificación ambiental de suelos, por lo que la piña se extiende por doquier de manera totalmente irresponsable, sin dar un cumplimiento efectivo a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos.

Esto último es posible, pero debe cambiarse el paradigma de comprar primero las fincas, para luego hacer los estudios técnicos y solicitar la Viabilidad Ambiental, algo que nos afecta a todos: empresarios, instituciones, ciudadanos y, en particular, a nuestra Naturaleza, el ambiente y sus cada vez más limitados recursos naturales, como el agua.

Además, dado que el tema de la vulnerabilidad acuífera del terreno es el factor clave, y dado que tanto la Sala Constitucional, como el mismo Tribunal Contencioso Administrativo han recalcado la importancia de aplicar la Matriz del SENARA, como criterio para decidir el uso del suelo y la intensidad de ese uso, se hace indispensable que tanto las nuevas plantaciones que se planteen, como las ya existentes, deban revisar la condición de vulnerabilidad de los fincas donde se ubiquen a fin de que establezcan medidas correctivas, preventivas y dado el caso, compensatorias.

En el 2011 tuvimos la oportunidad de plantear al siempre Director de Aguas del MINAE las siguientes preguntas, sin respuestas a la fecha:

“¿Podría tal vez don José Miguel explicarnos, por ejemplo, qué ha hecho su Ministerio, para, en coordinación con el MAG y el Senara, evitar que se repita el desastre ocurrido con los acuíferos en el Cairo y Milano de Siquirres debido a la contaminación de plaguicidas por las plantaciones de piña alertada desde el 2005 por la UNA y confirmada en julio del 2007 por el Ministerio de Salud? ¿Dónde consta algún protocolo MAG/Minae/AyA/Senara al respecto para evitar, a modo preventivo, que se repita esta tragedia en otras partes del país? ” (Nota 2). 

Este tema debería ser tomado en cuenta por los mismos importadores, pues es clave para certificar cuál es el costo ambiental de la piña que están comprando. En Costa Rica es posible producir piña ambiental y socialmente sustentable, solo se ocupa anteponer la ciencia y la técnica, por encima de las arbitrarias decisiones políticas que se olvidan que nuestra naturaleza y nuestro ambiente no son infinitos, sino muy limitados.

Nota 1: En el anexo XII, p. 57 de este documento publicado por la Unión Europea se da la lista de todas sustancias químicas requeridas. El texto está disponible en: http://pip.coleacp.org/files/documents/IT-AnanasMD2%2012-2011-02-1-UK.pdf

Nota 2: Véase nuestro artículo ASTORGA A, “Manejo o control integrado de las aguas”, Mayo del 2011, La Nación. Texto disponible en: http://www.allan-astorga.com/allan-astorga/2011/05/manejo-o-control-integrado-de-las-aguas

Conviviendo con el riesgo

Cada año la historia de las pérdidas de vidas y de bienes materiales así como obras de infraestructura vial se repite. Los eventos casi siempre son los mismos: se dan lluvias intensas y, como consecuencia de ello, se dan inundaciones y deslizamientos que provocan muchos daños, no solo en la GAM, sino también a lo largo de todo el país.

La causa original de esa situación encuentra la explicación en el hecho de que nuestro país es un territorio geológicamente muy activo, es decir, se presenta mucho relieve y formaciones geológicas inestables que, combinados con el hecho de que nos encontramos en una zona tropical, sujeta a muchos eventos hidrometeorológicos, da como resultado los desastres que cada año se repiten en todo el país.

Está demostrado, científicamente, que la mayoría de esos eventos naturales, aunque no se pueden evitar, en su gran mayoría si se pueden indicar como zonas de alta y muy alta amenaza en mapas de escala detallada. De forma tal que es posible evitar que las construcciones se desarrollen en esas zonas ya identificadas. Esto es una tarea de la Gestión Preventiva del Riesgo, tal y como lo establece nuestra Legislación.

En Costa Rica, desde el 2006, se cuenta con una metodología de zonificación ambiental (Decreto 32967 – MINAE) que, entre otras cosas, permite identificar las zonas de alta y muy alta amenaza. Esta metodología (los IFA) se ha aplicado en una importante cantidad de cantones del país, entre ellos los 31 cantones de la GAM.

En el caso de la GAM se generó cartografía a escala 1:10.000, una escala apropiada para la elaboración de planes reguladores de los 31 cantones de la GAM.  La misma puede ser consultada en la página electrónica: www.mivah.go.cr como los “productos del PRUGAM”.

