Premisas ambientales para el Plan Regional de la GAM

En virtud de las críticas realizadas a la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana (POTGAM 2030) elaborada por el INVU y en virtud de las serias dudas externadas por varios profesionales, no está de más, en aras de que la crítica sea constructiva y propositiva, sintetizar las grandes y principales inferencias ambientales que deben ser tomadas en cuenta por cualquier plan regional de la GAM, y que resultan de los estudios ambientales realizados para este territorio, ya aprobados desde el año 2009. Aclaro que se trata de los lineamientos lógicos que derivan de los resultados de la zonificación de fragilidad ambiental de la GAM y que tratan de generar un balance entre el desarrollo urbano (sostenible) de la GAM y la protección del ambiente y de sus recursos naturales, incluyendo como parte del mismo una acción concreta y lo más efectiva posible en el tema de gestión del riesgo, con énfasis en la prevención, tal y como lo exige nuestra legislación.

El objetivo de señalar estos “grandes” lineamientos ambientales es, en primer lugar, darlos a conocer, pese a que están aprobados y vigentes desde hace más de 2 años, y además, ponerlos a discusión abierta y transparente con fin de que tengamos una base de discusión, revisión y comparación de cualquier propuesta de plan regional que se nos presente.

Lineamientos. Siendo así, las necesarias consideraciones fundamentales de carácter ambiental que deberían tomarse como base de cualquier plan regional de la GAM son las siguientes:

1. El desarrollo urbano de la GAM (de alta y muy alta densidad) debe restringirse, en consideración de sus condiciones geomorfológicas y ambientales, a la zona de meseta o de topografía predominantemente plana y donde presentan las zonas de menor fragilidad ambiental y con menores condiciones de vulnerabilidad a las amenazas naturales. Dicho desarrollo debe planificarse, para las zonas todavía no urbanizadas, cuya área es de aproximadamente 9.000 hectáreas, como también para las áreas ya urbanizadas como producto de un proceso gradual de renovación urbana.

2. El anillo de contención urbana establecido por el Plan GAM de 1982, como un límite artificial, en virtud de los estudios ambientales, deberá ser sustituido gradualmente, en el marco de los planes reguladores cantonales, por un límite natural de expansión urbana (un anillo de contención natural), entre las zonas de moderada y alta fragilidad ambiental, ya delimitada por la zonificación ambiental de la GAM. De esta manera se respeta el principio de creación de dicho anillo, pero se le da un sustento técnico y lógico mucho mas apropiado y mucho mas moderno que el que se le dio en 1982, cuando el país no disponía todavía de esta información técnica.

3. El desarrollo urbano dentro de ese futuro anillo de contención natural debe darse evitando el desarrollo de construcciones en zonas de alta y muy alta fragilidad identificadas en su territorio y haciendo énfasis en el uso de las zonas de moderada fragilidad ambiental. Dicho desarrollo debe promover el máximo aprovechamiento del espacio por medio de la construcción vertical, cuyos límites de altura deben basarse en criterios técnicos según las condiciones de topografía imperantes y que permitan desarrollar un paisaje urbano coherente y armónico. Manteniendo un porcentaje del terreno como áreas verdes para facilitar la recarga acuífera y el balance del paisaje.

4. Deben respetarse, restaurarse y desarrollarse los al menos cuatro corredores biológicos urbanos dentro de la GAM, instaurando parques verdes urbanos, siendo uno de ellos, el del río Virilla, pero sin dejar de lado otros no menos importantes, como el del río Segundo y otras zonas como el de La Carpintera – volcán Irazú.

5. Fuera del anillo de contención natural, el desarrollo urbano de moderada densidad debe limitarse únicamente a las cabeceras de distrito y de cantón, según lo establezcan sus planes reguladores cuyos lineamientos de zonificación deben respetar estudios ambientales y condicionantes técnicas particulares.

6. Las áreas de alta fragilidad fuera del anillo de contención deben comprender un uso predominantemente agrícola o agropecuario así como de protección ambiental, y un desarrollo de construc- ciones de baja densidad, ambientalmente condicionado solo para áreas técnicamente aptas definidas por los planes reguladores de cada cantón y sus respectivos estudios técnicos. Las actividades agrícolas y agropecuarias deben tener un énfasis ecológico en virtud de las condiciones de fragilidad del terreno y en particular por su condición de áreas de recarga acuífera de las fuentes de agua del Valle Central.

