Con el anuncio reciente del Gobierno de Nicaragua de que va a iniciar las labores de dragado del río San Juan en el tramo donde este se bifurca y se abre el río Colorado y el anuncio de que varios países, entre ellos Rusia, apoyarían la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, se hace necesario aclarar algunos aspectos importantes, sobre temas de caudales y viabilidad técnica de este viejo proyecto que ronda en Nicaragua desde mediados del siglo XIX.
La cuenca del río San Juan es binacional, es decir que tiene parte importante en territorio nicaraguense (24.500 km²) y otra parte algo más pequeña en Costa Rica (14.000 km²). Esta relación en materia de extensión territorial, sin embargo, no se traduce en las mismas proporciones en cuanto a caudales se refiere.
Debido a que en la parte de Costa Rica (que se extiende desde las Cordilleras de Guanacaste y del Valle Central hasta las llanuras del norte) llueve más, el aporte de agua (fluvial) por los ríos que van hacia el río San Juan representa el 83 % del total del caudal del río San Juan (equivalente a 894 m³/s) a la altura de su respectiva desembocadura.
Es decir, poco más de 4 quintas partes del caudal del río San Juan es aportado por los sistemas fluviales de Costa Rica.
Solamente los ríos San Carlos (246 m³/s) y Sarapiquí (231 m³/s), según datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), aportan cerca de 500 metros cúbicos por segundo de agua al río San Juan, un aspecto relevante a tomar en cuenta.
El caudal promedio anual del río San Juan, a la altura de su bifurcación hacia el río Colorado es de 1.170 m³/s. Con un máximo de 3980 m³/s y un mínimo de 353 m³/s durante varios meses al año. Por su parte, según los datos hidrológicos del ICE, el río Colorado tiene un caudal promedio de 1000 a 1500 m³/s. Un primer esfuerzo de un posible “enfoque integral” se había logrado con el proyecto Pro Cuenca auspiciado por la OEA, el Minaet y Marena entre 1993 y 1997, entablado de manera conjunta y sugiriendo a ambos Estados buscar mecanismos para una gestión ambiental conjunta de una zona sumamente rica en biodiversidad y altamente vulnerable a la vez.
Lastimosamente, las actitudes de las autoridades a partir de 1998 de ambos países dieron al traste con esta primera iniciativa y optaron por enfrascarse en una “sanjuanización” de sus relaciones que duró hasta el 13 de julio del 2009, fecha del fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Río Colorado y humedales del Caribe norte. La bifurcación del río San Juan y el paso de gran parte de su caudal hacia el río Colorado es una condición natural, debido a que se trata de un delta binacional, cuya parte parálica cubre cerca de 500 Km², perteneciendo cerca de 300 Km² de ellos al territorio costarricense, donde, en su gran mayoría, corresponden con áreas silvestres protegidas e importantes sitios Ramsar internacionalmente reportados.
El caudal de agua del río Colorado es de gran importancia para el sostenimiento de la calidad ambiental de los ecosistemas de esos 350 Km² de humedales y áreas protegidas. La disminución significativa de su caudal, a causa del dragado en el río San Juan para ampliar el ancho y profundidad del San Juan, podría en serio peligro estos importantes ecosistemas del Caribe norte de Costa Rica.
Como se puede ver, el planteamiento de un posible canal interoceánico que aproveche las aguas del río San Juan, debido al caudal que aporta Costa Rica y los derechos de navegación que se tienen según los tratados y laudos, hace indispensable que exista coordinación en cualquier acción encaminada a esta obra. Incluso si se tratara solamente de un dragado que puede disminuir de forma significativa el caudal al río Colorado. Dicha coordinación no se refiere a acuerdos políticos en el marco diplomático, sino a detallados y profundos estudios técnicos y de evaluación ambiental, que determinen si existe alguna viabilidad de la propuesta y, dado el caso, establezcan efectivas medidas preventivas y correctivas.
La no consideración de Costa Rica en el solo planteamiento de un eventual canal interoceánico en el río San Juan, además de un irrespeto a lo que establecen los tratados y laudos, y violentar los más elementales principios de buena vecindad y cooperación entre Estados ribereños, le quita una base técnica esencial al proyecto, que es la relevancia del aporte fluvial que da nuestro país.
Alternativa de respuesta de Costa Rica. A modo de ejemplo de la no consideración de nuestro país en el tema, y solo para mostrar la carencia de sustento técnico y lo enclenque de la propuesta del canal interoceánico, y anteponiendo el interés nacional de salvar y salvaguardar los humedales del Caribe norte, podría plantearse un solución técnica “alternativa”.
Esta “solución” podría implicar la construcción de un canal –sí, otro canal– que trasvase las aguas del río San Carlos y del Sarapiquí directamente al río Colorado, sin pasar por el río San Juan. Es solo una hipótesis técnica para ilustrar la debilidad y total falta de seriedad del planteamiento de un canal interoceánico sin considerar a Costa Rica.
Ese canal, que podríamos llamar el “canal de la Dignidad”, estoy seguro sería apoyado por la inmensa mayoría de la población de Costa Rica, que hasta ahora ha observado impotente cómo se realizan obras en el extremo norte de la isla Calero y se provocan daños ambientales en nuestro territorio; pues en vez de “volar bala” para defender nuestro territorio y sus ecosistemas, lo que tendríamos que hacer es “volar pala”.
Urgencia de medidas cautelares. Para evitar que se sigan dando daños ambientales, y que estos sigan creciendo, alcanzando dimensiones desproporcionadas y condiciones de irreversibilidad, urge que se detengan y reviertan las obras del canal artificial que aceleradamente Nicaragua está llevando a cabo en nuestro territorio y también del dragado del río San Juan, hasta tanto se aclaren las verdaderas intenciones del Gobierno de Nicaragua y, dado el caso, hasta que se efectúen serios y detallados estudios de evaluación ambiental, con la participación de entes técnicos y académicos de ambos países. Seguir con esta escalada de acciones podría obligar a Costa Rica a convertir la hipótesis aquí planteada del “canal de la Dignidad” en un eventual proyecto de salvación de los humedales del Caribe norte.