Pero la información de los IFA de la GAM y de otras regiones del país, no solo permiten reconocer esas zonas de alta y muy alta amenaza (a inundaciones, deslizamientos, fallas geológicas, etc.), sino también han permitido identificar donde se presentan construcciones dentro de esas zonas, es decir, construcciones en condición de Alto y Muy Alto Riesgo.

Un ejemplo concreto de esto lo representa la cartografía de IFA Amenazas Naturales que se realizó para el cantón de Escazú. Es fácilmente comprobable el hecho de que el área afectada por una avalancha en Quebrada Lajas de Escazú, donde murieron 23 personas en noviembre del 2010, ya se había identificado e informado a la Municipalidad desde el año 2006. Desde ese año se le había indicado a la Municipalidad la importancia de que los pobladores de esa zona de muy alto riesgo fueran informados de su situación y que contaran con un plan de emergencia en caso de un evento. Desafortunadamente, nunca se hizo nada.

Los datos de los estudios del PRUGAM, realizados en el 2008, indicaban que ya para ese año cerca del 20% de la población de la GAM (aproximadamente 500.000 personas o 100.000 familias) vivían en construcciones localizadas en sitios de alto y muy alto riesgo. Casi 10 años después, y sin que se haya hecho mucho al respecto, es muy probable que esa porcentaje se haya elevado, con nuevas construcciones en esa condición.

Como se puede ver, es un tema muy delicado, en particular si se toma en cuenta que, además de las inundaciones y deslizamientos producidos durante periodos lluviosos, se puede sumar la posibilidad de la existencia de un terremoto que afecte el Valle Central. Algo que podría resultar muy dañino, para todas esas construcciones que se localizan en zonas de alto y muy alto riesgo.

Líneas de acción. La solución para esta seria situación en que se encuentra el país parte de dos líneas básicas.

La primera sería que las municipalidades de la GAM (y de otros cantones que tengan información de IFA Amenazas Naturales a escala apropiada: menor de 1:25.000) utilicen dichos datos para evitar que se desarrollen nuevas construcciones en sitios de alta y muy alta amenaza o que, en su defecto, las construcciones en cuestión contemplen diseños apropiados para disminuir su condición de riesgo, siempre que sea posible.

Es importante recalcar que esta tarea es indispensable, dado que, como ya se dijo, la cantidad de construcciones de alto y muy alto riesgo se sigue incrementando año con año, así como los daños que se producen. Al respecto, las municipalidades deben tomar una clara conciencia de actuar, no postergando el asunto a que se deben tomar acciones hasta que se cuente con planes reguladores aprobados. Lo más importante es considerar la información de zonificación ambiental existente y utilizarla como base para establecer Ordenanzas Municipales de Gestión del Riesgo, tal y como lo establece la Ley Planificación Urbana.

La segunda acción concreta tiene que ver con las construcciones que ya se encuentran en condiciones de alto y muy alto riesgo. Aquí también las municipalidades y las comisiones locales de emergencia juegan un papel importante en la tarea de establecer planes de prevención, de alerta temprana y de emergencia.  Pero esto no es suficiente. Dichas acciones deben acompañarse con un seguro de bajo costo, para desastres naturales.  De esta forma, los habitantes de estas zonas de alto y muy alto riesgo, en caso de ser afectados por un evento natural que les provoque daños a sus propiedades, podrían disponer de recursos para poder recuperarse, al menos en parte de su pérdida.

Considerando la cantidad de personas de solo la GAM, que se encuentran en condición de Alto y Muy Alto Riesgo a las amenazas naturales, existiría factibilidad para la creación de un seguro de este tipo, de manera que las personas afectadas puedan tener una base de inicio más sustentable que la que actualmente existe.

Finalmente, se impone una moratoria para nuevas construcciones en las partes altas de varias cuencas de ríos del Valle Central: la gran cantidad de agua que causa destrozos actualmente se debe a la impermeabilización de los suelos cuenca arriba de años atrás. 

Como se puede ver, aunque no podamos cambiar la condición de susceptibilidad que tiene nuestro país a las amenazas naturales, si podemos actuar con acciones muy concretas de Prevención del Riesgo, que permitan salvar vidas y mitigar los daños que cada año se siguen dando con una tendencia creciente. Ello sin hablar del costo económico que suponen estos daños recurrentes y la atención a los más vulnerables, cada vez más numerosos, por parte de un Estado con recursos cada vez más limitados.