7. Las zonas de muy alta fragilidad ambiental fuera del anillo de contención deben tener un uso predominantemente de protección natural, con desarrollo y restauración de zonas de bosques naturales (para reponer el déficit existente de 350 km² del que sufrimos en la GAM), donde el desarrollo agrícola y agropecuario y, eventualmente, urbano de muy baja densidad, condicionado ambientalmente y solo para áreas aptas definidas por estudios técnicos específicos y por los planes reguladores o planes de manejo, conforme corresponda. En todos los casos, el uso del suelo en estas zonas deberá estar condicionado a que se restaure como mínimo el 90% del terreno para el desarrollo de cobertura vegetal y paulatinamente de bosques naturales.

8. Las construcciones ya existentes fuera del anillo de contención natural, o dentro de éste, pero que se localizan sobre zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental, deben ser objeto de un proceso de mejoramiento de su equilibrio ambiental, según la condición de la zona donde se localicen y que así lo establezcan los planes reguladores cantonales. En este sentido, son claves dos aspectos fundamentales: a) la gradual sustitución del uso de los tanques sépticos por un sistema más eficiente de tratamiento de las aguas residuales, y b) un sistema de gestión de riesgo preventivo, con desarrollo de un sistema de acción de emergencias que evite desastres como el de Quebrada Lajas de Escazú en noviembre del 2010. Adicionalmente, el desarrollo de un sistema de seguros de riesgo amplio resulta una estrategia que debería ser contemplada como mecanismo mitigador de desastres.

9. El sistema de transporte y de interconexión urbana debe desarrollarse dentro del anillo de contención y no fuera, a fin de evitar la especulación inmobiliaria vinculada a su expectativa de desarrollo. Son pilares fundamentales los viaductos, el tren interurbano, preferiblemente eléctrico, y un sistema de autobuses ecológicamente amigables que facilite la interconexión entre los principales nodos urbanos de la urbe. La interconexión y sistema de transporte fuera del anillo debe seguir un plan específico, que facilite la comunicación entre las cabeceras de cantón y distrito, aprovechando y mejorando la red vial existente, y que no favorezca más el crecimiento urbano vegetativo frente a calle pública y con ello, la especulación debe favorecer el aprovechamiento ecoturístico de las zonas de relieve de la GAM.

10. Deben iniciarse, al menor plazo posible, los trabajos de planificación territorial de la “Gran GAM” que contemple la expansión urbana natural a lo largo de la zonas de meseta hacia el noroeste (Naranjo, Grecia, Palmares, San Ramón), programando desde ahora un sistema de transporte y desarrollo vial eficiente y que permita ir desarrollando una metrópoli moderna y ecológicamente sostenible. Esto emparejado al hecho de que la comunicación entre Puerto Caldera y Moín no sé de, necesariamente, atravesando la GAM.

Proceso de diálogo. La consideración de estos diez lineamientos, que no deben interpretarse como absolutos, pero sí como una plataforma de trabajo, resulta fundamental para iniciar un proceso de diálogo abierto y transparente que nos permita encontrar una solución al ya añejo problema del ordenamiento y planificación urbana de la GAM.

El hecho de que nos pongamos de acuerdo en estos puntos, o los que de ellos se deriven, y que se pueda acelerar el proceso de desarrollo y puesta en vigencia de los planes reguladores cantonales, así como el mejoramiento y modernización del Reglamento Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones, por medio de su actualización con la legislación ambiental vigente; permitiría avanzar muy rápidamente y lograr resultados duraderos y positivos para todos los costarricenses.

Es importante que las autoridades descarten acciones unilaterales inconsultas que han predominado en los últimos años y que han terminado en los estrados judiciales, y que decididamente inicien un proceso de discusión abierto y de trabajo, que incorpore a las universidades y a los profesionales del ordenamiento y la planificación territorial y del desarrollo urbano, para concretar productos lo antes posible.

Tienen la palabra nuestras autoridades.

Plan nacional de energía: Urge evaluación ambiental estratégica

La evaluación ambiental estratégica (EAE) es una variante de la evaluación de impacto ambiental que se aplica a políticas, planes  y programas de desarrollo, es decir, a decisiones estratégicas de determinados sectores productivos del quehacer nacional. Su objetivo es considerar el tema ambiental (incluyendo la componente social) en la planificación estratégica de un determinado sector, de previo a la toma de una decisión fundamental de desarrollo como, por ejemplo, la adopción por parte del Estado de un plan nacional de energía.

Los pilares fundamentales de la EAE son la participación, transparencia y la información. Sus lineamientos básicos de ejecución comprenden un diagnóstico del sector, el análisis de alternativas, identificación de impactos y medidas estratégicas, así como la definición de los principios, premisas, condicionantes y de lineamientos estratégicos a cumplir como parte de la decisión que se recomiende.

