Montes de Oca: situación ambiental y oportunidad de progreso humano sustentable

Montes de Oca tiene apenas 15,5 Km2. Tiene tres distritos urbanos: San Pedro, Mercedes y Sabanilla, y un distrito “verde”, San Rafael, el cual, ha empezado a urbanizarse aceleradamente.

Montes de Oca forma parte de la Gran Área Metropolitana (GAM) y es “atravesado” por el anillo de contención urbana, que ha impedido que San Rafael se convierta en otro distrito altamente urbanizado.

Alberga muchas de universidades, entre ellas el campus de la UCR y varias instituciones públicas, así como comercios, zonas residenciales y pequeñas industrias.

Fue uno de los primeros cantones en tener Plan Regulador, el cual se ha renovado un par de veces, pero es un claro ejemplo de que el modelo de desarrollo urbano que se ha aplicado, no es sustentable desde el punto de vista ambiental. Algo que aplica también para muchos de cantones de la GAM y del país.

Situación ambiental: en el  2009, por medio del Plan Regional Urbano y Rural de la Gran Área Metropolitana (Prugam) se aprobó, por parte de Setena, la zonificación de fragilidad ambiental de Montes de Oca. se realizó a escala 1:10.000 y se encuentra vigente. En el año 2013, se actualizó.

El resultado arroja importantes datos:

1.    Geoaptitud: la mayoría del cantón califica como de Alta Fragilidad Ambiental, con zonas de Muy Alta Fragilidad. Se debe al tipo de suelo y subsuelo superior, que está formado por espesas capas de cenizas volcánicas y lahares (flujos de origen volcánico), de menos de 100 mil años y que, no están consolidadas, o sea, son deleznables y susceptibles a la erosión.

2.    Geomorfológicamente, el cantón es una ladera distal del volcán Irazú, con pendiente suave a moderada hasta alta, que, combinado con la “mala calidad” geomecánica de las cenizas y lahares, crea una condición moderada hasta alta a deslizamientos.

3.    Hidrogeológicamente, todo el cantón es un área de recarga acuífera. Bajo el cantón hay dos acuíferos, el más superior de potencial bajo y el inferior de potencial alto a muy alto (Acuífero Colima).

4.    Amenazas naturales; inundación de algunos ríos y quebradas, vulnerabilidad por amplificación sísmica y, dos fallas geológicas que “cortan” el cantón en dirección sureste al noroeste.

5.    Bosques y ecosistemas naturales: salvo muy pocas excepciones, el área verde se encuentra en San Rafael. Son bosques secundarios intervenidos, mezclados con potreros con árboles. Ahora están en un serio peligro de ser lentamente urbanizados. Juegan un importante valor ecosistémico (captura de carbono, producción de oxígeno, estabilidad del terreno, paisaje, biodiversidad y mejora de capacidad de infiltración, entre otros elementos).

Situación hidrogeológica:  se analizó la vulnerabilidad hidrogeológica del cantón. Los estudios se encuentran en el Senara. Los resultados son muy importantes:

1.    Las aguas subterráneas son, el recurso natural más importante que tiene Montes de Oca. Bajo la totalidad del cantón se presentan dos acuíferos. El más bajo, a varias decenas de metros bajo la superficie, tiene un espesor promedio de 200 metros, es el más importante. Correspondería con  Acuífero Colima y hacia el Este, pasa hacia otro, el Acuífero (Rancho Redondo).

2.    El acuífero superior, es de menor potencial, pero importante. En el sector de San Rafael presenta 21 manantiales.

3.    El cantón tiene muchos pozos de aguas subterráneas. Algunos se utilizan para el abastecimiento público (AyA). En el Archivo del Senara, se contabilizan 120 pozos, que extraen 234 litros por segundo (121 millones de litros al año) de agua subterránea!

4.    Cuando se compara ese dato con la cantidad de agua de lluvia que se infiltra en el cantón para recargar los acuíferos, resulta que el balance hídrico es negativo para los distritos urbanizados. Esto, se debe al modelo de expansión horizontal que impermeabilizó gran parte de los terrenos. En San Rafael, el balance hídrico todavía es positivo.

5.    La Vulnerabilidad Hidrogeológica del cantón es de Media a Alta, de manera que algunas actividades productivas representan una fuente potencial de riesgo de contaminación del agua subterránea. Esto, y el déficit de áreas verdes en zonas urbanas, debe replantear el modelo urbano de Montes de Oca.

Hacia un modelo urbano sustentable: evaluando la sustentabilidad ambiental del cantón, respecto al modelo de desarrollo urbano desarrollado en las últimas décadas, nos lleva a la clara conclusión que el mismo no ha sido, ni es sustentable.