La EAE se aplica en los países desarrollados (Europa y EE.UU.) desde hace más de 30 años, y podemos adelantar desde ya que constituye la base de su desarrollo: se elabora, diseña, discute y se aprueba (en vez de decretar de manera inconsulta las cosas como nos ha sucedido en el pasado). Bien hecha comprende una herramienta de gran utilidad para agilizar el trámite ambiental de los proyectos específicos, es decir, el desarrollo sectorial de un país.

En Costa Rica la EAE se estableció desde el año 2004, mediante Decreto Ejecutivo 31849 – MINAE- SALUD-MOPT-MAG-MEIC, gracias a la Sala Constitucional, que amplío la visión de la evaluación de impacto ambiental dado en la Ley Orgánica del Ambiente, al ámbito de las decisiones estratégicas, particularmente de los planes de ordenamiento territorial.

En América Latina la EAE ha encontrado un duro camino debido a que la planificación estratégica (de mediano y largo plazo, principalmente) dejó de hacerse desde hace décadas. Costa Rica no ha escapado de esto, salvo muy contadas excepciones.

La gran limitante de este tipo de "planificación estratégica" es que se hace dentro de un ámbito “cerrado”, poco transparente, es decir, con solo los sectores (económicos) interesados y, en la mayoría de los casos, sin salir de la esfera política de una decisión predeterminada.

Este tipo de "planificación estratégica" de alguna manera ya viene dirigida a cumplir un objetivo predeterminado, en muchos casos por un ente financiero internacional, con la respectiva venia política del caso. Como dirían nuestros abuelos, se trata de un asunto que está “casi cocinado” desde el principio.

La EAE, por el contrario, hace que esa “cocción” se de con la participación de otros sectores de la sociedad, y en una cocina abierta, como en un viejo trapiche, y no detrás de unos muros cerrados a los que pocos, muy pocos, tienen acceso.

A diferencia de la EIA, la EAE no desarrolla necesariamente foros públicos abiertos y extensos, pero si abre la discusión de la decisión estratégica alrededor de mesas amplias, donde convergen representantes de diversos sectores directamente involucrados e interesados: organizaciones sociales, comunales y ambientales, ONG, academia, institucionales y de los sectores productivos, entre otros.

También, a diferencia de la EIA, la EAE puede ser desarrollada en poco tiempo (meses), en vez de años que puede tardar la primera.

El objetivo es claro, que la decisión estratégica que se analiza sea enriquecida con la opinión y visión de los diferentes sectores, de manera que logre convertirse en una propuesta que represente la visión más equilibrada posible de la sociedad, incluyendo los consensos y disensos.

La propuesta así elaborada se eleva a las instancias políticas para la decisión correspondiente. El proceso permite su revisión periódica, ajustándose a la dinámica de nuestro mundo moderno.

Plan Nacional de Energía: nuestro país cuenta con un plan para energía, pero este no ha sido objeto de una EAE. Las opiniones divergentes que hemos podido conocer durante los últimos años y meses son un claro ejemplo de que la decisión estratégica sobre ese importante plan no fue realizada dentro de un verdadero ámbito de análisis y discusión de alternativas viables.

Temas como el desarrollo o no de un megaproyecto como el Diquís no pueden limitarse únicamente a una consulta con las poblaciones indígenas y un proceso de EIA limitado territorialmente.  Requiere de un proceso más abierto de discusión, con reglas bien definidas, que contemple el modelo de desarrollo de la región sur del país, la estrategia pensada para el desarrollo de la Zona Sur, o la propuesta de la UNESCO de diseñar un parque de esferas como atractivo mundial. Lo mismo podríamos decir del proyecto de un Aeropuerto Internacional de Osa, que se ubicaría en una zona de gran atractivo pero de muy alta fragilidad como la del Sierpe.

El modelo energético del país también debe ser objeto de análisis. Por un lado, algunas autoridades de gobierno nos dicen que urge aprobar importantes proyectos como el de contingencia eléctrica. o de apertura de los parques nacionales para la producción de energía geotérmica, basados en el hecho de que “nos estamos quedando sin energía”, y en los que se abre la producción de energía a un mercado privado, cuyo objetivo primordial, aparte de la producción de ganancias rápidas, no está claro para muchos.

Por otro lado, se levantan voces técnicas que sostienen que no hay motivos reales para hacer sonar las alarmas, y que lo que se ocupa, más bien, es abrir espacios de análisis más amplios. Incluso, algunas otras voces plantean que replanteemos el modelo de producción de energía y redirijamos el sistema hacia estrategias ambientalmente más sostenibles.

Por su parte, y con justa razón, las cooperativas nos indican que no se valora su contribución al modelo energético actual, ni tampoco sus proyectos innovadores como el Parque Eólico desarrollado en la región de Los Santos.  Estas y muchas más voces apuntan a un mismo problema: la falta de diálogo participativo de los diversos sectores interesados.