A pesar de tener plan regulador, por más de 40 años, el modelo urbano del cantón ha sido incorrecto y no compatible con su condición ambiental. Esta situación, combinada con la existencia de una legislación urbana, ambientalmente inadecuada y urbanísticamente permisiva, ha hecho que se haya dado un modelo urbano horizontal equivocado, pues promueve la impermeabilización de los terrenos y la eliminación de las áreas verdes.

Algo que, ahora, por culpa de esa legislación, particularmente el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones, así como el de condominios, está haciendo que ese equivocado modelo de expansión urbana no sustentable, se esté ampliando hacia San Rafael, de forma muy rápida y con el agravante de que es el único territorio del cantón, donde todavía hay posibilidad de recuperar el equilibrio ambiental.

Bajo estas condiciones, urge tomar medidas correctivas y cambiar el modelo de desarrollo urbano. Se deben corregir errores y replantear una renovación urbana, más sustentable.

Desde el punto de vista ambiental, los principales lineamientos que debería tener ese modelo urbano sustentable de Montes de Oca, son:

1.    La cobertura o huella de las construcciones debe limitarse, no debería superar el 30 o 40 %, dependiendo de su condición de vulnerabilidad hidrogeológica. El resto del terreno debe dejarse como áreas verdes, como jardines o mejor aún, como zonas arboladas que permitan la infiltración de las aguas de lluvia al suelo y recarguen los acuíferos.El uso del “zacate-bloc” o concreto permeable, también debiera de promoverse al permitir infiltración del agua en áreas de estacionamiento y demás.

2.    Las áreas calificadas como de muy alta fragilidad ambiental (por su alto riesgo), dadas sus condiciones de Geoaptitud, no deberían ser sujetas de construcción y, más bien, deberían ser objeto de regeneración natural de bosques.

3.    El desarrollo urbano debe ser de tipo vertical, pero regulando apropiadamente las “alturas máximas” (14 pisos, se considera apropiado).

4.    Las aguas residuales no deberían ser tratadas mediante tanques sépticos convencionales. Deben ser recogidas por un alcantarillado sanitario y tratadas en una planta de tratamiento eficiente.

5.    Todos los edificios, de construcción vertical, sin excepción, deberían disponer de sus propias plantas de tratamiento de aguas residuales, así como un sistema de “cultivo de agua lluvia”, para su utilización en las zonas verdes,en batería de sanitarios, y otros usos para los que no es indispensable usar agua potable, de manera que no sobrecarguen, aun más los cursos de agua. En general, todos los edificios (comerciales, institucionales, residenciales o mixtos) deberían ser ecológicos y autosostenibles.

6.    Los tres distritos urbanos del cantón deben ser objeto de una intensa renovación urbana que aumente las áreas verdes, mejore la recarga acuífera y su calidad paisajística. Como parte de ese proceso de recuperación de espacio “verde”, se deber implementar un plan de mejoramiento vial y peatonal que mejore la calidad ambiental de estos distritos del cantón y la movilidad urbana.

7.    En San Rafael, urge detener el desarrollo urbano horizontal y cambiar el modelo urbano por un modelo de mejoramiento y recuperación de las áreas verdes (áreas de protección de manantiales, áreas de recarga acuífera y zonas de riesgo), promoviendo la regeneración del bosque.

Nuevo Plan Regulador, una tarea de todos: desde el año 2002, la Sala Constitucional señaló la importancia de que los planes reguladores realizaran “un examen de su impacto ambiental”. El país, le llamó a esto “introducir la variable ambiental” en el plan regulador o en el plan de ordenamiento territorial. Montes de Oca, aún no lo ha hecho y urge empezar a trabajar en ello.

Esa tarea no le incumbe solamente a la Municipalidad, es también una labor que debemos emprender todos los ciudadanos del cantón y, en particular, las instituciones que se localizan en el mismo. Las  universidades del cantón juegan un papel clave, en particular, la Universidad de Costa Rica.

Dada la velocidad del desarrollo inmobiliario, es una tarea urgente y que debe hacerse sin demoras.

La Municipalidad requiere el apoyo de todos, para que, en un plazo de un año, el cantón cuente con una Planificación sustentable de todo su territorio.

Es posible, podría incluso convertirse en un cantón piloto. Un modelo por  seguir para los demás. Lo podemos lograr ya, con la ayuda de todos. Si está interesado, regístrese ante la Municipalidad.

Sacrificio ambiental que beneficia a unos cuantos

Por cómo han evolucionado las cosas podríamos empezar diciendo que la diferencia sustancial entre “Sostenibilidad” y “Sustentabilidad” estriba en que el primer concepto ha sido muy desgastado y hasta, prácticamente, prostituido. 

Ahora casi todo es “sostenible”: resulta que un hotel de “cinco estrellas” que taló un bosque para construirse, como ahora recicla la basura, usa iluminación led y ahorra agua, es, según reza su publicidad, “sostenible”. Igual con algunas industrias que tienen sistemas operativos muy contaminantes, pero que, como recogen parte de los envases de plástico que ellas mismas producen y ayudan a limpiar playas y ríos, entonces también son “sostenibles”. Sin hablar de un Ministro de Ambiente de Costa Rica que se refería -al parecer muy convencido- a minería química "sostenible" en la zona norte de nuestro país.

La Sustentabilidad Ambiental trata de superar ese mal uso del concepto y establece una meta diferente, lo que llamaríamos la correcta y equilibrada gestión ambiental de una organización, pudiendo ser esta desde una persona hasta toda una compleja corporación.  

El Principio de Sustentabilidad Ambiental señala: “las actividades humanas, de cualquier tipo, deben ser ambientalmente sustentables en el tiempo, de una forma efectiva, de manera que se garantice el equilibrio ecológico sin efecto ambiental significativo, es decir, sin que el equilibrio natural sea alterado por encima de su capacidad de asimilación de carga ambiental adicional”.

A diferencia del concepto de “Sostenibilidad”, la Sustentabilidad no es un maquillaje para dar la impresión de que se “trabaja” en pro del ambiente.  Por eso, cuando se hace un trabajo consciente y responsable por la Naturaleza, la vida y el ambiente en general, se está en el camino de la Sustentabilidad Ambiental. Y aunque en primera instancia algunos no estén de acuerdo, eso es el camino hacia el verdadero Progreso Humano y, como veremos, produce trabajo y beneficio para todos.

Decimos que “algunos no estarían de acuerdo”, porque son aquellos que creen que quienes defendemos los principios de la Sustentabilidad son lo que obstaculizan el “desarrollo”, impiden o atrasan los proyectos de inversión que, a su vez, son los que producen empleo y dinamizan la economía, porque, dizque “ayudan a positivamente” en la “lucha contra la pobreza”.

Notemos que, para muchos, "desarrollo" son ganancias millonarias de unos pocos a cambio de salarios modestos y por debajo del límite legal. El caso de la piña de exportación de Costa Rica sería un ejemplo de ello, donde los beneficios económicos de los empresarios supera los efectos en el ambiente de estas grandes plantaciones.

Con esa interpretación se justifica casi cualquier cosa, incluyendo el hecho de que ese “proyecto de desarrollo” no esté planteado de una forma verdaderamente sustentable. Es decir, que se trata de un proyecto, que, por su inadecuado diseño, mala gestión y carencia de una correcta planificación, va a producir daños al ambiente, o sea, que no es sustentable. Todo lo contrario, producirá un “Sacrificio Ambiental”, empero como es “una inversión que se necesita”, nos dicen los políticos, hay que apoyarlo y dejar que se ejecute.

Esta es una historia que se repite con mucha frecuencia, año tras año, década tras década y así el “desarrollo” del país se sustenta en un cada vez mayor “Sacrificio Ambiental” de la naturaleza, la vida, sus recursos naturales y el ambiente en general.  Y nos preguntamos: ¿y la pobreza se venció con todo ese sacrificio ambiental, valió la pena? ¿Acaso las zonas en las que se produce piña las comunidades se benefician de un Índice de Desarrollo Humano mayor al de otras regiones? Todo lo contrario.

La pobreza está estancada desde hace décadas y más bien, si se cuenta en la cantidad de personas en pobreza, se ha incrementado. En el caso de Costa Rica, los informes del Estado de la Nación lo repiten desde hace muchos años. Y algo más, la desigualdad se ha incrementado en todo ese tiempo, es decir, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres más pobres.  En resumen, el Sacrificio Ambiental que se ha llevado a cabo solo ha beneficiado a unos cuantos: un sector muy privilegiado que, cuando habla del ambiente, dice que su actividad económica es muy “sostenible”.

¿Y cómo la sustentabilidad produce progreso y de verdad es una solución de la pobreza? La respuesta es simple, pero objetiva: porque produce trabajo, mucho trabajo. 

Planificación y control. Para lograr la sustentabilidad de un proyecto de inversión se requiere planificación, estudios técnicos multidisciplinarios y diseños concordantes con los mismos. Y, una vez en ejecución, además del personal necesario para el mismo, un proceso de control eficiente que garantice la aplicación de medidas que garantice su sostenibilidad. 

Hacerlo bien requiere de un serio trabajo, por lo que necesita mucho trabajo para diferentes labores: desde peones hasta profesionales de diversos campos. Sí, los mismos profesionales que hoy salen de las universidades y que chocan con la triste realidad de que hay poco trabajo o el poco que hay no tiene relación con la disciplina que estudiaron.