Buscando soluciones: es claro que en el de energía, como en otros temas claves del país (infraestructura pública, desarrollo urbano, turismo, entre otros), hace falta que las decisiones estratégicas sean tomadas en un ámbito más abierto, transparente y participativo, como lo definen las reglas de la EAE.

Un país como Costa Rica que apostó por fortalecer la educación y la salud de su población, en vez de financiar un ejército, no puede esperar que 60 años después de esa decisión  siga teniendo una población pasiva, que no opina y que solo espera que sus dirigentes políticos de gobierno tomen las decisiones importantes.

Con creces los últimos años nos demuestran de lo que han sido capaces nuestros dirigentes a la hora de tomar decisiones: un burdo intento de beneficiar a ciertos sectores en detrimento del desarrollo de las comunidades. La vertiginosa caída de nuestro Índice de Desarrollo Humano (IDH) en los últimos 7 años es una muestra, entre muchas más, que evidencia que las ganancias generadas no significan desarrollo.

La crisis de indecisión de la que algunos políticos hablan, insinuándose ellos mismos como los “grandes solucionadores”, no surge por la falta de ideas de solución, por el contrario, surgen porque hay posiciones divergentes precisamente porque la sociedad ha avanzado, y ya no es un ente pasivo que no cuestiona la decisiones que se toman “entre muros”.

Seguir por ese camino, con políticos que se consideran ungidos para dirigir un país, y que creen contar con una población sumisa o “domesticada”, desinformada y pasiva, no es la ruta correcta.

Por el contrario, lo que se ocupa son alternativas que involucren a la sociedad en la creación de soluciones participativas para sus mayores problemas. La EAE, en este aspecto, ha demostrado que es una útil herramienta que el país debe aprovechar, y ello independientemente de nuestros políticos de turno.

Sobre propuesta POTGAM: Innecesaria apertura del anillo de contención

Con el fin de continuar analizando la propuesta del INVU sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Area Metropolitana (POTGAM), elaborado por esa entidad durante el año 2011 y entregada al Poder Ejecutivo en enero pasado, se hace necesario agregar algunos elementos adicionales a las observaciones previas realizadas por este autor y otros profesionales en diversos medios de comunicación. En primer lugar es importante aclarar que hasta el momento la única versión que ha podido ser accesada del POTGAM es el documento de enero del 2012 remitido al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y de esta entidad a algunas instituciones para su revisión.

Hasta ahora no hay otro documento sustitutivo. Y esto es relevante en la medida de que, pese a las observaciones y críticas técnicas realizadas de forma abierta a la propuesta del INVU, se sigue sin tener una clara respuesta pública de esa entidad. La única opinión externada hasta ahora no contra-argumenta técnicamente, solamente señala las razones para que se haya propuesto el POTGAM por el INVU.

Esto produce mayor desconfianza y es posiblemente el peor elemento de cara a una discusión técnica abierta, participativa y transparente sobre el futuro de la GAM.

Nos preguntamos entonces: ¿por qué el INVU no defiende con argumentos técnicos la propuesta que elaboró a lo largo del 2011 y en la cual se invirtieron ¢190 millones? Esta pregunta todavía está abierta y a la espera de respuesta.

En segundo lugar, llama la atención que el INVU, la misma entidad que primero participó en la elaboración del PRUGAM y que luego lo revisó y terminó rechazándolo en abril del 2010, es la entidad a la que el Poder Ejecutivo le encomienda la tarea de “arreglar el PRUGAM”, pero termina elaborando una propuesta diametralmente opuesta como lo es el POTGAM.

A esta cuestionable posición de “juez y parte”  y de “solo yo tengo razón” que tiene el INVU se suma el hecho de que no se ha dado un efectivo y sistemático proceso de divulgación y consulta pública de la propuesta. La sola realización de algunos foros ante ciertas instituciones y reuniones con municipalidades no es suficiente.

Discusión pública. Los ciudadanos de la GAM y del país entero requerimos que se de un proceso amplio de participación pública sobre la propuesta del POTGAM, y en particular, cuáles son sus diferencias con la propuesta del PRUGAM, cuya preparación y elaboración llevó casi 10 años a un costo de 18 millones de euros, invertidos en parte por la Unión Europea, y vergonzosamente descartada en el 2010.

Como parte de la discusión abierta que debe darse alrededor del Plan Regional de la GAM (PRUGAM/POTGAM, o el nombre que se le quiera dar), hay un tema esencial, como lo es el hecho de ¿dónde debe plantearse el desarrollo urbano de alta y muy alta densidad de la urbe? Como se ha señalado en artículos previos, plantear la extensión de la GAM hacia el norte y sur, sobre las zonas de montaña, no es viable desde el punto de vista ambiental y de la gestión de riesgo. Hacer esto, además de poner a por lo menos 1 millón de habitantes nuevos de la GAM en condición de alto y muy alto riesgo a las amenazas naturales (deslizamientos, fallas geológicas activas, procesos erosivos, avalanchas, inundaciones y peligros volcánicos), también representa un daño directo a las áreas de protección ambiental, como son las zonas de pendiente, bosques y de recarga acuífera, así como al paisaje verde que rodea la GAM.

No olvidemos, como pareciera olvidarlo el INVU, que el 80% de la población de la GAM se abastece del agua potable extraída de los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior, cuyas áreas de recarga deben ser consideradas como estratégicas para la sostenibilidad hídrica de nuestro país. Eso precisamente es lo que propone el POTGAM, que en esencia plantea extender el anillo de contención urbana del Plan GAM de 1982, en 15.000 hectáreas (ha), 62% de las cuales (más de 10.000 ha) son zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental.

Ante el argumento esbozado por algunos de que “ya no hay área para urbanizar en la GAM” o dentro del anillo del contención, la respuesta es simple: ¡no es cierto! Los estudios de uso del suelo, realizados para el PRUGAM, muestras resultados contundentes.

En primer lugar, dentro del anillo de contención hay 10.500 ha no urbanizadas y aptas para desarrollo urbano de alta y muy alta densidad, incluso para desarrollo vertical. Si a esto se suman las áreas de renovación urbana dentro del mismo anillo de contención, planteado dentro de una nueva filosofía de ciudad compacta y con crecimiento vertical, se concluye que hay capacidad para albergar la población actual y la nueva población de la GAM incluso más allá del 2030.

Pero el asunto no termina allí, fuera del anillo de contención actual, y siempre dentro de la meseta volcánica, en zonas de moderada fragilidad ambiental, se presentan otras 8.000 ha aptas para desarrollo urbano de alta y muy alta densidad. Estas áreas podrían ser incorporadas para desarrollo urbano por las municipalidades, de acuerdo con sus necesidades y conforme elaboren sus planes reguladores locales.

Sin justificación. Como se puede ver, no hay justificación técnica alguna para plantear la ampliación del anillo de contención en sacrificio de las áreas de protección de la GAM.

Ante todo esto nos surge la pregunta: ¿entonces por qué tanta insistencia del INVU en ampliar el anillo de contención? No olvidemos que durante los últimos diez años hubo tres intentos de ampliar el anillo por parte del INVU. Dos de ellas en la administración Arias Sánchez. En todos los casos la Sala IV declaró inconstitucional dichos intentos.

Una posible respuesta a esa pregunta podría encontrarse en la Revista Construcción N° 156 de este año, de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), que conformó un Comité de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario cuyo objetivo es claro: defender el POTGAM.

Ello se deduce de unos de los párrafos del artículo que señala textualmente: “El POT GAM fue trabajado por el INVU el año anterior y se espera que vea la luz el primer semestre de este año, con un perfil más cercano a las necesidades reales en materia de ordenamiento territorial, con directrices y orientaciones generales que recogen los aspectos más relevantes en esta materia, los cuales son de gran interés para este Comité, y de la Cámara de Construcción, en general”.

Los ciudadanos de la GAM, y del país en general, tenemos el derecho de participar activamente en la discusión de una propuesta tan importante, como es el uso del suelo y el ordenamiento urbano que nos regirá las próximas décadas.

Quienes vivimos y experimentamos todos los días los problemas ambientales y sociales que ya tiene la ciudad, tenemos todo el derecho de exigir propuestas de planificación encaminadas a corregir los errores cometidos en el pasado en vez de sumar más problemas. Nuestras autoridades tienen la palabra, pese al vergonzoso silencio en el que se mantienen desde hace varios meses.

Afectación ambiental de los cantones por el POTGAM (II)

Continuando con el artículo de la semana pasada, en que se detalló la afectación ambiental que tendrían los cantones del sur y este de la Gran Area Metropolitana, en caso de que se aprobara la propuesta del INVU sobre el POTGAM, corresponde ahora analizar la situación en los cantones del sector norte y este de la GAM. Santo Domingo: el cambio del anillo de contención en este cantón abre  a la intensa urbanización amplias zonas incluidas hoy como áreas de protección, exceptuando el sector de San Luis. En total, las nuevas áreas a urbanizar según el POTGAM corresponden con 1.203 hectáreas (ha) (12,03 Km2), de las cuales el 43,6% son zonas de Alta y Muy Alta Fragilidad. Se trata de áreas de recarga acuífera y de zonas de pendiente vulnerables a fenómenos de deslizamientos, principalmente. En este caso, el área urbana de este cantón se estaría ampliando en 121.8%, o sea, que Santo Domingo superaría la duplicación de su área urbana con el POTGAM, algo que obviamente haría que el trabajo realizado hasta ahora con el plan regulador por la Municipalidad debería replantearse nuevamente desde el principio. Tratándose además de una Municipalidad ubicada en el puesto 74 de las 81 según el ranking de la CGR, queda claro que el desafío sería enorme.