Se podría pensar que ya eso existe, pues se realiza cuando un proyecto dado cumple con el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). La respuesta es parcialmente cierta, dado que, en muchos casos, la EIA es desvirtuada en su objetivo fundamental, y se ha convertido en un proceso que no logra la sustentabilidad, todo lo contrario, se convierte en una herramienta para el sacrificio ambiental. Con, además, un detalle de importancia: quien financia el EIA es el mismo proyectista, por lo que el riesgo de que los estudios presentados sean sesgados es alto, y la capacidad de evaluarlos correctamente por parte de la SETENA, limitada.

Así, podemos afirmar que, la EIA, lejos de estar garantizando la Sustentabilidad Ambiental de un proyecto, más bien resulta en una especie de “maquillaje” de una inadecuada gestión. Caemos nuevamente en el orden del prostituido y desgastado uso del término “Sostenible”.

Y, queda otra pregunta: ¿garantizar la sustentabilidad ambiental de un proyecto es caro? La respuesta es que no difiere mucho de la inversión que ya se hace para la EIA del mismo proyecto. La diferencia es que el trabajo se hace bien desde el principio, y pensando en que el proyecto logre armonizarse de forma efectiva con el ambiente y no, como se hace en la gran mayoría de los casos, pensando en “justificar” el proyecto y su diseño, aunque este se imponga al ambiente, provocando un sacrificio del mismo.

¿Qué se ocupa para implementarlo en nuestro país? Un cambio de actitud de parte de las autoridades y un compromiso, serio, respecto al cumplimiento de la legislación ambiental que ya está vigente. Hemos señalado, previamente, cómo la institucionalidad se ha convertido en un cómplice de quienes dañan el ambiente, precisamente, por no usar las herramientas técnicas, legales y administrativas de que disponen.

El principal elemento del cambio es una correcta actitud de las autoridades, de gobierno central y de las municipalidades. Abrir los espacios para desarrollar una correcta, transparente y participativa planificación territorial y estratégica, así como un efectivo y eficiente proceso de control ambiental. 

De los empresarios privados y de los ciudadanos en general lo que se ocupa es una apertura de conciencia respecto a la importancia de impulsar la sustentabilidad ambiental, y no solo el desgastado y casi inútil concepto de “sostenible”, que solo es un maquillaje para el sacrificio ambiental que afecta desde hace mucho a nuestro país.

Impulsar la sustentabilidad ambiental es una tarea de todos y es el camino correcto para promover, de verdad, el progreso humano y de nuestro país.

Desastre de Otto y la oportunidad de mejorar gestión del riesgo

Con el ánimo de ser proactivo y autocrítico sobre las acciones tomadas por las autoridades de gobierno respecto a la emergencia del Huracán Otto, hay que iniciar por reconocer la positiva y dedicada gestión realizada, cuyo objetivo primordial se centró en salvaguardar la vida.

No obstante, también es importante analizar, en perspectiva, lo sucedido para promover mecanismos escalonados que nos permitan mejorar en un tema clave para nuestro país: la gestión del riesgo preventiva.

Gestión del riesgo: la Ley Nacional de Emergencias la define como: “Proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios y el ambiente. Es un modelo sostenible y preventivo, al que se incorporan criterios efectivos de prevención y mitigación de desastres dentro de la planificación territorial, sectorial y socioeconómica, así como a la preparación, atención y recuperación ante las emergencias.”

Como se puede ver, tiene dos componentes: la Preventiva y la Reactiva. Esta última es la que ocupa, hasta ahora, la mayor cantidad de esfuerzos de la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias (CNE), tanto en su instancia central como a los comités locales.  Actúa cuando el evento que motiva la emergencia (desastre) está sucediendo o ha sucedido. Implica fundamentalmente acciones en la atención de los afectados.

La componente Preventiva es diferente, porque se tiene que desarrollar antes de que ocurra el desastre.  Como parte de la misma, y dada la naturaleza de evento que produce el desastre, puede implicar la acción de evacuación de los sujetos en el peligro inminente de los sitios, identificados, como de alto y muy alto riesgo.

Problema de escala de la Prevención: la reciente experiencia con lo del Otto ilustra esta situacion. Así, a nivel nacional, el Presidente mostraba un mapa del país con los cantones declarados en Alerta Roja, con lo cual se ordenaba a la gente evacuar los sitios de riesgo, como las áreas cercanas a los ríos o sitios propensos o vulnerables a los deslizamientos. 

Cabe decir que el lineamiento así emitido a escala nacional es correcto. No obstante, el problema es llevarlo a la escala local. Y este detalle de escala, podemos afirmar, es lo que desafortunadamente lleva a que se produzcan víctimas.

Ilustrémoslo con un ejemplo: como parte de los cantones la alerta roja por Otto se incluyó a Pérez Zeledón. Se trata de un cantón de casi 2000 km2 con un porcentaje significativo de población que reside en zona rural de montaña. ¿Debían todos ellos evacuar sus casas? ¿Hacia dónde deberían ir? ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál era su condición efectiva de riesgo y a qué factores: deslizamientos, inundaciones, avalanchas, etc.?

Como podremos notar, el tema clave aquí está en el detalle: en información y preparación a escala de casas, caseríos, barrios, distritos y el cantón mismo.  Una tarea que no se puede resolver en el momento de la emergencia, sino antes, como parte de una efectiva gestión preventiva del riesgo.

Esta es la llave para mejorar en la búsqueda de objetivo fundamental: salvar vidas y, también, las propiedades y la infraestructura vital.

¿Cómo lograrlo? La respuesta está en el uso combinado de la información de detalle que el mismo país ha generado durante, al menos, los últimos 10 años. Veamos:

Paso 1: Información cartográfica. el Programa de Regularización y Catastro generó, para una gran parte de país, muy valiosa información catastral y de imágenes de alta resolución. Son tan detalladas que, en muchos casos,  es posible ver  el techo de las casas de habitación con mucho detalle, tanto que hasta se podría “escribir” en ellos el nombre de quienes viven allí (datos de Censo y del Comité Local) y, sus números de teléfono celular para mensajes de urgencia.

Paso 2: Información de sitios de Alto y Muy Alto Riesgo a Amenazas Naturales.  Desde que la Sala Constitucional, en el año 2002, ordenó que los planes regulares realizaran “un examen de impacto ambiental”, esta información se ha venido generando con un detalle aceptable (escalas 1: 10.000 a 1: 25.000) por medio de la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 32967 – MINAE en los estudios para los planes reguladores u otro ordenamiento territorial y de evaluación del riesgo.  Los estudios de Zonificación de Fragilidad Ambiental o de identificación de sitios de riesgo a buena escala, realizados hasta ahora, cubren al menos 50 cantones, poco más de la mitad del país.

Paso 3: Cruce de información y desarrollo de planes locales de Gestión Preventiva del Riesgo. El producto principal de ese “cruce” de información es que permite identificar sobre mapas y ortofotos, con mucho detalle, qué casas y construcciones, en general, se encuentran en alto y muy alto riesgo.

Nótese que no se trata de todo el territorio del cantón, sino las áreas de este que caen es esa categoría. Como se ve, con esta plataforma de información, de escala detallada, es posible realizar una gestión verdaderamente efectiva y preventiva. 

La gente que vive en esos sitios debe ser informada y capacitada. Además, de forma participativa, deben diseñar su plan de emergencia y evacuación e, incluso, en casos necesarios, sus sistemas de alerta temprana. 

Todos pueden tener tras la puerta de sus casas el Protocolo de Emergencia (adaptado a sus condiciones) que deben aplicar si se declara Alerta Roja. Así, no tendrán que esperar a que lleguen a buscarlos, haciendo que se pierda tiempo valioso. Además, con el tiempo necesario,  se  resuelve mejor lo que hay que hacer para atender a las personas con limitaciones de movilidad e, incluso, a los animales (mascotas y de granja).  

El protocolo puede incluir el sitio donde debe desplazarse por seguridad que, no necesariamente, tiene que ser un albergue, sino un lugar previamente definido y acordado por los vecinos. 

¿Que se requiere para implementarlo? Solo la voluntad y disposición de las autoridades para orientar esfuerzos y recursos en esa dirección. Ya, desde el 2011 se dispone de una propuesta de Proyecto conjunto entre el IFAM y la CNE. Solo se ocupa de reactivarlo y ponerlo en marcha.

Historia reciente y retos:  la revisión de los desastres naturales principales (fenómenos hidrometeorológicos o terremotos) que han provocado muertes de personas en el país durante los últimos 30 años nos dicen que ocurre, en promedio, uno cada 3 años. Es decir que, cada administración de gobierno enfrenta al menos una crisis de emergencia por desastre natural. 

Lo malo es que el tema se atiende y la imagen política se mejora, empero no se hace nada más. La página se pasa con facilidad y rápido se entra en la rutina de siempre, dejando la amarga experiencia de muerte en el olvido, sin que el sacrificio de esas vidas perdidas tuviera alguna utilidad. Algo que a todas luces no es correcto, en particular, porque sí es posible hacer algo.

Pero el asunto no termina allí. La combinación de tres realidades concretas, también deberían llevarnos a reaccionar lo antes posible:

1. Vivimos en un país geológicamente muy activo, donde se presenta toda la lista de fuentes de amenazas naturales, como en libro de texto. Solo que con la gran bendición de que en un 90% son reconocibles y mapeables.

2. La variabilidad climática y el Cambio Climático hacen de Centroamérica, Costa Rica incluida,  la región del mundo más vulnerable. Algo que deberíamos tomarnos muy en serio para tomar medidas concretas.