San Isidro: este cantón incrementaría su área urbana en 206 ha, de las cuales 129, es decir el 62%, corresponden con zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental. Se trata también de terrenos vulnerables a deslizamientos, erosión y el paso de avalanchas.

Es importante destacar que la ciudad de San Isidro se localiza fuera del anillo de contención del Plan GAM de 1982, y que corresponde a las cabeceras de cantón a las cuales se les definió un cuadrante urbano fuera del anillo. Dicho cuadrante ha sido ampliamente irrespetado y ha crecido desordenadamente sobre áreas ambientalmente frágiles, muchas de ellas zonas de recarga acuífera de vital importancia para los acuíferos subyacentes. El POTGAM, lejos de corregir esta situación, no solo la formaliza, sino que la incrementa.

San Pablo: la totalidad de este pequeño cantón herediano quedaría dentro del anillo de contención que propone el POTGAM, de manera que el 100% de su territorio pasaría a zona urbana de alta densidad. En la actualidad San Pablo tiene un área urbana de 5.53 Km2 (553 ha) y con el POTGAM se estarían incrementando en 2.79 km2 (279 ha); es decir, el 50 %, con el agravante de que 139 ha, es decir, el 49,8% corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad. Son zonas de recarga acuífera y vulnerables a deslizamientos, no aptas para la intensa urbanización.

San Rafael: incrementaría su área urbana en un 52,5%, lo que representa un total de 228 ha de nuevas áreas urbanas, de las cuales el 100% corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental, no aptas para la intensa urbanización, debido a que se trata de áreas de recarga acuífera, vulnerables a deslizamientos, inundación y paso de avalanchas.

Este cantón es un buen ejemplo de la importancia que tiene un buen Plan Regional para la GAM, en razón de que las zonas urbanas de alta densidad deben ser planteadas hacia cantones más aptos para ello, mientras que cantones como San Rafael deberían ser orientados hacia la protección de las áreas de recarga y las zonas de bosques o de cultivos ecológicos. Establecer zonas urbanas donde no hay aptitud para ello lo único que provoca es aumentar la población que ya vive en condiciones de alto y muy alto riesgo.

Barva: este cantón incrementa su área urbana en 161 ha, de las cuales 105 ha, es decir, el 65% corresponden a áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental. Se trata de zonas importantes de recarga acuífera y vulnerables a deslizamientos que no deberían ser objeto de intensa urbanización como lo propone el POTGAM.

Santa Bárbara: el área de intensa urbanización en este cantón aumentaría en 5.42 km2, es decir, 542 ha, de las cuales 224, el 41.3%, corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad, por tratarse también de zonas de recarga acuífera y vulnerables a deslizamientos.

Es un caso similar al de San Isidro, donde la ampliación del anillo de contención propuesto por el POTGAM asimila la ciudad de Santa Bárbara como parte de la urbe de la GAM, al dejarla dentro del nuevo anillo de contención propuesto. Situación que no remedia los problemas ambientales planteados, sino que más bien los agudiza de manera alarmante.

Alajuela: es el cantón con mayor incremento del área de intensa urbanización. De acuerdo con el POTGAM incrementaría su área urbana en 59.78 km2, es decir, 5,978 ha, de las cuales 3.106, es decir, el 51.9%, corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad, no aptas para el desarrollo urbano. Se trata de zonas vulnerables a deslizamientos y procesos erosivos que se localizan en el área de relieve al suroeste de Turrúcares y que se están planteando para urbanización intensa como parte del POTGAM.

Al igual que para los cantones del sur y este de la GAM, para los cantones del norte y oeste, el POTGAM mantiene la misma línea de ensanchar el anillo de contención, para absorber las áreas urbanas desarrolladas fuera del anillo de contención del Plan GAM de 1982 y uniformizar así las áreas urbanas de la GAM. No obstante, como hemos visto, hacer esto constituye un severo error, pues lejos de resolver los serios problemas ambientales que significa y ha significado ese desarrollo urbano desordenado fuera el anillo de contención, lo que se estaría haciendo es aumentando su condición ambiental crítica.