3. Por la ausencia de Planificación Territorial y Estratégica, combinada con la existencia de una excesivamente laxa normativa de uso de suelo, tenemos muchas construcciones en sitios de alto y muy alto riesgo (20 % en la GAM, al menos).

Por todo esto es que requerimos actuar pronto, desarrollando las bases de un proceso de mejoramiento continuo que logre resolver el problema de escala entre el nivel nacional y el nivel local. Algo que, en definitiva, ayudara mucho a cumplir el sagrado objetivo de salvar cada vez más vidas.

La actual administración de gobierno tiene, a raíz de lo sucedido con el Huracán Otto, la valiosísima oportunidad de cambiar la historia y avanzar en la dirección correcta. Para ese fin, me pongo a su entera disposición para trabajar juntos. Nuestro país se lo merece.

Costa Rica necesita investigación geológica, no explotación petrolera

Ante la reciente publicación de la Junta Directiva del Colegio de Geólogos de Costa Rica, titulada “Posición del Colegio de Geólogos de Costa Rica –CGCR- ante la Exploración y Producción del Petróleo y Gas Natural en Nuestro País”, y en razón de que el autor no comparte esa posición y, debido a que el tema podría ser del interés de la sociedad, se hace necesario presentar de forma pública los argumentos de ese disentimiento.

En primer lugar, debo señalar que conozco del tema en razón de haberme desempeñado como geólogo de exploración petrolera (en Costa Rica y Nicaragua) para RECOPE, durante más de 10 años. De igual manera, contribuí con la Dirección General de Hidrocarburos en la elaboración del Cartel de Licitación de Bloques Petroleros del país y de una publicación de síntesis sobre el Potencial Petrolero de Costa Rica. Todo esto entre los años 1984 y 1995, cuando comencé a trabajar más en el área de evaluación de impacto ambiental.

Posición gremial: respecto a la publicación del CGCR se hace necesario realizar algunas precisiones:

En Costa Rica no existen reservas de petróleo y gas natural probadas, de manera que no es posible hablar de explotación de esos recursos. En razón de ello, todo lo que se afirme sobre este tema es absolutamente especulativo y, por tanto, no resulta correcto generar la expectativa de que en el subsuelo de nuestro país hay reservas explotables de hidrocarburos.

Desde principios del siglo XX se encontraron evidencias de hidrocarburos en varios lugares de país. No obstante, el hecho de que los análisis de los mismos indiquen que son de buena “calidad” no significa, para nada, que se encuentren en cantidades suficientes para formar reservas explotables. 

Cuando se habla de que por medio de las tecnologías actuales los yacimientos que antes eran “invisibles” ahora son “visibles”, sería de gran relevancia que se indique primero que todo: ¿quién ha generado esa información?, ¿cuál es el respaldo científico de la misma?, ¿dónde están los informes técnicos recientes que respaldan eso? y ¿qué entidad oficial los ha revisado y avalado? Mientras eso no se indique, nos mantenemos en el campo de la simple especulación

Al amparo de la Ley de Hidrocarburos la actividad petrolera sería realizada por empresas petroleras transnacionales, por lo que se tiene que tener claro que el único beneficio directo para el país serían las regalías que representarían hasta el 15 % de lo explotado (en caso de que se explotara algún hidrocarburo), de manera que el país tendría la opción de comprar el resto del “petróleo o gas natural nacional” al precio del mercado internacional. Un negocio que no suena nada bien si contemplamos que los costos de los daños ambientales residuales, igual que en minería, se quedan en el país.

Justificar la actividad petrolera bajo el pretexto de que Costa Rica compra hidrocarburos a los países productores no es suficiente dado que, como se indicó antes, siempre tendría que comprar los hidrocarburos nacionales y, además, por otro lado, el objetivo que se persigue es hacer la economía nacional cada vez menos dependiente de los hidrocarburos (descarbonización de la economía según los Acuerdos de París del 2015).

El país está apostando a una estrategia de ser Carbono Neutral en el 2021 y de sustituir, gradualmente, los hidrocarburos (que se queman principalmente por el parque automotor) por otras fuentes de energía como los biocombustibles, el hidrógeno y la energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Por eso, es mejor citar el VII Plan Nacional de Energía del país, que las palabras del Ministro Edgar Gutiérrez en el marco de justificar la fracasada nueva refinería china de RECOPE.

La actividad petrolera, definitivamente, sí genera impactos ambientales negativos y hasta daños ambientales muy serios a los ecosistemas, el aire, el suelo, el agua, los acuíferos y al subsuelo. Si no que lo digan los ecuatorianos con lo que está pasando con la explotación petrolera que se está dando en sus áreas protegidas. Y justificar que con una EIA aprobada por la SETENA se garantizaría una buena gestión ambiental no es en absoluto suficiente (ver: Página Abierta, 05.07.2016: “Control ambiental y complicidad institucional”). Hasta que el país no haya resuelto el tema de la SETENA y su mejora estructural integral, es mejor no usar ese argumento para defender las actividades productivas y menos la petrolera.

Finalmente, afirmar que en esa materia nuestro país podría seguir el ejemplo de Noruega también es bastante iluso por muchas razones, pero sobretodo porque aquí no tenemos reservas probadas, ni tan grandes (en caso de que existieran) como las de ese país, ni tampoco tenemos ni la institucionalidad técnica y ambiental, ni la normativa, ni el control ambiental para poder hacer lo que ese país ha logrado. En eso es mucho más probable que seguiríamos los ya bastantes negativos ejemplos latinoamericanos, como nos ilustra la pesadilla de don Thelmo Vargas (La Nación, 30.09.2016: ¿Petróleo en subsuelo tico?).

Alternativas: En razón de esos argumentos es que señalamos que para Costa Rica no es para nada conveniente apostar por la actividad petrolera con el objetivo de explotarlo (en caso de que existieran yacimientos), en el marco de una ley obsoleta y entreguista como lo es la Ley de Hidrocarburos. 

A pesar de que el país todavía debe afinar mejor su modelo de desarrollo económico para que sea de verdad sustentable ambientalmente y más equitativo socialmente, el modelo de país ecoturístico y de producción diversificada (con más de 4.000 productos de exportación, incluyendo productos tecnológicos) es un camino menos arriesgado y más apto para nuestra nación.

En esa vía, los geólogos tenemos mucho que aportar y de allí que afirmemos que, antes que explotación petrolera, los más importante es avanzar en investigación geológica para dar esa sustentabilidad al desarrollo de nuestro país. 

De modo paradójico y ejemplificante, el día domingo 02.10.2016 en el diario La Nación, en la misma página 10.A en que se coloca la citada “posición del CGCR”, en la parte superior, se da la noticia de que “Paraíso frena la construcción de urbanizaciones por falta de agua”, algo que también representa un problema geológico (particularmente en lo referente a aguas subterráneas) y que es mucho más urgente que invertir los limitados recursos del CGCR en promover la eliminación de una Moratoria a la Actividad Petrolera para permitir el ingreso de empresas petroleras al país. 

Existen problemas ambientales y geológicos más apremiantes para el país y para lo cual el CGCR debería ser más proactivo, como lo es, por ejemplo, la creación del Servicio Geológico de Costa Rica.

Rellenos sanitarios vrs incineradoras: ¿Qué es más conveniente para nuestro país?

Debido a que se está dando un debate respecto a este tema, y dada su importancia para la gestión ambiental de los residuos sólidos, se hace necesario ordenar algunos conceptos.

Incineradoras: esta propuesta se ha planteado como una solución moderna, tecnológica y, también, como “altamente” rentable. 

La premisa es que, con la incineración, se podrá reducir la casi totalidad de los residuos y, además, se podrá generar electricidad. Se afirma que, prácticamente, las municipalidades “no tendrían que pagar por cada tonelada de residuos que se incinere” y “hasta podrían recibir un pago”.

Se asegura que la incineración es “poco contaminante” y que estaría bajo estricto control ambiental, por lo que “no hay por qué preocuparse”.

Visto así, el planteamiento resulta “atractivo”. Por eso, algunos alcaldes la ven como la gran solución y, como una forma de “olvidarse de los rellenos sanitarios”.

No obstante, como hemos dicho antes (Página Abierta, 16.02.2016: Cuidado con la incineración), en este tema “no todo lo que brilla es oro”. Hay varias objeciones:

Se requiere una inversión inicial muy alta: varias decenas de millones dólares para una planta pequeña.

Requiere consumir la mayor cantidad de residuos combustibles, por lo que los residuos que son objeto de reciclaje son “atractivos”, así, de forma directa o indirecta, la incineración afecta el proceso de reciclaje y, todas las actividades económicas relacionadas.

Contradice la jerarquización que establece la Ley para el Gestión Integral de Residuos Sólidos, por lo que la incineración de todos los residuos podría ser ilegal y hasta inconstitucional.

La incineración sí produce contaminación: emisiones y residuos sólidos (dioxinas), por lo que se requiere de una fuerte inversión en medidas tecnológicas de prevención ambiental que son muy caras.

El Control Ambiental también es muy caro, dado que se requiere estar revisando las emisiones que se producen y lo que se hace con residuos muy tóxicos que quedan.

No está claro aún qué valor le establecería la ARESEP al KW generado por incineración, de manera que, hasta que eso no se haga, estaríamos especulando. No obstante, nótese que apostar por que va a ser alto y que, por eso, la plata va a alcanzar para todos, incluso para los municipios, no solo es iluso, sino altamente riesgoso. Ello, dado que, de previo, las municipalidades estarían obligadas a firmar contratos en que se comprometen a entregar todos los residuos sólidos, por periodos mínimos de 20 años. O sea, primero se les pide que se comprometan y luego se ve el riesgo que eso implica: ¿una trampa?