Con lo propuesto por el POTGAM se estaría de alguna manera "tapando un error con un nuevo error", cuyo resultado desde el punto de vista ambiental es fácilmente predecible, en la medida de que se agudizarían los serios problemas ambientales ya existentes.

Aparte de esto, no debemos olvidar que el POTGAM lleva consigo la propuesta de construir una carretera nacional de 6 carriles, tanto en el borde norte como sur del nuevo anillo de contención ampliado. Como se ha dicho, el solo hecho de que ese planteamiento quede plasmado en un decreto del Poder Ejecutivo, a pesar de contravenir la misma planificación vial del MOPT, produciría una fuerte especulación inmobiliaria que llevaría a que (al igual que sucedió con el Plan GAM de 1982) se de una fuerte presión por urbanizar las áreas aledañas al nuevo anillo de contención del POTGAM, o sea, que se sigan urbanizando las zonas de montaña.

Con el POTGAM las montañas de Heredia corren un grave peligro de ser severamente impactadas, incluyendo sus bosques, sus nacientes y sus áreas de recarga acuífera, que son de un enorme valor estratégico para la GAM. Esto debido a que de allí proviene la gran mayoría del agua subterránea de los acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior, con los cuales se abastece el 80% del agua que se usa en la GAM.

Nuestras autoridades aun no cumplen con un fallo de la Sala IV de agosto del 2008, tendiente a amojonar la Zona Inalienable decretada visionariamente por nuestros antepasados en 1888 (Decreto Ley 65), y que obliga además a 8 cantones a contar con un Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica previo al ordenamiento de su crecimiento urbano.

Verdadera amenaza. Como se puede ver, el planteamiento esencial del POTGAM de promover la expansión urbana de la GAM hacia las montañas, hacia el norte y hacia el sur, constituye una verdadera amenaza a la sostenibilidad ambiental e hídrica de la GAM. Máxime cuando la GAM, en las zonas de meseta todavía tiene muchas áreas susceptibles a ser urbanizadas, sin necesidad de poner en peligro a un gran porcentaje de su población, ni el ambiente y los recursos naturales de la GAM.

Ante todo esto, no queda más que reafirmar lo ya señalado, de que los ciudadanos de los diferentes cantones afectados deben organizarse y llamar a cuentas a sus autoridades locales para que estas a su vez rechacen de plano la eventual aprobación del POTGAM, y eviten que se cierna un desastre ambiental para sus territorios y pobladores.

El país no puede darse el lujo de desechar 10 años de estudios técnicos en la GAM y más de $25 millones de la cooperación europea y nacional invertidos en el PRUGAM, para dar paso al POTGAM, que sería a todas luces una decisión política antojadiza carente de criterios técnicos.

Afectación ambiental de los cantones con el POTGAM

Como producto de los artículos previos elaborados por el autor, relacionados a los alcances ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Area Metropolitana (POTGAM), elaborado por el INVU en el 2011 y presentado al Poder Ejecutivo el pasado mes de enero, se plantearon importantes dudas de parte de habitantes de diversos cantones de la GAM sobre el futuro de sus respectivos cantones. En respuesta a estas legítimas preocupaciones hemos intentado analizar las consecuencias del POTGAM a nivel cantonal, en particular en lo relacionado a la gestión ambiental y de riesgos. Debido a que se trata de un número importante de cantones, y a fin de dedicar al menos un pequeño párrafo para cada uno, hemos separado el artículo en dos partes. El presente artículo analiza los cantones del sur y el este de la GAM.

Escazú: el anillo de expansión urbana se amplía en el sector de Torrotillo, al sureste de San Antonio, en aproximadamente 139 hectáreas (ha), donde el 96% corresponden  a zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental. Se trata de zonas de relieve, vulnerables a deslizamientos, inundaciones, paso de avalanchas y fallamiento geológico activo.

Alajuelita: el área urbana se expande hacia la montaña, con una extensión de 435 ha, donde el 99.5% corresponde con zonas de muy alta y alta fragilidad ambiental, y solamente 0.5% son aptas para el desarrollo urbano. Dado el calificativo de “cantón solidario”, existe una alta probabilidad de que estas nuevas zonas urbanas sean para desarrollo de urbanizaciones de interés social. Podría significar hasta 150.000 nuevos habitantes viviendo, casi todos, en condiciones de alto y muy alto riesgo.

Desamparados: el anillo urbano se amplia para cubrir la zona de relieve de San Juan de Dios, Higuito y la totalidad de la Loma Salitral, para un total de 400 ha de las cuales solamente el 0.25% son aptas para desarrollo urbano y el resto (99.75%) corresponde a áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental. Se trata de zonas boscosas, de relieve y vulnerables a deslizamientos y fallamiento geológico.