Las incineradoras se utilizan en países desarrollados del “primer mundo”, como una alternativa diferente a los rellenos sanitarios, particularmente para áreas urbanas muy pobladas donde esa solución técnica no es posible de implementar. Además, se debe tener claro que los residuos sólidos de esos países son bastante diferentes, respecto a los nuestros, donde casi el 65 % de los residuos son de tipo orgánico (restos de material vegetal), que son muy húmedos y tienen poco poder calorífico. Algo que presiona aún más el quemado de materiales que se reciclan: papel, cartón, plástico, entre otros.

Rellenos sanitarios: ese tipo de solución tecnológica ha sido “satanizada” y minimizada por muchos, en particular por los “adeptos a la incineración” y también, hay que reconocerlo, por la muy mala reputación que tienen algunos botaderos a cielo abierto, así como rellenos sanitarios mismos, que en realidad no lo son, dado que no cumplen a cabalidad con los requisitos técnicos de este tipo de solución tecnológica. No obstante, un relleno sanitario, bien manejado y sujeto a un efectivo proceso de control ambiental, si puede representar una alternativa apropiada y, comparativamente, más barata, que la incineración. Veamos: 

Un relleno bien manejado representa un encapsulado de los residuos sólidos que, bien realizado, garantiza que los residuos, como el plástico que tanto daño le produce a la vida de los ríos, las playas y a nuestros océanos, sean concentrados en un solo sitio, por muchas décadas o varios siglos, hasta que se degraden o se puedan procesar con otro tipo de tecnología más avanzada.

El relleno sanitario no contradice el sistema de jerarquización que establece nuestra legislación, ya que, de previo a la disposición final, los entes generadores, las municipalidades y en el mismo Relleno, pueden reducir, reutilizar y reciclar, así como compostar.

Los rellenos no contradicen, ni compiten, contra el Sistema de Reciclado que existe en el país desde hace 20 años.

El costo del tratamiento de los residuos en un relleno es más barato, lo que se ajusta a la realidad económica de nuestro país y de nuestros municipios, en particular por el sistema de cobro de la basura, que se basa en un mecanismo indirecto y no por el tipo, peso y volumen de residuos.

Si el sitio donde se ubica el relleno sanitario cumple, de forma efectiva, con estrictos requisitos técnicos y ambientales, particularmente de Geoaptitud, la actividad no debería representar una fuente de contaminación ambiental al suelo, ni a las aguas subterráneas.

Si el Relleno, incluyendo sus caminos de acceso y el camiones de transporte, están sujetos a un estricto proceso de control ambiental, como el que nuestra legislación permite, pero que nuestras autoridades ambientales no utilizan (ver Página Abierta, 05.07.2016: “Control ambiental y complicidad institucional”), no debería representar una fuente de contaminación al aire (por olores y emisiones) o a las aguas.

Balance: ante esta situación, debemos tener claro que no podemos ignorar el problema. Tampoco resulta apropiado pensar que “otros deben ver cómo solucionan ese tema”. Se trata de un problema de todos, ya que todos producimos residuos. 

También, tenemos que tener claro que la solución debe lograr un correcto y equilibrado balance entre el costo del tratamiento, su potencial de contaminación y el proceso de control ambiental que se requiere. Y es, precisamente, en este aspecto en que los incineradores no parecen llevar la ventaja a los rellenos sanitarios bien manejados.

Nótese que se recalca que el relleno sanitario debe ser bien manejado, que lleva implícito que su localización debe cumplir estrictas condiciones de geoaptitud y, además, su diseño y operación estar sujetos a un muy estricto control ambiental. Algo que si es posible lograr, dado que la legislación así lo permite, y que, para implementar, lo único que se requiere es una correcta gestión de nuestras instituciones y de las empresas que deben operar esos rellenos.

Apostar por la incineración tiene como consecuencia el que, en la práctica, se abandone la posibilidad de utilizar rellenos sanitarios bien manejados en el futuro, algo que podría resultar altamente contraproducente para el ambiente y la calidad de vida de todos en el país.

Por todo eso, y en concordancia con lo planteado en nuestra Acción de Inconstitucionalidad contra el decreto de co-incineración promovido por el Poder Ejecutivo en septiembre del 2015, nuestra posición es que el país debería decidir por el desarrollo de rellenos sanitarios bien manejados como solución al tema de los residuos sólidos. 

Rellenos sanitarios, cuyas propuestas actuales y futuras deberían ser revisados con un estricto criterio técnico ambiental, para garantizar que su localización y operación sean correctas y que se garantice una correcta sustentabilidad ambiental en el manejo de los residuos sólidos.