La Unión: este cantón es uno de los que mayor expansión urbana sufriría, con un total de 1,528 ha, de las cuales el 65% (999 ha) corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad no aptas para ese fin.  Las nuevas áreas urbanas en este cantón cubrirían algunos sectores de La Carpintera, así como las zonas de relieve de Concepción, Dulce Nombre, San Ramón y Alto Carmen, incluyendo las nacientes del Río María Aguilar.

El Guarco: con la ampliación del anillo de contención urbana propuesto por el POTGAM, las áreas urbanas se extenderían en 179 ha, de las cuales 125 (casi el 70%) corresponden a zonas de alta y muy alta fragilidad ambiental. Se incluyen las áreas de relieve de Quebradilla y Finca Monte León.

Cartago: el anillo se expande en el sector de Turbina al norte de la Ciudad de Cartago, así como una importante área al sur, en la zona de relieve al sur y suroeste de Lourdes, para un total de 931 nuevas ha de desarrollo urbano, de las cuales 671 (el 72%) son zonas de muy alta y alta fragilidad ambiental.

Paraíso: se propone una fuerte expansión urbana al norte, sur y este de la ciudad, para un total de 871 ha, de las cuales 573 (65.7%) son de alta y muy alta fragilidad, y solamente 298 ha son aptas para desarrollo urbano.

Oreamuno: la expansión urbana en este cantón propone 183 nuevas ha, de las cuales 77 (42%) son de alta y muy alta fragilidad ambiental.

Montes de Oca: la expansión urbana en este cantón abarca un total de 485 nuevas ha, casi todas en el Distrito de San Rafael, hasta una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar, incluyendo la parte alta del Río Torres. En este caso el 469 ha (96.7% son de alta y muy alta fragilidad, vulnerables a deslizamientos, avalanchas, inundaciones y también áreas de recarga acuífera y de aptitud forestal.

Goicoechea: la expansión urbana propuesta cubriría los sectores de Jaboncillo y Vista de Mar, con 353 nuevas ha de urbanizaciones, de las cuales la totalidad corresponde a zonas de alta fragilidad ambiental, particularmente por ser áreas de recarga acuífera y vulnerables a procesos de erosión y deslizamientos.

Vázquez de Coronado: aquí se propone una fuerte expansión urbana, que abarca un total de 634 ha, cubriendo los sectores de Alpes, San Rafael, San Pedro y el norte de San Isidro. De ese total, solamente 9 ha son aptas para desarrollo urbano, el resto, es decir, 625 ha, el 98.5%, no son aptas para urbanización debido a su fragilidad ambiental. Son áreas vulnerables a deslizamientos y donde se presentan nacientes de agua, así como zonas boscosas.

Moravia: se propone una expansión urbana de 400 ha, cubriendo hasta la parte norte de Paracito. Solamente 21 ha de ese total son aptas para urbanizaciones, el resto, 379 ha (94.7%), no son aptas, dada su alta a muy alta fragilidad ambiental.

Como se ha indicado, la urbanización de todas esas zonas no ocurrirá de inmediato. Se irá notando poco a poco con el paso de los años. Las áreas que hoy están cubiertas de potreros arbolados y bosques irán siendo sustituidas por urbanizaciones. Las nacientes de agua se irán secando.

Las tomas de aguas superficiales que abastecen en agua potable cantones abajo sufrirían el impacto de la contaminación, como ya ocurre con Santo Domingo en relación con el Río Agra (entre Coronado y Moravia). El paisaje cambiará de una vista verde de vegetación a un paisaje urbano de construcciones y más construcciones.

Lo más grave de todo es que, conforme se urbanicen las áreas vulnerables y de recarga acuífera, aumentarán los desastres por deslizamientos, inundaciones, avalanchas y afectación por sismicidad. Cada vez serán más comunes las noticias de casas dañadas y declaradas inhabitables, con sus propietarios reclamando a los bancos, como ya sucede en Moravia, que no les cobren por casas en las que no pueden vivir.

Como se ve, la urbanización de las zonas de montaña de GAM, de alta y muy alta fragilidad ambiental, no es una solución sostenible. Todo lo contrario, vendría a incrementar los ya serios problemas que se han venido acumulando durante las últimas décadas.

Por todo esto, es de imperiosa necesidad que los ciudadanos de todos estos cantones y otros que se detallarán la semana que viene, se organicen y soliciten a sus municipalidades rechazar el POTGAM. De igual manera, pueden exigir explicaciones precisas sobre lo que se pretende hacer. El futuro de sus hijos y de los nuestros, como futuros habitantes de la GAM, está en juego.